CEJIL participó en ocho asuntos que deliberó la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En el último periodo de sesiones ordinarias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se extiendió hasta el 3 de octubre, CEJIL tomó parte en ocho de los trece asuntos que deliberaron los jueces y juezas.

Temas y casos en los que ha participado CEJIL estuvieron presentes en cuatro audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias, el seguimiento a medidas provisionales otorgadas a favor de personas privadas de libertad en Venezuela, el estudio de un caso para dictar sentencia, el análisis de las reformas al reglamento de la Corte y la consideración de una opinión consultiva.

Las audiencias de supervisión de sentencia se refirieron a los casos del “Instituto de Reeducación del Menor” contra Paraguay, Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) contra Venezuela, Molina Theissen contra Guatemala y Trujillo Oroza contra Bolivia. En todos ellos CEJIL ha sido representante o corepresentante de las víctimas.

En estos casos, la Corte escuchó en audiencia privada los argumentos del Estado, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de las víctimas.

También en sesión privada, la Corte estudió la posibilidad de dictar sentencia acerca de la excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas en el caso de Kenneth Ney Anzualdo Castro contra Perú.

La Corte celebró una audiencia pública para recibir información y observaciones de las partes acerca del cumplimiento de las medidas provisionales ordenadas a Venezuela en los casos de los centros penitenciarios de La Pica, Uribana y Yare I y II.

Dentro de la segunda etapa del proceso de reflexión acerca de las reformas al reglamento de la Corte Interamericana, la Corte inició la consideración de los comentarios remitidos por CEJIL y otros actores del Sistema Interamericano.

Finalmente, los jueces y juezas también analizaron las observaciones y amicus curiae que enviaron diversos actores del Sistema Interamericano, entre ellos CEJIL, acerca de una opinión consultiva presentada por Argentina, en relación con la figura del juez ad hoc y la igualdad de armas en el proceso ante la Corte, así como respecto de la nacionalidad de los magistrados del Tribunal y el derecho a un juez independiente e imparcial.