Masacres | CEJIL

Audiencia ante la Corte IDH evidenció negligencia del Estado colombiano en la identificación de víctimas de la masacre de Mapiripán

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011– Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Jue, 24/11/2011

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011– Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

La audiencia permitió que la Corte Interamericana revise el record procesal del caso, el cual evidencia que fue el propio Estado colombiano, quien ante el Tribunal, reconoció como víctimas a las 21 personas nombradas a raíz de la sentencia de 2005, algunas de las cuales ahora cuestiona. También fue posible visibilizar la negligencia del Estado colombiano en la individualización de las víctimas de la masacre, así como en la falta de establecimiento del número de asesinados y desaparecidos.

En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas de la masacre de Mapiripán, en tanto un informe del CTI de la Fiscalía de abril de este año, nomina a 77 personas como posibles víctimas de la masacre. Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones del Ejecutivo colombiano que sin negar la existencia de la masacre, pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas, como se ha anunciado recientemente a los medios de comunicación por parte del Ministro de Justicia.

En la audiencia ante la Corte, los representantes de las víctimas pudieron conocer parte de la información anunciada por el Estado ante los medios de comunicación, en tanto pese a los anuncios públicos, no se clarificaron los términos de la solicitud de revisión de sentencia que sería presentada. Después de 14 años y 4 meses de la comisión de la Masacre de Mapiripán y 6 años después de la sentencia de la Corte, el Estado colombiano solicitó tres meses adicionales para presentar las pruebas que sustentarían su solicitud.

Saludamos que el Estado colombiano utilice los canales adecuados de debate, que es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, y no las vías de hecho, en las que se ha ventilado de manera inapropiada este proceso, presentando información imprecisa y en algunos casos falsa, tendiente a deslegitimar a las víctimas, desacreditar la labor de sus Representantes y cuestionar la legitimidad de los órganos interamericanos.

Será el Tribunal Interamericano, de manera autónoma, y después del debate jurídico correspondiente, quien emitirá la solución adecuada qué proteja la verdad material del caso, a las víctimas de la Masacre de Mapiripán y a la sentencia definitiva e inapelable, cuyo contenido como tal, no ha sido cuestionado.

CEJIL se pronuncia sobre el caso de Mapiripán v. Colombia

Washington D.C, 1 de noviembre de 2011 - Como es de conocimiento público, en los últimos días, Mariela Contreras, una testigo del caso Mapiripán v. Colombia decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, se habría retractado de las declaraciones que dio ante la justicia colombiana en el 2002 y ante la misma Corte Interamericana en el 2005. Este hecho ha generado un vigoroso debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables, las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados/as que representan a denunciantes.

Mar, 01/11/2011

Washington D.C, 1 de noviembre de 2011 - Como es de conocimiento público, en los últimos días, Mariela Contreras, una testigo del caso Mapiripán v. Colombia decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, se habría retractado de las declaraciones que dio ante la justicia colombiana en el 2002 y ante la misma Corte Interamericana en el 2005. Este hecho ha generado un vigoroso debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables, las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados/as que representan a denunciantes.

En primer lugar, es imprescindible dejar en claro que no existe duda alguna en el ámbito interno o internacional acerca de la ocurrencia de la masacre, ni de las responsabilidades compartidas entre las AUC y miembros de las fuerzas de seguridad en los hechos que fueron reportados ampliamente en la prensa, habiendo sido reconocida la responsabilidad por el Estado y por los propios paramilitares.

En segundo lugar, compartimos la preocupación de la administración de justicia, nuestros colegas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), el Gobierno y la sociedad colombiana ante la posibilidad de que la testigo haya manipulado el proceso a nivel nacional e internacional con declaraciones no ajustadas a la verdad y confiamos que este hecho sea debidamente investigado y aclarado.

Por otro lado, cabe destacar que Mariela Contreras confirió su representación legal ante el proceso internacional a CEJIL y al CCAJAR en el 2003, cuatro años después de que la petición inicial de Mapiripán fuera presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un año después de su declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, la declaración de Mariela Contreras estaba en absoluta consonancia con lo sostenido por sus hijos, la prueba forense, la prueba documental, los testimonios de autoridades, entre ellos el juez Novoa Cortes, así como con las declaraciones de víctimas, familiares y peritos expertos. Al litigar un caso, la prueba se basa fundamentalmente en el acervo probatorio existente a nivel interno y en toda la información facilitada por el Estado.

Adicionalmente, es de resaltar que el propio Estado colombiano, representado por el Poder Ejecutivo, incluyó reiteradamente en el proceso internacional a la Sra. Contreras entre los familiares de las víctimas de la masacre y asumió responsabilidad internacional por los crímenes cometidos.

La incertidumbre sobre los números de muertos en la masacre de Mapiripán no es un tema nuevo, sino que fue identificado con claridad en el litigio internacional. Esta dificultad fue marcada como una de las falencias en la investigación estatal por la Corte Interamericana en la sentencia de 2005, que ordenó que el Estado realice inmediatamente las debidas diligencias a fin de individualizar e identificar en un plazo razonable a las víctimas ejecutadas, desaparecidas y sus familiares. La misma Corte afirmó que, precisamente debido a la forma en la que se planificó y ejecutó la masacre, era posible, aun tratándose de casos excepcionales, que en el curso de una investigación penal pudiera establecerse el paradero de personas, que fueron dadas por muertas.

Frente a este tipo de hechos, el compromiso de las organizaciones de derechos humanos es el establecimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades ante la justicia y la determinación de reparaciones debidas a las víctimas.

Contacto en Washington
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1)202 319 3000

Audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Lun, 20/02/2012 (Todo el día) - Vie, 02/03/2012 (Todo el día)

Corte Interamericana de Derechos Humanos

San José

Pedido estatal de perdón es un avance en el caso de la masacre de El Mozote; sigue pendiente la justicia para las víctimas

Acto público es un hecho histórico para El Salvador

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que el acto público de petición de perdón por la responsabilidad del Estado en la masacre de El Mozote representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Mar, 17/01/2012

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- El Presidente Mauricio Funes pidió perdón ayer, lunes, a las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, a sus familiares y a todo el pueblo salvadoreño por estos graves hechos en los que fallecieron casi un millar de víctimas a manos de militares salvadoreños.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que este acto público –oficiado en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz– representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Ambas organizaciones consideramos que este acto debe ir seguido de medidas efectivas para procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes de acuerdo a la gravedad de sus actos y para que todos los obstáculos que impiden que esto ocurra sean eliminados. Por ello, consideramos que las palabras del Presidente debieron ir acompañadas por el compromiso activo de los representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Legislativo presentes en el acto.

Hace exactamente dos años, el Presidente Funes había reconocido públicamente la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y se comprometió a "colaborar con la justicia, tanto nacional como internacional" y poner a su disposición todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los crímenes investigados. Sin embargo, aún no ha sido juzgado ninguno de los responsables de estos hechos. Por el contrario, estos siguen en la impunidad, entre ellos, los perpetrados durante la masacre de El Mozote.

Tutela Legal y CEJIL llaman la atención de las autoridades competentes para que adopten acciones para que, como lo solicitó el Presidente Funes, eliminen los obstáculos que impiden la consecución de justicia en relación a estos graves hechos, así como para investigar la verdad de lo ocurrido y poner fin a la impunidad. Solo así, el histórico acto celebrado ayer tendrá un verdadero significado para las víctimas y sus familiares.

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada "Operación Rescate". El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal y CEJIL mantienen una demanda contra el Estado por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que la audiencia pública se celebre a mediados de este año.

2011 finaliza con tres importantes reconocimientos de responsabilidad internacionales en El Salvador, Guatemala y México

Es una obligación impostergable de los Estados avanzar en la justicia de los casos

Washington D.C y San José, 20 de diciembre de 2011 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas realizados en días recientes por altas autoridades los Estados de El Salvador, Guatemala y México.

El pasado 10 de diciembre, en un acto de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada hace 30 años, el Canciller salvadoreño, Hugo Martínez, reiteró en nombre del Estado de El Salvador la petición de perdón a las víctimas de la masacre y afirmó que este acto busca dignificar la memoria de cientos de personas asesinadas por el Ejército salvadoreño.En el acto participaron además, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Representante Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, entre otras personas.

Mar, 20/12/2011

Washington D.C y San José, 20 de diciembre de 2011 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas realizados en días recientes por altas autoridades los Estados de El Salvador, Guatemala y México.

El pasado 10 de diciembre, en un acto de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada hace 30 años, el Canciller salvadoreño, Hugo Martínez, reiteró en nombre del Estado de El Salvador la petición de perdón a las víctimas de la masacre y afirmó que este acto busca dignificar la memoria de cientos de personas asesinadas por el Ejército salvadoreño.En el acto participaron además, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Representante Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, entre otras personas.

Por su parte, en un acto celebrado el jueves 15 de diciembre en el Palacio Nacional de la Cultura, en Guatemala, el Presidente de la República y comandante general del Ejército, Álvaro Colom, encabezó una ceremonia en la que pidió perdón a familiares y sobrevivientes de la masacre de la comunidad de Las Dos Erres, Petén. Entre otros, el titular del Poder Ejecutivo guatemalteco estuvo acompañado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.

Ese mismo día en el Museo de la Memoria y la Tolerancia en la Ciudad de México, el Estado mexicano, en un acto presidido por su Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y la Procuradora General de la República, Marisela Morales, reconoció su responsabilidad por las violaciones cometidas en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú y su hija, y le pidieron disculpas particularmente por la falta de justicia en su caso.

CEJIL, como co-representante con diversas organizaciones locales de derechos humanos de las víctimas de estos tres casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que estos actos, encabezados por altas autoridades estatales y con la participación de las víctimas, son un paso trascendental para la reparación de las violaciones cometidas y la difusión de la verdad. No obstante, recuerda que en los tres casos sigue pendiente la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de los hechos violatorios. Esta deuda, fue destacada por las víctimas en los tres actos públicos celebrados.

En este sentido, CEJIL insta, a los Estados de El Salvador, Guatemala y México, a garantizar que se adopten medidas efectivas e inmediatas para que todos los responsables de estos graves hechos sean procesados y sancionados y a que se avance decididamente en la remoción de los obstáculos estructurales que impiden la consecución de justicia tal cual fuera ordenado por la Corte Interamericana o decidido por otras instancias internacionales en los tres casos. Ello no solo constituye una justa medida de satisfacción para las víctimas, sino que como lo ha establecido la Corte Interamericana, es una medida de no repetición.
Información sobre los casos
La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, entre el 9 y el 13 de diciembre de 1981 en el marco de la acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a más de novecientos cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán.

La masacre de Las Dos Erres fue perpetrada por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno. Los hechos ocurrieron durante 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, acompañados por un pelotón de soldados. Allí, torturaron, violaron sexualmente y asesinaron a más de doscientas personas. Recientemente 4 de los responsables fueron condenados por la justicia guatemalteca por su participación en los hechos.
El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo, de 17 años de edad, fue abordada por soldados del 41 Batallón quienes la interrogaron y posteriormente la violaron sexualmente. Hasta hace pocos meses su caso había sido investigado por la jurisdicción militar mexicana y actualmente está bajo conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria.

Contacto:
Milli Legrain
Coordinadora de comunicación
Mlegrain@cejil.org
Tel: (1) 202 319 3000

30 años de El Mozote: Sigue impune una de las mayores masacres de Latinoamérica

Corte Interamericana conocerá el caso en una audiencia en 2012

San Salvador, 9 de diciembre de 2011- Las organizaciones firmantes rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y a las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la Masacre del Mozote y sitios aledaños. El asesinato masivo de 966 hombres, mujeres y niños (víctimas identificadas hasta la fecha) fue la mayor masacre cometida por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado interno en este país (1980-1992), y una de las más sangrientas de la historia reciente de Latinoamérica.

Vie, 09/12/2011

San Salvador, 9 de diciembre de 2011- Las organizaciones firmantes rendimos un sentido homenaje a los cientos de víctimas mortales, a sus familiares y a las centenares de personas que debieron desplazarse forzosamente de sus hogares a causa de la Masacre del Mozote y sitios aledaños. El asesinato masivo de 966 hombres, mujeres y niños (víctimas identificadas hasta la fecha) fue la mayor masacre cometida por el Ejército salvadoreño durante el conflicto armado interno en este país (1980-1992), y una de las más sangrientas de la historia reciente de Latinoamérica.

En el trigésimo aniversario de los hechos, las víctimas sobrevivientes siguen reivindicando sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, ninguna de las personas responsables de perpetrar la masacre ha sido juzgada por estos hechos hasta la fecha.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional mantienen una denuncia en representación de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que el más alto tribunal hemisférico convoque a una audiencia por este caso en el transcurso del 2012.

En las vísperas de días tan tristemente célebres, las organizaciones firmantes resaltamos el valor de todas las personas que han luchado por que se conozca la verdad de los hechos. En particular es necesario recordar a María Julia Hernández, quien fuera directora de Tutela Legal, y a Rufina Amaya, cuyo valiente testimonio dio a conocer lo ocurrido en El Mozote. Ambas lucharon hasta su muerte por la obtención de una justicia que no ha sido otorgada aún.

Las firmantes reconocemos la dignidad de las víctimas de la masacre, y suscribimos el mensaje del monumento construido en la comunidad por los familiares de las víctimas con el apoyo de organizaciones de derechos humanos: “Ellos no han muerto, están con nosotros, con ustedes y con la humanidad entera”.

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal realizó diligentes esfuerzos para que los crímenes fueran investigados en la justicia interna. No obstante, el caso fue archivado en septiembre de 1993 porque las cortes salvadoreñas determinaron que la demanda no procedía, debido a que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, aprobada también en 1993, eximía de culpa a los responsables de los crímenes cometidos durante el conflicto armado, incluyendo las graves violaciones a los derechos humanos.

Organizaciones firmantes:

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-Búsqueda)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Informe de Actividades de CEJIL - 20 años

Desde su fundación en 1991 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha contribuido de manera significativa al goce de derechos en la región. El presente informe describe algunos de los hitos, logros y desafíos del trabajo de CEJIL durante dos décadas. El mismo rescata algunas acciones destacadas a fin de dejar constancia de la labor realizada durante ese período.

Tipo de publicación: Informe de Actividades

Versión completa disponible en:

Fecha Publicación: 2011

CEJIL Informe de Actividades / Activities Report (versión completa / complete version)

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Informe 20 años CEJIL

Archivo Multimedia:

Informe20añosCEJILfinal.pdf

Ficha Técnica Bajo Aguán

Archivo Multimedia:

FICHA DE PRENSA Bajo Aguán.pdf

Corte Interamericana ordena a El Salvador determinar el paradero de niños desaparecidos

Nueva sentencia de la Corte obliga al Estado a proporcionar información sobre casos de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno

San Salvador y San José, 10 de octubre del 2011- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de cinco niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en ese país. La sentencia sobre el caso Gregoria Herminia Contreras y otros vs. El Salvador fue comunicada el jueves pasado al Estado y a las organizaciones representantes de las víctimas, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 10/10/2011

San Salvador y San José, 10 de octubre del 2011- La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador realizar todos los esfuerzos para determinar el paradero de cinco niños desaparecidos durante el conflicto armado interno en ese país. La sentencia sobre el caso Gregoria Herminia Contreras y otros vs. El Salvador fue comunicada el jueves pasado al Estado y a las organizaciones representantes de las víctimas, la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La Corte IDH reconoció que en El Salvador existió un patrón sistemático de desapariciones forzadas de niños y niñas durante los años del conflicto armado interno (1980-1992), quienes eran sustraídos y retenidos ilegalmente por miembros de las Fuerzas Armadas, principalmente entre 1980 y 1984. En la sentencia, el tribunal ordena continuar con las investigaciones –o abrir las que sean necesarias– para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de las desapariciones forzadas de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras; de las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez; y del niño José Rubén Rivera Rivera. De los seis niños, Gregoria Contreras ha sido la única joven reencontrada, gracias a la Asociación Pro-Búsqueda.

“Es la primera vez que la Corte Interamericana describe de manera detallada el patrón de desapariciones forzadas de niños y niñas ejecutadas por el Ejército durante el conflicto armado. El tribunal reconoce la verdad que por años les fue negada a los familiares de los cientos de niños y niñas que se encuentran en esta situación”, declaró Ester Alvarenga, directora de Pro-Búsqueda.

Más allá de estos casos particulares, la sentencia ordena al Estado garantizar que los operadores de justicia tengan acceso a los archivos que contengan información útil para la investigación de causas seguidas por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno.

“Una de las principales dificultades enfrentadas para determinar lo ocurrido a los niños y niñas desaparecidos es la obstaculización en el acceso a la información por parte de las fuerzas militares cuando las autoridades encargadas de la investigación les piden los datos requeridos. A partir de la sentencia de la Corte, el Estado tendrá que adoptar medidas para asegurar que esto no vuelva a ocurrir”, afirmó Alejandra Nuño, directora regional de CEJIL para Mesoamérica. Nuño agregó que esta orden de la Corte Interamericana es especialmente relevante en este momento, cuando en El Salvador se discute sobre los reglamentos a la nueva Ley de Acceso a la Información Pública.

Durante el proceso ante el más alto tribunal hemisférico, el Estado salvadoreño reconoció la responsabilidad internacional en los hechos.

CEJIL y la Asociación Pro-Búsqueda resaltan la trascendencia de la decisión de la Corte Interamericana. Asimismo instan al Estado a cumplir la sentencia a cabalidad y a que se comprometa a reparar el daño causado por la desaparición forzada de más de 881 niños y niñas durante el conflicto armado interno en El Salvador.

Los hechos

El caso Herminia Contreras y otros vs. El Salvador es la fusión de tres procesos en los que se denunció la desaparición forzada de niños.

El 25 de agosto de 1982 los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristian y Julia Inés Contreras, de 4 años, 1 año y 8 meses, y 4 meses de edad, desaparecieron en manos de miembros del ejército salvadoreño durante un operativo realizado en el cantón San Juan de Buena Vista (departamento de San Vicente). Gregoria Herminia fue ubicada por la Asociación Pro-Búsqueda en el 2006 pero aún no se tiene conocimiento del paradero de sus hermanos.
Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez fueron testigos del asesinato de sus familiares cuando, el 13 de diciembre de 1981, miembros del Ejército ingresaron en el cantón de Cerro Pando (departamento de Morazán) y ejecutaron la “Masacre de El Mozote”, en el contexto de la llamada “Operación Rescate”. Posteriormente, las niñas, de 15 y 7 años de edad, fueron llevadas por un grupo de soldados y no se conoce su paradero.
El 19 de mayo de 1982, José Rubén Rivera, de 3 años de edad, fue llevado por un grupo de soldados de la Quinta Brigada de Infantería cuando él y su familia huían de un operativo militar que se llevaba a cabo en el cantón de La Joya (departamento de Morazán). Aún no se conoce su paradero.