18 de marzo de 2013 Comunicado de Prensa

La verdad, la justicia y la reparación deben prevalecer en el juicio por genocidio en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 18 de marzo del 2013.- Mañana dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio contra el general retirado Efraín Ríos Montt y su exdirector de los servicios de inteligencia militar —también general en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez—, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

En el proceso judicial, impulsado por el Ministerio Público, figuran como abogados directores de la parte querellante, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Quienes además están siendo apoyados por Abogados sin fronteras Canadá, todos en condición de representantes de las víctimas. La trascendencia de este proceso —inédito en Guatemala— implica el desahogo de aproximadamente 140 testimonios de víctimas y de la comparecencia de unos 70 peritos expertos.

Tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, han documentado las atrocidades ocurridas en Guatemala durante el conflicto armado interno, y en especial, han dado cuenta de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional impulsada particularmente a principios de la década de 1980 y mediante la cual se aplicó una política de “tierra arrasada” que buscaba acabar con el pueblo maya sospechoso de colaborar con la insurgencia.

De acuerdo con la CEH, alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante “actos de extrema crueldad” dirigidos a la eliminación de las personas o grupos de personas definidos como “enemigo interno” y destinados a “aterrorizar a la población”. La CEH concluyó además que el 91% de las violaciones registradas durante el conflicto armado se produjo entre los años 1978 y 1983, estando en el poder los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).

A diferencia de lo que ha sucedido en la historia reciente en Guatemala —en donde hasta la fecha, salvo contadas excepciones, no ha sido posible obtener justicia en el ámbito interno y por lo cual se ha acudido a instancias internacionales de protección de derechos humanos—, el Estado guatemalteco tiene en este ocasión, la valiosa oportunidad de celebrar un proceso apegado a las garantías judiciales, en el que se juzgue a los acusados y sancione efectivamente a quienes se prueben como responsables de delitos tan graves como son el genocidio y los de lesa humanidad.

El esclarecimiento de los hechos, a través del debido proceso penal, así como la sanción de los responsables del genocidio y de crímenes de lesa humanidad ocurrido en Guatemala, constituye la medida idónea para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Además, sólo a través de la identificación, el juzgamiento y la sanción adecuada de los responsables materiales e intelectuales de las citadas violaciones de derechos humanos se logrará la no repetición de hechos tan reprochables. Este tipo de procesos fortalecen el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.

Considerando lo anterior, las organizaciones firmantes saludamos el proceso que lleva el Tribunal de Mayor Riesgo en Guatemala, y expresamos nuestro apoyo decidido al mismo. Además instamos a las autoridades guatemaltecas a lo siguiente:

1. Que se proteja efectivamente —antes, durante y después del proceso— a todas las partes involucradas en ello (testigos, peritos, operadores de justicia, abogados y abogadas).
2. Que se garantice una adecuada cadena de custodia en la evidencia.
3. Que se garantice la independencia judicial mediante el apoyo público y decidido a la labor que están llevando a cabo los jueces a cargo del proceso y se asegure que no habrá ninguna injerencia indebida en sus decisiones. Treinta años después de la comisión de varios crímenes de lesa humanidad ha llegado la hora de conocer la verdad y hacer realidad el derecho de las víctimas a obtener justicia.

 

Organizaciones que suscriben el comunicado:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Abogados sin Fronteras Canadá (ASF), organización internacional

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), Guatemala

Alianza por tus derechos, Costa Rica

Amnistía Internacional, organización internacional

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Guatemala

Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organización internacional

Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR), Guatemala

Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos, El Salvador

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», Guerrero, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), Perú

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo, Perú

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CJAR), Colombia

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

Comité de América Latina y el Caribe para los derechos de las Mujeres (CLADEM), organización internacional

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia

Convergencia por los Derechos Humanos (integrada por: Asociación Refugio de la Niñez

Centro para el Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Centro para la Acción Legal-Ambiental y social de Guatemala (CALAS)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA)

Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

Perú Corporación Humanas

Chile Corporación Reiniciar

Colombia Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI)

Costa Rica Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP)

Guatemala Equipo de Reflexión

Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)

Honduras Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)

Perú Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica (integrado por la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia SEDEM, de Guatemala

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH)

Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá (CONADEHUPA)

Federación Luterana Mundial

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), de El Salvador

Fundación Fútbol por la Vida (FPV), de Costa Rica

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), de Guatemala

Iglesia Luterana Costarricense (ILCO), de Costa Rica.

Espacio Público, Venezuela

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Global Rights, organización internacional

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, organización internacional

Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Guatemala

Impunity Watch, organización internacional

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA), México

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), Guatemala

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú

Latin America Working Group (LAWG), organización internacional

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización internacional

Paz y Esperanza, Peru

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Guatemala

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG), Guatemala

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela