Masacres

Desaparición forzada de seis niños y niñas en El Salvador fue expuesta ante la Corte IDH

Estado salvadoreño reconoció la veracidad de los hechos y su responsabilidad por las violaciones denunciadas

Ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2011- La desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1981 y 1983 fue expuesta ayer, martes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Por primera vez en una sesión de este tipo, el Estado salvadoreño reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.

Mié, 18/05/2011

Ciudad de Panamá, 18 de mayo del 2011- La desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños perpetrada por la Fuerza Armada de El Salvador entre 1981 y 1983 fue expuesta ayer, martes, durante una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebró en Ciudad de Panamá, Panamá. Por primera vez en una sesión de este tipo, el Estado salvadoreño reconoció la verdad de estos hechos ocurridos durante el conflicto armado interno y su responsabilidad por las violaciones denunciadas.

Las víctimas fueron representadas por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). El caso presentado ante la Corte es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera.

La audiencia contó con el testimonio de Gregoria Herminia Contreras, la única joven reencontrada en este caso. La víctima narró los hechos que rodearon la separación de su familia, su vida junto a uno de los militares autores de su desaparición y su posterior reencuentro con sus padres biológicos cuando ya era una adulta. La Corte conoció las múltiples vejaciones de las que fue víctima Gregoria Contreras y el sufrimiento que la acompaña hasta hoy debido a la alteración de su identidad pues fue registrada, con un nombre distinto al suyo, como hija del militar que se la llevó.

Dada la aceptación de los hechos y de la responsabilidad internacional por parte del Estado, la audiencia se concentró en la discusión de las reparaciones que El Salvador debe adoptar para subsanar el daño causado.

Con base en las declaraciones de Gregoria Contreras y de los familiares de los infantes desaparecidos, las representantes señalaron que el principal anhelo de las víctimas es conocer el paradero de sus seres queridos. Por ello solicitaron que la Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador se fortalezca mediante una ley que garantice su permanencia.

Asimismo pidieron que, en la Fiscalía General de la República, se cree una unidad de investigación sobre la desaparición forzada de niños y niñas pues en ninguno de los casos se ha establecido responsabilidades por este tipo de hechos. Las autoridades militares se han negado a dar datos que informen sobre el paradero de las víctimas de desaparición durante los años del conflicto armado interno. Por ello, las representantes también solicitaron la creación de mecanismos para garantizar que esta información sea transmitida y nutra las investigaciones que se adelantan en la Fiscalía y el Poder Judicial.

La abogada Gisela De León, de CEJIL, instó a la Corte IDH para que tome en cuenta la aceptación de responsabilidad por parte de El Salvador y reconozca, en su sentencia, el patrón de desapariciones forzadas de infantes que, de acuerdo a los registros de Pro-Búsqueda, asciende a más de 881 niños y niñas de este país.

Finalmente, Ester Alvarenga, de Pro-Búsqueda, resaltó la necesidad de que las medidas que la Corte ordene tengan un alcance general para que den respuesta tanto a las familias de las víctimas de este caso como a los cientos de familiares que se encuentran en sus mismas circunstancias.

Corte de Constitucionalidad debe dejar de obstaculizar cumplimiento de sentencias de la Corte IDH en Guatemala

Llamado de organizaciones civiles del contienente

San José, 4 de marzo del 2011. CEJIL y otras 18 organizaciones del continente urgieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca a que rectifique sus recientes decisiones que han demorado la justicia en los casos de la desaparición forzada de Efraín Bámaca y la masacre de Las Dos Erres.

Vie, 04/03/2011

San José, 4 de marzo del 2011. CEJIL y otras 18 organizaciones del continente urgieron ayer a la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca a que rectifique sus recientes decisiones a los efectos de que no se dilaten aún  más los procesos en los casos de la desaparición forzada de Efraín Bámaca y la masacre de Las Dos Erres.

Las organizaciones presentaron el pasado miércoles una carta ante el Presidente de la  CC, el magistrado Roberto Molina Barreto, en la que expresan su preocupación por diversas decisiones emitidas por este órgano, que implican el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Específicamente, la CC ha otorgado amparos a favor de quienes figuran como imputados en ambos casos. Esta medida ha tenido como consecuencia la suspensión de los procesos y ha sentado un precedente lamentable para muchos otros casos que se encuentran a la espera de que se haga justicia después de décadas de obstaculización. La Corte IDH ha sido clara en criticar una institución noble –como lo es el amparo– que en el caso de Guatemala se ha usado para demorar procesos y no para garantizar derechos.

“Instamos a que, respetando el debido proceso y de acuerdo con el mandato conferido a la CC por la legislación interna y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, revierta los fallos que podrían ser contrarios a lo ordenado por la Corte Interamericana y a las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de justicia”, expresa la misiva.

Lea la carta completa aquí.

Crímenes de lesa humanidad siguen impunes en El Salvador

A 19 años de la firma de los acuerdos de paz y a un año de la disculpa del presidente Funes

 

San José, 14 de enero del 2011. El Salvador no ha avanzado en la investigación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 1992. Esta inacción es un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

Vie, 14/01/2011

San José, 14 de enero del 2011. El Estado salvadoreño no ha avanzado en la investigación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 1992. Esta inacción es un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.

 

El próximo lunes, 16 de enero, se conmemorará el 19° aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz de Chapultepec, los cuales pusieron fin a una lucha armada que cobró 75.000 víctimas, según datos de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador (ONUSAL). Igualmente se cumplirá un año de la disculpa pública que ofreció el Presidente de la República, Mauricio Funes, en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas de estas y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas o promovidas por agentes estatales durante el conflicto.

 

En esa ocasión el mandatario asumió “como objetivo estratégico de la gestión gubernamental la dignificación de las víctimas, sin la cual este acto no tendría sentido y sumaría una nueva frustración”. No obstante, hasta hoy no se han investigado los hechos ocurridos en aquellos años y los responsables permanecen en absoluta impunidad. Tampoco se ha cumplido con otras medidas estructurales tendientes a brindar satisfacción a las víctimas y a garantizar la no repetición de hechos graves sucedidos durante los 12 años de lucha armada.

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que los familiares de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos tienen el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. Por ello, una de las principales medidas de reparación que debe asumir el Estado es la realización de una investigación seria y efectiva de los hechos, así como la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte IDH ordenaron al Estado salvadoreño cumplir con esta obligación en casos emblemáticos, como el asesinato de Monseñor Romero ocurrido en 1980, el de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, en 1989, y la desaparición forzada de las hermanas Serrano Cruz, en 1982. No obstante, el Estado no ha acatado los mandatos obligatorios de los órganos internacionales.

 

Además, en el 2000, la CIDH ordenó a El Salvador derogar la llamada Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que rige desde 1993. Esta norma sigue siendo un obstáculo para la obtención de justicia en este tipo de crímenes. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña estableció en el año 2000 que la ley no es aplicable a graves violaciones a derechos humanos; sin embargo, aún no se ha investigado ningún caso.

 

CEJIL insta al Estado para que cumpla con sus obligaciones y honre el compromiso asumido por el presidente Funes hace un año. El Salvador debe establecer como una prioridad la dignificación de las víctimas y la reparación del daño causado. Las instituciones estatales están obligadas a garantizar que se logre conocer la verdad en estos casos y que se sancione a los responsables.

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

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CEJIL participó ante la Corte Interamericana en audiencias relacionadas con cinco Estados

Brasil, Colombia, México, Nicaragua y Panamá

En el pasado periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica,  CEJIL participó en casos contra México, Nicaragua  Panamá, Brasil y Colombia que juzgan asuntos relacionados con la aplicación indebida de la jurisdicción militar, violencia contra la mujer, derechos políticos de pueblos indígenas, desapariciones forzadas y masacres.

Mar, 25/05/2010

San José, 25 de mayo de 2010

En el pasado periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica,  CEJIL participó en casos contra México, Nicaragua  Panamá, Brasil y Colombia que juzgan asuntos relacionados con la aplicación indebida de la jurisdicción militar, violencia contra la mujer, derechos políticos de pueblos indígenas, desapariciones forzadas y masacres.

El 27 de mayo la Corte efectuó la audiencia pública del caso de Valentina Rosendo contra México, que se refieró a las agresiones sexuales y tortura de una mujer indígena mexicana perpetrada por soldados mexicanos en febrero de 2002. En la audiencia se tratará la responsabilidad estatal por la violencia ejercida contra la víctima -la cual constituye una forma de discriminación y tortura- la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y el uso de la jurisdicción militar para conocer violaciones de los derechos humanos.

CEJIL litigó este caso junto con la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa  (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2003. Ante el incumplimiento del Estado de las recomendaciones del Informe final, emitido en marzo de 2009, en agosto de ese año la CIDH sometió este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el  26 de mayo la Corte Interamericana analizó en audiencia privada el cumplimiento del fallo en el caso de Heliodoro Portugal contra Panamá. La sentencia se refiere a la desaparición y ejecución de un dirigente popular en 1970 a manos de agentes del Estado, cuando Panamá se encontraba gobernada por un régimen militar.

En una sentencia del 12 de agosto de 2008, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado panameño en el crimen. A raíz de esa decisión, la justicia panameña llamó a juicio a ocho exmilitares, entre los que se encuentra el ex general Manuel Antonio Noriega. A cuarenta años de su desaparición, ninguna persona (actor material o intelectual) ha sido sancionada penalmente por el crimen.

Panamá aún debe cumplir aspectos importantes de la sentencia, como la obligación de brindar atención médica y psicológica a los familiares del Sr. Portugal. Tampoco ha incluido en su legislación penal los delitos de desaparición forzada ni de tortura, de acuerdo con los estándares fijados por la Corte.

El mismo 26 de mayo, la Corte Interamericana celebró una audiencia privada para supervisar el cumplimiento de la sentencia en el caso Yatama contra Nicaragua. Este caso se refiere a la exclusión que sufrieron los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por la organización indígena Yatama para participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 2000, en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur.

En la sentencia del 25 de junio de 2005, la Corte Interamericana condenó al Estado de Nicaragua, entre otros, por no contar con recursos judiciales adecuados para controvertir decisiones del órgano electoral. Por ello, ordenó a Nicaragua a hacer reformas legislativas para adecuar el Sistema Electoral a los estándares internacionales y eliminar los obstáculos que impidan a las organizaciones indígenas presentar candidatos para cargos de elección popular. El fallo de la Corte sigue sin ser ejecutado.

“Los tres casos que analizó la Corte Interamericana son muy diversos, pero también comparten un tema trascendental: la importancia de que el Poder Legislativo asuma la gran responsabilidad de adoptar legislación adecuada a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es tiempo de que los congresos de los distintos países rindan cuentas de cómo la legislación que adoptan o modifican, garantizar el respeto y protección de las personas”, declaró Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

En el pasado periodo de sesiones, CEJIL también participó en la audiencia pública por el caso Gomes Lund contra Brasil (guerrilla de Araguaia), el 20 y 21 de mayo, que trató acerca de la desaparición, tortura y ejecución de al menos 70 personas durante ataques de las Fuerzas Armadas brasileñas a un movimiento de resistencia a la dictadura militar, entre 1972 y 1975. Este es la primera ocasión en la que Brasil es juzgada por crímenes cometidos durante la dictadura (1964-1985).

CEJIL, junto con organizaciones colombianas, también tomó parte en una audiencia privada, el 19 de mayo, para revisar el cumplimiento de la medida de reparación sobre atención médica y psicológica en ocho sentencias contra el Estado de Colombia, relacionadas con masacres ocurridas en ese país.

Contacto de prensa: Mauricio Herrera.  Tel: (202) 445-46-76  mherrera@cejil.org www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Caso 10.488 - Ignacio Ellacuría y otros (Los Jesuitas), El Salvador

Descripción: 

Caso 10.488 - Ignacio Ellacuría y otros (Los Jesuitas), El Salvador

Corte Interamericana demanda cumplimiento de sentencia por caso Cantuta

En resolución emitida el pasado 2 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado Peruano tomar las medidas necesarias para el cumplimiento total de la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2006 con respecto al asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.

Lun, 07/12/2009

Washington, D.C., 7 de diciembre de 2009

En resolución emitida el pasado 2 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado Peruano tomar las medidas necesarias para el cumplimiento total de la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2006 con respecto al asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.

El documento solicita además un informe que indique las acciones y medidas realizadas por el Estado peruano a fin de reparar a los familiares de las víctimas en este caso. Asimismo, da como plazo el 1º de marzo del año 2010 a efectos de cumplir este pedido.

 

Al respecto la doctora Gloria Cano, responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, destacó la importancia de esta resolución: “El pronunciamiento de la Corte, en relación a la sentencia por el caso La Cantuta, significa que el Estado no ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto por la

Corte, en cuanto a la investigación y sanción a los responsables, y sobretodo, en relación a la búsqueda y ubicación de los cuerpos de todas las víctimas. Recordemos que si bien se ha dado sepultura a los restos de los estudiantes encontrados, aún faltan hallar e identificar otros cuerpos. Ninguno de los juzgados a cargo ha realizado o programado las diligencias necesarias”.

 

La abogada refirió que el 17 de julio de 2008, fueron entregados a los familiares de las víctimas seis féretros mortuorios. En aquella oportunidad, los peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense establecieron que los restos estaban incompletos y que correspondían a 8 individuos. Según refiere el expediente, se logró identificar a Luis Ortiz Perea y Bertila Lozano. Asimismo, se señala que uno de los restos encontrados pertenece a Dora Oyague, y que debía determinarse si otros restos correspondían a Felipe Flores o a Marcelino Rosales.

 

En ese sentido, la Corte declara “proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Armando Richard Amaro Cóndor,Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana y, si se encuentran sus restos, deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares y cubrir los eventuales gastos de entierro”.

 

En relación a la obligación de investigar los hechos, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas, la Corte requiere al Estado: “que siga informando sobre el avance de las investigaciones y/o sobre otras que se puedan iniciar, como así también respecto de los avances de los ‘acuerdos de colaboración eficaz’, de las personas ‘no habidas’, del proceso informado por los representantes y del recurso de nulidad interpuesto en el proceso judicial Nº 19-2001-AV, a efectos de evaluar el cumplimiento total de esta obligación”.

La resolución también pide a los familiares expresar sus observaciones sobre el cumplimiento de las reparaciones por parte del Estado peruano.

 

Datos:

• En noviembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo que condena

internacionalmente a Perú por la violación de los derechos humanos de nueve estudiantes y un profesor

universitario de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. Los hechos del caso ocurrieron el 18 de julio de 1992 cuando miembros del denominado “Grupo Colina” irrumpieron violentamente en “La Cantuta”, y

detuvieron, desaparecieron y ejecutaron a las víctimas. Este caso es emblemático de los graves crímenes

internacionales cometidos durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori y de los múltiples mecanismos

implementados para garantizar su impunidad.

 

• La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

representaron a los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana. La Corte en su decisión encontró

responsable a Perú por haber violado los derechos a la vida, integridad física, libertad personal, garantías

judiciales y protección judicial de las víctimas, y los derechos a la integridad física, garantías judiciales y

protección judicial de sus familiares consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

• En el fallo, el tribunal establece que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad que se

cometieron a través de una estructura de poder organizado. Con ello, reconoce que los actos llevados a cabo fueron de conocimiento y coordinados desde las más altas esferas del poder.

 

Contacto en Perú:

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Teléfonos: 431 0482 – 424 7057 – 431 4837 / Fax: 431 0477

prensa@aprodeh.org.pe

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Contacto en Washington:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Mauricio Herrera.

(202) 319-3000

mherrera@cejil.org.

La búsqueda de verdad, justicia y reparación en el Caso AMIA no debe detenerse

Casi dos meses después del décimo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en Buenos Aires, Argentina, se conoció el fallo de la justicia el cual absolvió a todos los imputados. Si bien no se conocen todavía los fundamentos de la sentencia, esta decisión pondría en evidencia las serias irregularidades cometidas en la investigación del atentado y las debilidades del sistema de justicia en ese país. La mañana del 18 de julio de 1994 un coche bomba explotó en la puerta de la AMIA causando la muerte de 85 personas y provocando más de 300 heridos. Esta decisión da por concluido el juicio oral iniciado hace tres años sin haber podido responsabilizar ni a una sola persona de este aberrante atentado.

Lun, 13/09/2004

Washington, D.C. 13 de septiembre de 2004

Casi dos meses después del décimo aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA) en Buenos Aires, Argentina, se conoció el fallo de la justicia el cual absolvió a todos los imputados. Si bien no se conocen todavía los fundamentos de la sentencia, esta decisión pondría en evidencia las serias irregularidades cometidas en la investigación del atentado y las debilidades del sistema de justicia en ese país. La mañana del 18 de julio de 1994 un coche bomba explotó en la puerta de la AMIA causando la muerte de 85 personas y provocando más de 300 heridos. Esta decisión da por concluido el juicio oral iniciado hace tres años sin haber podido responsabilizar ni a una sola persona de este aberrante atentado.

Este fallo confirmaría las denuncias de un grupo de familiares de las víctimas sobre las irregularidades cometidas en la investigación judicial de este atentado. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) espera que como resultado de este fallo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pueda avanzar en la resolución de este caso a nivel internacional, del que conoce en base a la denuncia presentada en 1999 ante dicho organismo.

El caso de la AMIA fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año 1999 por Memoria Activa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Human Rights Watch. Estas organizaciones, en representación de un grupo de familiares de las víctimas, denunciaron ante la CIDH la responsabilidad del Estado argentino por las serias irregularidades cometidas en la investigación del atentado y por la negación de justicia y derecho a la verdad de que fueron sujetos tanto las víctimas como sus familiares. En la petición exigieron que la CIDH obligue al Estado argentino a realizar una investigación que cumpla con los estándares internacionales reconocidos en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y que evite asimismo la impunidad de semejante hecho. Como primera medida, la CIDH nombró un veedor internacional del juicio oral de la AMIA –el Decano Claudio Grossman- para que éste elaborara un informe sobre el mismo. Una vez emitido el fallo, CEJIL espera que la CIDH reciba prontamente el informe de manera que se conozcan las observaciones del veedor.

El Estado argentino ha firmado y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, principal instrumento del sistema interamericano, y como parte de este tratado tiene la obligación de garantizar que se respeten entre otros, el derecho a la vida, el derecho a la justicia y el derecho a la verdad de todos sus habitantes. En este sentido, la protección del derecho a la vida de las personas exige por parte de los órganos estatales una investigación seria, completa, eficiente e imparcial de hechos brutales como fue el atentado terrorista cometido contra la AMIA, para de esta manera garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

CEJIL considera que el Estado argentino debería admitir responsabilidades por las serias irregularidades cometidas en la investigación del atentado a la AMIA e implementar medidas que garanticen reformas institucionales tendientes a terminar con años de impunidad tanto en éste como en muchos otros casos. El curso que tomó la investigación de este terrible atentado, así como sus consecuencias, deberían servir como un llamado de atención a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Argentina, ya que ponen en evidencia deficiencias estructurales del aparato estatal que afectan de manera directa el fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia. En este sentido, vale recordar lo dicho reiteradamente por la Corte Interamericana en sus sentencias con respecto a que una situación de impunidad “propicia la repetición crónica de violaciones de los derechos humanos.”

CEJIL se solidariza con los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA a quienes continuará apoyando hasta que sean garantizados todos sus derechos y reparados los daños causados. La situación de los derechos humanos en América Latina mantiene a sus comunidades en una búsqueda constante de justicia, verdad y reparación. En el caso de la AMIA, esa búsqueda no debe detenerse. La experiencia de CEJIL en el litigio internacional de casos sobre graves violaciones a los derechos humanos ha dado en muchos casos alentadores resultados que demuestran que ese reclamo de justicia no es en vano.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana ordena a Venezuela investigar de inmediato masacre de El Amparo

Crimen cometido por el Ejército contra pescadores

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela, el 4 de febrero, acatar de manera “pronta y total” con una sentencia promulgada en 1995 acerca de la ejecución de 14 pescadores ocurrida en 1988 en un operativo militar en el río Arauca, estado Apure, conocida como la masacre de El Amparo.

Vie, 19/02/2010


 
 
Washington D.C, 19 de febrero de 2010.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela, el 4 de febrero, acatar de manera “pronta y total” con una sentencia promulgada en 1995 acerca de la ejecución de 14 pescadores ocurrida en 1988 en un operativo militar en el río Arauca, estado Apure, conocida como la masacre de El Amparo.
La decisión implica que el Estado Venezolano debe hacer todo lo necesario para investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables, para lo cual deberá presentar a  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un cronograma con información “puntual, clara y exhaustiva” a más tardar el próximo 25 de junio.
“El Tribunal considera que el Estado no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia y, asimismo, no ha cumplido con su deber de remitir información clara y específica al respecto” consideró la Corte IDH en su Resolución, notificada el 16 de febrero.
Para la Corte IDH las violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre de El Amparo “se mantienen en la impunidad” a 21 años de ocurridos los hechos. “El cumplimiento de las órdenes de reparación de esta Corte no es una concesión del Estado hacia las víctimas, es un derecho de éstas que debe ser satisfecho de manera pronta y respetuosa”, señala la Resolución.
En 1995, Venezuela ya había aceptado ante la Corte IDH su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos de las 14  víctimas asesinadas y dos sobrevivientes.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en representación de las víctimas, participaron en una audiencia privada ante la Corte IDH el pasado 29 de enero  en la cual los representantes del Estado de Venezuela admitieron el atraso injustificado en la investigación de la masacre.
“Indudablemente que eso es una deuda histórica que tiene el Estado venezolano y tiene que saldarla”, aseguraron los representantes venezolanos, citados en la Resolución.
En la audiencia del 29 de enero, Venezuela afirmó que los responsables del crimen están plenamente identificados y que las investigaciones “no serían difíciles, porque ya algunas de las pruebas se encontraban en la jurisdicción militar”.
PROVEA y CEJIL instan a Venezuela a honrar sus compromisos internacionales y a realizar acciones concretas, planeadas y coordinadas para avanzar con las investigaciones. Un primer paso en esta dirección será la entrega del cronograma que la Corte solicitó a Venezuela.
Según la sentencia de la Corte IDH, del 18 de enero de 1995, la masacre ocurrió el 29 de octubre de 1988 cuando 16 pescadores del pueblo de El Amparo iban en una embarcación a participar en un paseo de pesca a través del río Arauca. Soldados del ejército venezolano que en ese momento efectuaban un operativo militar dispararon contra los pescadores.  El Ejército reportó un enfrentamiento con guerrilleros colombianos en el cual habían muerto 14 insurgentes y otros dos habían escapado.
Los dos pescadores sobrevivientes se entregaron al día siguiente a la Policía. El Ejército intento capturarlos por la fuerza pero policías y numerosos civiles se instalaron frente al puesto policial e impidieron la detención.
 
Contacto de prensa en Washington D.C.
Mauricio Herrera Ulloa
mherrera@cejil.org
Tel: (202) 319-3000
(202) 445-4676
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
 

Justicia guatemalteca ordena proseguir investigación de la masacre de Las Dos Erres

Dan cumplimiento a parte de la sentencia de la Corte Interamericana

La justicia guatemalteca debe continuar el procesamiento de las personas sospechosas de participar en la masacre de las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982 en el departamento de Petén, de acuerdo con una orden de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, del pasado 8 de febrero.

Mié, 10/02/2010

Ciudad de Guatemala, Guatemala, 10 de febrero de 2010

El pasado 8 de febrero, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la inmediata ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982 en el Departamento de Petén, y como consecuencia ordenó al juzgado competente continuar de forma efectiva con el procesamiento de las personas hasta hoy sindicadas y de quienes resulten responsables de estos graves hechos.

Cabe recordar que la Corte Interamericana declaró en su sentencia que el retardo en el proceso de investigación “es atribuible no solo al uso indiscriminado de recursos por parte de los imputados, sino a la falta de voluntad e interés de las autoridades judiciales del Estado que han conocido de los mismos, ya que no han tramitado debidamente numerosos recursos, y han sometido el caso al procedimiento establecido en la [Ley de Reconciliación Nacional …]; todo lo cual ha provocado la paralización del proceso penal”. Al respecto, cabe mencionar que en el proceso interno se habían presentado más de treinta amparos y otros recursos judiciales que tenían por objeto impedir el avance en la investigación de los hechos en los que perdieron la vida cientos de personas.

En ocasión de lo anterior, la decisión de la Cámara Penal, que se dio en respuesta tanto a las solicitudes planteadas por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), representantes de las víctimas, como a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, establece que se deben hacer efectivas las órdenes de captura que habían sido decretadas, el 7 de octubre de 1999 y el 4 de abril de 2.000, así como la admisión de la práctica de pruebas anticipadas “sin posibilidad de aplicar en lo sucesivo las disposiciones contenidas en la Ley de Reconciliación Nacional” y dejando “sin efecto las impugnaciones de carácter ordinario así como y constitucional” pendientes, en acatamiento a lo declarado por el alto Tribunal Interamericano.

FAMDEGUA y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas en el proceso internacional, celebran la decisión de la Cámara Penal y reconocen que este es un importante primer paso en la lucha contra la impunidad luego de décadas de obstruccionismo y retardo, que han negado justicia a las víctimas de estas y muchas otras graves violaciones cometidas durante el conflicto armado. Asimismo, hacen un llamado al Estado de Guatemala para que dé fiel y oportuno cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana en su sentencia y tome medidas serias y sostenidas para fortalecer la capacidad de investigación de este y otros casos similares.

Sentencia caso Las dos Erres vs. Guatemala:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf

http://www.cejil.org/comunicados.cfm?id=980

 

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