Guatemala debe investigar hechos de violencia sucedidos durante desalojo

Una persona muerta y varias heridas en Valle del Polochic
21-03-11

San José, 21 de marzo de 2011. CEJIL repudia los actos de violencia cometidos el 15 de marzo pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron un desalojo de cientos de personas campesinas en el Valle del Polochic. Además de la destrucción de viviendas y de campos de cultivo, esta acción tuvo como saldo varias personas heridas y la muerte de Antonio Beb Ac, poblador de la zona.

El conflicto es un episodio más en la lucha por el uso y tenencia de tierras provocado por el desplazamiento histórico que han sufrido los pueblos indígenas y campesinos. Estos hechos suceden en el marco de una alta conflictividad social en Guatemala, la cual ha sido destacada recientemente por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

El clima de polarización social en Guatemala se ha agravado por un pronunciamiento reciente del Gobierno, en el cual expresó que continuaría con la ejecución inmediata de órdenes de desalojo y captura, muchas de las cuales están dirigidas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En el mismo comunicado manifestó que suspendería el diálogo con las organizaciones sociales que el Gobierno considere que estuvieran ejecutando “medidas ilegales”.

Sobre este tipo de comunicados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las manifestaciones provenientes de representantes estatales, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la aquiescencia del Gobierno”.

CEJIL hace un llamado vehemente al Estado Guatemalteco para que investigue exhaustivamente y de oficio la muerte violenta del señor Bed Ac y el uso de la fuerza efectuado en el Valle del Polochic. Asimismo insta a las autoridades a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas afectadas por los desalojos, así como los de los defensores y defensoras de derechos humanos del país que han denunciado estos hechos o que defienden el derecho a la tenencia y disfrute de la tierra. CEJIL exhorta a todas las autoridades a abstenerse de emitir pronunciamientos que contribuyan a una mayor polarización social.

Por último, CEJIL solicita a los órganos internacionales de protección –especialmente a la CIDH– monitorear la situación denunciada y solicitar información al Estado sobre estos hechos.