Washington 2 de noviembre de 2009
En 2008 hubo 1.763 manifestaciones en Venezuela y de ellas 83 fueron reprimidas; en 2009 ha habido 2.893 protestas y en 197 de ellas hubo represión policial, con un saldo de siete muertos. Por participar en esas actividades, 2.240 personas están procesadas judicialmente.
Organizaciones de la sociedad civil ilustraron con esas cifras el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 2 de noviembre en Washington DC.
El Coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, detalló los nombres de las siete personas que murieron en las protestas: Dave Ávila Urbina, José González, Douglas Rojas Jiménez, Gabriel Hurtado, Pedro Suárez, José Gregorio Hernández y Yuban Ortega.
Los representantes del Estado explicaron que las detenciones y actuaciones policiales se deben a la necesidad de mantener el orden y aplicar las leyes a quienes provocan desórdenes o cometen actos vandálicos. Venezuela admitió las muertes de los manifestantes pero las atribuyó a “incidentes desafortunados” no achacables al Estado. Según los representantes del Estado, las muertes están en investigación y los sospechosos serán de cometerlas llevados a juicio.
“La gente sale a manifestarse porque tiene demandas y no tiene respuestas y necesita ser escuchada por la autoridad”, dijo Carlos Correa, director ejecutivo de la organización venezolana Espacio Público. Correa cuestionó la promulgación de un conjunto de leyes que restringen el derecho a la manifestación, como reformas al Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa que hacen discrecionales las razones para prohibirlas.
A estas actuaciones del Estado se suma la aplicación de delitos penales como “resistencia a la autoridad”, “obstaculización de vías públicas” o “perturbación del orden público” a grupos de manifestantes. Entre los más criminalizados destacan los trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantes, campesinos y activistas sociales.
“Queremos que se entienda que pensar distinto o querer mejores condiciones de vida no es un delito”, enfatizó Correa.
La subdirectora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ariela Peralta, pidió a la CIDH que solicite Estado aplicar la prohibición constitucional de usar armas de fuego y sustancias tóxicas contra protestas sociales, garantizar el derecho a la protesta sin que implique represalias y establecer responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios que han usado la fuerza de manera desproporcionada.
La directora de CEJIL-Sur, Liliana Tojo, planteó en Bogotá la necesidad de tomar en cuenta las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, al diseñar políticas públicas para la atención de las mujeres víctimas de violencia sexual en conflictos armados internos.
