Niños, niñas y adolescentes

Paraguay: una década ignorando la sentencia del caso “Panchito López”

El pasado 2 de septiembre de 2014 se cumplieron 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara a Paraguay por el caso Instituto de Reeducación del Menor Panchito López. Entre 1996 y 2001, alrededor de 4000 niños fueron sometidos a condiciones carcelarias infrahumanas en el centro para menores Panchito López. Esta prisión tenía capacidad para 15 internos, pero albergaba entre 200 y 300 niños al mismo tiempo. Por esta causa, durante tres incendios ocurridos en los años 2000 y 2001 doce niños murieron, y decenas resultaron heridos.

Mié, 17/09/2014

Uno de los incendios en pabellones del Panchito López (2000). / ABC ColorEl pasado 2 de septiembre de 2014 se cumplieron 10 años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Paraguay por el caso Instituto de Reeducación del Menor Panchito López.

Entre 1996 y 2001, alrededor de 4000 niños fueron sometidos a condiciones carcelarias infrahumanas en el centro para menores Panchito López. Esta prisión tenía capacidad para 15 internos, pero albergaba entre 200 y 300 niños al mismo tiempo. Por esta causa, durante tres incendios ocurridos en los años 2000 y 2001 doce niños murieron, y decenas resultaron heridos.

La Corte IDH dio por probados los hechos denunciados por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que representó a las víctimas y sus familiares ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

A pesar de que han transcurrido 10 años de dictada la sentencia, el Estado aún incumple gran parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, entre las que se destaca, la orden de elaborar una política pública integral en materia de niños en conflicto con la ley, la cual debe de estar en sintonía con los estándares internacionales de derechos humanos. Asimismo, el Estado aún omite reparar integralmente a las víctimas del caso asegurando su acceso a salud y educación, así como otras medidas que ordenó el Tribunal.

Las deudas pendientes que Paraguay aún registra en esta materia resultan especialmente preocupantes. En los últimos meses, cuatro niños murieron en el Centro de Detención para Adolescentes Itaguá -que fue habilitado en reemplazo del Panchito López- y al menos otros diez resultaron heridos.

En este escenario, CEJIL urge a Paraguay a implementar las medidas de reparación aún pendientes en este caso, particularmente aquellas designadas a evitar que las violaciones a derechos fundamentales sufridas por los niños del Pachito López vuelvan a repetirse.

Créditos fotográficos: Uno de los incendios en pabellones del Panchito López (2000) / ABC Color.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

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daraya@cejil.org

El Salvador avanza en la reivindicación de víctimas de desaparición forzada

CEJIL informa sobre el acto de develación de placa y nombramiento de un centro educativo con el nombre “Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras”, hermanos que fueron desaparecidos por el ejército el 25 de agosto de 1982, en el marco del conflicto armado salvadoreño.

Este importante acto fue presidido por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, se llevó a cabo el día 11 de setiembre, y se origina en la sentencia Hermanos Contreras y otros vs. El Salvador dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011. El caso ante dicha instancia internacional fue representado por CEJIL y la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos.

Vie, 12/09/2014

Acto de Reconocimiento del caso Contreras. Créditos fotográficos: Asociación Pro BúsquedaCEJIL informa sobre el acto de develación de placa y nombramiento de un centro educativo con el nombre “Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras”, hermanos que fueron desaparecidos por el ejército el 25 de agosto de 1982, en el marco del conflicto armado salvadoreño.

Este importante acto fue presidido por el Presidente Salvador Sánchez Cerén, se llevó a cabo el día 11 de setiembre, y se origina en la sentencia Hermanos Contreras y otros vs. El Salvador dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011. El caso ante dicha instancia internacional fue representado por CEJIL y la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos.

La Corte Interamericana concluyó que durante el conflicto armado hubo un patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas efectuado por agentes militares. De las víctimas del citado caso, hasta la fecha han sido encontradas Gregoria y Serapio Contreras, y José Rubén Rivera Rivera. No obstante resta encontrar a las niñas Julia Inés Contreras,

Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez. Instamos al Estado a continuar avanzando para el cumplimiento total de la sentencia, lo que incluye, entre otras medidas, avanzar con la investigación, juzgamiento y sanción de todos los responsables de las desapariciones y con la búsqueda de Julia Inés Contreras, Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez, así como garantizando el acceso a los archivos que contengan información útil y relevante para la investigación en causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado.

Organizaciones denunciaron a la CIDH violaciones de derechos humanos en desalojos forzosos en Paraguay

Washington DC, viernes 28 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Paz y Justicia Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunciaron –junto con la Federación Nacional Campesina- la práctica de desalojos forzosos que se lleva adelante en Paraguay y que afecta, principalmente, a campesinos/as.

Vie, 28/03/2014

Audiencia Desalojos Paraguay CIDH 150 posWashington DC, viernes 28 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Servicio Paz y Justicia Paraguay, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  en la que denunciaron –junto con la Federación Nacional Campesina- la práctica de desalojos forzosos que se lleva adelante en Paraguay y que afecta, principalmente, a campesinos/as.

En tal sentido, fueron presentados relatos e imágenes de los desalojos llevados a cabo en los asentamientos de Tapiracuai Loma y Laterza Cué, como evidencia del incumplimiento estatal de los lineamientos mínimos establecidos por el derecho internacional para este tipo de intervenciones.

Los representantes solicitaron a la CIDH y a su Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que mantenga un monitoreo cercano y permanente de la situación campesina en Paraguay, así como requirieron al Estado que adopte protocolos adecuados y completos que establezcan pautas de conducta para las autoridades que participan y llevan a cabo desalojos.

La audiencia puede ser escuchada en la pagina web de la CIDH.
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CEJIL condena ataque y destrucción de archivos de Pro-Búsqueda en El Salvador

San José, sábado 16 de noviembre del 2013- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena vehementemente el ataque perpetrado contra la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, así como la quema y destrucción de archivos que pertenecían a dicha organización.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves en las instalaciones de Pro-Búsqueda ubicadas en la colonia Buenos Aires, San Salvador. Según denunció la organización, tres atacantes robaron varias de sus computadoras e incendiaron parte de los documentos jurídicos, así como amenazaron a las personas presentes a la hora del ataque.

 

Dom, 17/11/2013

Monumento a la Memoria y la Verdad, El SalvadorSan José, sábado 16 de noviembre del 2013- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena vehementemente el ataque perpetrado contra la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, así como la quema y destrucción de archivos que pertenecían a dicha organización.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves en las instalaciones de Pro-Búsqueda ubicadas en la colonia Buenos Aires, San Salvador. Según denunció la organización, tres atacantes robaron varias de sus computadoras e incendiaron parte de los documentos jurídicos, así como amenazaron a las personas presentes a la hora del ataque.

CEJIL insta a las autoridades competentes de El Salvador a investigar a profundidad lo sucedido y determinar la responsabilidad penal correspondiente, además les exhortamos a tomar las medidas de seguridad que correspondan a favor del personal de Pro búsqueda con la finalidad de que se eviten nuevos ataques en su contra.

Día de la Niñez Desaparecida

Hoy se conmemora el Día de la Niñez Desaparecida durante el conflicto armado  salvadoreño.

Vie, 29/03/2013 (Todo el día)
El Salvador
San Salvador

CIDH admite caso contra Chile por impunidad en relación con la ejecución extrajudicial del niño mapuche Alex Lemún

El uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y la incompatibilidad con el derecho internacional de la jurisdicción militar en el centro del debate

Temuco y Buenos Aires, 28 de enero de 2013- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Alex Lemún contra Chile. La presentación denuncia la ejecución extrajudicial del niño Lemún por parte de los Carabineros y la impunidad en que quedó el caso como consecuencia de su radicación en la jurisdicción militar. La notificación fue recibida el pasado viernes 25 de enero por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la familia Lemún ante la CIDH.

 

Vie, 08/02/2013

 

Temuco y Buenos Aires, 28 de enero de 2013.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso de Alex Lemún contra Chile. La presentación denuncia la ejecución extrajudicial del niño Lemún por parte de los Carabineros y la impunidad en que quedó el caso como consecuencia de su radicación en la jurisdicción militar. La notificación fue recibida el pasado viernes 25 de enero por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la familia Lemún ante la CIDH.

 

El caso que fue presentado a la CIDH el 25 de abril de 2006, denuncia la ejecución del niño mapuche Alex Lemún como resultado del uso excesivo de la fuerza durante una manifestación en favor del reclamo por los derechos del Pueblo Mapuche en la IX Región, así como la incompatibilidad de la jurisdicción militar vigente en Chile con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. La CIDH admitió el caso evidenciando una posible violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la protección especial a la niñez, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial.

 

A partir de la notificación realizada este 25 de enero, se inicia un plazo de tres meses para que la familia de víctima presente sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos al Estado para que, en un plazo similar, presente su defensa sobre las violaciones de derechos humanos denunciadas.

 

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, advirtió que “este caso actualiza la deuda del Estado chileno con la adecuación de la justicia militar a las obligaciones establecidas en el derecho internacional de los derechos humanos". Krsticevic recordó que en su Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencia dictada el 1 de julio de 2011 en el caso Palamara, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reiteró al Estado de Chile su obligación de adecuar "el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción militar, de forma tal que en caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función."

 

 

Ley de Amnistía dejará de ser obstáculo para investigación de graves violaciones a derechos humanos

A 31 años de la masacre de El Mozote en El Salvador

San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Mar, 11/12/2012

- CEJIL aplaude fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- CEJIL representa legalmente a víctimas y monitoreará cumplimiento de la sentencia.

San José, Costa Rica, 11 de diciembre 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La sentencia definitiva fue notificada a las partes la tarde de este lunes 10 de diciembre, día en que se celebró en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos y un día antes que se conmemorara el 31 Aniversario de La Masacre.

En palabras de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la sentencia marca un hito histórico ya que es la primera vez que el alto Tribunal Interamericano señala que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz salvadoreña es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aun, la Corte establece que dicha ley carece de validez. Por ello, esperamos que en los próximos meses El Salvador adelante procesos penales que permitan que se haga justicia para las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la historia de nuestro continente, y que se devuelva la esperanza a la sociedad salvadoreña".

“El Mozote” es la masacre más grande cometida en América Latina, con un registro de víctimas asesinadas que se aproxima al millar, cientos de personas desplazadas y que abarcó al menos seis poblados. Por años, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas han luchado por la obtención de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana representa la oportunidad de que su voz sea finalmente oída.

"Durante décadas el sufrimiento de los sobrevivientes tuvo como respuesta la indiferencia y la impunidad. La sentencia de la Corte es un paso definitivo que permite observar con cautela que habrá verdad y justicia para El Mozote", sostuvo Tutela Legal desde El Salvador.

En enero del 2012, el Estado aceptó su responsabilidad por los hechos de la masacre y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado.

Para la abogada senior de CEJIL, Gisela De León, es importante señalar que "la sentencia de la Corte Interamericana es inapelable y el Estado salvadoreño está obligado a cumplir con lo dispuesto en ella en los plazos establecidos por el Tribunal".

CEJIL hace un llamado al Estado salvadoreño para que cumpla con este compromiso y que a la brevedad posible, adopte las medidas necesarias para reabrir las investigaciones relativas y asegure que la Ley de Amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación y juzgamiento de este y otros casos similares.

Notas al editor

Información sobre el caso

La masacre de “El Mozote” y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entre ellas: Arambala, El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo. Los hechos también provocaron el desplazamiento de cientos de personas.

Tutela Legal realizó esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, estos graves hechos permanecen en la impunidad.

La CIDH realizó una visita in loco a Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Fue la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

Vean aquí una presentación de CEJIL sobre las visitas in loco, su origen, funcionamiento e impacto.

Lean estos artículos de Bertha Santoscoy y Felipe González (Comisionado).

Consulten la nueva edición de la Guía de Defensores de CEJIL.

Comunicado de prensa de la CIDH.

Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

Vie, 30/11/2012

 

 


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Esta será la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

 

 

 

 

 

 

  • Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

 

 

 

 

Primer caso de femicidio en Guatemala llega a la Corte Interamericana

Proceso de María Isabel Véliz Franco es emblemático de la impunidad del femicidio en este país

Ciudad de Guatemala y San José, 7 de mayo de 2012- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, conocerá el caso del  femicidio de la niña María Isabel Véliz Franco, ocurrido en 2001, tras serle remitido el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su sede en Washington D. C.

María Isabel y sus familiares, son representados por la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (REDNOVI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En 2004, ambas organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión debido a que el Estado guatemalteco no investigó diligente, exhaustiva ni seriamente el asesinato.

 

Lun, 07/05/2012

Rosa Elvira Franco Sandoval, madre de María Isabel Véliz,  durante la conferencia de prensa celebrada hoy en REDNOVI, Ciudad de Guatemala. Cortesía de REDNOVICiudad de Guatemala y San José, 7 de mayo de 2012- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, conocerá el caso del  femicidio de la niña María Isabel Véliz Franco, ocurrido en 2001, tras serle remitido el pasado 3 de mayo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su sede en Washington D. C.

María Isabel y sus familiares, son representados por la Red de la No Violencia contra las Mujeres en Guatemala (REDNOVI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). En 2004, ambas organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión debido a que el Estado guatemalteco no investigó diligente, exhaustiva ni seriamente el asesinato. Las pesquisas han estado viciadas por retardos injustificados, pérdida de evidencias, omisiones de líneas de investigación relevantes e incluso por la estigmatización de la propia víctima y de su familia por parte de las autoridades.

Guatemala registra índices alarmantes en casos de violencia contra las mujeres, con impunidad y falta de protección a las víctimas y sobrevivientes, lo cual propicia la repetición de hechos similares.

Según datos de fuentes oficiales, recopilados por Grupo Guatemalteco de Mujeres, entre 2000 y 2011, han muerto violentamente 6,638 mujeres en Guatemala. Solo en 2011, 710 mujeres perdieron la vida de forma violenta. El Ministerio Público y el Organismo Judicial informan que la violencia contra la mujer es el tercer delito más denunciado en el país. El índice de impunidad de estos crímenes alcanzan el 99% en relación a los casos ingresados, es decir que solo el 1% obtiene sentencias.

El último informe de la oficina en Guatemala de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de enero pasado, expresó que “la crueldad con la que algunos de estos crímenes fueron perpetrados muestran cuán profundamente enraizados están los patrones de discriminación en la sociedad, y también revela la falta de medidas institucionales para detenerlos”.

La REDNOVI y CEJIL expresan su satisfacción por el envío de este caso ante el más alto tribunal del continente pues es una oportunidad de que este ordene medidas concretas para superar las causas de los altísimos índices de violencia contra las mujeres y su impunidad.

A más de diez años de ocurridos los hechos, Guatemala debe investigar, procesar y sancionar a los responsables del crimen contra María Isabel Véliz Franco. Asimismo, el Estado tiene la obligación de tomar las acciones necesarias para fortalecer  política y financieramente a la institucionalidad existente en materia de prevención, atención, sanción e investigación de  violencia contra las mujeres en Guatemala.

Los hechos.

El 16 de diciembre de 2001, Rosa Franco denunció ante las autoridades guatemaltecas la desaparición de su hija María Isabel Véliz Franco, de 15 años de edad. No obstante, las instituciones del Estado no realizaron diligencias para determinar su paradero. El 18 del mismo mes fue hallado su cuerpo, el cual mostraba diversas señales de abuso. Desde entonces, su madre ha pedido que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables. Hasta la fecha, esto no ha ocurrido.

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