Defensores de derechos humanos

La Corte Interamericana conoce el caso de Alfredo López

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) asistió a la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los días 28 y 29 de junio, en representación de Alfredo López Alvarez. CEJIL expuso ante la Corte que la detención del garífuna hondureño fue ilegal y arbitraria y que tuvo como efecto directo debilitar el movimiento reivindicativo de las tierras de su comunidad, Triunfo de la Cruz.

Mié, 29/06/2005

San José, Costa Rica, 29 de junio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) asistió a la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los días 28 y 29 de junio, en representación de Alfredo López Alvarez. CEJIL expuso ante la Corte que la detención del garífuna hondureño fue ilegal y arbitraria y que tuvo como efecto directo debilitar el movimiento reivindicativo de las tierras de su comunidad, Triunfo de la Cruz. La demanda de este caso contra Honduras fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el mes de julio del 2003, y CEJIL presentó la suya el 20 de noviembre de ese mismo año.

Los hechos se remontan al 27 de abril de 1997, cuando autoridades estatales detuvieron al líder garífuna y lo mantuvieron bajo prisión preventiva durante 6 años y 4 meses. En ese período, Alfredo López nunca fue llevado ante un juez, vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna.CEJIL alegó que la detención de su representado se dio dentro de un patrón de persecución contra dirigentes indígenas dedicados a la defensa de sus tierras a fin de desarticular el movimiento y se dieron ejecuciones, amenazas, intimidaciones, lesiones y detenciones arbitrarias.

En la audiencia se escucharon los testimonios de Alfredo López, de su compañera Teresa Reyes, y de Gregoria Flores, presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), quienes afirmaron que la intencionalidad del Estado fue separar a Alfredo de las organizaciones garífunas e indígenas de las que formaba parte y perjudicar la defensa de las tierras ancestrales.

Los representantes del Estado rechazaron los hechos denunciados y las violaciones cometidas pero reconocieron que las condiciones carcelarias “no fueron las mejores”, y que las violaciones procesales eran permitidas por la anterior legislación procesal penal. Asimismo, rechazaron que la imposición de una restricción para hablar en garífuna hubiera constituido un acto discriminatorio, pues Alfredo López sabía hablar español.

Para CEJIL y OFRANEH, este caso representa una oportunidad excepcional ya que es la primera vez que el Máximo Tribunal Interamericano conoce de violaciones a los derechos del pueblo garífuna. Esperamos que la Corte ordene al Estado hondureño: la adopción de una política pública a corto y mediano plazo en materia penitenciaria para solucionar la grave situación en que se encuentran las cárceles hondureñas; el establecimiento de una emisora comunal en Triunfo de la Cruz como medida simbólica para reparar la violación al derecho a la libertad de expresión por no permitírsele a Alfredo López hablar en su idioma y por la importancia de la tradición oral para el pueblo garífuna; el respeto de los títulos posesorios y de propiedad de los comunitarios garífunas triunfeños; y la reforma legal necesaria para garantizar que la prisión preventiva cumpla con los estándares internacionales.

Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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Victoria Amato Nancy Marín Espinoza

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

 

Termina audiencia ante la Corte por el caso Oscar Blanco y otros

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y las organizaciones Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de las desapariciones forzadas de Oscar Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, ocurridas en diciembre de 1999 en el estado costeño de Vargas en Venezuela.

Mié, 29/06/2005

San José, Costa Rica, 29 de junio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y las organizaciones Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de las desapariciones forzadas de Oscar Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, ocurridas en diciembre de 1999 en el estado costeño de Vargas en Venezuela. La Corte se encuentra sesionando en su sede en San José Costa Rica.

La demanda de este caso contra Venezuela fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el mes de junio del 2004. Los representantes de las víctimas presentaron, a su vez, su escrito de demanda en octubre del mismo año. Estas demandas no fueron contestadas por el Estado venezolano. La desaparición forzada de Oscar Blanco, José Francisco Rivas y Roberto Javier Hernández, se produjo en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes del Estado con el pretexto de controlar el orden público. Bajo estas circunstancias miembros del ejército entran con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detienen sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucede con Javier Hernández, quien es sacado de su casa por agentes de la DISIP, herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta de la casa en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural. Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió.

En la audiencia se escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas y las declaraciones del perito Jorge Rosell. Nélida Fernández, madre de José Rivas Fernández, declaró que “toda persona tiene derecho a un entierro, un lugar donde llevarle una flor o una vela.” Los testimonios escuchados dejaron en evidencia el dolor, la impotencia y la zozobra en la que han vivido los familiares desde que desaparecieron las víctimas. Por su parte Rosell, se refirió a la ineficacia del recurso de hábeas corpus en Venezuela para proteger a las víctimas de desaparición forzada de personas. Se refirió igualmente al problema estructural que presenta el sistema judicial venezolano, debido, entre otros factores, a la inestabilidad en sus cargos de la gran mayoría de fiscales y jueces, lo que afecta su independencia e imparcialidad. El perito dijo ante la Corte que los jueces que fallan en contra de los intereses del Estado corren el riesgo de ser destituidos.

Después de las declaraciones de los testigos y de presentados los alegatos orales de la CIDH y de los representantes de las víctimas, el Estado leyó y entregó un escrito en el que expresaba su allanamiento, es decir aceptaba su responsabilidad, pero controvertía, al mismo, tiempo, los hechos y las violaciones alegados tanto por la CIDH como por los representantes de las víctimas. Los representantes de las víctimas y la CIDH dejaron expresa constancia ante la Corte de que el escrito presentado por el Estado no constituía un allanamiento y pidieron a los jueces continuar con el procedimiento. Después de ser interrogada por el Presidente de la Corte, al respecto, la representación del Estado de Venezuela aceptó que se allanaba a todos los hechos y a todas las pretensiones alegados por la CIDH y por los representantes de las víctimas. La Corte dictó resolución reconociendo el allanamiento y la aceptación de responsabilidad internacional del Estado venezolano.

La Corte dictará sentencia en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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CEJIL condena declaraciones del ministerio público y fiscal general de Venezuela en contra de Carlos Ayala

Mar, 26/07/2005

Washington, D.C. 25 de julio de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por el reciente comunicado oficial emitido por el Ministerio Público de Venezuela y por las declaraciones en un medio periodístico del Fiscal General de la República, Isaías Rodríguez, en relación al Dr. Carlos Ayala Corao. Preocupa de manera especial a CEJIL el contenido de dicho comunicado, el cual hace serias acusaciones en contra de Ayala, y asimismo las declaraciones periodísticas del Fiscal General, en las que descalifica el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y del Dr. Ayala ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Este tipo de declaraciones no se ajustan a los principios de imparcialidad y objetividad que deben caracterizar la actuación de todo órgano de justicia y afectan el derecho al debido proceso de las personas que están siendo investigadas, colocándolas en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad.

La Fiscalía Sexta del Ministerio Público de Caracas inició en abril pasado un proceso contra el Dr. Ayala, en el cual se lo imputa por el delito de conspiración en el golpe de Estado que tuvo lugar en Venezuela en abril de 2002. Oportunamente CEJIL se pronunció en contra del inicio de este proceso por carecer el mismo de todo fundamento y por estar además plagado de irregularidades, tales como la imposibilidad que ha tenido el Dr. Ayala de conocer los cargos y de presentar pruebas.

En abril pasado, CEJIL expresó que la apertura de dicho proceso penal contra el Dr. Ayala constituía un amedrentamiento contra el trabajo de un académico y jurista de gran trayectoria en el ámbito del derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos que ha abogado por la promoción y la defensa de los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela y el continente. Asimismo señaló que el proceso penal del Dr. Ayala representaba un gravísimo acto de hostigamiento y amedrentamiento contra la importante labor que vienen realizando él y otras personas y grupos de derechos humanos venezolanos para fortalecer la democracia y garantizar la plena defensa de estos derechos.

En esta oportunidad, CEJIL reitera su posición con respecto al mencionado proceso e insiste en que las declaraciones recientemente realizadas por el Ministerio Público son una muestra más del hostigamiento que el Estado venezolano está ejerciendo contra las personas y organizaciones que acuden y utilizan el sistema interamericano. A este respecto, CEJIL considera oportuno recordar que durante el último período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en marzo pasado, varias organizaciones venezolanas de derechos humanos expresaron a la CIDH su preocupación por las expresiones y acusaciones formuladas por altos funcionarios del gobierno venezolano en contra de su trabajo.

CEJIL hace un llamado a las autoridades venezolanas para que desistan de la persecución penal contra el Dr. Ayala y para que los órganos de justicia así como sus funcionarios desarrollen su labor en un marco de imparcialidad y respeto por las garantías procesales conforme a lo establecido por la Constitución Venezolana y los estándares internacionales en derechos humanos.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

II Foro Iberoamericano de Niñez y Adolescencia

Los días 23, 24 y 25 de setiembre se celebrará el II Foro de Niñez y Adolescencia de Iberoamérica en León, España. La actividad es previa a la VII Conferencia de Ministros, Ministras y Altos Responsables de Infancia, que este año está enfocada en al exclusión social.

Jue, 04/08/2005

Los días 23, 24 y 25 de septiembre se celebrará el II Foro de Niñez y Adolescencia de Iberoamérica en León, España. La actividad es previa a la VII Conferencia de Ministros, Ministras y Altos Responsables de Infancia, que este año está enfocada en la exclusión social. CEJIL conjuntamente con otras entidades de la región organiza la actividad. Los objetivos del Foro son: incidir en la toma de decisiones de la Conferencia; avanzar hacia la construcción de un espacio oficial de participación de las organizaciones de la sociedad civil, que actúan dentro del marco de la Convención sobre los Derechos del Niño; y consolidar un grupo articulado con estas mismas organizaciones. Quienes estén interesados en participar en el Foro deben aportar información para acreditar que:

1. Son organizaciones iberoamericanas que trabajan en el marco de la Convención sobre los Derechos del niño, y sus protocolos facultativos. Se priorizarán aquellas que trabajen en el ámbito nacional y tengan experiencia en el trabajo de coordinación con otras ONG’s.

2. Tienen representación geográfica. Se busca que haya representación de todos los países iberoamericanos.

Además, el delegado/a postulante debe cumplir con ciertos requerimientos:

Conocer y manejar la temática del Foro
Haber participado antes en instancias de representación nacional-internacional, en acciones de vigilancia y/o incidencia en el tema niñez.
Estar dispuesto a trabajar sobre el tema específico del Foro.
Ocupar un cargo con nivel de decisión dentro de la organización a la que representa.

Para mayor información, diríjase a la secretaría técnica del II Foro de ONG Niñez y Adolescencia de Iberoamérica a: eaguilera@plataformadeinfancia.org.

 

Corte conoció el caso de 43 campesinos desaparecidos en Colombia

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y la Comisión Colombiana de Juristas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de Pueblo Bello vs. el Estado de Colombia, los días 19 y 20 de septiembre. La Corte sesionó en su sede en San José Costa Rica.

Mié, 21/09/2005

San José, Costa Rica, 21 de septiembre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y la Comisión Colombiana de Juristas, participaron en la audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer sobre el caso de Pueblo Bello vs. el Estado de Colombia, los días 19 y 20 de setiembre. La Corte sesionó en su sede en San José Costa Rica.

El 14 de enero de 1990 en la localidad de Pueblo Bello, Antioquia, Colombia 43 campesinos, entre los que se encontraban cuatro niños, fueron detenidos, desaparecidos de manera forzada, torturados y ejecutados extrajudicialmente por miembros del grupo paramilitar los "Tangueros", dirigido por Fidel Castaño Gil. Si bien, según la investigación realizada, cerca de 60 personas intervinieron en la desaparición y ejecución, la justicia colombiana sentenció sólo a cinco de los implicados, de los cuales sólo dos están detenidos. En la incursión al poblado, los paramilitares contaron con el apoyo y la colaboración de miembros del Ejército colombiano. Ninguno de los miembros del Ejército ha sido enjuiciado ni sancionado.

El tribunal escuchó los testimonios de varios de los familiares de los desaparecidos. Algunos de ellos se vieron obligados a abandonar su pueblo, a vender sus fincas, solicitar medidas de protección e incluso exiliarse. A 15 años de los hechos, los familiares no conocen la verdad sobre lo sucedido y 37 familias aún no saben donde se encuentran los restos de sus seres queridos. La Corte pudo escuchar el doloroso relato de Nancy Amparo Guerra quien expresó que al desaparecer su padre, ella había perdido el único ser que tenía. José Daniel Álvarez, relató cómo la desaparición de su padre afectó a sus hermanos y separó su familia. Mariano Martínez, Rubén Díaz y Blanca Libia Moreno, como padres y madre de varias de las víctimas desaparecidas, hablaron de su sufrimiento, pero también de la destrucción de los proyectos de vida de sus hijos. Y Ángel Emiro Jiménez, dio a conocer su exilio.

La demanda de este caso contra Colombia fue presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH ante la Corte en el año 2004. Los representantes de las víctimas la presentaron, a su vez, el mismo año. Las organizaciones, en representación de los familiares de las víctimas, solicitaron a la Corte que condene a Colombia por haber incumplido sus obligaciones internacionales de acuerdo a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos al violar los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad personal, la libertad de residencia y circulación, la verdad, las garantías judiciales, la protección judicial y los derechos del niño. Asimismo, le pidieron a la Corte que ordene a Colombia indemnizar a los familiares de las víctimas, iniciar una investigación que lleve al esclarecimiento total de los hechos, llevando a juicio a los responsables y estableciendo sanciones. Entre otros puntos, también se solicitó que se obligue al Estado a realizar todo lo necesario para determinar el paradero de los 37 campesinos aún desaparecidos, que se entreguen los cuerpos a sus familiares y que se pida perdón en un acto público a los familiares de las víctimas.

Por su parte el Estado de Colombia negó su responsabilidad en estos hechos. CEJIL espera que a través de la Corte se encuentre justicia para todas estas familias que no la han encontrado en 15 años de impunidad y olvido.

La Corte dictará sentencia en los próximos meses. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Honduras debe entregar informe a la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

Mié, 05/10/2005

San José, Costa Rica, 05 de octubre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

La sentencia contra Honduras es de fecha 7 de junio de 2003, y en ella la Corte ordena al Estado indemnizar económicamente a la víctima y a sus familiares; investigar efectivamente los hechos del caso para identificar a los autores materiales e intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente; trasladar los restos mortales de Juan Humberto al lugar de elección de sus familiares; implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones; reconocer públicamente la responsabilidad en los hechos denunciados; y, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional partes específicas de la sentencia.

El caso fue presentado ante el sistema interamericano por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a raíz de la detención ilegal de Juan Humberto Sánchez por un grupo de militares armados el 11 de julio de 1992 y su posterior asesinato, apareciendo su cuerpo sin vida diez días después. Al día de hoy, no se han investigado los hechos ni se ha sancionado a los responsables.

Tras la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado únicamente ha cumplido con el acto público que se realizó el 4 de noviembre de 2004 y que fue presidido por el Presidente Ricardo Maduro, quien pidió perdón a los familiares de Juan Humberto Sánchez y se comprometió a publicar la sentencia según lo ordenado. Lastimosamente, ello no ha ocurrido, como tampoco se han cumplido los otros puntos de la sentencia. Incluso, desde hace más de un año el Estado tiene en su poder los restos de Juan Humberto y no se los ha entregado a sus familiares. En palabras de la Corte Interamericana: ".la Corte observa que han transcurrido más de 13 años desde la ejecución de la víctima, más de dos años desde que la Corte dictara Sentencia y más de un año desde que fue realizada la exhumación de los restos mortales de la víctima, sin que el Estado los haya entregado a sus familiares para su inhumación en el lugar de elección de éstos."

Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado, la Corte le recordó que tiene el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal, por lo que debe adoptar todas las providencias necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia.

Es importante recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia. Por lo tanto, CEJIL exhorta al Estado de Honduras a honrar sus compromisos internacionales y a cumplir con el requerimiento de la Corte dentro del plazo fijado.

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Corte Interamericana falla a favor de los derechos de niños y niñas

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “

Vie, 07/10/2005

Washington, D.C. 7 de octubre de 2005

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “Esta decisión es una victoria para todos los niños y niñas y para el principio de igualdad”, expresó Laurel Fletcher, Directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California, Berkeley. “En términos de políticas estatales, -agregó- esta resolución impulsará cambios profundamente positivos en la República Dominicana.”

Al referirse al derecho a la nacionalidad, el máximo tribunal de América en materia de derechos humanos determinó que: “el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado […] y [el estatus legal de los padres tampoco] se trasmite a sus hijos.” Además, la Corte Interamericana afirmó que: “la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad.” En el caso en concreto, la Corte Interamericana concluyó que el Estado denegó a las niñas sus actas de nacimiento por motivos discriminatorios, “lo cual, a su vez, les impuso una situación de continua vulnerabilidad.”

Como consecuencia de las violaciones, la Corte Interamericana ordenó al Estado dominicano a adoptar una serie de medidas reparatorias que requieren una reforma sustancial del sistema de registro de nacimientos. Asimismo, el Tribunal ordenó al Estado que abra las puertas de las escuelas a todos los niños y las niñas “independientemente de su ascendencia u origen.” Adicionalmente, dentro de un plazo determinado, el Estado debería llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio, publicar la sentencia e indemnizar a las víctimas y sus familias, entre otras medidas.

República Dominicana tiene una clara obligación jurídica de acatar la resolución de la Corte Interamericana. Al haber aceptado la jurisdicción de este Tribunal hace varios años, el Estado reconoció que sus decisiones son vinculantes y el cumplimiento es obligatorio. “Según los tratados firmados por República Dominicana así como la Constitución del país, las autoridades dominicanas de todas las ramas tienen la obligación de cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana,” dijo Roxanna Altholz, profesora de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales.

Durante el litigio ante el sistema interamericano, las víctimas fueron representadas por la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y el Movimiento de Mujeres de Ascendencia Haitiana (MUDHA). “Finalmente, las víctimas tienen una respuesta objetiva y definitiva sobre el alcance de los derechos de niños y niñas nacidos en la República Dominicana de ascendencia haitiana,” dijo Sonia Pierre, Coordinadora General de MUDHA. “La decisión interamericana brinda una oportunidad al Estado de República Dominicana para que éste abra una nuevo capítulo en su política que se caracterice por el respeto a los derechos humanos.”

La decisión de la Corte Interamericana ha sido emitida durante un período de creciente tensión y violencia en la República Dominicana, que se ha manifestado en ataques y agresiones contra comunidades haitianas y dominico-haitianas. En la estela de esta histórica decisión, la comunidad internacional estará atenta a las medidas tomadas por el Estado para proteger estas poblaciones y cumplir con la sentencia. “Nuestra esperanza es que el Estado rechace rotundamente los actos de violencia, cumpla cabalmente con la decisión de la Corte y que de esa manera se afiance el estado de derecho en el país” señaló David Baluarte, abogado de CEJIL.

Contactos

Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley
Berkeley, California EEUU
Roxanna Altholz
Profesora
(Tel) 510 643 8781 510 643 4796
(Fax) 510 643 4625
Correo: raltholz@law.berkeley.edu

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Washington DC, EEUU
Victoria Amato
Difusión y Prensa
(Tel) 202 319 3000
(Fax) 202 319 3019
Correo: vamato@cejil.org

Movimiento de Mujeres de Ascendencia Haitiana (MUDHA)
Santo Domingo, República Dominicana
Solain Pierre
Coordinadora General
(Tel) (809) 686 3300
(Fax) (809) 689 3532
Correo: mudha@hotmail.com

 

Corte Interamericana ordena a Mexico acatar su resolución

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de
seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez
y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de
las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

Lun, 10/10/2005

San José, Costa Rica, 10 de octubre de 2005

 

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de

seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez

y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de

las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

 

El pronunciamiento de la Corte obedece a la decisión unilateral y

arbitraria del Estado mexicano de modificar las medidas de protección que

había consensuado con los beneficiarios, pese a que el Estado no ha

investigado los actos de intimidación que ameritaron que la Corte ordenara

tales medidas.

 

Tanto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),

representante de las personas beneficiarias de las medidas provisionales, como

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunciaron contra la

actitud estatal. La Comisión expresamente consideró que "la actuación

unilateral del Estado constituye desacato de lo ordenado por la Corte.

Adicional y subsidiariamente, estima que la decisión referida no tiene

fundamento". Además, señaló que dicha decisión "es jurídicamente

improcedente" y constituye "un desafío a la competencia del Tribunal".

 

 

Por su parte, CEJIL indicó que la falta de resultados en las

investigaciones por la muerte de Digna Ochoa y las amenazas sufridas por Pilar

Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero no pueden demostrar que estas personas

se encuentran libres de riesgo; por el contrario, ese riesgo no ha cesado, y

recordaron una serie de situaciones que así lo evidencian.

 

De acuerdo al pronunciamiento de la Corte Interamericana, mientras

resuelve la petición estatal de levantar las medidas provisionales, el Estado

está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida

y la integridad personal de las personas beneficiarias , para lo cual debe

darles participación en la planificación e implementación de las mismas.

CEJIL hace un llamado al Estado mexicano para que cumpla de buena fe sus

compromisos internacionales y que acate integramente la decisión de la Corte,

restituyendo a la brevedad las medidas de seguridad que removió. Igualmente,

exhorta al Estado para que investigue de manera exhaustiva, imparcial y

diligente los hechos que ponen en riesgo la integridad personal de los

beneficiarios de las medidas provisionales, ya que, de acuerdo con la propia

Corte, la investigación es la mejor garantía de prevención.

 

 

Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

 

Para más información, ver:

 

Resolución de 30 de noviembre de 2001:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_01.pdf

 

Resolución de 20 de abril de 2004:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_02.pdf

 

Resolución de 29 de junio de 2005:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/noriega_se_01.pdf

 

 

 

 

 

Contacto en Washington: Contacto en Costa Rica:

Victoria Amato Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa/Communications Officer Difusión y Prensa

1630ConnecticutAve.NWSuite401 Apartado Postal441-2010

Washington, D.C.20009, EEUU San José, Costa Rica

Tel:202-319-3000 ext.22 Tel:506-280-7473/7608

Fax:202-319-3019 Fax: 506-280-5280

Correo electrónico:vamato@cejil.org Correoelectrónico:nmarin@cejil.org

 

 

 

 

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una

organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio

americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación

de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema

interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección

internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro

con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos

Humanos.

 

 

CEJIL participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones.

Jue, 13/10/2005

Washington, D.C. 13 de octubre de 2005

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones. CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas como: la trata de personas, la situación de las pandillas juveniles, conocidas como maras, en Honduras y El Salvador, la situación de los defensores/as de derechos humanos en la región centroamericana, las violaciones de los derechos de los niños y niñas en Paraguay.

También se expondrá sobre el derecho y el acceso a los servicios de salud de las mujeres, la situación de los derechos humanos de la población indígena y campesina en Bolivia y las condiciones en las que se encuentran las comunidades haitianas y dominico haitianas en República Dominicana. Una audiencia que se espera despierte gran interés es la referida al proceso de desmovilización y a la ley de Justicia y Paz en Colombia.

La preocupante situación que se vive en Venezuela será dada a conocer a la CIDH en cuatro audiencias en las cuales se verán los siguientes temas: situación de la administración de justicia, impunidad y condiciones carcelarias; situación de defensores y defensoras de derechos humanos: libertad de expresión y la impunidad en los casos de ejecuciones de campesinos.

También se tratarán casos específicos por violaciones de derechos humanos dentro de las cuales destacan: el acceso a medicamentos por parte de las personas que viven con el virus del VIH Sida en El Salvador; el caso del asesinato de Monseñor Romero, el cual aún se encuentra en la impunidad, después de 25 años del suceso; la situación del pueblo indígena Sarayaku de Ecuador .

Junto con CEJIL, estarán presentes víctimas y otras organizaciones no gubernamentales, así como delegaciones de los gobiernos del hemisferio. Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con México, Argentina, Honduras, Bolivia, El Salvador, Venezuela y Brasil.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Office
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza
Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo
Center for Reproductive Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Centro de Derechos Humanos de UCAB
Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro para la acción social en derechos humanos (CALDH)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo"
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Consorcio Justicia Viva
Corporación Humanas
Corporación Jurídica Libertad
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú
Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia (CDIA)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC)
Espacio público
Grupo de mujeres de San Cristóbal
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal
Juntos Avancemos (JHAJA)
Justicia y Paz
Memoria Activa
Observatorio de prisiones de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Encuentro Dominico Haitiano Jaques Viau (REDH Jaques Viau)
Red para la infancia y la adolescencia de El Salvador (RIA)
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Reiniciar
Vicaría de los Derechos Humanos de Caracas

Mujeres latinoamericanas deben acceder a su salud sexual y reproductiva

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights
Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos
vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período
ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en
Washington.

Durante la audiencia se habló del derecho a la maternidad voluntaria y
segura. Y se resaltó el hecho de que no hay voluntad política para abordar
estos temas. Se mencionó que en Brasil la mortalidad materna es uno de los
problemas de salud más serios que enfrenta la población femenina. También
los peticionarios expusieron el caso de Costa Rica, en donde la
fertilización in vitro no es permitida y mencionaron que esto viola los
derechos humanos de los y las ciudadanas de este país. La situación
mexicana también fue expuesta y según Pedro Morales, consultor legal del
GIRE, ?los servicios de planificación familiar? tienen serias deficiencias
en la consejería y en el respeto del consentimiento informado, sobre todo
cuando tales servicios son otorgados a mujeres en situación de pobreza o
marginación social. Además a pesar de que la anticoncepción de emergencia
fue incorporada a la Norma Oficial Mexicana, no fue sino un año después
cuando fue incluida en una cuadro básico y catálogo de medicamentos que
permitía su distribución?.

Varios de los peticionarios manifestaron que aún y cuando la legislación de
algunos países permite el aborto en algunas situaciones, como la violación,
o cuando corre riesgo la vida de la madre, en la práctica los organismos
judiciales dilatan la ejecución del mismo o las instituciones médicas no
quieren practicarlo. Con lo cual las mujeres deben recurrir a practicarse
abortos clandestinos en los cuales se exponen a una mala praxis, que
posteriormente no puede ser llevada ante la justicia y queda en la
impunidad.

Por su parte Vasili Deliyanis, de la organización Vivo Positivo informó
sobre las esterilizaciones forzadas de las que han sido víctimas mujeres que
viven con VIH Sida, las cuales ni siquiera se han percatado del momento en
que fueron esterilizadas, ni les fue informado. De esta manera se les ven
violentados sus derechos humanos. Ante esta difícil situación que enfrentan
las mujeres de toda América Latina, en la cual resultan más afectadas las de
áreas rurales, las de escasos recursos y las adolescentes, se le pidió a la
Comisión que vele por el derecho de estas mujeres a su salud sexual y
reproductiva.

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

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