Niños, niñas y adolescentes

Washington, Asunción y Buenos Aires, 10 de noviembre de 2011- El pasado 9 de noviembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el Informe No. 162/11 mediante el cual declara la admisibilidad en el caso del niño LM que desde hace más de dos años fue entregado irregularmente en guarda provisoria, a pesar de que sus padres y abuelos reclaman la tenencia y custodia del niño.

Por ello, en septiembre de 2010, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia  (CDIA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana, alegando la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. En su informe, la CIDH realizó una evaluación prima facie que determinó que podrían caracterizarse posibles violaciones a los derechos garantizados en la Convención Americana, e inició la etapa de discusión sobre las violaciones alegadas.

En igual sentido, la CIDH rechazó la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos presentada por el Estado de Paraguay en tanto consideró que se registró un retardo injustificado en resolver las causas judiciales internas en trámite.

“Una vez más, Paraguay podría ser sometido a un proceso judicial ante el sistema interamericano por la violación de los derechos de los niños/as. Esta vez, la responsabilidad estatal se configura también en tanto los órganos estatales no han actuado adecuada y diligentemente en la resolución de la causa judicial en la que se discute la guarda de un niño de 2 años”, afirmó Liliana Tojo, Directora del Programa para Bolivia y Cono Sur de CEJIL.

El caso del niño LM pone de manifiesto una práctica estructural existente en el Paraguay y  relativa a la concesión de guardas irregulares para adopción. En efecto, se estima que el 66% de las adopciones  registradas desde 1999 fueron realizadas a partir de guardas irregulares.

Por la urgencia que presenta el caso, la Corte Interamericana dictó una medida provisional en el caso, ordenando la urgente implementación de un régimen de relacionamiento entre el niño LM y su familia de origen ampliada que, al día de la fecha, no se encuentra totalmente cumplida.

Para mayor información:

Washington D. C., 26 de octubre del 2011- Las niñas y mujeres en Nicaragua se encuentran en riesgo e indefensión frente un Estado que no garantiza sus derechos y que permite la impunidad de los perpetradores de violencia sexual. Esta denuncia fue presentada el lunes pasado por cinco organizaciones de la sociedad civil –en presencia de representantes del Estado nicaragüense– ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su 143^er periodo de sesiones.

Las organizaciones presentes en la audiencia fueron Ipas Centroamérica, Women’s Link Worldwide (WLW), Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Esta coalición presentó datos sobre la situación actual de violencia sexual contra niñas y mujeres, las deficiencias en la implementación de los protocolos de atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y las dificultades para obtener justicia en este tipo de casos.

Durante la audiencia se reveló la falta de información actualizada y estadísticas consolidadas sobre violencia sexual en Nicaragua; no obstante, las peticionarias citaron algunos de los pocos datos disponibles. Cifras del Instituto de Medicina Legal, por ejemplo, revelan que en 2010 ocurrieron en promedio 13 casos al día, es decir una violación sexual cada dos horas en Nicaragua. El 84% de las mujeres agredidas eran menores de edad y una de cada tres eran menores de 10 años. Para el mismo año, los medios de comunicación escritos reportaron un total de 15 menores embarazadas, producto de una violación. Ello resulta preocupante en un país donde no existe opción para interrumpir el embarazo, ni siquiera por el riesgo a la salud y la vida de las niñas.

En la audiencia fueron expuestos ante la CIDH dos casos emblemáticos de violencia sexual en Nicaragua. Uno de ellos es el de 13 niños y niñas de entre 9 y 16 años que fueron víctimas de abuso sexual por parte de militares en la comunidad de Monkey Point, en la Región Autónoma del Atlántico Sur. La denuncia trascendió durante este año pero los abusos presuntamente se venían cometiendo desde el 2003. Hasta la fecha no se ha sancionado a ningún militar por estos hechos.

El otro caso se refirió a la sentencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre la violación sexual que sufrió la joven Fátima Hernández. La Corte resolvió rebajar la pena del agresor y ordenó su libertad considerando que la víctima fue colaboradora y que el perpetrador actuó bajo los efectos de la cerveza. Para las organizaciones peticionarias, la impunidad en este caso y la humillación que sufrió la víctima se convierten en antecedentes disuasorios para que otras mujeres denuncien actos de violencia sexual.

Durante la audiencia, la Relatora para la Mujer de la CIDH, Luz Patricia Mejía, llamó la atención del Estado en relación con la sentencia en el caso de Fátima Hernández y señaló su preocupación por las consecuencias para la protección de las mujeres. Por su parte, el Comisionado Felipe González preguntó al Estado sobre los mecanismos disponibles en el país para acceder a información en el Estado. El comisionado Paulo Sergio Pinheiro pidió información sobre las cifras de denuncias y condenas por violencia sexual y enfatizó la importancia de garantizar justicia y luchar contra la impunidad.

Las peticionarias solicitaron a la CIDH exhortar al Estado de Nicaragua para que despenalice el aborto terapéutico, garantizándolo como derecho a las víctimas de violencia sexual, de manera que se permita a las niñas y mujeres decidir sobre continuar o no con un embarazo producto de violación. Las organizaciones también solicitaron a la Comisión que impulse ante el Estado la aprobación expedita de la Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la generación de mecanismos para su implementación. Asimismo, solicitaron a la CIDH que reitere a Nicaragua su pedido para hacer una visita y constatar la situación de los derechos de las mujeres.

Audio de la audiencia:

http://www.cidh.org/audiencias/143/09.mp3

Video de la audiencia:

http://www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/10/102411_RubenDario_V2_11am.wmv

San José, 6 de octubre del 2011- La desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen a manos del Ejército de Guatemala sigue en la impunidad luego de 30 años de sucedidos los hechos. La familia de Marco Antonio, y la sociedad en su conjunto, aún no conocen su paradero, a pesar de que el Estado guatemalteco tiene la obligación de buscar y entregarles sus restos, según fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de reparaciones emitida el 3 de julio del 2004.

En una resolución de supervisión de este fallo que emitió el 16 de noviembre de 2009, la Corte destacó la absoluta pasividad del Estado y la impunidad en la que se encuentra el caso. Resaltó que la inacción estatal de investigar y sancionar a los responsables continúa afectando a los familiares y “fomenta la repetición de hechos violatorios, profundiza la impunidad, desacredita el Estado de Derecho e incumple compromisos internacionales”.

Cabe recordar que la sentencia también busca justicia y reparación para otras víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala ya que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, al menos 5.000 niños fueron desaparecidos y secuestrados por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Por ello, entre otras acciones, la Corte ha ordenado la creación de un sistema de información genética y la adopción de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada. Estas órdenes tampoco han sido acatadas por el Estado de Guatemala.

Debido al incumplimiento estatal, en su resolución de supervisión la Corte también ordenó atender algunas de las causas estructurales que perpetúan la impunidad en este y otros casos. Esta acción requiere la pronta participación y efectiva colaboración de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial así como de otras instituciones estatales.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, señaló que esta fecha es de especial dolor para la familia Molina. Asimismo, afirmó que “la dramática historia que vivió la familia hace treinta años se revive a diario. Pese a ello la inacción del Estado evidencia el desdén con que se trata un caso tan grave, en el que se sigue negando a la familia el derecho a la justicia y a la verdad”.

El día de hoy, Lucrecia Molina, hermana de Marco Antonio, escribió en su blog: “Son treinta años pesados como puños, de búsqueda y espera, acumulados en mi piel y en mis huesos, también en mi palabra. Mientras tanto, ellos, los desaparecedores, los asesinos –triunfantes, satisfechos, soberbios, con su poder intacto– se pasean impunes, quizá deseando que muera o que desista. Pero yo, Ajpu, cerbatanera, acecho en el camino del tiempo y la paciencia, sostenida por la lealtad, la solidaridad, los principios y la sangre de mi hermano, que es la misma que corre por mis venas”.

La falta de respuesta estatal en este y otros casos motivó a CEJIL a liderar la solicitud de una audiencia –en conjunto con organizaciones y familiares– para tratar el tema de la impunidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a Guatemala, la cual ha sido concedida por ese tribunal y cuya fecha está por ser definida.

CEJIL ha sido enfático en señalar reiteradamente el incumplimiento del Estado en este caso. En el 30.° aniversario de la desaparición de Marco Antonio Molina, exigimos a Guatemala honrar sus compromisos internacionales dando inmediato cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. El acatamiento de esta orden, así como la implementación de otras medidas estructutrales, es una responsabilidad para con la familia de Marco Antonio y para con las de miles de personas desaparecidas por fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno.