CEJIL y ERIC denuncian a Honduras por violar derechos de ambientalista

San José, 8 de febrero del 2013- El Estado de Honduras no garantizó los derechos humanos de Carlos Antonio Luna López, asesinado en mayo de 1998, y cometió graves irregularidades durante el proceso de investigación y aplicación de la justicia.

Así lo expresaron los representantes legales de las víctimas, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), durante la audiencia pública que tuvo lugar este jueves 8 de febrero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal de la región.

Quince años han pasado desde que dos sujetos dispararon contra Carlos Luna, ocasionándole la muerte. En el momento del asesinato, el defensor ambientalista se desempeñaba como regidor municipal en Catacamas, una comunidad al noroeste de su país, desde donde denunció la tala ilegal de bosques por parte de grupos económica y políticamente poderosos. Por estas denuncias fue víctima de constantes y reiteradas amenazas, de las que tuvieron conocimiento las autoridades judiciales hondureñas. Ni las amenazas ni su asesinato han sido efectivamente investigados, por ello, el caso permanece en la impunidad.

Durante la audiencia pública se expuso la situación de vulnerabilidad que rodea a defensores y defensoras de derechos humanos en el país centroamericano, destacando la situación de violencia que sufren las personas que defienden el medioambiente. Es en este contexto de violencia que ocurrió el asesinato del señor Luna.

De acuerdo con la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, muchos de las personas en Honduras que protegen el ambiente o desarrollan actividades enfocadas en la conservación de la naturaleza, “viven en un estado de constante temor”, según se consigna en un informe emitido en diciembre 2012.

CEJIL y el ERIC solicitaron durante la audiencia, que Honduras adecue a los estándares internacionales los protocolos sobre la debida diligencia en la investigación, e hicieron un llamado vehemente para que se diseñe e implemente una política pública integral dirigida a la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó ordenar al Estado de Honduras la identificación, juzgamiento y sanción de todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Carlos Luna.

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