Defensores de derechos humanos

El pueblo Sarayaku en audiencia ante la CIDH

Mar, 14/03/2006

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) e integrantes del Pueblo Kichwa de Sarayaku, de Ecuador, participaron de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para avanzar en el trámite del caso pendiente ante dicho organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). La audiencia fue solicitada por el Estado ecuatoriano, que presentó cuatro testigos pertenecientes a comunidades vecinas a Sarayaku.

 

En 1996, Ecuador firmó un contrato con una empresa privada para la exploración y explotación petrolera en un bloque de tierra que se encuentra en el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku intentó, sin suerte, impedir la entrada de la compañía a su territorio haciendo sus reclamos ante funcionarios de la empresa y del propio Estado. Las actividades de la petrolera han implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos. Todo lo cual ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del Pueblo Sarayaku pues afectó su identidad cultural, su economía y el medio ambiente en que viven.

 

Al presentar el caso ante el sistema interamericano, el Pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió ilegítimamente el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, afectándose, asimismo, otros derechos económicos, sociales y culturales también consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que ha sido firmada y ratificada por dicho país.

 

Además, los peticionarios sostuvieron que Ecuador no ha adoptado las medidas necesarias para adecuar su legislación interna a las disposiciones de la Convención Americana, ya que no ha establecido un procedimiento de consulta para obtener el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas respecto de asuntos que afecten sus intereses.

 

Las organizaciones y el Pueblo de Sarayaku le solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial y a la cultura del Pueblo Sarayaku. Además, le pidieron a la Comisión Interamericana que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas a fin de reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar que no se repitan los hechos. Tras escuchar las peticiones, el Estado de Ecuador presentó una propuesta para solucionar el caso por la vía amistosa, la cual será considerada por las víctimas y sus representantes.

 

Audiencias de Perú ante la CIDH

Lun, 13/03/2006

El 11 de marzo pasado el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participó de cuatro audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre diferentes cuestiones relacionadas con derechos humanos en Perú. Los temas tratados fueron el cumplimiento que el Estado peruano le está dando a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la obligación estatal de investigar y juzgar crímenes internacionales, la justicia militar y el problema de la discriminación por orientación sexual. CEJIL y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH) presentaron información y una serie de peticiones a la CIDH. Representantes del Estado peruano estuvieron presentes en todas las audiencias.
 
En la audiencia de seguimiento a las recomendaciones de la CVR, CEJIL y la CNDDHH le plantearon a la CIDH que el Estado aún tiene pendiente el cumplimiento de algunos de los compromisos asumidos en el área de justicia, reparación a las víctimas y reformas institucionales. Estas recomendaciones forman parte del informe final que la CVR presentó al Estado peruano en agosto de 2003. Se señaló específicamente que en estas áreas no se ha avanzado lo suficiente y que, incluso, en algunas se detectan retrocesos, sobre todo en la lucha contra la impunidad y las reparaciones a las víctimas. Se le pidió a la CIDH que ordene al Estado la investigación completa y efectiva de las amenazas contra defensores y defensoras de derechos humanos, víctimas, testigos y operadores de justicia derivadas del avance en los juicios por violación de derechos humanos. Asimismo las organizaciones solicitaron a la Comisión que realice una visita a Perú después del cambio de gobierno por la importancia que tiene la implementación de estas recomendaciones para la conformación de una democracia inclusiva.
 
La segunda audiencia del día trató sobre la obligación de los Estados de investigar y juzgar a responsables de crímenes internacionales. En la misma se le extendió una solicitud a la CIDH para que ésta se pronuncie respecto de la obligación que tienen los Estados miembros de la OEA de garantizar colectivamente la implementación de las decisiones de los órganos del sistema interamericano, y la obligación de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones a los derechos humanos constitutivas de crímenes internacionales, así como de cooperar entre sí para posibilitar el cumplimiento de dicha obligación por parte de los demás Estados.
 
En cuanto a la justicia militar en Perú, las organizaciones denunciaron la existencia de legislación abiertamente incompatible con los estándares internacionales en materia de competencia, independencia e imparcialidad de los jueces. En concreto se refirieron a la ley de organización, funciones y competencia de la jurisdicción especializada en materia penal militar policial (Ley 28665) y el Código de Justicia Militar Policial (CJMP).
 
Se señaló que la Ley 28665 y el CJMP desconocen el carácter excepcional y restrictivo que debe tener la jurisdicción militar en sociedades democráticas. Según la citada ley los militares en actividad integran la jurisdicción militar. En cuanto al Código, permite que las violaciones de derechos humanos sean juzgadas por tribunales militares ya que tipifica como delitos conductas que afectan bienes jurídicos de carácter común y no militar. En este sentido, se hizo referencia a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que la justicia militar sólo puede aplicarse a militares.
 
La audiencia temática para analizar la situación de discriminación por orientación sexual en Perú fue solicitada por el Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (DEMUS), el Movimiento Homosexual de Lima (MOHL) y CEJIL. Se informó sobre varias prácticas discriminatorias y violentas contra gays y lesbianas que se dan tanto en el ámbito laboral, como en la vía pública y los comercios. Se le pidió a la CIDH que aplique los estándares de otros sistemas internacionales de protección para los casos que tiene en trámite sobre temas de discriminación sexual. También se le pidió a la CIDH que inste al Estado a tomar medidas positivas para erradicar prácticas socio-culturales y discursos adversos a la libre expresión de identidades, actitudes y prácticas de género y sexuales que no se ajustan a lo heterosexual.
 

ONG´s pidieron pronta visita de la CIDH a Venezuela

Lun, 13/03/2006

Organizaciones venezolanas de derechos humanos expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aspectos preocupantes ligados al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela y solicitaron que la CIDH visite el país de manera pronta. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó la presentación y la solicitud de visita realizada por las organizaciones presentes. Además de CEJIL participaron en la audiencia, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Servicio Jesuita de Refugiados, COFAVIC, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Espacio Público. La audiencia contó también con la presencia de representantes del Estado venezolano y se llevó a cabo en el marco del 124° período de sesiones que se está celebrando en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
Las organizaciones se refirieron a la tendencia sostenida de parte de distintas autoridades del Estado a la descalificación pública del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela. Esta actitud de descrédito, informaron las organizaciones, se refleja tanto al interior del país como en las gestiones realizadas por defensores y defensoras ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Manifestaron asimismo que dicha actitud no sólo afecta el trabajo de protección que realizan estas personas sino que además coloca a las víctimas que éstos protegen en una situación de desprotección.
 
Para ilustrar la situación, CEJIL y las organizaciones venezolanas se refirieron a lo sucedido con las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana para los reclusos del Internado Judicial La Pica. Al respecto, se informó que días antes que tuviera lugar una audiencia pública de dicho tribunal se sucedieron una serie de descalificaciones públicas y permanentes sobre el trabajo realizado por la organización que representó a las víctimas beneficiarias de dichas medidas (el Observatorio Venezolano de Prisiones), llegando a ser algunas de ellas inclusivo agresivas. En la resolución de la Corte que ratificó y amplió las medidas provisionales, dicho tribunal hizo una especial referencia a la obligación del Estado de proteger y respetar el trabajo de las personas y organizaciones que defienden los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
 
Se hizo mención de otras organizaciones que también han sido víctimas de descalificación y deslegitimación de su trabajo por parte de autoridades estatales. Ellas son COFAVIC, la Comisión de Justicia y Paz de Aragua y el Observatorio Venezolano de Prisiones.
 
Al finalizar sus presentaciones, CEJIL y las organizaciones presentes realizaron una serie de peticiones a la CIDH. En primer lugar le pidieron que inste al Estado venezolano a reconocer la legitimidad del trabajo que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos. En materia legislativa, solicitaron que la CIDH dé seguimiento a los anteproyectos y proyectos de ley existentes en Venezuela que puedan afectar, obstaculizar o amenazar la labor que realizan los defensores y las defensoras para que, en caso que sea necesario, pueda hacer las debidas advertencias. Por último pidieron que la CIDH realice una pronta visita al país incorporando en su agenda como tema de suma prioridad todo lo relacionado con la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
 

Organizaciones de derechos humanos le piden a la CIDH que cree una relatoría independiente para la mujer

Mié, 08/03/2006

En el día internacional de la mujer, organizaciones de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fortalezca su trabajo en el área de los derechos de la mujer a través de la creación de una relatoría independiente. El pedido se hizo mediante la presentación de una carta firmada por más de cuarenta organizaciones de toda América. La CIDH se encuentra reunida en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.
 
En la carta se reconoce el trabajo realizado por la CIDH en defensa y protección de los derechos humanos de la mujer mediante su Relatoría de la Mujer. Sin embargo señala que es necesario fortalecer ese mecanismo de vigilancia a través de la creación de una relatoría independiente y autónoma que cuente con una experta de dedicación exclusiva y elegida mediante concurso público. Finalmente la carta subraya la importancia de que se le garanticen los recursos necesarios que le permitan un efectivo cumplimiento de sus funciones.
 
Se adjunta la lista completa de las organizaciones y personas firmantes.
 
 
Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Argentina
Afro América XXI
AFRODES
Amnistía Internacional
B’nai B’rith International
Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Capítulo Peruano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo
Carlos Ayala
Centro de Asesoría Laboral del Perú (CEDAL)
Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, México
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas”, Chiapas, México
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, O.P., México
Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas, México
Centro de Derechos Reproductivos, Nueva York
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina
Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo", Colombia
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Corporación Jurídica Libertad, Colombia
Corporación SISMA Mujer, Colombia
Derechos y Democracia, Canadá
El Foro de Mujeres del MERCOSUR, Capítulo Paraguay
Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS), Perú
Fundación Comité Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia
Global Rights – Partners for Justice, Estados Unidos
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Medellín, Colombia
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Costa Rica
International Women’s Human Rights Law Clinic, CUNY Law School, New York
Asesorío Jurídica Popular, México
Mesa Nacional para las Migraciones de República Dominicana
Oficina Jurídica para la Mujer, Cochabamba, Bolivia
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Red Alas – Académicas Latinoamericanas
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos,” México
Servicio Jesuita de Refugiados, Venezuela

Guía para recopilar información que respalde una petición ante el sistema interamericano

Guía para recopilar información que respalde una petición ante el SI

Con este material, CEJIL pretende apoyar a usuarios actuales y potenciales del sistema interamericano para reunir y sistematizar la información necesaria para la mejor documentación relacionada con la violación de derechos humanos que se denuncia, de modo de poder sustentar la estrategia mas adecuada para la defensa de los derechos.

Basado en su propia experiencia CEJIL presenta un material accesible y práctico, que constituye un primer paso en el camino de la documentación.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2006
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos.

Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos.

Desde la publicación de su primera edición en 1997, esta compilación ha servido a centenares de personas (académicos, defensoras/es de derechos humanos, víctimas y familiares) en su camino para obtener justicia ante los órganos de protección interamericanos.

El volumen reúne los principales textos del derecho interamericano de los derechos humanos, incluyendo los reglamentos y estatutos de la Corte y la Comisión Interamericanas, así como los datos actualizados sobre el estado de su ratificación.


Tipo de publicación: Compilación de normas
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2007
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Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos: La protección de los Derechos Humanos en el sistema interamericano

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos

En este volumen CEJIL reseña su experiencia de trabajo como equipo de abogados/as y defensoras/es especializados/as en la defensa de los derechos humanos en las Américas y en el uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Se trata de una guía eminentemente práctica, enfocada hacia la promoción y protección de los derechos humanos tanto a través de la vía contenciosa como respecto del trabajo de incidencia o cabildeo para aportar al fortalecimiento y promoción del sistema interamericano.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2007
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Pendientes de Honduras tras la condena de asesinos de ecologistas

Jue, 03/07/2008

San José, Costa Rica

 

El pasado 1 de julio, el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho condenó a cuatro policías por los asesinatos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo, líderes ambientalistas del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), en Honduras.

Los asesinatos de Zúñiga y Murillo provocaron que en diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas de protección para garantizar la vida e integridad personal de otros líderes de MAO, a petición de esta organización y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La Comisión solicitó al Gobierno de Honduras “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios e informar sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que las justifican”.

Si bien el Estado de Honduras ha brindado protección personal a los beneficiarios de las medidas cautelares, existe preocupación porque los responsables de proteger a los ambientalistas son policías, siendo que también fueron policías los asesinos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo.

La sanción penal impuesta por los tribunales hondureños a los cuatro policías asesinos es un avance importante en la justicia del país, pero está pendiente la investigación de la autoría intelectual. También está pendiente la investigación de otras muertes de defensores y defensoras del ambiente, como la de Carlos Luna, Carlos Escaleras y Blanca Jeannette Kawas, entre otros. Estos tres casos son litigados por CEJIL y el ERIC ante la Comisión Interamericana, ya que el Estado hondureño no fue capaz de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

El caso Kawas fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de este año. En su demanda, la CIDH expuso que,”las defensoras y defensores ambientalistas han sido víctimas de actos de hostigamientos, amenazas, persecuciones y asesinatos por parte de diversos sectores vinculados a la práctica ilegal de explotación de los recursos naturales en Honduras. Esta situación ha sido denunciada en varias instancias internacionales, tanto por organismos internacionales de protección de derechos humanos como por organizaciones no gubernamentales”.

En este caso, la CIDH como medida de reparación solicitó al Estado “adoptar en forma prioritaria una política de erradicación de la violencia contra las defensoras y defensores de los recursos naturales que incluya medidas de prevención y protección”. Así como formular “una política pública de lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores de los derechos humanos” Ante la omisión del Estado de cumplir con estas directrices, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte.

CEJIL espera que la condena de los asesinos de Zúñiga y Murillo sea una muestra de que la justicia hondureña está dando pasos importantes hacia la erradicación de la impunidad; principalmente, porque esta impunidad ha permitido que se genere un contexto de violencia contra los ambientalistas en Honduras, sin que el Estado haya asumido eficazmente medidas de prevención e investigación.

 

Contacto en Costa Rica:

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 506-2280-7473/7608

Fax: 506-2280-52

Móvil: 506-8830-5085

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CIDH solicitó a México proteger a defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero

Mié, 09/07/2008

San José, Costa Rica

 

El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de 41 personas en el Estado de Guerrero, México, miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa-Tlapaneco (OPIM/OPIT), con el fin de proteger su vida y su integridad.

Se trata de una ampliación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en enero de 2005 a favor de otros miembros de la OPIM, entre ellos Obtilia Eugenio Manuel, quien fue víctima de amenazas después de denunciar la violación sexual de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de elementos del ejército, casos que actualmente son del conocimiento de la CIDH.

Esta es la segunda ocasión en que la CIDH decide ampliar las medidas cautelares para proteger a los miembros de esta organización. La primera vez fue en septiembre de 2007, debido al temor que existía por su integridad y seguridad personal.

La solicitud de la CIDH al Estado mexicano se da en virtud de las amenazas, actos de hostigamiento e intimidación que sufren los miembros de la OPIT con el propósito de amedrentarlos y limitar su actividad como defensores de derechos humanos. Entre los hechos que la CIDH consideró para ampliar las medidas y determinar que la vida e integridad personal de los miembros de la OPIT están en riesgo se encuentra el asesinato del hermano de Inés Fernández, cuyo cuerpo mostró signos de tortura. Asimismo, la detención en un retén militar de Natalio Ortega y Romualdo Santiago, ambos sobrinos de Inés Fernández, Raúl Hernández, Orlando Manzanares, líder de la OPIT en la comunidad de Camalote y quién representó y acompañó a víctimas de esterilización forzada en su demanda contra el gobierno estatal y Manuel Cruz, víctima de esterilización forzada.

Estas medidas cautelares ordenadas por la CIDH tienen especial relevancia porque pretenden proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que han ejercido una valiosa labor en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo indígena me’phaa.

En su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006, la CIDH expresó “que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia” y reconoció al igual que la Corte Interamericana que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen [su] trabajo […]”.

Las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares esperamos que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales e implemente en forma inmediata mecanismos que garanticen la vida y la integridad de las personas beneficiarias de tales medidas. Asimismo es importante que se lleve a cabo un proceso judicial justo, imparcial y apegado a derecho en el caso de los 5 detenidos el 17 de abril de 2008 para que se garantice su derecho al debido proceso y a las garantías judiciales. También se espera que México realice una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para determinar a los responsables de los hechos que motivaron las medidas de protección.

 

Contacto en Costa Rica:

Nancy Marín Espinoza

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL y organizaciones colombianas insisten ante la CIDH sobre la necesidad de fiscalizar el proceso de desmovilizacion de paramilitares

Mar, 07/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y varias organizaciones colombianas solicitaron, ayer, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie de manera urgente sobre la incompatibilidad del marco jurídico del proceso de desmovilización de paramilitares con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, las organizaciones llamaron nuevamente la atención a la CIDH acerca de la ausencia de garantías respecto del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el proceso que está verificando la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). El pedido tuvo lugar en el marco del 124° período ordinario de sesiones de la CIDH que se está llevando a cabo en la sede de la organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones presentes expresaron nuevamente su disconformidad con la manera en que se está llevando a cabo el actual proceso de desmovilización de paramilitares, y sus preocupaciones sobre la ausencia de atención a temas de derechos humanos en los informes de la MAPP/OEA acerca de este proceso. Al respecto, CEJIL y las organizaciones colombianas insistieron en la necesidad de un pronunciamiento jurídico y oficial de la CIDH acerca del marco legal del proceso de desmovilización. Esto se hace más urgente en la medida en que el nuevo informe sobre la MAPP/OEA se pronunció elogiosamente sobre el decreto que reglamenta la llamada Ley de Justicia y Paz.

Para facilitar una asesoría de la CIDH a la MAPP/OEA que contribuya a la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia, las organizaciones presentes señalaron la importancia de que la MAPP entregue a la CIDH toda la información que aquella recoja y reciba sobre violaciones al cese de hostilidades. Asimismo, recomendaron que cada vez que haya un informe sobre la MAPP/OEA la CIDH emita un informe autónomo que analice el proceso de desarme, desmovilización y reinserción paramilitar desde la perspectiva de los derechos humanos en el cual recoja información de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la información que recibe de la misma MAPP. Dicho informe también debe incluir un seguimiento de la aplicación del marco jurídico de desmovilización dirigido a promover una revisión de las leyes que se están aplicando.

También se le solicitó a la CIDH que elabore un informe especial sobre el tema de tierras y desplazamiento forzado interno y transfronterizo en Colombia, tema particularmente relevante debido al trabajo de verificación que debe hacer la MAPP/OEA para la efectiva desarticulación de las estructuras paramilitares.

“Para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, la CIDH debe dedicarse de manera particular a estudiar la situación de los 3 millones de colombianos y colombianas que se vieron en la obligación de salir de sus lugares habituales de residencia o trabajo entre 1995 y 2005,” manifestaron las organizaciones en la audiencia. Debido a la importancia de este tema, las organizaciones solicitaron que la CIDH designe una comisión especial que realice una visita a Colombia y estudie de manera específica el tema de tierras y desplazamiento forzado.

Junto a CEJIL participaron de la audiencia, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Sisma Mujer, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Reiniciar y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

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