Personas con discapacidad son discriminadas en el acceso a educación
Washington D.C., 6 de noviembre de 2009
CEJIL y organizaciones que trabajan por la educación explicaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanios (CIDH), el 6 de noviembre, la importancia de promover una educación inclusiva que no segregue a las personas discapacitadas.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los obstáculos existentes para hacer efectivo el derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. En virtud de ello explicaron la importancia de la educación inclusiva y que no se segregue del sistema regular a las personas con discapacidad.
Las organizaciones enfatizaron la discriminación que viven estas personas al ser estereotipadas como “incapaces”. Además, señalaron que en muchas ocasiones, la escuela niega la matrícula al alumno con deficiencias y, en otros casos, aún garantizado el acceso a la educación, las escuelas no cuentan con la adaptación necesaria, el material didáctico en Braille, y el espacio físico, así como tampoco con profesores preparados para responder a las necesidades especiales de este sector. Asimismo se niega el derecho a la educación gratuita, en algunos casos, ya que les cobran cuotas y servicios por ser atendidos.
Las organizaciones lamentaron que los países ni siquiera cuentan con datos suficientes sobre la problemática y los que se tienen dejan entrever un escenario alarmante. En América Latina y el Caribe, de acuerdo a los números del Banco Mundial, sólo entre el 20% y el 30% de los niños y niñas con discapacidad asisten a la escuela en la región.
Los niveles de analfabetismo son mayores entre la población con discapacidad, llegando algunas veces a ser cinco veces más altos que los promedios nacionales. Por ejemplo, en Bolivia, se estima que más de un 75% de los niños y niñas con discapacidad no recibe ningún tipo de educación. Mientras, en México, el promedio nacional de escolaridad de las personas con discapacidad es de solamente 3,8 años.
Giovanna Modé, de CLADE criticó que “escuelas de la región siguen pensando que son las personas con discapacidad las que deben adaptarse a la escuela, cuando son en verdad las escuelas las que deben hacer los ajustes necesarios para atender a los estudiantes con discapacidad”.
Por su parte el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz invitó a la CIDH a elaborar un informe sobre esta problemática. Además insistió en la necesidad de que la problemática sea abordada tanto por los órganos de la OEA, como en Naciones Unidas, a través de informes, visitas y solicitud de información a los Estados. Asimismo, señaló la importancia de que los Estados implementen las recomendaciones emitidas en el informe de Naciones Unidas del derecho a la educación de las personas con discapacidades.
A su vez, la CIDH se interesó en tales propuestas y anunció la posibilidad de realizar un estudio sobre este tema y se comprometió a pedirle información a los Estados al respecto y a trabajar de manera conjunta con el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la Educación.
Esta audiencia evidenció la importancia de que, en aras de una solución integral, esta situación pueda ser abordada por los organismos interamericanos, como por los de Naciones Unidas para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a la educación.
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una articulación plural de organizaciones de la sociedad civil que actúa en defensa
del derecho a la educación de calidad, pública y gratuita, de responsabilidad del Estado, para todos y todas.
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