Fortalecimiento de la militarización en el “triángulo norte” centroamericano contradice pautas internacionales en derechos humanos

Las políticas represivas se afianzan en El Salvador, Honduras y Guatemala
02-12-11

San José, 2 de diciembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la tendencia a otorgar poderes extraordinarios a las fuerzas armadas como parte de las políticas públicas  para hacer frente a las amenazas a la seguridad ciudadana en los países del llamado “triángulo norte” centroamericano. La más reciente muestra de ello es el decreto que el Congreso Nacional de Honduras aprobó el martes pasado  para que las fuerzas armadas realicen funciones policiales. CEJIL advierte que este hecho contradice lo dispuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al igual que otras acciones y proyectos similares que han sido anunciados recientemente en El Salvador y Guatemala.

La Corte ha expresado en su jurisprudencia que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles”. Por su parte, la Comisión Interamericana –en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos– advierte que “es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que sea– no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado” que justifique la participación de militares en este tipo de acciones.

En contradicción a lo dicho por ambos órganos, los soldados hondureños ahora están habilitados para hacer allanamientos y capturas cuando el Poder Ejecutivo decrete un Estado de Emergencia por motivos de seguridad. Esta declaración sería aprobada en los próximos días como respuesta a los índices de criminalidad y violencia que experimenta el país.

Por otro lado, en El Salvador, el enfoque castrense de la seguridad ciudadana quedó reafirmado con la designación de un militar retirado como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Este nombramiento se oficializó el pasado 22 de noviembre y contradice lo dispuesto en los acuerdos de paz de 1992. Desde el año 2009, el Estado salvadoreño involucra a las fuerzas militares en tareas de seguridad, política que fue prorrogada por un año más en mayo de este año.

Finalmente, el Presidente electo de Guatemala y general retirado Otto Pérez Molina ha anunciado que usará los kaibiles –fuerzas especiales del Ejército guatemalteco– para combatir el narcotráfico. El anuncio es congruente con otras declaraciones suyas ante la prensa en las que afirmó que su modelo de seguridad sería similar al de su homólogo mexicano Felipe Calderón, cuya “guerra contra el narcotráfico” ya ha provocado alrededor de 50.000 muertes y reconocidas violaciones a los derechos humanos.

CEJIL objeta la aplicación de políticas tendientes a la militarización. Estas medidas han resultado ineficaces para combatir la inseguridad ciudadana, como lo demuestra el caso mexicano. CEJIL hace un llamado a los Estados para que se aprueben medidas que aborden la problemática de inseguridad ciudadana desde una perspectiva integral y dentro del marco del respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.