Masacres

Gobierno de Guatemala cuestiona competencia de la Corte IDH

Nuevo acuerdo gubernativo quebrantaría sentencias

San José, Costa Rica, 4 de enero de 2013- El Acuerdo Gubernativo 370-2012 que emitió el  gobierno de Guatemala el pasado 28 de diciembre y que rige desde el miércoles con su publicación en el Diario de Centro América, cuestiona las facultades y desobedece sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que la supuesta interpretación del gobierno guatemalteco hace que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Este decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo estima “que la reserva  hecha  por  el  Estado  de  Guatemala  no  ha  sido  interpretada adecuadamente por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SIC)”, promueve el desacato de sentencias de la Corte IDH que, entre otros aspectos, exigen justicia para crímenes cometidos contra la humanidad y pone inaceptables limitaciones a este Tribunal.

Vie, 04/01/2013

Acuerdo Gubernativo Guatemala 2012

San José, Costa Rica, 4 de enero de 2013- El Acuerdo Gubernativo 370-2012 que emitió el  gobierno de Guatemala el pasado 28 de diciembre y que rige desde el miércoles con su publicación en el Diario de Centro América, cuestiona las facultades y desobedece sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que la supuesta interpretación del gobierno guatemalteco hace que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Este decreto emitido por el titular del Poder Ejecutivo estima “que la reserva  hecha  por  el  Estado  de  Guatemala  no  ha  sido  interpretada adecuadamente por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SIC)”, promueve el desacato de sentencias de la Corte IDH que, entre otros aspectos, exigen justicia para crímenes cometidos contra la humanidad y pone inaceptables limitaciones a este Tribunal.

 

Ante esta lamentable situación, CEJIL considera que:

 

  • El 9 de marzo de 1987, Guatemala presentó ante la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el acuerdo gubernativo 123-87 que reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de modo obligatorio y sin convención especial, sobre todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 1).

 

  • La aceptación de la competencia de la Corte IDH se hizo por un plazo indefinido, con carácter general, bajo condiciones de reciprocidad y con la reserva de que los casos en que se reconoce la competencia son exclusivamente los acaecidos con posterioridad a la fecha en que esta declaración se presentó a la OEA (Artículo 2).

 

  • El Estado guatemalteco ha aceptado las sentencias que la Corte IDH ha emitido, lo cual sugiere que ha sido consecuente con sus propias normas. Llama poderosamente la atención que hasta este momento ponga en entredicho las decisiones y el alcance de este Tribunal, lo que podría entenderse como una artimaña para evadir su responsabilidad y cumplir como se debe con las sentencias.

 

  • La Corte IDH es, ante todo y principalmente, una institución judicial autónoma que goza de  autoridad para decidir cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interamericanos, incluido el alcance de la competencia, y para disponer que se garantice a la víctima de la violación de un derecho o libertad protegidos por ésta, el goce del derecho o libertad vulnerados. Las sentencias dictadas en ejercicio de la competencia surten efectos vinculantes para los Estados.

 

  • El actual acuerdo gubernativo 370- 2012 cuestiona la competencia de la Corte IDH, lo que ya ha sido dirimido en diversas oportunidades por este mismo Tribunal.

 

  • La Corte IDH en ningún momento se ha excedido o ha cuestionado la facultad del Estado guatemalteco de condicionar su aceptación de competencia, en tanto la ha analizado de manera cuidadosa en cada caso. El acuerdo gubernativo de Guatemala de marzo de 1987 ha sido respetado por el alto Tribunal interamericano y solamente establece responsabilidad y reparaciones por lo que se conoce como hechos continuados (por ejemplo, la violación al derecho al nombre, a la familia, a ser sujetos de protección especial, como el caso de niños sustraídos por militares durante el conflicto armado; la desaparición y el desplazamiento forzado de personas o la violación del derecho a la propiedad, entre otros) o acaecidos posterior a esta declaratoria.

 

  • En concordancia con la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, las partes deben cumplirlos de buena fe y ninguna parte podrá invocar disposiciones de derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado (Artículos 26 y 27).

 

  • El gobierno guatemalteco aduce en este acuerdo que no “reconocerá” reparaciones respecto de aquellos casos en los que difiera de la interpretación autorizada de la Corte IDH, lo que cual representa un serio desacato de responsabilidad internacional, debido a que la Corte IDH ya ha emitido sentencias que toman en cuenta hechos continuados y sobre los cuales Guatemala debe asumir su responsabilidad. El acuerdo del Poder Ejecutivo guatemalteco, podría derivar en un incumplimiento de sentencias de la Corte IDH, entre las que destaca el “Caso Masacres de Río Negro” del 4 de setiembre de 2012 y el Caso Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) de noviembre 2012, y en las que el Gobierno de Guatemala, como ya se dijo, debe atender las sentencias ya emitidas por la Corte IDH.

 

  • La falta de reconocimiento de las reparaciones que otorgue la Corte IDH en casos relacionados con hechos iniciados antes de 1987 “y hasta por valores o formas de reparaciones que no excedan aquellas previstas en el ordenamiento jurídico nacional” pone en serio riesgo el cumplimiento total y adecuado de las mayoría de las sentencias relacionadas con los 17 casos con sentencias condenatorias hasta el momento contra Guatemala.

 

  • Entre otros, CEJIL co-representa a las víctimas de los casos Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres, que podrían verse afectadas por este acuerdo.

Ley de Amnistía dejará de ser obstáculo para investigación de graves violaciones a derechos humanos

A 31 años de la masacre de El Mozote en El Salvador

San José, Costa Rica, 11 de diciembre de 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

Mar, 11/12/2012

- CEJIL aplaude fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

- CEJIL representa legalmente a víctimas y monitoreará cumplimiento de la sentencia.

San José, Costa Rica, 11 de diciembre 2012- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, representantes de las víctimas en el caso de “La Masacre de El Mozote y lugares aledaños” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), mostraron satisfacción con la sentencia que condena al Estado salvadoreño por los graves hechos de la masacre y que le ordena, entre otras cosas, nunca aplicar la Ley de Amnistía en casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado.

La sentencia definitiva fue notificada a las partes la tarde de este lunes 10 de diciembre, día en que se celebró en todo el mundo el Día de los Derechos Humanos y un día antes que se conmemorara el 31 Aniversario de La Masacre.

En palabras de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la sentencia marca un hito histórico ya que es la primera vez que el alto Tribunal Interamericano señala que la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz salvadoreña es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Más aun, la Corte establece que dicha ley carece de validez. Por ello, esperamos que en los próximos meses El Salvador adelante procesos penales que permitan que se haga justicia para las víctimas de uno de los episodios más trágicos de la historia de nuestro continente, y que se devuelva la esperanza a la sociedad salvadoreña".

“El Mozote” es la masacre más grande cometida en América Latina, con un registro de víctimas asesinadas que se aproxima al millar, cientos de personas desplazadas y que abarcó al menos seis poblados. Por años, las víctimas sobrevivientes y los familiares de las víctimas han luchado por la obtención de la justicia. La sentencia de la Corte Interamericana representa la oportunidad de que su voz sea finalmente oída.

"Durante décadas el sufrimiento de los sobrevivientes tuvo como respuesta la indiferencia y la impunidad. La sentencia de la Corte es un paso definitivo que permite observar con cautela que habrá verdad y justicia para El Mozote", sostuvo Tutela Legal desde El Salvador.

En enero del 2012, el Estado aceptó su responsabilidad por los hechos de la masacre y se comprometió a adoptar las medidas necesarias para reparar el daño causado.

Para la abogada senior de CEJIL, Gisela De León, es importante señalar que "la sentencia de la Corte Interamericana es inapelable y el Estado salvadoreño está obligado a cumplir con lo dispuesto en ella en los plazos establecidos por el Tribunal".

CEJIL hace un llamado al Estado salvadoreño para que cumpla con este compromiso y que a la brevedad posible, adopte las medidas necesarias para reabrir las investigaciones relativas y asegure que la Ley de Amnistía deje de ser un obstáculo para la investigación y juzgamiento de este y otros casos similares.

Notas al editor

Información sobre el caso

La masacre de “El Mozote” y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 9, 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán, entre ellas: Arambala, El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo. Los hechos también provocaron el desplazamiento de cientos de personas.

Tutela Legal realizó esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 aplicando la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, que eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos. Hasta la fecha, estos graves hechos permanecen en la impunidad.

La CIDH realizó una visita in loco a Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Fue la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

Vean aquí una presentación de CEJIL sobre las visitas in loco, su origen, funcionamiento e impacto.

Lean estos artículos de Bertha Santoscoy y Felipe González (Comisionado).

Consulten la nueva edición de la Guía de Defensores de CEJIL.

Comunicado de prensa de la CIDH.

Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

Vie, 30/11/2012

 

 


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Esta será la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

 

 

 

 

 

 

  • Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

 

 

 

 

Corte IDH desestima recurso de revisión interpuesto por el Estado de Colombia en caso Mapiripán

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

Mié, 28/11/2012

Bogotá y Washington D.C, 28 de noviembre de 2012 “Esta resolución no es, ni puede ser una revisión de sentencia”.  De esta manera, la Corte IDH ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano elevara en febrero de este año, frente al caso de la Masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997.  Ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre.

De hecho la Corte recordó que su sentencia contra el Estado colombiano en este caso, se basó en el reconocimiento de responsabilidad internacional de buena fe, que hiciese aquel el 7 de marzo de 2005.

Pese a las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación por la Ministra de Relaciones Exteriores y el entonces Ministro de Justicia en febrero de este año, el Estado no presentó ninguna evidencia que desvirtuara la responsabilidad de sus agentes en la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán,  la falta de investigación adecuada y  la ausencia de debida diligencia en la identificación plena de las víctimas.

Con relación a la falta de determinación de las víctimas, la Corte recordó que “las faltas del Estado en sus deberes de protección de las víctimas y familiares durante la masacre y en su debida diligencia en las investigaciones propiciaron que, a la fecha de la Sentencia, la mayoría de las víctimas y sus familiares no hubiesen sido identificados”.

La Corte deja claro en su decisión que los yerros en la determinación de las víctimas en las que incurrió el Tribunal internacional se debieron a la actuación del Poder Ejecutivo en el caso y las manifiestas deficiencias investigativas de la Fiscalía.

Al respecto, el Tribunal reconoció que, activadas las investigaciones internas han surgido hechos respecto a algunas de las víctimas que no fueron conocidos con anterioridad, pero que en nada modifican “la magnitud de los hechos de la masacre” ni el “alcance de la responsabilidad del Estado”.

La Corte recibió  testimonio directo de algunas personas que ratificaron que no eran víctimas de la Masacre de Mapiripán, tal como lo habían señalado ante la Fiscalía.  El Tribunal determinó que esta situación no era objeto de revisión, sino que hacía parte del procedimiento de supervisión de sentencia, y con fundamento en la solicitud y pruebas aportadas por las partes estableció que el núcleo familiar de la señora Mariela Contreras, compuesto por ella, sus hijos, esposo y consuegro debían ser excluidas  como víctimas del caso, y el Estado debía adelantar las acciones a nivel interno que considerara necesarias para recuperar los pagos indemnizatorios realizados.

De igual modo la Corte excluyó como víctimas a los señores Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca, quienes habiendo sido reconocidos y propuestos como tales por el propio Estado, fueron luego cuestionados por el mismo.  Es de notar que ni estas personas ni sus familiares contaron con representación o patrocinio alguno en el proceso.

La Corte desestimó asimismo las otras solicitudes elevadas por el Estado colombiano, incluyendo aquella relativa a presentar información y pruebas adicionales sobre el objeto de su recurso.  Al respecto, la Corte señaló que la identificación o exclusión de víctimas, hacía parte de la obligación de investigar adecuadamente y reiteró la obligación del Estado de continuar con las investigaciones internas para definir la situación de todas las víctimas de la Masacre.

La Resolución de la Corte confirma que las organizaciones que representamos a las víctimas en este caso actuamos siempre de buena fe y en el más estricto apego a nuestras obligaciones profesionales.

La presente decisión de la Corte reafirma que es obligación de los Estados llevar a cabo investigaciones serias y efectivas para determinar los alcances y responsabilidades de graves violaciones de derechos humanos como las ocurridas en Mapiripán; y evidencia las limitaciones del Ejecutivo nacional y la administración de justicia en esta materia.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) co­litigaron el caso de la masacre de Mapiripán frente  a la Corte Intermericana. La sentencia se emitió el 15 de septiembre del 2005.

Ante la Corte Interamericana sobrevivientes de la masacre de El Mozote exigen justicia a El Salvador

La masacre de cerca de 1.000 personas fue una de las más crueles de América Latina

Guayaquil, Ecuador - 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Lun, 23/04/2012

Guayaquil, Ecuador - 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los hechos del caso que permanecen hoy en la impunidad se remontan al 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, cuando cerca de mil habitantes de El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando, Jocote Amarillo y otras comunidades del municipio de Meanguera (departamento de Morazán) fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el marco del conflicto armado interno en este país (1980-1992). Sus comunidades, incluyendo niños y niñas, fueron arrasadas y cientos de víctimas sobrevivientes debieron huir.

El Estado negó los hechos por décadas y muchas de las víctimas no los denunciaron “por miedo”, como lo relató ante el tribunal María del Rosario López Sánchez, vecina en aquel momento de La Joya. Ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos, donde, por temor, vivió oculta durante seis años.

Para la perita Sol Yáñez, doctora en psicología social por la Universidad del País Vasco, después de 30 años de ocurridos los hechos, el trauma se ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y la falta de justicia. Yáñez urgió la implementación de un Programa de Atención Psicosocial como parte de una política integral de reparación, que contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. "Parte de la violencia [actual] en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto [del pasado]" insistió.

Por su parte, el perito Salvador Méndez Leal, procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, responsabilizó a la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993, como el principal instrumento legal que perpetua la impunidad de los crímenes.

Aunque en enero de 2012, el Presidente de la República Mauricio Funes haya aceptado públicamente la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos, Tutela Legal y CEJIL manifestaron la necesidad de adecuar la legislación interna con los parámetros internacionales, especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para poder investigar, procesar y sancionar a  los responsables de esta masacre y  de las múltiples violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.

Ficha de prensa sobre el caso.

Justicia guatemalteca avanza con la condena de quinto ex militar en el caso de la masacre de Las Dos Erres

Cuatro ex militares habían sido condenados en agosto del año pasado

Ciudad de Guatemala y San José, 13 de marzo de 2012 – Guatemala consiguió un avance en la lucha contra la impunidad por la condena anunciada ayer contra Pedro Pimentel Ríos, ex subinstructor de la fuerza especial Kaibil, señalado como uno de los responsables por la masacre en la aldea de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982. La decisión del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo es un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el tribunal interamericano, valoran muy positivamente el resultado del proceso.

Mar, 13/03/2012

Guatemala, 15 de diciembre de 2011. Reconocimiento de responsabilidad del Estado por la masacre de Las Dos Erres. Aparecen en la mesa principal Ruth del Valle, presidenta de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, Álvaro Colom, Presidente de la República, Rogelio Zarceño, Presidente de la Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia, y Francisco Arriaga, sobreviviente de la masacre. También en la mesa principal pero ausente en la foto, Aura Elena Farfán, representante de FAMDEGUA.Ciudad de Guatemala y San José, 13 de marzo de 2012 – Guatemala consiguió un avance en la lucha contra la impunidad por la condena anunciada ayer contra Pedro Pimentel Ríos, ex subinstructor de la fuerza especial Kaibil, señalado como uno de los responsables por la masacre en la aldea de Las Dos Erres, perpetrada en diciembre de 1982. La decisión del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo es un paso más en el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 24 de noviembre de 2009.

La Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante el tribunal interamericano, valoran muy positivamente el resultado del proceso.

En su sentencia, la Corte Interamericana había ordenado al Estado “utilizar los medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en el Parcelamiento de Las Dos Erres”.

Pimentel fue condenado por los asesinatos de 201 personas y delitos “contra los deberes de humanidad”. El tribunal guatemalteco le impuso una pena de 6.060 años de prisión, pero deberá purgar un máximo de 50 según la legislación nacional.

En julio del 2011, el ex militar había sido deportado por la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos para que enfrentara los cargos penales debido a su señalamiento en la participación en la masacre. La audiencia en su contra empezó el pasado 23 de febrero. En agosto del año pasado otros tres subinstructores y un teniente de la fuerza especial Kaibil habían sido condenados por los mismos delitos. Aquella fue la primera vez que un tribunal guatemalteco condenaba a miembros de la fuerza Kaibil.

FAMDEGUA y CEJIL valoran el accionar de las autoridades judiciales en este caso. El Estado debe continuar con estos procesos y garantizar que todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre sean identificados y procesados, tal como lo ordenó la sentencia de la Corte IDH. Al igual que lo expresaron en agosto pasado, FAMDEGUA y CEJIL consideran que la sanción de todos los responsables en el caso de la masacre de Las Dos Erres es la única acción válida para que las víctimas y sus familiares puedan tener, al menos, alguna reparación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

 

Hechos del caso

La masacre de Las Dos Erres fue una de las 626 masacres perpetradas por el Ejército guatemalteco durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt.

Los hechos ocurrieron durante tres días (6, 7 y 8 de diciembre de 1982), cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, ubicado en el departamento de Petén, acompañados por un pelotón de aproximadamente 40 soldados. Allí, sometieron a los habitantes a torturas y malos tratos. Muchas de las mujeres, incluyendo niñas, fueron violadas sexualmente y más de doscientas personas fueron asesinadas.

Audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Lun, 20/02/2012 (Todo el día) - Vie, 02/03/2012 (Todo el día)
Corte Interamericana de Derechos Humanos
San José

Pedido estatal de perdón es un avance en el caso de la masacre de El Mozote; sigue pendiente la justicia para las víctimas

Acto público es un hecho histórico para El Salvador

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que el acto público de petición de perdón por la responsabilidad del Estado en la masacre de El Mozote representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Mar, 17/01/2012

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- El Presidente Mauricio Funes pidió perdón ayer, lunes, a las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, a sus familiares y a todo el pueblo salvadoreño por estos graves hechos en los que fallecieron casi un millar de víctimas a manos de militares salvadoreños.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que este acto público –oficiado en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz– representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Ambas organizaciones consideramos que este acto debe ir seguido de medidas efectivas para procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes de acuerdo a la gravedad de sus actos y para que todos los obstáculos que impiden que esto ocurra sean eliminados. Por ello, consideramos que las palabras del Presidente debieron ir acompañadas por el compromiso activo de los representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Legislativo presentes en el acto.

Hace exactamente dos años, el Presidente Funes había reconocido públicamente la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y se comprometió a "colaborar con la justicia, tanto nacional como internacional" y poner a su disposición todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los crímenes investigados. Sin embargo, aún no ha sido juzgado ninguno de los responsables de estos hechos. Por el contrario, estos siguen en la impunidad, entre ellos, los perpetrados durante la masacre de El Mozote.

Tutela Legal y CEJIL llaman la atención de las autoridades competentes para que adopten acciones para que, como lo solicitó el Presidente Funes, eliminen los obstáculos que impiden la consecución de justicia en relación a estos graves hechos, así como para investigar la verdad de lo ocurrido y poner fin a la impunidad. Solo así, el histórico acto celebrado ayer tendrá un verdadero significado para las víctimas y sus familiares.

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada "Operación Rescate". El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal y CEJIL mantienen una demanda contra el Estado por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que la audiencia pública se celebre a mediados de este año.

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