27 de agosto de 2009 Comunicado de Prensa

Políticas de seguridad salvadoreñas violan derechos humanos de la niñez y adolescencia

Washington D.C.

El día de hoy, se realizó una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para informar como la implementación de las políticas de seguridad en El Salvador violan los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Las organizaciones que solicitaron la audiencia son: la Red para la Infancia y Adolescencia de El Salvador y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones señalaron que la implementación de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura han provocado detenciones arbitrarias y masivas de jóvenes, a quienes se les ha violado sus derechos a la libertad personal y de asociación. En el tema de la criminalidad, el Estado ha sostenido que la población joven es la responsable de la mayoría de los delitos, lo cual ha sido desmentido por las cifras que presentaron las peticionarias. De acuerdo con datos proporcionados por 20 juzgados, durante el período de 2000 a 2006 se detuvieron más de 300 mil personas por actos delictivos, de las cuales sólo un 5,8% eran personas menores de edad.

Otra preocupación expresada en la audiencia fue que en la implementación de estas políticas de seguridad se ha utilizado al ejército para llevar a cabo labores que no le corresponden como patrullar conjuntamente con la Policía Civil. El mandato de las fuerzas armadas es la defensa nacional y no la seguridad pública.

En el tema carcelario se denuncio que las cárceles están sobrepobladas en un 100%, dado que existe una capacidad de 7.372 detenidos y actualmente se encuentran aproximadamente 14.600. Esto ha agudizado la crisis del sistema penitenciario.

Las soluciones que ha proporcionado el Estado salvadoreño para combatir la criminalidad lejos de brindar un tratamiento adecuado, encaminado a solucionar el fenómeno de las pandillas o “maras”, lo que hace es agudizar la situación, con la implementación de leyes inconstitucionales que distan mucho del respeto a las garantías procesales y que violan la presunción de inocencia y el derecho de defensa.

El Estado por su parte dijo haber avanzado en el tema y aseveró tener una política pública integral al respecto. Sin embargo, esto no lo pudo comprobar con indicadores, ni datos estadísticos. Además el representante del Estado, Oscar Bonilla, reprochó la participación en la audiencia de la jueza, Doris Rivas, miembro de la Asociación Foro de Jueces Democráticos e Independientes. Las organizaciones peticionarias repudian las manifestaciones del representante estatal, ya que demuestran el irrespeto al derecho a la libertad de expresión y al trabajo de las organizaciones de derechos humanos en El Salvador.

CEJIL y la RIA solicitaron a la CIDH que se publique el informe sobre la situación de la niñez y adolescencia en El Salvador, a raíz de la visita del Relator sobre derechos de la Niñez, Paulo Sergio Pinheiro. Además se le pidió a la Comisión que exhortara al Estado salvadoreño a detener la implementación de leyes represivas que sean violatorias de derechos humanos.

 

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