En agosto de 1976 hombres armados secuestraron, en Buenos Aires, a María Claudia García Iruretagoyena -nuera del poeta argentino Juan Gelman- y a su esposo. María Claudia estaba embarazada de 7 meses y -en algun momento- fue trasladada a Montevideo, donde dio a luz y fue luego desaparecida. La bebé, María Macarena, fue dejada en la puerta de la casa de un miembro de las fuerzas de seguridad de Uruguay, que la adoptó registrándola con otra identidad.
María Claudia todavía esta desaparecida. María Macarena supo de su verdadera identidad más de 20 años después. Estos hechos ocurrieron al amparo de la Operación Cóndor, un acuerdo de cooperación entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay pactado a mediados de los años setenta para eliminar a disidentes políticos.
En 1986, Uruguay aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, cerrando toda posibilidad de investigación judicial para la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura militar en ese país.
El caso de María Claudia y su hija también fue alcanzado por esta ley aunque, posteriormente, el Poder Ejecutivo revisó su decisión y ordenó abrir las investigaciones. En el año 2006, CEJIL y la familia Gelman denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante 5 años, Juan y Macarena Gelman y CEJIL impulsaron el proceso primero ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte con el objetivo no solo de alcanzar justicia en el caso de María Claudia sino buscando tambien impulsar los procesos de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos que se encontraban cerrados por la vigencia de la Ley de Caducidad. En noviembre de 2010, la Corte tuvo ocasión de escuchar las declaraciones de Juan y Macarena, asi como de varios testigos y peritos que dieron cuenta de la impunidad que aun subsitía en Uruguay.
El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso, condenando a Uruguay por la desaparición de María Claudia y de Macarena por los años durante los cuales vivió con una identidad que no era la suya.
Además, estableció claramente que la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con la Convención Americana la privaba de todo efecto, ordenando al Estado la remoción de cualquier obstáculo que perpetúe la impunidad, así como conducir y llevar a término de modo eficaz las investigaciones por las desapariciones forzadas de María Claudia y Macarena. De igual forma, la Corte estableció una serie de reparaciones, que implican la adopción de una serie de políticas públicas para reparar de manera integral las violaciones sufridas, así como un acto de perdón público por los crímenes cometidos y la persistencia de la impunidad.
El 27 de octubre de 2011, el Parlamento uruguayo dio un importante paso para combatir la impunidad al sancionar la Ley N° 18.831 que declara crímenes de lesa humanidad a ciertos delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado vigente durante la última dictadura militar en Uruguay, ratificando así su imprescriptibilidad. Dicha iniciativa está en sintonía y responde a las demandas de la sentencia de la Corte IDH del 24 de febrero de 2011. En 2012, Uruguay dio cumplimiento a la reparación económica para las víctimas y en el mes de marzo el Presidente Mujica llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad ordenado por el Tribunal.
El caso ha tenido un importante impacto en el Uruguay, reabrindo las discusiones sobre justicia y verdad, y contribuyendo de manera decisiva a que se iniciaran acciones legales en varios casos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura abriendo nuevas oportunidades para la justicia.
Video:
Imagenes y audios de la audiencia pública del Caso ante la Corte IDH. Noviembre de 2010. Fuente: Videos de la Corte IDH
Acto público de reconocimiento de responsabilidad realizado por el Presidente Mujica en el Parlamento Nacional. Marzo de 2012.
Acto de colocación de la placa en memoria de Maria Claudia García Iruretagoyena, en el centro clandestino donde estuvo detenida con su hija recién nacida. Marzo de 2012.
Audiencia ante la Corte IDH sobre cumplimiento de la sentencia del caso Gelman v. Uruguay
