Defensores de derechos humanos

Honduras debe entregar informe a la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

Mié, 05/10/2005

San José, Costa Rica, 05 de octubre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos le comunicó al Estado hondureño, mediante resolución de 30 de septiembre de 2005, que continuará "supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la sentencia" en el caso de Juan Humberto Sánchez y, fijó el 30 de enero de 2006 como fecha máxima para que el Estado le rinda un informe detallado sobre las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas.

La sentencia contra Honduras es de fecha 7 de junio de 2003, y en ella la Corte ordena al Estado indemnizar económicamente a la víctima y a sus familiares; investigar efectivamente los hechos del caso para identificar a los autores materiales e intelectuales, así como a los eventuales encubridores, y sancionarlos administrativa y penalmente; trasladar los restos mortales de Juan Humberto al lugar de elección de sus familiares; implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones; reconocer públicamente la responsabilidad en los hechos denunciados; y, publicar en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional partes específicas de la sentencia.

El caso fue presentado ante el sistema interamericano por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), a raíz de la detención ilegal de Juan Humberto Sánchez por un grupo de militares armados el 11 de julio de 1992 y su posterior asesinato, apareciendo su cuerpo sin vida diez días después. Al día de hoy, no se han investigado los hechos ni se ha sancionado a los responsables.

Tras la sentencia de la Corte Interamericana, el Estado únicamente ha cumplido con el acto público que se realizó el 4 de noviembre de 2004 y que fue presidido por el Presidente Ricardo Maduro, quien pidió perdón a los familiares de Juan Humberto Sánchez y se comprometió a publicar la sentencia según lo ordenado. Lastimosamente, ello no ha ocurrido, como tampoco se han cumplido los otros puntos de la sentencia. Incluso, desde hace más de un año el Estado tiene en su poder los restos de Juan Humberto y no se los ha entregado a sus familiares. En palabras de la Corte Interamericana: ".la Corte observa que han transcurrido más de 13 años desde la ejecución de la víctima, más de dos años desde que la Corte dictara Sentencia y más de un año desde que fue realizada la exhumación de los restos mortales de la víctima, sin que el Estado los haya entregado a sus familiares para su inhumación en el lugar de elección de éstos."

Ante la falta de cumplimiento por parte del Estado, la Corte le recordó que tiene el deber de acatar las obligaciones establecidas por el Tribunal, por lo que debe adoptar todas las providencias necesarias para dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia.

Es importante recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de acatamiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia. Por lo tanto, CEJIL exhorta al Estado de Honduras a honrar sus compromisos internacionales y a cumplir con el requerimiento de la Corte dentro del plazo fijado.

Contacto en Washington: Contacto en Costa Rica:

Victoria Amato Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa/Communications Officer Difusión y Prensa

1630ConnecticutAve.NWSuite401 Apartado Postal441-2010

Washington, D.C.20009, EEUU San José, Costa Rica

Tel:202-319-3000 ext.22 Tel:506-280-7473/7608

Fax:202-319-3019 Fax: 506-280-5280

Correo electrónico:vamato@cejil.org Correo electrónico:nmarin@cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Corte Interamericana falla a favor de los derechos de niños y niñas

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “

Vie, 07/10/2005

Washington, D.C. 7 de octubre de 2005

En el día de hoy culminaron ocho años de litigio internacional tras una decisión histórica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en la República Dominicana, a quienes se les fueron negadas de manera discriminatoria sus actas de nacimiento. “Esta decisión es una victoria para todos los niños y niñas y para el principio de igualdad”, expresó Laurel Fletcher, Directora de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California, Berkeley. “En términos de políticas estatales, -agregó- esta resolución impulsará cambios profundamente positivos en la República Dominicana.”

Al referirse al derecho a la nacionalidad, el máximo tribunal de América en materia de derechos humanos determinó que: “el estatus migratorio de una persona no puede ser condición para el otorgamiento de la nacionalidad por el Estado […] y [el estatus legal de los padres tampoco] se trasmite a sus hijos.” Además, la Corte Interamericana afirmó que: “la condición del nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad.” En el caso en concreto, la Corte Interamericana concluyó que el Estado denegó a las niñas sus actas de nacimiento por motivos discriminatorios, “lo cual, a su vez, les impuso una situación de continua vulnerabilidad.”

Como consecuencia de las violaciones, la Corte Interamericana ordenó al Estado dominicano a adoptar una serie de medidas reparatorias que requieren una reforma sustancial del sistema de registro de nacimientos. Asimismo, el Tribunal ordenó al Estado que abra las puertas de las escuelas a todos los niños y las niñas “independientemente de su ascendencia u origen.” Adicionalmente, dentro de un plazo determinado, el Estado debería llevar a cabo un acto público de reconocimiento de responsabilidad y desagravio, publicar la sentencia e indemnizar a las víctimas y sus familias, entre otras medidas.

República Dominicana tiene una clara obligación jurídica de acatar la resolución de la Corte Interamericana. Al haber aceptado la jurisdicción de este Tribunal hace varios años, el Estado reconoció que sus decisiones son vinculantes y el cumplimiento es obligatorio. “Según los tratados firmados por República Dominicana así como la Constitución del país, las autoridades dominicanas de todas las ramas tienen la obligación de cumplir con las órdenes de la Corte Interamericana,” dijo Roxanna Altholz, profesora de la Clínica de Derechos Humanos Internacionales.

Durante el litigio ante el sistema interamericano, las víctimas fueron representadas por la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); y el Movimiento de Mujeres de Ascendencia Haitiana (MUDHA). “Finalmente, las víctimas tienen una respuesta objetiva y definitiva sobre el alcance de los derechos de niños y niñas nacidos en la República Dominicana de ascendencia haitiana,” dijo Sonia Pierre, Coordinadora General de MUDHA. “La decisión interamericana brinda una oportunidad al Estado de República Dominicana para que éste abra una nuevo capítulo en su política que se caracterice por el respeto a los derechos humanos.”

La decisión de la Corte Interamericana ha sido emitida durante un período de creciente tensión y violencia en la República Dominicana, que se ha manifestado en ataques y agresiones contra comunidades haitianas y dominico-haitianas. En la estela de esta histórica decisión, la comunidad internacional estará atenta a las medidas tomadas por el Estado para proteger estas poblaciones y cumplir con la sentencia. “Nuestra esperanza es que el Estado rechace rotundamente los actos de violencia, cumpla cabalmente con la decisión de la Corte y que de esa manera se afiance el estado de derecho en el país” señaló David Baluarte, abogado de CEJIL.

Contactos

Clínica de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho Boalt Hall de la Universidad de California, Berkeley
Berkeley, California EEUU
Roxanna Altholz
Profesora
(Tel) 510 643 8781 510 643 4796
(Fax) 510 643 4625
Correo: raltholz@law.berkeley.edu

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Washington DC, EEUU
Victoria Amato
Difusión y Prensa
(Tel) 202 319 3000
(Fax) 202 319 3019
Correo: vamato@cejil.org

Movimiento de Mujeres de Ascendencia Haitiana (MUDHA)
Santo Domingo, República Dominicana
Solain Pierre
Coordinadora General
(Tel) (809) 686 3300
(Fax) (809) 689 3532
Correo: mudha@hotmail.com

 

Corte Interamericana ordena a Mexico acatar su resolución

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de
seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez
y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de
las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

Lun, 10/10/2005

San José, Costa Rica, 10 de octubre de 2005

 

El pasado 7 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos

notificó al Estado mexicano que debe continuar "implementando las medidas de

seguridad que fueron implementadas a favor del señor Leonel Rivero Rodríguez

y de la señora Bárbara Zamora López hasta hace unos días", con ocasión de

las medidas provisionales ordenadas por el Tribunal.

 

El pronunciamiento de la Corte obedece a la decisión unilateral y

arbitraria del Estado mexicano de modificar las medidas de protección que

había consensuado con los beneficiarios, pese a que el Estado no ha

investigado los actos de intimidación que ameritaron que la Corte ordenara

tales medidas.

 

Tanto el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),

representante de las personas beneficiarias de las medidas provisionales, como

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronunciaron contra la

actitud estatal. La Comisión expresamente consideró que "la actuación

unilateral del Estado constituye desacato de lo ordenado por la Corte.

Adicional y subsidiariamente, estima que la decisión referida no tiene

fundamento". Además, señaló que dicha decisión "es jurídicamente

improcedente" y constituye "un desafío a la competencia del Tribunal".

 

 

Por su parte, CEJIL indicó que la falta de resultados en las

investigaciones por la muerte de Digna Ochoa y las amenazas sufridas por Pilar

Noriega, Bárbara Zamora y Leonel Rivero no pueden demostrar que estas personas

se encuentran libres de riesgo; por el contrario, ese riesgo no ha cesado, y

recordaron una serie de situaciones que así lo evidencian.

 

De acuerdo al pronunciamiento de la Corte Interamericana, mientras

resuelve la petición estatal de levantar las medidas provisionales, el Estado

está en la obligación de adoptar las medidas necesarias para proteger la vida

y la integridad personal de las personas beneficiarias , para lo cual debe

darles participación en la planificación e implementación de las mismas.

CEJIL hace un llamado al Estado mexicano para que cumpla de buena fe sus

compromisos internacionales y que acate integramente la decisión de la Corte,

restituyendo a la brevedad las medidas de seguridad que removió. Igualmente,

exhorta al Estado para que investigue de manera exhaustiva, imparcial y

diligente los hechos que ponen en riesgo la integridad personal de los

beneficiarios de las medidas provisionales, ya que, de acuerdo con la propia

Corte, la investigación es la mejor garantía de prevención.

 

 

Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

 

 

Para más información, ver:

 

Resolución de 30 de noviembre de 2001:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_01.pdf

 

Resolución de 20 de abril de 2004:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/projuarez_se_02.pdf

 

Resolución de 29 de junio de 2005:

http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/noriega_se_01.pdf

 

 

 

 

 

Contacto en Washington: Contacto en Costa Rica:

Victoria Amato Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa/Communications Officer Difusión y Prensa

1630ConnecticutAve.NWSuite401 Apartado Postal441-2010

Washington, D.C.20009, EEUU San José, Costa Rica

Tel:202-319-3000 ext.22 Tel:506-280-7473/7608

Fax:202-319-3019 Fax: 506-280-5280

Correo electrónico:vamato@cejil.org Correoelectrónico:nmarin@cejil.org

 

 

 

 

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una

organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio

americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación

de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la

Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema

interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección

internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro

con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos

Humanos.

 

 

CEJIL participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones.

Jue, 13/10/2005

Washington, D.C. 13 de octubre de 2005

Desde el 14 hasta el 21 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones de trabajo, convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 123º período ordinario de sesiones. CEJIL informará a la Comisión sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará temáticas específicas como: la trata de personas, la situación de las pandillas juveniles, conocidas como maras, en Honduras y El Salvador, la situación de los defensores/as de derechos humanos en la región centroamericana, las violaciones de los derechos de los niños y niñas en Paraguay.

También se expondrá sobre el derecho y el acceso a los servicios de salud de las mujeres, la situación de los derechos humanos de la población indígena y campesina en Bolivia y las condiciones en las que se encuentran las comunidades haitianas y dominico haitianas en República Dominicana. Una audiencia que se espera despierte gran interés es la referida al proceso de desmovilización y a la ley de Justicia y Paz en Colombia.

La preocupante situación que se vive en Venezuela será dada a conocer a la CIDH en cuatro audiencias en las cuales se verán los siguientes temas: situación de la administración de justicia, impunidad y condiciones carcelarias; situación de defensores y defensoras de derechos humanos: libertad de expresión y la impunidad en los casos de ejecuciones de campesinos.

También se tratarán casos específicos por violaciones de derechos humanos dentro de las cuales destacan: el acceso a medicamentos por parte de las personas que viven con el virus del VIH Sida en El Salvador; el caso del asesinato de Monseñor Romero, el cual aún se encuentra en la impunidad, después de 25 años del suceso; la situación del pueblo indígena Sarayaku de Ecuador .

Junto con CEJIL, estarán presentes víctimas y otras organizaciones no gubernamentales, así como delegaciones de los gobiernos del hemisferio. Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con México, Argentina, Honduras, Bolivia, El Salvador, Venezuela y Brasil.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Office
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza
Capitulo Boliviano de derechos humanos, democracia y desarrollo
Center for Reproductive Rights
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social
Centro de Derechos Humanos de UCAB
Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas
Centro para la acción social en derechos humanos (CALDH)
Colectivo de Abogados "Jose Alvear Restrepo"
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Comité de Solidaridad con Presos Políticos
Consorcio Justicia Viva
Corporación Humanas
Corporación Jurídica Libertad
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú
Coordinadora por los derechos de la infancia y la adolescencia (CDIA)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC)
Espacio público
Grupo de mujeres de San Cristóbal
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos
Human Rights Watch
Instituto de Defensa Legal
Juntos Avancemos (JHAJA)
Justicia y Paz
Memoria Activa
Observatorio de prisiones de Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Red de Encuentro Dominico Haitiano Jaques Viau (REDH Jaques Viau)
Red para la infancia y la adolescencia de El Salvador (RIA)
Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador
Reiniciar
Vicaría de los Derechos Humanos de Caracas

Mujeres latinoamericanas deben acceder a su salud sexual y reproductiva

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Human Rights
Watch, Center for Reproductive Rights, Grupo de Información en Reproducción
Elegida (GIRE) y Vivo positivo expresaron su preocupación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por las dificultades que enfrentan las
mujeres de América Latina para acceder al disfrute de los derechos
vinculados con su salud sexual y reproductiva, en el marco del 123º período
ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en
Washington.

Durante la audiencia se habló del derecho a la maternidad voluntaria y
segura. Y se resaltó el hecho de que no hay voluntad política para abordar
estos temas. Se mencionó que en Brasil la mortalidad materna es uno de los
problemas de salud más serios que enfrenta la población femenina. También
los peticionarios expusieron el caso de Costa Rica, en donde la
fertilización in vitro no es permitida y mencionaron que esto viola los
derechos humanos de los y las ciudadanas de este país. La situación
mexicana también fue expuesta y según Pedro Morales, consultor legal del
GIRE, ?los servicios de planificación familiar? tienen serias deficiencias
en la consejería y en el respeto del consentimiento informado, sobre todo
cuando tales servicios son otorgados a mujeres en situación de pobreza o
marginación social. Además a pesar de que la anticoncepción de emergencia
fue incorporada a la Norma Oficial Mexicana, no fue sino un año después
cuando fue incluida en una cuadro básico y catálogo de medicamentos que
permitía su distribución?.

Varios de los peticionarios manifestaron que aún y cuando la legislación de
algunos países permite el aborto en algunas situaciones, como la violación,
o cuando corre riesgo la vida de la madre, en la práctica los organismos
judiciales dilatan la ejecución del mismo o las instituciones médicas no
quieren practicarlo. Con lo cual las mujeres deben recurrir a practicarse
abortos clandestinos en los cuales se exponen a una mala praxis, que
posteriormente no puede ser llevada ante la justicia y queda en la
impunidad.

Por su parte Vasili Deliyanis, de la organización Vivo Positivo informó
sobre las esterilizaciones forzadas de las que han sido víctimas mujeres que
viven con VIH Sida, las cuales ni siquiera se han percatado del momento en
que fueron esterilizadas, ni les fue informado. De esta manera se les ven
violentados sus derechos humanos. Ante esta difícil situación que enfrentan
las mujeres de toda América Latina, en la cual resultan más afectadas las de
áreas rurales, las de escasos recursos y las adolescentes, se le pidió a la
Comisión que vele por el derecho de estas mujeres a su salud sexual y
reproductiva.

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

CEJIL y CENIDH expusieron ante la CIDH la situación de la administración de justicia en Nicaragua

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de la administración de justicia y su relación
con la protección de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco del 123º período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la OEA en Washington.

Vie, 14/10/2005

Washington, D.C. 14 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) expusieron hoy ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados
Americanos (OEA) la situación de la administración de justicia y su relación
con la protección de los derechos humanos en Nicaragua, en el marco del 123º
período ordinario de sesiones que se está llevando a cabo en su sede de la
OEA en Washington.

Las organizaciones expresaron a la CIDH su preocupación por la falta de
independencia, externa e interna, del órgano judicial. El CENIDH expresó que
el respeto a los derechos humanos se fundamenta en la existencia de un Poder
Judicial independiente, imparcial y profesional, pero que en la actual
coyuntura nicaragüense ?el poder judicial está sujeto a las variables
políticas y a los manejos de cúpula de los partidos políticos mayoritarios?.
En Nicaragua este poder del estado ?carece de independencia y es
directamente influenciado por sectores del poder político, económico y
religioso, y sus miembros son receptivos a estas influencias?, informaron
las organizaciones ante la Comisión.

Ante este panorama, la CIDH acogió las solicitudes de los peticionarios en
el sentido de incluir el tema de la administración de justicia en el próximo
informe ordinario de la Comisión, así como elaborar próximamente un informe
especializado sobre esta problemática en Nicaragua. Del mismo modo, los
comisionados externaron su profunda preocupación por la situación descrita,
y acordaron prestar particular atención y monitoreo, para lo cual
solicitaron a los peticionarios mantenerlos al tanto de todo factor
relacionado con esta problemática.

Asimismo, la Comisión indicó que la oportunidad de una próxima visita a
Nicaragua, será aprovechada para valorar tanto lo relativo a la
administración de justicia como la situación general de los derechos humanos
en el país, tal como les fue sugerido en la audiencia.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

Organizaciones denuncian ante la CIDH violaciones contra defensores y defensoras de derechos humanos en Centroamérica

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

Sáb, 15/10/2005

Washington, D.C. 15 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en el área centroamericana.

En el marco del 123º período ordinario de sesiones de la CIDH, ambas organizaciones expusieron las condiciones adversas que enfrentan los defensores/as de derechos humanos entre las más graves: los asesinatos, amenazas de muerte, los allanamientos, la criminalización de sus actividades y la difamación al identificarlos/as con terroristas, narcotraficantes y desestabilizadores sociales.

Durante la audiencia se informó que en los últimos cinco años las condiciones políticas de los países han dificultado y obstaculizado la labor de los defensores/as de derechos humanos. Además se puntualizaron las situaciones más graves que sufren en cada país del área. En Belice se destacó que las pocas posibilidades de empleo, sumado a el temor de ser despedido/a limita las posibilidades de ampliación del movimiento de derechos humanos. El caso de Guatemala es preocupante debido al aumento significativo de ataques contra defensores/as. El ejemplo de ello es que en el 2004, se reportaron 122 ataques en contra de defensores/as y en el 2005 (hasta julio) 127. En Honduras la situación es difícil debido a la vigilancia física y electrónica a la que son sometidos los y las defensores. Además de las acusaciones penales, allanamientos y detenciones ilegales.

En Nicaragua se vincula a los defensores/as de DDHH con defensores de delincuentes y se ataca a quienes trabajan el tema de las maquilas y a los sindicalistas. En este país hay participación de empresarios en la persecución contra defensores/as. En Panamá los problemas principales son las denuncias penales contra defensores/as. En Costa Rica, la difamación por oposición a políticas neoliberales y a la privatización de servicios públicos, la detención por participación en protestas sociales y el desconocimiento de la representación de Pueblos Indígenas son las situaciones más graves. Por último, en El Salvador los defensores/as de derechos económicos, sociales y culturales son calificados de terroristas y desestabilizadores. Los líderes sociales y sindicales son acosados y vigilados, y hay una simulación de violencia común contra ellos y ellas. En general, los defensores/as más afectados/as en la región son los/as ambientalistas, los/as sindicalistas, los líderes indígenas y los/as afro descendientes.

En vista de lo expuesto, CALDH y CEJIL solicitaron a la Comisión Interamericana la creación de una relatoría de defensores/as de derechos humanos y la realización de un informe temático sobre difamación en perjuicio de este sector. Los comisionados, por su parte, manifestaron su preocupación por las dificultades en la implementación de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH para proteger a los defensores/as de derechos humanos. Además, la Comisión anunció que en este período de sesiones aprobaría un informe sobre la situación de las defensoras y defensores, el cual será un instrumento importante que podrán utilizar las organizaciones de derechos humanos para el reconocimiento de su trabajo y de su rol en la prevención de violaciones de derechos humanos.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio
americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena
implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados
miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso
efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos
de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin
fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana
de Derechos Humanos.

CIDH supo de las violaciones a los derechos de los indígenas en Argentina

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial.

Lun, 17/10/2005

Washington, D.C. 17 de octubre de 2005

Ante la inminencia del referéndum convocado por la provincia de Salta, para el próximo 23 de octubre, en el que se consultará a la población del departamento de Rivadavia por el destino de las tierras indígenas ubicadas en los lotes 55 y 14, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó hoy en Washington –por primera vez, luego de cinco años de negociaciones- una audiencia con los representantes de las comunidades indígenas, el gobierno nacional y el gobierno provincial. En el transcurso de la reunión, las comunidades –patrocinadas por el CELS y CEJIL- solicitaron a la Comisión que impida la realización del referéndum o lo declare inoponible a la resolución internacional del caso, además de requerir su elevación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Asociación Lhaka Honhat –que nuclea a numerosas comunidades aborígenes– solicitó a la CIDH que, como medida cautelar, ordene al Estado argentino suspender de forma inmediata el referéndum convocado por la provincia de Salta.

También se solicitó a la CIDH que garantice que el Estado no realice ninguna acción dirigida a afectar el territorio en conflicto; no entregue sus tierras sin la consulta y previo consentimiento de todas las comunidades involucradas; no permita que otros se consideren con derechos sobre esas tierras, y se abstenga de seguir yendo a los lotes con el fin de dividir y enfrentar a las comunidades, o a ellas con la población criolla.

Finalmente, y para el caso que no se suspenda el Referéndum, las comunidades solicitaron que la CIDH establezca que, cualquiera sea el resultado de la votación, el Gobierno deberá supeditar la entrega de dichas tierras a la decisión final que se adopte en el caso, sea por resolución de la CIDH o por una eventual sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La audiencia se realizó en Washington, sede de la CIDH, y contó con la presencia de su vicepresidenta, Susana Villarán, el comisionado Florentín Meléndez y José Zalaquet, relator sobre derecho de los pueblos indígenas, quienes cuestionaron al Estado por las posibles consecuencias del referéndum.

QUÉ PIDEN LAS COMUNIDADES

§ Título único a nombre de todas las comunidades de los lotes 55 y 14

§ Reconocimiento del área de uso tradicional de todas las comunidades según mapa presentado en la solución amistosa

§ Desarrollo de un proceso de diálogo indígenas-criollos sobre la base del reconocimiento del derecho indígena al uso tradicional de las tierras y sus recursos con predisposición a ceder zonas sin uso que no comprometa la unidad del espacio físico

El no reconocimiento del título único para todas las comunidades implica:

§ la fragmentación del espacio de uso tradicional y por ende de las relaciones de reciprocidad económica entre ellas que aseguran su supervivencia

§ la ruptura de la forma de vida comunitaria a través del tradicional uso común de zonas, como lo demuestra el mapa presentado en el proceso de solución amistosa

PRONUNCIAMIENTOS DEL ESTADO NACIONAL SOBRE EL REFERÉNDUM:

§ 2 de mayo: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicita al gobierno de Salta la no realización de la consulta popular debido a que es una medida unilateral que no respeta los consensos alcanzados en la solución amistosa.

§ 3 de mayo: Cancillería solicita al Gob. de Salta que revea su decisión atento a la eventual responsabilidad internacional en que puede incurrir el Estado argentino.

§ Sin fecha: Defensor del Pueblo de la Nación expresa que no se han respetado los compromisos asumidos en la solución amistosa y solicita que se deje sin efecto el referéndum unilateralmente decidido.

§ Septiembre: Declaración conjunta de Cancillería, INAI y Secretaria de Derechos Humanos expresan preocupación por la aprobación de la ley 7352 y solicitan que se suspenda el referéndum.

 

Contacto CELS :

Área de Comunicación - CELS
Tel./Fax 54 11 4334-4200 – (15)5 638-3107
comunicacion@cels.org.ar
www.cels.org.ar

Contacto CEJIL:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Antecedentes

Las comunidades que viven en los lotes 55 y 14, desde hace más de 20 años, reclaman tanto al Estado provincial como al nacional, que se les garanticen los derechos sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. En efecto, en 1984 las comunidades indígenas presentaron ante el gobierno provincial un reclamo administrativo solicitando la adjudicación en propiedad de una superficie sin subdivisiones internas y bajo un título único para todas las comunidades. En 1991 reiteraron esa presentación. Este recurso derivó en el dictado del decreto 2609/91, por el cual la Provincia de Salta dispuso la entrega de tierras a las comunidades, mediante un título único de propiedad, sin subdivisiones internas, pero no se cumplió con lo allí dispuesto ya que el Decreto no se implementó nunca.

Frente a esto, en agosto de 1998 Lhaka Honhat presentó la denuncia ante la CIDH contra el Estado argentino, por violación de los derechos de los pueblos indígenas. En el año 2000 se inició un proceso de solución amistosa, a fin de alcanzar una solución consensuada al conflicto sobre las tierras de los lotes 14 y 55 (aproximadamente 650.00 hectáreas).

En el proceso de solución amistosa participaba el gobierno nacional (a través de Cancillería, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría de DDHH de la Nación y la Defensoría del Pueblo de la Nación), el gobierno provincial, las comunidades aborígenes y la población criolla que habita en esos lotes. Los criollos, mayoritariamente ganaderos, tienen una forma de vida que colisiona con las comunidades, puesto que su ganado se apropia de los recursos que necesitan los aborígenes para subsistir como comunidades cazadoras-recolectoras.

Las comunidades reclaman desde hace décadas un título único, ya que en razón de su forma de vida, cada comunidad camina varios kilómetros para acceder a distintos recursos, lo cual se vería inevitablemente destruido si las tierras se entregan por familias, en parcelas o mediante un título a cada comunidad (lo que llevará a dividir el territorio y las zonas de uso común de las distintas comunidades y por lo tanto les privará de acceder a ciertos recursos imprescindibles para sobrevivir y para continuar con su forma de vida).

Entre los años 2002 y 2005 se realizaron más de 30 reuniones de trabajo donde se discutieron los reclamos, se confeccionaron numerosos informes técnicos y se fueron alcanzando distintos acuerdos con miras a concretar los compromisos asumidos ante la Comisión Interamericana.

Pese a ello, el 12 de abril de este año, la provincia de Salta decidió romper el proceso de solución amistosa y convocar a un referéndum en el que se decida el destino de las tierras. El 25 de julio el referéndum se aprobó mediante la ley 7352. De acuerdo a la Constitución Nacional y Provincial, es una obligación del Estado garantizar el título sobre las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, y no una facultad discrecional.

Ante esta decisión unilateral del gobierno de Salta, las comunidades solicitaron a la CIDH la adopción de medidas cautelares para que el gobierno suspenda el referéndum, asegure y no afecte el territorio, no divida a las comunidades a través de sus punteros políticos y proteja la integridad física de las personas.

En el mes de agosto, la CIDH solicitó al gobierno nacional que le explique cuáles serían los efectos del referéndum sobre los derechos indígenas y sobre el caso en trámite ante la Comisión.

En septiembre, las comunidades aborígenes reiteraron el pedido de medidas cautelares para proteger la integridad del territorio indígena amenazado por intrusiones continuas de alambrados, corte ilegal de madera, obras de infraestructura y mensuras de parcelas de tierra, etc. También solicitaron que se frenen las actividades de funcionarios provinciales destinadas a dividir a las comunidades (que está generando mucho daño en la zona). Se volvió a solicitar la suspensión del referéndum, y en su defecto, la declaración de inoponibilidad del mismo frente a la solución internacional del caso.

Gobierno chileno acepta iniciar proceso de solución amistosa para cambiar leyes discriminatorias contra las mujeres

Mar, 18/10/2005

Washington, D.C. 18 de octubre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Corporación Humanas iniciaron un proceso de solución amistosa en el caso de Sonia Arce Esparza vs. Chile, en una audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Sra. Arce, junto con sus hermanos y hermanas, heredó una propiedad de sus padres. Sin embargo, en el momento de querer vender el inmueble, se vio en la imposibilidad legal de hacerlo, en razón de que la legislación chilena establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal y, como tal, administra los bienes propios de la esposa.

Los peticionarios expusieron que algunos artículos del código civil chileno, relativos al régimen de sociedad conyugal, establecen distinciones entre los hombres y las mujeres que son discriminatorias consagrando un trato diferente para las mujeres casadas en cuanto al goce de sus derechos de propiedad respecto de sus maridos. En consecuencia, solicitaron la reforma de este régimen legal. Por su parte, el Estado reconoció la necesidad de modificar su legislación.

De llevarse a cabo esta reforma las mujeres chilenas casadas que se encuentren bajo el régimen de sociedad conyugal, en el cual se encuentra la víctima, tendrán una posición de equidad frente a los varones. Es importante resaltar que en el marco de esta negociación se buscará la reparación integral del daño causado a Sonia Arce.

CEJIL valora la posición adoptada por el Estado chileno y espera que éste sea el primer paso para que su legislación se apegue a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de esta forma se garantice a las mujeres chilenas su derecho a la igualdad y no discriminación.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Honduras es denunciada por su política anti pandillas

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras

Mié, 19/10/2005

Washington, D.C. 19 de octubre de 2005

El día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC) expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las violaciones a los derechos humanos que comete el Estado hondureño al ejecutar su política de represión contra las maras. Y resaltaron que la respuesta a este fenómeno debe ser integral y no sólo represiva.

Al respecto, las organizaciones señalaron que las autoridades hondureñas aprobaron reformas legislativas para atacar directamente a las pandillas y a sus jefes, y que entre ellas, cambiaron el delito de asociación ilícita para calificar el propósito permanente de ejecutar cualquier delito y aumentaron las penas. Además eliminaron la posibilidad de que los acusados por ese delito fueran juzgados en libertad, establecieron la posibilidad de practicar allanamientos sin orden judicial y se aumento plazo necesario para ser presentado ante un juez para determinar la legalidad de la detención.

En este proceso de intentar reprimir a las maras se encarcelan a los jóvenes, vinculados o no a estos grupos, lo que ha aumentado la población carcelaria. Esto vino a poner presión a un sistema ya colapsado. Ante esto, el comisionado Paulo Sérgio Pinheiro, relator sobre los derechos de la niñez, criticó el hecho de que se mantiene el patrón de detención arbitraria que pudo constatar en su visita el año anterior, y dijo que “hay cientos de gentes que no deberían estar detenidas”.

Según datos brindados a la CIDH por las organizaciones, resulta evidente que el sistema jurídico, penitenciario y el judicial no han sido capaces de controlar los efectos de las reformas legislativas mencionadas y sus consecuencias institucionales, presupuestarias y sociales. Incluso se expuso que el tema de las maras se utiliza en Honduras como caudal electoral de los políticos, quienes intentan ganar votos ofreciendo una mayor represión contra los pandilleros.

El Estado reconoció que el abordaje a la situación de las pandillas juveniles “no ha sido del todo eficaz”. Asimismo estuvo de acuerdo con que el sistema penitenciario colapsó y aseguró que se están buscando nuevas formas de enfrentar el problema. Sin embargo, los peticionarios recordaron al Estado que más que un reconocimiento de la situación, lo que se requiere es que el Estado lleve a cabo acciones para investigar cuáles son las dimensiones del fenómeno de las maras y que implemente una respuesta integral al mismo. La Comisión Interamericana coincidió con los peticionarios en la necesidad de que Estado enfrente la problemática con acciones concretas y agregó que el tema de las maras será abordado en un informe que pronto será publicado por este órgano.

 

Contacto en Washington:

Victoria Amato y Nancy Marín Espinoza
Difusión y Prensa/Communications Officer
1630 Connecticut Ave.NW Suite 401
Washington, D.C. 20009, EEUU
Tel: 202-319-3000 Ext: 22 y 23
Fax: 202-319-3019
Correos electrónicos: vamato@cejil.org y nmarin@cejil.org

 

www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Distribuir contenido