Nicaragua es denunciada nuevamente por violación de derechos políticos
Washington D. C., 25 de octubre del 2011- El Estado de Nicaragua continúa violando los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses en el contexto del actual proceso electoral. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron esta situación ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia privada en el marco del 143er periodo de sesiones de la CIDH.
El próximo 6 de noviembre se celebrarán elecciones en Nicaragua para elegir los cargos de Presidente de la República, vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional (con sus respetivos suplentes) y al 20 Parlamento Centroamericano. Sin embargo, continúan las irregularidades y arbitrariedades por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), y persisten las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión.
En la audiencia, los comisionados de la CIDH observaron un video que registra numerosos hechos de violencia vinculados al proceso electoral. Esos sucesos, ocurridos durante manifestaciones ciudadanas, suman casi una decena solo entre julio y octubre, y en ellos se empieza a ver una participación cada vez mayor de la policía e incluso del ejército.
CENIDH y CEJIL reiteraron su preocupación a la Comisión por la falta de independencia e imparcialidad que caracteriza a varios órganos estatales, principalmente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia.
El CSE ha propiciado y tolerado prácticas que atentan contra la transparencia de las elecciones. Por ejemplo, ha permitido que el partido gobernante Frente Sandinista use fondos estatales y edificios públicos para hacer proselitismo político. Además continúa la entrega discriminatoria de cédulas de identidad para favorecer a los partidarios del Frente Sandinista.
Aunado a ello, la falta de un escrutinio del padrón electoral por parte del CSE siembra dudas sobre su actualidad. Recientes investigaciones han revelado que 750.000 nombres de personas muertas continúan dentro del patrón, entre casi cuatro millones de votantes que componen actualmente ese registro. Esta misma institución emitió un reglamento en agosto pasado que restringe la participación de observadores nacionales y extranjeros durante los comicios.
Por otra parte, las organizaciones peticionarias denunciaron la exclusión arbitraria de cuatro candidatos y candidatas a diputados por parte del CSE.
CENIDH y CEJIL instaron a la Comisión Interamericana para que exprese públicamente su preocupación por la situación en Nicaragua y reitere su solicitud de realizar una visita al país. Asimismo, se exhortó a la CIDH para que requiera información al Estado sobre las irregularidades denunciadas y solicite a las autoridades nicaragüenses investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia.