Amnistía en Nicaragua violaría el derecho internacional

17-11-05

San José, Costa Rica, 17 de noviembre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su preocupación ante una posible ley de amnistía. El propósito de esta, según medios nicaragüenses, es beneficiar a ex funcionarios públicos acusados de corrupción, entre ellos, al ex presidente Arnoldo Alemán – quien ya fue condenado -.

Las leyes de amnistía en la historia latinoamericana han resultado en la promoción y vigencia de la impunidad ante la imposibilidad de juzgamiento y sanción de los responsables de delitos graves, y en la denegación del derecho a la verdad de los pueblos. Es por ello que los órganos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos se han pronunciado en su contra. Específicamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) deben “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal”. Este Tribunal también ha declarado “que las leyes de amnistía (…) son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, carecen de efectos jurídicos.”

Para organizaciones de derechos humanos como CEJIL, la sola posibilidad de discutir en sede legislativa una iniciativa facilitadora de la impunidad es una amenaza a la justicia, así como a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Nicaragua al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta última exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas por lo que es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad, y establece como mandato prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. Además, señala que la democracia como condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los países, exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.

Por lo tanto, CEJIL insta al Estado nicaragüense y a las fuerzas políticas de este país a cumplir y respetar los compromisos internacionales que ha asumido Nicaragua. A la vez, exhorta a la Asamblea Nacional a abstenerse de impulsar iniciativas legislativas favorecedoras de la impunidad, por ser contrarias al derecho internacional y al derecho a la justicia y a la verdad que tienen los pueblos.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. CEJIL litigó el caso YATAMA ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.