Masacres

San José, 25 de mayo de 2010

En el pasado periodo de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica,  CEJIL participó en casos contra México, Nicaragua  Panamá, Brasil y Colombia que juzgan asuntos relacionados con la aplicación indebida de la jurisdicción militar, violencia contra la mujer, derechos políticos de pueblos indígenas, desapariciones forzadas y masacres.

El 27 de mayo la Corte efectuó la audiencia pública del caso de Valentina Rosendo contra México, que se refieró a las agresiones sexuales y tortura de una mujer indígena mexicana perpetrada por soldados mexicanos en febrero de 2002. En la audiencia se tratará la responsabilidad estatal por la violencia ejercida contra la víctima -la cual constituye una forma de discriminación y tortura- la falta de diligencia para investigar y sancionar a los responsables y el uso de la jurisdicción militar para conocer violaciones de los derechos humanos.

CEJIL litigó este caso junto con la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa  (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. La denuncia inicial fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en mayo de 2003. Ante el incumplimiento del Estado de las recomendaciones del Informe final, emitido en marzo de 2009, en agosto de ese año la CIDH sometió este asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por otra parte, el  26 de mayo la Corte Interamericana analizó en audiencia privada el cumplimiento del fallo en el caso de Heliodoro Portugal contra Panamá. La sentencia se refiere a la desaparición y ejecución de un dirigente popular en 1970 a manos de agentes del Estado, cuando Panamá se encontraba gobernada por un régimen militar.

En una sentencia del 12 de agosto de 2008, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado panameño en el crimen. A raíz de esa decisión, la justicia panameña llamó a juicio a ocho exmilitares, entre los que se encuentra el ex general Manuel Antonio Noriega. A cuarenta años de su desaparición, ninguna persona (actor material o intelectual) ha sido sancionada penalmente por el crimen.

Panamá aún debe cumplir aspectos importantes de la sentencia, como la obligación de brindar atención médica y psicológica a los familiares del Sr. Portugal. Tampoco ha incluido en su legislación penal los delitos de desaparición forzada ni de tortura, de acuerdo con los estándares fijados por la Corte.

El mismo 26 de mayo, la Corte Interamericana celebró una audiencia privada para supervisar el cumplimiento de la sentencia en el caso Yatama contra Nicaragua. Este caso se refiere a la exclusión que sufrieron los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales presentados por la organización indígena Yatama para participar en las elecciones municipales realizadas el 5 de noviembre de 2000, en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y del Atlántico Sur.

En la sentencia del 25 de junio de 2005, la Corte Interamericana condenó al Estado de Nicaragua, entre otros, por no contar con recursos judiciales adecuados para controvertir decisiones del órgano electoral. Por ello, ordenó a Nicaragua a hacer reformas legislativas para adecuar el Sistema Electoral a los estándares internacionales y eliminar los obstáculos que impidan a las organizaciones indígenas presentar candidatos para cargos de elección popular. El fallo de la Corte sigue sin ser ejecutado.

“Los tres casos que analizó la Corte Interamericana son muy diversos, pero también comparten un tema trascendental: la importancia de que el Poder Legislativo asuma la gran responsabilidad de adoptar legislación adecuada a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Es tiempo de que los congresos de los distintos países rindan cuentas de cómo la legislación que adoptan o modifican, garantizar el respeto y protección de las personas”, declaró Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

En el pasado periodo de sesiones, CEJIL también participó en la audiencia pública por el caso Gomes Lund contra Brasil (guerrilla de Araguaia), el 20 y 21 de mayo, que trató acerca de la desaparición, tortura y ejecución de al menos 70 personas durante ataques de las Fuerzas Armadas brasileñas a un movimiento de resistencia a la dictadura militar, entre 1972 y 1975. Este es la primera ocasión en la que Brasil es juzgada por crímenes cometidos durante la dictadura (1964-1985).

CEJIL, junto con organizaciones colombianas, también tomó parte en una audiencia privada, el 19 de mayo, para revisar el cumplimiento de la medida de reparación sobre atención médica y psicológica en ocho sentencias contra el Estado de Colombia, relacionadas con masacres ocurridas en ese país.

Contacto de prensa: Mauricio Herrera.  Tel: (202) 445-46-76  mherrera@cejil.org www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Washington, D.C., 7 de diciembre de 2009

En resolución emitida el pasado 2 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado Peruano tomar las medidas necesarias para el cumplimiento total de la sentencia emitida el 29 de noviembre de 2006 con respecto al asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”.

El documento solicita además un informe que indique las acciones y medidas realizadas por el Estado peruano a fin de reparar a los familiares de las víctimas en este caso. Asimismo, da como plazo el 1º de marzo del año 2010 a efectos de cumplir este pedido.

Al respecto la doctora Gloria Cano, responsable del área legal de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, destacó la importancia de esta resolución: “El pronunciamiento de la Corte, en relación a la sentencia por el caso La Cantuta, significa que el Estado no ha cumplido a cabalidad con lo dispuesto por la

Corte, en cuanto a la investigación y sanción a los responsables, y sobretodo, en relación a la búsqueda y ubicación de los cuerpos de todas las víctimas. Recordemos que si bien se ha dado sepultura a los restos de los estudiantes encontrados, aún faltan hallar e identificar otros cuerpos. Ninguno de los juzgados a cargo ha realizado o programado las diligencias necesarias”.

La abogada refirió que el 17 de julio de 2008, fueron entregados a los familiares de las víctimas seis féretros mortuorios. En aquella oportunidad, los peritos del Equipo Peruano de Antropología Forense establecieron que los restos estaban incompletos y que correspondían a 8 individuos. Según refiere el expediente, se logró identificar a Luis Ortiz Perea y Bertila Lozano. Asimismo, se señala que uno de los restos encontrados pertenece a Dora Oyague, y que debía determinarse si otros restos correspondían a Felipe Flores o a Marcelino Rosales.

En ese sentido, la Corte declara “proceder de inmediato a la búsqueda y localización de los restos mortales de Hugo Muñoz Sánchez, Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Armando Richard Amaro Cóndor,Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana y, si se encuentran sus restos, deberá entregarlos a la brevedad posible a sus familiares y cubrir los eventuales gastos de entierro”.

En relación a la obligación de investigar los hechos, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones cometidas, la Corte requiere al Estado: “que siga informando sobre el avance de las investigaciones y/o sobre otras que se puedan iniciar, como así también respecto de los avances de los ‘acuerdos de colaboración eficaz’, de las personas ‘no habidas’, del proceso informado por los representantes y del recurso de nulidad interpuesto en el proceso judicial Nº 19-2001-AV, a efectos de evaluar el cumplimiento total de esta obligación”.

La resolución también pide a los familiares expresar sus observaciones sobre el cumplimiento de las reparaciones por parte del Estado peruano.

Datos:

• En noviembre de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo que condena

internacionalmente a Perú por la violación de los derechos humanos de nueve estudiantes y un profesor

universitario de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. Los hechos del caso ocurrieron el 18 de julio de 1992 cuando miembros del denominado “Grupo Colina” irrumpieron violentamente en “La Cantuta”, y

detuvieron, desaparecieron y ejecutaron a las víctimas. Este caso es emblemático de los graves crímenes

internacionales cometidos durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori y de los múltiples mecanismos

implementados para garantizar su impunidad.

• La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

representaron a los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana. La Corte en su decisión encontró

responsable a Perú por haber violado los derechos a la vida, integridad física, libertad personal, garantías

judiciales y protección judicial de las víctimas, y los derechos a la integridad física, garantías judiciales y

protección judicial de sus familiares consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• En el fallo, el tribunal establece que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad que se

cometieron a través de una estructura de poder organizado. Con ello, reconoce que los actos llevados a cabo fueron de conocimiento y coordinados desde las más altas esferas del poder.

Contacto en Perú:

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Teléfonos: 431 0482 – 424 7057 – 431 4837 / Fax: 431 0477

prensa@aprodeh.org.pe

http://www.aprodeh.org.pe

Contacto en Washington:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Mauricio Herrera.

(202) 319-3000

mherrera@cejil.org.

 
 
Washington D.C, 19 de febrero de 2010.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela, el 4 de febrero, acatar de manera “pronta y total” con una sentencia promulgada en 1995 acerca de la ejecución de 14 pescadores ocurrida en 1988 en un operativo militar en el río Arauca, estado Apure, conocida como la masacre de El Amparo.
La decisión implica que el Estado Venezolano debe hacer todo lo necesario para investigar los hechos, identificar y sancionar a los responsables, para lo cual deberá presentar a  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) un cronograma con información “puntual, clara y exhaustiva” a más tardar el próximo 25 de junio.
“El Tribunal considera que el Estado no ha cumplido con lo ordenado en la sentencia y, asimismo, no ha cumplido con su deber de remitir información clara y específica al respecto” consideró la Corte IDH en su Resolución, notificada el 16 de febrero.
Para la Corte IDH las violaciones a los derechos humanos en el caso de la masacre de El Amparo “se mantienen en la impunidad” a 21 años de ocurridos los hechos. “El cumplimiento de las órdenes de reparación de esta Corte no es una concesión del Estado hacia las víctimas, es un derecho de éstas que debe ser satisfecho de manera pronta y respetuosa”, señala la Resolución.
En 1995, Venezuela ya había aceptado ante la Corte IDH su responsabilidad internacional por las violaciones a los derechos humanos de las 14  víctimas asesinadas y dos sobrevivientes.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), en representación de las víctimas, participaron en una audiencia privada ante la Corte IDH el pasado 29 de enero  en la cual los representantes del Estado de Venezuela admitieron el atraso injustificado en la investigación de la masacre.
“Indudablemente que eso es una deuda histórica que tiene el Estado venezolano y tiene que saldarla”, aseguraron los representantes venezolanos, citados en la Resolución.
En la audiencia del 29 de enero, Venezuela afirmó que los responsables del crimen están plenamente identificados y que las investigaciones “no serían difíciles, porque ya algunas de las pruebas se encontraban en la jurisdicción militar”.
PROVEA y CEJIL instan a Venezuela a honrar sus compromisos internacionales y a realizar acciones concretas, planeadas y coordinadas para avanzar con las investigaciones. Un primer paso en esta dirección será la entrega del cronograma que la Corte solicitó a Venezuela.
Según la sentencia de la Corte IDH, del 18 de enero de 1995, la masacre ocurrió el 29 de octubre de 1988 cuando 16 pescadores del pueblo de El Amparo iban en una embarcación a participar en un paseo de pesca a través del río Arauca. Soldados del ejército venezolano que en ese momento efectuaban un operativo militar dispararon contra los pescadores.  El Ejército reportó un enfrentamiento con guerrilleros colombianos en el cual habían muerto 14 insurgentes y otros dos habían escapado.
Los dos pescadores sobrevivientes se entregaron al día siguiente a la Policía. El Ejército intento capturarlos por la fuerza pero policías y numerosos civiles se instalaron frente al puesto policial e impidieron la detención.
 
Contacto de prensa en Washington D.C.
Mauricio Herrera Ulloa
mherrera@cejil.org
Tel: (202) 319-3000
(202) 445-4676
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.
 

Washington, D.C. 20 de octubre de 2004

Desde el 21 hasta el 27 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) relativas a casos individuales sobre violaciones de los derechos humanos en el hemisferio americano. CEJIL informará a la CIDH sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará asimismo temáticas específicas como la explotación sexual de niños y niñas en Centroamérica y la integración económica, entre otros temas. Estas audiencias se realizarán en Washington con motivo del 121º período ordinario de sesiones de la CIDH que comenzó el 11 de octubre y se extiende hasta el 27 de octubre. Además de CEJIL, estarán presentes las víctimas y/o sus representantes, otras organizaciones no gubernamentales y las delegaciones de los gobiernos del hemisferio.

Durante el primer día de audiencias CEJIL expondrá a la CIDH dos temas que continúan afectando seriamente a las mujeres y los niños de América Latina. Uno de ellos tiene que ver con la discriminación y la deficiente administración de justicia de que son víctimas las mujeres en toda la región. Acompañarán a CEJIL en esta audiencia organizaciones regionales de mujeres. Seguidamente, CEJIL se referirá a la explotación sexual de menores de edad en Centroamérica, un fenómeno que continúa en aumento en dicha región. Se hará hincapié específicamente en la falta de políticas estatales destinadas a terminar con esta gravísima violación de los derechos humanos de niños y niñas centroamericanos. Ese mismo día la CIDH también recibirá a CEJIL para analizar el caso de Heliodoro Portugal de Panamá, activista político desaparecido durante la última dictadura militar.

El deterioro de los derechos humanos en Chiapas, México, y la parálisis e irregularidades en las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua serán denunciados por CEJIL ante la CIDH. Con respecto a esta última, se pedirá que el Estado mexicano retome las recomendaciones efectuadas por la Relatora de la CIDH sobre derechos de la mujer efectuadas en marzo de 2002 en referencia a las investigaciones de estos homicidios. CEJIL y las organizaciones mexicanas manifestarán tanto a la CIDH como al gobierno que, pese a los intentos por avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, se continúan evidenciando fallas en la coordinación de las investigaciones y falta de capacitación de los funcionarios a cargo de las mismas.

CEJIL también participará en una audiencia en la que se informará a la CIDH sobre la cada vez más preocupante situación en la que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos de América. El estado de estos derechos en Bolivia también será abordado por CEJIL en audiencia con la CIDH. Se manifestará con especial énfasis preocupación por los obstáculos interpuestos por el gobierno para la aprobación de una ley de derechos sexuales y reproductivos.

Una audiencia que se espera que despierte gran interés será la referida al impacto de los procesos de integración económica sobre los derechos humanos de los habitantes de América Latina. Participarán de manera conjunta siete organizaciones latinoamericanas y constituirá esta la primera vez que la CIDH escuche este tema en audiencia.

Se realizarán asimismo dos audiencias sobre Venezuela, una de ellas se referirá al problema de impunidad que afecta a ese país. Actualmente en Venezuela el 90% de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos no se llegan a iniciar en el proceso penal. CEJIL y las organizaciones locales harán referencia a las principales causas de esta impunidad que son, entre otras, la inseguridad jurídica debido a la incertidumbre de las reglas y leyes del Estado, la demora legislativa y el carácter provisorio de la mayoría de los jueces. La segunda audiencia se centrará en dar información sobre el estado actual de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al litigio de CEJIL en casos individuales, se llevará a cabo una audiencia sobre el caso de Gilda Rosario Pizarro Jiménez y otros, más conocido como Las Paquitas, de Chile y otra sobre el suicidio del joven Wilmer González Rojas en una prisión de Nicaragua, el cual no ha sido investigado diligentemente por el Estado. Habrá también una audiencia para analizar avances en el caso de Ramón Hernández Berrios y otros de Honduras, que involucra a cuatro menores de edad que fueron detenidos en cárceles con adultos y torturados y aún no se han realizado investigaciones ni sancionado a los responsables.

La CIDH recibirá a CEJIL para que informe si el Estado peruano ha cumplido las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Y también se realizará otra audiencia sobre los casos de los magistrados y fiscales del poder judicial cesados durante el gobierno actual en la cual se evaluará si se continúa con el proceso de solución amistosa. CEJIL reiterará en audiencia sus observaciones y preocupaciones sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia y el papel de la Misión para Apoyar el proceso de paz de la OEA. Nuevamente CEJIL destacará la falta de garantías de los derechos a la justicia y la verdad en el proceso e insistirá en la urgencia de un monitoreo activo de la CIDH.

Finalmente tendrán lugar dos audiencias sobre Guatemala. En una de ellas CEJIL abordará la delicada situación de las personas que viven con VIH/Sida en ese país debido a que el Estado continúa sin proveerles los medicamentos necesarios pese estar ellos bajo la protección de medidas cautelares (de protección) ordenadas por la CIDH. Se le pedirá a la CIDH que le solicite a la Corte la adopción de medidas provisionales en favor de las más de 40 víctimas, cuyas vidas corren serio peligro debido a la inercia estatal. En la segunda audiencia se informará sobre las nefastas consecuencias de la decisión del Estado de Guatemala de enviar al Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado interno las reparaciones económicas ordenadas por la CIDH. Por último, CEJIL participará de una audiencia en la que denunciará las graves condiciones en que se encuentran las personas detenidas en El Salvador.

Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.

Contacto en Washington:

Victoria Amato
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 ext.22
Fax: 202-319-3019
Correo electrónico: vamato@cejil.org

Contacto en Costa Rica:

Edilma Granados Ramírez
Difusión y Prensa
Apartado Postal 441-2010
San José, Costa Rica
Tel: 506-280-7473/7608
Fax: 506-280-5280
Correo electrónico: egranados@cejil.org

A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza de Honduras, Guatemala y Nicaragua

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” de México

Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York, Estados Unidos

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia

CIIDH de Guatemala

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Coordinadora de la Mujer de Bolivia

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia

Derechos y Democracia de Canadá

Estudio por la Defensa de los derechos de las mujeres (DEMUS) de Perú

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) de EL Salvador

Instituto de Formación Femenina Integral

Justicia para Nuestros Hijas

Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA )

Red de Infancia y Adolescencia de El Salvador (RIA)

Red de Organizaciones sobre VIH/SIDA de Guatemala

Save the Children

III Consulta de Defensores y Defensoras de América

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas

San José, 4 de febrero de 2005

El 2 de febrero de 2005, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, notificó a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) que acogió un recurso de Amparo, presentado por varios de los imputados en el caso de la Masacre de la Aldea Las Dos Erres, y que por lo tanto anula todo lo actuado por el Juez de Primera Instancia de San Benito, departamento de Petén, a partir del 28 de diciembre de 1996, fecha de entrada en vigencia de la ley de Reconciliación Nacional.

Con ese fallo se dejan sin efecto, entre otros, las declaraciones de algunos militares –en calidad de prueba anticipada- que reconocieron su participación en los hechos e indicaron la existencia de órdenes superiores, así como las órdenes de captura contra los militares sindicados, que no se han materializado por los más de 30 Recursos de Amparo presentados por sus defensores como estrategia dilatoria.

El proceso judicial que se sigue por la masacre de los pobladores de la aldea Las Dos Erres, ocurrida en diciembre de 1982, fue iniciado por FAMDEGUA en 1994, cuando solicitó la exhumación de lugares donde fueron encontrados cientos de restos humanos. Esta masacre es una de las tantas que se le han atribuido al Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno.

El fallo de la Corte de Constitucionalidad también inhibe al juez que conoce la causa de seguir con su labor en el proceso y remite a otra sala competente para la aplicación del procedimiento estipulado en la Ley de Reconciliación Nacional.

FAMDEGUA y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron el caso de Las Dos Erres a la Comisión Interamericana en septiembre de 1996, y en el 2000 acordaron con el Estado guatemalteco una solución amistosa, asumiendo Guatemala varios compromisos, entre ellos, la investigación de los hechos, la determinación de los responsables y su respectiva sanción, y la reparación de las víctimas. Al día de hoy, los términos de la reparación no se han satisfecho en su totalidad y con el fallo de la Corte de Constitucionalidad es obvio que lo poco que se había avanzado en administración de justicia queda anulado.

A FAMDEGUA y a CEJIL les preocupa el fallo no sólo por sus consecuencias en el caso de Las Dos Erres, sino también por su impacto en una sociedad caracterizada por la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos. Este fallo, que en su texto no contiene argumentos jurídicos que fundamenten la decisión del Tribunal, aumenta la preocupación por la falta de eficacia de la justicia guatemalteca por responder frente a los crímenes cometidos en el país, tanto del pasado como del presente; lo que en palabras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “configura una situación de impunidad estructural”.

Contacto en Costa Rica:
Edilma Granados Ramírez
Difusión y Prensa
Apartado Postal 441-2010
San José, Costa Rica
Tel: 506-280-7473/7608
Fax: 506-280-5280
Correo electrónico: egranados@cejil.org

Contacto en Washington:
Victoria Amato
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 ext.22
Fax: 202-319-3019
Correo electrónico: vamato@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.