Defensores de derechos humanos

Gobierno chileno acepta iniciar proceso de solución amistosa para cambiar leyes discriminatorias contra las mujeres

Mar, 18/10/2005

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Corporación Humanas iniciaron un proceso de solución amistosa en el caso de Sonia Arce Esparza vs. Chile, en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Sra. Arce, junto con sus hermanos y hermanas, heredó una propiedad de sus padres. Sin embargo, en el momento de querer vender el inmueble, se vio en la imposibilidad legal de hacerlo, en razón de que la legislación chilena establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y, como tal, administra los bienes propios de la esposa.

Los peticionarios expusieron que algunos artículos del código civil chileno, relativos al régimen de sociedad conyugal, establecen distinciones entre los hombres y las mujeres que son discriminatorias consagrando un trato diferente para las mujeres casadas en cuanto al goce de sus derechos de propiedad respecto de sus maridos. En consecuencia, solicitaron la reforma de este régimen legal. Por su parte, el Estado reconoció la necesidad de modificar su legislación.

De llevarse a cabo esta reforma las mujeres chilenas casadas que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en el cual se encuentra la víctima, tendrán una posición de equidad frente a los varones. Es importante resaltar que en el marco de esta negociación se buscará la reparación integral del daño causado a Sonia Arce.

CEJIL valora la posición adoptada por el Estado chileno y espera que éste sea el primer paso para que su legislación se apegue a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de esta forma se garantice a las mujeres chilenas su derecho a la igualdad y no discriminación.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Honduras es denunciada por su política anti pandillas

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras

Mié, 19/10/2005

Washington, D.C. 19 de octubre de 2005

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras. Y resaltaron que la respuesta a este fenómeno debe ser integral y no sólo represiva.

Al respecto, las organizaciones señalaron que las autoridades hondureñas aprobaron reformas legislativas para atacar directamente a las pandillas y a sus jefes, y que entre ellas, cambiaron el delito de asociación ilícita para calificar el propósito permanente de ejecutar cualquier delito y aumentaron las penas. Además eliminaron la posibilidad de que los acusados por ese delito fueran juzgados en libertad, establecieron la posibilidad de practicar allanamientos sin orden judicial y se aumento plazo necesario para ser presentado ante un juez para determinar la legalidad de la detención.

En este proceso de intentar reprimir a las maras se encarcelan a los jóvenes, vinculados o no a estos grupos, lo que ha aumentado la población carcelaria. Esto vino a poner presión a un sistema ya colapsado. Ante esto, el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, relator sobre los derechos de la niñez, criticó el hecho de que se mantiene el patrón de detención arbitraria que pudo constatar en su visita el año anterior, y dijo que “hay cientos de gentes que no deberían estar detenidas”.

Según datos brindados a la CIDH por las organizaciones, resulta evidente que el sistema jurídico, penitenciario y el judicial no han sido capaces de controlar los efectos de las reformas legislativas mencionadas y sus consecuencias institucionales, presupuestarias y sociales. Incluso se expuso que el tema de las maras se utiliza en Honduras como caudal electoral de los políticos, quienes intentan ganar votos ofreciendo una mayor represión contra los pandilleros.

El Estado reconoció que el abordaje a la situación de las pandillas juveniles “no ha sido del todo eficaz”. Asimismo estuvo de acuerdo con que el sistema penitenciario colapsó y aseguró que se están buscando nuevas formas de enfrentar el problema. Sin embargo, los peticionarios recordaron al Estado que más que un reconocimiento de la situación, lo que se requiere es que el Estado lleve a cabo acciones para investigar cuáles son las dimensiones del fenómeno de las maras y que implemente una respuesta integral al mismo. La Comisión Interamericana coincidió con los peticionarios en la necesidad de que Estado enfrente la problemática con acciones concretas y agregó que el tema de las maras será abordado en un informe que pronto será publicado por este órgano.

 

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El Salvador rindió cuentas ante la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de El Salvador, para el día de hoy, a dos audiencias para que brindara información sobre la situación de las maras y el cumplimiento de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.

Jue, 20/10/2005

Washington, D.C. 20 de octubre de 2005

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de El Salvador, para el día de hoy, a dos audiencias para que brindara información sobre la situación de las maras y el cumplimiento de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.

Sobre el tema de las pandillas juveniles, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), denunciaron ante la CIDH que las políticas represivas del gobierno son violatorias de los derechos humanos y que no han logrado reducir el índice de asesinatos en el país. Por el contrario los datos de la Policía, Medicina Legal y Fiscalía indican que hay un promedio de 12 muertes diarias, a causa de la violencia.

Otros aspectos que resaltaron las organizaciones son: las personas menores de edad son detenidas junto con adultas, los allanamientos masivos y reformas a la Ley de la Justicia Penal Juvenil van contra la Convención Internacional de los derechos de la Niñez. Los peticionarios también señalaron a la Comisión Interamericana que una efectiva lucha contra las maras debe comprender tres aspectos: prevención, represión e inserción social.

La represión por sí sola no es la solución, por lo tanto, los peticionarios solicitaron al Estado adoptar “estrategias amplias que no se limiten a las medidas penales y que hagan frente a la raíz de la violencia y el delito entre los adolescentes, en pandillas o no, llevando a cabo políticas para la inserción social de adolescentes marginados; medidas para mejorar el acceso a la educación, instalaciones laborales, recreativas y deportivas y programas de reintegración para los menores infractores”.

La Comisión manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que conllevan las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura ejecutadas por El Salvador e informó que próximamente presentará un informe sobre este tema.

En la audiencia del caso de Monseñor Romero la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y CEJIL, evidenciaron el incumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales, pues al día de hoy el Estado no ha realizado una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Monseñor Romero, como se lo ordenó la CIDH, en el año 2000.

El Estado indicó que el caso está archivado, que ya prescribió y que no puede ignorar la ley de amnistía. Estos argumentos fueron cuestionados por los comisionados, quienes exhortaron a los agentes del Estado a investigar el asesinato y juzgar a los culpables. Ante una solicitud de los peticionarios, el Estado se comprometió a responder una propuesta, que estos le presenten, en materia de reparaciones, las cuales también fueron ordenadas, hace cinco años, por la Comisión.

Es importante señalar que han pasado 25 años desde el asesinato de Monseñor Romero y este crimen continúa en la impunidad, lo que envía un mensaje a la sociedad salvadoreña de que la violencia no es castigada por parte del Estado y por lo tanto se perpetúa.

 

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Relatoría de la niñez dijo que visitará Paraguay

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Sólo en Ciudad del Este existen alrededor de 3.000 niños en situación de calle entre 6 y 18 años, los/as cuales -en muchos de los casos- son explotados. Esta población es víctima de procedimientos judiciales, policiales y administrativos, ilegales y arbitrarios, que los/as privan de su libertad.

Una práctica preocupante contra esta población es que las redadas fueron instaladas de manera permanente en Ciudad del Este. Se desconoce oficialmente el paradero de los niños/as y adolescentes redados y las prácticas represivas contra ellos/as se han agravado. Ante esta situación las organizaciones de derechos humanos del Paraguay presentaron un recurso de habeas corpus genérico ante la Corte Suprema de Justicia, pero este fue rechazado.

En la audiencia celebrada ante la CIDH los peticionarios denunciaron estos hechos violatorios de los derechos humanos, que también contravienen la Convención sobre los Derechos de la Niñez y recordaron que en el país están vigentes estas leyes internacionales.

Frente a la exposición de estos hechos el Relator de la niñez de la Comisión Interamericana, Paulo Sergio Pinheiro, expresó que esta información sería remitida al Estado. Y manifestó su interés por conocer más de cerca esta situación para lo que podría visitar Paraguay –antes de fines de este año- para observar las condiciones de los niños y las niñas en situación de calle.

 

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Organizaciones de derechos humanos venezolanas ante la CIDH

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En calidad de peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cofavic, Provea, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Nacional de Prisiones de Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad fueron recibidos en audiencia en el marco del 123° período ordinario de sesiones que la CIDH está celebrando en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones venezolanas expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de independencia y autonomía de los jueces y fiscales del ministerio público así como el carácter provisorio de la mayoría de los jueces y la aplicación de la justicia militar a civiles y a militares retirados. Los peticionarios le solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano a respetar los estándares internacionales en materia de administración de justicia de manera de garantizar la imparcialidad y objetividad de quienes tienen a cargo dicha tarea.

La precaria situación de las cárceles venezolanas también fue expuesta ante la CIDH, la cual incluye el hacinamiento de reclusos, la brutalidad policial a la que éstos son sometidos y el retraso en el dictado de sentencias. Entre los aspectos que revisten mayor gravedad, se señaló que en las cárceles venezolanas muere en forma violenta un recluso por día, que la edad carcelaria oscila entre los 18 y 30 años y la mayoría de las penas corresponden a delitos patrimoniales. Las organizaciones venezolanas solicitaron a la CIDH que interfiera para que el Estado implemente una mejora sustancial en las actuales condiciones carcelarias de manera que se respeten plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, se informó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los grupos parapoliciales continúan ocurriendo en Venezuela y al respecto se le solicitó a la CIDH que interceda para que el Estado lleve adelante investigaciones serias y efectivas que permitan la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

CEJIL, Provea, la Vicaría de Caracas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informaron también a la CIDH sobre los obstáculos que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el desempeño de sus tareas, las cuales están directamente relacionadas tanto con la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho como con la vigilancia y consolidación del respeto a los derechos humanos. Los representantes de las organizaciones venezolanas presentaron información detallada sobre las distintas violaciones que sufren como resultado de su trabajo. Intimidaciones, amenazas, interferencia a sus comunicaciones, campañas de desprestigio, inicio de procesos judiciales, utilización de leyes claramente violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, fueron algunos de los ejemplos citados.

En este contexto, los peticionarios señalaron la absoluta desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos debido a la negativa del Estado venezolano de acatar las solicitudes de medidas cautelares (de protección) requeridas por la CIDH a favor de defensores y defensoras de derechos humanos. Al respecto, expresaron que este desconocimiento tiene una especial gravedad, la cual se acentúa con el incumplimiento sistemático de las medidas provisionales otorgadas por la Corte, cuando el Estado realiza actuaciones orientadas a desconocer expresamente la competencia del alto tribunal. Se señaló además que es especialmente preocupante cuando las autoridades venezolanas criminalizan la actuación de los defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema interamericano acusándolos de conspiradores o recurriendo a la descalificación pública de su trabajo. Sobre este tema en particular, los peticionarios le solicitaron a la CIDH que preste especial y mayor atención, la cual se comprometió a hacerlo.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, la Asociación Espacio Público y CEJIL brindaron información detallada sobre los problemas con que se enfrentan quienes intentan ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Mencionaron un sustantivo incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones cometidos contra periodistas y medios de comunicación en los últimos tres años. Asimismo se hizo referencia al uso creciente del aparato judicial como un medio para intimidar y acallar el trabajo periodístico a través del uso excesivo de la figura de calumnias e injurias. Las organizaciones informaron también sobre los obstáculos con que se enfrentan los medios de comunicación y los periodistas para el ejercicio pleno de su derecho a la expresión tras la aprobación de la controvertida ley de contenido y la reforma del código penal. Informaron que como consecuencia de estas reformas, un número importante de programas de opinión han salido del aire, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de llevar adelante desde los medios de comunicación un debate abierto y pluralista sobre el proceso político que está viviendo el país.

Por último, CEJIL y las organizaciones venezolanas que participaron de estas audiencias pidieron que el Relator de la CIDH para Venezuela realice una visita al país lo antes posible de manera tal de evaluar la situación de los derechos humanos y que se incorpore la información brindada en el próximo informe de seguimiento al Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado en el año 2003.

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Pueblo indígena Sarayaku está en riesgo

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador.

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador. Esto debido a las actividades petroleras que la Compañía General de Combustibles (CGC) ha llevado a cabo en el territorio ancestral de este pueblo, con el consentimiento y aquiescencia del gobierno. Los representantes del pueblo Sarayaku, ante la CIDH, son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos, Económicos y Sociales (CDES).

El 26 de julio de 1996, Ecuador otorgó una concesión a favor de la CGC, el denominado bloque petrolero 23, que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonia ecuatoriana, de las cuales un 65% afectan al territorio Sarayaku. Este pueblo está compuesto por seis comunidades y cerca de mil habitantes. Su territorio ancestral comprende aproximadamente 135.000 hectáreas. La comunidad no fue informada, ni consultada sobre esta concesión.

Por su parte, el Ministerio de Energía ecuatoriano informó que hay un total de 1.473 kilogramos de pentolita, un peligroso explosivo, dispersos en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku, el cual fue colocado por la empresa CGC. Esto pone en riesgo la vida de toda la población, incluyendo a los niños y niñas.

Desde el año en que fue otorgado el permiso a la empresa petrolera, el pueblo indígena mostró su disconformidad, e incluso en el año 2000 ratificó su posición de manera terminante, a través de su Asamblea General. Durante todo este tiempo el pueblo Sarayaku ha sufrido la ocupación arbitraria de su territorio, la deforestación de bosque tropical, el ingreso inconsulto y violento de trabajadores petroleros, guardias de seguridad privados y personal del ejército ecuatoriano. Ante esta situación, los miembros del pueblo Sarayaku se movilizaron para defender su territorio.

El 15 de enero de 2005, cuatro jóvenes de Sarayaku fueron detenidos, secuestrados y sometidos a tratos crueles e inhumanos por miembros del ejército y empleados de la CGC. Hoy, el indígena Fabián Grefa, una de estas víctimas, rindió declaraciones acerca de estos hechos, ante la CIDH.

Para las comunidades indígenas la tierra está íntimamente relacionada con su existencia, en particular para el pueblo Sarayaku el despojarlos de sus territorios significa destruir la vida, tanto individual, como colectivamente, así lo indicó Hilda Santi, presidenta del pueblo Sarayakyu, ante la Comisión Interamericana.

Los peticionarios denunciaron ante la CIDH que “la actividad petrolera en el territorio Sarayaku…viola el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, e integridad, de los derechos, económicos, sociales y culturales”. Además las organizaciones consideraron que el ingreso de la petrolera y el desarrollo de actividades por parte de esta empresa son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Chile debe evitar que Fujimori siga evadiendo la justicia

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exhorta al Estado de Chile a que brinde la colaboración necesaria para que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, sea puesto a disposición de la justicia peruana.

Mar, 08/11/2005

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exhorta al Estado de Chile a que brinde la colaboración necesaria para que el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, sea puesto a disposición de la justicia peruana. El ex mandatario fue detenido el 7 de noviembre por las autoridades chilenas, 10 horas después de su sorpresiva llegada a Chile, y luego de evadir, por cinco años, la justicia peruana.

En noviembre de 2000, Fujimori huyó a Japón, en medio de un escándalo de corrupción que lo involucró directamente. Desde este país asiático renunció a la presidencia de la República. Mientras tanto, bajo los gobiernos democráticos, en Perú se iniciaron investigaciones por las gravísimas violaciones de derechos humanos y los hechos de corrupción ocurridos durante los diez años del régimen autoritario de Fujimori. Como resultado de estas investigaciones, en la actualidad, Alberto Fujimori enfrenta en el Perú 22 procesos penales en su contra, por crímenes de lesa humanidad y por hechos de corrupción.

Dentro de los crímenes internacionales por los que Fujimori debe responder se encuentran la masacre de La Cantuta, en la cual 9 estudiantes y un profesor fueron ejecutados brutalmente en la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” y la masacre de Barrios Altos, en la que 15 personas fueron ejecutadas y cuatro resultaron gravemente heridas. Este último caso fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en marzo de 2001, concluyó que el Estado peruano tiene la obligación de “investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los responsables”. Dados los hechos del caso, la sentencia de la Corte implica la obligación del Perú de investigar la participación del ex Presidente en este crimen de lesa humanidad.

Chile, al ratificar la Convención Americana, asumió el papel de garante de las obligaciones de derechos humanos reconocidas en dicho tratado. Entre sus deberes bajo la Convención Americana se encuentran el de contribuir al cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana y el de garantizar la investigación y castigo de graves violaciones de derechos humanos, especialmente si estas constituyen crímenes internacionales.

CEJIL recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a todos los Estados de la OEA, en el año 2003 a “adoptar las providencias necesarias para considerar [los] crímenes internacionales como delitos que dan lugar a extradición y conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido un crimen internacional o proceder a su juzgamiento”. Adicionalmente, Chile es Estado Parte de la Convención Interamericana contra la Tortura, la cual lo obliga a “conceder la extradición de toda persona acusada de haber cometido el delito de tortura”. De igual modo, la Corte ha reiterado, en numerosas oportunidades, que los Estados de la OEA deben “abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal”.

Para que el Estado peruano pueda investigar, enjuiciar y sancionar a todos los responsables de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, es indispensable que las autoridades chilenas permitan que Fujimori sea puesto, a la brevedad, a disposición de la justicia peruana. Adicionalmente, su extradición debe concederse de manera que no se limite la capacidad del Estado peruano de investigar la participación del ex mandatario en los crímenes de lesa humanidad, en particular, en las referidas masacres.

CEJIL reitera la alta responsabilidad que tiene el Estado de Chile para contribuir al cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y para evitar la impunidad de graves violaciones de derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad, en el marco de la Convención Americana.

 

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CEJIL preocupado por intimidaciones al Padre Pedro Ruquoy

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está preocupado por las intimidaciones que sufrió el Padre Pedro Ruquoy, el 4 de noviembre anterior, en República Dominicana.

Mar, 08/11/2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está preocupado por las intimidaciones que sufrió el Padre Pedro Ruquoy, el 4 de noviembre anterior, en República Dominicana. El religioso fue recriminado verbalmente por el Secretario del Interior y Policía y director de Migración, Franklin Almeida quién le reclamó frente a un grupo de 25 periodistas el no haber interpuesto una querella en contra del coronel que lo había amenazado de muerte. Posteriormente Almeida exhibió cartas que habían llegado al gobierno dominicano como parte de la campaña de Amnistía Internacional a favor del Padre Ruquoy y le dijo “eso indica una intención de ensuciar la imagen del país” y le señaló que “tiene que pedir perdón por lo que ha hecho”.

El padre es beneficiario de medidas provisionales, otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger su vida. Estas fueron otorgadas el 18 de agosto del 2000, en esa fecha la Corte le ordenó al Estado de República Dominicana que adoptara, sin dilación, cuantas medidas fuesen necesarias “para proteger la vida e integridad personal del Padre Pedro Ruquoy”.

CEJIL considera que los hechos sucedidos el 4 de noviembre en contra de Ruquoy constituyen un acto de abierta intimidación, que pone en riesgo la vida del religioso y su integridad personal. Asimismo, es preocupante que dicha intimidación provenga de un funcionario público, quien ocupa un cargo de alta responsabilidad en el gobierno. Esta acción se da en un contexto de extrema tensión con las comunidades haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, con las que el Padre ha trabajado durante años. Ante esta situación, el Padre Ruquoy disminuyó sus actividades por temor a ser agredido o incluso obligado a salir el país.

Dada la gravedad de los hechos, CEJIL solicitó a la Corte Interamericana que le reitere al Estado de República Dominicana su obligación de cumplir con todas las medidas ordenadas de manera estricta y en los términos precisos que ordenó el alto tribunal interamericano.

CEJIL espera que el gobierno dominicano honre sus obligaciones internacionales y garantice el respeto de los derechos humanos del Padre Pedro Ruquoy.

 

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas para proteger los derechos de jóvenes brasileños encarcelados

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó, el 29 de noviembre pasado, a una audiencia pública, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a los representantes de los beneficiarios, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela (CTV); y al Estado brasileño. Esto con el fin de determinar las medidas concretas que ordenará para proteger a todos los adolescentes recluidos en la cárcel brasileña Complejo de Tatuapé de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM).

Jue, 01/12/2005

San José,Costa Rica, 1 de diciembre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó, el 29 de noviembre pasado, a una audiencia pública, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a los representantes de los beneficiarios, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela (CTV); y al Estado brasileño. Esto con el fin de determinar las medidas concretas que ordenará para proteger a todos los adolescentes recluidos en la cárcel brasileña Complejo de Tatuapé de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM).

La audiencia se dio a raíz de que la Corte adoptara, el 17 de noviembre pasado, medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de los adolescentes que se encuentran en la FEBEM, en virtud de las muertes, torturas y malos tratos que han sufrido en los últimos meses. En su resolución, la Corte señaló la necesidad y urgencia de conceder las medidas provisionales a favor de estos jóvenes ya que la actual situación de la cárcel es extremadamente preocupante. Cabe señalar que esta es la primera ocasión en la que la Corte Interamericana adopta medidas provisionales para proteger a personas menores de edad que se encuentran en establecimientos de detención estatales.

Adicionalmente, en la resolución de adopción de medidas se incluye un voto realizado por el juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el cual manifestó su inquietud porque la CIDH “declaró admisible la petición más de dos años después de haberla recibido y adoptó las medidas hasta el año 2004”.También, el juez Cançado se mostró aún más preocupado porque después de la adopción de medidas cautelares, la Comisión se tardó más de seis meses en solicitar las medidas de protección a la Corte.

CEJIL y la CVT, en calidad de representantes de los beneficiarios, informaron durante la audiencia sobre las diferentes situaciones graves y urgentes que viven los adolescentes en custodia en las unidades de la FEBEM. Entre ellas, mencionaron las siguientes: celdas superpobladas e insalubres, sin división por edad, desarrollo físico o gravedad del acto penal cometido. Igualmente, señalaron que la sarna se ha convertido en epidemia en las celdas. Los jóvenes reciben una insuficiente asistencia médica, pedagógica, psicológica y de recreación. Tampoco se han implementado medidas alternativas a la privación de libertad. Esas situaciones, entre otras, provocan que los detenidos hagan un reclamo de sus derechos y usen los motines para ello, los cuales son reprimidos de manera violenta y ello provoca más violaciones tanto del derecho a la vida, como a la integridad de los jóvenes.

Desde el año 2003 a la fecha, en FEBEM se han dado 23 muertes de reclusos y las circunstancias en las que se dieron estos hechos no han sido esclarecidas. Durante el año 2005 se han dado 600 fugas y 18 motines de consideración. Los familiares no han sido informados de los decesos, ni de la situación en la que se encuentran los heridos. Desde septiembre de este año, las autoridades brasileñas han negado el acceso a la cárcel a las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Después de la exposición de estos hechos, los peticionarios solicitaron a la Corte que dictara medidas concretas y de aplicación inmediata, con el fin de prevenir más violaciones de derechos humanos. Algunas de las solicitudes específicas que se hicieron fueron: la investigación rápida y efectiva de las muertes y las denuncias de torturas y malos tratos. Además pidieron que no se recluyan más jóvenes en el complejo Tatuapé, que cesen los malos tratos y las torturas, pero sobre todo que no se dé una muerte más. También solicitaron que se separe a los reclusos por edades, complexión física y gravedad del crimen cometido. Asimismo, requirieron la instalación de servicios médicos y que se garanticen las condiciones de higiene y limpieza. Una de las solicitudes más importantes que se le hizo a la Corte es que ordene al Estado que permita el acceso libre al presidio a las organizaciones de derechos humanos.

Con el ánimo de negociar una salida a esta situación, después de la audiencia se reunieron la Comisión Interamericana, los representantes de los beneficiarios y los representantes del Estado brasileño. En esta reunión, la delegación estatal no aceptó implementar las medidas inmediatas, propuestas por la CIDH y los peticionarios, a fin de salvaguardar la vida y la integridad de los menores de edad presos en Tatuapé. CEJIL considera que el Estado brasileño debe honrar sus compromisos internacionales en beneficio de un grupo especialmente vulnerable que espera con urgencia el reconocimiento y la protección de sus derechos.

En los próximos días, la Corte deberá emitir una resolución en la que se referirá a los mecanismos concretos de implementación de las medidas provisionales, adoptadas el 17 de noviembre pasado. Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Para más información, ver: http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/febem_se_01.pdf

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Venezuela deberá reparar a los familiares de personas desaparecidas

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares.

Jue, 15/12/2005

San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2005

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares. Al homologar el allanamiento hecho por el Estado en la audiencia pública del 27 y 28 de junio pasado, la Corte estableció que el Estado venezolano violó, en perjuicio de las víctimas y sus familias, los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la libertad personal y la protección judicial. El alto tribunal también señaló que Venezuela incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Las víctimas en este caso fueron desaparecidas de manera forzada en 1999, por miembros del ejército venezolano, en el estado costeño de Vargas, en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado de Venezuela. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes estatales bajo el pretexto de controlar el orden público.

En estas circunstancias, miembros del ejército entraron con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucedió con Javier Hernández, quien fue sacado de su casa por agentes de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta del lugar en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural.

Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos, ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares, ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió. Todos estos hechos fueron informados durante la audiencia ante la Corte, realizada en junio de este año y el Estado aceptó su responsabilidad internacional por los mismos.

El alto tribunal ordenó, en este mes de diciembre, que el Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Además debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, a la mayor brevedad. Asimismo, el Estado debe adoptar, las medidas que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada.

La Corte también requirió a Venezuela implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la DISIP, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso.

Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento a la misma. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Este caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

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