Pueblos indígenas del Ecuador denuncian violaciones a sus derechos humanos

Washington D.C., 4 de noviembre de 2009

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Fundación Pachamama, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Fundación Centro Lianas y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones a los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas del Ecuador.

Los peticionarios informaron a la CIDH sobre la existencia de normas y políticas públicas, que contrarían y vulneran los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la Constitución de 2008 y el Derecho Internacional.

Durante la audiencia, los peticionarios evidenciaron que el Estado ha aprobado leyes importantes que afectan los recursos naturales ubicados en territorios indígenas, como la Ley de Minas, sin consultar y asegurar la participación de los pueblos indígenas ecuatorianos. Otros proyectos de ley que están siendo debatidos por el Estado, como la Ley de Aguas, el Código Territorial, y el Código Ambiental, tampoco han sido consultados con los pueblos indígenas pese al gran impacto de estos proyectos en los derechos de dichos grupos.

Marlon Santi, Presidente de la CONAIE, denunció que el Estado concesionó territorios que pertenecen a los pueblos indígenas para ser explotados por empresas transnacionales sin la consulta ni el consentimiento de los pueblos. Asimismo, Santi informó que las mesas de diálogo conformadas entre el Gobierno y las comunidades indígenas para resolver conflictos sobre la explotación de recursos no están funcionando adecuadamente y esto genera mucha incertidumbre a las poblaciones.

Los peticionarios expusieron con gran preocupación la suscripción por parte del Estado del Decreto Ejecutivo No 1780, de 25 de junio de 2009, que autoriza un contrato entre el Estado y las misiones religiosas católicas, por el cual éstas se comprometen a “trabajar con todo afán en pro del desarrollo, fortalecimiento de las culturas, evangelización e incorporación a la vida socioeconómica del país, de todos los grupos humanos que habitan o habitaren dentro de la jurisdicción territorial”. El mencionado Decreto vulnera, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas a no sufrir asimilación forzada y a mantener su cultura y valores, por lo que levantó el interés de los Comisionados, que cuestionaron al Estado sobre el mismo.

De acuerdo a lo solicitado por los peticionarios, el Relator de Pueblos Indígenas de la CIDH, Víctor Abramovich, mostró disponibilidad para dar seguimiento al proceso de diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas para asegurar la aplicación de los estándares internacionales relevantes. Asimismo, el Relator señaló que considerará la información presentada por los peticionarios en la elaboración de su informe sobre la consulta previa de los pueblos indígenas, cuya emisión se realizará antes de final de año.

Tanto los peticionarios como el Estado coincidieron en invitar a la CIDH a realizar una visita in loco a Ecuador para constatar la situación de derechos humanos en el país.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.