Violencia policial

Washington D.C, 22 de diciembre de 2011. – El 19 de diciembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer la sentencia sobre el caso de la Familia Barrios v. Venezuela. La Corte encuentra a Venezuela internacionalmente responsable por la violación del derecho a la vida de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios, al ser asesinados por agentes de la policía del Estado de Aragua en los años 1998, 2003 y 2005 respectivamente. Rigoberto Barrios tenía 16 años al momento de su muerte por lo cual la Corte encontró que Venezuela violó además el deber especial de protección, por su condición de menor de edad.
 
En los siguientes años, Luis Alberto (2004), Oscar (2009), Wilmer (2010) y Juan José Barrios (2011), también fueron asesinados en circunstancias similares. En estos últimos casos el Tribunal determinó que Venezuela tenía conocimiento del riesgo que corrían sus vidas, ya que contaban con medidas de protección a nivel nacional e internacional, y el Estado no realizó acciones suficientes y efectivas para prevenir los atentados que resultaron en sus muertes, incumpliendo el deber estatal de protección.
 
Todos estos hechos continúan en la más absoluta impunidad en el Estado Aragua desde hace más de una década, lo que llevó al Tribunal a determinar que no se investigaron “seria y diligentemente los hechos del caso”.
 
La sentencia fue notificada al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), al Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC) y a la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua), organizaciones representantes de la familia Barrios ante el Sistema Interamericano.
 
Liliana Ortega, de COFAVIC señaló que “esta sentencia puede significar un primer paso para la reparación de la víctimas y una hoja de ruta que debería seguir el Estado Venezolano para evitar que este tipo de crímenes se repitan en el país y también, su acatamiento sería una señal muy contundente de que el Estado venezolano no es tolerante con este tipo de crímenes y con la impunidad que ha prevalecido en el caso”. Asimismo, declaró Liliana Ortega “instamos al Estado venezolano a ofrecer la debida protección a los miembros de la familia Barrios que aún permanecen en grave riesgo”.
 
Por su parte Luis Aguilera, de la Comisión de Justicia y Paz de Aragua consideró que “los hechos del presente caso no pueden analizarse de manera aislada, tal y como quedó evidenciado en la sentencia del Tribunal interamericano. Las ejecuciones tienen características comunes, no se demostró en ningún momento un enfrentamiento con los policías involucrados y los cuerpos presentaban varios disparos por armas de fuego. La Corte reconoció que los actos contra la familia Barrios tenían relación con su búsqueda de justicia, las víctimas eran en su mayoría testigos en las muertes previas de sus familiares.”
 
El Tribunal llevó a cabo un detallado análisis de los hostigamientos que sufrió la familia Barrios en esta última década, evidenciando así los allanamientos ilegales en su residencia, el desplazamiento que debieron enfrentar en búsqueda de mayor seguridad y los daños que estos hechos ocasionaron a los miembros de la familia Barrios.
 
Ariela Peralta, Sub Directora Ejecutiva de CEJIL afirmó que “esta sentencia reafirma que la justicia es una medida necesaria para quebrar el círculo de violencia e impunidad que ejemplifica el caso Barrios."
 
En su sentencia, la Corte Interamericana determinó una serie de reparaciones que deberán ser cumplidas por el Estado, entre las que ordenó no solamente llevar a cabo la debida investigación de los hechos y sancionar a los responsables, sino también examinar, de acuerdo con la normativa disciplinaria pertinente, las eventuales irregularidades procesales e investigativas, y en su caso, sancionar la conducta de los servidores públicos correspondientes.
 
 
Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación - CEJIL
mlegrain@cejil.org
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San José, Costa Rica, 21 de noviembre de 2011.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, el cual trata sobre la violencia sexual a la que fueron sometidas decenas de mujeres el 3 y 4 de mayo de 2006 por parte de la policía. La notificación fue recibida el pasado viernes, 18 de noviembre, por las organizaciones representantes de once de las víctimas que presentaron el caso ante la CIDH: el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El caso –presentado a la CIDH el 28 de abril de 2008– involucra detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, violaciones perpetradas por policías estatales y federales durante la represión violenta de una protesta social ocurrida en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, ubicados en el Estado de México. Asimismo, las víctimas han denunciado la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades, pues estos hechos continúan en la impunidad.

La CIDH admitió el caso ante la posibilidad de violación de los derechos a la integridad personal (incluyendo el derecho a no ser sometida a torturas), libertad y seguridad personales, garantías judiciales, protección judicial, protección de la honra y de la dignidad, e igualdad ante la ley. También, la CIDH reiteró su competencia para considerar la presunta violación de la obligación del Estado de prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, relacionada con la Convención de “Belém do Pará”.

A partir de la notificación del informe de admisibilidad, las organizaciones peticionarias tienen tres meses para presentar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidas al Estado mexicano para que, en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en este caso.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquellos han sido vulnerados por agentes del Estado”. Krsticevic recordó que en agosto de 2010, el Estado mexicano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las agresiones sexuales y torturas perpetradas por soldados mexicanos contra dos mujeres indígenas en el estado de Guerrero (casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo), y ya antes había sido condenado en términos similares por la CIDH por la violencia sufrida en contra de mujeres indígenas en Chiapas por parte de miembros del Ejército (caso hermanas González Pérez).

CEJIL confía en que la justicia internacional en este caso servirá para reparar a las víctimas por las violaciones de derechos humanos causadas, para investigar diligentemente otros actos de violencia sexual y tortura, así como para que se adopten medidas eficaces de prevención de la violencia contra las mujeres y su investigación efectiva. Asimismo, un pronunciamiento de la CIDH en este caso serviría para que se adopten medidas eficaces de prevención del uso arbitrario y desmedido de la fuerza por parte de fuerzas de seguridad.

Washington D. C., 25 de octubre del 2011- El Estado de Nicaragua continúa violando los derechos civiles y políticos de los y las nicaragüenses en el contexto del actual proceso electoral. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron esta situación ayer, lunes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia privada en el marco del 143^er periodo de sesiones de la CIDH.

El próximo 6 de noviembre se celebrarán elecciones en Nicaragua para elegir los cargos de Presidente de la República, vicepresidente, 90 diputados a la Asamblea Nacional (con sus respetivos suplentes) y al 20 Parlamento Centroamericano. Sin embargo, continúan las irregularidades y arbitrariedades por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE), y persisten las restricciones ilegítimas a la libertad de expresión.

En la audiencia, los comisionados de la CIDH observaron un video que registra numerosos hechos de violencia vinculados al proceso electoral. Esos sucesos, ocurridos durante manifestaciones ciudadanas, suman casi una decena solo entre julio y octubre, y en ellos se empieza a ver una participación cada vez mayor de la policía e incluso del ejército.

CENIDH y CEJIL reiteraron su preocupación a la Comisión por la falta de independencia e imparcialidad que caracteriza a varios órganos estatales, principalmente, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Corte Suprema de Justicia.

El CSE ha propiciado y tolerado prácticas que atentan contra la transparencia de las elecciones. Por ejemplo, ha permitido que el partido gobernante Frente Sandinista use fondos estatales y edificios públicos para hacer proselitismo político. Además continúa la entrega discriminatoria de cédulas de identidad para favorecer a los partidarios del Frente Sandinista.

Aunado a ello, la falta de un escrutinio del padrón electoral por parte del CSE siembra dudas sobre su actualidad. Recientes investigaciones han revelado que 750.000 nombres de personas muertas continúan dentro del patrón, entre casi cuatro millones de votantes que componen actualmente ese registro. Esta misma institución emitió un reglamento en agosto pasado que restringe la participación de observadores nacionales y extranjeros durante los comicios.

Por otra parte, las organizaciones peticionarias denunciaron la exclusión arbitraria de cuatro candidatos y candidatas a diputados por parte del CSE.

CENIDH y CEJIL instaron a la Comisión Interamericana para que exprese públicamente su preocupación por la situación en Nicaragua y reitere su solicitud de realizar una visita al país. Asimismo, se exhortó a la CIDH para que requiera información al Estado sobre las irregularidades denunciadas y solicite a las autoridades nicaragüenses investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los actos de violencia.

Rio de Janeiro y Washington, 12 de agosto de 2011. CEJIL denuncia con indignación el asesinato de la Jueza Penal, Patrícia Acioli, que tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2011 en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Recibió varios disparos, mientras llegaba en coche a su casa. La jueza Patrícia Acioli era la única magistrada responsable de los procesos penales y juzgamiento de homicidios en el Município de São Gonçalo.

La magistrada llevaba tiempo trabajando en la lucha contra grupos de exterminio y milicias formados por policías y había sido víctima de varias amenazas contra su vida a lo largo de los últimos años, debido a su trabajo. La prensa brasilera informa que la jueza figuraba en una lista de personas marcadas para morir.

A pesar de esto, en el momento de su asesinato, la jueza no contaba con la protección del Estado. El Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro informó que por motivos presupuestarios, había reducido la escolta policial de la jueza. Sus familiares declararon a la prensa que, recientemente, había solicitado protección policial al Tribunal de Justicia.

Hechos como el asesinato de Patrícia Acioli ponen en riesgo el derecho de acceso a la justicia, la protección y garantías judiciales de toda la sociedad brasileña, así como la independencia y la garantía de actuación de los miembros del Poder Judicial, debilitando el Estado democrático de Derecho.

CEJIL urge  a las autoridades brasileras  que identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables por el asesinato de Patrícia Acioli, por medio de una investigación idónea y efectiva, que considere la gravedad de los hechos anteriores a su ejecución, especialmente las amenazas que sufrió la víctima, a raíz de las numerosas condenas a prisión de policías, decretadas en el ejercicio de su función.

Finalmente,  CEJIL hace un llamado al Estado brasilero para que garantice una protección adecuada a todos los jueces víctimas de amenazas y atentados a su integridad personal debido a su labor, especialmente los que darán continuidad a los procesos e investigaciones criminales que estaban bajo la responsabilidad de la magistrada Acioli.