Derecho a la identidad

Votación del Parlamento uruguayo sobre Ley de Caducidad representa nueva dilación para acceso a la verdad y la justicia

Washington DC y Buenos Aires, 20 de mayo de 2011.- El 24 de marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por haber operado como un obstáculo a la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar, en la sentencia del caso Gelman v. Uruguay.

Vie, 20/05/2011

Washington DC y Buenos Aires, 20 de mayo de 2011.- El 24 de marzo de 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay dejar sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado por haber operado como un obstáculo a la justicia por las graves violaciones a los derechos humanos de la última dictadura militar, en la sentencia del caso Gelman v. Uruguay.
 
El resultado de la votación parlamentaria de hoy, por la cual no se alcanzó el número de votos necesarios para dejar sin efecto la Ley de Caducidad frustró lo que hubiera constituido un paso decisivo hacia el efectivo cumplimiento de la Sentencia.
 

El proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad que dejaba sin efecto la mayoría de sus disposiciones no pudo ser aprobado hoy en la Cámara de Diputados ya que la mayoría parlamentaria del partido de gobierno no contó con los votos necesarios después que el Poder Ejecutivo diera mensajes que sembraban dudas sobre los efectos de una votación  a favor de la ley. Los demás partidos votaron en contra.
 
CEJIL lamenta profundamente que los mensajes del Presidente de la República hayan sido contradictorios en materia de lucha contra la impunidad frente a autores de crímenes contra la humanidad tan aberrantes como la desaparición forzada, la tortura, el asesinato y la sustracción de identidad.
 
Ariela Peralta, Sub Directora de CEJIL, advirtió sobre el peligro que existe si no se actúa  a tiempo y se asume una política decidida para remover los obstáculos existentes y asegurar verdad y justicia a las víctimas. De acuerdo a una interpretación errónea prevalente de la legislación existente a nivel interno, los delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985) podrían prescribir  para noviembre de este año. Concluyó: “esta interpretación a nivel nacional contraria a las disposiciones internacionales en la materia podría consolidar la impunidad”.
 
Asimismo CEJIL recuerda que son los Estados los que en uso de su soberanía deciden libremente asumir distintos tipos de obligaciones, las cuales se comprometen a cumplir con el derecho internacional. Fue en uso de tales poderes soberanos que el 19 de abril de 1985 Uruguay aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dirimió la contienda sobre el alcance de los pronunciamientos populares en materia de derechos humanos. La Corte estableció que la protección a los derechos humanos está por encima del resultado de cualquier votación ciudadana, como ya lo había sostenido la Suprema Corte de Justicia uruguaya en noviembre de 2009 en sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en el caso Sabalsagaray.
 
Según Liliana Tojo, Directora del Programa de CEJIL para Bolivia y el Cono Sur: “La Corte Interamericana ha sido clara al determinar que no es posible esgrimir ningún eximente de responsabilidad –ni amnistías,  ni prescripción- frente a delitos de lesa humanidad; Uruguay deberá reaccionar rápidamente para avanzar hacia la justicia y evitar que la impunidad siga siendo la respuesta”.
 
Aun hay caminos abiertos y mecanismos posibles. Todos los poderes del Estado -el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial- tienen un rol clave y están obligados a  dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Interamericana. Le compete al Poder Ejecutivo asegurar una política firme sin vacilaciones ni discursos erráticos para otorgar a las víctimas los derechos que les corresponden. El Poder Judicial debe ejercer todas las competencias posibles que permitan dejar sin efecto todos los obstáculos existentes.
 
 
 

Contacto en Washington Ariela Peralta
Subdirectora de CEJIL
Tel: (1) 202 538 2240
Aperalta@cejil.org

Contacto en Buenos Aires
Liliana Tojo
Directora de CEJIL – Programa Cono Sur
(54-9-11) 3340.9795
Ltojo@cejil.org
 
 

Uruguay deberá dejar sin efecto la ley que impide investigar y castigar graves crímenes de la dictadura militar

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su fallo en el caso Gelman

Washington D.C y Buenos Aires, 23 de marzo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy la sentencia que condena a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena Gelman, durante la dictadura militar uruguaya, en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, el pleno cumplimiento de esta sentencia es obligatorio y vinculante para el país.

Mié, 23/03/2011

Washington D.C y Buenos Aires, 23 de marzo.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó hoy la sentencia que condena a Uruguay por la desaparición forzada en 1976 de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y el nacimiento en cautiverio de su hija Macarena Gelman, durante la dictadura militar uruguaya, en el marco de la coordinación represiva conocida como Plan Cóndor. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo, el pleno cumplimiento de esta sentencia es obligatorio y vinculante para el país.
María Claudia Garcia Iruretagoyena, con 19 años de edad y siete meses de embarazo, fue secuestrada en Buenos Aires (Argentina) y trasladada a Montevideo (Uruguay) a un centro clandestino de detención. Allí dio a luz a una niña en noviembre de 1976. Permanecieron juntas hasta diciembre de ese año y desde entonces Maria Claudia se encuentra desaparecida. El poeta argentino Juan Gelman, nunca dejó de buscar a su nieta, a quien pudo conocer más de 20 años después de su nacimiento.
 
Las denuncias presentadas por Juan y Macarena Gelman ante la justicia uruguaya no pudieron avanzar debido a la vigencia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986 para evitar que los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar uruguaya (1973-1985) fueran llevados a juicio.
 
El 8 de mayo de 2006, María Macarena Gelman García y Juan Gelman, representados por CEJIL, presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando a Uruguay por la impunidad en que quedaron estos graves crímenes y la violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos que representa la vigencia de la Ley de Caducidad.
 
La sentencia de la Corte Interamericana notificada hoy estableció claramente que Uruguay debe remover todo obstáculo que perpetúe la impunidad La Corte estableció que “Dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana, las disposiciones de la Ley de Caducidad que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos carecen de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso y la identificación y el castigo de los responsables ni pueden tener igual o similar impacto respecto de otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana que puedan haber ocurrido en el Uruguay.” La Corte fue clara al establecer que el hecho de que la Ley no haya podido ser anulada cuando fue sometida a referéndum no puede ser un impedimento para dejarla sin efecto hoy.
 
Respecto de la búsqueda de los restos de las personas desparecidas la Corte fue clara al señalar al Estado uruguayo que deberá conducir  y llevar a término de modo eficaz las investigaciones por las desapariciones forzadas de Maria Claudia y Macarena , así como de los hechos conexos, determinando las correspondientes responsabilidades penales y administrativas que la ley prevea y acelerar la búsqueda y localización inmediata de María Claudia o de sus restos mortales y, en su caso, entregarlos a sus familiares.
 
A su vez la Corte estableció una serie de reparaciones, que implican además la adopción por el Estado uruguayo de una serie de políticas públicas para reparar las violaciones sufridas de manera integral, así como un acto de perdón público por los crímenes cometidos y la persistencia de la impunidad.
Según Ariela Peralta, Sub- Directora de CEJIL: “Esta sentencia es paradigmática para Uruguay ya que implica finalmente quitar todo efecto a una ley sostenida políticamente para obstaculizar el camino de la verdad y la justicia por 25 años. Significa también un triunfo para las víctimas, sus familiares y una gran parte de la sociedad uruguaya que ha buscado incansablemente caminos para impugnar la Ley nacida del fruto de un acuerdo político que concedió impunidad a los perpetradores de crímenes horrendos. Significa para Juan y Macarena el inicio de un camino más cierto para conocer la verdad que les ayude a aminorar el dolor.”
 
En palabras de Liliana Tojo, Directora del Programa de CEJIL para Bolivia y el Cono Sur: “La decisión de la Corte despeja toda duda, Uruguay debe garantizar justicia a todas las víctimas de torturas y otro crímenes aberrantes y agotar todos los esfuerzos para dar a conocer la verdad a toda la sociedad uruguaya. Estamos seguros que Uruguay cumplirá con todos los términos de la sentencia.”
 
En ese sentido, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL afirmó que “le toca ahora a Uruguay el desafío que han enfrentado otros países de la región  construyendo el camino de verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones del pasado reciente; como ocurrió en Chile, Perú y Argentina. La decisión de la Corte Interamericana  establece los pasos necesarios para profundizar el compromiso del Uruguay con la verdad y la justicia al exigir una investigación acelerada del paradero de María Claudia García Iruretagoyena, la eliminación de los efectos de la ley de caducidad y el acceso a la información de la dictadura que reposa en archivos estatales, entre otros.  Sin duda alguna, el fallo constituye un reconocimiento y un aliento a Juan y Macarena Gelman en su incansable búsqueda por la verdad y la justicia.”

Sentencia de la Corte: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_222_esp.pdf
 
Para mayor información
Contacto en Washington:
Milli Legrain
1-202-319.3000
Mlegrain@cejil.org
 
Contacto en Argentina
Liliana Tojo
(54-9-11) 3340.9795
Ltojo@cejil.org
 
 

CEJIL recibe postulaciones para Curso Virtual sobre DD.HH. y Sistema Interamericano

CEJIL recibe postulaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de Centroamérica y México para participar en su curso virtual sobre "Uso efectivo y eficiente de los mecanismos de protección que ofrece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos", que se desarrollará entre el 16 de junio y el 12 de septiembre próximos.

El Curso busca fortalecer las capacidades internas de las organizaciones defensoras de derechos humanos profundizando los conocimientos y el debate sobre las herramientas que ofrece el sistema interamericano.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa y  los procedimientos de postulación acceda aquí

Para descargar el cuestionario sobre el caso de estudio acceda aquí

Mié, 26/02/2014

 

 

República Dominicana deberá responder sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Lun, 07/10/2013

 República Dominicana deberá responder sobre sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Una de las consecuencias de este fenómeno que se verá en la audiencia, es la expulsión masiva de personas afrodescendiente por considerarlas como extranjeros por el color de su piel, sin tomar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en materia migratoria.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, declaró que “la negación de la discriminación racial constituye el mayor obstáculo para buscar una solución efectiva a los problemas que la población afectada está viviendo. El problema es muy serio, hablamos de discriminación estructural que ha impactado, además de las expulsiones, en la restricción del reconocimiento de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad”.

El Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación analizó este fenómeno y concluyó en su último informe sobre el país en marzo de 2013, que la discriminación estructural afecta directamente a la población afrodescendiente, sometiendo a esta población a una clara exclusión y restricción en sus derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo.

El organismo internacional solicitó varias medidas para implementar políticas públicas que reconozcan e identifiquen las estadísticas de la discriminación racial existente, adecúe sus políticas migratorias, e impida la desnacionalización de personas que pueda generar situaciones de apatridia.

“Esperamos que la Corte Interamericana tome en cuenta los diversos análisis y pronunciamientos hechos por este Comité, así como por el Comité de Derechos de la Niñez y el de la Eliminación de  todas las formas de Discriminación contra la Mujer en relación con el Estado dominicano”, añadió Paola García Rey, consultora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

Cristiana Luis Francisca, Presidenta de Mudha, señaló que “una vez más hemos tenido que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado dominicano no nos ha dejado otra alternativa, sigue siendo una realidad nacional las frecuentes violaciones de derechos. Igualmente la falta de un diálogo abierto y respetuoso de los derechos humanos con las autoridades y las organizaciones. Estamos hoy ante la Corte Interamericana y si es necesario acudiremos ante los órganos de Naciones Unidas”.

Durante la audiencia del día de mañana ante la Corte Interamericana se escuchará las declaraciones propuestas por las organizaciones representantes que consisten en: el testimonio de una las víctimas dominicanas expulsada con su familia en el año 2000; dos peritos expertos en políticas migratorias y la correcta aplicación de los estándares del derecho internacional y un perito experto en materia de discriminación racial en América y África.

Las organizaciones solicitarán que a través de su fallo el Tribunal Interamericano otorgue una reparación integral a las víctimas, incluida una disculpa pública del Estado por los hechos sucedidos, y además se pronuncie sobre todas las medidas que el Estado dominicano debe adoptar para evitar que hechos como los del presente caso se repitan. Reconocer el problema existente de discriminación racial en la isla es una premisa necesaria para poder revertir estos patrones de exclusión y xenofobia en el país.

María Claudia García Gelman / Uruguay

Manifestación para pedir justicia por los desaparecidos durante la dictadura en Uruguay.

En agosto de 1976 hombres armados secuestraron, en Buenos Aires, a María Claudia García Iruretagoyena -nuera del  poeta argentino Juan Gelman- y a su esposo. María Claudia estaba embarazada de 7 meses y -en algun momento- fue trasladada a Montevideo, donde dio a luz y fue luego desaparecida. La bebé, María Macarena, fue dejada en la puerta de la casa de un miembro de las fuerzas de seguridad de Uruguay, que la adoptó registrándola con otra identidad.

María Claudia todavía esta desaparecida. María Macarena supo de su verdadera identidad más de 20 años después. Estos hechos ocurrieron al amparo de la Operación Cóndor, un acuerdo de cooperación entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay pactado a mediados de los años setenta para eliminar a disidentes políticos.

En 1986, Uruguay aprobó  la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, cerrando toda posibilidad de investigación judicial para la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura militar en ese país.

El caso de María Claudia y su hija también fue alcanzado por esta ley aunque, posteriormente, el Poder Ejecutivo revisó su decisión y ordenó abrir las investigaciones. En el año 2006, CEJIL y la familia Gelman denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante 5 años, Juan y Macarena Gelman y CEJIL impulsaron el proceso primero ante la Comisión Interamericana y luego ante la Corte con el objetivo no solo de alcanzar justicia en el caso de María Claudia sino buscando tambien impulsar los procesos de justicia por las graves violaciones a los derechos humanos que se encontraban cerrados por la vigencia de la Ley de Caducidad. En noviembre de 2010, la Corte tuvo ocasión de escuchar las declaraciones de Juan y Macarena, asi como de varios testigos y peritos que dieron cuenta de la impunidad que aun subsitía en Uruguay.

El 24 de febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia sobre el caso, condenando a Uruguay por la desaparición de María Claudia y de Macarena por los años durante los cuales vivió con una identidad que no era la suya.

Además, estableció claramente que la incompatibilidad de la Ley de Caducidad con la Convención Americana la privaba de todo efecto, ordenando al Estado la remoción de cualquier obstáculo que perpetúe la impunidad, así como conducir y llevar a término de modo eficaz las investigaciones por las desapariciones forzadas de María Claudia y Macarena. De igual forma, la Corte estableció una serie de reparaciones, que implican la adopción de una serie de políticas públicas para reparar de manera integral las violaciones sufridas, así como un acto de perdón público por los crímenes cometidos y la persistencia de la impunidad.

El 27 de octubre de 2011, el Parlamento uruguayo dio un importante paso para combatir la impunidad al sancionar la Ley N° 18.831 que declara crímenes de lesa humanidad a ciertos delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado vigente durante la última dictadura militar en Uruguay, ratificando así su imprescriptibilidad. Dicha iniciativa está en sintonía y responde a las demandas de la sentencia de la Corte IDH del 24 de febrero de 2011. En 2012, Uruguay dio cumplimiento a la reparación económica para las víctimas y en el mes de marzo el Presidente Mujica llevó a cabo el acto de reconocimiento de responsabilidad ordenado por el Tribunal.

El caso ha tenido un importante impacto en el Uruguay, reabrindo las discusiones sobre justicia y verdad, y contribuyendo de manera decisiva a que se iniciaran acciones legales en varios casos de tortura, desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura abriendo nuevas oportunidades para la justicia.

 

Video:

Imagenes y audios de la audiencia pública del Caso ante la Corte IDH. Noviembre de 2010. Fuente: Videos de la Corte IDH

Acto público de reconocimiento de responsabilidad realizado por el Presidente Mujica en el Parlamento Nacional. Marzo de 2012.

Acto de colocación de la placa en memoria de Maria Claudia García Iruretagoyena, en el centro clandestino donde estuvo detenida con su hija recién nacida. Marzo de 2012.

Audiencia ante la Corte IDH sobre cumplimiento de la sentencia del caso Gelman v. Uruguay

CEJIL convoca evento sobre derechos de personas transgénero, transexuales y travestis

San José, 3 de diciembre de 2012- Defensores de derechos humanos de las comunidades LGBT de diversos países del continente americano se dan cita este 3 y 4 de diciembre en la capital costarricense San José para analizar la situación sobre crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en América Latina.

Ver programa completo.

 

Lun, 03/12/2012

San José, Costa Rica- 3 de diciembre de 2012 - Defensores de derechos humanos de las comunidades LGBT de diversos países del continente americano se dan cita este 3 y 4 de diciembre en la capital costarricense San José para analizar la situación sobre crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en América Latina.
 
La actividad es organizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con el fin de facilitar un análisis sobre cómo investigar adecuadamente estos crímenes y generar una reflexión sobre las acciones que deben implementar los Estados para garantizar, entre otros, los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y a la justicia de las poblaciones trans.
 
De acuerdo con lo que, en los últimos años, el programa de CEJIL para Centroamérica y México ha podido documentar, estamos frente a una aguda y creciente violencia contra las personas que integran las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y en especial trans, por lo cual es urgente establecer y desarrollar mecanismos que eliminen cualquier situación de impunidad.
 
No obstante, para CEJIL es evidente la ausencia de recursos judiciales eficaces y la falta de debida diligencia de las autoridades para investigar los hechos, sancionar a los responsables de estas conductas lesivas, y así lograr otorgar una debida reparación a las víctimas. La desprotección de las víctimas facilita la repetición de hechos similares.
 
La actividad sobre personas trans está auspiciada por HIVOS y  tiene lugar en el tercer piso del Hotel Holiday Inn San José- Aurola, en el centro de San José.
 
Ver programa completo.

La CIDH realizó una visita in loco a Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Fue la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

Vean aquí una presentación de CEJIL sobre las visitas in loco, su origen, funcionamiento e impacto.

Lean estos artículos de Bertha Santoscoy y Felipe González (Comisionado).

Consulten la nueva edición de la Guía de Defensores de CEJIL.

Comunicado de prensa de la CIDH.

Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

Vie, 30/11/2012

 

 


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará una visita in loco a Colombia entre el 3 y el 7 de diciembre de 2012 por invitación del Estado de Colombia. Esta será la primera visita in loco de la CIDH a Colombia desde 2004.

 

 

 

 

 

 

  • Ver el comunicado de la CIDH publicado a posteriori aquí.

 

 

 

 

 

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