Defensores de derechos humanos

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos: La protección de los Derechos Humanos en el sistema interamericano

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos

En este volumen CEJIL reseña su experiencia de trabajo como equipo de abogados/as y defensoras/es especializados/as en la defensa de los derechos humanos en las Américas y en el uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Se trata de una guía eminentemente práctica, enfocada hacia la promoción y protección de los derechos humanos tanto a través de la vía contenciosa como respecto del trabajo de incidencia o cabildeo para aportar al fortalecimiento y promoción del sistema interamericano.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2007
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Pendientes de Honduras tras la condena de asesinos de ecologistas

Jue, 03/07/2008

San José, Costa Rica

 

El pasado 1 de julio, el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho condenó a cuatro policías por los asesinatos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo, líderes ambientalistas del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), en Honduras.

Los asesinatos de Zúñiga y Murillo provocaron que en diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas de protección para garantizar la vida e integridad personal de otros líderes de MAO, a petición de esta organización y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La Comisión solicitó al Gobierno de Honduras “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios e informar sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que las justifican”.

Si bien el Estado de Honduras ha brindado protección personal a los beneficiarios de las medidas cautelares, existe preocupación porque los responsables de proteger a los ambientalistas son policías, siendo que también fueron policías los asesinos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo.

La sanción penal impuesta por los tribunales hondureños a los cuatro policías asesinos es un avance importante en la justicia del país, pero está pendiente la investigación de la autoría intelectual. También está pendiente la investigación de otras muertes de defensores y defensoras del ambiente, como la de Carlos Luna, Carlos Escaleras y Blanca Jeannette Kawas, entre otros. Estos tres casos son litigados por CEJIL y el ERIC ante la Comisión Interamericana, ya que el Estado hondureño no fue capaz de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

El caso Kawas fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de este año. En su demanda, la CIDH expuso que,”las defensoras y defensores ambientalistas han sido víctimas de actos de hostigamientos, amenazas, persecuciones y asesinatos por parte de diversos sectores vinculados a la práctica ilegal de explotación de los recursos naturales en Honduras. Esta situación ha sido denunciada en varias instancias internacionales, tanto por organismos internacionales de protección de derechos humanos como por organizaciones no gubernamentales”.

En este caso, la CIDH como medida de reparación solicitó al Estado “adoptar en forma prioritaria una política de erradicación de la violencia contra las defensoras y defensores de los recursos naturales que incluya medidas de prevención y protección”. Así como formular “una política pública de lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores de los derechos humanos” Ante la omisión del Estado de cumplir con estas directrices, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte.

CEJIL espera que la condena de los asesinos de Zúñiga y Murillo sea una muestra de que la justicia hondureña está dando pasos importantes hacia la erradicación de la impunidad; principalmente, porque esta impunidad ha permitido que se genere un contexto de violencia contra los ambientalistas en Honduras, sin que el Estado haya asumido eficazmente medidas de prevención e investigación.

 

Contacto en Costa Rica:

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 506-2280-7473/7608

Fax: 506-2280-52

Móvil: 506-8830-5085

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CIDH solicitó a México proteger a defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero

Mié, 09/07/2008

San José, Costa Rica

 

El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de 41 personas en el Estado de Guerrero, México, miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa-Tlapaneco (OPIM/OPIT), con el fin de proteger su vida y su integridad.

Se trata de una ampliación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en enero de 2005 a favor de otros miembros de la OPIM, entre ellos Obtilia Eugenio Manuel, quien fue víctima de amenazas después de denunciar la violación sexual de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de elementos del ejército, casos que actualmente son del conocimiento de la CIDH.

Esta es la segunda ocasión en que la CIDH decide ampliar las medidas cautelares para proteger a los miembros de esta organización. La primera vez fue en septiembre de 2007, debido al temor que existía por su integridad y seguridad personal.

La solicitud de la CIDH al Estado mexicano se da en virtud de las amenazas, actos de hostigamiento e intimidación que sufren los miembros de la OPIT con el propósito de amedrentarlos y limitar su actividad como defensores de derechos humanos. Entre los hechos que la CIDH consideró para ampliar las medidas y determinar que la vida e integridad personal de los miembros de la OPIT están en riesgo se encuentra el asesinato del hermano de Inés Fernández, cuyo cuerpo mostró signos de tortura. Asimismo, la detención en un retén militar de Natalio Ortega y Romualdo Santiago, ambos sobrinos de Inés Fernández, Raúl Hernández, Orlando Manzanares, líder de la OPIT en la comunidad de Camalote y quién representó y acompañó a víctimas de esterilización forzada en su demanda contra el gobierno estatal y Manuel Cruz, víctima de esterilización forzada.

Estas medidas cautelares ordenadas por la CIDH tienen especial relevancia porque pretenden proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que han ejercido una valiosa labor en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo indígena me’phaa.

En su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006, la CIDH expresó “que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia” y reconoció al igual que la Corte Interamericana que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen [su] trabajo […]”.

Las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares esperamos que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales e implemente en forma inmediata mecanismos que garanticen la vida y la integridad de las personas beneficiarias de tales medidas. Asimismo es importante que se lleve a cabo un proceso judicial justo, imparcial y apegado a derecho en el caso de los 5 detenidos el 17 de abril de 2008 para que se garantice su derecho al debido proceso y a las garantías judiciales. También se espera que México realice una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para determinar a los responsables de los hechos que motivaron las medidas de protección.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL y organizaciones colombianas insisten ante la CIDH sobre la necesidad de fiscalizar el proceso de desmovilizacion de paramilitares

Mar, 07/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y varias organizaciones colombianas solicitaron, ayer, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie de manera urgente sobre la incompatibilidad del marco jurídico del proceso de desmovilización de paramilitares con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, las organizaciones llamaron nuevamente la atención a la CIDH acerca de la ausencia de garantías respecto del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el proceso que está verificando la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). El pedido tuvo lugar en el marco del 124° período ordinario de sesiones de la CIDH que se está llevando a cabo en la sede de la organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones presentes expresaron nuevamente su disconformidad con la manera en que se está llevando a cabo el actual proceso de desmovilización de paramilitares, y sus preocupaciones sobre la ausencia de atención a temas de derechos humanos en los informes de la MAPP/OEA acerca de este proceso. Al respecto, CEJIL y las organizaciones colombianas insistieron en la necesidad de un pronunciamiento jurídico y oficial de la CIDH acerca del marco legal del proceso de desmovilización. Esto se hace más urgente en la medida en que el nuevo informe sobre la MAPP/OEA se pronunció elogiosamente sobre el decreto que reglamenta la llamada Ley de Justicia y Paz.

Para facilitar una asesoría de la CIDH a la MAPP/OEA que contribuya a la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia, las organizaciones presentes señalaron la importancia de que la MAPP entregue a la CIDH toda la información que aquella recoja y reciba sobre violaciones al cese de hostilidades. Asimismo, recomendaron que cada vez que haya un informe sobre la MAPP/OEA la CIDH emita un informe autónomo que analice el proceso de desarme, desmovilización y reinserción paramilitar desde la perspectiva de los derechos humanos en el cual recoja información de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la información que recibe de la misma MAPP. Dicho informe también debe incluir un seguimiento de la aplicación del marco jurídico de desmovilización dirigido a promover una revisión de las leyes que se están aplicando.

También se le solicitó a la CIDH que elabore un informe especial sobre el tema de tierras y desplazamiento forzado interno y transfronterizo en Colombia, tema particularmente relevante debido al trabajo de verificación que debe hacer la MAPP/OEA para la efectiva desarticulación de las estructuras paramilitares.

“Para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, la CIDH debe dedicarse de manera particular a estudiar la situación de los 3 millones de colombianos y colombianas que se vieron en la obligación de salir de sus lugares habituales de residencia o trabajo entre 1995 y 2005,” manifestaron las organizaciones en la audiencia. Debido a la importancia de este tema, las organizaciones solicitaron que la CIDH designe una comisión especial que realice una visita a Colombia y estudie de manera específica el tema de tierras y desplazamiento forzado.

Junto a CEJIL participaron de la audiencia, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Sisma Mujer, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Reiniciar y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Respeto a los derechos humanos aún es un tema pendiente en México

Mar, 07/03/2006

La Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de los derechos humanos en México.

Las organizaciones señalaron que pese a que la administración del presidente Vicente Fox inició un proceso de reforma en materia de justicia y derechos humanos, todavía hay tareas pendientes importantes para que la población goce del pleno disfrute de sus derechos. Uno de los retos impostergables es avanzar con una justicia pronta, expedita e imparcial, que garantice a todos los ciudadanos una tutela judicial efectiva.

Por otro lado declararon que la legislación mexicana aún no se adecua completamente a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, ya que no se otorga rango constitucional a los tratados internacionales referidos a estos temas y ratificados por ese país.

También denunciaron la militarización de los cuerpos policiales y que sigue aplicándose la jurisdicción militar en casos que involucran a la población civil. Enfatizaron que el fuero militar perpetra la impunidad en beneficio de sus agentes. Por lo tanto, es urgente una reforma legal para prohibir la aplicación expansiva del fuero de guerra hacia civiles y que se clarifique que la investigación y persecución de los delitos, así como, las tareas de seguridad pública son propias de las fuerzas policíacas del orden civil y no militar.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la situación que enfrentan las mujeres y los pueblos indígenas mexicanos a quienes les son sistemáticamente violados sus derechos humanos. Informaron sobre los ataques cometidos contra los defensores de derechos humanos y los periodistas. México se colocó en el 2005, por segundo año consecutivo, como el primer país latinoamericano donde se cometió el mayor número de homicidios contra periodistas. En el caso de los defensores de derechos humanos se ha obstaculizado su labor con actos que van desde el hostigamiento, el robo de oficinas, amenazas de muerte, homicidios, fabricación de delitos, vigilancia, desalojos de manifestaciones, censura para difundir información relativa a derechos específicos, detenciones arbitrarias, hasta formas más sofisticadas como el robo cibernético de recursos económicos.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH monitoree de cerca la problemática mexicana y le dé seguimiento a las recomendaciones que se le hicieran al Estado en el informe emitido por la Comisión sobre los derechos humanos en México de 1998.

Denuncian situación de derechos humanos en Guatemala

Mar, 07/03/2006

En el día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) participaron en tres audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las cuales abordaron temas relacionados con la situación de los derechos humanos en Guatemala. La CIDH se encuentra celebrando su 124° período ordinario de sesiones en la sede de la OEA en Washington, D.C.

La primera audiencia se centró en las dificultades que enfrenta el Estado guatemalteco para dar cumplimiento a las medidas cautelares (de protección) ordenadas por la CIDH a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos. Las organizaciones presentaron un diagnóstico de la situación y señalaron que en algunos casos las medidas no son implementadas, en otros lo son pero de forma ineficiente y que algunos beneficiarios deben correr con los gastos que implica su implementación. La incertidumbre de las víctimas en cuanto a la vigencia de las medidas y la falta de investigación de los hechos que generaron las mismas fueron también señaladas como parte del problema.

Se hizo especial referencia a las medidas cautelares que se concedieron a las personas que viven con VIH Sida, indicándose que el Estado aún no se había hecho cargo del compromiso frente a ellas y que eran organizaciones no gubernamentales las que asumían la compra de medicamentos y la atención médica.

La segunda audiencia se refirió a los obstáculos en la investigación de casos de violaciones de los derechos humanos. Se citó la descoordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, los actos de intimidación contra operadores de justicia y la poca seguridad que se le brinda a los testigos en los procesos judiciales. El Estado reconoció tales señalamientos e informó sobre su intención de poner en marcha mecanismos tendientes a establecer acuerdos interinstitucionales para lograr resultados más efectivos en las investigaciones señaladas.

Ante ello, CEJIL y CALDH le pidieron a la CIDH que le dé seguimiento al tema de las dificultades en las investigaciones y que convoque a una audiencia en su próximo período de sesiones con el fin de evaluar las iniciativas tomadas por el Estado.

En la audiencia sobre derechos económicos, sociales y culturales CEJIL y CIIDH brindaron información actualizada acerca de la problemática que vive la población guatemalteca para acceder a estos derechos. Es importante mencionar que Guatemala es uno de los países con más altos índices de desigualdad a nivel mundial y de Centroamérica es el que menos invierte en salud. También se proporcionaron datos sobre la situación de riesgo que viven los líderes, defensores y colectivos que trabajan en estos temas. En los últimos meses se han incrementado las acciones de seguimiento, acoso y persecución contra dirigentes de organizaciones sociales.

En todas las audiencias el Estado guatemalteco estuvo representado por altas autoridades, entre ellas, la Viceministra de Gobernación, el Fiscal General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Secretario General de la Corte Suprema, el Director del Sistema Penitenciario y el Presidente de COPREDEH (Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos).

Organizaciones de derechos humanos solicitan que CIDH visite Chiapas

Jue, 13/03/2008

Washington D.C.

 

Ayer, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante (COFEMO), el Centro de Derechos de Las Mujeres, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en audiencia pública acerca de la situación de los derechos humanos de las mujeres en Chiapas y solicitaron la visita de la CIDH a este estado mexicano.

Las organizaciones abordaron la discriminación y violencia contra la mujer y procuración de justicia, feminicidios, la afectación de la militarización en las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud y a la educación, la situación de las mujeres privadas de libertad y el derecho a la tierra con énfasis en la tierra ejidal.

Señalaron, además, que Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena en el país, junto con Oaxaca y Guerrero y también uno de los estados de la República mexicana con mayor índice de pobreza y extrema pobreza, asimismo es una región que vive una situación de conflicto interno. Todas estas situaciones afectan a las mujeres de forma particular, ya que en Chiapas las mujeres además de ser discriminadas en razón del género, sufren doble y triplemente por el hecho de ser pobres e indígenas.

Denunciaron también que las políticas públicas estatales y las leyes que se han creado no han sido suficientes para combatir la situación violatoria que viven las mujeres chiapanecas. Asimismo, informaron sobre la difícil situación en la que se encuentran las defensoras de derechos humanos en el mencionado estado. Ellas son amenazadas y hostigadas y al acudir a los tribunales a presentar sus denuncias sufren el descrédito por parte de las autoridades judiciales por el simple hecho de pertenecer a una organización. En este sentido, mencionaron los casos de dos mujeres defensoras de derechos humanos que enfrentan procesos judiciales.

Las mujeres indígenas en Chiapas viven cotidianamente violencia de diferentes tipos, desde la física y psicológica por sus parejas, así como violencia económica que se ve reflejada en el poco porcentaje de mujeres que son propietarias de parcelas en sus ejidos, al considerarse que la propiedad será mejor preservada por el hombre que por la mujer, bajo la creencia de que ésta al contraer matrimonio generará que la tierra le pertenezca a otro hombre.

Chiapas ocupa el primer lugar en México en muertes materno infantiles, con lo cual las mujeres que dan a luz en este lugar se encuentran en especial vulnerabilidad. Además de que la creciente militarización del Estado pone a las mujeres en una posición difícil.

Consecuencia de la falta de acceso de las mujeres a la tierra, es la exclusión de las mismas de la toma de decisiones en las comunidades, ya que son los ejidatarios los que deciden y esto es respaldado por los usos y costumbres de los pueblos indígenas y tolerado por el Estado mexicano. Es así como los reglamentos de los ejidos, los cuales son avalados las autoridades contemplan en algunos casos la expulsión de la mujer del ejido si se casa con un hombre que no pertenece al mismo.

Por otro lado, respecto de las mujeres privadas de libertad las organizaciones indicaron que éstas se encuentran en deplorables condiciones y sufriendo violaciones sexuales, recluidas en centros ubicados lejos de donde viven sus familiares.

Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión dar seguimiento a las recomendaciones que ella misma hizo en el informe de la visita que realizó a Chiapas en 1998 y pidieron una nueva visita.

La Comisión se mostró muy interesada en los temas expuestos y el relator para México señaló que es posible que efectúe una visita a Chiapas para verificar los hechos señalados por las organizaciones y monitorear la situación de derechos humanos.

Contacto:

 

Nancy Marín Espinoza

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

www.cejil.org

Organizaciones de Republica Dominicana expusieron a la CIDH sobre la existencia de legislación migratoria discriminatoria

Sáb, 04/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, junto a la Mesa Nacional para las Migraciones y la Red de Encuentro Dominco-Haitiano Jaques Viau participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer sobre la incompatibilidad de la ley general de migraciones de República Dominicana con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, cuyo contenido es particularmente discriminatorio de las comunidades haitianas y dominico haitianas.

En la audiencia, las organizaciones señalaron que la Ley de Migración No. 285-04, aprobada en agosto de 2004 por el Congreso Nacional, reduce la cuestión migratoria a la inmigración, y particularmente, al caso de los haitianos. Presentaron a la CIDH un informe que advierte que la mencionada ley se aprobó a través de un mecanismo tortuoso y apresurado y con total desconocimiento por parte de la opinión pública del país.

CEJIL y las organizaciones presentes en la audiencia expresaron que dicha ley desconoce el marco constitucional dominicano y el marco normativo del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Informaron además que tanto la ley de migración como su propuesta de reglamentación crean un clima donde se violan los derechos humanos. La ley y su propuesta de reglamentación violan los derechos a la nacionalidad, nombre, la protección especial de los niños, circulación y residencia, protección judicial e igualdad ante la ley entre otros y crean un clima en que los derechos a la vida e integridad física pueden ser conculcados.

CEJIL y las organizaciones de República Dominicana le pidieron a la CIDH que inste al gobierno dominicano que adopte una política migratoria de acuerdo con sus obligaciones bajo el derecho interamericano y que asimismo le recuerde que las expulsiones masivas de residentes en situación irregular son violatorias de los derechos humanos y contradicen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por dicho país.

Finalmente, le solicitaron a la CIDH que de seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno dominicano de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Yean y Bosico referida a la política migratoria y que realice una visita al país con la presencia de los relatores especiales para afro-descendientes, la mujer y la niñez.

Problemática de los pueblos indígenas y el trabajo infantil en Centroamérica fueron expuestas ante la CIDH

Sáb, 04/03/2006

Durante el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en una audiencia, en horas de la mañana, a varios representantes indígenas de Centroamérica, quienes dieron a conocer los problemas que enfrentan los pueblos originarios de esta región. Ese mismo día, pero en la tarde, las organizaciones Marcha Global contra la Explotación Laboral de la Infancia (Marcha Global) y Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) presentaron ante la CIDH la preocupante situación del trabajo infantil en la región.

En la primera, estuvieron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e indígenas del Consejo Indígena de Centroamérica, Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) , quienes informaron a la CIDH sobre el contexto económico y político que caracteriza a la región y cómo les afecta, positiva y negativamente; así también, señalaron las principales problemáticas que deben enfrentar en materia de conservación de sus territorios en salud, educación y acceso a la justicia, entre otros. Hicieron especial referencia a la situación de las mujeres indígenas.

Otro aspecto que fue resaltado en la audiencia fue el irrespeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, ya que les imponen represas hidroeléctricas, minas o proyectos turísticos en sus propias tierras sin consultarles. Los estados también negocian tratados de libre comercio o proyectos regionales que afectan su modo de vida, entre ellos señalaron el Plan Puebla Panamá y el tratado de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos.

Finalmente, se refirieron a las iniciativas internacionales para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero lamentaron que pese a ellas continúan siendo víctimas de discriminación y exclusión, lo cual se materializa en su vida diaria a través de políticas públicas de los gobiernos, en las relaciones sociales, en los modelos de producción y en la cooperación para el desarrollo. Como ejemplo, resaltaron el hecho de que incluso en algunos países como en El Salvador se niega la existencia de los pueblos indígenas.

La CIDH manifestó su preocupación por la falta de acceso de los indígenas a la vida política de sus países. Al concluir la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Comisión elaborar un informe regional continental sobre la situación de los pueblos indígenas que aborde sus problemáticas más agudas y haga las recomendaciones pertinentes.

En la audiencia sobre trabajo infantil, se informó a la CIDH que al menos el 17% de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos con edades entre 5 y 17 años se cuenta oficialmente entre la población trabajadora, lo que representa cerca de 2 millones de personas menores de edad. Las cifras no reflejan el trabajo infantil invisibilizado, como lo es el trabajo doméstico en el propio hogar.

La agricultura ocupa en la región a más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes; el comercio a cerca de 400 mil y las industrias manufactureras aproximadamente a 200 mil. Prácticamente el 70 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en actividades relacionadas con la industria manufacturera son guatemaltecos y salvadoreños.

El trabajo infantil y adolescente está asociado a múltiples violaciones de derechos humanos. Y al igual que la exclusión educativa y la pobreza es una manifestación de un problema complejo que debe ser abordado desde una perspectiva integral, para buscar soluciones concretas. Desafortunadamente el trabajo infantil es percibido como una estrategia de subsistencia por las dificultades económicas que enfrentan las familias y no necesariamente como un problema.

En la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH que lleve a cabo un estudio acerca de la normativa nacional e internacional, de la reforma de las instituciones y de la inversión estatal que tienda a la prevención del trabajo infantil y que haga recomendaciones para proteger a toda persona menor de edad de cualquier forma de explotación laboral.

Organizaciones de mujeres informaron a la CIDH sobre la creciente violencia y asesinato de mujeres en America Latina

Vie, 03/03/2006

En el marco del 124° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de mujeres de varios países de América Latina expusieron ante las autoridades de dicho organismo su preocupación por el creciente número de asesinatos contra mujeres en la región y por la falta de respuestas eficientes de las autoridades en la investigación de los mismos.

Las representantes de las organizaciones entregaron a los miembros de la CIDH un informe sobre femicidio en América Latina, el cual recoge información actualizada sobre el alcance de la problemática y describe los patrones en que se lleva a cabo la violencia contra las mujeres en la región. Las organizaciones informaron que la violencia contra las mujeres se vive como una situación común la cual muchas veces culmina con muertes violentas e incluso presenta signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual por razones asociadas al género. Se hizo referencia asimismo a la falta de cifras oficiales que den cuenta del número de mujeres asesinadas en cada uno de los países, lo cual pone en evidencia la indiferencia del Estado frente al problemática y asimismo contribuye a la invisibilidad de la situación.

En la exposición del problema, las organizaciones concluyeron que se han identificado elementos en común tales como el odio, el desprecio y menor valor que se da a la vida de las mujeres. Indicaron también que la falta de investigaciones eficaces, de políticas de prevención y de sanción a los responsables así como la tolerancia por parte de las autoridades ha creado un clima de impunidad sobre estos crímenes.

La falta de investigaciones eficientes de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, fue denunciada como una situación que ilustra un escenario de impunidad que no ha permitido un abordaje integral del problema. En el contexto del conflicto armado de Colombia, por su parte, se da una característica particular de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer llegándose a utilizar como botín de guerra y para humillar al enemigo. En el informe presentado consta que “en Colombia muere aproximadamente cada 6 días una mujer a manos de su pareja o ex pareja,” mientras que en Guatemala un total de 2170 mujeres fueron asesinadas entre el año 2000 y lo que va del 2006.

En cuanto a Bolivia se informó que es mucho mayor la cantidad de casos de mujeres asesinadas reportados por la prensa que los que efectivamente se denuncian ante la justicia, lo cual da cuenta de los pocos casos que efectivamente llegan a conocimiento de las autoridades.

Las organizaciones también manifestaron acerca de los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia y/o sus familiares encuentran en el acceso a la justicia. Al respecto se hizo hincapié en la ineficiencia de los sistemas de justicia reflejada a través de la fabricación de culpables y la confesión bajo tortura, lo cual evidencia la poca voluntad de los Estados por resolver el problema.

El informe presentado señala que la discriminación constituye un obstáculo que afecta el acceso a la justicia y se manifiesta de diversas maneras. Algunas de ellas son “la minimización del problema por parte de las autoridades administrativas y judiciales al no responder con la debida seriedad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables […] y la revictimización responsabilizando a la víctima por su asesinato al mostrando mayor interés en su vida privada que en el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.”

Las representantes de las organizaciones locales recordaron también que a pesar de la ratificación por parte de la mayoría de los Estados de los tratados internacionales especializados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como la Convención de Bélem do Pará, pocos de éstos han llevado a cabo acciones para respetar y aplicar los principios enunciados en los mismos.

La CIDH se mostró interesada por conocer en mayor detalle cuáles eran los obstáculos para el acceso a la justicia en casos de crímenes contra mujeres. En este período de sesiones la CIDH ha designado al Comisionado Víctor Abramovich Relator para los Derechos de la Mujer. Sin embargo, se informó que, al interior de la CIDH, se está impulsando la creación de una Relatoría independiente para los Derechos de la Mujer a cargo de una persona experta en el tema. También se informó que la CIDH está próxima a publicar un informe sobre la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano.

Al término de sus exposiciones, las organizaciones solicitaron que la CIDH realice un monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones ya establecidas en los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos y que exija a los Estados la implementación de programas de prevención del femicidio integrando a los programas generales de derechos humanos de los Estados.

Participaron de la audiencia representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Kuña Aty (Paraguay), DEMUS (Perú), Católicas por el Derecho a Decidir México, el Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Apaza (Bolivia), la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación, RED ADA (Bolivia), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH - Guatemala), Sisma Mujer (Colombia), la Red de la No violencia contra las Mujeres de Guatemala, Washington Office on Latin America (WOLA) y PATH.

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