- |
- Comunicado de Prensa
- |
- Organizaciones de derechos humanos de la región repudiaron la expulsión de representantes de Human Rights Watch de Venezuela
Organizaciones de derechos humanos de la región repudiaron la expulsión de representantes de Human Rights Watch de Venezuela
Las organizaciones de derechos humanos de América Latina, abajo firmantes, repudian la expulsión ordenada por el Gobierno de la República de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y vicedirector de la División América de la organización.
De acuerdo con un comunicado oficial, firmado en el día de ayer por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber «violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país». La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.
Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones. Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, autoridades del Gobierno Venezolano han esgrimido que Human Rights Watch respondería «a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América”. Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros. El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos.
Como organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos nuestro trabajo en países en los que los defensores de derechos humanos han sido actores clave para la recuperación y fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, y el avance de derechos económicos, sociales y culturales, entre muchos otros logros y desafíos pendientes, rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.
Por último, tanto la Asamblea General de la OEA, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los países de la región que adopten las medidas a su alcance para asegurar en Venezuela una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Democrática Interamericana.
ORGANIZACIONES
– Acción Solidaria – Venezuela
– Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos – México
– AMICIS (Clínica Jurídica y Social Patagónica) – Argentina
– Asociación ÀGORA (Centro de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales) – Perú
– Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) A.C – México
– Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú
– Centro de Asesoría Laboral – Perú
– Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica – Venezuela
– Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales – Chile
– Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas – México
– Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez – México
– Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) – Argentina
– Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo S.J.» – México
– Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – Argentina
– Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) – Nicaragua
– Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) – Nicaragua
– Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. – México
– Centro para la Defensa Legal Indígena (CDLI) – Guatemala
– Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – organización regional
– Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Colombia
– Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia
– Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) – Perú
– Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C – México
– Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC) – Venezuela
– Comité de Familiares de Victimas de Violaciones de los Derechos Humanos (CODEFAM) “Marianella García Villas” – El Salvador
– Comité 25 de Noviembre A.C. – México
– Conectas Direitos Humanos – Brasil
– Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) – México
– Corporación Humanas – Chile
– Espacio Público – Venezuela
– Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) – Guatemala
– Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) – organizacional internacional
– FIAN Internacional – organizacional internacional
– Foro de Mujeres del Mercosur (capítulo Paraguay) – Paraguay
– Foro para el Desarrollo Sustentable – México
– Fundación REDVIHDA – Bolivia
– Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – organización regional
– Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) – Guatemala
– Global Rights Partners for Justice – organización internacional
– Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C. – México
– Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) – Colombia
– Human Rights First -organización internacional
– Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) – El Salvador
– Karlos Castilla – México
– Movimiento Costarricense de Lucha Contra el VIH – Costa Rica
– Observatorio Venezolano de Prisiones – Venezuela
– Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador – El Salvador
– Oficina Jurídica Para la Mujer – Bolivia
– Oficina Regional de las Américas del Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ)
– Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) – Venezuela
– Red de Mujeres contra la Violencia -Nicaragua
– Red Oaxaqueña de Derechos Humanos A.C. – México
– Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. – México
– Sinergia – Venezuela
– Vicaría de Derechos Humanos de Caracas – Venezuela
