Masacres

2011 finaliza con tres importantes reconocimientos de responsabilidad internacionales en El Salvador, Guatemala y México

Es una obligación impostergable de los Estados avanzar en la justicia de los casos

Washington D.C y San José, 20 de diciembre de 2011 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas realizados en días recientes por altas autoridades los Estados de El Salvador, Guatemala y México.

El pasado 10 de diciembre, en un acto de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada hace 30 años, el Canciller salvadoreño, Hugo Martínez, reiteró en nombre del Estado de El Salvador la petición de perdón a las víctimas de la masacre y afirmó que este acto busca dignificar la memoria de cientos de personas asesinadas por el Ejército salvadoreño.En el acto participaron además, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Representante Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, entre otras personas.

 

Mar, 20/12/2011

Washington D.C y San José, 20 de diciembre de 2011 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas realizados en días recientes por altas autoridades los Estados de El Salvador, Guatemala y México.
 
El pasado 10 de diciembre, en un acto de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada hace 30 años, el Canciller salvadoreño, Hugo Martínez, reiteró en nombre del Estado de El Salvador la petición de perdón a las víctimas de la masacre y afirmó que este acto busca dignificar la memoria de cientos de personas asesinadas por el Ejército salvadoreño.En el acto participaron además, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Representante Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, entre otras personas.
 
Por su parte, en un acto celebrado el jueves 15 de diciembre en el Palacio Nacional de la Cultura, en Guatemala, el Presidente de la República y comandante general del Ejército, Álvaro Colom, encabezó una ceremonia en la que pidió perdón a familiares y sobrevivientes de la masacre de la comunidad de Las Dos Erres, Petén. Entre otros, el titular del Poder Ejecutivo guatemalteco estuvo acompañado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.
 
Ese mismo día en el Museo de la Memoria y la Tolerancia en la Ciudad de México, el Estado mexicano, en un acto presidido por su Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y la Procuradora General de la República, Marisela Morales, reconoció su responsabilidad por las violaciones cometidas en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú y su hija, y le pidieron disculpas particularmente por la falta de justicia en su caso.
 
CEJIL, como co-representante con diversas organizaciones locales de derechos humanos de las víctimas de estos tres casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que estos actos, encabezados por altas autoridades estatales y con la participación de las víctimas, son un paso trascendental para la reparación de las violaciones cometidas y la difusión de la verdad.  No obstante, recuerda que en los tres casos sigue pendiente la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de los hechos violatorios. Esta deuda, fue destacada por las víctimas en los tres actos públicos celebrados.
 
En este sentido, CEJIL insta, a los Estados de El Salvador, Guatemala y México, a garantizar que se adopten medidas efectivas e inmediatas para que todos los responsables de estos graves hechos sean procesados y sancionados y a que se avance decididamente en la remoción de los obstáculos estructurales que impiden la consecución de justicia tal cual fuera ordenado por la Corte Interamericana o decidido por otras instancias internacionales en los tres casos. Ello no solo constituye una justa medida de satisfacción para las víctimas, sino que como lo ha establecido la Corte Interamericana, es una medida de no repetición.
Información sobre los casos
La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, entre el 9 y el 13  de diciembre de 1981 en el marco de la acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a más de novecientos cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán.
 
La masacre de Las Dos Erres fue perpetrada por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno. Los hechos ocurrieron durante 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, acompañados por un pelotón de soldados. Allí, torturaron, violaron sexualmente y asesinaron a más de doscientas personas. Recientemente 4 de los responsables fueron condenados por la justicia guatemalteca por su participación en los hechos.
El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo, de 17 años de edad, fue abordada por soldados del 41 Batallón quienes la interrogaron y posteriormente la violaron sexualmente. Hasta hace pocos meses su caso había sido investigado por la jurisdicción militar mexicana y actualmente está bajo conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria.
 
Contacto:
Milli Legrain
Coordinadora de comunicación
Mlegrain@cejil.org
Tel: (1) 202 319 3000

30 años de El Mozote: Sigue impune una de las mayores masacres de Latinoamérica

Corte Interamericana conocerá el caso en una audiencia en 2012

San Salvador, 9 de diciembre de 2011- Las organizaciones firmantes rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y a las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la Masacre del Mozote y sitios aledaños. El asesinato masivo de 966 hombres, mujeres y niños (víctimas identificadas hasta la fecha) fue la mayor masacre cometida por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado interno en este país (1980-1992), y una de las más sangrientas de la historia reciente de Latinoamérica.

Vie, 09/12/2011

Morazán, El Salvador, 12 de febrero del 2011. Paulina Martínez y José Calasanz descansan junto al monumento a las víctimas de  la masacre de El Mozote y sitios aledaños. Ambos son familiares de algunas de las personas asesinadas, cuyo número se calcula en unas 966 víctimas.San Salvador, 9 de diciembre de 2011- Las organizaciones firmantes rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y a las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la Masacre del Mozote y sitios aledaños. El asesinato masivo de 966 hombres, mujeres y niños (víctimas identificadas hasta la fecha) fue la mayor masacre cometida por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado interno en este país (1980-1992), y una de las más sangrientas de la historia reciente de Latinoamérica.

En el trigésimo aniversario de los hechos, las víctimas sobrevivientes siguen reivindicando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, ninguna de las personas responsables de perpetrar la masacre ha sido juzgada por estos hechos hasta la fecha.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional mantienen una denuncia en representación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que el más alto tribunal hemisférico convoque a una audiencia por este caso en el transcurso del 2012.

En las vísperas de días tan tristemente célebres, las organizaciones firmantes resaltamos el valor de todas las personas que han luchado por que se conozca la verdad de los hechos. En particular es necesario recordar a María Julia Hernández, quien fuera directora de Tutela Legal, y a Rufina Amaya, cuyo valiente testimonio dio a conocer lo ocurrido en El Mozote. Ambas lucharon hasta su muerte por la obtención de una justicia que no ha sido otorgada aún.

Las firmantes reconocemos la dignidad de las víctimas de la masacre, y suscribimos el mensaje del monumento construido en la comunidad por los familiares de las víctimas con el apoyo de organizaciones de derechos humanos: “Ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”.

 

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal realizó diligentes esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 porque las cortes salvadoreñas determinaron que la demanda no procedía, debido a que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada también en 1993, eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos.

 

Organizaciones firmantes:

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Informe de Actividades de CEJIL - 20 años

Desde su fundación en 1991 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha contribuido de manera significativa al goce de derechos en la región. El presente informe describe algunos de los hitos, logros y desafíos del trabajo de CEJIL durante dos décadas. El mismo rescata algunas acciones destacadas a fin de dejar constancia de la labor realizada durante ese período.


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2011
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Corte Interamericana ordena a El Salvador determinar el paradero de niños desaparecidos

Nueva sentencia de la Corte obliga al Estado a proporcionar información sobre casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno

San Salvador y San José, 10 de octubre del 2011- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de cinco niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en ese país. La sentencia sobre el caso Gregoria Herminia Contreras y otros vs. El Salvador fue comunicada el jueves pasado al Estado y a las organizaciones representantes de las víctimas, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 10/10/2011

San Salvador y San José, 10 de octubre del 2011- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de cinco niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en ese país. La sentencia sobre el caso Gregoria Herminia Contreras y otros vs. El Salvador fue comunicada el jueves pasado al Estado y a las organizaciones representantes de las víctimas, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La Corte IDH reconoció que en El Salvador existió un patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas durante los años del conflicto armado interno (1980-1992), quienes eran sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente entre 1980 y 1984. En la sentencia, el tribunal ordena continuar con las investigaciones –o abrir las que sean necesarias– para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera Rivera. De los seis niños, Gregoria Contreras ha sido la única joven reencontrada, gracias a la Asociación Pro-Búsqueda.

“Es la primera vez que la Corte Interamericana describe de manera detallada el patrón de desapariciones forzadas de niños y niñas ejecutadas por el Ejército durante el conflicto armado. El tribunal reconoce la verdad que por años les fue negada a los familiares de los cientos de niños y niñas que se encuentran en esta situación”, declaró Ester Alvarenga, directora de Pro-Búsqueda.

Más allá de estos casos particulares, la sentencia ordena al Estado garantizar que los operadores de justicia tengan acceso a los archivos que contengan información útil para la investigación de causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

“Una de las principales  dificultades enfrentadas para determinar lo ocurrido a los niños y niñas desaparecidos es la obstaculización en el acceso a la información por parte de las fuerzas militares cuando las autoridades encargadas de la investigación les piden los datos requeridos. A partir de la sentencia de la Corte, el Estado tendrá que adoptar medidas para asegurar que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó Alejandra Nuño, directora regional de CEJIL para Mesoamérica. Nuño agregó que esta orden de la Corte Interamericana es especialmente relevante en este momento, cuando en El Salvador se discute sobre los reglamentos a la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante el proceso ante el más alto tribunal hemisférico, el Estado salvadoreño reconoció la responsabilidad internacional en los hechos.

CEJIL y la Asociación Pro-Búsqueda resaltan la trascendencia de la decisión de la Corte Interamericana. Asimismo instan al Estado a cumplir la sentencia a cabalidad y a que se comprometa a reparar el daño causado por la desaparición forzada de más de 881 niños y niñas durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Los hechos

El caso Herminia Contreras y otros vs. El Salvador es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición forzada de niños.

  • El 25 de agosto de 1982 los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, de 4 años, 1 año y 8 meses, y 4 meses de edad, desaparecieron en manos de miembros del ejército salvadoreño durante un operativo realizado en el cantón San Juan de Buena Vista (departamento de San Vicente). Gregoria Herminia fue ubicada por la Asociación Pro-Búsqueda en el 2006 pero aún no se tiene conocimiento del paradero de sus hermanos.
  • Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez fueron testigos del asesinato de sus familiares cuando, el 13 de diciembre de 1981, miembros del Ejército ingresaron en el cantón de Cerro Pando (departamento de Morazán) y ejecutaron la “Masacre de El Mozote”, en el contexto de la llamada “Operación Rescate”. Posteriormente, las niñas, de 15 y 7 años de edad, fueron llevadas por un grupo de soldados y no se conoce su paradero.
  • El 19 de mayo de 1982, José Rubén Rivera, de 3 años de edad, fue llevado por un grupo de soldados de la Quinta Brigada de Infantería cuando él y su familia huían de un operativo militar que se llevaba a cabo en el cantón de La Joya (departamento de Morazán). Aún no se conoce su paradero.

CEJIL recibe el Premio Thomas J. Dodd en justicia internacional y derechos humanos

La ceremonia fue presidida por el ex Senador Christopher J. Dodd

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

Lun, 03/10/2011

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

 

El Premio Dodd conmemora la distinguida carrera de Thomas J. Dodd, quien fue Abogado Senior durante los Juicios de Nuremberg, Representante ante el Congreso de los Estados Unidos de 1953 a 1957 y Senador del estado de Connecticut de 1959 a 1971. Thomas Dodd dedicó su vida al servicio público y a la lucha contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y el mundo.

Tras recibir el premio, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, dijo que “La labor de CEJIL forma parte del legado de los juicios de Nurembergy del trabajo de Thomas J. Dodd. Al enfocarnos en las Américas, una región notoria por sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho, creemos firmemente en la dignidad para todos, la importancia de honrar a todos los seres humanos y la necesidad de fortalecer y aplicar el Estado de derecho para asegurar los derechos de todos.”

 

Krsticevic concluyó diciendo que, “A nombre de todos en CEJIL, muchas gracias por este gran honor. Este premio nos animará a seguir nuestra lucha por la justicia y la igualdad. Nos dará la esperanza necesaria para crear muchas más historias de éxito en las Américas y nos recuerda la importancia de preservar el legado y los principios de Nuremberg.”

 

Este premio será invertido en el litigio estratégico de CEJIL en el hemisferio, la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la capacitación de defensores y defensoras de derechos  humanos en la región.

Para más información:

Milli  Legrain

Directora de Comunicación

mlegrain@cejil.org

202 319 3000

Condena contra militares guatemaltecos en el caso de la masacre de Las Dos Erres representa un avance para la justicia

El caso lleva 30 años en la impunidad

San José y Guatemala, 4 de agosto de 2011 – La condena en contra de cuatro ex militares guatemaltecos por su responsabilidad en la masacre de los habitantes de la aldea de Las Dos Erres es un importante paso que acerca a Guatemala al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Luego de casi tres décadas de impunidad, la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el Tribunal interamericano, manifiestan su satisfacción por el resultado del proceso.

Jue, 04/08/2011

San José y Guatemala, 4 de agosto de 2011 – La condena en contra de cuatro ex militares guatemaltecos por su responsabilidad en la masacre de los habitantes de la aldea de Las Dos Erres es un importante paso que acerca a Guatemala al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Luego de casi tres décadas de impunidad, la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el Tribunal interamericano, manifiestan su satisfacción por el resultado del proceso.

La audiencia pública contra los ex militares –un teniente y 3 subinstructores de la fuerza especial Kaibil– empezó el pasado 25 de julio y terminó ayer, martes, con la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. En ella se determinó que “Reyes Collin Gualip, Manuel Pop Sun Daniel Martínez Méndez y Carlos Carías son responsables como autores de delitos contra los deberes de humanidad” y asesinato.

La masacre de Las Dos Erres es una de más de 600 masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno. Los hechos ocurrieron durante tres días (6, 7 y 8 de diciembre de 1982), cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, ubicado en el departamento de Petén, acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados. Allí, sometieron a los habitantes a torturas y malos tratos. Muchas de las mujeres, incluyendo niñas, fueron violadas y más de doscientas personas fueron asesinadas.

El 24 de noviembre del 2009, la Corte IDH emitió una sentencia en la que ordenó al Estado “utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en el Parcelamiento de Las Dos Erres”.

Esta es la primera vez que un tribunal guatemalteco condena a miembros de la fuerza especial Kaibil, la cual fue responsable de algunas de las más violentas y crueles violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.

FAMDEGUA y CEJIL, valoran que el tribunal guatemalteco tomase en cuenta no solo las ejecuciones extrajudiciales, sino también las graves afectaciones a la integridad personal, como los actos de tortura y la violencia ejercida especialmente contra las mujeres, los niños y las niñas de la comunidad tal y como fue ordenado por el tribunal interamericano.

No obstante, para cumplir con lo ordenado por la Corte IDH es crucial que el Estado continúe la identificación y el juzgamiento de todos los responsables de la masacre, incluyendo los autores intelectuales que todavía no han sido nombrados. Tal como el tribunal guatemalteco dio por probado, la masacre fue perpetrada por decenas de militares de acuerdo a un plan previamente elaborado y con el conocimiento y aprobación de autoridades del Ejército guatemalteco. Estos hechos también habían sido detallados por el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

FAMDEGUA y CEJIL reiteran su satisfacción por esta histórica condena y confían en que la justicia para las víctimas de este caso no terminará con este proceso. La sanción de todos los responsables en el caso de la masacre de Las Dos Erres es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

Crece presión internacional contra posible indulto al ex presidente Fujimori

El indulto a Fujimori violaría las obligaciones internacionales de Perú

Washington, D. C., 15 de junio del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresan su más enérgico rechazo ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo peruano conceda un indulto al ex Presidente Alberto Fujimori, quien al momento cumple una condena de 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos, la desaparición forzada de nueve alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

Mié, 15/06/2011

Washington, D. C., 15 de junio del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresan su más enérgico rechazo ante la posibilidad de que el Poder Ejecutivo peruano conceda un indulto al ex Presidente Alberto Fujimori, quien al momento cumple una condena de 25 años de prisión por la matanza de Barrios Altos, la desaparición forzada de nueve alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta, y el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer.

La condena contra el ex Presidente Fujimori fue impuesta el 7 de abril de 2009, y ratificada por la Corte Suprema del Perú el 30 de diciembre de 2009. Se trata del primer caso en el que un ex presidente democráticamente electo fue procesado en su propio país por graves violaciones a los derechos humanos. “El juicio contra Fujimori fue justo, imparcial y en pleno respeto a sus derechos como acusado. La comunidad internacional reconoce el proceso contra Fujimori como ejemplar y la condena como un paso determinante en la lucha contra la impunidad”, dijo Jo-Marie Burt, asesora principal al programa de WOLA sobre Perú. “Simplemente no hay justificación, ni médica ni legal, para indultar a Fujimori”.

Además de las graves violaciones a los derechos humanos mencionadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado probada en numerosas sentencias, la responsabilidad del Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, cometidas durante el mandato del ex Presidente Fujimori (1990-2000). En varias decisiones, el Tribunal Interamericano ha exigido la investigación, sanción y castigo de los responsables al más alto nivel.

A pesar de ello, varios funcionarios del Estado se han pronunciado respecto a la posibilidad de que Fujimori sea puesto en libertad bajo la figura del indulto humanitario. Si bien esta forma de beneficio penitenciario existe en el derecho penal, el mismo debe darse en condiciones específicas y su aplicación está excluida respecto a ciertos delitos tanto en el derecho peruano como bajo el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, tanto el ordenamiento jurídico peruano como el de otros países de la región, prohíben el indulto en casos de secuestro agravado, y ante graves violaciones a los derechos humanos.

Según Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL, “un indulto al ex Presidente Fujimori entraría en total contradicción con los pronunciamientos de la Corte Interamericana, amparados en tratados internacionales de obligado cumplimiento para Perú, y enviaría un mensaje de impunidad respecto al derecho que asiste a las víctimas y a la sociedad a obtener justicia frente a graves violaciones de derechos humanos”.

En efecto, la Corte Interamericana ha exigido en los casos Barrios Altos, La Cantuta, Anzualdo Castro y muchos otros, la obligación del Estado peruano de investigar y castigar efectivamente a todos aquellos involucrados en ejecuciones, desapariciones y torturas. Asimismo, concluyó en el caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional.

Asimismo, la Corte ha señalado en el caso Cepeda contra Colombia que el otorgamiento indebido de beneficios penitenciarios puede conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trata de la comisión de graves violaciones de derechos humanos, como en el presente caso.

Recordamos que no es la primera vez que el Ejecutivo peruano intenta evadir la obligación del Estado de sancionar graves violaciones a los derechos humanos. En el 2010 el Ejecutivo pretendió, mediante la aprobación del Decreto Legislativo 1097, conceder beneficios a agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Igualmente, en noviembre de 2008 se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley que pretendían conceder la amnistía e indulto a agentes estatales denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos. “Esperamos que también esta vez Perú resista la presión de dejar a estos horribles crímenes sin castigo. Hacer lo contrario, mandaría el mensaje de que las violaciones a los derechos humanos en Perú están permitidas”, dijo Jo-Marie Burt de WOLA.

Por lo anterior, WOLA y CEJIL, dos reconocidas organizaciones con décadas de experiencia en temas de justicia en América Latina, hacen un llamado a las autoridades del Estado peruano, incluyendo al Ejecutivo del Presidente Alan García, así como al Presidente electo Ollanta Humala, para que muestren un compromiso irrestricto con el derecho a la verdad, la justicia, y la reparación que asiste a las víctimas de violaciones de derechos humanos, y garanticen el pleno respeto del Estado peruano con sus obligaciones internacionales.

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