Violencia de género

La Debida Diligencia en casos de violencia de género

Este documento- resultado de un trabajo conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-  sistematiza los principales estándares del  derecho interamericano de los derechos humanos que deben inspirar la respuesta estatal frente a  violaciones a los derechos humanos de las mujeres como  consecuencia de la violencia de género.

 

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Tipo de publicación: Manuales y guías
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Fecha Publicación: 2013
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DiplomaMujeresChile2012

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México demuestra falta de voluntad para cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández siguen en el fuero militar
  • A cuatro meses de la emisión de los fallos, las investigaciones continúan en el fuero militar

  • México cancela y pospone indefinidamente la instalación de las mesas de trabajo para el cumplimiento de las sentencias

  • Ante el incumplimiento, organizaciones anuncian campaña para exigir justicia y difunden carta firmada por mujeres galardonas con el premio Nobel
Jue, 10/02/2011


México, D. F. a 10 de febrero de 2011.- En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro ProDH, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), JASS,  Servicios y Asesorías para la Paz, Association for Women's Rights in Development (AWID), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIl) denunciaron la nula voluntad del Estado mexicano para cumplir con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
 
En los dos fallos, puntualizaron, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas Me’phaa, cometida por soldados del Ejército mexicano en el  2002. La Corte estableció también,   que dichas violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En tal virtud, manifestaron, dicho Tribunal ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.
 
No obstante, las organizaciones señalaron que habiendo transcurrido más de cuatro meses desde que las sentencias fueron dictadas, México no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir  las sentencias, como es su obligación. La coordinación del cumplimiento de las sentencias a cargo del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no muestra ningún avance.
 
Así, destacaron que las investigaciones permanecen en el fuero militar aún cuando la Corte IDH señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses. La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares.
 
Por otro lado,  las organizaciones denunciaron que la instalación formal de las mesas de trabajo para el cumplimiento de los fallos ha sido pospuesta desde noviembre del año pasado. La más reciente cancelación se dio el pasado 8 de febrero, cuando SEGOB canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento. Dicha cancelación, expresaron, es muestra tanto del desdén frente al proceso de cumplimiento como de incapacidad operativa por parte de la autoridad responsable de coordinar los trabajos encaminados al cumplimiento de las sentencias. En ese sentido, destacaron que lo más preocupante de la cancelación es que denota una total falta de respeto a las víctimas, quienes por más de ocho años no han cejado en su búsqueda de justicia a pesar de los riesgos que implica.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no participaron en la conferencia de prensa, ya que la falta de avances en el cumplimiento de las sentencias perpetúa la situación de peligro  que ambas enfrentan. En reconocimiento de la gravedad de este riesgo,  la Corte Interamericana ha concedido medidas provisionales de protección a  favor de ambas mujeres, sus familias y sus organizaciones.
 
Frente a este escenario, recordando el rezago considerable que arrastra México en  cuanto al acatamiento de las sentencias provenientes de la Corte IDH, las organizaciones anunciaron nuevas acciones para exigir que el Estado mexicano cumpla las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Para iniciar dicha campaña, dieron a conocer la publicación de una carta suscrita por un grupo de mujeres galardonadas con el Premio Nóbel, reconocidas mundialmente por su compromiso con los derechos de las mujeres, entre las que se encuentran Jody Williams, Mairead Maguire, Wangari Maathai, Rigoberta Menchu Tum y Betty Williams
 
La carta suscrita por otras personalidades como Marta Lamas, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Las Reinas Chulas (Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Nora Huerta), Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Bruno Bichir, Daniel Giménez Cacho, Miguel Ángel Granados Chapa, Los de Abajo, Vanessa Bauche, Rosario Ibarra de Piedra, Ricardo Rocha, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, Gral. Francisco Gallardo, Giovana Caváosla, Zacarías Teresa, Cecilia Pérez y Francesca Guillén exige al Gobierno Federal el pronto cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte IDH y transmite  la preocupación por la permanencia en el fuero militar de las investigaciones y por la postergación de la instalación de las mesas de trabajo.
 
La carta pública, además de implicar un firme posicionamiento de solidaridad para Inés y Valentina por parte de activistas de 80 organizaciones provenientes de América Latina, Asia y Europa, muestra que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH en ambos casos es objeto de atención internacional.
 
Finalmente, las organizaciones convocantes reiteraron que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, además de permitir que ambas mujeres Me’phaa accedan finalmente a la justicia, permitirá atender algunos de los puntos nodales de la agenda de derechos humanos en México como la violencia contra las mujeres indígenas, la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas y el incremento de los riesgos que se ciernen sobre las víctimas y organizaciones que denuncian los abusos de poder. En ese sentido, denunciaron que continuarán buscando por todos los medios el acatamiento de los fallos.
 
 
 
 
 
 
Contactos de prensa:
 
Román Hernández
045 757 106 6095 o 5516170237
Área de Comunicación
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
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Milli Legrain
CEJIL -Coordinadora de comunicación
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El Estado mexicano es responsable de las torturas y violaciones sexuales de Inés Fernandez Ortega y de Valentina Rosendo Cantú

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Valentina Rosendo e Inés Fernández Tlapa de Comonfort, a 1  de octubre de 2010 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó esta tarde las dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ella señala que el Estado debe reparar los daños íntegramente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder.

Vie, 08/10/2010

 

 

La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce públicamente la palabra de las mujeres me´phaa que buscaron justicia por más de 8 años.
El Estado mexicano deberá reparar íntegramente y con prontitud los daños ocasionados e investigar y castigar a los responsables en la justicia civil.
Los fallos responsabilizan al Estado de que las sentencias no detonen nuevas represalias.

 

 

 

Inés Fernández Ortega (izquierda) y Valentina Rosendo Cantú (derecha)
(Fuente: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”)

 

Tlapa de Comonfort, a 1  de octubre de 2010 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó esta tarde las dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ella señala que el Estado debe reparar los daños íntegramente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder.

Las sentencias que hoy se notificaron son primordialmente un reconocimiento a la búsqueda de justicia de las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo. Las sentencias reconocen como hecho incontrovertible que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército mexicano Estado mexicano en las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, ubicadas en el municipio de Ayutla de Los Libres, en la Costa-Montaña de Guerrero y que el Estado mexicano les negó la justicia. Cabe recordar que la posición del Estado en el litigio de estos casos había sido la de negar la violencia sufrida por las víctimas y, con ello, poner en entredicho la veracidad de su testimonio.

Ambas sentencias establecen que, al no procurar justicia en ambos casos y garantizar la impunidad de los responsables –que actualmente están siendo investigados por el fuero militar- el Estado es directamente responsable  de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de Ias víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado.

Las sentencias señalan que el Estado debe reparar el daño integralmente, involucrando a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes, de tal forma que la voz de las víctimas sea escuchada. Fundamentalmente, las medidas ordenadas por la Corte se relacionan con: la investigación eficaz de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares responsables en la justicia civil, en condiciones de seguridad para las víctimas;  realización de procedimientos disciplinarios para los funcionarios que, con su negligencia, obstaculizaron el avance de las investigaciones; la reparación material del daño; y, la garantía de que  hechos similares no vuelvan a suceder a otras mujeres, mediante la provisión de servicios médicos adecuados para mujeres víctimas de violencia sexual; la continuación en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales; y la capacitación de funcionarios.

La Corte también ha fijado como medidas de satisfacción para las víctimas la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el reconocimiento público de responsabilidad llevado a cabo por las más altas autoridades federales y estatales y la provisión de una atención médica y psicológica a ellas y a sus familiares. Dadas las situaciones particulares de los casos, la Corte ha establecido que es necesario el consentimiento expreso de las víctimas en la publicidad de algunas de estas medidas.

De igual manera, la Corte reconoce la importancia del rol que Inés y Valentina jugaban en su comunidad y la afetación a la misma a partir de los hechos. Por ello, ha ordenado el establecimiento de un centro comunitario para la mujer, en el que se desarrollen actividades  de promoción de los derechos humanos y derechos de la mujer en ese ámbito.

Los casos de Inés y Valentina son paradigmáticos pues tocan puntos nodales sobre la situación actual de los derechos humanos en México: los abusos ocasionados por la militarización de la vida pública; la falta de acceso a la justicia para las mujeres y los obstáculos y amenazas que enfrentan las y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. En las condiciones más adversas y a pesar de las amenazas que han sufrido, Inés y Valentina perseveraron en denuncia por lo ocurrido durante ocho años.

Entre las medidas, cuya adopción contribuirá a que ninguna mujer vuelva a experimentar lo vivido por Inés y Valentina, la CoIDH reiteró la orden de reformar al sistema de justicia militar para acotar el fuero; el fortalecimiento de las capacidades de las instancias de atención integral de la violencia de género en Guerrero y el reforzamiento de los servicios médicos para mujeres víctimas.

Para las víctimas es prioritario que el cumplimiento de estas medidas no les genere nuevos riesgos. Estos temores se fundan en que las sentencias, además de fincar responsabilidad al Estado, ordenan una investigación que deberá traducirse en la captura, procesamiento y sanción de los militares responsables. Frente a este escenario, demandamos que el Estado asuma la responsabilidad de asegurar que Inés y Valentina puedan reconstruir su proyecto de vida y puedan vivir con tranquilidad.

El Estado mexicano está obligado a cumplir íntegramente las sentencias. En este sentido, preocupa que en casos similares (casos Rosendo Radilla y Campo Algodonero) esta obligación ha sido ignorada. Ello es  aún más importante en tanto que los casos denunciados evidencian una exclusión histórica en el estado de Guerrero,  así como problemáticas estructurales de violencia contra las mujeres y, sobre todo, la insistencia en el juzgamiento de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos por la jurisdicción militar.

Por tanto, demandamos que en lo inmediato se implementen acciones concretas que muestren que las resoluciones se cumplirán con seriedad. Sólo una respuesta eficaz y responsable evidenciará el compromiso del Estado de que estos hechos no se repitan y, sobre todo, estará a la altura de la prolongada y tortuosa búsqueda de justicia de Inés y Valentina y paliará, en la medida en ello sea posible, el inmenso daño que el Estado mexicano les causó.

 

Antecedentes sobre los casos

 

El 16 de febrero del 2002, Valentina, de 17 años de edad, fue abordada por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería mientras se encontraba lavando en un arroyo  Barranca Bejuco. Los soldados le preguntaron por el paradero de hombres “encapuchados”. Cuando respondió que no conocía a ninguno, le apuntaron con sus armas y la amenazaron. Un soldado golpeó a Valentina; otro le jaló el pelo mientras la seguía interrogando. Finalmente, ante la mirada del resto de los soldados, dos de ellos la violaron sexualmente.

Veintinueve días después, el 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega, de 25 años de edad, también fue atacada cuando se encontraba en su cocina mientras sus cuatros hijos e hijas jugaban en el cuarto contiguo. Once militares se presentaron en su casa, ubicada en Barranca Tecuani. Tres de ellos entraron a la cocina mientras apuntaban a Inés con sus armas y la interrogaban sobre su marido, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). La obligaron a tirarse al suelo y un militar se puso encima de ella violándola sexualmente.

Rompiendo el silencio y con el apoyo de la OPIM, Inés y Valentina denunciaron lo ocurrido. Para informar sobre lo ocurrido al Ministerio Público del fuero común caminaron más de ocho horas. Pero lejos de encontrar justicia, sus casos fueron turnados al fuero militar. A pesar de que ambas presentaron amparos solicitando a las autoridades militares que declinen la competencia de su caso, este les fue negado. En el caso de Inés, además, el Ministerio Público perdió negligentemente pruebas fundamentales.

Inés y Valentina determinaron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Después de 4 años de análisis de sus casos, el 12 de octubre de 2007, fueron escuchadas en una Audiencia pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que nunca fue acatado por el Estado mexicano. Por eso, los casos fueron turnados a la CoIDH. Durante este tiempo, Inés y Valentina, así como sus familiares, comunidades y abogados fueron amenazadas reiteradamente para que desistieran de su demanda. Particularmente, la OPIM fue agredida con ese fin y dos de sus dirigentes, Obtilia Eugenio Manuel Y Cuahutemoc Ramírez Rodríguez, tuvieron que dejar el estado; otros cinco integrantes fueron encarcelados injustamente; y Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la organización y hermano de Inés, fue asesinado. La CoIDH reconoció esta situación de peligro y emitió medidas provisionales para Inés Fernández y un total de 107 defensores de derechos humanos en Guerrero el 9 de abril de 2009. En febrero de 2010 también las emitió para Valentina y su hija. A pesar de encontrarse en riesgo su vida, el 15 de abril de este 2010, Inés Fernández Ortega sentó en el banquillo de los acusados al Estado mexicano. El 28 de mayo lo hizo Valentina Rosendo.

Las sentencias notificadas el día de hoy reconocen su búsqueda de justicia responsabilizando al Estado de las violaciones cometidas en su contra. Se trata de la cuarta y quinta sentencia dictada contra el Estado Mexicano por la CoIDH. Las anteriores permanecen con un saldo de incumplimiento grave. Por ello,  el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, exigimos que la sentencia sea cumplida en todos sus extremos.

 

Para mayor información comunicarse con:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – TE_ (506) 2280 7473

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” – TE : (52) 757 476 12 20

 

 

Lea aquí el artículo de opinión de Alejandra Nuño, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, publicado en el Universal (México) el 9 de octubre de 2010.

Escuche aquí la entrevista audio de Alejandra Nuño, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, emitida por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) (México) el 4 de octubre de 2010.

Lea aquí el artículo de Gloria Leticia Díaz publicado en la revista Proceso (México) el 3 de octubre de 2010 acerca de los dos casos y de la sentencia en contra de México.

 

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
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Comienzan en el fuero federal del ámbito civil los procesos penales contra las personas señaladas como probables responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú

CEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes.

Vie, 10/01/2014

Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas víctimas de violación por militares. MéxicoCEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes

Información Adicional:

Comunicado de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Comunicado CEJIL: Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Comunicado CEJIL: Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento

Comunicado CEJIL: Corte Interamericana reafirma sentencias contra México en casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

CEJIL denuncia a la CIDH situación de violencia contra las mujeres en las Américas

14 países de la región se encuentran entre los 25 estados con mayor tasa de femicidio/feminicidio en el mundo

Washington DC, 29 de octubre del 2013 – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio de México denunciaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de violencia contra las mujeres en el continente, haciendo especial énfasis en una de sus manifestaciones más graves, el femicidio/femicidio.

Mar, 29/10/2013

Washington DC, 29 de octubre del 2013 – El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, Coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas y el Observatorio Ciudadano Nacional de Femicidio de México denunciaron en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de violencia contra las mujeres en el continente, haciendo especial énfasis en una de sus manifestaciones más graves, el femicidio/femicidio.

Se considera como femicidio/feminicidio, el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. De acuerdo con el Informe Regional sobre la Regulación del Femicidio/Feminicidio  en América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, 14 países de la región se encuentran entre los 25 Estados con  mayor tasa de asesinatos en el mundo. El Salvador, Jamaica y Guatemala ocupan los primeros lugares.

A pesar de esta alarmante realidad, a la fecha los Estados de la región no han adoptado medidas efectivas para hacer frente a esta problemática. Así, solo 10 países de la región han incluido un tipo penal de femicidio/ feminicidio (Costa Rica, Guatemala, Chile, El Salvador, Nicaragua, México, Perú, Honduras, Bolivia y Panamá). Además, algunas de estas  normativas presentan carencias; por ejemplo excluyen del concepto de femicidio/femicidio algunos hechos que deberían ser considerados como tales y otros resultan demasiado amplios para su aplicación.

Al respecto, Guadalupe Ramos de CLADEM indicó que “la importancia de un tipo penal autónomo de femicidio/feminicidio radica en que el tipo penal de homicidio invisibiliza las causas y las características propias  del asesinato de mujeres por razón de género. Al visibilizarlas a través del tipo penal específico es posible identificar las necesidades especiales de protección de las mujeres y por lo tanto las políticas públicas que debe adoptar el Estado para ello”.

Además, no existe en la región una política pública efectiva que aborde de manera integral la problemática del femicidio/feminicidio. En este sentido, Gisela De León de CEJIL agregó que: “la respuesta penal debe ir acompañada de políticas destinadas a atacar las causas del femicidio/feminicidio, lo que únicamente se logrará una vez que se cuente con información confiable acerca de la magnitud de la problemática, sus características y sus orígenes”.

Las peticionarias llamaron la atención de la Comisión para que en atención a la gravedad de esta problemática y tomando en cuenta que el próximo año se celebra el aniversario de la Convención de Belém Do Pará, se continúe contribuyendo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, tal como lo ha hecho hasta ahora; y  señalaron que el reto actual es pasar de la normativa a la adopción de políticas públicas efectivas para poner fin a esta pandemia, por lo que la contribución de la Comisión en este sentido, es clave.

Daniela Araya

Oficial de comunicaciones

Tel: +506 22807473

Correo: daraya@cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

CEJIL denunciará violaciones de derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad en las Américas

Ocho audiencias temáticas ante la CIDH permitirán discutir la situación de las personas detenidas, mujeres, defensores/as, refugiados, trans, entre otros.

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Dom, 27/10/2013

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Las audiencias temáticas forman parte del período ordinario de sesiones 149 de dicha entidad.

Entre los temas a tratar se incluyen:

  • Detención de las personas en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. (Lunes 28 de octubre, 9:00- 10:00 EST).
  • Derechos humanos de las persona migrantes en Estados Unidos y la reforma legislativa. (Lunes 28 de octubre 14:00-15:00 EST).
  • Situación de defensores de derechos humanos en Guatemala. (Lunes 28 de octubre, 11:30-12:20 EST).
  • Cumplimiento con medidas cautelares en Honduras. (Lunes 28 de octubre, 17:45-18:45 EST).
  • Denuncias de violencia contra personas trans en El Salvador. (Martes 29 de Octubre, 9:00-10:00 EST)
  • Situación de violencia contra las mujeres en las Américas. (Martes 29 de Octubre, 15:15-16:15 EST)
  • Denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por la Policía en Nicaragua. (Martes 29 de Octubre, 17:45-18:46 EST)
  • Situación de derechos humanos de los refugiados en las Américas. (Jueves 31 de octubre, 15:15-16:15)

 

 

Resolución Medidas Provisionales "Beatriz", El Salvador, Corte Interamericana de Derechos Humanos 30 de mayo de 2013

Descripción: 

Resolución Medidas Provisionales "Beatriz", El Salvador, Corte Interamericana de Derechos Humanos 30 de mayo de 2013.

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Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere a Estado salvadoreño salvar la vida de “Beatriz”

Por votación unánime, el Tribunal Interamericano reconoce que su salud, integridad personal tanto física como mental, y vida, se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable.

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal en materia de derechos humanos del continente americano, requirió hoy al Estado salvadoreño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de Beatriz, lo que significa interrumpir su embarazo de acuerdo a lo recomendado por los médicos tratantes.

Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, quien padece de Lupus Eritematoso Sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, es madre de un niño de 14 meses y actualmente se encuentra en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina.

Lea la resolución completa de la Corte IDH.

Jue, 30/05/2013

Por votación unánime, el Tribunal Interamericano reconoce que su salud, integridad personal tanto física como mental, y vida, se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable.

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal en materia de derechos humanos del continente americano, requirió hoy al Estado salvadoreño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de Beatriz, lo que significa interrumpir su embarazo de acuerdo a lo recomendado por los médicos tratantes.Beatriz-CCAmnistíaMéxico

Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, quien padece de Lupus Eritematoso Sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, es madre de un niño de 14 meses y actualmente se encuentra en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina.

El pasado 29 de abril de 2013, luego de una solicitud de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares a favor de Beatriz y requirió al Estado de El Salvador “implementar el tratamiento recomendado por el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escalón”, con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Beatriz. Sin embargo, el Estado no acató la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por ello, la CIDH solicitó la intervención de la Corte Interamericana.

En su resolución, la Corte Interamericana consideró que la situación de Beatriz es de extrema gravedad y urgencia y que existe un riesgo de que ocurra un daño irreparable de sus derechos a la vida y a la integridad no sólo física sino también mental.

“La resolución dictada por la Corte IDH es un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres en el continente. Mediante su decisión, la Corte IDH establece la urgencia de aplicar las medidas necesarias para proteger de manera inmediata a las mujeres que enfrentan problemas graves de salud y que requieren de un aborto terapéutico” señaló Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

La resolución de la Corte IDH toma en cuenta la sentencia emitida el día de ayer por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, en la cual se rechazó el recurso de amparo interpuesto por las y los abogados de Beatriz, con el fin de que se permitiera que los médicos del Hospital interrumpieran el embarazo.

No obstante, la Corte Interamericana señaló que en el marco de dicha decisión, el Estado salvadoreño está obligado a “garantizar que el equipo médico tratante tenga la protección que corresponda para ejercer plenamente su función de acuerdo a las decisiones que, basadas en la ciencia médica, dicho equipo médico adopte”.

“Esperamos que el Estado salvadoreño de inmediato cumpla con esta resolución de la Corte Interamericana y proceda a interrumpir el embarazo de Beatriz, de manera que ella pueda continuar con su vida en forma plena y segura”, señaló Morena Herrera de la Colectiva Feminista.

Ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, la Corte IDH puede tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, aunque no haya un caso presentado ante el Tribunal. Las resoluciones de la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio para todas y cada una de las autoridades de El Salvador, como Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), que firmó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia de la Corte IDH.

Lea la resolución completa de la Corte IDH.

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Marcia Aguiluz

CEJIL

maguiluz@cejil.org

+506 2280-7473

Fotografía CC Amnistía México

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