Defensores de derechos humanos

Organizaciones de Republica Dominicana expusieron a la CIDH sobre la existencia de legislación migratoria discriminatoria

Sáb, 04/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, junto a la Mesa Nacional para las Migraciones y la Red de Encuentro Dominco-Haitiano Jaques Viau participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer sobre la incompatibilidad de la ley general de migraciones de República Dominicana con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, cuyo contenido es particularmente discriminatorio de las comunidades haitianas y dominico haitianas.

En la audiencia, las organizaciones señalaron que la Ley de Migración No. 285-04, aprobada en agosto de 2004 por el Congreso Nacional, reduce la cuestión migratoria a la inmigración, y particularmente, al caso de los haitianos. Presentaron a la CIDH un informe que advierte que la mencionada ley se aprobó a través de un mecanismo tortuoso y apresurado y con total desconocimiento por parte de la opinión pública del país.

CEJIL y las organizaciones presentes en la audiencia expresaron que dicha ley desconoce el marco constitucional dominicano y el marco normativo del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Informaron además que tanto la ley de migración como su propuesta de reglamentación crean un clima donde se violan los derechos humanos. La ley y su propuesta de reglamentación violan los derechos a la nacionalidad, nombre, la protección especial de los niños, circulación y residencia, protección judicial e igualdad ante la ley entre otros y crean un clima en que los derechos a la vida e integridad física pueden ser conculcados.

CEJIL y las organizaciones de República Dominicana le pidieron a la CIDH que inste al gobierno dominicano que adopte una política migratoria de acuerdo con sus obligaciones bajo el derecho interamericano y que asimismo le recuerde que las expulsiones masivas de residentes en situación irregular son violatorias de los derechos humanos y contradicen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por dicho país.

Finalmente, le solicitaron a la CIDH que de seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno dominicano de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Yean y Bosico referida a la política migratoria y que realice una visita al país con la presencia de los relatores especiales para afro-descendientes, la mujer y la niñez.

Problemática de los pueblos indígenas y el trabajo infantil en Centroamérica fueron expuestas ante la CIDH

Sáb, 04/03/2006

Durante el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en una audiencia, en horas de la mañana, a varios representantes indígenas de Centroamérica, quienes dieron a conocer los problemas que enfrentan los pueblos originarios de esta región. Ese mismo día, pero en la tarde, las organizaciones Marcha Global contra la Explotación Laboral de la Infancia (Marcha Global) y Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) presentaron ante la CIDH la preocupante situación del trabajo infantil en la región.

En la primera, estuvieron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e indígenas del Consejo Indígena de Centroamérica, Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) , quienes informaron a la CIDH sobre el contexto económico y político que caracteriza a la región y cómo les afecta, positiva y negativamente; así también, señalaron las principales problemáticas que deben enfrentar en materia de conservación de sus territorios en salud, educación y acceso a la justicia, entre otros. Hicieron especial referencia a la situación de las mujeres indígenas.

Otro aspecto que fue resaltado en la audiencia fue el irrespeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, ya que les imponen represas hidroeléctricas, minas o proyectos turísticos en sus propias tierras sin consultarles. Los estados también negocian tratados de libre comercio o proyectos regionales que afectan su modo de vida, entre ellos señalaron el Plan Puebla Panamá y el tratado de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos.

Finalmente, se refirieron a las iniciativas internacionales para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero lamentaron que pese a ellas continúan siendo víctimas de discriminación y exclusión, lo cual se materializa en su vida diaria a través de políticas públicas de los gobiernos, en las relaciones sociales, en los modelos de producción y en la cooperación para el desarrollo. Como ejemplo, resaltaron el hecho de que incluso en algunos países como en El Salvador se niega la existencia de los pueblos indígenas.

La CIDH manifestó su preocupación por la falta de acceso de los indígenas a la vida política de sus países. Al concluir la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Comisión elaborar un informe regional continental sobre la situación de los pueblos indígenas que aborde sus problemáticas más agudas y haga las recomendaciones pertinentes.

En la audiencia sobre trabajo infantil, se informó a la CIDH que al menos el 17% de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos con edades entre 5 y 17 años se cuenta oficialmente entre la población trabajadora, lo que representa cerca de 2 millones de personas menores de edad. Las cifras no reflejan el trabajo infantil invisibilizado, como lo es el trabajo doméstico en el propio hogar.

La agricultura ocupa en la región a más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes; el comercio a cerca de 400 mil y las industrias manufactureras aproximadamente a 200 mil. Prácticamente el 70 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en actividades relacionadas con la industria manufacturera son guatemaltecos y salvadoreños.

El trabajo infantil y adolescente está asociado a múltiples violaciones de derechos humanos. Y al igual que la exclusión educativa y la pobreza es una manifestación de un problema complejo que debe ser abordado desde una perspectiva integral, para buscar soluciones concretas. Desafortunadamente el trabajo infantil es percibido como una estrategia de subsistencia por las dificultades económicas que enfrentan las familias y no necesariamente como un problema.

En la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH que lleve a cabo un estudio acerca de la normativa nacional e internacional, de la reforma de las instituciones y de la inversión estatal que tienda a la prevención del trabajo infantil y que haga recomendaciones para proteger a toda persona menor de edad de cualquier forma de explotación laboral.

Organizaciones de mujeres informaron a la CIDH sobre la creciente violencia y asesinato de mujeres en America Latina

Vie, 03/03/2006

En el marco del 124° período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de mujeres de varios países de América Latina expusieron ante las autoridades de dicho organismo su preocupación por el creciente número de asesinatos contra mujeres en la región y por la falta de respuestas eficientes de las autoridades en la investigación de los mismos.

Las representantes de las organizaciones entregaron a los miembros de la CIDH un informe sobre femicidio en América Latina, el cual recoge información actualizada sobre el alcance de la problemática y describe los patrones en que se lleva a cabo la violencia contra las mujeres en la región. Las organizaciones informaron que la violencia contra las mujeres se vive como una situación común la cual muchas veces culmina con muertes violentas e incluso presenta signos de tortura, mutilaciones, saña y violencia sexual por razones asociadas al género. Se hizo referencia asimismo a la falta de cifras oficiales que den cuenta del número de mujeres asesinadas en cada uno de los países, lo cual pone en evidencia la indiferencia del Estado frente al problemática y asimismo contribuye a la invisibilidad de la situación.

En la exposición del problema, las organizaciones concluyeron que se han identificado elementos en común tales como el odio, el desprecio y menor valor que se da a la vida de las mujeres. Indicaron también que la falta de investigaciones eficaces, de políticas de prevención y de sanción a los responsables así como la tolerancia por parte de las autoridades ha creado un clima de impunidad sobre estos crímenes.

La falta de investigaciones eficientes de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, México, fue denunciada como una situación que ilustra un escenario de impunidad que no ha permitido un abordaje integral del problema. En el contexto del conflicto armado de Colombia, por su parte, se da una característica particular de ensañamiento contra el cuerpo de la mujer llegándose a utilizar como botín de guerra y para humillar al enemigo. En el informe presentado consta que “en Colombia muere aproximadamente cada 6 días una mujer a manos de su pareja o ex pareja,” mientras que en Guatemala un total de 2170 mujeres fueron asesinadas entre el año 2000 y lo que va del 2006.

En cuanto a Bolivia se informó que es mucho mayor la cantidad de casos de mujeres asesinadas reportados por la prensa que los que efectivamente se denuncian ante la justicia, lo cual da cuenta de los pocos casos que efectivamente llegan a conocimiento de las autoridades.

Las organizaciones también manifestaron acerca de los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia y/o sus familiares encuentran en el acceso a la justicia. Al respecto se hizo hincapié en la ineficiencia de los sistemas de justicia reflejada a través de la fabricación de culpables y la confesión bajo tortura, lo cual evidencia la poca voluntad de los Estados por resolver el problema.

El informe presentado señala que la discriminación constituye un obstáculo que afecta el acceso a la justicia y se manifiesta de diversas maneras. Algunas de ellas son “la minimización del problema por parte de las autoridades administrativas y judiciales al no responder con la debida seriedad y diligencia para investigar, procesar y sancionar a los responsables […] y la revictimización responsabilizando a la víctima por su asesinato al mostrando mayor interés en su vida privada que en el esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables.”

Las representantes de las organizaciones locales recordaron también que a pesar de la ratificación por parte de la mayoría de los Estados de los tratados internacionales especializados en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, como la Convención de Bélem do Pará, pocos de éstos han llevado a cabo acciones para respetar y aplicar los principios enunciados en los mismos.

La CIDH se mostró interesada por conocer en mayor detalle cuáles eran los obstáculos para el acceso a la justicia en casos de crímenes contra mujeres. En este período de sesiones la CIDH ha designado al Comisionado Víctor Abramovich Relator para los Derechos de la Mujer. Sin embargo, se informó que, al interior de la CIDH, se está impulsando la creación de una Relatoría independiente para los Derechos de la Mujer a cargo de una persona experta en el tema. También se informó que la CIDH está próxima a publicar un informe sobre la situación de las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano.

Al término de sus exposiciones, las organizaciones solicitaron que la CIDH realice un monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones ya establecidas en los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos y que exija a los Estados la implementación de programas de prevención del femicidio integrando a los programas generales de derechos humanos de los Estados.

Participaron de la audiencia representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Kuña Aty (Paraguay), DEMUS (Perú), Católicas por el Derecho a Decidir México, el Centro de Promoción de la Mujer, Gregoria Apaza (Bolivia), la Red Nacional de Trabajadoras/es de la Información y Comunicación, RED ADA (Bolivia), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH - Guatemala), Sisma Mujer (Colombia), la Red de la No violencia contra las Mujeres de Guatemala, Washington Office on Latin America (WOLA) y PATH.

CEJIL participa en audiencias ante la Comision Interamericana de Derechos Humanos

Jue, 02/03/2006

Desde el 3 y hasta el 13 de marzo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 124º período ordinario de sesiones. CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas. Entre otras, se tratará el feminicidio y trabajo infantil en América Latina, la situación de los pueblos indígenas de Mesoamérica, la situación de los defensores/as de derechos humanos en Venezuela y de las personas privadas de libertad en El Salvador y Honduras.

Durante el primer día de audiencias, CEJIL expondrá a la CIDH las dificultades que enfrentan las personas migrantes en Costa Rica y República Dominicana. Sobre este último país, se hará especial referencia a la actual ley general de migraciones cuyo contenido es discriminatorio, en particular hacia las comunidades haitianas y dominico haitianas

Ese mismo día la Comisión revisará un caso contra el Estado de Costa Rica por discriminación por género, a partir de la violación a los derechos laborales de mujeres trabajadoras en albergues infantiles estatales que se encargan de cuidar niños y niñas con problemas familiares. Estas mujeres trabajan jornadas laborales de 24 horas, durante 11 días seguidos.

El lunes 6 de marzo, CEJIL mantendrá audiencia con la CIDH para exponer la situación general de los derechos humanos en México y Bolivia, así como el estado de los derechos económicos, sociales y culturales en Guatemala y los problemas en la administración de justicia en Nicaragua. También, se realizará una audiencia para informar a la CIDH el incumplimiento por parte del Estado de Guatemala de las medidas cautelares solicitadas por dicho órgano de la OEA y habrá otra sobre las dificultades que se enfrentan en la investigación de casos de violaciones de derechos humanos. Con relación a Guatemala también se tratarán los casos de las masacres de las aldeas Dos Erres y Los Josefinos. Con respecto a Colombia, CEJIL expondrá a la CIDH su análisis sobre la manera en que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) viene realizando su trabajo en materia de justicia y derechos humanos.

Entre el 8 y 9 de marzo CEJIL participará de reuniones con la CIDH para avanzar en el trámite de casos pendientes ante el sistema interamericano de países como Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Nicaragua, Guatemala y Paraguay.

La actual situación que se vive en Venezuela será dada a conocer a la CIDH en cuatro audiencias que tendrán lugar el 10 de marzo. En las mismas se analizaran los siguientes temas: la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, la administración de justicia, el marco normativo que regula las solicitudes de refugio y el derecho a la libertad de expresión. El mismo día CEJIL participará de una serie de audiencias sobre Perú. Primero se expondrá sobre la incompatibilidad de la justicia militar con el sistema interamericano y luego se desarrollará otra audiencia para analizar la manera en que Perú viene dando cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Se realizará también una audiencia sobre las violaciones a los derechos humanos a través de la discriminación por orientación sexual. Finalmente otra de las audiencias tendrá como objetivo discutir la obligación de los Estados en la investigación y juzgamiento de crímenes internacionales.

El 13 de marzo la CIDH recibirá a CEJIL en dos audiencias sobre Brasil. La primera se referirá al caso FEBEM y en la segunda se hará seguimiento a las recomendaciones efectuadas por la CIDH en diferentes casos. El mismo día se tratará en audiencia la situación del pueblo indígena Sarayaku de Ecuador.

Junto con CEJIL, estarán presentes víctimas y otras organizaciones no gubernamentales, así como delegaciones de los gobiernos del hemisferio.

CIDH prepara informe sobre situación de derechos humanos en Oaxaca

Mié, 12/03/2008


Washington, D.C.

El día de ayer, el Comité de Liberación 25 Noviembre, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y el Centro de Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en Oaxaca, México.

Lamentablemente, el Estado mexicano no acudió a la convocatoria de la CIDH, aún y cuando estuvo presente en otras reuniones ese mismo día. Esto deja entrever la poca voluntad política del Estado mexicano de trabajar en resolver la difícil situación por la que atraviesa Oaxaca.

Pese a la ausencia del Estado, las organizaciones abordaron: investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, desapariciones, estado actual de procesos judiciales, la urgencia de la reforma para la independencia de poderes, la depuración de los cuerpos policíacos, la situación de defensores, así como la necesidad y urgencia de que el estado respete y garantice la labor de defensa de los derechos humanos.

Asimismo informaron sobre la impunidad en la que se encuentran las graves violaciones a derechos, la nula investigación y la utilización del sistema de procuración y administración de justicia para criminalizar la protesta social.

La Comisión indicó en respuesta a las organizaciones que está trabajando en un informe sobre la visita que realizó a Oaxaca los días 9 y 10 de agosto del 2007 y que en caso de ser necesario visitará nuevamente este estado si nuevos hechos lo ameritan.

En consecuencia las organizaciones solicitaron a la CIDH que inste al Estado mexicano a que investigue de manera imparcial y objetiva las violaciones a los derechos fundamentales que se han dado en Oaxaca y que se lleven a cabo reformas estructurales para que situaciones como las expuestas no se repitan.

En la reunión también se abordó la falta de implementación de las medidas de protección ordenadas por la CIDH. Finalmente, las organizaciones pidieron a la Comisión que inste al estado a revisar los expedientes de las cinco personas que permaneces privadas de su libertad, así como de las cien persona sujetas a procedimientos por razones políticas a fin de cesar las violaciones a derechos humanos. Además solicitaron que el Estado sea transparente en sus acciones frente a la ciudadanía en materia de derechos humanos, para que se contribuya a la construcción de un estado democrático.

 

Contacto:

 

Nancy Marín Espinoza

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

Corte Interamericana dicta medidas de protección a favor de privados de libertad venezolanos

Lun, 16/01/2006

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió, el 13 de enero, medidas de protección para los privados de libertad del Internado Judicial de Monagas “la Pica”, en Venezuela.

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones y CEJIL solicitaron el 21 de diciembre de 2005 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pedir a la Corte IDH el otorgamiento de medidas provisionales a favor de las personas internas en “la Pica”, dada la grave situación de violencia y de deterioro de las condiciones carcelarias que se vive en este centro de reclusión.

En atención a esta petición, la CIDH solicitó a la Corte IDH, el 29 de diciembre, medidas provisionales para proteger la vida e integridad personal de los reclusos de “la Pica”, dichas medidas fueron otorgadas el día de hoy, por el presidente de la Corte, el juez Sergio García Ramírez.

La CIDH informó a la Corte que en el 2005 murieron 43 internos, víctimas de actos de violencia en ese centro de detención y otros 25 resultaron heridos. Algunos de los factores que generan esta situación de gravedad y riesgo para los internos son “el hacinamiento, la falta de separación de internos por categorías, las deficientes condiciones sanitarias, físicas y de seguridad a las que se encuentran sometidos los internos, esto sumado a la carencia de personal debidamente calificado y entrenado”, afirmó la Comisión. También señaló que la situación se ve agravada por la falta de control en el ingreso y posesión de armas en el centro penitenciario.

La mayoría de las muertes, dentro del centro penal fueron ocasionadas por heridas de arma de fuego. Familiares de algunos internos fallecidos señalaron a los miembros de la Guardia Nacional y a los vigilantes del Internado como autores de las muertes. Las celdas colectivas están construidas para albergar a 7 personas, pero en cada una se encuentran 15 internos, los cuales no tiene camas, ni cobijas, duermen en el suelo y algunos lo hacen en pedazos de goma de espuma. Los actos de violencia y amenazas entre internos son frecuentes y las autoridades no han adoptado medidas para resolver está situación.

El Estado comunicó a la Corte que está implementando medidas con el objetivo de proteger la vida e integridad física de los privados de libertad. Algunas acciones que llevan a cabo son: la creación de una Comisión Presidencial para Atender la Emergencia Carcelaria, consignación de fondos para mejorar la infraestructura del Internado, ejecución de requisas en busca de armas, mejoras en la alimentación y en los servicios de salid de las internos. También aseguró que se investigan los actos de violencia ocurridos en “La Pica”. Sin embargo el Estado reconoció que la situación del centro penal es crítica.

La Corte decidió que el Estado venezolano debe mantener y profundizar las medidas que ya está adoptando. Además debe adoptar las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en dicho centro penitenciario, para que no muera, ni se afecte la integridad personal de los privados de libertad, ni de ninguna otra persona que se encuentre en el internado. Asismimo, la Corte señaló que el Estado debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas, como las que motivan estas urgentes medidas.

El Estado debe informar a la Corte a más tardar el 23 de enero sobre las medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de esta resolución del alto tribunal, y cada dos meses deberá informar al alto tribunal, sobre este tema. CEJIL espera que el Estado venezolano lleve a cabo estas acciones a la mayor brevedad posible y que de esta manera honre sus compromisos internacionales en beneficio de los privados de libertad de “La Pica”.

Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Gaceta Nº 21 - Nuevas perspectivas para el litigio en casos de torturas: aspectos psicológicos

Gaceta Nº 21
Tipo de publicación: Gaceta
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2004
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Gaceta Nº 17 - Defensores y defensoras de derechos humanos en América Latina y el Caribe


Tipo de publicación: Gaceta
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2003
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Solicitan protección para docentes bolivianos

Mar, 19/08/2008

Cochabamba, Bolivia

El pasado 15 de agosto de 2008, la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con carácter de urgencia, la adopción de medidas cautelares a favor de los maestros y maestras de la Federación Departamental de Educación Rural del Trópico de Cochabamba, Bolivia.

Puntualmente se solicitó a la CIDH a que exhorte al Estado boliviano a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal, libertad personal, honra y dignidad, libertad de pensamiento y de expresión y libertad de asociación de los y las educadoras bolivianas, garantías consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos de la cual Bolivia es parte.

Los profesores y profesoras que integran la Federación de Maestros del Trópico de Cochabamba de las zonas de Chapare, Tiraque, Carrasco Tropical, Tacopaya, Pojo y Arque, están siendo víctimas de graves amenazas y agresiones en represalia por su participación en la huelga general convocada semanas atrás por la Central Obrera Boliviana con el fin de reivindicar cambios en el régimen de pensiones. Como consecuencia, los y las afectadas fueron expulsadas de sus viviendas, obligadas a abandonar la zona e impedidas de retomar sus actividades laborales.

La Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), esperan una respuesta favorable de la CIDH que permita garantizar los derechos de las personas afectadas.

 

Contacto en Argentina

Liliana Tojo

Directora Cejil Sur

Tel/Fax: 54-11-4328.1025

Correo electrónico: ltojo@cejil.org.

 

Contacto en Bolivia

Julieta Montaño

Directora de la Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba

Tel/Fax:591-44-4228928

Correo electrónico: julietamontano@gmail.com

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Organizaciones de derechos humanos de la región repudiaron la expulsión de representantes de Human Rights Watch de Venezuela

Vie, 19/09/2008

Las organizaciones de derechos humanos de América Latina, abajo firmantes, repudian la expulsión ordenada por el Gobierno de la República de Venezuela a los representantes de Human Rights Watch José Miguel Vivanco y Daniel Wilkinson, director ejecutivo y vicedirector de la División América de la organización.

De acuerdo con un comunicado oficial, firmado en el día de ayer por los ministros de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, y de Interior, Tarek El Aissami, el motivo de la decisión oficial fue haber "violentado la Constitución y las Leyes de la República Bolivariana de Venezuela, agrediendo a las instituciones venezolanas, inmiscuyéndose ilegalmente en los asuntos internos de nuestro país". La expulsión se ordenó al día siguiente de que Human Rights Watch presentara en Caracas el informe “Una década de Chávez: Intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, en el que se analiza la situación de los derechos fundamentales en dicho país.

Las organizaciones firmantes repudian este proceder del Gobierno Venezolano destinado a debilitar la acción de los defensores de derechos humanos, interferir en el desarrollo de sus funciones y desacreditar de manera infundada la reputación de estas instituciones. Los argumentos basados en una concepción absoluta de la soberanía son inadmisibles con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, ha sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, autoridades del Gobierno Venezolano han esgrimido que Human Rights Watch respondería "a intereses vinculados y financiados por las agencias del Gobierno de los Estados Unidos de América”. Ante ello, es importante señalar que Human Rights Watch no recibe financiamiento gubernamental alguno y que ha tenido un papel de liderazgo en la denuncia de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo y por su política migratoria, entre otros. El trabajo de Human Rights Watch abarca la mayoría de los países del mundo y ha sido fundamental para evidenciar situaciones de violaciones de derechos en muchos de nuestros países latinoamericanos.

Como organizaciones de la sociedad civil que desarrollamos nuestro trabajo en países en los que los defensores de derechos humanos han sido actores clave para la recuperación y fortalecimiento de las democracias, la búsqueda de justicia y memoria por crímenes de lesa humanidad, y el avance de derechos económicos, sociales y culturales, entre muchos otros logros y desafíos pendientes, rechazamos la represalia sufrida por Human Rights Watch e instamos a las autoridades del Estado venezolano a dar marcha atrás con esta expulsión, y garantizar que todas las personas comprometidas con la tarea de promoción y protección de derechos fundamentales puedan desarrollar sus actividades con independencia y libertad.

Por último, tanto la Asamblea General de la OEA, como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la importancia de la labor de las defensoras y defensores en el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático. Por ello, las organizaciones firmantes solicitan a todos los países de la región que adopten las medidas a su alcance para asegurar en Venezuela una democracia sólida y respetuosa de los derechos humanos, tal como lo dispone la Carta Democrática Interamericana.

 

ORGANIZACIONES

 

- Acción Solidaria - Venezuela

- Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos - México

- AMICIS (Clínica Jurídica y Social Patagónica) - Argentina

- Asociación ÀGORA (Centro de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales) - Perú

- Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) A.C - México

- Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú

- Centro de Asesoría Laboral - Perú

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica - Venezuela

- Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales - Chile

- Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas - México

- Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez - México

- Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) - Argentina

- Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." - México

- Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) - Argentina

- Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) - Nicaragua

- Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Nicaragua

- Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A.C. - México

- Centro para la Defensa Legal Indígena (CDLI) - Guatemala

- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) - organización regional

- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo - Colombia

- Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) - Colombia

- Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) - Perú

- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C - México

- Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC) - Venezuela

- Comité de Familiares de Victimas de Violaciones de los Derechos Humanos (CODEFAM) “Marianella García Villas” - El Salvador

- Comité 25 de Noviembre A.C. - México

- Conectas Direitos Humanos - Brasil

- Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - México

- Corporación Humanas - Chile

- Espacio Público - Venezuela

- Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) - Guatemala

- Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) - organizacional internacional

- FIAN Internacional - organizacional internacional

- Foro de Mujeres del Mercosur (capítulo Paraguay) - Paraguay

- Foro para el Desarrollo Sustentable - México

- Fundación REDVIHDA - Bolivia

- Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) - organización regional

- Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH) - Guatemala

- Global Rights Partners for Justice - organización internacional

- Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C. - México

- Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) - Colombia

- Human Rights First -organización internacional

- Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) - El Salvador

- Karlos Castilla - México

- Movimiento Costarricense de Lucha Contra el VIH - Costa Rica

- Observatorio Venezolano de Prisiones - Venezuela

- Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador - El Salvador

- Oficina Jurídica Para la Mujer - Bolivia

- Oficina Regional de las Américas del Centro Internacional por la Justicia Transicional (ICTJ)

- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) - Venezuela

- Red de Mujeres contra la Violencia -Nicaragua

- Red Oaxaqueña de Derechos Humanos A.C. - México

- Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. - México

- Sinergia - Venezuela

- Vicaría de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela

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