3 de febrero de 2012 Comunicado de Prensa

CEJIL valora la ratificación de la condena en Colombia del Coronel Plazas Vega y llama al Ejecutivo a respaldar el accionar de la justicia

Washington, 3 de febrero de 2012. – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) valora la importante decisión adoptada el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, por la que ratifica la condena de 30 años impuesta en junio de 2010 contra el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por su responsabilidad en la desaparición forzada de personas ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas, el 7 de noviembre de 1985. Plazas Vega es la primera persona procesada por estos hechos cuya condena ha sido confirmada en segunda instancia.

 

Según la nueva decisión, fundamentada en casi 1.000 folios, el Coronel (r) es responsable como “autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”. Por ello, el Tribunal decidió mantener la pena de 30 años de cárcel impuesta en primera instancia.

 

De manera adicional, siguiendo los estándares de derecho internacional, y en especial de la Corte Interamericana, la sentencia reconoce una serie de reparaciones, entre las cuales figuran, entre otras, la publicación de la sentencia en la web del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional como garantía de no repetición; y la celebración por parte del Ejército de un acto de reconocimiento público para pedir perdón por los actos que llevaron a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda.

 

Según Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, la ratificación de la condena a Plazas Vega constituye “un nuevo paso para combatir la impunidad que ha rodeado este caso por más de un cuarto de siglo, y un aporte del Poder Judicial al afianzamiento del Estado de derecho en Colombia”. La confirmación de la sentencia avanza el llamado que hiciera en su momento la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, que en su informe de diciembre de 2009 recomendaba a las autoridades judiciales, realizar “todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y restaure la dignidad de las víctimas […] Esta verdad debe incluir la correcta valoración jurídica de los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean materiales o intelectuales”.

 

De manera inapropiada, el Presidente Juan Manuel Santos, al conocer la sentencia declaró que “el progreso de Colombia en estos últimos años, se debe, entre otras, al Ejército, y ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.

 

Consideramos que las citadas declaraciones del Presidente Santos son desafortunadas, por cuanto pueden suponer un irrespeto frente a decisiones emitidas por el Poder Judicial, contrario a las obligaciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Ello, en la medida en que las afirmaciones presidenciales podrían interpretarse como un cuestionamiento a la responsabilidad penal determinada ya por dos tribunales respecto al Coronel Plazas Vega, y a la obligación de cumplir con las medidas generales de reparación que son de la órbita del Ejecutivo y que fueron ordenadas por el Tribunal.

 

Igualmente, el respaldo acrítico al Ejército frente a una sentencia condenatoria podría entenderse como un aval a la impunidad frente a la responsabilidad de otras personas, incluidos otros miembros del Ejército, implicados en las violaciones a los derechos humanos.

 

Por ello, CEJIL hace un llamado al Presidente Santos, así como a otros altos funcionario-as del Estado colombiano, para que muestren su respeto incondicional al Estado de derecho, así como su compromiso frente a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en cuanto al acatamiento de los fallos judiciales, y al cumplimiento del consiguiente deber de “prestar a los funcionarios judiciales (…) los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias” (art. 201.1 de la Constitución), al igual que respecto a la investigación y sanción de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

 

CEJIL es representante de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la retoma del Palacio de Justicia, junto con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ante el proceso que se sigue frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.