Debido proceso

Corte Interamericana declara incumplimiento de diversas medidas de reparación en el caso Ecologistas contra México

Siguen sin cumplirse medidas de reparación de sentencia del 2010

• Destaca la falta de reforma del Código de Justicia Militar
• A casi tres años de la sentencia, pocas diligencias en la investigación por tortura

El pasado 21 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó su primera resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, conocido como el caso de los Campesinos Ecologistas. En la resolución, la Corte IDH declaró incumplidas varias de las medidas de reparación más trascendentales ordenadas en su sentencia de noviembre de 2010, en la que la Corte IDH constató que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, libertad, protección judicial y otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

 

Lun, 23/09/2013

• Destaca la falta de reforma del Código de Justicia Militar
• A casi tres años de la sentencia, pocas diligencias en la investigación por tortura

El pasado 21 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó su primera resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, conocido como el caso de los Campesinos Ecologistas. En la resolución, la Corte IDH declaró incumplidas varias de las medidas de reparación más trascendentales ordenadas en su sentencia de noviembre de 2010, en la que la Corte IDH constató que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, libertad, protección judicial y otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

 

De acuerdo con la Corte IDH el Estado mexicano sigue sin cumplir reparaciones esenciales ordenadas en su sentencia. Dichas medidas tienen relación con la reparación de los daños con miras a garantizar que este tipo de violaciones a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.

Al respecto, el Tribunal Interamericano destacó que todavía no se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones a derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles, una reforma ordenada por la Corte IDH en cuatro sentencias consecutivas contra México. En esta ocasión la Corte recordó que “el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana” y reiteró la obligación de reformarlo.

Por otra parte, al cumplirse casi tres años desde la emisión de la sentencia, sigue sin cumplirse la investigación y sanción de los graves abusos cometidos en contra de las víctimas.  En este sentido, la Corte IDH indicó: “este Tribunal constata que a más de dos años de haberse iniciado la averiguación previa, se han realizado pocas diligencias judiciales tendientes a determinar a los presuntos responsables de los hechos del presente caso”. Ante ello, se “insta al Estado a que realice, dentro de un plazo razonable, las diligencias pendientes dentro de la averiguación previa”. Cabe recordar que en este caso está ampliamente documentada la tortura sufrida por las víctimas, además de que algunos de los responsables se encuentran plenamente identificados, por lo que a pesar de haber transcurrido 14 años desde los hechos, están disponibles todos los elementos para que avance la investigación.

 

Finalmente, la Corte IDH reiteró la obligación del Estado de modificar sus registros de personas detenidas para evitar violaciones a derechos humanos.  El Tribunal Interamericano seguirá monitoreando el caso hasta que el Estado mexicano haya dado cabal cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas en la sentencia.

 

Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante la Corte IDH, exigimos que el Estado mexicano cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales y consecuentemente con la totalidad de las medidas que fueron ordenadas por dicho Tribunal.

 

Información de contacto:

 

Centro Prodh:

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh

Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

 

 

CEJIL:

Daniela Araya

Oficial de Comunicaciones

Tel. (+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

 

Audiencia sobre el primer caso de un detenido en Guantánamo ante una instancia internacional

Audiencias ante la CIDH


 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lun, 01/11/2010

 

Estados Unidos hace un llamado para que terceros países colaboren con el reasentamiento de un detenido argelino



De izquierda a derecha, Ariela Peralta, subdirectora ejecutiva de CEJIL, Wells Dixon, abogado senior de CCR, Annette Martínez, abogada de CEJIL y Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL durante la audiencia del caso en la CIDH.

 

 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

 

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Djamel Ameziane teme ser repatriado de manera forzada a Argelia. Al ser descendiente de la minoría étnica bereber de la provincia norte de Kabylia, sus abogados temen que su representado pudiera ser blanco de facciones rivales que quisieran reclutarlo en esta región tan inestable.  Su larga detención en Guantánamo, aunada al reconocimiento público del temor de ser repatriado a su país de origen, incrementa su vulnerabilidad.

 

A pesar de ser un candidato ideal para el reasentamiento, no ha obtenido pronunciamiento alguno de un tribunal o instancia de derechos humanos estadounidense o extranjera. Asimismo, sus abogados expresaron que la acción de Habeas Corpus interpuesta hace cinco años no ha resuelto sobre la legalidad de su detención. De conformidad con el derecho internacional, una acción de Habeas Corpus debe ser procesada de manera expedita. El retraso excesivo presentado en este caso no es aceptable ni acorde con los estándares internacionales en la materia.

 

CCR y CEJIL solicitaron la audiencia ante la Comisión con el objetivo de analizar la admisibilidad del caso. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expuso la urgencia de la situación y pidió que este organismo unificara el análisis de la admisibilidad y el fondo del caso para impulsar el proceso. “Alentamos a la CIDH a facilitar un diálogo entre el gobierno estadounidense y otros Estados miembros de la OEA para conseguir una opci ón de reasentamiento seguro para el señor Ameziane”, añadió.

 

En su defensa, Estados Unidos argumentó que la administración de Obama ha hecho avances significativos desde que el presidente firmó una orden ejecutiva con el fin de cerrar Guantánamo en enero de 2009. Wells Dixon, abogado del CCR reconoció los pasos hasta ahora realizados para el cierre de dicho centro de detención. Sin embargo manifestó su preocupación de que “el señor Ameziane no cuenta con lugar alguno donde pueda ventilar su miedo de persecución en caso de regresar a Argelia”.  Abdul Aziz Naji, ciudadano argelino, fue repatriado de manera forzada desde Guantánamo a su país de origen en julio de 2010.

 

Estados Unidos hizo énfasis en las mejoras de las condiciones de detención en Guantánamo, pero omitió hacer referencia al caso específico de Ameziane. Ante esto, el Comisionado Pinheiro trató de volver a enfocar el debate en torno al detenido. En respuesta el abogado Dixon añadió: “Unas mejores condiciones de detención no son un sustituto adecuado para la libertad ni el debido proceso”.

 

CCR y CEJIL hicieron un llamado a terceros Estados que quisieran reasentar a Djamel Ameziane en su país, petición a la cual Estados Unidos hizo eco.  Como signatario de la Declaración Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre y Estado Miembro de la OEA, las resoluciones de la CIDH son vinculantes para Estados Unidos. Por ello, el Estado debe dar respuesta a los argumentos presentados por los peticionarios. Mientas tanto, unos 174 detenidos siguen todavía en Guantánamo.

 

El Center for Constitutional Rights se dedica a la promoción y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue fundada en 1996 por abogados que representaban el movimiento de los derechos civiles en el sur. CCR es un organismo sin ánimo de lucro educativo que busca hacer un uso creativo del derecho como fuerza positiva para el cambio. www.ccrjustice.org.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

NOTA

  • ¿Qué es la CIDH? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los principales órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Estados Unidos es Estado miembro. Tiene el mandato de promover el respeto de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en ese ámbito.

¿Qué es el Habeas Corpus? El Habeas Corpus es un recurso o una acción legal, a través de la cual un preso puede ser liberado de una detención ilegal. El recurso puede ser solicitado por el preso o por una persona que lo apoya.

 

 

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL habla con la prensa después de la audiencia en la Comisión interamericana de derechos humanos el 29 de octubre de 2010 acerca del caso de Djamel Ameziane.


Perú debe respetar sus obligaciones internacionales frente a solicitud de revisión de condena de Fujimori

San José, Costa Rica y Washington D.C. 24 de febrero de 2014, El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mostramos nuestra preocupación frente al anuncio de la defensa de Alberto Fujimori de presentar un recurso de revisión de su condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de Barrios Altos y Cantuta, y las declaraciones públicas emitidas posteriormente por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión.

 

Lun, 24/02/2014

Comunicado Revisión de Sentencia Fujimori. VíctimasSan José, Costa Rica y Washington D.C. 24 de febrero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), mostramos nuestra preocupación frente al anuncio de la defensa de Alberto Fujimori de presentar un recurso de revisión de su condena por graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los casos de Barrios Altos y Cantuta, y las declaraciones públicas emitidas posteriormente por un Magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión.

El abogado del ex mandatario ha anunciado la presentación de un recurso de revisión de la condena contra su patrocinado, alegando que la Corte Suprema de Chile no concedió la extradición por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, el 15 de febrero de 2014, Javier Villa Stein, Presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema que conocería el recurso de revisión, señaló que “nunca he sido ni soy fujimorista. Lo que pasa es que no me he sumado a la ‘caviarada’ que, después de haber trabajado con Fujimori, lo persiguieron para desmarcarse”. A su vez, Villa Stein dijo en declaraciones a la radio que “da razón” al planteamiento de que Fujimori no fue extraditado para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, recordamos que el 7 de abril de 2009 la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia impuso a Alberto Fujimori una condena de 25 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, lesiones graves y secuestro agravado. Si bien la Sala calificó los crímenes como de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional, la condena fue impuesta por delitos incluidos por la Corte Suprema chilena al conceder la extradición. En diciembre de 2009 la decisión fue ratificada por la Corte Suprema peruana y por tanto es una decisión firme.

“El proceso penal contra el ex mandatario fue calificado por la comunidad internacional como ejemplar por haberse llevado a cabo de manera justa, imparcial y en pleno respeto al debido proceso y los derechos del acusado”, anotó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, para quien “la condena constituyó un paso determinante dentro y fuera de las fronteras del Perú en la lucha contra la impunidad”.

Posteriormente, las condenas contra Fujimori y otros procesados por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos han sido objeto de pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como parte de la supervisión de la obligación del Perú de investigar y procesar a todos los responsables de tales violaciones.

En ese sentido, el 7 de septiembre de 2012, la Corte emitió una resolución en el caso Barrios Altos en la que analizó la decisión de la Sala de la Corte Suprema, también presidida por el Magistrado Villa Stein, que decretó una rebaja de penas para integrantes del denominado “grupo Colina” condenados por los crímenes de Barrios Altos. La Corte declaró que dicha decisión era contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Corte Suprema del Perú revocó la decisión. La Corte IDH reiteró la obligación del Perú de remover “todo obstáculo que impida la investigación y juzgamiento de los hechos y, en su caso, la sanción de todos responsables”. Según la Corte, “un procesamiento que se desarrolla hasta su conclusión y cumpla su cometido es la señal más clara de no tolerancia a las graves violaciones a los derechos humanos, contribuye a la reparación de las víctimas y muestra a la sociedad que se ha hecho justicia”.

En el caso citado, la Corte también se pronunció sobre la garantía de imparcialidad necesaria en el conocimiento de este tipo de asuntos, señalando que las autoridades estatales deben asegurar que el juez que interviene en el proceso actúe careciendo de todo prejuicio y, asimismo, “ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto a la ausencia de imparcialidad”.

Tales pronunciamientos son aplicables frente a una eventual revisión de la condena contra Fujimori. Es por ello que en palabras de Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA, “CEJIL y WOLA hacemos un llamado a las autoridades peruanas para que cualquier recurso judicial que cuestione la condena contra Fujimori sea considerado en el marco de las obligaciones internacionales del Perú, y en apego a los principios de imparcialidad y debido proceso para todas las partes”.

Contacto de prensa:

CEJIL:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

 

WOLA:

Jessamine Bartley-Matthews

Communications Assistant, WOLA

Tel: +1 (202) 797-2171

Cell: +1 (610) 719-7990

press@wola.org

 

Destitución del Alcalde Gustavo Petro vulnera los derechos políticos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Autoridad disciplinaria no puede socavar el pluralismo y la democracia

El 9 de diciembre de 2013, el señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación mediante una decisión administrativa (no judicial), que además lo inhabilita durante 15 años para la función pública, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de la ciudad en diciembre de 2012.

Mié, 15/01/2014

El 9 de diciembre de 2013, el señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación mediante una decisión administrativa (no judicial), que además lo inhabilita durante 15 años para la función pública, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de la ciudad en diciembre de 2012.

La privación del ejercicio de los derechos políticos del señor Petro no se ajusta a los requisitos legales mínimos para la restricción legítima de los derechos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni a la jurisprudencia de los órganos de protección del sistema interamericano. Dicha decisión impacta asimismo de manera directa los derechos políticos de miles de ciudadanas y ciudadanos que lo eligieron como alcalde.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fijado lineamientos que deben servir de guía para interpretar el alcance de los derechos políticos en los Estados. En virtud del Control de Convencionalidad, estos lineamientos vinculan a los diversos actores estatales –entre otros, los administrativos y judiciales-- encargados de la tutela de los derechos fundamentales. En esencia, la Corte sostuvo la importancia del derecho a elegir y ser elegido, al acceso a un control judicial para la garantía de los derechos políticos, así como la relevancia de una actuación rápida, sencilla y oportuna de la justicia para dirimir los asuntos electorales, en su pionera sentencia en el caso Yatama vs. Nicaragua. Adicionalmente, rescató la relevancia de un debate público plural en su sentencia de Cepeda vs. Colombia.

Más aun, en el caso López Mendoza vs. Venezuela, la Corte Interamericana interpreta el derecho a la participación política previsto en el artículo 23 de la Convención Americana que garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En esa decisión, ella sostuvo que: “[e]l artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1 [que consagra los derechos políticos]”. Y concluyó que “una restricción impuesta por vía de sanción", debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Sujetando, de esta manera, la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos de un cargo de elección popular a la determinación judicial de una sanción en un proceso penal.

A la luz de estas decisiones de la Corte Interamericana la destitución del alcalde Petro por la Procuraduría es arbitraria pues restringe su derecho sin que pese en su contra una sanción penal. Ella vulnera asimismo los derechos de importantes sectores del electorado que ven cercenados sus derechos políticos con la remoción del Alcalde que votaron en elección popular.

Por ello, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) urge al Estado colombiano, y en especial a sus autoridades administrativas y judiciales, a tomar las medidas necesarias para rectificar de manera efectiva y oportuna la decisión adoptada y garantizar plenamente los derechos políticos en Colombia.

 

Información adicional

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 reconoce los derechos políticos, en los siguientes términos:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

A su vez sostiene en el artículo 23.2. que:  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Ver versión en portugués

Líder indígena testifica en el caso Norín Catrimán y otros v. Chile

Los Mapuche son objeto de represión estatal, violencia y encarcelamientos arbitrarios

San José y Washington D.C, 29 de mayo de 2013 – En una audiencia de fondo que se realiza los días 29 y 30 de mayo, el Werken Mapuche Víctor Manuel Ancalaf, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), dio testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. La audiencia se inscribe dentro del caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.

Jue, 30/05/2013

Por los derechos del pueblo mapuche

San José y Washington D.C, 29 de mayo de 2013 – En una audiencia de fondo que se realiza los días 29 y 30 de mayo, el Werken Mapuche Víctor Manuel Ancalaf, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), dio testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. La audiencia se inscribe dentro del caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.

Por medio de ello, varios integrantes y dirigentes del Pueblo Mapuche denunciaron la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista en Chile, así como diversas violaciones a las garantías de debido proceso y al principio de legalidad protegidos por la Convención Americana.

La Comisión IDH remitió el caso a la Corte en el año 2011 ante la vulneración de los derechos garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad y el derecho de igualdad ante la ley.

El líder indígena Mapuche acompañado de sus representantes, abogados de CEJIL, dio testimonio sobre las consecuencias de su condena por terrorismo en su entorno familiar y colectivo, así como en su condición de dirigente tradicional Werken.

Se espera que la Corte IDH dicte sentencia antes de que acabe el año.

Contacto en San José – Liliana Tojo, Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur, Tel (506) 2280-7473 / 7608 ltojo@cejil.org

Contacto en Washington DC – Milli Legrain, Coordinadora de comunicación, Tel (1) 202 310 3000 mlegrain@cejil.org

 

República Dominicana sigue sin cumplir Sentencia de la Corte IDH

A 19 años de la desaparición forzada de Narciso González, el Estado debe poner fin a la impunidad

Santo Domingo, San José y Washington, D.C., 26 de mayo de 2013.- Hoy, en el 19º  aniversario de la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reitera que el Estado dominicano debe cumplir puntual y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para quebrar el cerco de impunidad.

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”, fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Un día antes de su desaparición forzada el 26 de mayo de 1994, pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral y señalaba a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer. Su desaparición fue un duro golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano que se sigue sintiendo hoy

Dom, 26/05/2013

Rafael Narciso González

Santo Domingo, San José y Washington, D.C., 26 de mayo de 2013.- Hoy, en el 19º  aniversario de la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reitera que el Estado dominicano debe cumplir puntual y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para quebrar el cerco de impunidad.

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”, fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Un día antes de su desaparición forzada el 26 de mayo de 1994, pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral y señalaba a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer. Su desaparición fue un duro golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano que se sigue sintiendo hoy.

En el Caso González Medina Vs. República Dominicana, la Corte IDH determinó que el Estado dominicano es responsable por la desaparición forzada de Narciso González y por violaciones de los derechos a las garantías judiciales y la integridad personal de sus familiares. En la Sentencia, la Corte IDH ordenó que la República Dominicana adopte medidas de reparación incluyendo, la investigación de los hechos, la búsqueda del paradero de Narciso y otras medidas con el fin de esclarecer la verdad, reparar el grave daño ocasionado y garantizar la no-repetición de hechos como los del caso.

Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha demostrado ningún avance en el cumplimiento de esta Sentencia y ni siquiera ha presentado los informes requeridos por la Corte IDH.

“Hoy, a 19 años de la desaparición de Narciso González, el Estado dominicano sigue sin acatar la sentencia y sin llevar a cabo una investigación pronta, seria y eficaz de los hechos,” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Esto perpetúa la impunidad y deniega el derecho de los familiares y del pueblo dominicano a conocer la verdad”.

Por otra parte, esta semana el National Security Archive logró publicar 49 documentos desclasificados que confirman la sentencia de la Corte IDH, y demuestran fallas en las investigaciones de la desaparición de Narciso González llevadas a cabo en el sistema de justicia interno de República Dominicana.

Hoy, a 19 años de la desaparición forzada de Narciso González, CEJIL denuncia enérgicamente el incumplimiento estatal con la Sentencia de la Corte IDH, y la impunidad que perpetúa, y exhorta al Estado dominicano a que cumpla con todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, incluyendo la obligación de investigar los hechos del caso.

Para más información:

  • National Security Archive, Government Impunity in Narciso González Case Continues after 19 years: Inter-American Court Ruling Confirmed by Declassified Documents. 23 de mayo de 2013. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB429/

En una declaración conjunta ONU y CIDH piden que EE.UU. cierre Guantánamo

CEJIL y CCR exigen acabar con la detención indefinida, mientras huelga de hambre pone en riesgo las vidas de más de 100 personas

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) se unen a las declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que Estados Unidos ponga fin a  la actual crisis en la Base Naval de Guantánamo y cierre el centro de detención.

Actualmente, más de 100 personas detenidas en Guantánamo se encuentran en huelga de hambre, la que alcanza ya su tercer mes y pone en riesgo sus vidas. El fin de esta manifestación es protestar contra la persistencia de una detención indefinida y arbitraria. Más del 20% de los manifestantes están siendo alimentados a la fuerza por militares estadounidenses,  mientras que el Gobierno de los Estados Unidos se niega a permitir que los expertos de la CIDH y la ONU visiten el centro de detención.

 

Vie, 10/05/2013

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) se unen a las declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que Estados Unidos ponga fin a  la actual crisis en la Base Naval de Guantánamo y cierre el centro de detención.

Actualmente, más de 100 personas detenidas en Guantánamo se encuentran en huelga de hambre, la que alcanza ya su tercer mes y pone en riesgo sus vidas. El fin de esta manifestación es protestar contra la persistencia de una detención indefinida y arbitraria. Más del 20% de los manifestantes están siendo alimentados a la fuerza por militares estadounidenses,  mientras que el Gobierno de los Estados Unidos se niega a permitir que los expertos de la CIDH y la ONU visiten el centro de detención.

En una declaración conjunta, la Comisión Interamericana, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo,  el Relator Especial de la ONU sobre la Salud, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, “formulan un llamamiento urgente al Gobierno de los Estados Unidos de América a respetar y garantizar la vida, salud e integridad personal de los detenidos en la Base Naval de Guantánamo, particularmente en el contexto de la actual huelga de hambre.”

La Comisión Interamericana, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la protección de los derechos humanos, ha monitoreado la situación en Guantánamo de manera activa desde el 2002 cuando otorgó medidas cautelares, medidas de protección otorgadas en situaciones graves y urgentes para evitar daños irreparables. La CIDH ha hecho varios llamados al gobierno de los Estados Unidos para que cierre Guantánamo, tal y como lo han hecho los Relatores Especiales de la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En su declaración, la Comisión Interamericana destacó la información presentada por CEJIL y CCR durante una audiencia temática del período de sesiones de la CIDH de marzo de 2013, la cual incluyó “información especializada acerca de los daños fisiológicos y psicológicos severos y duraderos producidos por el alto grado de incertidumbre relacionada con aspectos elementales de las vidas de los detenidos, como saber si serán juzgados o no; si serán liberados y cuándo; o si volverán a ver a sus familiares”.

“En Guantánamo, la detención indefinida de individuos, muchos de los cuales no se les ha presentado cargos, va mucho más allá de un mínimo período razonable y causa un estado de sufrimiento, tensión, temor y ansiedad que en sí mismo constituye una forma de tratamiento cruel, inhumano y degradante”, recalcó el Relator Especial de la ONU sobre tortura, Juan E. Méndez.

De acuerdo con el Director Ejecutivo de CCR, Vincent Warren, “en contravención de sus obligaciones internacionales, el Gobierno de los Estados Unidos hoy sigue deteniendo a 166 hombres en Guantánamo, incluyendo a 86 hombres que continúan sufriendo un deterioro físico y mental en prisión a pesar de haber sido aprobado su traslado. Uno de estos hombres es nuestro representado Djamel Ameziane, cuyo emblemático caso fue declarado admisible por la CIDH en el 2012 tras ser presentado por CEJIL y CCR”.

"Guantánamo se ha convertido en símbolo de una política fracasada que busca enfrentar el terrorismo restringiendo derechos y adoptando prácticas que se oponen a los valores y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución de los Estados Unidos”, expresó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Mientras esta crisis urgente amenaza con poner fin a las vidas de más de 100 personas, CEJIL y CCR se unen a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana  para reiterar el llamado urgente para que los Estados Unidos acaben con la detención indefinida de personas; cumpla con sus obligaciones internacionales y tome medidas concretas para cerrar el centro de detención sin demora; traslade, libere y reasente a los detenidos de manera segura; y asegure que los detenidos tengan acceso a la justicia. Instamos también al Gobierno de Estados Unidos para que permita que los representantes de la Comisión Interamericana y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visiten el centro de detención de Guantánamo con pleno acceso a los detenidos.

Enlaces útiles:

Para más información

CEJIL

Milli Legrain

202 319 3000

mlegrain@cejil.org

 

CCR

Jen Nessel

212.614.6449

JNessel@ccrjustice.org

 

Indígenas mexicanos son liberados luego de 17 años de prisión injusta

Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años.

Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.

Mar, 23/04/2013

San José, Costa Rica, 23 de abril de 2012. Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años. MapaMéxico

Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.

Tuvieron que transcurrir 17 años para que las autoridades internas reconocieran su error y se lograra la liberación de García y Sánchez, quienes permanecían privados de libertad en el centro penitenciario Neza-Bordo, en el municipio mexicano de Nezahualcóyotl.

“La liberación de Juan y Santiago es un logro para el respeto de los derechos humanos y un llamado de atención para que el Estado mexicano elimine prácticas ilegales en los procesos de investigación policial y de impartición de justicia, ello solo ha sido posible tras la intervención de la Comisión Interamericana en el caso”, sostuvo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

El 6 de junio de 1997, policías judiciales del Distrito Federal de México irrumpieron sin orden judicial al domicilio de ambos ciudadanos mexicanos, los detuvieron de manera arbitraria e ilegal, los golpearon y los llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aduciendo vinculaciones con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Allí los siguieron golpeando y amenazaron de muerte para que firmaran hojas en blanco, en las que fueron escritas confesiones falsas. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron la principal prueba para que Juan y Santiago recibieran primero una condena a tres años de prisión, por la supuesta portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza armada, y posteriormente otra sentencia de 40 años bajo los falsos cargos de haber cometido un robo, asesinar a un policía y herir a varios agentes policiales.

Sobre este tema, el Subcomité de Prevención de la Tortura concluyó en 2010, tras visitar México, que es ante el Ministerio Público y particularmente durante las primeras 48 horas de detención cuando las personas detenidas corren un alto riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El año pasado también, el Comité contra la Tortura expresó en su informe sobre México, su preocupación por el alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios, con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias.

En 2011, el caso de Santiago Sánchez, mixteco originario de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua oriundo de Puebla, recibió informe de fondo de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente se encuentra en trámite y espera ser dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José, Costa Rica.

“Saludamos la liberación de Juan y Santiago y esperamos que el Estado mexicano repare en forma integral el daño que les ha causado, investigue y sancione a los responsables de dichas violaciones de derechos humanos y tome las medidas necesarias para eliminar la práctica de la tortura” sostuvo Pilar Noriega, abogada del SLIEJ.

Más información

Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL Mesoamérica

+506 2280 7473

Decenas de organizaciones y juristas respaldan proceso judicial contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez

Guatemala

Decenas de organizaciones y juristas de todo el continente suscribieron esta mañana una misiva en la que aseguran que en Guatemala se está cumpliendo con los estándares internacionales, en el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que tiene como imputados a los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“El Tribunal guatemalteco está respetando el derecho de defensa y el debido proceso”, sostiene la carta, en una alusión directa a los múltiples recursos de amparo que han interpuesto los representantes legales de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, con la clara finalidad de entorpecer el proceso judicial.

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Mar, 16/04/2013

En el proceso seguido por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad

TRIBUNAL GUATEMALTECO ESTÁ RESPETANDO EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO A EX GENERALES IMPUTADOS

Han transcurrido cuatro semanas desde que inició el histórico juicio en contra de los generales en retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por su participación en la comisión de los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de la población maya ixil.JuicioRíosMont- SandraSebastián- CCPlazaPública

Desde los inicios del proceso, la defensa del imputado Ríos Montt ha alegado violaciones del derecho de defensa y del debido proceso, en especial, en virtud de la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo de retirar al abogado Francisco García Gudiel de la defensa del General Ríos Montt y nombrarle como defensor de oficio al abogado César Calderón, quien también actúa como defensor del imputado Rodríguez Sánchez.

El Gen. Ríos Montt había contado con un equipo de abogados que lo representaba hasta la apertura de la audiencia pública cuando nombra a Licenciado García Gudiel para que lo represente.

Ahora bien, la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo, de retirar de la defensa al recién nombrado abogado García Gudiel, ocurre ante las prácticas dilatorias que dicho abogado intentó implementar para obstaculizar el curso normal del proceso, entre ellas solicitar la recusación de la Presidenta del Tribunal por tener “enemistad” con él. Por lo cual, el Tribunal designó al abogado Calderón, aplicando la legislación guatemalteca, y pese a su negativa. Ante esta situación, el imputado decidió nombrar nuevamente a los abogados de confianza que le habían acompañado desde el inicio del proceso, quienes se presentaron al día siguiente y continuaron ejerciendo su representación.

No obstante la solución allegada, la defensa interpuso recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por esta y otras decisiones, alegando la violación al derecho de defensa y el debido proceso, quedando estos recursos pendientes de resolución.

Ante este panorama, los abajo firmantes (juristas y organizaciones de derechos humanos), externamos a continuación una opinión técnica basada en los estándares internacionales en la materia:

1. Sobre el uso abusivo de la figura del amparo:

Si bien la figura del amparo es legítima para tutelar los derechos humanos, en la práctica en los procesos penales seguidos por graves violaciones de derechos humanos en Guatemala, se ha utilizado por la defensa no para garantizar derechos sino para obstaculizar el proceso mismo e impedir su culminación. Ya para el año 2003, al conocer el caso Myrna Mack vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se refirió al uso abusivo de la figura del amparo en Guatemala (párrs. 204, 206, 207, 208). En aquella ocasión, la Corte señaló la responsabilidad del Estado por haber permitido a la defensa promover una serie “de articulaciones y recursos (pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompetencias, nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, entre otros)”, los cuales impidieron que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural (párr. 208).

Posteriormente, en el año 2009, la Corte trató este tema nuevamente al emitir su sentencia en la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, y reiteró que el amparo había sido utilizado en el país como una práctica dilatoria en el proceso penal, lo cual fue aceptado por el propio Estado guatemalteco en dicha oportunidad (párr. 106).

Para la Corte, esta práctica se origina en las disposiciones que “regulan el recurso de amparo, la falta de debida diligencia y la tolerancia por parte de los tribunales al momento de tramitarlo, así como la falta de tutela judicial efectiva” (párr. 120) De hecho, en esta sentencia, la Corte ordena al Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular la Ley de Amparo, a fin de adecuar este recurso a su verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos.

En el proceso que se sigue actualmente, se observa con preocupación que se sigue utilizando esta figura de una manera excesiva y con fines meramente dilatorios.

2. Sobre la obligación de los jueces de vigilar la convencionalidad del proceso penal:

La Corte IDH se ha referido a la obligación de los jueces de ejercer un adecuado control de convencionalidad. Esto significa que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin” (Caso Aguado Alfaro y otros vs. Perú, párr. 128).

Respecto del uso prácticas dilatorias en procesos por graves violaciones de derechos humanos, el Tribunal Interamericano ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de manera que se eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos, que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos (Caso Bulacio vs. Argentina, párr. 115).

Según el Alto Tribunal Interamericano, si las autoridades permiten y toleran el uso abusivo y dilatorio de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial, lo cual conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. (Caso Myrna Mack vs. Guatemala, párr. 209, 210).

En efecto, el derecho de las víctimas a saber la verdad es tan relevante que el mismo tribunal ha destacado que ante “eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad (Bámaca Velásquez, resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de noviembre de 2010, párr. 50).

Considerando lo expuesto, al observar el desarrollo del juicio oral, consideramos que el Tribunal A de Mayor Riesgo está actuando de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, ejerciendo un equilibrado control de convencionalidad, asegurando la fluidez del proceso en un tiempo razonable y eliminando las prácticas dilatorias que pudieran obstaculizar el mismo.

3. Sobre la garantía del derecho de defensa:

El derecho de defensa es una garantía que conforma el debido proceso. De acuerdo con la Corte Interamericana, para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables (OC/16-99, párr. 117).

En el caso concreto, los imputados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez no se encuentran en ninguna situación de desigualdad jurídica que limite el ejercicio de sus derechos, además, han participado activamente el proceso, han tenido la posibilidad de aportar prueba, de estudiar la prueba escrita que conforma el expediente, de cuestionar las diferentes actuaciones, de apelar las decisiones del Tribunal, de interrogar los testigos y peritos aportados por la parte acusadora y los querellantes, entre otras. Por tal razón, hasta el momento no se observa ningún agravio que permita sustentar una violación del derecho de defensa.

Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos también se ha referido a la facultad de los tribunales internos de nombrar defensores de oficio, si ello está en el mejor interés de la justicia, señalando que el derecho de tener un abogado de confianza no es un derecho absoluto (Pakelli v. Germany, judgment of 25 April 1983, Series A no. 64, p. 15, para. 31, Croissant v. Germany, judgment of 25 September 1992, para. 29, y Mayzit v. Russia, judgment of 20 January 2005, para. 66).

Dicha jurisprudencia rescata la importancia de contar con una defensa técnica, pero a la vez, resalta la facultad de los tribunales internos de nombrar de oficio, cuando hay una obstrucción que ha sido generada por el mismo imputado, o bien, cuando el interés de la justicia lo requiere. En tal sentido, es nuestra valoración que la actuación del Tribunal A de Mayor Riesgo, en cuanto al nombramiento de un defensor de oficio para garantizar la continuación del proceso contra los señores Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, se encuentra ajustada a los estándares internacionales.

Con base en lo expuesto, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe observando con atención el proceso penal citado, a la vez, exhortamos respetuosamente a la justicia guatemalteca para que, en el desarrollo del presente proceso histórico, se tomen en cuenta las obligaciones internacionales en la materia y se emitan resoluciones congruentes con estas, a la vez, reiteramos la importancia de que se garantice la independencia de los jueces y en especial se brinde seguridad a todas las partes involucradas en el presente proceso.

La verdad y la justicia efectiva son fundamentales en la prevención de las atrocidades del genocidio y la mitigación de los daños ocasionados a los sobrevivientes, familiares, comunidades, pueblos y a toda la humanidad.

16 de abril de 2013.

Juristas:

Roxana Arroyo, profesora universitaria, Costa Rica

Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y miembro de la Comisión Internacional de Juristas

Célia Bernardes, jueza federal, Brasil

Kenarik Boujikian, magistrada de apelaciones del Tribunal de Justicia de Sao Paolo, Brasil

Miguel Carbonell, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Alfredo Chirino Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica

Mario Coriolano, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Ronald Gámarra, abogado de las víctimas en el proceso por violaciones de derechos humanos contra Alberto Fujimori, Perú

Tirza Flores Lanza, ex magistrada de Corte de Apelaciones, Honduras

Adán Guillermo López Lone, ex juez penal, Honduras

Antonio Maffezoli, defensor público interamericano, Brasil

Rita Maxera, profesora de la Universidad de Costa Rica

José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

José Henrique Rodrigues Torres, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia y juez de derecho en Sao Paulo, Brasil

Naomi Roht-Arriaza, profesora del College Hastings of Law, Universidad de California, Estados Unidos

Ramón Sáez Valcárcel, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

Leo Valladares Lanza, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras

 

Organizaciones:

Abogados Sin Fronteras Canadá, organización internacional

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA), El Salvador

Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), Costa Rica

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), organización internacional

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC)

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), organización internacional

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), Perú

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización internacional

Rights International Spain, organización internacional

 

Descargue la versión pdf de este pronunciamiento aquí.

Foto: Sandra Sebastián CC Plaza Pública.

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