- Estado nicaragüense no se presenta a audiencia convocada por Corte IDH.
- Reformas electorales previstas por sentencia de 2005 siguen pendientes.
- País viola derechos políticos y restringe participación electoral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José, celebró la tarde de este martes la audiencia para supervisar el cumplimiento de la sentencia sobre el Caso YATAMA vs. Nicaragua, donde se reiteraron las graves restricciones a la participación política en los procesos electorales de este país y que continúan afectando especialmente a la personas indígenas.
La Corte IDH emitió en junio de 2005 una sentencia en la que declaró las violaciones de los derechos políticos, garantías judiciales e igualdad ante la ley de los candidatos de YATAMA, una agrupación política indígena nicaragüense. El fallo ordenó una serie de reformas a la legislación interna la cual no ha cambiado en nada desde hace ocho años.
La sentencia es paradigmática dado que estableció el derecho de los pueblos indígenas a participar en procesos electorales de acuerdo con sus usos y costumbres. En esta sentencia, la Corte IDH señaló la obligación del Estado de Nicaragua de contar con un recurso que controle las decisiones de los órganos electorales, cuando se violenten derechos humanos.
En un acto de desacato, el Estado de Nicaragua no se hizo presente a la audiencia de hoy.
Las organizaciones representantes, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), señalaron de manera enfática que “a 13 años de ocurridos los hechos y 8 años de haber sido emitida la sentencia en el caso, han transcurrido 4 elecciones municipales, 4 elecciones regionales y 3 elecciones nacionales, en las que se han presentado problemas relacionados con la debilidad del sistema electoral y no obstante, el Estado sigue aplicando normas que son violatorias de derechos humanos”.
Reforma electoral a medias
Aun cuando el 23 de mayo de 2012 se publicó en el diario oficial de Nicaragua, La Gaceta, la Ley No. 790, que reformó la anterior Ley Electoral No. 331, la iniciativa legislativa nunca fue consultada con los pueblos indígenas nicaragüenses, quienes representan el 8.6% del total de la población nacional.
Dicha reforma fue aprobada además en un tiempo récord de cuatro días, tras haber logrado 77 votos de los 92 diputados y diputadas que conforman la Asamblea Nacional de Nicaragua.
“Ninguno de los 25 artículos reformados se refiere a lo que fue ordenado por la Corte Interamericana, lo que demuestra que no existe voluntad política para garantizar los derechos políticos de los pueblos indígenas, ni en general de los y las nicaragüenses”, explicó el abogado Norwin Solano del CENIDH.
La sentencia de la Corte IDH fue clara en establecer que la posibilidad de participación en procesos electorales únicamente a través de partidos políticos restringía indebidamente el ejercicio de los derechos políticos de los candidatos indígenas.
“La imposición a organizaciones indígenas de cumplir los mismos requisitos que los partidos nacionales, sin tener en cuenta sus formas tradicionales, usos y costumbres, debilita y desnaturaliza a dichas agrupaciones y constituye una violación de sus derechos políticos”, señaló Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.
Falta de control constitucional del CSE
De acuerdo con las y los denunciantes, a las insuficientes reformas se suma la imposibilidad jurídica de realizar un control constitucional de las decisiones del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), órgano que aseguran, “mantiene en estado de indefensión a las personas que consideran vulnerados sus derechos políticos”.
Al respecto, los representantes subrayaron la arbitrariedad que caracteriza algunas decisiones del CSE, ya que emite resoluciones sin motivación alguna y no son objeto de posteriores controles, debido a la inexistencia de recursos judiciales.
El representante de YATAMA, Brooklyn Rivera, solicitó a la Corte IDH, informar a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americana (OEA) que se realizará en junio próximo en Guatemala, el incumplimiento notorio y evidente de la sentencia.
CEJIL y CENIDH también solicitaron a la Corte Interamericana que exija al Estado nicaragüense “presentar en los próximos seis meses, una iniciativa de reforma a la ley electoral; acorde a los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que en definitiva acate la sentencia de 2005 emitida por este Tribunal”.
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Sergio Pacheco S.
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Fotografía CC Daniel Fajardo
