Defensores de derechos humanos

CEJIL participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones.

Jue, 13/10/2005

Washington, D.C. 13 de octubre de 2005

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones. CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas como: la trata de personas, la situación de las pandillas juveniles, conocidas como maras, en Honduras y El Salvador, la situación de los defensores/as de derechos humanos en la región centroamericana, las violaciones de los derechos de los niños y niñas en Paraguay.

También se expondrá sobre el derecho y el acceso a los servicios de salud de las mujeres, la situación de los derechos humanos de la población indígena y campesina en Bolivia y las condiciones en las que se encuentran las comunidades haitianas y dominico haitianas en República Dominicana. Una audiencia que se espera despierte gran interés es la referida al proceso de desmovilización y a la ley de Justicia y Paz en Colombia.

La preocupante situación que se vive en Venezuela será dada a conocer a la CIDH en cuatro audiencias en las cuales se verán los siguientes temas: situación de la administración de justicia, impunidad y condiciones carcelarias; situación de defensores y defensoras de derechos humanos: libertad de expresión y la impunidad en los casos de ejecuciones de campesinos.

También se tratarán casos específicos por violaciones de derechos humanos dentro de las cuales destacan: el acceso a medicamentos por parte de las personas que viven con el virus del VIH Sida en El Salvador; el caso del asesinato de Monseñor Romero, el cual aún se encuentra en la impunidad, después de 25 años del suceso; la situación del pueblo indígena Sarayaku de Ecuador .

Junto con CEJIL, estarán presentes víctimas y otras organizaciones no gubernamentales, así como delegaciones de los gobiernos del hemisferio. Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con México, Argentina, Honduras, Bolivia, El Salvador, Venezuela y Brasil.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Office
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza
Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo
Center for Reproductive Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Centro de Derechos Humanos de UCAB
Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro para la acción social en derechos humanos (CALDH)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo"
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Consorcio Justicia Viva
Corporación Humanas
Corporación Jurídica Libertad
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú
Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia (CDIA)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC)
Espacio público
Grupo de mujeres de San Cristóbal
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal
Juntos Avancemos (JHAJA)
Justicia y Paz
Memoria Activa
Observatorio de prisiones de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Encuentro Dominico Haitiano Jaques Viau (REDH Jaques Viau)
Red para la infancia y la adolescencia de El Salvador (RIA)
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Reiniciar
Vicaría de los Derechos Humanos de Caracas

Mujeres latinoamericanas deben acceder a su salud sexual y reproductiva

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights
Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos
vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período
ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en
Washington.

Durante la audiencia se habló del derecho a la maternidad voluntaria y
segura. Y se resaltó el hecho de que no hay voluntad política para abordar
estos temas. Se mencionó que en Brasil la mortalidad materna es uno de los
problemas de salud más serios que enfrenta la población femenina. También
los peticionarios expusieron el caso de Costa Rica, en donde la
fertilización in vitro no es permitida y mencionaron que esto viola los
derechos humanos de los y las ciudadanas de este país. La situación
mexicana también fue expuesta y según Pedro Morales, consultor legal del
GIRE, ?los servicios de planificación familiar? tienen serias deficiencias
en la consejería y en el respeto del consentimiento informado, sobre todo
cuando tales servicios son otorgados a mujeres en situación de pobreza o
marginación social. Además a pesar de que la anticoncepción de emergencia
fue incorporada a la Norma Oficial Mexicana, no fue sino un año después
cuando fue incluida en una cuadro básico y catálogo de medicamentos que
permitía su distribución?.

Varios de los peticionarios manifestaron que aún y cuando la legislación de
algunos países permite el aborto en algunas situaciones, como la violación,
o cuando corre riesgo la vida de la madre, en la práctica los organismos
judiciales dilatan la ejecución del mismo o las instituciones médicas no
quieren practicarlo. Con lo cual las mujeres deben recurrir a practicarse
abortos clandestinos en los cuales se exponen a una mala praxis, que
posteriormente no puede ser llevada ante la justicia y queda en la
impunidad.

Por su parte Vasili Deliyanis, de la organización Vivo Positivo informó
sobre las esterilizaciones forzadas de las que han sido víctimas mujeres que
viven con VIH Sida, las cuales ni siquiera se han percatado del momento en
que fueron esterilizadas, ni les fue informado. De esta manera se les ven
violentados sus derechos humanos. Ante esta difícil situación que enfrentan
las mujeres de toda América Latina, en la cual resultan más afectadas las de
áreas rurales, las de escasos recursos y las adolescentes, se le pidió a la
Comisión que vele por el derecho de estas mujeres a su salud sexual y
reproductiva.

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

CEJIL y CENIDH expusieron ante la CIDH la situación de la administración de justicia en Nicaragua

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de la administración de justicia y su relación
con la protección de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expusieron hoy ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) la situación de la administración de justicia y su relación
con la protección de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco del 123º
período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la
OEA en Washington.

Las organizaciones expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de
independencia, externa e interna, del órgano judicial. El CENIDH expresó que
el respeto a los derechos humanos se fundamenta en la existencia de un Poder
Judicial independiente, imparcial y profesional, pero que en la actual
coyuntura nicaragüense ?el poder judicial está sujeto a las variables
políticas y a los manejos de cúpula de los partidos políticos mayoritarios?.
En Nicaragua este poder del estado ?carece de independencia y es
directamente influenciado por sectores del poder político, económico y
religioso, y sus miembros son receptivos a estas influencias?, informaron
las organizaciones ante la Comisión.

Ante este panorama, la CIDH acogió las solicitudes de los peticionarios en
el sentido de incluir el tema de la administración de justicia en el próximo
informe ordinario de la Comisión, así como elaborar próximamente un informe
especializado sobre esta problemática en Nicaragua. Del mismo modo, los
comisionados externaron su profunda preocupación por la situación descrita,
y acordaron prestar particular atención y monitoreo, para lo cual
solicitaron a los peticionarios mantenerlos al tanto de todo factor
relacionado con esta problemática.

Asimismo, la Comisión indicó que la oportunidad de una próxima visita a
Nicaragua, será aprovechada para valorar tanto lo relativo a la
administración de justicia como la situación general de los derechos humanos
en el país, tal como les fue sugerido en la audiencia.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

Organizaciones denuncian ante la CIDH violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Centroamérica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

Sáb, 15/10/2005

Washington, D.C. 15 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

En el marco del 123º período ordinario de sesiones de la CIDH, ambas organizaciones expusieron las condiciones adversas que enfrentan los defensores/as de derechos humanos entre las más graves: los asesinatos, amenazas de muerte, los allanamientos, la criminalización de sus actividades y la difamación al identificarlos/as con terroristas, narcotraficantes y desestabilizadores sociales.

Durante la audiencia se informó que en los últimos cinco años las condiciones políticas de los países han dificultado y obstaculizado la labor de los defensores/as de derechos humanos. Además se puntualizaron las situaciones más graves que sufren en cada país del área. En Belice se destacó que las pocas posibilidades de empleo, sumado a el temor de ser despedido/a limita las posibilidades de ampliación del movimiento de derechos humanos. El caso de Guatemala es preocupante debido al aumento significativo de ataques contra defensores/as. El ejemplo de ello es que en el 2004, se reportaron 122 ataques en contra de defensores/as y en el 2005 (hasta julio) 127. En Honduras la situación es difícil debido a la vigilancia física y electrónica a la que son sometidos los y las defensores. Además de las acusaciones penales, allanamientos y detenciones ilegales.

En Nicaragua se vincula a los defensores/as de DDHH con defensores de delincuentes y se ataca a quienes trabajan el tema de las maquilas y a los sindicalistas. En este país hay participación de empresarios en la persecución contra defensores/as. En Panamá los problemas principales son las denuncias penales contra defensores/as. En Costa Rica, la difamación por oposición a políticas neoliberales y a la privatización de servicios públicos, la detención por participación en protestas sociales y el desconocimiento de la representación de Pueblos Indígenas son las situaciones más graves. Por último, en El Salvador los defensores/as de derechos económicos, sociales y culturales son calificados de terroristas y desestabilizadores. Los líderes sociales y sindicales son acosados y vigilados, y hay una simulación de violencia común contra ellos y ellas. En general, los defensores/as más afectados/as en la región son los/as ambientalistas, los/as sindicalistas, los líderes indígenas y los/as afro descendientes.

En vista de lo expuesto, CALDH y CEJIL solicitaron a la Comisión Interamericana la creación de una relatoría de defensores/as de derechos humanos y la realización de un informe temático sobre difamación en perjuicio de este sector. Los comisionados, por su parte, manifestaron su preocupación por las dificultades en la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para proteger a los defensores/as de derechos humanos. Además, la Comisión anunció que en este período de sesiones aprobaría un informe sobre la situación de las defensoras y defensores, el cual será un instrumento importante que podrán utilizar las organizaciones de derechos humanos para el reconocimiento de su trabajo y de su rol en la prevención de violaciones de derechos humanos.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

CIDH supo de las violaciones a los derechos de los indígenas en Argentina

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial.

Lun, 17/10/2005

Washington, D.C. 17 de octubre de 2005

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial. En el transcurso de la reunión, las comunidades –patrocinadas por el CELS y CEJIL- solicitaron a la Comisión que impida la realización del referéndum o lo declare inoponible a la resolución internacional del caso, además de requerir su elevación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Asociación Lhaka Honhat –que nuclea a numerosas comunidades aborígenes– solicitó a la CIDH que, como medida cautelar, ordene al Estado argentino suspender de forma inmediata el referéndum convocado por la provincia de Salta.

También se solicitó a la CIDH que garantice que el Estado no realice ninguna acción dirigida a afectar el territorio en conflicto; no entregue sus tierras sin la consulta y previo consentimiento de todas las comunidades involucradas; no permita que otros se consideren con derechos sobre esas tierras, y se abstenga de seguir yendo a los lotes con el fin de dividir y enfrentar a las comunidades, o a ellas con la población criolla.

Finalmente, y para el caso que no se suspenda el Referéndum, las comunidades solicitaron que la CIDH establezca que, cualquiera sea el resultado de la votación, el Gobierno deberá supeditar la entrega de dichas tierras a la decisión final que se adopte en el caso, sea por resolución de la CIDH o por una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia se realizó en Washington, sede de la CIDH, y contó con la presencia de su vicepresidenta, Susana Villarán, el comisionado Florentín Meléndez y José Zalaquet, relator sobre derecho de los pueblos indígenas, quienes cuestionaron al Estado por las posibles consecuencias del referéndum.

QUÉ PIDEN LAS COMUNIDADES

§ Título único a nombre de todas las comunidades de los lotes 55 y 14

§ Reconocimiento del área de uso tradicional de todas las comunidades según mapa presentado en la solución amistosa

§ Desarrollo de un proceso de diálogo indígenas-criollos sobre la base del reconocimiento del derecho indígena al uso tradicional de las tierras y sus recursos con predisposición a ceder zonas sin uso que no comprometa la unidad del espacio físico

El no reconocimiento del título único para todas las comunidades implica:

§ la fragmentación del espacio de uso tradicional y por ende de las relaciones de reciprocidad económica entre ellas que aseguran su supervivencia

§ la ruptura de la forma de vida comunitaria a través del tradicional uso común de zonas, como lo demuestra el mapa presentado en el proceso de solución amistosa

PRONUNCIAMIENTOS DEL ESTADO NACIONAL SOBRE EL REFERÉNDUM:

§ 2 de mayo: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicita al gobierno de Salta la no realización de la consulta popular debido a que es una medida unilateral que no respeta los consensos alcanzados en la solución amistosa.

§ 3 de mayo: Cancillería solicita al Gob. de Salta que revea su decisión atento a la eventual responsabilidad internacional en que puede incurrir el Estado argentino.

§ Sin fecha: Defensor del Pueblo de la Nación expresa que no se han respetado los compromisos asumidos en la solución amistosa y solicita que se deje sin efecto el referéndum unilateralmente decidido.

§ Septiembre: Declaración conjunta de Cancillería, INAI y Secretaria de Derechos Humanos expresan preocupación por la aprobación de la ley 7352 y solicitan que se suspenda el referéndum.

 

Contacto CELS :

Área de Comunicación - CELS
Tel./Fax 54 11 4334-4200 – (15)5 638-3107
comunicacion@cels.org.ar
www.cels.org.ar

Contacto CEJIL:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Antecedentes

Las comunidades que viven en los lotes 55 y 14, desde hace más de 20 años, reclaman tanto al Estado provincial como al nacional, que se les garanticen los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. En efecto, en 1984 las comunidades indígenas presentaron ante el gobierno provincial un reclamo administrativo solicitando la adjudicación en propiedad de una superficie sin subdivisiones internas y bajo un título único para todas las comunidades. En 1991 reiteraron esa presentación. Este recurso derivó en el dictado del decreto 2609/91, por el cual la Provincia de Salta dispuso la entrega de tierras a las comunidades, mediante un título único de propiedad, sin subdivisiones internas, pero no se cumplió con lo allí dispuesto ya que el Decreto no se implementó nunca.

Frente a esto, en agosto de 1998 Lhaka Honhat presentó la denuncia ante la CIDH contra el Estado argentino, por violación de los derechos de los pueblos indígenas. En el año 2000 se inició un proceso de solución amistosa, a fin de alcanzar una solución consensuada al conflicto sobre las tierras de los lotes 14 y 55 (aproximadamente 650.00 hectáreas).

En el proceso de solución amistosa participaba el gobierno nacional (a través de Cancillería, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de DDHH de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación), el gobierno provincial, las comunidades aborígenes y la población criolla que habita en esos lotes. Los criollos, mayoritariamente ganaderos, tienen una forma de vida que colisiona con las comunidades, puesto que su ganado se apropia de los recursos que necesitan los aborígenes para subsistir como comunidades cazadoras-recolectoras.

Las comunidades reclaman desde hace décadas un título único, ya que en razón de su forma de vida, cada comunidad camina varios kilómetros para acceder a distintos recursos, lo cual se vería inevitablemente destruido si las tierras se entregan por familias, en parcelas o mediante un título a cada comunidad (lo que llevará a dividir el territorio y las zonas de uso común de las distintas comunidades y por lo tanto les privará de acceder a ciertos recursos imprescindibles para sobrevivir y para continuar con su forma de vida).

Entre los años 2002 y 2005 se realizaron más de 30 reuniones de trabajo donde se discutieron los reclamos, se confeccionaron numerosos informes técnicos y se fueron alcanzando distintos acuerdos con miras a concretar los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana.

Pese a ello, el 12 de abril de este año, la provincia de Salta decidió romper el proceso de solución amistosa y convocar a un referéndum en el que se decida el destino de las tierras. El 25 de julio el referéndum se aprobó mediante la ley 7352. De acuerdo a la Constitución Nacional y Provincial, es una obligación del Estado garantizar el título sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, y no una facultad discrecional.

Ante esta decisión unilateral del gobierno de Salta, las comunidades solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares para que el gobierno suspenda el referéndum, asegure y no afecte el territorio, no divida a las comunidades a través de sus punteros políticos y proteja la integridad física de las personas.

En el mes de agosto, la CIDH solicitó al gobierno nacional que le explique cuáles serían los efectos del referéndum sobre los derechos indígenas y sobre el caso en trámite ante la Comisión.

En septiembre, las comunidades aborígenes reiteraron el pedido de medidas cautelares para proteger la integridad del territorio indígena amenazado por intrusiones continuas de alambrados, corte ilegal de madera, obras de infraestructura y mensuras de parcelas de tierra, etc. También solicitaron que se frenen las actividades de funcionarios provinciales destinadas a dividir a las comunidades (que está generando mucho daño en la zona). Se volvió a solicitar la suspensión del referéndum, y en su defecto, la declaración de inoponibilidad del mismo frente a la solución internacional del caso.

Gobierno chileno acepta iniciar proceso de solución amistosa para cambiar leyes discriminatorias contra las mujeres

Mar, 18/10/2005

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Corporación Humanas iniciaron un proceso de solución amistosa en el caso de Sonia Arce Esparza vs. Chile, en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Sra. Arce, junto con sus hermanos y hermanas, heredó una propiedad de sus padres. Sin embargo, en el momento de querer vender el inmueble, se vio en la imposibilidad legal de hacerlo, en razón de que la legislación chilena establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y, como tal, administra los bienes propios de la esposa.

Los peticionarios expusieron que algunos artículos del código civil chileno, relativos al régimen de sociedad conyugal, establecen distinciones entre los hombres y las mujeres que son discriminatorias consagrando un trato diferente para las mujeres casadas en cuanto al goce de sus derechos de propiedad respecto de sus maridos. En consecuencia, solicitaron la reforma de este régimen legal. Por su parte, el Estado reconoció la necesidad de modificar su legislación.

De llevarse a cabo esta reforma las mujeres chilenas casadas que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en el cual se encuentra la víctima, tendrán una posición de equidad frente a los varones. Es importante resaltar que en el marco de esta negociación se buscará la reparación integral del daño causado a Sonia Arce.

CEJIL valora la posición adoptada por el Estado chileno y espera que éste sea el primer paso para que su legislación se apegue a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de esta forma se garantice a las mujeres chilenas su derecho a la igualdad y no discriminación.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Honduras es denunciada por su política anti pandillas

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras

Mié, 19/10/2005

Washington, D.C. 19 de octubre de 2005

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras. Y resaltaron que la respuesta a este fenómeno debe ser integral y no sólo represiva.

Al respecto, las organizaciones señalaron que las autoridades hondureñas aprobaron reformas legislativas para atacar directamente a las pandillas y a sus jefes, y que entre ellas, cambiaron el delito de asociación ilícita para calificar el propósito permanente de ejecutar cualquier delito y aumentaron las penas. Además eliminaron la posibilidad de que los acusados por ese delito fueran juzgados en libertad, establecieron la posibilidad de practicar allanamientos sin orden judicial y se aumento plazo necesario para ser presentado ante un juez para determinar la legalidad de la detención.

En este proceso de intentar reprimir a las maras se encarcelan a los jóvenes, vinculados o no a estos grupos, lo que ha aumentado la población carcelaria. Esto vino a poner presión a un sistema ya colapsado. Ante esto, el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, relator sobre los derechos de la niñez, criticó el hecho de que se mantiene el patrón de detención arbitraria que pudo constatar en su visita el año anterior, y dijo que “hay cientos de gentes que no deberían estar detenidas”.

Según datos brindados a la CIDH por las organizaciones, resulta evidente que el sistema jurídico, penitenciario y el judicial no han sido capaces de controlar los efectos de las reformas legislativas mencionadas y sus consecuencias institucionales, presupuestarias y sociales. Incluso se expuso que el tema de las maras se utiliza en Honduras como caudal electoral de los políticos, quienes intentan ganar votos ofreciendo una mayor represión contra los pandilleros.

El Estado reconoció que el abordaje a la situación de las pandillas juveniles “no ha sido del todo eficaz”. Asimismo estuvo de acuerdo con que el sistema penitenciario colapsó y aseguró que se están buscando nuevas formas de enfrentar el problema. Sin embargo, los peticionarios recordaron al Estado que más que un reconocimiento de la situación, lo que se requiere es que el Estado lleve a cabo acciones para investigar cuáles son las dimensiones del fenómeno de las maras y que implemente una respuesta integral al mismo. La Comisión Interamericana coincidió con los peticionarios en la necesidad de que Estado enfrente la problemática con acciones concretas y agregó que el tema de las maras será abordado en un informe que pronto será publicado por este órgano.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

El Salvador rindió cuentas ante la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de El Salvador, para el día de hoy, a dos audiencias para que brindara información sobre la situación de las maras y el cumplimiento de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.

Jue, 20/10/2005

Washington, D.C. 20 de octubre de 2005

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado de El Salvador, para el día de hoy, a dos audiencias para que brindara información sobre la situación de las maras y el cumplimiento de sus recomendaciones en el caso de Monseñor Romero.

Sobre el tema de las pandillas juveniles, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), denunciaron ante la CIDH que las políticas represivas del gobierno son violatorias de los derechos humanos y que no han logrado reducir el índice de asesinatos en el país. Por el contrario los datos de la Policía, Medicina Legal y Fiscalía indican que hay un promedio de 12 muertes diarias, a causa de la violencia.

Otros aspectos que resaltaron las organizaciones son: las personas menores de edad son detenidas junto con adultas, los allanamientos masivos y reformas a la Ley de la Justicia Penal Juvenil van contra la Convención Internacional de los derechos de la Niñez. Los peticionarios también señalaron a la Comisión Interamericana que una efectiva lucha contra las maras debe comprender tres aspectos: prevención, represión e inserción social.

La represión por sí sola no es la solución, por lo tanto, los peticionarios solicitaron al Estado adoptar “estrategias amplias que no se limiten a las medidas penales y que hagan frente a la raíz de la violencia y el delito entre los adolescentes, en pandillas o no, llevando a cabo políticas para la inserción social de adolescentes marginados; medidas para mejorar el acceso a la educación, instalaciones laborales, recreativas y deportivas y programas de reintegración para los menores infractores”.

La Comisión manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos que conllevan las políticas de Mano Dura y Súper Mano Dura ejecutadas por El Salvador e informó que próximamente presentará un informe sobre este tema.

En la audiencia del caso de Monseñor Romero la oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador y CEJIL, evidenciaron el incumplimiento del Estado con sus obligaciones internacionales, pues al día de hoy el Estado no ha realizado una investigación judicial completa, imparcial y efectiva, de manera expedita, a fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales del asesinato de Monseñor Romero, como se lo ordenó la CIDH, en el año 2000.

El Estado indicó que el caso está archivado, que ya prescribió y que no puede ignorar la ley de amnistía. Estos argumentos fueron cuestionados por los comisionados, quienes exhortaron a los agentes del Estado a investigar el asesinato y juzgar a los culpables. Ante una solicitud de los peticionarios, el Estado se comprometió a responder una propuesta, que estos le presenten, en materia de reparaciones, las cuales también fueron ordenadas, hace cinco años, por la Comisión.

Es importante señalar que han pasado 25 años desde el asesinato de Monseñor Romero y este crimen continúa en la impunidad, lo que envía un mensaje a la sociedad salvadoreña de que la violencia no es castigada por parte del Estado y por lo tanto se perpetúa.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Relatoría de la niñez dijo que visitará Paraguay

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las violaciones de los derechos humanos a niños/as y adolescentes en situación de calle en el Paraguay y especialmente en Ciudad del Este – Alto Paraná.

Sólo en Ciudad del Este existen alrededor de 3.000 niños en situación de calle entre 6 y 18 años, los/as cuales -en muchos de los casos- son explotados. Esta población es víctima de procedimientos judiciales, policiales y administrativos, ilegales y arbitrarios, que los/as privan de su libertad.

Una práctica preocupante contra esta población es que las redadas fueron instaladas de manera permanente en Ciudad del Este. Se desconoce oficialmente el paradero de los niños/as y adolescentes redados y las prácticas represivas contra ellos/as se han agravado. Ante esta situación las organizaciones de derechos humanos del Paraguay presentaron un recurso de habeas corpus genérico ante la Corte Suprema de Justicia, pero este fue rechazado.

En la audiencia celebrada ante la CIDH los peticionarios denunciaron estos hechos violatorios de los derechos humanos, que también contravienen la Convención sobre los Derechos de la Niñez y recordaron que en el país están vigentes estas leyes internacionales.

Frente a la exposición de estos hechos el Relator de la niñez de la Comisión Interamericana, Paulo Sergio Pinheiro, expresó que esta información sería remitida al Estado. Y manifestó su interés por conocer más de cerca esta situación para lo que podría visitar Paraguay –antes de fines de este año- para observar las condiciones de los niños y las niñas en situación de calle.

 

Contacto en Washington:

Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

Contactos en Paraguay:

cdia@cdia.org.py
ceniju@columbie.edu.py

Organizaciones de derechos humanos venezolanas ante la CIDH

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

Los obstáculos para la administración de justicia, el accionar de cuerpos parapoliciales, el precario estado de las cárceles, los hostigamientos al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos y las intimidaciones a quienes intentan ejercer el derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron planteados hoy por distintas organizaciones venezolanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En calidad de peticionarios, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cofavic, Provea, la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Nacional de Prisiones de Venezuela y el Instituto Prensa y Sociedad fueron recibidos en audiencia en el marco del 123° período ordinario de sesiones que la CIDH está celebrando en su sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones venezolanas expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de independencia y autonomía de los jueces y fiscales del ministerio público así como el carácter provisorio de la mayoría de los jueces y la aplicación de la justicia militar a civiles y a militares retirados. Los peticionarios le solicitaron a la CIDH que inste al Estado venezolano a respetar los estándares internacionales en materia de administración de justicia de manera de garantizar la imparcialidad y objetividad de quienes tienen a cargo dicha tarea.

La precaria situación de las cárceles venezolanas también fue expuesta ante la CIDH, la cual incluye el hacinamiento de reclusos, la brutalidad policial a la que éstos son sometidos y el retraso en el dictado de sentencias. Entre los aspectos que revisten mayor gravedad, se señaló que en las cárceles venezolanas muere en forma violenta un recluso por día, que la edad carcelaria oscila entre los 18 y 30 años y la mayoría de las penas corresponden a delitos patrimoniales. Las organizaciones venezolanas solicitaron a la CIDH que interfiera para que el Estado implemente una mejora sustancial en las actuales condiciones carcelarias de manera que se respeten plenamente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, se informó que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por los grupos parapoliciales continúan ocurriendo en Venezuela y al respecto se le solicitó a la CIDH que interceda para que el Estado lleve adelante investigaciones serias y efectivas que permitan la captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables.

CEJIL, Provea, la Vicaría de Caracas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), informaron también a la CIDH sobre los obstáculos que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos en el desempeño de sus tareas, las cuales están directamente relacionadas tanto con la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho como con la vigilancia y consolidación del respeto a los derechos humanos. Los representantes de las organizaciones venezolanas presentaron información detallada sobre las distintas violaciones que sufren como resultado de su trabajo. Intimidaciones, amenazas, interferencia a sus comunicaciones, campañas de desprestigio, inicio de procesos judiciales, utilización de leyes claramente violatorias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, fueron algunos de los ejemplos citados.

En este contexto, los peticionarios señalaron la absoluta desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos debido a la negativa del Estado venezolano de acatar las solicitudes de medidas cautelares (de protección) requeridas por la CIDH a favor de defensores y defensoras de derechos humanos. Al respecto, expresaron que este desconocimiento tiene una especial gravedad, la cual se acentúa con el incumplimiento sistemático de las medidas provisionales otorgadas por la Corte, cuando el Estado realiza actuaciones orientadas a desconocer expresamente la competencia del alto tribunal. Se señaló además que es especialmente preocupante cuando las autoridades venezolanas criminalizan la actuación de los defensores y defensoras de derechos humanos ante el sistema interamericano acusándolos de conspiradores o recurriendo a la descalificación pública de su trabajo. Sobre este tema en particular, los peticionarios le solicitaron a la CIDH que preste especial y mayor atención, la cual se comprometió a hacerlo.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, la Asociación Espacio Público y CEJIL brindaron información detallada sobre los problemas con que se enfrentan quienes intentan ejercer la libertad de expresión en Venezuela. Mencionaron un sustantivo incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones cometidos contra periodistas y medios de comunicación en los últimos tres años. Asimismo se hizo referencia al uso creciente del aparato judicial como un medio para intimidar y acallar el trabajo periodístico a través del uso excesivo de la figura de calumnias e injurias. Las organizaciones informaron también sobre los obstáculos con que se enfrentan los medios de comunicación y los periodistas para el ejercicio pleno de su derecho a la expresión tras la aprobación de la controvertida ley de contenido y la reforma del código penal. Informaron que como consecuencia de estas reformas, un número importante de programas de opinión han salido del aire, lo cual repercute negativamente en la posibilidad de llevar adelante desde los medios de comunicación un debate abierto y pluralista sobre el proceso político que está viviendo el país.

Por último, CEJIL y las organizaciones venezolanas que participaron de estas audiencias pidieron que el Relator de la CIDH para Venezuela realice una visita al país lo antes posible de manera tal de evaluar la situación de los derechos humanos y que se incorpore la información brindada en el próximo informe de seguimiento al Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela publicado en el año 2003.

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Distribuir contenido