Instituciones hondureñas son cómplices en el debilitamiento del Estado de derecho

Uno de los principales hallazgos de las misiones de organizaciones de derechos humanos a Honduras ha sido que las instituciones ayudaron a erosionar el Estado de derecho y han sido cómplices del debilitamiento democrático del país.

Así lo afirmó la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, durante un foro en la American University, en Washington DC., el pasado 21 de septiembre, titulado “Golpe o no golpe: La crisis en Honduras y más allá”, organizado por la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés). Participaron también el director del Centro por los Derechos Humanos y Civiles de la Universidad de Notre Dame, Doug Cassel, y la periodista hondureña Marcia Izaguirre.

“Encontramos debilidad institucional y que las propias instituciones habían debilitado la democracia (…). No se trata solo de las violaciones a los derechos humanos, como las restricciones a la libertad de expresión, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, sino la complicidad de las instituciones en el debilitamiento democrático”, dijo Krstivevic.

Aunque las instituciones hondureñas, como el Congreso y el Poder Judicial, han alegado que al deponer y expulsar al presidente Manuel Zelaya actuaron para defender la Constitución, lo cierto es que en sus actos violentaron la Carta Magna.

La Misión internacional de observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, en la que participó CEJIL entre el 17 y el 26 de julio, constató que el decreto con el cual el gobierno de facto restringía las garantías constitucionales contravenía la propia Constitución y las obligaciones internacionales de Honduras.

Según el informe de la Misión, también ha habido una respuesta inadecuada de las instituciones ante las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos no ha sido diligente; la Corte Suprema ha resultado inoperante para decidir sobre la ilegalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos por violaciones a los derechos humanos y el Comisionado de Derechos Humanos ha sido negligente para cumplir con su mandato.

A esto se suma, de acuerdo con el informe, la ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la excesiva politización del Poder Judicial, la falta de un fuero mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado y la ausencia de sanción penal ante la deportación de personas hondureñas, que está constitucionalmente prohibida, entre otros problemas.

“Lo que vimos en Honduras fue a un grupo de instituciones actuando en complicidad para erosionar el Estado de derecho", enfatizó Krsticevic.

Para Doug Cassel, todos los intentos del gobierno de facto para defender la legalidad de lo actuado ha sido solo un intento por justificar lo injustificable. “Es una contradicción defender la Constitución violándola”, dijo.

Cassel analizó los diversos argumentos dados por el gobierno de facto para justificar sus actuaciones, como el abandono del cargo de Zelaya, cuando en realidad fue expulsado del país; la presentación de una carta de renuncia, que claramente fue falsificada; o la remoción automática de Zelaya por haber planteado la posibilidad de una reelección, que debió haber ocurrido entonces en marzo del 2009 cuando Zelaya propuso la consulta de la “cuarta urna”, y no en junio del 2009.

“Todo es dolorosamente obvio. No hay ninguna justificación constitucional para remover a Zelaya. Es un golpe de Estado, aunque no esté claro si sea un golpe militar”, concluyó Cassel.

Marcia Izaguirre, periodista hondureña radicada en Miami, describió a Honduras como un pequeño país con el 75 por ciento de su población en la pobreza, graves debilidades en el Estado de derecho, un sistema de frenos y contrapesos fracturado y una cultura de complicidad entre los poderes. “La Corte Suprema hondureña es cualquier cosa menos independiente”, aseguró.

Para Izaguirre, no es relevante el detalle de si es un golpe de Estado o un golpe militar." Es un golpe, en el cual la élite política, el sector privado y el ejército establecieron una alianza para romper la democracia".

“Los daños causados hasta ahora son incalculables", dijo Izaguirre. "El país quedó totalmente polarizado, los soldados salieron de sus cuarteles y se han violado derechos fundamentales. Es trágico”.