Defensores reciben capacitación en seguridad

En el marco de la crisis causada por el golpe de Estado en Honduras, los defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Muchas de estas personas han sido víctimas de agresiones, hostigamientos, seguimientos y amenazas.

Es por ello que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional realizó en Tegucigalpa un taller llamado: “Intercambio de Experiencias sobre mecanismos de seguridad para defensores y defensoras de derechos humanos” los días 13 y 14 de octubre del 2009, patrocinado junto al Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y con la colaboración de la Fundación Ebert.

El evento contó con la presencia de más de 35 representantes de las organizaciones más importantes de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, entre otras de COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Frente de Abogados contra el Golpe de Estado, Casa Renacer, ACI Participa, Casa Alianza, Comisionado Universitario UNAH, Jóvenes Feministas Universitarias, Colectivo Feministas de Mujeres Universitarias, entre otras.

CEJIL invitó a a participar en la actividad a Xavier Zabala, de la Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala; y a Luis Rocca, de la Comisión de Derechos Humanos del Perú, ambos expertos en seguridad que impartieron el taller.

Zabala y Rocca compartieron su experiencia, desde sus respectivas organizaciones, y cómo han resuelto situaciones complejas, con la implementación de planes de seguridad.

En el desarrollo del taller, a los participantes se les solicitó información para elaborar un primer diagnóstico sobre los riesgos que ellos enfrentan en su trabajo y en particular tras el golpe de Estado en Honduras.

Los defensores y defensoras determinaron que las amenazas que reciben provienen de manera generalizada del gobierno de facto, principalmente de Roberto Micheletti, y del Ministro de Defensa, Leonel Sevilla, y sus asesores Billy Joya y Hung Pacheco.

Las organizaciones apuntan como principales represores a diversos sectores de las Fuerzas Armadas encabezado con el Jefe del Estado Mayor conjunto, Romeo Vásquez Velásquez, y amiembros de la Policía Nacional, especialmente el Ministro de la Policía, Mario Perdomo.

Otro sector del que rmanifestaron recibir amenazas es la empresa privada, en especial fueron señalados unos 10 empresarios, además de empresas de telecomunicaciones privadas, empresas de seguridad y medios de comunicación como Televicentro, Canales 8, 13, 66, 12, 21 y los periódicos La Tribuna y El Heraldo.

Señalaron también a la iglesia como fuente de las amenazas hacia las organizaciones críticas al Gobierno de facto, es especial el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, el Opus Dei y la Iglesia Evangélica Vida Abundante, entre otros.

La intimidación es otra de las denuncias que realizaron los defensores, como amenazas telefónicas, mensajes, seguimientos y persecución.

Frente a estas amenazas y riesgos los defensores y defensoras manifestaron no tener ninguna respuesta por parte del Estado, y pese a que muchos son beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se les ha brindado la protección debida.

Ante esta situación las organizaciones se auxilian entre ellas. Además, debido a su labor han debido actuar como defensores de muchas de las víctimas de la represión por parte del Gobierno de facto, desde el asesoramiento legal, hasta el acompañamiento a interponer denuncias ante el Ministerio Público, dar seguimiento a los casos y documentarlos. En algunos situaciones incluso han brindado asistencia psicológica y médica.

Una vez estudiado un primer alcance del diagnóstico y abordada la sesión plenaria, se procedió a  acuerdar sobre los avances logrados en el taller. Como principal acuerdo se integró un grupo impulsor para continuar la discusión sobre la creación o fortalecimiento de una institución especializada en la prevención y protección de los y las defensoras de derechos humanos.