Derecho a la identidad

Mensaje de Viviana Krsticevic sobre la sentencia del Caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana

Quiero compartir mi alegría por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

La Corte aclaró varios temas de gran trascendencia para el país y el continente: el alcance del derecho a la nacionalidad, la garantía de la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas nacidas en el país y de aquéllas que se encuentran en una situación migratoria irregular, entre otras.

Vie, 24/10/2014

Quiero compartir mi alegría por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

La Corte aclaró varios temas de gran trascendencia para el país y el continente: el alcance del derecho a la nacionalidad, la garantía de la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas nacidas en el país y de aquéllas que se encuentran en una situación migratoria irregular, entre otras.

Como resultado de más de una década de proceso contencioso internacional, fue posible establecer que nuestros representados, en su mayoría dominicanos -17 de las 23 víctimas del caso, varios de ellos niños, nacieron en la República Dominicana­-, fueron expulsados de su propio país sin garantías, por el color de su piel, en violación a los derechos que les otorga la Convención Americana y otros tratados internacionales de derechos humanos.

El Tribunal Interamericano estudió detalladamente la práctica, la jurisprudencia y la legislación migratoria, y reafirmó lo sostenido en el caso de las niñas Yean y Bosico: la normativa no puede aplicarse o interpretarse como un modo de limitar el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en el país en función de la situación migratoria de sus padres. Más puntualmente, cuestionó el razonamiento del Tribunal Constitucional (TC/0168/13) en su decisión sobre la materia por sus efectos discriminatorios y la posibilidad de convertir en apátridas a cerca de doscientas mil personas. Adicionalmente, la Corte planteó que deben quedar sin efecto partes de la ley que intenta resolver la crisis de derechos generada por la sentencia del Tribunal Constitucional en la medida en la que trata a millares de personas como extranjeras aun cuando nacieron en la República Dominicana. La Corte es clara en determinar que los reclamantes del caso que nacieron en el país deben contar con la nacionalidad dominicana.

La Corte ha emitido decisiones sobre muchos países y situaciones diferenciadas. Decisiones que son de cumplimiento obligatorio según lo establecido en la Convención Americana.

Varios tribunales constitucionales y altas cortes del continente han cambiado su jurisprudencia en virtud del diálogo jurisprudencial y, en ocasiones, el control que ejerce la Corte Interamericana. En Argentina, Perú, Chile, Colombia, México -entre otros-, ha habido pasos importantes en este sentido. Más aún, países como Chile y México, han modificado sus propias constituciones como resultado de casos de libertad de expresión y graves violaciones a los derechos humanos.

República Dominicana se comprometió a cumplir con las obligaciones establecidas en el tratado en el año 1978, aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte en el año 1999 y durante 15 años ha comparecido ante el Tribunal y ha expresado de diversas maneras su interés en fortalecer la protección internacional de los derechos.

Por ello, nuestra expectativa y esperanza, se centra en que los distintos poderes del Estado, empezando por las más altas autoridades, respondan a la decisión del Tribunal con serenidad y con el compromiso democrático de garantizar los derechos humanos cumpliendo a cabalidad la sentencia. Esperamos de República Dominicana lo que esperamos del resto de la región. Ni más ni menos. A las personas interesadas en el tema, les pido encarecidamente que lean la decisión y que apoyen desde sus diferentes espacios este trabajo por la dignidad.

La decisión expresa la vocación protectora de derechos del último tribunal de justicia de la región. No se trata de un señalamiento en contra del país o una afrenta a su soberanía,  sino de un ejercicio de resguardo de derechos en el ámbito internacional.  A pesar de la decisión de rechazo de este fallo anunciado el día de ayer por parte de las autoridades de gobierno, esperamos que podamos sentarnos prontamente con las autoridades para iniciar una nueva etapa de dialogo.

Éste es uno de los momentos donde recordamos con añoranza y satisfacción a nuestra amiga y colega, Sonia Pierre, quien lideró en vida muchos de los debates y luchas en contra de la discriminación de los dominico-haitianos.

Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas

En el marco de una audiencia de supervisión de cumplimiento convocada por la Corte IDH

San José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia

Dom, 18/05/2014

Foto Corte Interamericana, créditos CEJILSan José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

La Corte IDH convocó a una audiencia privada para analizar el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Nicholas Chapman Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En la audiencia participaron víctimas y representantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia. Se mencionaron las dificultades que se enfrentan en las etapas iniciales de investigación, tales como la falta de acceso a la información en poder del Ministerio de la Defensa. A su vez, se reiteró el problema relativo al uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos.

Las víctimas y las organizaciones representantes se refirieron a la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones.

Asimismo, se denunció ante la Corte IDH la reciente decisión del Congreso de la República de Guatemala (punto resolutivo 3-2014), que expresamente desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Estado, niega el genocidio, interfiere indebidamente con la independencia judicial y anuncia una reforma que podría implicar la amnistía de casos vinculados con el conflicto armado.

Al respecto, en numerosas sentencias la Corte Interamericana ha señalado que en casos graves de violaciones de derechos humanos es inadmisible la aplicación de figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de otras medidas excluyentes de responsabilidad.

En la audiencia también se reconocieron los avances en el combate a la impunidad, pero se señaló que ello fue posible gracias al decidido impulso de las víctimas y a la voluntad política de algunos actores clave en puestos de la administración de la justicia. Sin embargo, se expresó la preocupación por inminentes cambios institucionales que podrían hacer retroceder los avances de los últimos años.

Las víctimas y las organizaciones se lamentaron por la posición expresada por el Estado de Guatemala, que negó abiertamente su obligación de garantizar justicia y verdad. Además dedicó la mayor parte de su tiempo a justificar la impunidad para los perpetradores de miles de ejecuciones extrajudiciales, centenares de masacres, decenas de miles desapariciones forzadas, entre otras violaciones que lesionan los principios más esenciales de la humanidad.

Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) le recordaron al Estado sus obligaciones internacionales y la consistente jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el deber de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen actuaciones contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales. También expresaron su preocupación por la aprobación del Punto Resolutivo 3-2014 por parte del Congreso. Dichas preocupaciones fueron plasmadas en un comunicado de prensa publicado este viernes. Ver comunicado

Lucrecia Molina, una de las víctimas presentes en la audiencia, habló en nombre de su hermano desaparecido forzadamente, Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años de edad, solicitándole a la Corte mantener presentes a las víctimas del conflicto armado y afirmó que “el Estado guatemalteco violó su propia legalidad para perseguirnos, para victimizarnos, para masacrar, para perpetrar el genocidio, para desaparecer a millares, y ahora nos niega nuestro derecho a la verdad y a la justicia”.

En los próximos meses, la Corte Interamericana dictará una nueva resolución de sobre Guatemala por lo que las víctimas y sus representantes le solicitaron contundencia al recordarle al Estado sus compromisos internacionales así como reiterar una serie de medidas específicas para que las autoridades avancen con efectividad en la identificación y sanción de los responsables de los hechos.

Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que reconsideren su posición a todas luces violatoria del derecho internacional y de los derechos de las víctimas. Guatemala debe procurar la paz social mediante la garantía de acceso al derecho a la verdad y a la justicia.

Enlaces Relacionados:

Comunicado CIDH: CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha contra la impunidad

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Información de Contexto

En el conflicto armado fueron asesinadas al menos 200 000 personas y 45 000 fueron desaparecidas forzosamente. No obstante, desde 1996 solo se ha condenado a 31 responsables en siete casos, lo que significa que menos del 1% de las graves violaciones han tenido alguna respuesta del Estado.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1978 y reconoció la de la Corte Interamericana en 1987. Es el segundo país con más sentencias de la Corte Interamericana, las cuales se refieren en su gran mayoría a graves violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

De acuerdo con los representantes de las víctimas, los principales obstáculos para el cumplimiento, ya conocidos por la Corte IDH, incluyen:

  • Ausencia de un plan adecuado de investigación
  • Falta de acceso a información en poder del Ministerio de la Defensa y del Instituto de Previsión Militar que impide identificar los perpetradores
  • Persiste un uso abusivo de los recursos de amparo y otros recursos procesales
  • Complicidad por parte de las autoridades a la hora de conocer los casos y tramitarlos
  • Falta de ejecución de órdenes de detención de personas presuntamente involucradas
  • La no garantía de la trasparencia e idoneidad de los operadores de justicia

Votación del Parlamento uruguayo sobre Ley de Caducidad representa nueva dilación para acceso a la verdad y la justicia

Washington DC y Buenos Aires, 20 de mayo de 2011.- El 24 de marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por haber operado como un obstáculo a la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar, en la sentencia del caso Gelman v. Uruguay.

Vie, 20/05/2011

Washington DC y Buenos Aires, 20 de mayo de 2011.- El 24 de marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por haber operado como un obstáculo a la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar, en la sentencia del caso Gelman v. Uruguay.
 
El resultado de la votación parlamentaria de hoy, por la cual no se alcanzó el número de votos necesarios para dejar sin efecto la Ley de Caducidad frustró lo que hubiera constituido un paso decisivo hacia el efectivo cumplimiento de la Sentencia.
 

El proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad que dejaba sin efecto la mayoría de sus disposiciones no pudo ser aprobado hoy en la Cámara de Diputados ya que la mayoría parlamentaria del partido de gobierno no contó con los votos necesarios después que el Poder Ejecutivo diera mensajes que sembraban dudas sobre los efectos de una votación  a favor de la ley. Los demás partidos votaron en contra.
 
CEJIL lamenta profundamente que los mensajes del Presidente de la República hayan sido contradictorios en materia de lucha contra la impunidad frente a autores de crímenes contra la humanidad tan aberrantes como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato y la sustracción de identidad.
 
Ariela Peralta, Sub Directora de CEJIL, advirtió sobre el peligro que existe si no se actúa  a tiempo y se asume una política decidida para remover los obstáculos existentes y asegurar verdad y justicia a las víctimas. De acuerdo a una interpretación errónea prevalente de la legislación existente a nivel interno, los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) podrían prescribir  para noviembre de este año. Concluyó: “esta interpretación a nivel nacional contraria a las disposiciones internacionales en la materia podría consolidar la impunidad”.
 
Asimismo CEJIL recuerda que son los Estados los que en uso de su soberanía deciden libremente asumir distintos tipos de obligaciones, las cuales se comprometen a cumplir con el derecho internacional. Fue en uso de tales poderes soberanos que el 19 de abril de 1985 Uruguay aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dirimió la contienda sobre el alcance de los pronunciamientos populares en materia de derechos humanos. La Corte estableció que la protección a los derechos humanos está por encima del resultado de cualquier votación ciudadana, como ya lo había sostenido la Suprema Corte de Justicia uruguaya en noviembre de 2009 en sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso Sabalsagaray.
 
Según Liliana Tojo, Directora del Programa de CEJIL para Bolivia y el Cono Sur: “La Corte Interamericana ha sido clara al determinar que no es posible esgrimir ningún eximente de responsabilidad –ni amnistías,  ni prescripción- frente a delitos de lesa humanidad; Uruguay deberá reaccionar rápidamente para avanzar hacia la justicia y evitar que la impunidad siga siendo la respuesta”.
 
Aun hay caminos abiertos y mecanismos posibles. Todos los poderes del Estado -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- tienen un rol clave y están obligados a  dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana. Le compete al Poder Ejecutivo asegurar una política firme sin vacilaciones ni discursos erráticos para otorgar a las víctimas los derechos que les corresponden. El Poder Judicial debe ejercer todas las competencias posibles que permitan dejar sin efecto todos los obstáculos existentes.
 
 
 

Contacto en Washington Ariela Peralta
Subdirectora de CEJIL
Tel: (1) 202 538 2240
Aperalta@cejil.org

Contacto en Buenos Aires
Liliana Tojo
Directora de CEJIL – Programa Cono Sur
(54-9-11) 3340.9795
Ltojo@cejil.org
 
 

Uruguay deberá dejar sin efecto la ley que impide investigar y castigar graves crímenes de la dictadura militar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su fallo en el caso Gelman

Washington D.C y Buenos Aires, 23 de marzo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy la sentencia que condena a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena Gelman, durante la dictadura militar uruguaya, en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, el pleno cumplimiento de esta sentencia es obligatorio y vinculante para el país.

Mié, 23/03/2011

Washington D.C y Buenos Aires, 23 de marzo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy la sentencia que condena a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena Gelman, durante la dictadura militar uruguaya, en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, el pleno cumplimiento de esta sentencia es obligatorio y vinculante para el país.
María Claudia Garcia Iruretagoyena, con 19 años de edad y siete meses de embarazo, fue secuestrada en Buenos Aires (Argentina) y trasladada a Montevideo (Uruguay) a un centro clandestino de detención. Allí dio a luz a una niña en noviembre de 1976. Permanecieron juntas hasta diciembre de ese año y desde entonces Maria Claudia se encuentra desaparecida. El poeta argentino Juan Gelman, nunca dejó de buscar a su nieta, a quien pudo conocer más de 20 años después de su nacimiento.
 
Las denuncias presentadas por Juan y Macarena Gelman ante la justicia uruguaya no pudieron avanzar debido a la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 para evitar que los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) fueran llevados a juicio.
 
El 8 de mayo de 2006, María Macarena Gelman García y Juan Gelman, representados por CEJIL, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando a Uruguay por la impunidad en que quedaron estos graves crímenes y la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que representa la vigencia de la Ley de Caducidad.
 
La sentencia de la Corte Interamericana notificada hoy estableció claramente que Uruguay debe remover todo obstáculo que perpetúe la impunidad La Corte estableció que “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación y el castigo de los responsables ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay.” La Corte fue clara al establecer que el hecho de que la Ley no haya podido ser anulada cuando fue sometida a referéndum no puede ser un impedimento para dejarla sin efecto hoy.
 
Respecto de la búsqueda de los restos de las personas desparecidas la Corte fue clara al señalar al Estado uruguayo que deberá conducir  y llevar a término de modo eficaz las investigaciones por las desapariciones forzadas de Maria Claudia y Macarena , así como de los hechos conexos, determinando las correspondientes responsabilidades penales y administrativas que la ley prevea y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares.
 
A su vez la Corte estableció una serie de reparaciones, que implican además la adopción por el Estado uruguayo de una serie de políticas públicas para reparar las violaciones sufridas de manera integral, así como un acto de perdón público por los crímenes cometidos y la persistencia de la impunidad.
Según Ariela Peralta, Sub- Directora de CEJIL: “Esta sentencia es paradigmática para Uruguay ya que implica finalmente quitar todo efecto a una ley sostenida políticamente para obstaculizar el camino de la verdad y la justicia por 25 años. Significa también un triunfo para las víctimas, sus familiares y una gran parte de la sociedad uruguaya que ha buscado incansablemente caminos para impugnar la Ley nacida del fruto de un acuerdo político que concedió impunidad a los perpetradores de crímenes horrendos. Significa para Juan y Macarena el inicio de un camino más cierto para conocer la verdad que les ayude a aminorar el dolor.”
 
En palabras de Liliana Tojo, Directora del Programa de CEJIL para Bolivia y el Cono Sur: “La decisión de la Corte despeja toda duda, Uruguay debe garantizar justicia a todas las víctimas de torturas y otro crímenes aberrantes y agotar todos los esfuerzos para dar a conocer la verdad a toda la sociedad uruguaya. Estamos seguros que Uruguay cumplirá con todos los términos de la sentencia.”
 
En ese sentido, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL afirmó que “le toca ahora a Uruguay el desafío que han enfrentado otros países de la región  construyendo el camino de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones del pasado reciente; como ocurrió en Chile, Perú y Argentina. La decisión de la Corte Interamericana  establece los pasos necesarios para profundizar el compromiso del Uruguay con la verdad y la justicia al exigir una investigación acelerada del paradero de María Claudia García Iruretagoyena, la eliminación de los efectos de la ley de caducidad y el acceso a la información de la dictadura que reposa en archivos estatales, entre otros.  Sin duda alguna, el fallo constituye un reconocimiento y un aliento a Juan y Macarena Gelman en su incansable búsqueda por la verdad y la justicia.”

Sentencia de la Corte: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_222_esp.pdf
 
Para mayor información
Contacto en Washington:
Milli Legrain
1-202-319.3000
Mlegrain@cejil.org
 
Contacto en Argentina
Liliana Tojo
(54-9-11) 3340.9795
Ltojo@cejil.org
 
 

República Dominicana condenada por discriminación, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Washington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

 

Jue, 23/10/2014

Foto Dominicanos Créditos CIDHWashington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

En la sentencia del caso “Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana", la Corte IDH determinó que al momento en que ocurrieron los hechos existía un “patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos o procedimientos que no implicaban un análisis individualizado, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”.

La Corte Interamericana, a su vez, también determinó que la República Dominicana adoptó a un fallo a través de su Tribunal Constitucional (TC 168/13) e implementó una ley(169/14) que resultan violatorias del derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad ante la ley y la obligación de prevenir la apatridia, entre otros.

“Tratar a las personas nacidas en la República Dominicana como extranjeras en un proceso de naturalización, aunque sea por un tiempo muy limitado, implica un desconocimiento de su derecho a la nacionalidad”, afirmó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL. “Este fallo determina de manera clara e indiscutible la mejor forma de garantizar los derechos a la nacionalidad y no ser objeto de expulsiones colectivas de manera arbitraria”.

El fallo de la Corte IDH ordena a la República Dominicana a que, en un plazo razonable, tome todas las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma, práctica o decisión que prive de manera arbitraria a una persona del goce del derecho a la nacionalidad si nació en la República Dominicana y no tenía acceso efectivo e inmediato a alguna otra. Además entre otras medidas de reparación, el Estado dominicano debe llevar a cabo capacitaciones a sus funcionarios para evitar la discriminación por motivos raciales, observar las garantías del debido proceso en procedimientos migratorios y evitar la realización de expulsiones de carácter colectivo.

CEJIL litigó el caso en conjunto con la organización Movimiento Mujeres Haitiano-Dominicanas (MUDHA) de República Dominicana, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia de EUA y el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) de Haití.

 

CEJIL recibe postulaciones para Curso Virtual sobre DD.HH. y Sistema Interamericano

CEJIL recibe postulaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de Centroamérica y México para participar en su curso virtual sobre "Uso efectivo y eficiente de los mecanismos de protección que ofrece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos", que se desarrollará entre el 16 de junio y el 12 de septiembre próximos.

El Curso busca fortalecer las capacidades internas de las organizaciones defensoras de derechos humanos profundizando los conocimientos y el debate sobre las herramientas que ofrece el sistema interamericano.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa y  los procedimientos de postulación acceda aquí

Para descargar el cuestionario sobre el caso de estudio acceda aquí

Mié, 26/02/2014

 

 

República Dominicana deberá responder sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Lun, 07/10/2013

 República Dominicana deberá responder sobre sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Una de las consecuencias de este fenómeno que se verá en la audiencia, es la expulsión masiva de personas afrodescendiente por considerarlas como extranjeros por el color de su piel, sin tomar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en materia migratoria.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, declaró que “la negación de la discriminación racial constituye el mayor obstáculo para buscar una solución efectiva a los problemas que la población afectada está viviendo. El problema es muy serio, hablamos de discriminación estructural que ha impactado, además de las expulsiones, en la restricción del reconocimiento de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad”.

El Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación analizó este fenómeno y concluyó en su último informe sobre el país en marzo de 2013, que la discriminación estructural afecta directamente a la población afrodescendiente, sometiendo a esta población a una clara exclusión y restricción en sus derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo.

El organismo internacional solicitó varias medidas para implementar políticas públicas que reconozcan e identifiquen las estadísticas de la discriminación racial existente, adecúe sus políticas migratorias, e impida la desnacionalización de personas que pueda generar situaciones de apatridia.

“Esperamos que la Corte Interamericana tome en cuenta los diversos análisis y pronunciamientos hechos por este Comité, así como por el Comité de Derechos de la Niñez y el de la Eliminación de  todas las formas de Discriminación contra la Mujer en relación con el Estado dominicano”, añadió Paola García Rey, consultora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

Cristiana Luis Francisca, Presidenta de Mudha, señaló que “una vez más hemos tenido que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado dominicano no nos ha dejado otra alternativa, sigue siendo una realidad nacional las frecuentes violaciones de derechos. Igualmente la falta de un diálogo abierto y respetuoso de los derechos humanos con las autoridades y las organizaciones. Estamos hoy ante la Corte Interamericana y si es necesario acudiremos ante los órganos de Naciones Unidas”.

Durante la audiencia del día de mañana ante la Corte Interamericana se escuchará las declaraciones propuestas por las organizaciones representantes que consisten en: el testimonio de una las víctimas dominicanas expulsada con su familia en el año 2000; dos peritos expertos en políticas migratorias y la correcta aplicación de los estándares del derecho internacional y un perito experto en materia de discriminación racial en América y África.

Las organizaciones solicitarán que a través de su fallo el Tribunal Interamericano otorgue una reparación integral a las víctimas, incluida una disculpa pública del Estado por los hechos sucedidos, y además se pronuncie sobre todas las medidas que el Estado dominicano debe adoptar para evitar que hechos como los del presente caso se repitan. Reconocer el problema existente de discriminación racial en la isla es una premisa necesaria para poder revertir estos patrones de exclusión y xenofobia en el país.

María Claudia García Gelman / Uruguay

Manifestación para pedir justicia por los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay.

En agosto de 1976 hombres armados secuestraron, en Buenos Aires, a María Claudia García Iruretagoyena -nuera del  poeta argentino Juan Gelman- y a su esposo. María Claudia estaba embarazada de 7 meses y -en algun momento- fue trasladada a Montevideo, donde dio a luz y fue luego desaparecida. La bebé, María Macarena, fue dejada en la puerta de la casa de un miembro de las fuerzas de seguridad de Uruguay, que la adoptó registrándola con otra identidad.

María Claudia todavía esta desaparecida. María Macarena supo de su verdadera identidad más de 20 años después. Estos hechos ocurrieron al amparo de la Operación Cóndor, un acuerdo de cooperación entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay pactado a mediados de los años setenta para eliminar a disidentes políticos.

En 1986, Uruguay aprobó  la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, cerrando toda posibilidad de investigación judicial para la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura militar en ese país.

El caso de María Claudia y su hija también fue alcanzado por esta ley aunque, posteriormente, el Poder Ejecutivo revisó su decisión y ordenó abrir las investigaciones. En el año 2006, CEJIL y la familia Gelman denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante 5 años, Juan y Macarena Gelman y CEJIL impulsaron el proceso primero ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte con el objetivo no solo de alcanzar justicia en el caso de María Claudia sino buscando tambien impulsar los procesos de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos que se encontraban cerrados por la vigencia de la Ley de Caducidad. En noviembre de 2010, la Corte tuvo ocasión de escuchar las declaraciones de Juan y Macarena, asi como de varios testigos y peritos que dieron cuenta de la impunidad que aun subsitía en Uruguay.

El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso, condenando a Uruguay por la desaparición de María Claudia y de Macarena por los años durante los cuales vivió con una identidad que no era la suya.

Además, estableció claramente que la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con la Convención Americana la privaba de todo efecto, ordenando al Estado la remoción de cualquier obstáculo que perpetúe la impunidad, así como conducir y llevar a término de modo eficaz las investigaciones por las desapariciones forzadas de María Claudia y Macarena. De igual forma, la Corte estableció una serie de reparaciones, que implican la adopción de una serie de políticas públicas para reparar de manera integral las violaciones sufridas, así como un acto de perdón público por los crímenes cometidos y la persistencia de la impunidad.

El 27 de octubre de 2011, el Parlamento uruguayo dio un importante paso para combatir la impunidad al sancionar la Ley N° 18.831 que declara crímenes de lesa humanidad a ciertos delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado vigente durante la última dictadura militar en Uruguay, ratificando así su imprescriptibilidad. Dicha iniciativa está en sintonía y responde a las demandas de la sentencia de la Corte IDH del 24 de febrero de 2011. En 2012, Uruguay dio cumplimiento a la reparación económica para las víctimas y en el mes de marzo el Presidente Mujica llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad ordenado por el Tribunal.

El caso ha tenido un importante impacto en el Uruguay, reabrindo las discusiones sobre justicia y verdad, y contribuyendo de manera decisiva a que se iniciaran acciones legales en varios casos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura abriendo nuevas oportunidades para la justicia.

 

Video:

Imagenes y audios de la audiencia pública del Caso ante la Corte IDH. Noviembre de 2010. Fuente: Videos de la Corte IDH

Acto público de reconocimiento de responsabilidad realizado por el Presidente Mujica en el Parlamento Nacional. Marzo de 2012.

Acto de colocación de la placa en memoria de Maria Claudia García Iruretagoyena, en el centro clandestino donde estuvo detenida con su hija recién nacida. Marzo de 2012.

Audiencia ante la Corte IDH sobre cumplimiento de la sentencia del caso Gelman v. Uruguay

CEJIL convoca evento sobre derechos de personas transgénero, transexuales y travestis

San José, 3 de diciembre de 2012- Defensores de derechos humanos de las comunidades LGBT de diversos países del continente americano se dan cita este 3 y 4 de diciembre en la capital costarricense San José para analizar la situación sobre crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en América Latina.

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Lun, 03/12/2012

San José, Costa Rica- 3 de diciembre de 2012 - Defensores de derechos humanos de las comunidades LGBT de diversos países del continente americano se dan cita este 3 y 4 de diciembre en la capital costarricense San José para analizar la situación sobre crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en América Latina.
 
La actividad es organizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con el fin de facilitar un análisis sobre cómo investigar adecuadamente estos crímenes y generar una reflexión sobre las acciones que deben implementar los Estados para garantizar, entre otros, los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y a la justicia de las poblaciones trans.
 
De acuerdo con lo que, en los últimos años, el programa de CEJIL para Centroamérica y México ha podido documentar, estamos frente a una aguda y creciente violencia contra las personas que integran las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y en especial trans, por lo cual es urgente establecer y desarrollar mecanismos que eliminen cualquier situación de impunidad.
 
No obstante, para CEJIL es evidente la ausencia de recursos judiciales eficaces y la falta de debida diligencia de las autoridades para investigar los hechos, sancionar a los responsables de estas conductas lesivas, y así lograr otorgar una debida reparación a las víctimas. La desprotección de las víctimas facilita la repetición de hechos similares.
 
La actividad sobre personas trans está auspiciada por HIVOS y  tiene lugar en el tercer piso del Hotel Holiday Inn San José- Aurola, en el centro de San José.
 
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