Litigio en el Sistema Interamericano

Washington, 3 de febrero de 2012. - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) valora la importante decisión adoptada el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, por la que ratifica la condena de 30 años impuesta en junio de 2010 contra el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por su responsabilidad en la desaparición forzada de personas ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas, el 7 de noviembre de 1985. Plazas Vega es la primera persona procesada por estos hechos cuya condena ha sido confirmada en segunda instancia.
 
Según la nueva decisión, fundamentada en casi 1.000 folios, el Coronel (r) es responsable como “autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”. Por ello, el Tribunal decidió mantener la pena de 30 años de cárcel impuesta en primera instancia.
 
De manera adicional, siguiendo los estándares de derecho internacional, y en especial de la Corte Interamericana, la sentencia reconoce una serie de reparaciones, entre las cuales figuran, entre otras, la publicación de la sentencia en la web del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional como garantía de no repetición; y la celebración por parte del Ejército de un acto de reconocimiento público para pedir perdón por los actos que llevaron a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda.
 
Según Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, la ratificación de la condena a Plazas Vega constituye “un nuevo paso para combatir la impunidad que ha rodeado este caso por más de un cuarto de siglo, y un aporte del Poder Judicial al afianzamiento del Estado de derecho en Colombia”. La confirmación de la sentencia avanza el llamado que hiciera en su momento la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, que en su informe de diciembre de 2009 recomendaba a las autoridades judiciales, realizar “todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y restaure la dignidad de las víctimas […] Esta verdad debe incluir la correcta valoración jurídica de los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean materiales o intelectuales”.
 
De manera inapropiada, el Presidente Juan Manuel Santos, al conocer la sentencia declaró que “el progreso de Colombia en estos últimos años, se debe, entre otras, al Ejército, y ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.
 
Consideramos que las citadas declaraciones del Presidente Santos son desafortunadas, por cuanto pueden suponer un irrespeto frente a decisiones emitidas por el Poder Judicial, contrario a las obligaciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Ello, en la medida en que las afirmaciones presidenciales podrían interpretarse como un cuestionamiento a la responsabilidad penal determinada ya por dos tribunales respecto al Coronel Plazas Vega, y a la obligación de cumplir con las medidas generales de reparación que son de la órbita del Ejecutivo y que fueron ordenadas por el Tribunal.
 
Igualmente, el respaldo acrítico al Ejército frente a una sentencia condenatoria podría entenderse como un aval a la impunidad frente a la responsabilidad de otras personas, incluidos otros miembros del Ejército, implicados en las violaciones a los derechos humanos.
 
Por ello, CEJIL hace un llamado al Presidente Santos, así como a otros altos funcionario-as del Estado colombiano, para que muestren su respeto incondicional al Estado de derecho, así como su compromiso frente a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en cuanto al acatamiento de los fallos judiciales, y al cumplimiento del consiguiente deber de “prestar a los funcionarios judiciales (…) los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias” (art. 201.1 de la Constitución), al igual que respecto a la investigación y sanción de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
 
CEJIL es representante de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la retoma del Palacio de Justicia, junto con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ante el proceso que se sigue frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011– Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior  es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

La audiencia permitió que la Corte Interamericana revise el record procesal del caso, el cual evidencia que fue el propio Estado colombiano, quien ante el Tribunal, reconoció como víctimas a las 21 personas nombradas a raíz de la sentencia de 2005, algunas de las cuales ahora cuestiona. También fue posible visibilizar la negligencia del Estado colombiano en la individualización de las víctimas de la masacre, así como en la falta de establecimiento del número de asesinados y desaparecidos.

En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas de la masacre de Mapiripán, en tanto un informe del CTI de la Fiscalía de abril de este año, nomina a 77 personas como posibles víctimas de la masacre.  Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones del Ejecutivo colombiano que sin negar la existencia de la masacre, pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas, como se ha anunciado recientemente a los medios de comunicación por  parte del Ministro de Justicia.

En la audiencia ante la Corte, los representantes de las víctimas pudieron conocer parte de la información anunciada por el Estado ante los medios de comunicación, en tanto pese a los anuncios públicos, no se clarificaron los términos de la solicitud de revisión de sentencia que sería presentada.  Después de 14 años y 4 meses de la comisión de la Masacre de Mapiripán y 6 años después de la sentencia de la Corte, el Estado colombiano solicitó tres meses adicionales para presentar las pruebas que sustentarían su solicitud.

Saludamos que el Estado colombiano utilice los canales adecuados de debate, que es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, y no las vías de hecho, en las que se ha ventilado de manera inapropiada este proceso, presentando información imprecisa y en algunos casos falsa, tendiente a  deslegitimar a las víctimas, desacreditar la labor de sus Representantes y cuestionar la legitimidad de los órganos interamericanos.

Será el Tribunal Interamericano,  de manera autónoma, y después del debate jurídico correspondiente,  quien emitirá la    solución adecuada qué  proteja la verdad material del caso, a las víctimas de la Masacre de Mapiripán y a la sentencia definitiva e inapelable, cuyo contenido como tal, no ha  sido cuestionado.

Washington DC y Buenos Aires, 20 de mayo de 2011.- El 24 de marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por haber operado como un obstáculo a la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar, en la sentencia del caso Gelman v. Uruguay.
 
El resultado de la votación parlamentaria de hoy, por la cual no se alcanzó el número de votos necesarios para dejar sin efecto la Ley de Caducidad frustró lo que hubiera constituido un paso decisivo hacia el efectivo cumplimiento de la Sentencia.
 

El proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad que dejaba sin efecto la mayoría de sus disposiciones no pudo ser aprobado hoy en la Cámara de Diputados ya que la mayoría parlamentaria del partido de gobierno no contó con los votos necesarios después que el Poder Ejecutivo diera mensajes que sembraban dudas sobre los efectos de una votación  a favor de la ley. Los demás partidos votaron en contra.
 
CEJIL lamenta profundamente que los mensajes del Presidente de la República hayan sido contradictorios en materia de lucha contra la impunidad frente a autores de crímenes contra la humanidad tan aberrantes como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato y la sustracción de identidad.
 
Ariela Peralta, Sub Directora de CEJIL, advirtió sobre el peligro que existe si no se actúa  a tiempo y se asume una política decidida para remover los obstáculos existentes y asegurar verdad y justicia a las víctimas. De acuerdo a una interpretación errónea prevalente de la legislación existente a nivel interno, los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) podrían prescribir  para noviembre de este año. Concluyó: “esta interpretación a nivel nacional contraria a las disposiciones internacionales en la materia podría consolidar la impunidad”.
 
Asimismo CEJIL recuerda que son los Estados los que en uso de su soberanía deciden libremente asumir distintos tipos de obligaciones, las cuales se comprometen a cumplir con el derecho internacional. Fue en uso de tales poderes soberanos que el 19 de abril de 1985 Uruguay aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dirimió la contienda sobre el alcance de los pronunciamientos populares en materia de derechos humanos. La Corte estableció que la protección a los derechos humanos está por encima del resultado de cualquier votación ciudadana, como ya lo había sostenido la Suprema Corte de Justicia uruguaya en noviembre de 2009 en sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso Sabalsagaray.
 
Según Liliana Tojo, Directora del Programa de CEJIL para Bolivia y el Cono Sur: “La Corte Interamericana ha sido clara al determinar que no es posible esgrimir ningún eximente de responsabilidad –ni amnistías,  ni prescripción- frente a delitos de lesa humanidad; Uruguay deberá reaccionar rápidamente para avanzar hacia la justicia y evitar que la impunidad siga siendo la respuesta”.
 
Aun hay caminos abiertos y mecanismos posibles. Todos los poderes del Estado -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- tienen un rol clave y están obligados a  dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana. Le compete al Poder Ejecutivo asegurar una política firme sin vacilaciones ni discursos erráticos para otorgar a las víctimas los derechos que les corresponden. El Poder Judicial debe ejercer todas las competencias posibles que permitan dejar sin efecto todos los obstáculos existentes.
 
 
 

Contacto en Washington Ariela Peralta
Subdirectora de CEJIL
Tel: (1) 202 538 2240
Aperalta@cejil.org

Contacto en Buenos Aires
Liliana Tojo
Directora de CEJIL – Programa Cono Sur
(54-9-11) 3340.9795
Ltojo@cejil.org
 
 

San José, 14 de febrero de 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La decisión de la CC se basa en un amparo cuyo contenido no fue conocido por la Sra. Jennifer Harbury –viuda de Efraín Bámaca- y sus representantes legales, desafiando la resolución de la Corte IDH sobre la importancia de dar participación a las víctimas en los procesos internos. Precisamente el 18 de enero pasado, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió una sentencia en la que se acata la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH dictada el 18 de noviembre de 2010. Dicha decisión resolvió anular el sobreseimiento dictado en 1999 a favor de varios de los presuntos responsables de los hechos del caso y ordenó el inicio de un nuevo proceso en el que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a los responsables. El fallo de la Cámara Penal es congruente con la jurisprudencia constante de la Corte IDH y constituía un importante paso para reconducir el proceso interno, lo cual ha sido revertido con la decisión de la CC que suspende nuevamente el proceso.

Hasta el momento, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de derechos humanos en catorce casos, convirtiéndose éste en el segundo con más condenas en el continente, después de Perú. La Corte IDH, al igual que otros órganos internacionales, ha destacado el grave problema de impunidad imperante en el país y entre otros aspectos, ha ordenado distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas, así como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modificaciones necesarias para adecuar el derecho interno a las normas de la Convención Americana. Dado el incumplimiento de tales resoluciones, CEJIL ha solicitado a la Corte Interamericana la concesión excepcional de una audiencia conjunta de supervisión de sentencias para debatir exclusivamente el avance en la justicia de los casos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL señaló que “el mensaje que ha dado la Corte de Constitucionalidad a los miembros del Poder Judicial guatemalteco es sumamente preocupante. La CC no puede ni debe avalar la impunidad. Sus integrantes deben rendir cuentas a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional sobre la forma en la que administran justicia en un país que necesita desesperadamente que sus instituciones cumplan con el mandato que les ha sido conferido. En este sentido consideramos fundamental que la CC revierta su posición, permitiendo una investigación diligente en casos de graves violaciones de derechos humanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.

CEJIL hace un llamado a los integrantes del poder judicial de Guatemala para que no solo velen por el adecuado cumplimiento del ordenamiento guatemalteco, sino también por que las obligaciones internacionales en materia de la debida diligencia en la investigación de graves violaciones derechos humanos sean implementadas de manera efectiva, garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia.

En este sentido, CEJIL exhorta a los integrantes del poder judicial guatemalteco a que, en el marco del debido proceso, y en concordancia con lo determinado por la Corte IDH, adopte las medidas conducentes para remover cualquier práctica, norma o institución procesal que pueda afectar la investigación o sanción de graves violaciones a derechos humanos, resguardando de ese modo los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

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Celular: + (506) 8354 -1361

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www.cejil.org

Sentencias y resoluciones dictadas por la Corte IDH en el caso Bámaca Velásquez

Sentencia de fondo:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Sentencia de reparación

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de enero de 2009

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_10.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 18 de noviembre de 2010:

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/bamaca_18_11_10.pdf

Rio de Janeiro, San Pablo y Washington DC, 14 de diciembre de 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia histórica que fue notificada hoy, estableció la responsabilidad internacional de Brasil por la desaparición forzada, entre los años 1972 a 1974, de por lo menos 70 campesinos y militantes de la Guerrilla de Araguaia, durante la dictadura militar brasilera. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos, el pleno cumplimiento de esta sentencia es obligatorio y vinculante para el país.
 
Esta es la primera sentencia contra Brasil por crímenes cometidos durante la dictadura militar, que permite discutir la herencia autoritaria de la dictadura y contribuye para el establecimiento de una cultura del “Nunca Más” en el país.
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Mais de Rio de Janeiro (GTNM-RJ)  y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de San Pablo (CFMDP-SP) actúan, desde 1995, en representación de las víctimas y sus familiares en la causa internacional abierta ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
 
A lo largo del proceso probaron cabalmente la responsabilidad internacional de Brasil por la desaparición forzada de las víctimas, por la total impunidad en relación con estos crímenes y por la ausencia de procedimientos eficaces para el establecimiento de la verdad en el país. En este sentido, solicitaron diversas medidas de reparación, que incluían desde el concepto de reparación integral a las víctimas y sus familiares, hasta medidas más amplias, especialmente sobre el derecho a la verdad y la justicia, en relación con la sociedad brasilera en su totalidad. Los hechos, las violaciones y las reparaciones más destacadas que establece la sentencia son las siguientes:
 
La Corte Interamericana determinó que las víctimas del caso fueron desaparecidas por agentes del Estado. La Sentencia establece que Brasil violó el derecho a la justicia en lo que se relaciona con la obligación internacional de investigar, procesar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas en virtud de una interpretación que hizo prevalecer la Ley de Amnistía brasilera, lo que permitió la total impunidad de estos crímenes por más de 30 años.
 
La Corte determinó que ésta interpretación de la Ley de Amnistía, reafirmada recientemente por el Supremo Tribunal Federal, es contraria al derecho internacional. En palabras de la Corte: “Las (aquellas) disposiciones de la Ley de Amnistía brasilera que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana, carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de hechos como los del presente caso (Araguaia)”.
 
De este modo, la Corte requirió al Estado que remueva los obstáculos prácticos y jurídicos para la investigación de los crímenes, el esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabilidad de los involucrados. El Tribunal también reafirmó el alcance general de su decisión exigiendo que las disposiciones de la Ley de Amnistía, que impiden las investigaciones penales, no puedan representar un obstáculo respecto de otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.
 
En relación con la ausencia de información oficial, la Corte avanzó sustantivamente los estándares exigidos para la protección del derecho de acceso a la información, incluyendo el principio de la máxima divulgación y la necesidad de justificar cualquier negativa a prestar información. La Corte también afirmó que es esencial que Brasil adopte las medidas necesarias para adecuar su legislación sobre acceso a la información a lo establecido en la Convención Americana.
 
Finalmente, en lo que se refiere a la negativa del Estado, por más de 3 décadas, a garantizar el derecho a la verdad de los familiares de los desaparecidos, la Corte Interamericana determinó que, en virtud del sufrimiento que les ha causado, el Estado brasilero es responsable por su tortura psicológica y, entre otras cosas, determinó como medidas de reparación: la obligación de investigar los hechos, la obligación de realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, el desarrollo de iniciativas de búsqueda y la continuidad de la localización de los restos mortales de los desaparecidos y la sistematización y la publicación de toda la información sobre la Guerrilla de Araguaia y las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en Brasil.
 
Por tanto, la sentencia de la Corte IDH en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilla de Araguaia) es paradigmática porque permitirá la reconstrucción de la memoria histórica para las generaciones futuras, el conocimiento de la verdad y, principalmente, la construcción, en el ámbito de la justicia, de nuevos parámetros y prácticas democráticas.
 
Según Vitória Grabois, familiar y vice-presidenta del Grupo Tortura Nunca Mais/RJ: “La falta de información por más de 30 años causó a los familiares de los guerrilleros de Araguaia, angustia, sufrimiento y desconfianza en las instituciones brasileras. La sentencia de la Corte renueva nuestra esperanza en la justicia”.
 
En palabras de Beatriz Affonso, Directora del Programa de CEJIL para Brasil: “Esperamos que la administración de Dilma Roussef demuestre que los gobiernos democráticos no pueden cerrar los ojos a los crímenes del pasado y que están dispuestos a empeñarse en saldar la deuda histórica del país. El Poder Judicial, que es parte del Estado brasilero, debe cumplir la decisión promoviendo la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. Toda la ciudadanía brasilera debe tener la certeza de que hoy, en democracia, a todos les llega la justicia; inclusive a aquellos agentes públicos y privados, civiles y militares involucrados en nombre de la represión en crímenes contra los ciudadanos”.
 
Según Crimeia Schmidt de Almeida, familiar y Presidenta de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos de San Pablo: “Esta sentencia puede significar un paso importante en la verdadera redemocratización del país, eliminando la herencia de la dictadura que todavía persiste en las prácticas de los agentes públicos. Como familiar espero que pueda significar un punto final a tantas incertidumbres que hace casi 40 años marcan con angustia nuestras vidas”.
 
En ese sentido, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL dijo: “América Latina ha avanzado significativamente en la resolución de los crímenes contra la humanidad cometidos por gobiernos dictatoriales. Brasil, sin embargo, todavía está en deuda con los familiares y la sociedad en el establecimiento de la verdad y la justicia relacionada con este tópico. Esta sentencia representa una oportunidad única para que Brasil demuestre que es capaz de ejercer un liderazgo tanto en el ámbito internacional como nacional en los temas de derechos humanos y democracia. Para eso, Brasil debe dejar sin efecto los aspectos de la ley de amnistía que impiden que se haga justicia frente a crímenes contra la humanidad”.
 
La sentencia está disponible en el site de la Corte Interamericana http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
 
Para más informaciones
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Beatriz Affonso: + 55 21 2533-1660 o 7843-7285
Viviana Krsticevic: + 1 202 3193000 o celular 1 202 6510706
Milli Legrain : + 1 202 319 3000
Grupo Tortura Nunca Mais  de Rio de Janeiro: + 55 21 22868762 o 21 81035657
Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de San Pablo: + 55 11 3101-5549