Ejecuciones extrajudiciales

Guayaquil, Ecuador - 23 de abril de 2012. “Que haya justicia” fue la exigencia principal de Dorila Márquez a las autoridades del Estado salvadoreño. Ella fue una de las tres víctimas sobrevivientes de la masacre de El Mozote y sitios aledaños que rindieron testimonio hoy ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una audiencia pública celebrada en Guayaquil, Ecuador. Las víctimas fueron representadas por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de El Salvador (Tutela Legal) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Los hechos del caso que permanecen hoy en la impunidad se remontan al 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, cuando cerca de mil habitantes de El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando, Jocote Amarillo y otras comunidades del municipio de Meanguera (departamento de Morazán) fueron asesinados por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador en el marco del conflicto armado interno en este país (1980-1992). Sus comunidades, incluyendo niños y niñas, fueron arrasadas y cientos de víctimas sobrevivientes debieron huir.

El Estado negó los hechos por décadas y muchas de las víctimas no los denunciaron “por miedo”, como lo relató ante el tribunal María del Rosario López Sánchez, vecina en aquel momento de La Joya. Ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a los cerros vecinos, donde, por temor, vivió oculta durante seis años.

Para la perita Sol Yáñez, doctora en psicología social por la Universidad del País Vasco, después de 30 años de ocurridos los hechos, el trauma se ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y la falta de justicia. Yáñez urgió la implementación de un Programa de Atención Psicosocial como parte de una política integral de reparación, que contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. "Parte de la violencia [actual] en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto [del pasado]" insistió.

Por su parte, el perito Salvador Méndez Leal, procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, responsabilizó a la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz, promulgada en 1993, como el principal instrumento legal que perpetua la impunidad de los crímenes.

Aunque en enero de 2012, el Presidente de la República Mauricio Funes haya aceptado públicamente la responsabilidad del Estado por los hechos ocurridos, Tutela Legal y CEJIL manifestaron la necesidad de adecuar la legislación interna con los parámetros internacionales, especialmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para poder investigar, procesar y sancionar a  los responsables de esta masacre y  de las múltiples violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado.

Ficha de prensa sobre el caso.

San Salvador y San José, 17 de enero de 2012- El Presidente Mauricio Funes pidió perdón ayer, lunes, a las víctimas de la masacre de El Mozote y sitios aledaños, a sus familiares y a todo el pueblo salvadoreño por estos graves hechos en los que fallecieron casi un millar de víctimas a manos de militares salvadoreños.

La Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (Tutela Legal) y El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconocen que este acto público –oficiado en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz– representa un avance histórico, pues estos hechos fueron negados por años por las autoridades salvadoreñas. Además, representa un primer paso para la reparación integral del daño causado a los cientos de víctimas de la masacre y a sus familiares.

Ambas organizaciones consideramos que este acto debe ir seguido de medidas efectivas para procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes de acuerdo a la gravedad de sus actos y para que todos los obstáculos que impiden que esto ocurra sean eliminados. Por ello, consideramos que las palabras del Presidente debieron ir acompañadas por el compromiso activo de los representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y Poder Legislativo presentes en el acto.

Hace exactamente dos años, el Presidente Funes había reconocido públicamente la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno y se comprometió a "colaborar con la justicia, tanto nacional como internacional" y poner a su disposición todo lo que sea necesario para el esclarecimiento de los crímenes investigados. Sin embargo, aún no ha sido juzgado ninguno de los responsables de estos hechos. Por el contrario, estos siguen en la impunidad, entre ellos, los perpetrados durante la masacre de El Mozote.

Tutela Legal y CEJIL llaman la atención de las autoridades competentes para que adopten acciones para que, como lo solicitó el Presidente Funes, eliminen los obstáculos que impiden la consecución de justicia en relación a estos graves hechos, así como para investigar la verdad de lo ocurrido y poner fin a la impunidad. Solo así, el histórico acto celebrado ayer tendrá un verdadero significado para las víctimas y sus familiares.

Información sobre el caso

La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, el 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el marco de una acción militar llamada "Operación Rescate". El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán: El Mozote, La Joya, Ranchería, Toriles, Cerro Pando y Jocote Amarillo, entre otras.

Tutela Legal y CEJIL mantienen una demanda contra el Estado por este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que la audiencia pública se celebre a mediados de este año.

Washington D.C y San José, 20 de diciembre de 2011 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por los actos de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas realizados en días recientes por altas autoridades los Estados de El Salvador, Guatemala y México.
 
El pasado 10 de diciembre, en un acto de conmemoración de la masacre de El Mozote y lugares aledaños perpetrada hace 30 años, el Canciller salvadoreño, Hugo Martínez, reiteró en nombre del Estado de El Salvador la petición de perdón a las víctimas de la masacre y afirmó que este acto busca dignificar la memoria de cientos de personas asesinadas por el Ejército salvadoreño.En el acto participaron además, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y la Representante Regional para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos, entre otras personas.
 
Por su parte, en un acto celebrado el jueves 15 de diciembre en el Palacio Nacional de la Cultura, en Guatemala, el Presidente de la República y comandante general del Ejército, Álvaro Colom, encabezó una ceremonia en la que pidió perdón a familiares y sobrevivientes de la masacre de la comunidad de Las Dos Erres, Petén. Entre otros, el titular del Poder Ejecutivo guatemalteco estuvo acompañado por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos.
 
Ese mismo día en el Museo de la Memoria y la Tolerancia en la Ciudad de México, el Estado mexicano, en un acto presidido por su Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y la Procuradora General de la República, Marisela Morales, reconoció su responsabilidad por las violaciones cometidas en perjuicio de Valentina Rosendo Cantú y su hija, y le pidieron disculpas particularmente por la falta de justicia en su caso.
 
CEJIL, como co-representante con diversas organizaciones locales de derechos humanos de las víctimas de estos tres casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce que estos actos, encabezados por altas autoridades estatales y con la participación de las víctimas, son un paso trascendental para la reparación de las violaciones cometidas y la difusión de la verdad.  No obstante, recuerda que en los tres casos sigue pendiente la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables de los hechos violatorios. Esta deuda, fue destacada por las víctimas en los tres actos públicos celebrados.
 
En este sentido, CEJIL insta, a los Estados de El Salvador, Guatemala y México, a garantizar que se adopten medidas efectivas e inmediatas para que todos los responsables de estos graves hechos sean procesados y sancionados y a que se avance decididamente en la remoción de los obstáculos estructurales que impiden la consecución de justicia tal cual fuera ordenado por la Corte Interamericana o decidido por otras instancias internacionales en los tres casos. Ello no solo constituye una justa medida de satisfacción para las víctimas, sino que como lo ha establecido la Corte Interamericana, es una medida de no repetición.
Información sobre los casos
La masacre del Mozote y sitios aledaños fue perpetrada por miembros del Batallón Atlacatl y de otras unidades de las Fuerzas Armadas de El Salvador, entre el 9 y el 13  de diciembre de 1981 en el marco de la acción militar llamada “Operación Rescate”. El Ejército salvadoreño torturó a muchas de las víctimas y luego asesinó a más de novecientos cientos de pobladores de varias comunidades del municipio de Meanguera, en el departamento de Morazán.
 
La masacre de Las Dos Erres fue perpetrada por el Ejército guatemalteco durante el conflicto armado interno. Los hechos ocurrieron durante 6, 7 y 8 de diciembre de 1982, cuando miembros de la fuerza especial Kaibil ingresaron a Las Dos Erres, acompañados por un pelotón de soldados. Allí, torturaron, violaron sexualmente y asesinaron a más de doscientas personas. Recientemente 4 de los responsables fueron condenados por la justicia guatemalteca por su participación en los hechos.
El 16 de febrero del 2002, Valentina Rosendo, de 17 años de edad, fue abordada por soldados del 41 Batallón quienes la interrogaron y posteriormente la violaron sexualmente. Hasta hace pocos meses su caso había sido investigado por la jurisdicción militar mexicana y actualmente está bajo conocimiento de la jurisdicción penal ordinaria.
 
Contacto:
Milli Legrain
Coordinadora de comunicación
Mlegrain@cejil.org
Tel: (1) 202 319 3000

San Salvador y San José, 6 de diciembre de 2011- El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) instan a El Salvador a colaborar con la justicia española en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, perpetrado en 1989. El Estado debe atender la solicitud de extradición contra 13 ex militares que el Consejo de Ministros de España realizó el pasado 2 de diciembre, y así cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Han pasado 22 años desde que estos graves hechos ocurrieron y el Estado salvadoreño no ha juzgado a los responsables en sus tribunales. Frente al incumplimiento de esta obligación, El Salvador tiene el deber inexcusable de cooperar con el proceso iniciado en España. Esta causa representa la única esperanza visible por el momento para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos “genera obligaciones […generales] para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo”.

El IDHUCA y CEJIL instan al Estado salvadoreño a actuar para que las personas acusadas en este caso puedan comparecer ante la justicia española, con el fin de que sean procesadas y sancionadas de acuerdo a la gravedad de sus actos.

Información del caso

El caso “Jesuitas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas de nacionalidad española y dos de sus colaboradoras perpetrados por militares salvadoreños en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en San Salvador. Las ejecuciones fueron cometidas el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva militar lanzada por el FMLN en la época.

Una comisión militar investigó los hechos y presentó su informe el 12 de enero de 1990, señalando a nueve militares como responsables. Sin embargo, solo fueron encontrados culpables dos de ellos, que después fueron beneficiados por la aplicación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz en El Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en relación a este caso el 22 de noviembre de 1999. La CIDH recomendó al Estado salvadoreño investigar los hechos; sin embargo, el caso permanece en la impunidad a más de diez años de haber sido emitida la resolución.

En el 2008, el Center for Justice and Accountability y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España presentaron otra denuncia penal pero, esta vez, ante la Audiencia Nacional Española por el asesinato de los seis sacerdotes (de nacionalidad española). El 30 de mayo de 2011, el juez de la causa emitió órdenes de enjuiciamiento y de detención provisional contra 20 ex militares acusados de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de lesa humanidad por estos hechos. El 2 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros de España solicitó la extradición de 13 ex militares que se ubican en El Salvador y de dos que viven en Estados Unidos.