Defensores de derechos humanos

Fallo de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca impide declaraciones de violadores de derechos humanos

Jue, 29/06/2006

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca (CC) otorgó hace dos días un amparo provisional al General Efraín Ríos Montt, lo que significó suspender las audiencias judiciales programadas para que rindiera declaración ante un juez y fiscal españoles. El juez Santiago Pedraz y el fiscal Jesús Alonzo viajaron a Guatemala para indagar a varios acusados por la ejecución de cuatro sacerdotes españoles durante la época del conflicto interno guatemalteco y por los hechos ocurridos en la Embajada de España en ese país el 31 de enero de 1980.

 

Ese día, 29 campesinos y dirigentes de organizaciones populares ingresaron pacíficamente a la Embajada. Inmediatamente después, unos 400 policías rodearon la sede diplomática y pese a que el Embajador Dr. Máximo Cajal López les indicó que su presencia no era necesaria, los agentes estatales, por instrucciones de sus superiores, violaron la inmunidad diplomática y entraron a la Embajada. En ese momento se produjo una gran confusión y sobrevino un incendio. Hubo solamente dos sobrevivientes: el Embajador Cajal y el campesino Gregorio Yula. Ambos fueron internados en el Hospital Herrera Llerandi. El 1° de febrero, a las 8:30 de la noche un grupo fuertemente armado ingresó al Hospital y secuestró a Gregorio Yula. Posteriormente, su cuerpo sin vida fue arrojado desde un auto frente a la oficina del Rector de la Universidad de San Carlos. Al día siguiente el Gobierno de España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala.

 

Una de las víctimas mortales del incendio de la Embajada fue Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, quien recibió el Premio Novel de la Paz en 1992. Ella y familiares de otras víctimas recurrieron en 1999 a la judicatura española ante la imposibilidad de obtener justicia en cortes guatemaltecas. En virtud del principio de jurisdicción universal, la Audiencia Nacional de España fue declarada competente para conocer los hechos denunciados, calificados por los denunciantes como genocidio. Los acusados son: Benedicto Lucas García, Óscar Mejía Víctores, Ángel Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo (ex jefe del comando Seis de la Policía Nacional), Donaldo Álvarez Ruiz (ex ministro de Gobernación) y Efraín Ríos Montt (ex presidente de facto).

 

Para recibir las declaraciones de los acusados, la autoridad judicial española solicitó apoyo a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), la que designó a un juez nacional para que auxiliara las diligencias. Estas serían realizadas en Guatemala del 26 de junio al 4 de julio del 2006. Con el fin de evitar ser indagados por la autoridad judicial española los acusados presentaron alrededor de 14 recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Este Tribunal decidió amparar provisionalmente al General Ríos Montt alegando que la información enviada por la CSJ sobre la asistencia judicial requerida por las autoridades españolas consistió en dos copias de la resolución que autorizó la diligencia, lo que no fue suficiente.

 

Esta decisión y la suspensión de las diligencias se presentan en un delicado contexto para las organizaciones de derechos humanos que han apoyado las investigaciones, en especial preocupan los señalamientos realizados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) que las ha tildado como “fachadas” de la agresión comunista que buscan la destrucción del Ejército, desaparecer la propiedad privada y suprimir la libertad; y señalan el juicio español como un mal precedente para la gobernabilidad del país. Esta asociación incluso ha llamado públicamente a los oficiales especialistas, soldados, policías militares, comisionados militares, policías militares ambulantes, guardias de hacienda y patrulleros de Autodefensa Civil a estar “alerta”.

 

De hecho, según informes, varios activistas y organizaciones de derechos humanos ya han empezado a recibir amenazas e intimidaciones. La situación ha empeorado con el anuncio del Ejército de que el próximo 30 de junio desfilará en las calles guatemaltecas después de un decenio de la firma de los Acuerdos de Paz, lo que representa un serio retroceso para el proceso de democratización en el país.

 

 

CEJIL y WOLA como organizaciones regionales de derechos humanos que durante años han trabajado en Guatemala y denunciado internacionalmente la impunidad que impera en el país, consideran que el fallo constitucional hace incurrir al Estado en un incumplimiento de sus compromisos internacionales por no investigar, o permitir que se investigue, a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, hacen un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva el fondo del recurso de amparo antes del 4 de julio a fin de que los funcionarios judiciales españoles puedan recibir la declaración de los sindicados.

 

Tanto familiares de las víctimas del incendio de la Embajada, como organizaciones de derechos humanos han esperado con ansiedad el juzgamiento en España de los autores materiales e intelectuales de los hechos, toda vez que las autoridades guatemaltecas han demostrado su incapacidad para investigar y sancionar a graves violadores de derechos humanos.

 

 

Asimismo, ambas organizaciones exhortan al Ministerio de la Defensa de Guatemala para que no se realice el desfile militar anunciado dado que la actual coyuntura del país así lo demanda. Finalmente, piden al Gobierno de Guatemala garantizar la seguridad y protección de todos los testigos y personas que deben declarar ante la Audencia Nacional española, e investigar cualquier acto intimidatorio en contra de los defensores de derechos humanos.

 

Solicitan protección para ambientalistas hondureños

Vie, 02/06/2006

El pasado 31 de mayo, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas urgentes de protección para garantizar la vida, la integridad y la libertad personal del sacerdote Andrés Tamayo, así como de Víctor Manuel Ochoa, René Wilfredo Gradis, Elvin Noé Lanza, Macario Zelaya, Pedro Amado Acosta, Heraldo Zúñiga y Santos Efraín Paguada. Todos ellos integrantes del MAO.

 

La solicitud se hizo a raíz de las recientes amenazas de muerte contra los ambientalistas, quienes han denunciado reiteradamente la tala ilegal de los bosques de Honduras, especialmente de Olancho, el departamento más grande del país. Hasta hace poco, y por primera vez en la historia de Honduras, tales denuncias tuvieron eco, pues el pasado 19 de mayo el Presidente Manuel Zelaya declaró una veda forestal inmediata de la tala de árboles en varios municipios de ese departamento y dio un plazo de una semana para que los madereros desmonten su infraestructura y retiren sus equipos.

 

Los explotadores de los bosques hondureños culpan al MAO, de la declaratoria presidencial. Es por esto que, el 29 de mayo, en el municipio de Samalá, decidieron darle un plazo de 48 horas al padre Andrés Tamayo, quien encabeza este movimiento, para que se vaya de la comunidad o de lo contrario, afronte las consecuencias. Estas amenazas fueron públicas e incluso cubiertas por la prensa.

 

Los líderes del MAO han sido amenazados en reiteradas ocasiones por sus actuaciones en defensa del ambiente. No obstante la situación se ha visto agravada por la reciente respuesta dada por el presidente Zelaya ante las persistentes acusaciones de este grupo ambientalista.

 

En reiteradas ocasiones se ha denunciado, nacional e internacionalmente, que en Honduras existe una práctica sistemática de asesinatos de líderes ambientalistas. Desde 1996 han sido asesinados tres integrantes del MAO, Carlos Luna, Carlos Flores y Mauricio Hernández; a la lista deben sumarse los defensores ambientalistas Jeannette Kawas y Carlos Escaleras, entre otros. Todos estos casos han quedado en la impunidad.

 

El Estado hondureño tiene la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la integridad y la vida de los integrantes del MAO, así como crear las condiciones necesarias para que puedan continuar con la defensa del medio ambiente. Reconocemos la importancia de la decisión adoptada recientemente por el Presidente Zelaya y consideramos que esta debe ir acompañada por la identificación, procesamiento y sanción de todos los responsables de violación de los derechos de los defensores del medio ambiente.

 

 

Para más información sobre el caso consulte los siguientes enlaces:

 

1. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Escaleras

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras59.03sp.htm

 

2. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Luna

http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/honduras.60.03.htm

 

3. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Blanca Jeannette Kawas

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras61.03sp.htm

 

4. Reportes sobre la situación de la tala ilegal en Honduras

http://www.ciponline.org/central_america/reports/SPANISH%20FINAL%20NOV%2...

http://www.globalwitness.org/projects/honduras/index_sp.php

CEJIL valora decisión de la Corte Constitucional de Colombia sobre Ley de Justicia y Paz e insiste en su plena aplicación

Dom, 24/05/2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por el fallo de la Corte Constitucional colombiana sobre la Ley 975 de 2005, conocida como “Ley de Justicia y Paz”. Como han reconocido ya varias organizaciones de derechos humanos tanto colombianas como internacionales, la sentencia del alto tribunal protege los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. CEJIL considera que corresponde ahora al Estado colombiano, en cumplimiento con su obligación internacional de garantizar efectivamente los derechos de las víctimas reafirmados por la sentencia, dar plena aplicación de la misma a todos los miembros de los grupos armados vinculados al proceso de desmovilización.

 

“La decisión de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz es un avance importante en la protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado colombiano,” dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL. “Ahora Colombia tiene que reconocer que la versión de la ley aprobada por el Congreso fue violatoria de esos derechos, y garantizar que se aplique lo recientemente decidido por la Corte a todos los desmovilizados”.

 

En el marco de una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Justicia y Paz, CEJIL presentó, junto con la Clínica de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein de Yale Law School, un escrito amicus curiae (amigo de la corte) ante la Corte Constitucional en diciembre de 2005. CEJIL y la Clínica sostuvieron que la Ley de Justicia y Paz no cumplía con los estándares internacionales—ya incorporados al derecho colombiano mediante el llamado “bloque de constitucionalidad”—en materia de los derechos humanos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

 

En su fallo, la Corte Constitucional colombiana reconoció claramente que la Ley de Justicia y Paz es violatoria de los derechos de las víctimas, y la modificó, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad de varias de sus disposiciones y la interpretación de otras en varios aspectos importantes. Respecto al derecho a la verdad, la Corte declaró que la confesión rendida por el desmovilizado debe ser completa y veraz; de no ser así, la persona pierde el beneficio de la rebaja de pena. Respecto al derecho a la justicia, la Corte estableció que los fiscales tendrán más tiempo para investigar los crímenes de los desmovilizados, les otorgó a las víctimas plenas facultades para actuar en todo el proceso penal y les prohibió a los desmovilizados computar como tiempo de privación de la libertad el tiempo que hubieran pasado en “zonas de ubicación.” Además determinó que la aplicación de la rebaja de pena debe ser condicionada también al buen comportamiento del desmovilizado en el futuro. Finalmente, respecto al derecho a la reparación, la Corte decidió que todo el patrimonio de los desmovilizados, y no solamente sus bienes ilícitamente adquiridos, quede a disposición de la justicia para garantizar la reparación a las víctimas. Esta última precisión tiene alcance no sólo para aquellos delitos cometidos de manera individual sino también para los delitos cometidos en grupo.

 

Si bien estas modificaciones constituyen avances significativos para la protección de los derechos de las víctimas, existe actualmente una discusión acerca de la aplicación de la sentencia a aquellas personas que ya se han desmovilizado. Teniendo en cuenta que más de 30.000 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) ya se desmovilizaron y que más de 2.000 de ellos se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, CEJIL considera que aplicar la sentencia de la Corte solamente a aquellos que todavía no se han desmovilizado equivaldría a dejarla casi sin efectos reales para el proceso con las AUC.

 

En este sentido, CEJIL recuerda que Colombia tiene obligaciones internacionales respecto a la protección y garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos, y que no puede invocar disposiciones de derecho interno para incumplir con estas obligaciones. La Corte Constitucional ha declarado la Ley de Justicia y Paz contraria a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, acogiendo estándares internacionales fundamentales de protección de estos derechos. En esta medida, el Estado colombiano debe abstenerse de tomar decisiones que, en la práctica, anulen la protección que la Corte otorga a las víctimas en su reciente decisión.

El pueblo Sarayaku en audiencia ante la CIDH

Mar, 14/03/2006

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) e integrantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku, de Ecuador, participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para avanzar en el trámite del caso pendiente ante dicho organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La audiencia fue solicitada por el Estado ecuatoriano, que presentó cuatro testigos pertenecientes a comunidades vecinas a Sarayaku.

 

En 1996, Ecuador firmó un contrato con una empresa privada para la exploración y explotación petrolera en un bloque de tierra que se encuentra en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku intentó, sin suerte, impedir la entrada de la compañía a su territorio haciendo sus reclamos ante funcionarios de la empresa y del propio Estado. Las actividades de la petrolera han implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos. Todo lo cual ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del Pueblo Sarayaku pues afectó su identidad cultural, su economía y el medio ambiente en que viven.

 

Al presentar el caso ante el sistema interamericano, el Pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió ilegítimamente el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, afectándose, asimismo, otros derechos económicos, sociales y culturales también consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por dicho país.

 

Además, los peticionarios sostuvieron que Ecuador no ha adoptado las medidas necesarias para adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, ya que no ha establecido un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas respecto de asuntos que afecten sus intereses.

 

Las organizaciones y el Pueblo de Sarayaku le solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial y a la cultura del Pueblo Sarayaku. Además, le pidieron a la Comisión Interamericana que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas a fin de reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar que no se repitan los hechos. Tras escuchar las peticiones, el Estado de Ecuador presentó una propuesta para solucionar el caso por la vía amistosa, la cual será considerada por las víctimas y sus representantes.

 

Audiencias de Perú ante la CIDH

Lun, 13/03/2006

El 11 de marzo pasado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participó de cuatro audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre diferentes cuestiones relacionadas con derechos humanos en Perú. Los temas tratados fueron el cumplimiento que el Estado peruano le está dando a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la obligación estatal de investigar y juzgar crímenes internacionales, la justicia militar y el problema de la discriminación por orientación sexual. CEJIL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) presentaron información y una serie de peticiones a la CIDH. Representantes del Estado peruano estuvieron presentes en todas las audiencias.
 
En la audiencia de seguimiento a las recomendaciones de la CVR, CEJIL y la CNDDHH le plantearon a la CIDH que el Estado aún tiene pendiente el cumplimiento de algunos de los compromisos asumidos en el área de justicia, reparación a las víctimas y reformas institucionales. Estas recomendaciones forman parte del informe final que la CVR presentó al Estado peruano en agosto de 2003. Se señaló específicamente que en estas áreas no se ha avanzado lo suficiente y que, incluso, en algunas se detectan retrocesos, sobre todo en la lucha contra la impunidad y las reparaciones a las víctimas. Se le pidió a la CIDH que ordene al Estado la investigación completa y efectiva de las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas, testigos y operadores de justicia derivadas del avance en los juicios por violación de derechos humanos. Asimismo las organizaciones solicitaron a la Comisión que realice una visita a Perú después del cambio de gobierno por la importancia que tiene la implementación de estas recomendaciones para la conformación de una democracia inclusiva.
 
La segunda audiencia del día trató sobre la obligación de los Estados de investigar y juzgar a responsables de crímenes internacionales. En la misma se le extendió una solicitud a la CIDH para que ésta se pronuncie respecto de la obligación que tienen los Estados miembros de la OEA de garantizar colectivamente la implementación de las decisiones de los órganos del sistema interamericano, y la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales, así como de cooperar entre sí para posibilitar el cumplimiento de dicha obligación por parte de los demás Estados.
 
En cuanto a la justicia militar en Perú, las organizaciones denunciaron la existencia de legislación abiertamente incompatible con los estándares internacionales en materia de competencia, independencia e imparcialidad de los jueces. En concreto se refirieron a la ley de organización, funciones y competencia de la jurisdicción especializada en materia penal militar policial (Ley 28665) y el Código de Justicia Militar Policial (CJMP).
 
Se señaló que la Ley 28665 y el CJMP desconocen el carácter excepcional y restrictivo que debe tener la jurisdicción militar en sociedades democráticas. Según la citada ley los militares en actividad integran la jurisdicción militar. En cuanto al Código, permite que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas por tribunales militares ya que tipifica como delitos conductas que afectan bienes jurídicos de carácter común y no militar. En este sentido, se hizo referencia a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la justicia militar sólo puede aplicarse a militares.
 
La audiencia temática para analizar la situación de discriminación por orientación sexual en Perú fue solicitada por el Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (DEMUS), el Movimiento Homosexual de Lima (MOHL) y CEJIL. Se informó sobre varias prácticas discriminatorias y violentas contra gays y lesbianas que se dan tanto en el ámbito laboral, como en la vía pública y los comercios. Se le pidió a la CIDH que aplique los estándares de otros sistemas internacionales de protección para los casos que tiene en trámite sobre temas de discriminación sexual. También se le pidió a la CIDH que inste al Estado a tomar medidas positivas para erradicar prácticas socio-culturales y discursos adversos a la libre expresión de identidades, actitudes y prácticas de género y sexuales que no se ajustan a lo heterosexual.
 

ONG´s pidieron pronta visita de la CIDH a Venezuela

Lun, 13/03/2006

Organizaciones venezolanas de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aspectos preocupantes ligados al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y solicitaron que la CIDH visite el país de manera pronta. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó la presentación y la solicitud de visita realizada por las organizaciones presentes. Además de CEJIL participaron en la audiencia, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Servicio Jesuita de Refugiados, COFAVIC, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Espacio Público. La audiencia contó también con la presencia de representantes del Estado venezolano y se llevó a cabo en el marco del 124° período de sesiones que se está celebrando en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
Las organizaciones se refirieron a la tendencia sostenida de parte de distintas autoridades del Estado a la descalificación pública del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Esta actitud de descrédito, informaron las organizaciones, se refleja tanto al interior del país como en las gestiones realizadas por defensores y defensoras ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Manifestaron asimismo que dicha actitud no sólo afecta el trabajo de protección que realizan estas personas sino que además coloca a las víctimas que éstos protegen en una situación de desprotección.
 
Para ilustrar la situación, CEJIL y las organizaciones venezolanas se refirieron a lo sucedido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para los reclusos del Internado Judicial La Pica. Al respecto, se informó que días antes que tuviera lugar una audiencia pública de dicho tribunal se sucedieron una serie de descalificaciones públicas y permanentes sobre el trabajo realizado por la organización que representó a las víctimas beneficiarias de dichas medidas (el Observatorio Venezolano de Prisiones), llegando a ser algunas de ellas inclusivo agresivas. En la resolución de la Corte que ratificó y amplió las medidas provisionales, dicho tribunal hizo una especial referencia a la obligación del Estado de proteger y respetar el trabajo de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
 
Se hizo mención de otras organizaciones que también han sido víctimas de descalificación y deslegitimación de su trabajo por parte de autoridades estatales. Ellas son COFAVIC, la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
 
Al finalizar sus presentaciones, CEJIL y las organizaciones presentes realizaron una serie de peticiones a la CIDH. En primer lugar le pidieron que inste al Estado venezolano a reconocer la legitimidad del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. En materia legislativa, solicitaron que la CIDH dé seguimiento a los anteproyectos y proyectos de ley existentes en Venezuela que puedan afectar, obstaculizar o amenazar la labor que realizan los defensores y las defensoras para que, en caso que sea necesario, pueda hacer las debidas advertencias. Por último pidieron que la CIDH realice una pronta visita al país incorporando en su agenda como tema de suma prioridad todo lo relacionado con la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
 

Organizaciones de derechos humanos le piden a la CIDH que cree una relatoría independiente para la mujer

Mié, 08/03/2006

En el día internacional de la mujer, organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fortalezca su trabajo en el área de los derechos de la mujer a través de la creación de una relatoría independiente. El pedido se hizo mediante la presentación de una carta firmada por más de cuarenta organizaciones de toda América. La CIDH se encuentra reunida en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
En la carta se reconoce el trabajo realizado por la CIDH en defensa y protección de los derechos humanos de la mujer mediante su Relatoría de la Mujer. Sin embargo señala que es necesario fortalecer ese mecanismo de vigilancia a través de la creación de una relatoría independiente y autónoma que cuente con una experta de dedicación exclusiva y elegida mediante concurso público. Finalmente la carta subraya la importancia de que se le garanticen los recursos necesarios que le permitan un efectivo cumplimiento de sus funciones.
 
Se adjunta la lista completa de las organizaciones y personas firmantes.
 
 
Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Argentina
Afro América XXI
AFRODES
Amnistía Internacional
B’nai B’rith International
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Capítulo Peruano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Carlos Ayala
Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, México
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, Chiapas, México
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, O.P., México
Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, México
Centro de Derechos Reproductivos, Nueva York
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo", Colombia
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Corporación Jurídica Libertad, Colombia
Corporación SISMA Mujer, Colombia
Derechos y Democracia, Canadá
El Foro de Mujeres del MERCOSUR, Capítulo Paraguay
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Perú
Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia
Global Rights – Partners for Justice, Estados Unidos
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Medellín, Colombia
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Costa Rica
International Women’s Human Rights Law Clinic, CUNY Law School, New York
Asesorío Jurídica Popular, México
Mesa Nacional para las Migraciones de República Dominicana
Oficina Jurídica para la Mujer, Cochabamba, Bolivia
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Red Alas – Académicas Latinoamericanas
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos,” México
Servicio Jesuita de Refugiados, Venezuela

Guía para recopilar información que respalde una petición ante el sistema interamericano

Guía para recopilar información que respalde una petición ante el SI

Con este material, CEJIL pretende apoyar a usuarios actuales y potenciales del sistema interamericano para reunir y sistematizar la información necesaria para la mejor documentación relacionada con la violación de derechos humanos que se denuncia, de modo de poder sustentar la estrategia mas adecuada para la defensa de los derechos.

Basado en su propia experiencia CEJIL presenta un material accesible y práctico, que constituye un primer paso en el camino de la documentación.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2006
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos.

Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos.

Desde la publicación de su primera edición en 1997, esta compilación ha servido a centenares de personas (académicos, defensoras/es de derechos humanos, víctimas y familiares) en su camino para obtener justicia ante los órganos de protección interamericanos.

El volumen reúne los principales textos del derecho interamericano de los derechos humanos, incluyendo los reglamentos y estatutos de la Corte y la Comisión Interamericanas, así como los datos actualizados sobre el estado de su ratificación.


Tipo de publicación: Compilación de normas
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2007
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos: La protección de los Derechos Humanos en el sistema interamericano

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos

En este volumen CEJIL reseña su experiencia de trabajo como equipo de abogados/as y defensoras/es especializados/as en la defensa de los derechos humanos en las Américas y en el uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Se trata de una guía eminentemente práctica, enfocada hacia la promoción y protección de los derechos humanos tanto a través de la vía contenciosa como respecto del trabajo de incidencia o cabildeo para aportar al fortalecimiento y promoción del sistema interamericano.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2007
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.
Distribuir contenido