Defensores de derechos humanos

Un "baño de sangre" sería responsabilidad del gobierno de facto

Declaración del Observatorio sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

El regreso a Tegucigalpa del presidente legítimamente elegido en Honduras, Manuel Zelaya, debe contribuir a una salida pacífica de la crisis y a un retorno del orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio.

Mar, 22/09/2009

San José de Costa Rica, 22 de septiembre de 2009

El regreso a Tegucigalpa del presidente legítimamente elegido en Honduras, Manuel Zelaya, debe contribuir a una salida pacífica de la crisis y a un retorno del orden constitucional interrumpido por el golpe de Estado ocurrido el 28 de junio.

Condenamos una vez más el uso del toque de queda por parte del gobierno de facto como un instrumento de control de la participación ciudadana. Reiteramos que de producirse un "baño de sangre", como lo han anunciado los golpistas en reiteradas ocasiones si el Presidente Zelaya regresara, sería responsabilidad directa del gobierno de facto, que ya tendría que responder por el crimen de persecución política ante la Corte Penal Internacional.

En este sentido, el OISDHHN exige al gobierno de facto que se abstenga de reprimir la movilización ciudadana y evitar la emisión de mensajes que contribuyan a la violencia y, en cambio, permitir el regreso de las autoridades legítimas, asegurar el respeto por los derechos humanos y facilitar un diálogo nacional que contribuya a la salida definitiva de la crisis.

La Resistencia y demás formas de manifestación por la democracia en Honduras que merecen toda nuestra solidaridad, pueden contribuir a este retorno a la democracia con sus propuestas para superar la crisis, su reafirmación de la no violencia y su formidable experiencia de movilización y participación.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Federación de Derechos Humanos de España

Suedwind - Austria

IBIS - Dinamarca

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) - Colombia

Otorgan medidas cautelares para dirigentes del Movimiento Ambientalista de Olancho en Honduras

Mar, 26/12/2006

El pasado 22 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado de Honduras la adopción de medidas urgentes para garantizar la vida e integridad física de los señores Padre Andrés Tamayo, Santos Efraín Paguada, Víctor Manuel Ochoa, René Wilfredo Gradiz, Macario Zelaya y Pedro Amado Acosta, todos líderes del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) en Honduras.

 

 

 

Desde el 31 de mayo del 2006 MAO y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron las amenazas de muerte en contra de los dirigentes ambientalistas e insistieron ante la Comisión Interamericana sobre la necesidad de ordenar a Honduras medidas de protección.

 

 

 

Las amenazas contra los ambientalistas surgen como consecuencia de las denuncias reiteradas sobre la tala ilegal de los bosques de Honduras, especialmente de Olancho, el departamento más grande del país. Hasta hace pocos meses, y por primera vez en la historia de Honduras, tales denuncias tuvieron eco, pues el 19 de mayo el Presidente Manuel Zelaya declaró una veda forestal inmediata de la tala de árboles en varios municipios de ese departamento. Los explotadores de los bosques hondureños culpan al MAO, de la declaratoria presidencial.

 

Las medidas cautelares fueron concedidas en virtud de que el pasado miércoles 20 de diciembre, los señores Heraldo Zuñiga y Roger Ivan Cartagena, miembros de MAO, fueron asesinados. Según la información obtenida hasta ahora los responsables son policías hondureños ligados a los intereses madereros de empresas económica y políticamente poderosas. Estas muertes se suman a otras muchas de defensores y defensoras del medio ambiente, por lo que internacionalmente se habla de que en Honduras existe una práctica sistemática de asesinatos de líderes ambientalistas.

 

Ahora, el Estado hondureño tiene una obligación ante la comunidad internacional de Estados, cual es adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la integridad y la vida de los integrantes del MAO, así como crear las condiciones necesarias para que puedan continuar con la defensa del medio ambiente.

 

 

El Estado de Honduras debe informar a la Comisión Interamericana sobre el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas a más tardar el día 6 de enero del 2007.

 

MAO y CEJIL repudian las muertes de los líderes ambientalistas Heraldo Zuñiga y Roger Ivan Cartagena y exigen una investigación efectiva para identificar y sancionar a los responsables de dichas ejecuciones. Asimismo, esperan que el Estado hondureño implemente en forma inmediata las medidas que sean necesarias para proteger a los restantes dirigentes ambientalistas.

 

 

Condena internacional a Perú en el caso "La Cantuta"

Jue, 21/12/2006

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo que condena internacionalmente a Perú por la violación de los derechos humanos de nueve estudiantes y un profesor universitario de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”. Los hechos del caso ocurrieron el 18 de julio de 1992 cuando miembros del denominado “Grupo Colina” irrumpieron violentamente en “La Cantuta”, y detuvieron, desaparecieron y ejecutaron a las víctimas. Este caso es emblemático de los graves crímenes internacionales cometidos durante el gobierno del ex Presidente Alberto Fujimori y de los múltiples mecanismos implementados para garantizar su impunidad.

 

La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) representaron a los familiares de las víctimas ante la Corte Interamericana. La Corte en su decisión encontró responsable a Perú por haber violado los derechos a la vida, integridad física, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de las víctimas, y los derechos a la integridad física, garantías judiciales y protección judicial de sus familiares consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

“En su fallo, el tribunal ha establecido que los hechos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad que se cometieron a través de una estructura de poder organizado (párr. 84) , es decir, reconoce que los actos llevados a cabo fueron de conocimiento y coordinados desde las más altas esferas del poder”, informó Gloria Cano, abogada de APRODEH.

 

En efecto, la Corte ha reconocido como hecho probado que “la planeación y ejecución de la detención y posteriores actos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial o desaparición forzada de las víctimas, (…) no habrían podido perpetrarse sin el conocimiento y órdenes superiores de las más altas esferas del poder ejecutivo y de las fuerzas militares y de inteligencia de ese entonces, específicamente de las jefaturas de inteligencia y del mismo Presidente de la República” (Párr. 96).

 

Cano informó además que la Corte llamó la atención sobre los resultados parciales que han arrojado hasta el momento los procesos judiciales abiertos, y ordenó realizar inmediatamente todas las diligencias para completarlos (Párr. 226). “Además, el Estado debe iniciar procesos contra los autores materiales e intelectuales que no están siendo investigados y activar las investigaciones contra quienes fueron investigados, condenados, absueltos o sobreseídos por el fuero militar, como el ex Comandante General de las FFAA, Nicolás Hermosa Ríos, y el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos”, indicó la abogada de APRODEH.

 

De otro lado, la Corte afirma que “la ausencia de uno de los principales procesados, el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori (…), determinan una parte importante de la impunidad de los hechos” y que por lo tanto, el Perú debe proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Al respecto, el Tribunal señala que los Estados Partes en la Convención deben colaborar entre sí para erradicar la impunidad de las violaciones cometidas en este caso (párr. 227).

 

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del CEJIL, afirmó: “la sentencia de la Corte Interamericana exige al Perú que continúe impulsando el proceso de extradición de Fujimori, así como afirma la obligación internacional de Chile de cooperar en este sentido para que el ex presidente sea juzgado y castigado por los graves crímenes revelados en este caso evitando de esa manera que los hechos queden en la impunidad”.

 

Asimismo, Gloria Cano destacó el hecho que la Corte reconozca y valore el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación “como un esfuerzo muy importante que ha contribuido a la búsqueda y determinación de la verdad de un período histórico del Perú”.

 

CEJIL y APRODEH, co-peticionarios ante la Corte, le recuerdan al Estado peruano que las sentencias de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la OEA que han aceptado su competencia.

 

 

 

 

 

Notas:

 

· Como medida de satisfacción, la Corte ordena al Estado publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional partes de la sentencia (párr. 237); así como proveer, por medio de los servicios nacionales de salud, el tratamiento adecuado que requieran los familiares de las víctimas (párr. 238).

 

· Asimismo, el Estado debe implementar programas permanentes de educación en derechos humanos para los miembros de los servicios de inteligencia, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como para fiscales y jueces, en cuanto a los estándares internacionales en materia de protección judicial de derechos humanos (párrs. 240 y 241).

 

· De otro lado, la Corte establece que el Estado debe asegurar, dentro del plazo de un año, que las 10 personas declaradas como víctimas se encuentren representadas en el monumento “El Ojo que llora”, obra creada a instancias de la sociedad civil y con la colaboración de autoridades estatales, que constituye un importante reconocimiento público a las víctimas de la violencia en el Perú.

CEJIL y organizaciones ecuatorianas denuncian ante la CIDH la violencia e impunidad en la frontera de Ecuador y Colombia

Mié, 25/10/2006

n el marco del 126 período ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), junto con el Comité de Derechos Humanos de Shushufindi, la Pastoral Social- Vicariato de Aguarico, y la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (Clínica PUCE), presentaron ante la Comisión la situación de alarmante violencia e impunidad que viven los pobladores de la frontera norte de Ecuador y Colombia.
 
Durante esta audiencia se entregó un informe en el que se registraron 715 casos de homicidios violentos desde el año 2000 hasta el presente en la provincia de Sucumbíos, especialmente en las localidades de Lago Agrio y Shushufindi. Los peticionarios expresaron gran preocupación por el aumento y características de hechos de violencia nunca antes vistos en esta zona. En la mayoría de los casos se han encontrado cadáveres abandonados en la vía pública, a plena luz del día, y ejecutados con extrema brutalidad y crueldad.
 
Además, los peticionarios expresaron su preocupación por la impunidad total que rodea estos hechos de violencia, los cuales en su mayoría no son esclarecidos ni procesados judicialmente. Asimismo, recordaron al Estado de Ecuador su obligación internacional de iniciar investigaciones judiciales de oficio en este tipo de casos.
 
Los peticionarios reconocieron que la grave situación de derechos humanos en la frontera norte de Ecuador no está siendo visualizada por las autoridades ecuatorianas y colombianas, ni por la comunidad internacional.
 
Por último, las organizaciones peticionarias solicitaron que la Comisión haga una visita a la zona, monitoree la situación de derechos humanos en la frontera de Ecuador y Colombia, y recomiende al Estado de Ecuador la toma de medidas de carácter urgente, así como el inicio de investigaciones judiciales relacionadas con los hechos de violencia denunciados en esta audiencia.
 
 

Gobierno peruano debe rendir cuentas ante la CIDH

Vie, 20/10/2006

El día de ayer, el gobierno peruano informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el cumplimiento de las recomendaciones que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú y la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos. Se sostuvieron dos audiencias para abordar estos temas, en el marco del 126° período de sesiones de la CIDH que está teniendo lugar en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C. En las mismas estuvieron presentes Hans Landolt, Gloria Cano, Javier Mujica y Pablo Rojas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; y, María Clara Galvis, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

Las organizaciones peticionarias informaron a la CIDH que víctimas de violaciones de derechos humanos, en Perú, no cuentan con patrocinio legal gratuito, mientras que militares acusados de violarlos si cuentan con asesoría en ese sentido. Ante este reclamo, el gobierno se comprometió a resolver esta situación.

 

Un asunto de gran preocupación que fue ventilado en las audiencias es la existencia de tres proyectos de ley en el Congreso peruano que amplían las causales para aplicar la pena de muerte. Los representantes estatales reconocieron que esto va en contra de los estándares internacionales de derechos humanos. Los peticionarios solicitaron que, en congruencia con estas declaraciones, el poder ejecutivo peruano retire del congreso los mencionados proyectos.

 

 

Por otra parte, el tema del proceso de extradición de Alberto Fujimori también fue abordado. La Comisión Interamericana preguntó al gobierno peruano sobre el estado en que se encuentra el mismo a lo cual éste respondió con su compromiso de impulsarlo.

 

 

Finalmente, los peticionarios pidieron que se detenga la campaña en contra de las organizaciones no gubernamentales de defensores y defensoras de derechos humanos y la situación de inseguridad en que las mismas se encuentran. Los representantes estatales no dieron una respuesta concreta al cuestionamiento que se les hizo al respecto.

 

Las organizaciones esperan que según lo manifestado por el gobierno en las audiencias, éste se apegue a los estándares internacionales de derechos humanos.

CEJIL participa en audiencias ante la CIDH

Mié, 18/10/2006

Desde el 19 y hasta el 24 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con otras organizaciones y víctimas de violaciones de derechos humanos del continente americano, participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de su 126º período ordinario de sesiones. A través de estas sesiones, CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas.

 

Durante el primer día de audiencias, CEJIL expondrá sobre la situación de los derechos humanos en Brasil, Guatemala, Perú y Venezuela. De esta manera, el trabajo esclavo al que son sometidos miles de trabajadores rurales que viven en extrema pobreza es el tema que aborda la audiencia de Brasil; la violencia de la que son víctimas la niñez y la adolescencia corresponde a la audiencia de Guatemala; el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú y el avance e implementación del Plan Nacional de los Derechos Humanos se presentarán en las audiencias de Perú. Asimismo, la libertad de expresión, las condiciones en las que se encuentran los defensores y defensoras de los derechos humanos, y el estado general de la institucionalidad y garantías son los temas a tratar en las audiencias de Venezuela.

 

El viernes 20 de octubre, CEJIL sostendrá reuniones de trabajo con la CIDH para abordar casos específicos de violaciones de derechos humanos en Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, y Perú.

 

Para la semana entrante, CEJIL presentará audiencias para Colombia, México, y la República Dominicana el lunes 23 de octubre, en las cuales se expondrá la situación del paramilitarismo y la desmovilización en Colombia; en las audiencias de México, el contexto delicado en el que se encuentra la población del Estado de Oaxaca, las políticas agrarias que afectan a los pueblos indígenas en Chiapas, y las violaciones sufridas por los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel. Ese mismo día, se presentara información sobre la situación de la violencia contra la mujer en República Dominicana y los pasos que se están dando para crear un nuevo Código Penal.

 

Para cerrar, el martes 24 de octubre estará reservado para presentar la situación de violencia y trasgresión de los derechos humanos de los habitantes en las fronteras entre Ecuador y Colombia. Y una audiencia de carácter regional respecto a la problemática de las mujeres privadas de libertad en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay y la presentación de propuestas para su inclusión en el proyecto de declaración de Personas Privadas de Libertad impulsada por la Comisión.

 

En el último día habrá audiencias de Argentina en relación con el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y el caso Correa Belisle que cuestiona aspectos de la justicia militar en ese país.

CEJIL le recuerda al Estado colombiano sus compromisos internacionales frente al proceso de desmovilización

Vie, 04/08/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) sigue de cerca los pronunciamientos recientes de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los compromisos internacionales del Estado colombiano en relación con el actual proceso de desmovilización de los grupos armados al margen de la ley. Ambos órganos recordaron a Colombia su obligación de esclarecer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables de estas violaciones, y reparar adecuadamente a las víctimas de las mismas.

 

Frente a la anunciada emisión de un nuevo Decreto Reglamentario de la Ley 975 de 2005 (“Ley de Justicia y Paz”), CEJIL insta al Gobierno colombiano a honrar plenamente sus compromisos internacionales y a acatar los pronunciamientos del sistema interamericano. La Corte Constitucional colombiana ya se basó en estas obligaciones al establecer, en su sentencia sobre la Ley de Justicia y Paz, que la versión libre que rinde el desmovilizado debe ser completa y veraz. Asimismo, la aplicación de la llamada pena alternativa debe ser condicionada al cumplimiento por parte del desmovilizado en el futuro de todas las obligaciones que le permiten acceder a ella, y no se le debe computar como tiempo de privación de la libertad el que permaneció en las llamadas “zonas de ubicación”. Por otra parte todo su patrimonio –sin distinción entre bienes adquiridos licita o ilícitamente- debe quedar a disposición de la justicia para garantizar que el Estado cumpla con la obligación de reparación a las víctimas.

 

El pasado 26 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia en el Caso de las Masacres de Ituango, estableció que existe una “falta de efectividad en la desarticulación de las estructuras paramilitares”, y reiteró su jurisprudencia histórica al insistir en que “ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir al Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos”.

 

De igual manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó el 1º de agosto en su Pronunciamiento sobre la Aplicación y el Alcance de la Ley de Justicia y Paz en la República de Colombia, que la protección de los derechos de las víctimas del conflicto colombiano a la verdad, la justicia y la reparación requiere el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado colombiano. Muchas de éstas están recogidas en la sentencia de la Corte Constitucional sobre la Ley de Justicia y Paz. La CIDH también señaló que el Estado debe hacer públicas las medidas tomadas en el proceso de negociación y desmovilización, “a fin de que toda la sociedad colombiana pueda acompañar y fiscalizar su desarrollo”.

 

Los pronunciamientos de los órganos del sistema interamericano llegan en un momento oportuno, ya que es inminente la fase de aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Incluso, información de prensa indica que el Gobierno colombiano se está preparando para reglamentar nuevamente esa ley. CEJIL observa con extrema preocupación el hecho que el proyecto de ese Decreto reestablece varios de los elementos modificados por la Corte Constitucional por ser contrarios a los principios internacionales.

 

CEJIL recuerda asimismo, que el proceso de desmovilización no puede desconocer los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha asumido, y que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia reiterada de la Corte Interamericana le prohíbe crear disposiciones de derecho interno que obstaculizan el cumplimiento de estos compromisos. En este sentido, la sentencia de la Corte Interamericana en el Caso de las Masacres de Ituango y el pronunciamiento de la Comisión Interamericana sobre la aplicación y el alcance de la Ley de Justicia y Paz, establecen de manera específica cuáles son las obligaciones que las instituciones del Estado deben cumplir en cuanto a la implementación del marco legal de desmovilización. El documento emitido por la Comisión Interamericana destaca de manera particular algunos elementos de la sentencia de la Corte Constitucional sobre dicha ley, los cuales “deben ser materia de estricto cumplimiento”. De no ser así, el marco legal del proceso podría ser invalidado posteriormente por la Corte Interamericana u otro tribunal internacional.

 

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL hizo la siguiente exhortación al gobierno: “Llamamos al Estado colombiano para que implemente la Ley de Justicia y Paz de manera pública y transparente, permitiendo así a la sociedad colombiana participar en esta importante etapa de la vida pública del país. Insistimos también en que el Estado dé estricto cumplimiento a sus obligaciones de esclarecer la verdad y establecer el destino de los secuestrados y desaparecidos, sancionar proporcionalmente a los responsables de graves violaciones de derechos humanos, y reparar adecuadamente a las víctimas del conflicto, a fin de proteger los derechos de las víctimas y garantizar la no repetición del fenómeno paramilitar”.

 

CEJIL considera que la inminente aplicación de la Ley de Justicia y Paz representa una oportunidad importante para que el Estado colombiano honre los compromisos internacionales resaltados por la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CEJIL expresa preocupación por proyecto de ley en Venezuela

Vie, 07/07/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa gran preocupación por el proyecto de ley sobre cooperación internacional que se discute en la Asamblea Nacional de Venezuela, el cual puede convertirse en un grave obstáculo para el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos en ese país.

 

El pasado 13 de junio la Asamblea Nacional Venezolana aprobó, en primera discusión, el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional que establece un régimen jurídico que regulará, entre otros aspectos, el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales locales y de las internacionales que realicen actividades en Venezuela. De acuerdo al texto del proyecto, el Estado venezolano crearía los organismos administrativos y financieros destinados a organizar y supervisar la ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas, acciones y actividades que se lleven a cabo en materia de cooperación internacional. Dentro de ese marco general, el proyecto prevé la regulación y control de las organizaciones no gubernamentales, y específicamente, de sus objetivos, actividades y fuentes.

 

El capítulo 3 del proyecto se refiere a la participación social en la cooperación internacional y establece, entre otros puntos, que las organizaciones no gubernamentales deben registrarse ante un órgano estatal para lo cual deben cumplir con los requisitos fijados por la ley. CEJIL no desconoce las atribuciones legítimas que tienen los Estados para regular adecuadamente la convivencia de sus sociedades. Sin embargo, llama la atención del Estado venezolano para que, al momento de establecer los requisitos para el registro de organizaciones no gubernamentales y los mecanismos de verificación de cumplimiento de los mismos, no se creen interferencias u obstáculos, ni directos ni indirectos, que impidan o entorpezcan el funcionamiento autónomo de estas organizaciones ni el ejercicio normal de sus actividades.

 

CEJIL considera que los términos en los que fue aprobado el proyecto de ley en su primera discusión podrían afectar negativamente el funcionamiento y el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en general. De este modo, se estaría generando en Venezuela un escenario propicio para obstaculizar, a través de vías legislativas e institucionales, el funcionamiento de organizaciones defensoras de derechos humanos y otras organizaciones sociales. El proyecto prevé, entre otros aspectos de preocupación, una injerencia indebida del Estado en los fines y en las actividades de estas organizaciones, que podría afectar varios de los derechos humanos protegidos en la Convención Americana y en la propia Constitución venezolana, entre ellos, el derecho de asociación.

 

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identificó los controles administrativos y financieros arbitrarios a las organizaciones de derechos humanos como uno de los problemas más comunes que enfrentan los defensores y defensoras de estos derechos en la región. Al respecto, en su informe de situación de defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, la Comisión señaló que en algunos Estados se ha restringido “de manera arbitraria la financiación internacional de las organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, a través de la acción de control que realizan instituciones estatales dedicadas a la cooperación técnica internacional.”

 

La CIDH también reconoce en su informe que “los Estados tienen la facultad para reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro de sus jurisdicciones, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. No obstante el derecho de asociarse libremente sin interferencias prescribe que los Estados deben asegurar que dichos requisitos legales no impedirán, retrasarán o limitarán la creación o funcionamiento de estas organizaciones, so pena de incurrir en responsabilidad internacional.”

 

En consonancia con lo dicho por la CIDH, CEJIL reconoce la autonomía que tiene el Estado venezolano de regular los términos de cooperación internacional. Sin embargo considera importante señalar que el Estado está también obligado a ejercer esta facultad preservando la libertad de asociación de las personas y en un marco de pleno respeto a los derechos humanos y acorde tanto con su Constitución como con sus obligaciones adquiridas en los tratados internacionales que ha firmado y ratificado.

 

CEJIL también señala su profunda preocupación por las expresiones descalificadoras e intimidatorios de algunos congresistas venezolanos a raíz de las críticas manifestadas por representantes de organizaciones no gubernamentales venezolanas al proyecto de ley. El debate público sobre normas de interés público y social, respetuoso de la crítica y las diferencias, propias de una sociedad plural y democrática, debe ser garantizado por todos los órganos del Estado.

 

CEJIL urge al Estado venezolano a ajustar el contenido del actual proyecto de ley a los estándares internacionales en materia de derechos humanos de manera de garantizar el pleno respeto de todos los derechos, y, de modo particular, del derecho de asociación. Asimismo, solicita al Estado de Venezuela respetar y garantizar a los miembros y representantes de las organizaciones no gubernamentales el libre y pleno ejercicio del derecho de libertad de pensamiento y expresión.

Fallo de la Corte de Constitucionalidad guatemalteca impide declaraciones de violadores de derechos humanos

Jue, 29/06/2006

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca (CC) otorgó hace dos días un amparo provisional al General Efraín Ríos Montt, lo que significó suspender las audiencias judiciales programadas para que rindiera declaración ante un juez y fiscal españoles. El juez Santiago Pedraz y el fiscal Jesús Alonzo viajaron a Guatemala para indagar a varios acusados por la ejecución de cuatro sacerdotes españoles durante la época del conflicto interno guatemalteco y por los hechos ocurridos en la Embajada de España en ese país el 31 de enero de 1980.

 

Ese día, 29 campesinos y dirigentes de organizaciones populares ingresaron pacíficamente a la Embajada. Inmediatamente después, unos 400 policías rodearon la sede diplomática y pese a que el Embajador Dr. Máximo Cajal López les indicó que su presencia no era necesaria, los agentes estatales, por instrucciones de sus superiores, violaron la inmunidad diplomática y entraron a la Embajada. En ese momento se produjo una gran confusión y sobrevino un incendio. Hubo solamente dos sobrevivientes: el Embajador Cajal y el campesino Gregorio Yula. Ambos fueron internados en el Hospital Herrera Llerandi. El 1° de febrero, a las 8:30 de la noche un grupo fuertemente armado ingresó al Hospital y secuestró a Gregorio Yula. Posteriormente, su cuerpo sin vida fue arrojado desde un auto frente a la oficina del Rector de la Universidad de San Carlos. Al día siguiente el Gobierno de España rompió relaciones diplomáticas con Guatemala.

 

Una de las víctimas mortales del incendio de la Embajada fue Vicente Menchú, padre de Rigoberta Menchú, quien recibió el Premio Novel de la Paz en 1992. Ella y familiares de otras víctimas recurrieron en 1999 a la judicatura española ante la imposibilidad de obtener justicia en cortes guatemaltecas. En virtud del principio de jurisdicción universal, la Audiencia Nacional de España fue declarada competente para conocer los hechos denunciados, calificados por los denunciantes como genocidio. Los acusados son: Benedicto Lucas García, Óscar Mejía Víctores, Ángel Guevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo (ex jefe del comando Seis de la Policía Nacional), Donaldo Álvarez Ruiz (ex ministro de Gobernación) y Efraín Ríos Montt (ex presidente de facto).

 

Para recibir las declaraciones de los acusados, la autoridad judicial española solicitó apoyo a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ), la que designó a un juez nacional para que auxiliara las diligencias. Estas serían realizadas en Guatemala del 26 de junio al 4 de julio del 2006. Con el fin de evitar ser indagados por la autoridad judicial española los acusados presentaron alrededor de 14 recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Este Tribunal decidió amparar provisionalmente al General Ríos Montt alegando que la información enviada por la CSJ sobre la asistencia judicial requerida por las autoridades españolas consistió en dos copias de la resolución que autorizó la diligencia, lo que no fue suficiente.

 

Esta decisión y la suspensión de las diligencias se presentan en un delicado contexto para las organizaciones de derechos humanos que han apoyado las investigaciones, en especial preocupan los señalamientos realizados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) que las ha tildado como “fachadas” de la agresión comunista que buscan la destrucción del Ejército, desaparecer la propiedad privada y suprimir la libertad; y señalan el juicio español como un mal precedente para la gobernabilidad del país. Esta asociación incluso ha llamado públicamente a los oficiales especialistas, soldados, policías militares, comisionados militares, policías militares ambulantes, guardias de hacienda y patrulleros de Autodefensa Civil a estar “alerta”.

 

De hecho, según informes, varios activistas y organizaciones de derechos humanos ya han empezado a recibir amenazas e intimidaciones. La situación ha empeorado con el anuncio del Ejército de que el próximo 30 de junio desfilará en las calles guatemaltecas después de un decenio de la firma de los Acuerdos de Paz, lo que representa un serio retroceso para el proceso de democratización en el país.

 

 

CEJIL y WOLA como organizaciones regionales de derechos humanos que durante años han trabajado en Guatemala y denunciado internacionalmente la impunidad que impera en el país, consideran que el fallo constitucional hace incurrir al Estado en un incumplimiento de sus compromisos internacionales por no investigar, o permitir que se investigue, a los responsables de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, hacen un llamado a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva el fondo del recurso de amparo antes del 4 de julio a fin de que los funcionarios judiciales españoles puedan recibir la declaración de los sindicados.

 

Tanto familiares de las víctimas del incendio de la Embajada, como organizaciones de derechos humanos han esperado con ansiedad el juzgamiento en España de los autores materiales e intelectuales de los hechos, toda vez que las autoridades guatemaltecas han demostrado su incapacidad para investigar y sancionar a graves violadores de derechos humanos.

 

 

Asimismo, ambas organizaciones exhortan al Ministerio de la Defensa de Guatemala para que no se realice el desfile militar anunciado dado que la actual coyuntura del país así lo demanda. Finalmente, piden al Gobierno de Guatemala garantizar la seguridad y protección de todos los testigos y personas que deben declarar ante la Audencia Nacional española, e investigar cualquier acto intimidatorio en contra de los defensores de derechos humanos.

 

Solicitan protección para ambientalistas hondureños

Vie, 02/06/2006

El pasado 31 de mayo, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas urgentes de protección para garantizar la vida, la integridad y la libertad personal del sacerdote Andrés Tamayo, así como de Víctor Manuel Ochoa, René Wilfredo Gradis, Elvin Noé Lanza, Macario Zelaya, Pedro Amado Acosta, Heraldo Zúñiga y Santos Efraín Paguada. Todos ellos integrantes del MAO.

 

La solicitud se hizo a raíz de las recientes amenazas de muerte contra los ambientalistas, quienes han denunciado reiteradamente la tala ilegal de los bosques de Honduras, especialmente de Olancho, el departamento más grande del país. Hasta hace poco, y por primera vez en la historia de Honduras, tales denuncias tuvieron eco, pues el pasado 19 de mayo el Presidente Manuel Zelaya declaró una veda forestal inmediata de la tala de árboles en varios municipios de ese departamento y dio un plazo de una semana para que los madereros desmonten su infraestructura y retiren sus equipos.

 

Los explotadores de los bosques hondureños culpan al MAO, de la declaratoria presidencial. Es por esto que, el 29 de mayo, en el municipio de Samalá, decidieron darle un plazo de 48 horas al padre Andrés Tamayo, quien encabeza este movimiento, para que se vaya de la comunidad o de lo contrario, afronte las consecuencias. Estas amenazas fueron públicas e incluso cubiertas por la prensa.

 

Los líderes del MAO han sido amenazados en reiteradas ocasiones por sus actuaciones en defensa del ambiente. No obstante la situación se ha visto agravada por la reciente respuesta dada por el presidente Zelaya ante las persistentes acusaciones de este grupo ambientalista.

 

En reiteradas ocasiones se ha denunciado, nacional e internacionalmente, que en Honduras existe una práctica sistemática de asesinatos de líderes ambientalistas. Desde 1996 han sido asesinados tres integrantes del MAO, Carlos Luna, Carlos Flores y Mauricio Hernández; a la lista deben sumarse los defensores ambientalistas Jeannette Kawas y Carlos Escaleras, entre otros. Todos estos casos han quedado en la impunidad.

 

El Estado hondureño tiene la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la integridad y la vida de los integrantes del MAO, así como crear las condiciones necesarias para que puedan continuar con la defensa del medio ambiente. Reconocemos la importancia de la decisión adoptada recientemente por el Presidente Zelaya y consideramos que esta debe ir acompañada por la identificación, procesamiento y sanción de todos los responsables de violación de los derechos de los defensores del medio ambiente.

 

 

Para más información sobre el caso consulte los siguientes enlaces:

 

1. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Escaleras

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras59.03sp.htm

 

2. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Carlos Luna

http://www.cidh.org/annualrep/2004sp/honduras.60.03.htm

 

3. Informe de admisibilidad de la CIDH del caso de Blanca Jeannette Kawas

http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/honduras61.03sp.htm

 

4. Reportes sobre la situación de la tala ilegal en Honduras

http://www.ciponline.org/central_america/reports/SPANISH%20FINAL%20NOV%2...

http://www.globalwitness.org/projects/honduras/index_sp.php

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