El IDHUCA y CEJIL instan a El Salvador para que colabore con la justicia española en el caso “Jesuitas”

San Salvador y San José, 6 de diciembre de 2011- El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) instan a El Salvador a colaborar con la justicia española en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, perpetrado en 1989. El Estado debe atender la solicitud de extradición contra 13 ex militares que el Consejo de Ministros de España realizó el pasado 2 de diciembre, y así cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Han pasado 22 años desde que estos graves hechos ocurrieron y el Estado salvadoreño no ha juzgado a los responsables en sus tribunales. Frente al incumplimiento de esta obligación, El Salvador tiene el deber inexcusable de cooperar con el proceso iniciado en España. Esta causa representa la única esperanza visible por el momento para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos “genera obligaciones […generales] para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo”.

El IDHUCA y CEJIL instan al Estado salvadoreño a actuar para que las personas acusadas en este caso puedan comparecer ante la justicia española, con el fin de que sean procesadas y sancionadas de acuerdo a la gravedad de sus actos.

Información del caso

El caso “Jesuitas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas de nacionalidad española y dos de sus colaboradoras perpetrados por militares salvadoreños en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en San Salvador. Las ejecuciones fueron cometidas el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva militar lanzada por el FMLN en la época.

Una comisión militar investigó los hechos y presentó su informe el 12 de enero de 1990, señalando a nueve militares como responsables. Sin embargo, solo fueron encontrados culpables dos de ellos, que después fueron beneficiados por la aplicación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz en El Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en relación a este caso el 22 de noviembre de 1999. La CIDH recomendó al Estado salvadoreño investigar los hechos; sin embargo, el caso permanece en la impunidad a más de diez años de haber sido emitida la resolución.

En el 2008, el Center for Justice and Accountability y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España presentaron otra denuncia penal pero, esta vez, ante la Audiencia Nacional Española por el asesinato de los seis sacerdotes (de nacionalidad española). El 30 de mayo de 2011, el juez de la causa emitió órdenes de enjuiciamiento y de detención provisional contra 20 ex militares acusados de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de lesa humanidad por estos hechos. El 2 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros de España solicitó la extradición de 13 ex militares que se ubican en El Salvador y de dos que viven en Estados Unidos.