Fortalecimiento del Sistema Interamericano

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.

Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que

significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.

Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.

Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:

1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;

2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;

3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y

4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.

Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.

30 de mayo de 2011

Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras

Asociación LGBT Arco Iris - Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras

Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras

Diakonia - Suecia

Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras

Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras

Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras

Solidaridad Mundial - Bélgica

Red Lésbica Cattrachas - Honduras

Rights Action

Enlaces relacionados:

Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Disponible en:

http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:acuerdo-en-cartagena-de-de-indias&catid=39:presidente&Itemid=92

Carta conjunta a los Embajadores de la OEA sobre el reintegro de Honduras éste órgano. Disponible en:

http://cejil.org/comunicados/preocupaciones-respecto-a-una-eventual-reincorporacion-de-honduras-a-la-oea

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Golpe de Estado en Honduras: Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Disponible en: http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf

 

Washington, D.C, 2 de marzo de 2011 – Ayer, entró en vigor el Reglamento de la Comisión Interamericana sobre el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  La noticia fue anunciada por  la CIDH en un comunicado reproducido a continuación.
 
El Fondo cubrirá gastos para el procesamiento de una petición o caso ante la Comisión, lo cual incluye la comparecencia de víctimas, testigos o peritos a audiencias ante la CIDH. Su creación es fundamental para asegurar la representación de todas las víctimas ante el Sistema Interamericano, sin discriminación por razones económicas.
 
CEJIL estima que el costo de litigar un caso relativamente sencillo ante el Sistema Interamericano asciende a unos US$55.000, sin contar honorarios profesionales de ningún tipo. Además, se calcula que llevar un caso ante la CIDH y la Corte Interamericana toma un promedio de más de nueve años.  Así, en la práctica, las víctimas más vulnerables se quedan excluidas de la protección del Sistema Interamericano.
 
Desde el año 2006, CEJIL propuso la creación del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y publicó un documento de coyuntura en el que argumentó la imperiosa necesidad de establecerlo. En junio de 2008 la Asamblea General de la OEA aprobó su creación y en noviembre de 2009 el Consejo Permanente de la OEA aprobó el reglamento para su funcionamiento.
 
El Fondo dispondrá de dos cuentas separadas, una para la Comisión Interamericana y otra para la Corte Interamericana. Este último ya entró en funcionamiento en junio de 2010. A nivel de la Comisión, el Consejo Directivo del Fondo de Asistencia Legal integrado por un representante de la CIDH y otro de la Secretaría General de la OEA, decidirá si se concede o no la asistencia solicitada. Está previsto que el Fondo se nutra con aportes de capital voluntarios. Su  implementación depende actualmente de su financiamiento.
 

• Reglamento de la CIDH sobre el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano
• Comunicado de la CIDH

 
 
Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de comunicación
CEJIL
Tel 202 319 3000
mlegrain@cejil.org
 
 

Washington D.C., 11 de noviembre de 2009

Las víctimas de violaciones a derechos humanos en el continente americano cuentan desde el 11 de noviembre con un fondo para costear los gastos de un proceso legal ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un proyecto impulsado por CEJIL durante años.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó el reglamento para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Fondo tiene como objetivo facilitar el acceso al Sistema Interamericano a víctimas de violaciones a derechos humanos que actualmente no tienen los recursos necesarios para presentar y tramitar su caso.

La aprobación del Reglamento era una condición básica para el funcionamiento del Fondo, cuya creación había sido aprobada desde el 3 de junio de 2008 por la Asamblea General de la OEA.

“La decisión que tomó hoy el Consejo Permanente de la OEA es un avance fundamental para enfrentar el problema de acceso a la justicia en el continente y superar la grave contradicción que existe entre un mayor protagonismo de las víctimas en el litigio ante la Comisión y la Corte, y la falta de medios con que cuentan para sufragar el costo de un proceso”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

La creación y operatividad del Fondo de Asistencia Legal ha sido un tema prioritario para CEJIL, desde el año 2006, cuando publicó un documento de coyuntura en el que señaló la necesidad y urgencia de establecerlo. CEJIL calculó que el costo de litigar un caso relativamente simple ante el Sistema Interamericano ascendía a más de US$55.000 sin tomar en cuenta honorario profesional alguno.

En los últimos años, CEJIL siguió impulsando la creación y reglamentación del Fondo, junto con organizaciones de derechos humanos del continente, los Estados, la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). CEJIL destaca el papel que jugó el Estado colombiano, que promovió tanto la resolución de la Asamblea General de 2008 como al reglamento aprobado hoy.

El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Luis Alfonso Hoyos, comentó que un Estado nórdico ya ofreció un aporte al fondo de $3 millones, que no había podido concretarse debido a la falta de reglamentación del Fondo.

El Reglamento establece que el Fondo se nutrirá con aportes de capital voluntarios de Estados miembros de la OEA, observadores permanentes y de otros Estados y donantes que deseen colaborar.

La votación unánime a favor del Reglamento ocurrió al final de una sesión especial del Consejo Permanente de la OEA para celebrar el 50 aniversario de la CIDH, el 40 aniversario de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 30 aniversario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo, en un mensaje al Consejo Permanente, la subdirectora ejecutiva de CEJIL, Ariela Peralta, lamentó que la OEA cancelara a última hora la invitación cursada a dos víctimas, Lucrecia Molina y Gisela Ortiz, para estar presentes en las actividades conmemorativas.

“Haberlas escuchado habría inspirado aún con mayor fuerza el compromiso que tenemos para una mayor protección de las víctimas”, enfatizó Ariela Peralta.

• Reglamento de la Corte Interamericana sobre el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, aprobado el 4 de febrero de 2010 y que entrará en vigor el 1° de junio de 2010.

Contacto de prensa:

Mauricio Herrera.

Director de Comunicación.

(202) 319-3000 (202) 445-4676.

mherrera@cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.