Defensores de derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas para proteger los derechos de jóvenes brasileños encarcelados

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó, el 29 de noviembre pasado, a una audiencia pública, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a los representantes de los beneficiarios, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela (CTV); y al Estado brasileño. Esto con el fin de determinar las medidas concretas que ordenará para proteger a todos los adolescentes recluidos en la cárcel brasileña Complejo de Tatuapé de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM).

Jue, 01/12/2005

San José,Costa Rica, 1 de diciembre de 2005

La Corte Interamericana de Derechos Humanos convocó, el 29 de noviembre pasado, a una audiencia pública, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a los representantes de los beneficiarios, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Comisión Teotônio Vilela (CTV); y al Estado brasileño. Esto con el fin de determinar las medidas concretas que ordenará para proteger a todos los adolescentes recluidos en la cárcel brasileña Complejo de Tatuapé de la Fundación de Bienestar del Menor (FEBEM).

La audiencia se dio a raíz de que la Corte adoptara, el 17 de noviembre pasado, medidas provisionales para proteger la vida y la integridad personal de los adolescentes que se encuentran en la FEBEM, en virtud de las muertes, torturas y malos tratos que han sufrido en los últimos meses. En su resolución, la Corte señaló la necesidad y urgencia de conceder las medidas provisionales a favor de estos jóvenes ya que la actual situación de la cárcel es extremadamente preocupante. Cabe señalar que esta es la primera ocasión en la que la Corte Interamericana adopta medidas provisionales para proteger a personas menores de edad que se encuentran en establecimientos de detención estatales.

Adicionalmente, en la resolución de adopción de medidas se incluye un voto realizado por el juez Antônio Augusto Cançado Trindade en el cual manifestó su inquietud porque la CIDH “declaró admisible la petición más de dos años después de haberla recibido y adoptó las medidas hasta el año 2004”.También, el juez Cançado se mostró aún más preocupado porque después de la adopción de medidas cautelares, la Comisión se tardó más de seis meses en solicitar las medidas de protección a la Corte.

CEJIL y la CVT, en calidad de representantes de los beneficiarios, informaron durante la audiencia sobre las diferentes situaciones graves y urgentes que viven los adolescentes en custodia en las unidades de la FEBEM. Entre ellas, mencionaron las siguientes: celdas superpobladas e insalubres, sin división por edad, desarrollo físico o gravedad del acto penal cometido. Igualmente, señalaron que la sarna se ha convertido en epidemia en las celdas. Los jóvenes reciben una insuficiente asistencia médica, pedagógica, psicológica y de recreación. Tampoco se han implementado medidas alternativas a la privación de libertad. Esas situaciones, entre otras, provocan que los detenidos hagan un reclamo de sus derechos y usen los motines para ello, los cuales son reprimidos de manera violenta y ello provoca más violaciones tanto del derecho a la vida, como a la integridad de los jóvenes.

Desde el año 2003 a la fecha, en FEBEM se han dado 23 muertes de reclusos y las circunstancias en las que se dieron estos hechos no han sido esclarecidas. Durante el año 2005 se han dado 600 fugas y 18 motines de consideración. Los familiares no han sido informados de los decesos, ni de la situación en la que se encuentran los heridos. Desde septiembre de este año, las autoridades brasileñas han negado el acceso a la cárcel a las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Después de la exposición de estos hechos, los peticionarios solicitaron a la Corte que dictara medidas concretas y de aplicación inmediata, con el fin de prevenir más violaciones de derechos humanos. Algunas de las solicitudes específicas que se hicieron fueron: la investigación rápida y efectiva de las muertes y las denuncias de torturas y malos tratos. Además pidieron que no se recluyan más jóvenes en el complejo Tatuapé, que cesen los malos tratos y las torturas, pero sobre todo que no se dé una muerte más. También solicitaron que se separe a los reclusos por edades, complexión física y gravedad del crimen cometido. Asimismo, requirieron la instalación de servicios médicos y que se garanticen las condiciones de higiene y limpieza. Una de las solicitudes más importantes que se le hizo a la Corte es que ordene al Estado que permita el acceso libre al presidio a las organizaciones de derechos humanos.

Con el ánimo de negociar una salida a esta situación, después de la audiencia se reunieron la Comisión Interamericana, los representantes de los beneficiarios y los representantes del Estado brasileño. En esta reunión, la delegación estatal no aceptó implementar las medidas inmediatas, propuestas por la CIDH y los peticionarios, a fin de salvaguardar la vida y la integridad de los menores de edad presos en Tatuapé. CEJIL considera que el Estado brasileño debe honrar sus compromisos internacionales en beneficio de un grupo especialmente vulnerable que espera con urgencia el reconocimiento y la protección de sus derechos.

En los próximos días, la Corte deberá emitir una resolución en la que se referirá a los mecanismos concretos de implementación de las medidas provisionales, adoptadas el 17 de noviembre pasado. Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Para más información, ver: http://www.corteidh.or.cr/serieepdf/febem_se_01.pdf

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Venezuela deberá reparar a los familiares de personas desaparecidas

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares.

Jue, 15/12/2005

San José, Costa Rica, 15 de diciembre de 2005

El pasado 9 de diciembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó su sentencia, emitida el 28 de noviembre 2005, a los representantes de las víctimas, en el caso de Oscar Blanco Romero y otros vs. Venezuela. En su sentencia, la Corte ordenó al Estado de Venezuela reparar a las víctimas, Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, y a sus familiares. Al homologar el allanamiento hecho por el Estado en la audiencia pública del 27 y 28 de junio pasado, la Corte estableció que el Estado venezolano violó, en perjuicio de las víctimas y sus familias, los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la libertad personal y la protección judicial. El alto tribunal también señaló que Venezuela incumplió sus obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Las víctimas en este caso fueron desaparecidas de manera forzada en 1999, por miembros del ejército venezolano, en el estado costeño de Vargas, en el marco de una gran tragedia natural que originó una gran movilización de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado de Venezuela. En ese contexto se dio una práctica sistemática de violaciones de derechos humanos, cometidas por agentes estatales bajo el pretexto de controlar el orden público.

En estas circunstancias, miembros del ejército entraron con gran violencia a la casa de Oscar Blanco y lo detuvieron sin presentar ninguna orden judicial. Igual sucedió con Javier Hernández, quien fue sacado de su casa por agentes de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), herido con arma de fuego y luego detenido, sin orden judicial. José Francisco Rivas fue detenido, sin orden judicial, por miembros del Ejército cuando se encontraba, junto a su madre, en la puerta del lugar en donde se habían refugiado después de perder su vivienda a causa del desastre natural.

Después de ser detenidos por miembros del Ejército y de la DISIP, sus familiares no volvieron a tener noticia ni de ellos, ni de su paradero. Los recursos de hábeas corpus que se interpusieron a su favor, fueron rechazados por los jueces. Después de casi seis años de haber sido detenidos y desaparecidos, ninguno de los autores de los hechos ha sido sancionado. Oscar, José Francisco y Roberto Javier continúan sin aparecer, y ni sus familiares, ni la sociedad venezolana saben la verdad de lo que sucedió. Todos estos hechos fueron informados durante la audiencia ante la Corte, realizada en junio de este año y el Estado aceptó su responsabilidad internacional por los mismos.

El alto tribunal ordenó, en este mes de diciembre, que el Estado debe llevar a cabo investigaciones y procesos judiciales efectivos e imparciales sobre las tres desapariciones forzadas, que lleven al esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. Además debe adoptar las medidas necesarias para localizar el paradero de Oscar José Blanco Romero, Roberto Javier Hernández Paz y José Francisco Rivas Fernández, a la mayor brevedad. Asimismo, el Estado debe adoptar, las medidas que sean necesarias para que el recurso de hábeas corpus en Venezuela pueda ser ejercido de manera eficaz en situaciones de desaparición forzada. El Estado deberá adoptar las medidas necesarias para reformar, dentro de un plazo razonable, su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales de protección de la persona en relación con la desaparición forzada.

La Corte también requirió a Venezuela implementar, en los cursos de formación y capacitación de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la DISIP, un programa sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos, en particular, la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza, como una manera de prevenir que sucedan nuevamente hechos como los de este caso.

Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento a la misma. Vale recordar que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Este caso fue litigado por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de los Sucesos de febrero-marzo de 1989 (COFAVIC) y la Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

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Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos. Edición 2009.

Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se complace en presentar la sexta edición actualizada de su publicación Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: Compilación de Instrumentos.

Desde la primera versión de este compendio de normativa interamericana sobre protección y defensa de los derechos humanos –editada en 1997- CEJIL se ha propuesto con esta compilación tornar más accesible a distintos públicos el conocimiento del derecho internacional de los derechos humanos desarrollado en el continente americano, así como el uso de las herramientas que el sistema interamericano (SI) pone a disposición de víctimas y defensores de derechos humanos.

La obra recopila las Declaraciones, Tratados, Protocolos y Principios que conforman la normativa fundamental del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interamericano, complementándola con aquellos textos que reglamentan la composición y funcionamiento de la Comisión y Corte Interamericana (Estatutos y Reglamentos).

Esta sexta edición actualizada incluye las últimas modificaciones a los Reglamentos de la Comisión y la Corte introducidas en 2009, que afectan a aspectos centrales del Sistema como son las reglas aplicables a la fase de admisibilidad de peticiones, las medidas cautelares de protección, el papel de las víctimas en el litigio ante la Corte Interamericana, o cuestiones de representación legal, entre otras.

Adicionalmente, en esta nueva edición presentamos un cuadro que cumple con la intención de ofrecer de forma ilustrativa un panorama completo acerca del estado de ratificaciones de los instrumentos del sistema interamericano de derechos humanos. A su vez, la forma en que se expone la información permite tener una mirada abarcadora e integral acerca del grado de involucramiento de los Estados miembros de la OEA en el SI.


Tipo de publicación: Compilación de normas
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2009
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CEJIL condena amenaza de bomba en homenaje a muertos y desaparecidos por la dictadura brasileña

Pide al Gobierno una seria investigación

CEJIL expresa su profunda preocupación y condena por la amenaza de bomba que organizaciones de la sociedad civil brasileña recibieron el pasado 15 de enero en Río de Janeiro, durante un acto de homenaje en memoria de quienes resistieron a la dictadura militar brasileña.

Mar, 19/01/2010

 

Washington D.C., 19 de enero de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su profunda preocupación y condena por la amenaza de bomba que organizaciones de la sociedad civil brasileña recibieron el pasado 15 de enero en Río de Janeiro, durante un acto de homenaje en memoria de quienes resistieron a la dictadura militar brasileña.

La ceremonia para recordar a los caídos durante la dictadura militar (1964-1985) ―efectuada en el Centro de Cultura, un edificio público en el centro de la ciudad― debió ser interrumpida de manera abrupta por la advertencia de que había sido colocada una bomba. El evento, organizado por tres organizaciones civiles brasileñas, incluía la presentación de un documental, un foro de discusión y un homenaje a los muertos y desaparecidos de la dictadura militar brasileña, con la entrega de un diploma a los familiares.

Los parientes presentes en el local declararon que percibieron un cambio en el programa, el foro de discusión fue suspendido y los homenajes fueron realizados con prisa.  Después la dirección del Centro de la Cultura informó acerca de la amenaza anónima y pidió que los presentes debían evacuar de inmediato el lugar. En ese momento, en el local había cerca de 100 personas.

Un familiar describió su experiencia: “El camino por las escaleras hacia la calle parecía una eternidad (...) de repente pensé que estábamos volviendo a los tiempos sombríos de la dictadura”.

La amenaza ocurre en un contexto en el que la sociedad brasileña discute la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura militar y la conformación de una Comisión de la Verdad.

“CEJIL condena este acto de amenaza e intimidación. CEJIL exhorta al Gobierno brasileño a que se pronuncie públicamente en repudio de estas amenazas, que tienen como objetivo intimidar y cohibir el ejercicio de la libre expresión y manifestación, así como la libertad de reunión de familiares de muertos y desaparecidos y de ex presos y perseguidos políticos que procuran garantizar su derecho a la verdad y la justicia”, declaró Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

También, CEJIL solicita a las autoridades brasileñas una investigación seria e imparcial para que este tipo de amenaza no quede impune y no genere un efecto inhibidor en el debate público.

 

 

 

Contacto en Washington D.C.

Mauricio Herrera Ulloa

Director de Comunicación

Tel (202) 319-3000

Fax (202) 319-3019

mherrera@cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros mecanismos de protección internacional.

 

Asesinan a defensor de derechos humanos en Honduras

Continúa la violencia en Honduras

El Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN) expresa su más enérgica condena por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Walter Tróchez, la noche del 14 de diciembre, cuando una persona desconocida le disparó en el pecho mientras caminaba en el centro de Tegucigalpa.

Mar, 15/12/2009

Comunicado del Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

15 de diciembre de 2009

El OISDHHN expresa su más enérgica condena por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Walter Tróchez, la noche del 14 de diciembre, cuando una persona desconocida le disparó en el pecho mientras caminaba en el centro de Tegucigalpa.

Walter Tróchez fue un reconocido defensor de los derechos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBT. Era miembro del Movimiento Ser Humano y colaborador activo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH). Desde el 28 de junio, fecha que ocurrió el golpe de Estado en Honduras, Walter se unió al Frente de Resistencia y fue un férreo opositor de todas las arbitrariedades cometidas por el gobierno de facto.

El día 20 de julio Walter Tróchez había sido detenido arbitrariamente por participar en un plantón frente al Congreso de la República. Durante su detención fue golpeado varias veces con toletes y se le denigró por su orientación sexual.

Adicionalmente, Walter era uno de los testigos que afirmó haber visto a agentes policiales capturar al joven Pedro Magdiel Muñoz Salvador en la zona de Arauca, El Paraíso. Pedro encontró la muerte el 25 de julio durante la movilización que convocó el Presidente Zelaya hacia la frontera con Nicaragua.

El pasado 11 de diciembre, el Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras denunció el secuestro de Walter Tróchez el 4 de diciembre. Ese día había sido secuestrado y golpeado con un arma y con puños por cuatro hombres desconocidos que usaban pasamontañas pero afortunadamente logró escapar después de varias horas de cautiverio. Durante su captura, los atacantes le reclamaron su participación en el Frente de Resistencia y lo amenazaron de muerte.

El señor Tróchez denunció lo sucedido desde el día 5 de diciembre ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Ministerio Público; no obstante, ninguno de estos órganos tomó acciones para protegerlo.

Estos hechos demuestran la indefensión y el grave riesgo en que se encuentran los defensores de derechos humanos y las personas que se oponen al actual gobierno de facto. Asimismo, evidencian que nuevamente las instituciones responsables de garantizar los derechos fundamentales han fallado en su deber.

El Observatorio hace un llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que en forma inmediata investiguen estos hechos, identifiquen a los responsables y se haga justicia.

Con la muerte de Walter ascienden a 14 las personas que han sido asesinadas en condiciones sospechosas y presuntamente vinculadas al actual contexto político. A estas se suman además las 9 muertes de personas fallecidas en manifestaciones públicas en contra del golpe de Estado. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos debe dirigir todos sus esfuerzos a investigar estos asesinatos y esclarecer los hechos, sin dilaciones ni pretextos.

Al respecto recordamos que la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la investigación de graves violaciones a los derechos humanos debe estar dirigida hacia la condena de todos los involucrados en el crimen, sean estos autores materiales, intelectuales, partícipes o encubridores. Solo de esta manera podrá prevenirse la repetición de este tipo de hechos.

El OISDHHN hace un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Honduras.

De igual manera, el Observatorio urge a la Unión Europea aplicar las directrices para dar protección a los defensores de Derechos Humanos en Honduras, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe otorgando medidas cautelares y fiscalice la implementación efectiva de las que ya fueron otorgadas.

Se reitera el llamado a la Corte Penal Internacional para que desarrolle la acción preventiva que debe cumplir con una acción decidida y oportuna de la Fiscalía que haga conocer públicamente que está monitoreando la situación en Honduras y que está dando seguimiento a las comunicaciones que le han sido presentadas.

Finalmente se solicita las autoridades estatales hondureñas que procedan a implementar, en forma inmediata, todas las medidas de protección que sean necesarias para que los y las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones seguras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos – Costa Rica

Asociación Arco Iris - Honduras

Para más información contacte:

Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org

 

 

 

 

 

 

CEJIL condena represión durante elecciones en Honduras

Ataque a manifestación y detenciones

CEJIL expresa su más enérgica protesta por la golpiza policial que sufrieron manifestantes opositores al golpe de Estado en San Pedro Sula durante las elecciones del 29 de noviembre, la detención en esa ciudad de 45 personas, el arresto de opositores al golpe en otras partes del país y la interferencia de la señal de medios críticos al Gobierno de facto.

Dom, 29/11/2009

TEGUCIGALPA, 29 de noviembre de 2009

CEJIL expresa su más enérgica protesta por la golpiza contra manifestantes opositores al golpe de Estado ocurrida hoy en San Pedro Sula y la detención por parte de la Policía hondureña en esa ciudad de 45 personas opositoras al golpe de Estado, que fueron liberadas horas después.

"Durante la jornada electoral de este 29 de noviembre hubo diversidad de incidentes que confirmaron el clima de represión en el que se llevó a cabo el proceso electoral que concluyó hoy, el cual significó la consolidación del golpe de Estado del pasado 28 de junio", dijo Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL, que se encuentra en Tegucigalpa.

Entre los detenidos en la protesta en San Pedro Sula se encuentra el ciudadano costarricense, Gustavo Cabrera Vega, coordinador latinoamericano de la organización de protección de los derechos humanos, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que fue liberado horas después de ser arrestado. El costarricense fue detenido cuando fotografiaba la represión policial contra una manifestación opositora al golpe de Estado en el parque central de la ciudad alrededor de las dos de la tarde. Las personas arrestadas fueron encarceladas en la División del Servicio Especial de la Policía, en esa ciudad.

En ese lugar, fuerzas policiales dispararon bombas de gas lacrimógeno y de gas pimienta contra varios centenares de personas que protestaban en forma pacífica. Además, lanzaron agua a presión desde camiones hidrantes y golpearon con toletes a los manifestantes. Hay varios heridos por golpes en la cara y en la cabeza, entre ellos, un camarógrafo de la agencia de prensa Reuters.

Sin embargo, otras personas continúan arrestadas. Esa es la situación de Victor Corrales, Victor Iván Corrales Alvarado (hijo) y Fausto Arazola. Los dos primeros fueron detenidos cuando sus casas fueron allanadas en la comunidad de Danli. El señor Arazola se manifestaba en las afueras de un centro de votación en El Pedregal, Tegucigalpa, cuando lo detuvieron.

También fueron capturados en Tegucigalpa Wilson Evangelino Martínez, Carlos Colindres y Paula Jackeline Rodríguez, cuando se manifestaban contra el golpe de Estado. Ellos fueron acusados por hacer escándalo público.

En el barrio Las Cabañas de Tegucigalpa la Policía detuvo hoy en su casa a una familia completa incluyendo a un niño de 5 años. Las personas capturadas son: Suyapa Reconco Castillo, José Doré Ponce, Angel Mairena Reconco, Edgar Doré Ponce y Léster Ponce Reconco, de 5 años de edad. Suyapa pertenece a la resistencia y ella y su familia fueron acusados por delitos de sedición.

Además, las transmisiones de emisoras críticas del golpe de Estado, como Radio Globo y Radio Uno sufrieron hoy constantes interrupciones. También la señal de la cadena CNN en español tuvo al menos una interrupción temporal. El Canal 36 del todo no transmitió debido a que en la última semana su señal tuvo repetidas interferencias electrónicas que impedían emitir su programación.

"Lo ocurrido hoy en San Pedro Sula y en otras partes de Honduras es una muestra más del clima de hostigamiento, violencia e irrespeto a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión en el que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. Condenamos estos nuevos actos de represión en contra de opositores al golpe de Estado, exigimos la liberación de todas las personas detenidas, demandamos sanciones contra los responsables de violaciones a los derechos humanos y pedimos a la comunidad internacional que proteste contra los
abusos cometidos por el gobierno de facto.", insistió la abogada Marcia Aguiluz.

Contactos de prensa:
Mauricio Herrera:
(506) 22-51-23-15, 89-95-30-91
mherrera@cejil.org

Felipe Benítez: (202) 215 96-64. fbenitez@fenton.com

Nancy Marín: (506)22807473

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el
hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la
plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en
los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA),
mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos
y otros mecanismos de protección internacional.

CEJIL deplora que EE.UU. pretenda reconocer las elecciones hondureñas

Fecha: 
Mié, 11/11/2009
Cuerpo: 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deploró hoy el apoyo de Estados Unidos al proceso electoral hondureño con independencia de si el depuesto presidente Manuel Zelaya es restituido en el poder.

En un comunicado, CEJIL destacó que, mientras que el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, y la "enorme mayoría" de naciones expresaron su rechazo a las elecciones hondureñas del 29 de noviembre si Zelaya no es restituido, EE.UU. expresó el martes en el Consejo Permanente del organismo su respaldo al proceso electoral.

Insulza no se ha expresado oficialmente sobre el reconocimiento o no del resultado electoral, porque es una decisión que corresponde tomar a los países miembros. Sí ha dicho que Zelaya debe ser restituido y que bajo las actuales circunstancias no puede enviar una misión de observadores a los comicios.

Washington "desconoció que el acuerdo Tegucigalpa-San José del pasado 30 de octubre incluyera como condición el retorno al poder de Zelaya", señaló la organización defensora de los derechos humanos.

El representante estadounidense ante la OEA, Lewis Amselem, sostuvo ayer que si el organismo interamericano rechaza el resultado de los comicios antes de su celebración violaría el derecho de los hondureños a determinar su propio futuro.

Para el CEJIL, la posición de EE.UU. "causa un gravísimo daño a la credibilidad de la Administración del presidente Barack Obama en la región y afectará seriamente las relaciones y las políticas estadounidenses en el continente".

El señalado acuerdo establece que el Congreso Nacional de Honduras debe decidir sobre la restitución de Zelaya.

Para CEJIL, la única interpretación posible es que ese punto del texto "implica la restitución del Gobierno constitucional hondureño", derrocado por un golpe de Estado ejecutado por civiles y militares el 28 de junio pasado.

"La restitución de Zelaya en el poder es la condición primordial para que en Honduras se restablezca el respeto al Estado de derecho y el goce de los derechos humanos", señaló la organización.

Por ello, pidió al Congreso que actúe con "la misma celeridad que actuaron para deponer a Zelaya" para resolver la crisis institucional creada por el golpe".

CEJIL explicó que el proceso electoral hondureño actual es organizado por un Tribunal Supremo Electoral compuesto por militantes y ex funcionarios de los partidos políticos que apoyan el golpe de Estado.

Además, que se desarrolla en un contexto de "sistemática intimidación" a los opositores y violaciones a los derechos humanos de los sectores que se oponen al derrocamiento.

También señaló que las instituciones responsables de garantizar los derechos de las personas no están respondiendo adecuadamente ante las múltiples violaciones que se denuncian.

"Unas elecciones efectuadas bajo estas condiciones consolidarían el golpe de Estado y legitimarían a un Gobierno de facto que desde sus inicios ha apostado a las elecciones para afianzar su proyecto político", señaló CEJIL.

"Reconocer el proceso electoral hondureño sin la restitución de Zelaya es un precedente nefasto en contra del fortalecimiento democrático de América Latina y el Caribe", sentenció

CEJIL Y CONTRAPARTES LOGRAN IMPORTANTES ADELANTOS EN PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL CONTINENTE

Audiencias ante la CIDH

Abogadas de CEJIL y representantes de COFADEH durante la audiencia acerca de las violaciones a los derechos humanos durante el golpe de Estado en Honduras.

El Salvador aceptó acatar el informe de la CIDH del año 2000 que establece la responsabilidad internacional del Estado en la muerte de Monseñor Romero. Ese fue uno de los 22 temas que CEJIL y sus contrapartes presentaron en el 137 periodo de sesiones de la CIDH, que concluyó el pasado 6 de noviembre en Washington D.C.

Lun, 09/11/2009

Abogadas de CEJIL y representantes de COFADEH durante la audiencia acerca de las violaciones a los derechos humanos durante el golpe de Estado en Honduras.

CEJIL junto con sus contrapartes obtuvieron importantes avances en la protección de los derechos humanos en el continente, durante el pasado periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Salvador aceptó acatar el informe de la CIDH del año 2000, que establece la responsabilidad internacional del Estado en la muerte de Monseñor Romero; Paraguay firmó un acuerdo de solución amistosa en el caso de la desaparición forzosa de dos niños soldados; los comisionados se manifestaron "chocados" y escandalizados por las pruebas del espionaje estatal contra defensores de derechos humanos en Colombia; la sistemática violación de derechos humanos en Honduras tras el golpe de Estado quedó evidenciada con sólida información documentada, y la CIDH se comprometió a seguir de cerca el diálogo entre indígenas ecuatorianos y el Estado para garantizar la aplicación de estándares internacionales de derechos humanos.

Esos fueron algunos de los logros obtenidos en las 22 audiencias y reuniones de trabajo en las que participaron CEJIL y sus contrapartes del continente, en el 137 periodo de sesiones de la CIDH, en Washington D.C.

 

Esclavitud y violencia rural persisten y crecen en Brasil

Audiencia ante la CIDH
Jue, 05/11/2009

Washington D.C., 5 de noviembre de 2009

 

En Brasil tiende a crecer la violencia rural, el trabajo esclavo extiende su alcance geográfico y crece la criminalización de las protestas sociales, según organizaciones no gubernamentales que informaron hoy la situación de los derechos humanos en ese país

Así lo expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST).

En 2009, hasta junio, por cada 30 enfrentamientos en el campo entre campesinos y propietarios hubo una persona muerta, mientras que en 2007 hubo un fallecido por cada 54 enfrentamientos. Además, la violencia en zonas rurales ahora afecta también a comunidades tradicionales afro descendientes (quilombolas) e indígenas.

Las organizaciones señalaron que la violencia en el campo es consecuencia de que el Estado brasileiro no ha cumplido con lo establecido en la Constitución de implementar una reforma agraria y asegurar la función social de la propiedad.

Por otra parte, denunciaron el surgimiento de milicias en el Estado de Rio de Janeiro, que son conformadas incluso por agentes policiales que toman posesión de las comunidades pobres.

Asimismo, informaron que existe una persecución en contra del Movimiento de los Sin Tierra que ha sido tolerada por el Estado. Esto no solo a través de la violencia en las desocupaciones, sino, también mediante procesos judiciales e investigaciones legislativas. En este momento está conformada la tercera comisión parlamentaria que investiga la legalidad de las acciones del MST, ya que dos conformadas anteriormente con el mismo fin no comprobaron irregularidades. Este tipo de procedimientos estigmatizan el Movimiento.

Desafortunadamente, la delegación estatal no contaba con ningún representante del Poder Judicial que pudiera informar a la CIDH sobre los niveles de impunidad en los casos de discriminación, tortura y violencia policial.

CEJIL, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el MST solicitaron a la CIDH que visite Brasil y que se reúna con las organizaciones sociales para que conozca fenómenos de discriminación, además de la racial. Las organizaciones pidieron que la CIDH visite las zonas rurales con el fin de constatar los altos niveles de violencia existentes.

La audiencia puede ser observada en el siguiente link: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Sess...

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