CEJIL denuncia a Venezuela por la violación al derecho a la vida de Joe Castillo, defensor de derechos humanos

San José, y Washington D.C., 2 de marzo del 2012.– Venezuela no cumplió con su deber de proteger la vida del defensor de derechos humanos Joe Luis Castillo González, asesinado en agosto del 2003. Joe Castillo fue coordinador general de la Oficina de Acción Social y de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Machiques. Asistía legalmente a personas que solicitaban asilo y refugio en la zona fronteriza y trabajaba además como defensor de derechos humanos en los conflictos sociales por la tenencia de tierras. El atentado contra su vida tuvo lugar mientras conducía su vehículo, acompañado de  su esposa Yelitze y su hijo Luis César de un año y medio, en  el estado de Zulia, Venezuela.

Así lo denunciaron sus representantes: la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el abogado Carlos Ayala y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en una audiencia pública celebrada hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sede en Costa Rica.

En la audiencia se expuso además la situación de vulnerabilidad en la que trabajan los defensores de derechos humanos en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. El estado de Zulia es conocido por economías ilegales, pugnas de campesinos e indígenas y una alta presencia de refugiados colombianos, afirmó el perito Michael Reed. “El análisis de contexto es un telón de fondo que no se puede obviar en ninguna investigación” resaltó Reed.

En su testimonio ante la Corte, Yelitze Moreno denunció la total impunidad en la que quedó el caso del asesinato de su esposo: “No hemos obtenido ninguna respuesta por parte de las autoridades. En una de las visitas que hicimos en la fiscalía nos enteramos que el expediente había sido archivado, y nos enteramos así, verbalmente”.

En los alegatos finales, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, denunció que Venezuela no adoptó medidas de protección adecuadas en estas circunstancias: «Cuando la situación de riesgo es notoria, el Estado está llamado a proteger a quien está en riesgo, sobre todo si se trata de defensores de derechos humanos. El Estado», añadió Krsticevic «no aplicó ninguna de las siguientes medidas que pudieron prevenir esta tragedia, medidas como la evaluación de la situación de riesgo de estos grupos vulnerables, la adopción de políticas públicas en patrones sistemáticos de violencia, mecanismos nacionales de protección de defensores de derechos humanos, medidas de sensibilización sobre el trabajo y labor de los defensores”.

Los representantes solicitaron además una investigación diligente de los hechos para determinar a los responsables. El llamado encontró un eco en las palabras de la esposa de Joe Castillo quien, refiriéndose a su hijo dijo: “Preguntaba por qué a su papá lo habían asesinado, una respuesta que todavía no le podemos dar porque no lo sabemos”.

Los representantes de las víctimas solicitaron que la Corte Interamericana establezca estándares para la adopción de políticas públicas que protejan la labor de los/las defensores/as de derechos humanos en Venezuela para que sirvan de guía en el resto del continente.

Se espera que la Corte emita una sentencia en el verano del 2012.

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Parte 1

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