Debido proceso

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos: La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. 2da. edición actualizada

En este volumen CEJIL reseña su experiencia de trabajo como equipo de abogados/as y defensoras/es especializados/as en la defensa de los derechos humanos en las Américas y en el uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Se trata de una guía eminentemente práctica, enfocada hacia la promoción y protección de los derechos humanos tanto a través de la vía contenciosa como respecto del trabajo de incidencia o cabildeo para aportar al fortalecimiento y promoción del sistema interamericano.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2012
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Audiencia sobre el primer caso de un detenido en Guantánamo ante una instancia internacional

Audiencias ante la CIDH


 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lun, 01/11/2010

 

Estados Unidos hace un llamado para que terceros países colaboren con el reasentamiento de un detenido argelino



De izquierda a derecha, Ariela Peralta, subdirectora ejecutiva de CEJIL, Wells Dixon, abogado senior de CCR, Annette Martínez, abogada de CEJIL y Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL durante la audiencia del caso en la CIDH.

 

 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

 

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Djamel Ameziane teme ser repatriado de manera forzada a Argelia. Al ser descendiente de la minoría étnica bereber de la provincia norte de Kabylia, sus abogados temen que su representado pudiera ser blanco de facciones rivales que quisieran reclutarlo en esta región tan inestable.  Su larga detención en Guantánamo, aunada al reconocimiento público del temor de ser repatriado a su país de origen, incrementa su vulnerabilidad.

 

A pesar de ser un candidato ideal para el reasentamiento, no ha obtenido pronunciamiento alguno de un tribunal o instancia de derechos humanos estadounidense o extranjera. Asimismo, sus abogados expresaron que la acción de Habeas Corpus interpuesta hace cinco años no ha resuelto sobre la legalidad de su detención. De conformidad con el derecho internacional, una acción de Habeas Corpus debe ser procesada de manera expedita. El retraso excesivo presentado en este caso no es aceptable ni acorde con los estándares internacionales en la materia.

 

CCR y CEJIL solicitaron la audiencia ante la Comisión con el objetivo de analizar la admisibilidad del caso. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expuso la urgencia de la situación y pidió que este organismo unificara el análisis de la admisibilidad y el fondo del caso para impulsar el proceso. “Alentamos a la CIDH a facilitar un diálogo entre el gobierno estadounidense y otros Estados miembros de la OEA para conseguir una opci ón de reasentamiento seguro para el señor Ameziane”, añadió.

 

En su defensa, Estados Unidos argumentó que la administración de Obama ha hecho avances significativos desde que el presidente firmó una orden ejecutiva con el fin de cerrar Guantánamo en enero de 2009. Wells Dixon, abogado del CCR reconoció los pasos hasta ahora realizados para el cierre de dicho centro de detención. Sin embargo manifestó su preocupación de que “el señor Ameziane no cuenta con lugar alguno donde pueda ventilar su miedo de persecución en caso de regresar a Argelia”.  Abdul Aziz Naji, ciudadano argelino, fue repatriado de manera forzada desde Guantánamo a su país de origen en julio de 2010.

 

Estados Unidos hizo énfasis en las mejoras de las condiciones de detención en Guantánamo, pero omitió hacer referencia al caso específico de Ameziane. Ante esto, el Comisionado Pinheiro trató de volver a enfocar el debate en torno al detenido. En respuesta el abogado Dixon añadió: “Unas mejores condiciones de detención no son un sustituto adecuado para la libertad ni el debido proceso”.

 

CCR y CEJIL hicieron un llamado a terceros Estados que quisieran reasentar a Djamel Ameziane en su país, petición a la cual Estados Unidos hizo eco.  Como signatario de la Declaración Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre y Estado Miembro de la OEA, las resoluciones de la CIDH son vinculantes para Estados Unidos. Por ello, el Estado debe dar respuesta a los argumentos presentados por los peticionarios. Mientas tanto, unos 174 detenidos siguen todavía en Guantánamo.

 

El Center for Constitutional Rights se dedica a la promoción y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue fundada en 1996 por abogados que representaban el movimiento de los derechos civiles en el sur. CCR es un organismo sin ánimo de lucro educativo que busca hacer un uso creativo del derecho como fuerza positiva para el cambio. www.ccrjustice.org.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

NOTA

  • ¿Qué es la CIDH? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los principales órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Estados Unidos es Estado miembro. Tiene el mandato de promover el respeto de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en ese ámbito.

¿Qué es el Habeas Corpus? El Habeas Corpus es un recurso o una acción legal, a través de la cual un preso puede ser liberado de una detención ilegal. El recurso puede ser solicitado por el preso o por una persona que lo apoya.

 

 

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL habla con la prensa después de la audiencia en la Comisión interamericana de derechos humanos el 29 de octubre de 2010 acerca del caso de Djamel Ameziane.


Comunicado Norín Catrimán y otros v. Chile

Descripción: 

Comunicado oficial de CEJIL tras la audiencia del caso Norín Catrimán y otros v. Chile en el que Victor Manuel Ancalaf testificó en calidad de victima

Líder indígena testifica en el caso Norín Catrimán y otros v. Chile

Los Mapuche son objeto de represión estatal, violencia y encarcelamientos arbitrarios

San José y Washington D.C, 29 de mayo de 2013 – En una audiencia de fondo que se realiza los días 29 y 30 de mayo, el Werken Mapuche Víctor Manuel Ancalaf, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), dio testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. La audiencia se inscribe dentro del caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.

Jue, 30/05/2013

Por los derechos del pueblo mapuche

San José y Washington D.C, 29 de mayo de 2013 – En una audiencia de fondo que se realiza los días 29 y 30 de mayo, el Werken Mapuche Víctor Manuel Ancalaf, representado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), dio testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. La audiencia se inscribe dentro del caso Norín Catrimán y otros vs. Chile.

Por medio de ello, varios integrantes y dirigentes del Pueblo Mapuche denunciaron la aplicación discriminatoria de la Ley Antiterrorista en Chile, así como diversas violaciones a las garantías de debido proceso y al principio de legalidad protegidos por la Convención Americana.

La Comisión IDH remitió el caso a la Corte en el año 2011 ante la vulneración de los derechos garantías judiciales, el principio de legalidad y retroactividad y el derecho de igualdad ante la ley.

El líder indígena Mapuche acompañado de sus representantes, abogados de CEJIL, dio testimonio sobre las consecuencias de su condena por terrorismo en su entorno familiar y colectivo, así como en su condición de dirigente tradicional Werken.

Se espera que la Corte IDH dicte sentencia antes de que acabe el año.

Contacto en San José – Liliana Tojo, Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur, Tel (506) 2280-7473 / 7608 ltojo@cejil.org

Contacto en Washington DC – Milli Legrain, Coordinadora de comunicación, Tel (1) 202 310 3000 mlegrain@cejil.org

 

Venezuela incumple de manera flagrante medidas de protección en Caso de la Familia Barrios

Víctimas ascienden a diez tras el asesinato de Roni David Barrios, de 17 años de edad, el pasado 15 de mayo

San José, Caracas y Washington DC, 29 de mayo de 2013- El día de hoy, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron en audiencia pública ante la Corte Interamericana el desacato por parte de Venezuela de las medidas provisionales ordenadas por dicho Tribunal en favor de la familia Barrios.

Entre noviembre de 2004 y febrero de 2013, la Corte Interamericana ha emitido ocho Resoluciones exigiendo la protección de los miembros de la Familia Barrios, convirtiéndose así en el caso con el mayor número de solicitudes hechas por el Tribunal a un Estado para garantizar la protección y seguridad de los miembros de una misma familia. Sin embargo, lo ordenado por el Tribunal no ha sido implementado de manera efectiva hasta el momento.

Comunicado completo aquí

Mié, 29/05/2013

San José, Caracas y Washington DC, 29 de mayo de 2013- El día de hoy, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC), la Comisión de Derechos Humanos de Justicia y Paz del Estado Aragua (Comisión de Justicia y Paz de Aragua) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron en audiencia pública ante la Corte Interamericana el desacato por parte de Venezuela de las medidas provisionales ordenadas por dicho Tribunal en favor de la familia Barrios.
 
Entre noviembre de 2004 y febrero de 2013, la Corte Interamericana ha emitido ocho Resoluciones exigiendo la protección de los miembros de la Familia Barrios, convirtiéndose así en el caso con el mayor número de solicitudes hechas por el Tribunal a un Estado para garantizar la protección y seguridad de los miembros de una misma familia. Sin embargo, lo ordenado por el Tribunal no ha sido implementado de manera efectiva hasta el momento.
 
El 15 de mayo de 2013, murió de forma violenta el décimo miembro de la familia Barrios, Roni David Barrios, de tan sólo 17 años de edad. Esta es la cuarta muerte de un miembro de la familia Barrios menor de 18 años. En 2012 se registraron 2 muertes más, Víctor Tomás Navarro Barrios (17 años) y Jorge Antonio Barrios (24 años), el 9 de junio y el 15 de diciembre respectivamente, siendo el primero de ellos también un niño al momento de su muerte. Además de la desprotección en la que los beneficiarios de las medidas de protección se encontraban, el Estado venezolano intentó incluso que varios de sus miembros renunciaran a la protección que el Tribunal les concedió, tal y como se desprende de la Resolución de 13 de febrero de 2013, la cual convocaba a la audiencia pública celebrada el día de hoy.
 
CEJIL, la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y COFAVIC denunciaron ante los jueces de la Corte Interamericana la situación de grave riesgo en la que se encuentra la familia Barrios, e instaron al Tribunal a exigir a Venezuela el cumplimiento efectivo de su protección.
 
Además de este procedimiento de medidas de seguridad, el Tribunal se pronunció sobre el Caso Familia Barrios Vs. Venezuela en su sentencia del 24 de noviembre de 2011. En dicha ocasión el Tribunal determinó que el Estado era responsable del asesinato por parte de agentes estatales de Benito Antonio, Narciso y Rigoberto Barrios y de incumplir su deber de garantizar y prevenir la privación de la vida de manera violenta de Luis Alberto Barrios, Oscar José Barrios, Wilmer José Flores Barrios y Juan José Barrios entre 1998 y 2011. Asimismo, comprobó la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección especial (por su condición de niños de varios integrantes de la familia Barrios), a la circulación y residencia y a las garantías y protección judiciales. El Estado también fue declarado responsable del incumplimiento de los artículos de la Convención Americana referentes a la prevención y sanción de la tortura en relación con algunas de las víctimas del caso.
 
En consecuencia, la Corte ordenó en su sentencia al Estado la adopción de una serie de medidas con el fin de reparar el daño causado y asegurar que hechos como estos no se repitan; entre las que se incluía la investigación y el esclarecimiento de los asesinatos de los integrantes de la familia Barrios, pero hasta la fecha las investigaciones no han pasado de su fase inicial de recolección de pruebas.
 
Los representantes solicitaron de manera enérgica a la Corte que llame la atención al Estado venezolano por el desacato de sus obligaciones emanadas de las diferentes Resoluciones de Medidas Provisionales en cuestión. Asimismo, se requirió al Tribunal que solicite a Venezuela que, a la mayor brevedad posible, implemente y haga efectivas las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los demás miembros de la familia Barrios. Además, Venezuela debe explicar si tomó todas las medidas a su alcance para prevenir las muertes ocurridas de manera violenta en este último año.
 
 

Contacto en San José
Francisco Quintana
Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y Caribe
Tel (506)87795638
fquintana@cejil.org

Contacto en Washington
Milli Legrain
Coordinadora de comunicación
Tel (1) 202 319 3000 ext 15
mlegrain@cejil.org

Contacto en Venezuela
Liliana Ortega
COFAVIC
Tel: +58-212-575-4820
lortega@cofavic.org

 

República Dominicana sigue sin cumplir Sentencia de la Corte IDH

A 19 años de la desaparición forzada de Narciso González, el Estado debe poner fin a la impunidad

Santo Domingo, San José y Washington, D.C., 26 de mayo de 2013.- Hoy, en el 19º  aniversario de la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reitera que el Estado dominicano debe cumplir puntual y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para quebrar el cerco de impunidad.

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”, fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Un día antes de su desaparición forzada el 26 de mayo de 1994, pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral y señalaba a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer. Su desaparición fue un duro golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano que se sigue sintiendo hoy

Dom, 26/05/2013

Rafael Narciso González

Santo Domingo, San José y Washington, D.C., 26 de mayo de 2013.- Hoy, en el 19º  aniversario de la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reitera que el Estado dominicano debe cumplir puntual y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para quebrar el cerco de impunidad.

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”, fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Un día antes de su desaparición forzada el 26 de mayo de 1994, pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral y señalaba a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer. Su desaparición fue un duro golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano que se sigue sintiendo hoy.

En el Caso González Medina Vs. República Dominicana, la Corte IDH determinó que el Estado dominicano es responsable por la desaparición forzada de Narciso González y por violaciones de los derechos a las garantías judiciales y la integridad personal de sus familiares. En la Sentencia, la Corte IDH ordenó que la República Dominicana adopte medidas de reparación incluyendo, la investigación de los hechos, la búsqueda del paradero de Narciso y otras medidas con el fin de esclarecer la verdad, reparar el grave daño ocasionado y garantizar la no-repetición de hechos como los del caso.

Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha demostrado ningún avance en el cumplimiento de esta Sentencia y ni siquiera ha presentado los informes requeridos por la Corte IDH.

“Hoy, a 19 años de la desaparición de Narciso González, el Estado dominicano sigue sin acatar la sentencia y sin llevar a cabo una investigación pronta, seria y eficaz de los hechos,” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Esto perpetúa la impunidad y deniega el derecho de los familiares y del pueblo dominicano a conocer la verdad”.

Por otra parte, esta semana el National Security Archive logró publicar 49 documentos desclasificados que confirman la sentencia de la Corte IDH, y demuestran fallas en las investigaciones de la desaparición de Narciso González llevadas a cabo en el sistema de justicia interno de República Dominicana.

Hoy, a 19 años de la desaparición forzada de Narciso González, CEJIL denuncia enérgicamente el incumplimiento estatal con la Sentencia de la Corte IDH, y la impunidad que perpetúa, y exhorta al Estado dominicano a que cumpla con todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, incluyendo la obligación de investigar los hechos del caso.

Para más información:

  • National Security Archive, Government Impunity in Narciso González Case Continues after 19 years: Inter-American Court Ruling Confirmed by Declassified Documents. 23 de mayo de 2013. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB429/

En una declaración conjunta ONU y CIDH piden que EE.UU. cierre Guantánamo

CEJIL y CCR exigen acabar con la detención indefinida, mientras huelga de hambre pone en riesgo las vidas de más de 100 personas

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) se unen a las declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que Estados Unidos ponga fin a  la actual crisis en la Base Naval de Guantánamo y cierre el centro de detención.

Actualmente, más de 100 personas detenidas en Guantánamo se encuentran en huelga de hambre, la que alcanza ya su tercer mes y pone en riesgo sus vidas. El fin de esta manifestación es protestar contra la persistencia de una detención indefinida y arbitraria. Más del 20% de los manifestantes están siendo alimentados a la fuerza por militares estadounidenses,  mientras que el Gobierno de los Estados Unidos se niega a permitir que los expertos de la CIDH y la ONU visiten el centro de detención.

 

Vie, 10/05/2013

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés) se unen a las declaraciones del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir que Estados Unidos ponga fin a  la actual crisis en la Base Naval de Guantánamo y cierre el centro de detención.

Actualmente, más de 100 personas detenidas en Guantánamo se encuentran en huelga de hambre, la que alcanza ya su tercer mes y pone en riesgo sus vidas. El fin de esta manifestación es protestar contra la persistencia de una detención indefinida y arbitraria. Más del 20% de los manifestantes están siendo alimentados a la fuerza por militares estadounidenses,  mientras que el Gobierno de los Estados Unidos se niega a permitir que los expertos de la CIDH y la ONU visiten el centro de detención.

En una declaración conjunta, la Comisión Interamericana, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, el Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos en la Lucha contra el Terrorismo,  el Relator Especial de la ONU sobre la Salud, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, “formulan un llamamiento urgente al Gobierno de los Estados Unidos de América a respetar y garantizar la vida, salud e integridad personal de los detenidos en la Base Naval de Guantánamo, particularmente en el contexto de la actual huelga de hambre.”

La Comisión Interamericana, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la protección de los derechos humanos, ha monitoreado la situación en Guantánamo de manera activa desde el 2002 cuando otorgó medidas cautelares, medidas de protección otorgadas en situaciones graves y urgentes para evitar daños irreparables. La CIDH ha hecho varios llamados al gobierno de los Estados Unidos para que cierre Guantánamo, tal y como lo han hecho los Relatores Especiales de la ONU y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

En su declaración, la Comisión Interamericana destacó la información presentada por CEJIL y CCR durante una audiencia temática del período de sesiones de la CIDH de marzo de 2013, la cual incluyó “información especializada acerca de los daños fisiológicos y psicológicos severos y duraderos producidos por el alto grado de incertidumbre relacionada con aspectos elementales de las vidas de los detenidos, como saber si serán juzgados o no; si serán liberados y cuándo; o si volverán a ver a sus familiares”.

“En Guantánamo, la detención indefinida de individuos, muchos de los cuales no se les ha presentado cargos, va mucho más allá de un mínimo período razonable y causa un estado de sufrimiento, tensión, temor y ansiedad que en sí mismo constituye una forma de tratamiento cruel, inhumano y degradante”, recalcó el Relator Especial de la ONU sobre tortura, Juan E. Méndez.

De acuerdo con el Director Ejecutivo de CCR, Vincent Warren, “en contravención de sus obligaciones internacionales, el Gobierno de los Estados Unidos hoy sigue deteniendo a 166 hombres en Guantánamo, incluyendo a 86 hombres que continúan sufriendo un deterioro físico y mental en prisión a pesar de haber sido aprobado su traslado. Uno de estos hombres es nuestro representado Djamel Ameziane, cuyo emblemático caso fue declarado admisible por la CIDH en el 2012 tras ser presentado por CEJIL y CCR”.

"Guantánamo se ha convertido en símbolo de una política fracasada que busca enfrentar el terrorismo restringiendo derechos y adoptando prácticas que se oponen a los valores y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la Constitución de los Estados Unidos”, expresó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Mientras esta crisis urgente amenaza con poner fin a las vidas de más de 100 personas, CEJIL y CCR se unen a las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana  para reiterar el llamado urgente para que los Estados Unidos acaben con la detención indefinida de personas; cumpla con sus obligaciones internacionales y tome medidas concretas para cerrar el centro de detención sin demora; traslade, libere y reasente a los detenidos de manera segura; y asegure que los detenidos tengan acceso a la justicia. Instamos también al Gobierno de Estados Unidos para que permita que los representantes de la Comisión Interamericana y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU visiten el centro de detención de Guantánamo con pleno acceso a los detenidos.

Enlaces útiles:

Para más información

CEJIL

Milli Legrain

202 319 3000

mlegrain@cejil.org

 

CCR

Jen Nessel

212.614.6449

JNessel@ccrjustice.org

 

Indígenas mexicanos son liberados luego de 17 años de prisión injusta

Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años.

Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.

Mar, 23/04/2013

San José, Costa Rica, 23 de abril de 2012. Juan García y Santiago Sánchez fueron liberados la mañana del pasado jueves 18 de abril, luego de que un Tribunal interno declarara que su confesión fue obtenida bajo tortura y que el juicio al que fueron sometidos estuvo plagado de irregularidades; lo que les hacía cumplir una sentencia de 40 años. MapaMéxico

Desde el año 2000 Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano en virtud de las violaciones de derechos humanos sufridas por los entonces jóvenes indígenas Juan García y Santiago Sánchez.

Tuvieron que transcurrir 17 años para que las autoridades internas reconocieran su error y se lograra la liberación de García y Sánchez, quienes permanecían privados de libertad en el centro penitenciario Neza-Bordo, en el municipio mexicano de Nezahualcóyotl.

“La liberación de Juan y Santiago es un logro para el respeto de los derechos humanos y un llamado de atención para que el Estado mexicano elimine prácticas ilegales en los procesos de investigación policial y de impartición de justicia, ello solo ha sido posible tras la intervención de la Comisión Interamericana en el caso”, sostuvo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

El 6 de junio de 1997, policías judiciales del Distrito Federal de México irrumpieron sin orden judicial al domicilio de ambos ciudadanos mexicanos, los detuvieron de manera arbitraria e ilegal, los golpearon y los llevaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aduciendo vinculaciones con el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Allí los siguieron golpeando y amenazaron de muerte para que firmaran hojas en blanco, en las que fueron escritas confesiones falsas. Las confesiones obtenidas bajo tortura fueron la principal prueba para que Juan y Santiago recibieran primero una condena a tres años de prisión, por la supuesta portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército y fuerza armada, y posteriormente otra sentencia de 40 años bajo los falsos cargos de haber cometido un robo, asesinar a un policía y herir a varios agentes policiales.

Sobre este tema, el Subcomité de Prevención de la Tortura concluyó en 2010, tras visitar México, que es ante el Ministerio Público y particularmente durante las primeras 48 horas de detención cuando las personas detenidas corren un alto riesgo de sufrir torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El año pasado también, el Comité contra la Tortura expresó en su informe sobre México, su preocupación por el alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios, con el fin de obtener confesiones forzadas y declaraciones autoinculpatorias.

En 2011, el caso de Santiago Sánchez, mixteco originario de Oaxaca, y Juan García Cruz, nahua oriundo de Puebla, recibió informe de fondo de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente se encuentra en trámite y espera ser dictaminado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) con sede en San José, Costa Rica.

“Saludamos la liberación de Juan y Santiago y esperamos que el Estado mexicano repare en forma integral el daño que les ha causado, investigue y sancione a los responsables de dichas violaciones de derechos humanos y tome las medidas necesarias para eliminar la práctica de la tortura” sostuvo Pilar Noriega, abogada del SLIEJ.

Más información

Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL Mesoamérica

+506 2280 7473

Distribuir contenido