Ley de Inmigración de Arizona amenaza la protección internacional de los derechos humanos

CEJIL lamenta la promulgación de la Ley SB 1070
28-04-10

Washington D.C., 28 de abril de 2010

CEJIL  expresa su profunda preocupación por la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, el pasado viernes 23 de abril de 2010, porque viola los principios de no discriminación y de igual protección de las leyes. Esta medida abre la puerta a la aplicación arbitraria de la Ley, detenciones ilegales y discriminación racial.

La Ley SB 1070 autoriza a agentes policiales a determinar la condición migratoria de una persona cada vez que tengan una "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país. No obstante, la Ley no define qué constituye una "sospecha razonable", dejando amplio espacio para el empleo de criterios subjetivos en la aplicación de la norma. La Ley también amplía la discreción de la Policía para determinar a quién investigar, sin tomar en cuenta si esa persona violó o no alguna legislación penal. La vaguedad plantea un problema de igualdad de protección y permite la aplicación discriminatoria de la norma, lo cual podría conducir a intervenciones ilegales y violaciones de otros derechos fundamentales, como el debido proceso legal, la protección contra detenciones arbitrarias, el derecho a la vida privada y familiar y la igualdad ante la ley, entre otros.

Por otro lado, la nueva Ley autoriza a los funcionarios estatales a mantener y compartir información acerca de la situación migratoria de cualquier solicitante de servicios públicos. De esta manera, la Ley de Inmigración de Arizona vulnera el derecho a la privacidad y restringe la participación legítima de personas en programas públicos en los que no importa el estatus migratorio del solicitante. La reforma disuade a las personas migrantes de participar en programas públicos de salud, educación, vivienda y asistencia alimentaria, los cuales son de vital importancia para la protección de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente de las mujeres y los niños.

Adicionalmente, el estatuto tipifica como delito toda solicitud de trabajo hecha por inmigrantes indocumentados mediante comunicación verbal y no verbal, incluyendo el uso de "gestos" o "cabeceos" que indiquen la voluntad de un individuo de ser empleado. La criminalización de estas expresiones viola el derecho a la libertad de expresión. Esta sección es a todas luces discriminatoria, porque claramente hace una diferenciación en su aplicación, pues sólo tipifica como delito este tipo de expresiones cuando es manifestada por un grupo determinado de personas.

Estados Unidos es miembro fundador de la Organización de Estados Americanos y está obligado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a respetar la protección de los derechos humanos. La Declaración Americana reconoce los principios de igualdad de protección ante la ley y de no discriminación como fundamentales y esenciales para la preservación de los derechos humanos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.

Estados Unidos debe abstenerse de establecer medidas que afecten la igualdad en la protección de las leyes. Tampoco debe adoptar normas que creen situaciones discriminatorias de ningún tipo y está obligado a eliminar toda práctica que afecte a un grupo específico de personas y viole sus derechos humanos.

Estados Unidos es responsable de observar estos principios fundamentales, con independencia de la autoridad interna que los estados puedan tener dentro de la unión federal.

¨La nueva Ley aprobada en Arizona atenta contra los derechos fundamentales de ciudadanos estadounidenses y migrantes. Una evaluación imparcial de su contenido evidencia riesgos gravísimos para la protección de la dignidad e integridad de las personas y por eso es imprescindible que sea  rechazada de plano“, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

 

Para CEJIL, el cumplimiento de los Estados Unidos con sus obligaciones internacionales de derechos humanos es de gran importancia para este país, sus ciudadanos, residentes y el mundo. Incluso en las democracias fuertes, con una larga trayectoria de compromiso con la supremacía de la ley, los tratados de derechos humanos sirven para salvaguardar los derechos fundamentales. Todos los estadounidenses se benefician, por lo tanto, cuando Estados Unidos se compromete a respetar ciertas normas básicas de respeto a la dignidad humana y toma medidas concretas para cumplir esos compromisos..

CEJIL exhorta al Gobierno de Arizona a eliminar la Ley SB 1070 y a asegurar que los principios de igual protección y no discriminación no sean lesionados. Instamos al Gobierno de Estados Unidos a recurrir ante los tribunales para cuestionar la validez de las disposiciones de la ley de Arizona que son contrarias a sus obligaciones internacionales y que, además, declare públicamente su firme compromiso con la protección del principio de no discriminación e igual protección de las leyes.

 

 

 

 

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Mauricio Herrera Ulloa

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.