Participación de la sociedad civil

Condena la Corte IDH al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

Caso de ecologistas

San José, Costa Rica, 20 de diciembre del 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Ellos son campesinos ecologistas del estado de Guerrero quienes fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental.

Lun, 20/12/2010

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas del estado de Guerrero por hechos ocurridos en 1999. En la sentencia se ordena al Estado que ejecute, en los plazos establecidos por la Corte, las medidas adecuadas para reparar el daño y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

 

El Estado mexicano debe acatar en su totalidad lo ordenado por la Corte IDH porque la resolución de ésta tiene un carácter vinculante y es inapelable. Deben darse desde ahora los pasos necesarios y tomar las acciones orientadas para cumplir, sin atenuarlas, las medidas concretas señaladas en la sentencia. De estas medidas resaltamos las siguientes: investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Teodoro Cabrera y Rodolfo Montel, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, fortalecer el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos a las personas detenidas y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos  humanos.  Sobre este último, la Corte puntualizó que dicha “conclusión se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”, Así, es claro que la iniciativa presentada por el Presidente Calderón el pasado 18 de octubre en la materia no basta para cumplir con las órdenes de la Corte IDH.

 

En cuanto al sistema penal mexicano, considera, entre otras cosas, que “los tribunales que llevaron a cabo el proceso penal en contra de los señores Cabrera y Montiel en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las confesiones rendidas por éstos, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias”. Cuestión que resulta especialmente relevante en el actual contexto mexicano de confesiones coaccionadas por parte del Ministerio Público, y aceptadas por la autoridad judicial como prueba principal en los juicios penales. Por lo tanto, el Estado mexicano debe adecuar su prácticas actuales y hacerlas compatibles con los más altos estándares de derechos humanos.

 

Los defensores de los bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental. El 7 de noviembre de 2001, el Presidente de las República ordenó su liberación por razones humanitarias pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. En los días previos, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura ni el acceso a la justicia, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta admitió el caso en febrero de 2004 y, ante la reiterada falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano, lo sometió ante la Corte Interamericana el 24 de junio de 2009.

 

El 26 de agosto de 2010, Rodolfo Montiel rindió testimonio, ante la Corte IDH, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra él y su compañero Teodoro Cabrera. Durante su intervención solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas y revertir los abusos militares.

 

A más de diez años de las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército y por funcionarios de los sistemas de procuración y administración de justicia contra Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, las autoridades de los tres poderes de la unión de los distintos órdenes de gobierno están ante la posibilidad de poner un alto a la injusticia que hasta ahora afecta a los campesinos ecologistas y a su familia. El cumplimiento cabal de la sentencia, de manera efectiva y de buena fe, es indispensable como muestra inequívoca del compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

 

El Centro Prodh y CEJIL, organizaciones representantes de los campesinos ecologistas y sus familias, exigimos a las autoridades mexicanas el cumplimiento íntegro de la sentencia. Este fallo es el tercero emitido por la Corte IDH durante 2010 en contra de México por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero.

 

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana evalúa incumplimiento de sentencia de Nicaragua

Caso YATAMA

El progreso del Estado de Nicaragua en el cumplimiento del fallo por el caso YATAMA, referido a derechos polìticos indìgenas, ha sido escaso, según representantes de las víctimas y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una sesión de supervisión de cumplimiento de sentencia, este 26 de mayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mié, 26/05/2010

San Jose, Costa Rica, 26 de mayo de 2010

El día de hoy, 26 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una audiencia privada para dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia en el caso YATAMA por parte del Estado de Nicaragua. En dicha audiencia participaron los representantes de las víctimas YATAMA, CEJIL y CENIDH, así como representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Estado nicaragüense.

En la sentencia del 23 de junio del año 2005, la Corte Interamericana ordenó al Estado de Nicaragua adoptar medidas para garantizar la no repetición de las violaciones a los derechos políticos de los pueblos indígenas, entre estas se ordenó al Estado la publicación de la sentencia en los idiomas originarios de las comunidades indígenas nicaragüenses, el pago de una indemnización por daño moral y material, así como la realización de reformas al sistema electoral vigente de tal forma que se eliminen las barreras que limitan la participación política de los pueblos indígenas. Ninguno de estos aspectos ha sido cumplido.

En la audiencia, el Estado de Nicaragua externó la voluntad de cumplir con la sentencia de la Corte aunque no presentó ninguna información concreta para demostrar esta voluntad.

Los representantes de las víctimas y la representante de la Comisión Interamericana fueron enfáticos en señalar que 5 años después de emitida la sentencia los avances son escasos y exigieron al Estado nicaragüense acciones concretas para cumplir con la totalidad de la resolución.

YATAMA, CEJIL y CENIDH denunciaron ante la Corte la vigencia y aplicación de normas de la Ley Electoral No. 331 que fueron señaladas por la Corte Interamericana como contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a la vez señalaron los efectos nocivos que genera el incumplimiento de la sentencia en el ejercicio pleno de los derechos políticos de los y las nicaragüenses, así como la afectación a la democracia y al Estado de Derecho.

Por su parte, la Corte Interamericana informó que, como es su práctica en estos casos, próximamente, emitirá una resolución sobre la supervisión del cumplimiento de la sentencia de YATAMA y retomó el ofrecimiento del Estado de Nicaragua sobre la presentación de un cronograma de actividades que refleje las acciones que se realizarán para cumplir con la sentencia.

CEJIL participó ante la Corte Interamericana en audiencias relacionadas con cinco Estados

Brasil, Colombia, México, Nicaragua y Panamá

En el pasado periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica,  CEJIL participó en casos contra México, Nicaragua  Panamá, Brasil y Colombia que juzgan asuntos relacionados con la aplicación indebida de la jurisdicción militar, violencia contra la mujer, derechos políticos de pueblos indígenas, desapariciones forzadas y masacres.

Mar, 25/05/2010

San José, 25 de mayo de 2010

En el pasado periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica,  CEJIL participó en casos contra México, Nicaragua  Panamá, Brasil y Colombia que juzgan asuntos relacionados con la aplicación indebida de la jurisdicción militar, violencia contra la mujer, derechos políticos de pueblos indígenas, desapariciones forzadas y masacres.

El 27 de mayo la Corte efectuó la audiencia pública del caso de Valentina Rosendo contra México, que se refieró a las agresiones sexuales y tortura de una mujer indígena mexicana perpetrada por soldados mexicanos en febrero de 2002. En la audiencia se tratará la responsabilidad estatal por la violencia ejercida contra la víctima -la cual constituye una forma de discriminación y tortura- la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y el uso de la jurisdicción militar para conocer violaciones de los derechos humanos.

CEJIL litigó este caso junto con la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa  (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2003. Ante el incumplimiento del Estado de las recomendaciones del Informe final, emitido en marzo de 2009, en agosto de ese año la CIDH sometió este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el  26 de mayo la Corte Interamericana analizó en audiencia privada el cumplimiento del fallo en el caso de Heliodoro Portugal contra Panamá. La sentencia se refiere a la desaparición y ejecución de un dirigente popular en 1970 a manos de agentes del Estado, cuando Panamá se encontraba gobernada por un régimen militar.

En una sentencia del 12 de agosto de 2008, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado panameño en el crimen. A raíz de esa decisión, la justicia panameña llamó a juicio a ocho exmilitares, entre los que se encuentra el ex general Manuel Antonio Noriega. A cuarenta años de su desaparición, ninguna persona (actor material o intelectual) ha sido sancionada penalmente por el crimen.

Panamá aún debe cumplir aspectos importantes de la sentencia, como la obligación de brindar atención médica y psicológica a los familiares del Sr. Portugal. Tampoco ha incluido en su legislación penal los delitos de desaparición forzada ni de tortura, de acuerdo con los estándares fijados por la Corte.

El mismo 26 de mayo, la Corte Interamericana celebró una audiencia privada para supervisar el cumplimiento de la sentencia en el caso Yatama contra Nicaragua. Este caso se refiere a la exclusión que sufrieron los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por la organización indígena Yatama para participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 2000, en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur.

En la sentencia del 25 de junio de 2005, la Corte Interamericana condenó al Estado de Nicaragua, entre otros, por no contar con recursos judiciales adecuados para controvertir decisiones del órgano electoral. Por ello, ordenó a Nicaragua a hacer reformas legislativas para adecuar el Sistema Electoral a los estándares internacionales y eliminar los obstáculos que impidan a las organizaciones indígenas presentar candidatos para cargos de elección popular. El fallo de la Corte sigue sin ser ejecutado.

“Los tres casos que analizó la Corte Interamericana son muy diversos, pero también comparten un tema trascendental: la importancia de que el Poder Legislativo asuma la gran responsabilidad de adoptar legislación adecuada a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es tiempo de que los congresos de los distintos países rindan cuentas de cómo la legislación que adoptan o modifican, garantizar el respeto y protección de las personas”, declaró Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

En el pasado periodo de sesiones, CEJIL también participó en la audiencia pública por el caso Gomes Lund contra Brasil (guerrilla de Araguaia), el 20 y 21 de mayo, que trató acerca de la desaparición, tortura y ejecución de al menos 70 personas durante ataques de las Fuerzas Armadas brasileñas a un movimiento de resistencia a la dictadura militar, entre 1972 y 1975. Este es la primera ocasión en la que Brasil es juzgada por crímenes cometidos durante la dictadura (1964-1985).

CEJIL, junto con organizaciones colombianas, también tomó parte en una audiencia privada, el 19 de mayo, para revisar el cumplimiento de la medida de reparación sobre atención médica y psicológica en ocho sentencias contra el Estado de Colombia, relacionadas con masacres ocurridas en ese país.

Contacto de prensa: Mauricio Herrera.  Tel: (202) 445-46-76  mherrera@cejil.org www.cejil.org

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Reflexiones en torno a la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad en Honduras

Lun, 17/05/2010

CEJIL analiza el decreto que crea la Comisión de la Verdad en Honduras y expone los principales aspectos de esa iniciativa que contradicen los estándares internacionales en materia de justicia transicional y comisiones de la verdad.

CEJIL analiza el decreto que crea la Comisión de la Verdad en Honduras y expone los principales aspectos de esa iniciativa que contradicen los estándares internacionales en materia de justicia transicional y comisiones de la verdad.

Revista CEJIL Año IV, Nº 5 - Debates sobre los derechos humanos y el sistema interamericano

Revista CEJIL Año IV, Nº 5
Tipo de publicación: Revista CEJIL
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2009
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Condiciones en Hospital Neuropsiquiátrico de Paraguay continúan siendo preocupantes

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Mental Disability Rights International (MDRI) celebraron hoy una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado de Paraguay referida a las medidas cautelares (de protección) otorgadas en diciembre de 2003 a favor de los 460 pacientes internados en el Hospital Neuropsiquiátrico de Paraguay.

Mar, 26/10/2004

Washington, D.C. 26 de octubre de 2004

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Mental Disability Rights International (MDRI) celebraron hoy una reunión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado de Paraguay referida a las medidas cautelares (de protección) otorgadas en diciembre de 2003 a favor de los 460 pacientes internados en el Hospital Neuropsiquiátrico de Paraguay. La CIDH ordenó al Estado que tomara estas medidas tras conocer las condiciones deplorables, insalubres e infrahumanas en que se encontraban los pacientes del hospital. La CIDH consideró que las mismas representaban una grave amenaza a los derechos a la vida, a la integridad y a la seguridad de los 460 pacientes, algunos de los cuales eran niños que se encontraban recluidos en celdas de aislamiento desde hacia más de cuatro años. La decisión incluyó la adopción urgente de medidas destinadas a proteger la vida y la integridad física, mental y moral de los pacientes y asimismo la restricción del uso de celdas de aislamiento bajo las condiciones establecidas en los parámetros internacionales sobre la materia.

En la audiencia CEJIL y MDRI presentaron un video acerca de las condiciones actuales del Hospital Neuropsiquiátrico, el cual evidenció que la situación no ha cambiado sustancialmente desde que las medidas entraron en vigencia hace casi un año. Las organizaciones también aportaron estadísticas e información sobre el incumplimiento del Estado en la adopción de las medidas ordenadas por la CIDH. Si bien se reconoce que el Estado ha tomado algunas iniciativas importantes en relación con la situación de los niños en celdas de aislamiento y con la construcción de nuevos edificios y pabellones para los internados, las organizaciones expresaron en la reunión que no se han logrado cambiar las graves deficiencias sanitarias, como la falta de agua, jabón, colchones limpios y desinfectantes, ni de provisión de los servicios básicos de salud, medicamentos y personal capacitado. Además, siguen presentándose situaciones de hacinamiento. Estas condiciones continúan representando graves amenazas a los derechos a la vida, seguridad, integridad y salud de todos los pacientes del hospital.

CEJIL, MDRI y el gobierno paraguayo —con la intermediación del Relator de la CIDH para Paraguay—acordaron negociar un plan estatal para dar cumplimiento a las medidas cautelares, el cual debe ser plenamente consistente con los compromisos internacionales asumidos por Paraguay. Dicho plan debe contemplar, entre otros aspectos, estrategias concretas y definidas con plazos, acciones apropiadas y la asignación de los recursos que resulten indispensables para cumplir cabalmente con cada medida. Este plan será entregado a la Comisión para que ésta evalúe su compatibilidad con las medidas cautelares concedidas en este caso.

 

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Gobierno paraguayo firma acuerdo histórico sobre sistema de salud mental

Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) firmaron un acuerdo histórico con el gobierno paraguayo con el fin de acabar con la detención de cientos de personas en su hospital neuropsiquiatrico estatal.

Mar, 01/03/2005

Washington, D.C., 1 de marzo de 2005

Mental Disability Rights International (MDRI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) firmaron un acuerdo histórico con el gobierno paraguayo con el fin de acabar con la detención de cientos de personas en su hospital neuropsiquiatrico estatal. Este acuerdo fue presentado hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) y representa el primer acuerdo con un gobierno de América Latina tendiente a garantizar los derechos de pacientes a vivir y recibir servicios de salud mental en la comunidad. Como parte del acuerdo, el Estado paraguayo deberá formular un plan para reformar su sistema de salud mental. Dicha reforma deberá incluir el otorgamiento de servicios para el tratamiento de discapacidades mentales fuera del hospital estatal y requiere asimismo que el gobierno efectúe el traslado de los más de 400 pacientes actualmente detenidos en el hospital a sus comunidades.

“Potencialmente este acuerdo podría impactar las vidas de miles de personas diagnosticados con enfermedades mentales en toda América Latina” -dijo Alison A. Hillman, la abogada del caso y Directora de Iniciativa de Activismo en las Américas de MDRI- “representa un alcance histórico para el reconocimiento del derecho a la auto-determinación de personas con discapacidades mentales y a su derecho a vivir dignamente dentro de sus propias comunidades.”

En diciembre de 2003, MDRI y CEJIL presentaron una petición ante la CIDH en el cual documentaron los abusos extremos sufridos por los niños, niñas y adultos internados en el hospital estatal. La petición se enfocó en la situación de dos niños, Jorge y Julio, quienes habían estado encerrados dentro de celdas pequeñas y aisladas—desnudos y sin acceso a instalaciones higiénicas—por más de cuatro años. Como resultado, la CIDH solicitó al gobierno paraguayo que tomara medidas cautelares (de protección) para la protección de los internados en la institución, incluyendo la implementación de un tratamiento médico destinado a salvar vidas, la protección del abuso sexual y el fin de la práctica inhumana de aislamiento de pacientes por tiempos prolongados.

MDRI es una organización internacional de derechos humanos dedicada al reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas con discapacidades mentales en todo el mundo.

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El Gobierno reconoció la responsabilidad del Estado Argentino en la causa AMIA

En la audiencia ante la CIDH asumió la falta de prevención e investigación del atentado a la AMIA y las maniobras de encubrimiento

Vie, 04/03/2005

4 de marzo de 2005

En la audiencia ante la CIDH asumió la falta de prevención e investigación del atentado a la AMIA y las maniobras de encubrimiento

En una emotiva audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el Estado argentino reconoció formalmente la responsabilidad internacional por la falta de prevención del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, por las graves y deliberadas irregularidades cometidas durante la investigación judicial, por la denegación de justicia y por las maniobras de encubrimiento tendientes a garantizar impunidad a los responsables materiales y políticos.

Frente a este amplio reconocimiento, los familiares de las víctimas se mostraron emocionados y afirmaron tener esperanzas en que, a partir de este gesto político, se pudieran concretar todas las medidas comprometidas por el Estado para garantizar el fin de la impunidad en este caso.

A pedido de Memoria Activa, la CIDH convocó en su sede de Washington a una audiencia a los representantes de Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y del Derecho Internacional (CEJIL) y del Estado para recibir información y escuchar el informe de la veeduría realizada por Claudio Grossman, ex presidente de la CIDH.

El reconocimiento de responsabilidad se basa en el contundente informe del veedor de la causa AMIA que asegura, en base a la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal el 29 de octubre de 2003, que el Estado argentino no adoptó las medidas necesarias tendientes a evitar un segundo atentado luego de lo ocurrido en la Embajada de Israel en 1992. Grossman también detalla las irregularidades cometidas durante la investigación penal de la causa que llevó adelante el hoy suspendido juez Juan José Galeano. En sus conclusiones, el informe sugiere una serie de medidas que debería adoptar el Estado para resolver el caso. Además recomienda a la CIDH declarar la admisibilidad formal de la petición presentada en 1999 por Memoria Activa, el CELS y CEJIL.

Durante la audiencia, también a partir del informe, los peticionarios solicitaron a la CIDH que declarara la admisibilidad del caso, y que, de no resolverse en esta instancia, sea sometido a consideración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según expresó Diana Malamud “era el Estado el encargado de brindarnos protección y era la justicia la encargada de llegar a la verdad. En su lugar, sus funcionarios se dedicaron a armar una causa en connivencia con los gobiernos de turno”. Y agregó “el Estado argentino ha fracasado en su obligación de prevenir este tipo de hechos y de impartir justicia, y no se ha hecho cargo de su fracaso”.

Fue entonces cuando los representantes del Estado, en las figuras del actual responsable de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carrera y de la asesora del ministro de Justicia Horacio Rossati, Andrea Gualde, afirmaron que “El gobierno reconoce la responsabilidad del Estado argentino por la violación de los derechos humanos denunciados por los peticionarios en la petición presentada ante la CIDH: el derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial” por haber incumplido su deber de prevenir y de investigar el atentado. Horacio Méndez Carrera señaló que “el gobierno argentino no es ajeno al dolor de los familiares y se compromete a dar un drástico cambio de rumbo a la investigación de este atentado.” Luego, Alejandro Rua, encargado de la Unidad Especial AMIA detalló cuáles fueron las pistas no profundizadas durante años, y cuáles son los funcionarios denunciados por él como responsables del encubrimiento. Al finalizar la presentación, Andrea Gualde expresó que el Estado adoptará una serie de medidas tendientes a fortalecer la investigación penal (dando más recursos a la Unidad Especial del Ministerio de Justicia, y a la Fiscalía Especial a cargo del Dr. Alberto Nisman), a revisar la legislación sobre el manejo de los fondos reservados de la SIDE, a promover los juicios políticos a los funcionarios judiciales que no investigaron y a impulsar el tratamiento de una ley general de reparaciones pecuniarias a favor de todos los familiares de las víctimas del atentado. Por eso, le pidieron a la Comisión que se suspendiera el tratamiento del caso hasta el próximo período de sesiones de octubre de este año y que se abra un proceso de solución amistosa entre las partes. Esta medida implica que el Estado tiene plazo hasta octubre próximo para cumplir con algunos de los compromisos asumidos en esta audiencia, y de lo contrario, la CIDH podría continuar con el trámite y eventualmente enviarlo a consideración de la Corte.

Los peticionarios expresaron que estaban de acuerdo en integrar una mesa de trabajo para discutir todas estas medidas propuestas por el gobierno, y solicitaron a la Comisión que supervisara este compromiso político expresado en la audiencia para que sea realmente efectivizado en los hechos. La CIDH se comprometió a volver a analizar el caso en el mes de octubre, para constatar si hubo o no avances.

Por los peticionarios, asistieron a la audiencia, Diana Wassner de Malamud, Adriana Reisfeld, Mirta Lipszyc, por Memoria Activa; Pablo Jacoby abogado de Memoria Activa, y Víctor Abramovich y Andrea Pochak , en representación de CELS y CEJIL respectivamente. Por el gobierno, estuvieron presentes Horacio Méndez Carreras, Representante Especial para los Derechos Humanos de la Cancillería, Alejandro Rúa, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y otros funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Para más información, comunicarse con Laura Itchart (Área de Comunicación) al 4334-4200 o al 155-638-3107.

 

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Colombia acepta que Agentes del Estado participaron en la masacre de Mapiripán

Al inicio de la audiencia pública convocada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado lunes 7 de marzo, los representantes del Estado colombiano aceptaron de manera parcial la responsabilidad internacional con respecto a la violación del derecho a la vida, a la integridad y la libertad de las personas asesinadas en la masacre de Mapiripán, departamento del Meta, ocurrida en julio de 1997.

Mar, 08/03/2005

San José, 8 de marzo de 2005

Al inicio de la audiencia pública convocada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado lunes 7 de marzo, los representantes del Estado colombiano aceptaron de manera parcial la responsabilidad internacional con respecto a la violación del derecho a la vida, a la integridad y la libertad de las personas asesinadas en la masacre de Mapiripán, departamento del Meta, ocurrida en julio de 1997. Sin embargo, no aceptaron la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de que fueron víctimas los sobrevivientes de la masacre ni por la denegación de justicia en el caso.

Luego de extensas jornadas donde se escucharon a los testigos, peritos y los alegatos de las partes del caso, la Corte Interamericana terminó ayer con esta etapa del proceso internacional. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y la organización colombiana Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, participaron como representantes de las víctimas.

La masacre de Mapiripán fue planeada tras reuniones sostenidas por la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se llevaron a cabo a principios del año de 1997, donde participó, según testimonios recabados en el proceso, Salvatore Mancuso. La operación contra la población de Mapiripán fue auspiciada por miembros de la fuerza pública colombiana quienes posibilitaron la entrada de más de 200 paramilitares al mencionado lugar.

Durante seis días, miembros de las AUC impidieron la libre circulación de los habitantes del pueblo y detuvieron, torturaron, ejecutaron y arrojaron al Río Guaviare parte de los cuerpos de, por lo menos, 49 personas. La participación de agentes del Estado en la masacre no se limitó a facilitar el ingreso de las AUC a la región sino que también hicieron caso omiso de los llamados de auxilio de la población civil durante la incursión.

Para los representantes de las víctimas, los esfuerzos internos para conseguir justicia hasta la fecha han sido inefectivos e inadecuados; existen varias líneas de la investigación que indican responsabilidad estatal y que no han sido exploradas con la rigurosidad que exige un hecho como este. Igualmente, se ha obstaculizado la ejecución de órdenes de captura contra paramilitares, incluyendo aquellos cuyos posibles paraderos son de conocimiento público. Al respecto, en los alegatos de los representantes de las víctimas se pidió que la Fiscalía General de la Nación establezca si dentro de los bloques paramilitares desmovilizados en el marco del proceso de negociación actual, se encuentran algunos de los implicados en este caso.

En la audiencia pública, se escucharon los testimonios de víctimas que perdieron a sus familiares en esta cruenta masacre. Estas personas no sólo perdieron a sus seres queridos, también se vieron obligadas a dejar sus tierras, fincas y negocios; salieron de la región para preservar su vida, se desplazaron internamente en la búsqueda de seguridad, sometiéndose a situaciones de extrema pobreza, falta de empleo, hambre y traumas psicológicos. Aunado a esto, los testigos dijeron a la Corte que temen a las represalias por parte de los perpetradores de la masacre, quienes aún los amenazan, hostigan, desplazan y persiguen con el señalamiento de pertenecer a la comunidad de Mapiripán.

En los alegatos finales, CEJIL y el Colectivo de Abogados solicitaron a la Corte que declare a Colombia responsable por no investigar y castigar efectivamente a todos los autores materiales e inmateriales vinculados a las fuerzas de seguridad del Estado, así como a los grupos paramilitares que hayan participado en los hechos.

Como medidas de reparación se solicitó a la Corte que ordene al Estado colombiano crear mecanismos que posibiliten el esclarecimiento de los hechos, la identificación de todas las víctimas, así como la localización e identificación de sus restos. Además, se pidió que las disculpas ofrecidas por el Estado durante la audiencia, se realicen en un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional que permita el rescate de la memoria y de la dignidad de todas las víctimas.

La masacre de Mapiripán es un caso paradigmático que refleja la cooperación entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad en Colombia, la barbarie con que operan y el manto oscuro de la impunidad que las rodea. Los representantes de las víctimas esperan que la Corte emita una sentencia que declare, en estos términos, la responsabilidad del Estado colombiano por las violaciones a las que fue sometida esta población.

La Corte decidirá sobre este caso en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

 

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