Guatemala denunciado ante la CIDH por masacre en la Aldea Los Josefinos

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), en calidad de peticionarios, presentaron el pasado 29 de octubre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- una nueva denuncia contra el Estado de Guatemala por la Masacre de los Josefinos, en El Petén, ocurrida el 29 y 30 de Abril de 1982. Los peticionarios denunciaron que el Estado guatemalteco violó el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a las garantías judiciales, a la protección a la familia, a los derechos del niño y a la protección judicial, de aproximadamente 57 personas, 15 de ellas niños/as, que habitaban en esa comunidad.

Los hechos del caso sucedieron cuando ejercía como Jefe de Gobierno el General Efraín Ríos Montt, época en la que el Estado adoptó una estrategia de tierra arrasada, cuyo propósito consistía en evitar todo apoyo a la guerrilla. De esta manera, las fuerzas del Estado, no sólo se limitaron a combatir a la guerrilla, sino que atacaron sistemáticamente al movimiento social y a la población, en especial a las comunidades mayas.
La masacre de Los Josefinos fue producto de la incursión del Ejército, que entró a la aldea prendiendo fuego a los ranchos y asesinando, de casa en casa, a sus habitantes mediante disparos y golpes. Algunos lograron escapar refugiándose en las montañas, otros murieron en el intento.

A la mañana siguiente a la masacre, el Ejército, recogió los cuerpos y los enterró en una fosa común. Al día de hoy aún no se sabe exactamente cuántas personas fueron asesinadas en la aldea porque muchos cuerpos se consumieron en las llamas de los ranchos; otras personas que resultaron heridas se escabulleron hacia el monte donde murieron; y algunos de los cadáveres encontrados en las veredas y caminos se enterraron en parcelas o en forma múltiple. Sin embargo, en la exhumación de cuerpos de la única fosa identificada por los vecinos y sobrevivientes, realizada 14 años después de la masacre, el equipo de antropólogos forenses solo encontró 19 osamentas.

FAMDEGUA presentó la denuncia penal correspondiente el 18 de abril de 1996, pero la falta de voluntad de los entes encargados de realizar una investigación seria de los hechos, el retardo injustificado, la pérdida de valioso material probatorio, entre otros, han procurado la impunidad de los responsables. En la denuncia ante la CIDH, los peticionarios denunciaron no sólo la falta de investigación para determinar a los responsables, sino también para identificar el número exacto de víctimas y su identidad, pues aunque los antropólogos ubicaron 19 osamentas FAMDEGUA ha recogido testimonios que dan fe que el número de víctimas es superior a 55.
CEJIL y FAMDEGUA, solicitaron a la CIDH que declare al Estado de Guatemala culpable de la masacre y que recomiende al Estado que realice una investigación seria de los hechos, donde se identifique y sancione a los responsables de este crimen de lesa humanidad. Esta investigación deberá incluir la determinación de todas las víctimas (hombres, mujeres, niños y niñas) y que se repare como corresponda a sus familiares y a la sociedad guatemalteca en su conjunto.

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