Defensores de derechos humanos

Las ONGs celebran creación de relatoría sobre defensores/as de derechos humanos

Esta oficina especializada de la CIDH se encargará de la protección de los/las que denuncian violaciones a los derechos humanos

Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.

Mar, 05/04/2011


Washington, DC., 4 de abril de 2011 - La CIDH anunció durante su último período de sesiones que culmino el pasado viernes, la creación de una Relatoría sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos. El Relator será el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez, de nacionalidad mexicana.
 
El Comisionado Orozco declaró durante rueda de prensa, que la Relatoría, u oficina especializada, se crea en reacción al incremento de violaciones a los defensores/as de derechos humanos, y con la intención de hacer más visible la preocupación que ha mantenido la Comisión en esta temática. Asimismo, pretende respaldar la importante labor que realizan los defensores/as de derechos humanos, así como los operadores judiciales, que también entrarán en el mandato de la Relatoría, para hacer prevalecer el estado de derecho.
 
Las 94 organizaciones abajo firmantes (22 ONGs más la Red TDT conformada por 72 organizaciones) acogemos con gran entusiasmo la creación de la Relatoría, por cuanto ello fue expresamente solicitado en la audiencia mantenida ante la Comisión el 29 de marzo.
 
Asimismo, reiteramos nuestra preocupación por el mantenimiento del hostigamiento contra los y las defensores/as y su incremento en algunos países. En este sentido persisten los ataques por parte de actores estatales o grupos que actúan con su respaldo o tolerancia, y han aparecido nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y de empresas con intereses económicos en la región. Los y las defensores/as han sido víctimas, entre otros, de seguimiento por parte de agencias de inteligencia de los Estados, robos de información, uso indebido del derecho penal en su contra, y ataques contra su vida e integridad, y la de sus familias.
 
Ante esta realidad, confiamos en que la Relatoría contribuya a fortalecer el importante rol de la Comisión en el seguimiento y monitoreo sobre la labor de la defensa de los derechos humanos en la región.
 
Con ésta serán ya ocho las relatorías de la Comisión en temas tan relevantes como los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, libertad de expresión, personas privadas de libertad, afrodescendientes y discriminación racial, trabajadores migratorios, y niñez.
 


Listado de organizaciones firmantes: Amazon Watch/ Amnistía Internacional/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Peace Brigades International (PBI)/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
 
 

CIDH evalúa admitir caso de jueces destituidos en Honduras

Recomendaciones de la Comisión podrían reformar la normativo judicial en Honduras

Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.

Vie, 01/04/2011

Washington DC, 31 de marzo del 2011. Tres jueces y una magistrada que fueron despedidos arbitrariamente por la Corte Suprema de Justicia de Honduras presentaron una solicitud de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  (CIDH) para continuar el proceso internacional por la violación de sus derechos humanos. Una resolución favorable en este caso podría derivar tanto en la restitución de los funcionarios en sus puestos como en una reforma en la normativa judicial en Honduras para garantizar la independencia judicial.
 
El caso fue expuesto el viernes 25 de marzo durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH en Washington DC, Estados Unidos.
 
El 5 de mayo del 2010, los jueces Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza fueron despedidos por haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.
 
Durante la audiencia, los peticionarios afirmaron que la arbitrariedad en la separación de sus cargos viola varios derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por el Estado de Honduras. Entre las violaciones expuestas se encuentran el derecho a las garantías judiciales, la libertad de expresión, el derecho de reunión, a la libre asociación y a la protección judicial.
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) sostienen que ésta destitución debilitó la independencia judicial en Honduras y tuvo como objetivo intimidar a los operadores de justicia para que no cuestionen  a las autoridades que avalaron el golpe de Estado.
 
Por su parte, la representación del Estado pidió a la CIDH no admitir el caso alegando que los peticionarios aún no han agotado todos los recursos internos. Al respecto, la AJD y CEJIL señalaron que en Honduras no existe un órgano superior a la Corte Suprema de Justicia que sea independiente, imparcial y garantice justicia para las víctimas del caso.
 
El pasado 17 de marzo, durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Honduras ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, varios Estados recomendaron al Estado hondureño tomar medidas concretas para fortalecer la independencia judicial y solicitaron específicamente la reincorporación de los jueces y la magistrada despedida.
 
El Estado de Honduras aún no ha sido reintegrado a la Organización de Estados Americanos  ya que, según diversos organismos nacionales e internacionales, continúan las violaciones de derechos humanos contra su población y por tanto no reúne las condiciones mínimas de un Estado democrático.
 
Contacto de Prensa
Milli Legrain
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000
 

23 organizaciones denuncian más de 2000 violaciones contra defensores/as de derechos humanos en las Américas

Audiencias ante la CIDH

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Mar, 29/03/2011

Washington D.C, 29 de marzo de 2011 – El clima de inseguridad en el que trabajan los y las defensores/as de derechos humanos en las Américas ha alcanzado niveles alarmantes. Esta situación responde a la persistencia de ataques por parte de actores estatales o que actúan con su respaldo o tolerancia, como paramilitares, y a la aparición de nuevas formas de hostigamiento por parte del crimen organizado y empresas extractivas con intereses económicos en la región. Así lo denunciaron hoy 23 ONGs de 11 países reunidas en Washington D.C para el 141 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
En un informe de 2010, Naciones Unidas señaló que entre 2004 y 2009 se registraron más de 146 denuncias de amenazas a defensores/as de derechos humanos en las Américas.  Según este organismo, los países donde más denuncias se producen son Colombia, México, Guatemala, Brasil y Perú (en ese orden).
 
Las organizaciones de defensores/as denunciaron una realidad aún más preocupante. Según sus investigaciones, en Colombia entre 2002 y 2009 más de 1000 defensores fueron víctimas de agresiones incluyendo asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias y torturas ;y sólo en el 2010 se registraron al menos 32 asesinatos de defensores. Son especialmente preocupantes las violaciones contra quienes trabajan por los derechos de las personas desplazadas, lideresas de grupos de mujeres, los/las que trabajan por la restitución de tierras y sindicalistas. Así,  46 líderes de desplazados activos en procesos de restitución de tierras fueron asesinados entre el 2002 y el 2011.
 
En Guatemala se registraron 1072 agresiones de 2007 a 2010, de las cuales 45 fueron asesinatos y el 98% quedaron impunes. Mientras tanto, en Honduras por lo menos 50 defensores/as han sido asesinados desde que se produjo el golpe de Estado.
 
Los representantes de la sociedad civil reunidos en Washington D.C hicieron particular hincapié en el incremento de actividades ilegítimas de inteligencia por parte de los Estados contra los defensores/as de derechos humanos.
 
Las organizaciones solicitaron a la CIDH crear una relatoría u oficina específica encargada de la protección de los defensores/as. También pidieron a este organismo que exija a los Estados que implementen medidas efectivas de protección y mejores políticas públicas que garanticen el trabajo de defensores/as, y la investigación de los actos de violencia y amenazas realizados en contra de personas que ponen en riesgo su vida para denunciar situaciones de injusticia social.

Listado de organizaciones: Amazon Watch/ Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) / Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua / Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) / Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, México/ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, México/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)/ Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) /Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) / Comité de Defensa integral de Derechos Humanos “Gobixha”, AC. / Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) / Comité de Familiares de Víctimas (COFAVIC)/Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) / Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)/ / Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) / Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas (IDHUCA) / Global Rights Partners for Justice/ Observatorio Ciudadano, Chile/ Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) / Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) / Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA) /   Washington Office on Latin America (WOLA) /
 
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Lucha de México contra la inseguridad genera la violación de derechos humanos, denunciaron organizaciones ante la CIDH

Audiencias ante la CIDH

Washington D. C., 28 de marzo del 2011. La llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH en una audiencia sobre seguridad ciudadana.

Lun, 28/03/2011

Washington D. C., 28 de marzo del 2011. El exdirector de Seguridad Pública en el municipio de Torreón (Coahuila) admite ante una periodista que cuando “agarra” a un miembro del cartel de los Zetas lo mata. La reportera le replica: “Nomás Dios debe decidir quién debe morir y quién debe vivir”. El funcionario responde: “Pues sí, pero hay que darle una ayudadita”. Con este testimonio grabado del general Carlos Bibiano Villa Castillo abrió la audiencia sobre seguridad ciudadana en México, convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington D. C., Estados Unidos.

La llamada “guerra contra el narcotráfico” que ha mantenido México contra el crimen organizado durante los últimos años ha sido infructuosa y ha generado graves violaciones a los derechos humanos. Esta fue la denuncia que organizaciones de la sociedad civil expresaron ante la CIDH.

El Estado mexicano ha implementado “operativos conjuntos” militarizados de seguridad, en los que interviene el Ejército, la Policía Federal y las policías locales en actividades de vigilancia, patrullaje e investigación, principalmente en los estados fronterizos del norte. La tasa de homicidios se ha incrementado exponencialmente en todas estas demarcaciones.

Mariclaire Acosta, miembro de los consejos directivos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y de CEJIL, afirmó que la estrategia estatal no ha reducido el crimen ni la impunidad y, por el contrario, ha minado la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

“El incremento de la violencia y las actividades delictivas como el secuestro, la extorsión y -sobre todo- el asesinato, se dispara en donde está la presencia armada del Estado”, afirmó Acosta.

En este sentido, Stephanie Brewer, del Centro PRODH, agregó que la militarización de la seguridad amenaza las garantías ciudadanas pues “los agentes estatales se sienten en total libertad para violar los derechos humanos con impunidad”. Este es el motivo por el cual han aumentado las detenciones arbitrarias, las torturas, las ejecuciones, las desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos.

La situación también compromete el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos, como lo expresaron Diana Morales, del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (de Ciudad Juárez), y Gabino Gómez, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua. El hostigamiento, las amenazas y los asesinatos de activistas se han incrementado en estas zonas en conflicto sin que el Estado pueda ofrecer una protección adecuada. Durante la audiencia se expusieron ejemplos dramáticos sucedidos en Chihuahua, los cuales evidencian una tendencia de recrudecimiento en el peligro que corren los defensores y defensoras.

Durante la audiencia, los comisionados de la CIDH expresaron un especial interés por el problema de la desaparición forzada en México. Según Carlos Zazueta, abogado de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A. C. (CADHAC), en los estados del norte de México son frecuentes las desapariciones perpetradas incluso por los propios agentes del Estado. Ante las denuncias, Zazueta afirmó que las autoridades judiciales simulan pesquisas o simplemente no las hacen. Por ello, denunció el subregistro por el miedo a la denuncia, y expresó su preocupación por la inadecuada o faltante tipificación del delito de desaparición forzada, así como por la ausencia de un recurso adecuado para encontrar a personas desaparecidas.

Por su parte, la delegación del Estado mexicano justificó sin sustento la política de seguridad implementada durante la administración del Presidente Felipe Calderón. Entre otros, el subsecretario de Prevención, Vinculación y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, justificó la estrategia de seguridad y afirmó que, gracias a las acciones derivadas de ella, se ha logrado detener la expansión de la actividad criminal a otras zonas del país. No obstante, la representación mexicana no se refirió al tema del incremento en los crímenes de violencia en los estados del norte ni a los hechos concretos presentados por las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones peticionarias concluyeron su exposición instando a la CIDH para que exhorte al Estado a asumir las recomendaciones planteadas en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos (publicado en el 2009) como el camino a seguir para garantizar una seguridad real de la ciudadanía ante el problema de la violencia en México. Asimismo le solicitaron a la Comisión que realice una visita in situ para que compruebe la situación de los derechos humanos en México y que emita posteriormente recomendaciones precisas al Estado para solventar las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo.

Defensores de derechos humanos denuncian ante la CIDH graves irregularidades en el proceso electoral nicaragüense

Audiencias ante la CIDH

Washington DC, 28 de marzo del 2011. El proceso hacia los comicios presidenciales de este año en Nicaragua se desarrolla con una ley electoral que limita la participación política, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos miembros ejercen sus funciones ilegalmente y con un Presidente de la República que utilizó una institucionalidad muy frágil para abrir paso a su reelección, prohibida por la Constitución.

Lun, 28/03/2011

Washington DC, 28 de marzo del 2011. El proceso hacia los comicios presidenciales de este año en Nicaragua se desarrolla con una ley electoral que limita la participación política, con un Consejo Supremo Electoral (CSE) cuyos miembros ejercen sus funciones ilegalmente y con un Presidente de la República que utilizó una institucionalidad muy frágil para abrir paso a su reelección, prohibida por la Constitución.
 
Estas fueron las principales denuncias que presentaron el viernes pasado el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una audiencia sobre la situación de los derechos políticos en Nicaragua,  que tuvo lugar en Washington DC, Estados Unidos.
 
Los peticionarios expresaron que las intenciones electorales del Presidente Daniel Ortega Saavedra han generado una polarización política en el país que podría derivar en amenazas contra la vida y la integridad física tanto de quienes se oponen a la reelección como de quienes la apoyan.
 
Las organizaciones también denunciaron la negativa presidencial y del CSE de permitir la observación internacional durante los comicios que se celebrarán el 6 de noviembre del 2011, lo cual pone en riesgo la transparencia en el proceso.
 
También se destacó que los derechos a la libre expresión, y a la manifestación política han sido violados en numerosas ocasiones, tema que preocupó especialmente a Catalina Botero, Relatora Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión.  Como ejemplo se citó la detención de materiales del periódico Nuevo Diario en la aduana aérea como represalia contra un artículo del periodista Luis Galeano denunciando temas de corrupción dentro del CSE.
 
Los peticionarios aprovecharon para resaltar además que Nicaragua no cumple las sentencias del Sistema Interamericano, en referencia a la sentencia de la Corte Interamericana del año 2005 en relación al caso Yatama.
 
Las organizaciones reiteraron su petición para que la CIDH realice una visita a Nicaragua y solicitaron a este organismo que inste el Estado a garantizar las condiciones para el ejercicio del derecho al voto en forma igualitaria, incluyendo el otorgamiento de cédulas a todos/as nicaragüenses sin discriminación, el cese de toda práctica que limite el derecho a la libertad de expresión y finalmente, adoptar medidas para proteger a los defensores/as de derechos humanos y al  periodista Luis Galeano.
 
Durante la audiencia, Felipe González, relator de la CIDH para Nicaragua, citó el reglamento de la CIDH y expresó una preocupación particular por el intento de deslegitimación del Estado hacia la labor de las organizaciones presentes. Adicionalmente se solicitó nuevamente al Estado permitir la visita de la Comisión al país. El Estado guardó silencio.


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CEJIL participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CEJIL participa en audiencias ante

 
 
Washington D.C, 25 de marzo de 2011 Hoy hasta el martes 29 de marzo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias públicas y reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 141 período ordinario de sesiones. Algunos de los temas centrales que se tratarán incluyen:
1) Situación de los derechos políticos en Nicaragua (Audiencia pública- viernes 25)
2) Wayne Smith y Hugo Armendariz vs Estados Unidos (Reunión de trabajo privada- sábado 26)
3) Seguridad ciudadana y derechos humanos en México (Audiencia pública-lunes 28)
4) Situación de defensores/as de derechos humanos en las Américas (Audiencia pública- martes 29)
El calendario completo de audiencias se puede ver aquí.

Dom, 27/03/2011

Washington D.C, 25 de marzo de 2011 Hoy hasta el martes 29 de marzo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias públicas y reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con motivo de su 141 período ordinario de sesiones. Algunos de los temas centrales que se tratarán incluyen:
1) Situación de los derechos políticos en Nicaragua (Audiencia pública- viernes 25)
2) Wayne Smith y Hugo Armendariz vs Estados Unidos (Reunión de trabajo privada- sábado 26)
3) Seguridad ciudadana y derechos humanos en México (Audiencia pública-lunes 28)
4) Situación de defensores/as de derechos humanos en las Américas (Audiencia pública- martes 29)
El calendario completo de audiencias se puede ver aquí.

Guatemala debe investigar hechos de violencia sucedidos durante desalojo

Una persona muerta y varias heridas en Valle del Polochic

San José, 21 de marzo de 2011. CEJIL repudia los actos de violencia cometidos el 15 de marzo pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron un desalojo de cientos de personas campesinas en el Valle del Polochic.

Lun, 21/03/2011

San José, 21 de marzo de 2011. CEJIL repudia los actos de violencia cometidos el 15 de marzo pasado, cuando la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala ejecutaron un desalojo de cientos de personas campesinas en el Valle del Polochic. Además de la destrucción de viviendas y de campos de cultivo, esta acción tuvo como saldo varias personas heridas y la muerte de Antonio Beb Ac, poblador de la zona.

El conflicto es un episodio más en la lucha por el uso y tenencia de tierras provocado por el desplazamiento histórico que han sufrido los pueblos indígenas y campesinos. Estos hechos suceden en el marco de una alta conflictividad social en Guatemala, la cual ha sido destacada recientemente por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya.

El clima de polarización social en Guatemala se ha agravado por un pronunciamiento reciente del Gobierno, en el cual expresó que continuaría con la ejecución inmediata de órdenes de desalojo y captura, muchas de las cuales están dirigidas contra líderes sociales y defensores de los derechos humanos. En el mismo comunicado manifestó que suspendería el diálogo con las organizaciones sociales que el Gobierno considere que estuvieran ejecutando “medidas ilegales”.

Sobre este tipo de comunicados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “las manifestaciones provenientes de representantes estatales, expresadas en contextos de violencia política, fuerte polarización o alta conflictividad social, emiten el mensaje que los actos de violencia destinados a acallar a defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones, cuentan con la aquiescencia del Gobierno”.

CEJIL hace un llamado vehemente al Estado Guatemalteco para que investigue exhaustivamente y de oficio la muerte violenta del señor Bed Ac y el uso de la fuerza efectuado en el Valle del Polochic. Asimismo insta a las autoridades a garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas afectadas por los desalojos, así como los de los defensores y defensoras de derechos humanos del país que han denunciado estos hechos o que defienden el derecho a la tenencia y disfrute de la tierra. CEJIL exhorta a todas las autoridades a abstenerse de emitir pronunciamientos que contribuyan a una mayor polarización social.

Por último, CEJIL solicita a los órganos internacionales de protección –especialmente a la CIDH– monitorear la situación denunciada y solicitar información al Estado sobre estos hechos.

Expulsión de periodista vulnera libertad de expresión en Panamá

Comunicador español ha sido crítico del gobierno

San José, 1.° de marzo del 2011. La reciente resolución que ordena el retorno a su país del periodista español Paco Gómez Nadal representa una violación a sus garantías individuales y es una muestra de irrespeto del Estado de Panamá hacia la libre expresión y el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

Mié, 02/03/2011

San José, 2 de marzo del 2011. CEJIL lamenta la actuación de las autoridades panameñas, las cuales expulsaron al periodista español Paco Gómez Nadal y a su compañera Pilar Chato Carral el lunes pasado después de su detención irregular el sábado 26 de febrero.

Aquel día, el periodista grababa el desalojo de un grupo de indígenas ngobe que se manifestaba en la Plaza 5 de Mayo, en Ciudad de Panamá, contra la reforma al Código Minero aprobada recientemente. El comunicador y defensor de derechos humanos realizaba esta labor como miembro de la organización internacional Human Rights Everywhere. Gómez Nadal también es columnista del diario La Prensa, desde donde ha criticado frecuentemente al gobierno.

La dirección del Servicio Nacional de Migración (SNM) ordenó la detención y, posteriormente, la “repatriación voluntaria” de ambos ciudadanos españoles. No obstante, CEJIL observa con preocupación que ambas decisiones carecen de motivación.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que las decisiones que puedan afectar derechos humanos –como el derecho a la libertad personal– deben estar siempre debidamente fundamentadas. De lo contrario, el tribunal considera arbitrarias estas resoluciones. La vulneración de este criterio emitido por la Corte IDH resulta especialmente grave en el caso de Gómez Nadal y Chato Carral, pues han transcurrido menos de 3 meses desde que Panamá fue condenada por este tribunal por arbitrariedades similares cometidas por las autoridades de migración.

Asimismo, las resoluciones dictadas contra los españoles son contradictorias e inconsistentes. La dirección del SNM ordenó la detención de Gómez Nadal aunque en la misma resolución se establece que él contaba con expediente de trámite de visa y posterior permanencia definitiva en Panamá. Igualmente, pese a que su estatus legal en el país había sido establecido, se le aplicó la figura de la “repatriación voluntaria” –prevista únicamente para migrantes en situación irregular– y además se le sancionó con dos años de impedimento de entrada a Panamá.

CEJIL considera que las actuaciones del Estado panameño en este caso constituyen violaciones a la libertad de expresión que estuvieron destinadas a acallar una voz disidente y a debilitar los movimientos que reclaman derechos frente al Estado panameño. Cabe recordar que, el 4 de julio del 2010, funcionarios del SNM ya habían intentado infructuosamente expulsar a Gómez Nadal de Panamá.

Este tipo de actuaciones, además de tener un efecto directo sobre las víctimas, puede generar temor y obligar a otras personas a abstenerse de manifestar sus opiniones y hacer reclamaciones.

CEJIL solicita al Estado panameño que rectifique sus actuaciones, que investigue las violaciones sufridas por Paco Gómez Nadal y Pilar Chato Carral y que sancione a los funcionarios responsables. Finalmente le instamos a que reconozca la importancia de la labor de los defensores de derechos humanos y se comprometa a crear condiciones adecuadas para que el derecho a la libertad de expresión sea ejercido sin restricciones indebidas.

Personas LGBT corren grave peligro en Honduras

34 asesinatos de personas LGBT desde junio del 2009

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos  de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

Jue, 20/01/2011

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos –según las cifras más conservadoras– de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

 

Fergie Alice Ferg (nombre con el que se identificaba Williams Afif Hernández) fue hallada sin vida en la vía pública de San Pedro Sula en la madrugada del lunes. La víctima era voluntaria de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral y del Colectivo Unidad Rosa.

 

La violencia contra la comunidad LGBTTTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexo) en Honduras ha registrado una escalada desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Las agresiones encuentran su expresión mayor en los asesinatos, aunque también son frecuentes los casos de personas agredidas y desfiguradas.

 

La situación es más grave aún por el grado de impunidad de este tipo de crímenes motivados por el odio ante la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Según datos de la Red Lésbica Cattrachas, el 98% de los crímenes de odio cometidos contra la comunidad LGBTTTI desde el 2003 ha quedado sin castigo. La investigación de estos hechos se hace especialmente difícil en los casos que involucran a agentes estatales, los cuales son recurrentes.

 

Estas situaciones de violencia no son aisladas ni desconocidas. En octubre del año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo conocimiento sobre los crímenes de odio en contra de las personas LGBTTTI en Honduras durante una audiencia solicitada por CEJIL en conjunto con la Asociación LGBT Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC).

 

A la vez, en noviembre del 2010, el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas dio una serie de recomendaciones para el Estado hondureño, entre las cuales destacan varias dedicadas especialmente a la protección de los derechos de las personas LGBTTTI. Entre ellas se encuentran la revisión de la legislación nacional y la adopción de planes que tiendan a la promoción y la protección de los derechos humanos de la población de estos grupos en situación de vulnerabilidad.

 

Asimismo, el informe recomendó llevar a cabo investigaciones “independientes, imparciales y efectivas” sobre el uso ilegal de la fuerza contra activistas y miembros de la población LGBTTTI. Ninguna de estas recomendaciones ha sido adoptada hasta el momento.

 

CEJIL, la Red Lésbica Catrachas, HIVOS, la Asociación Arco Iris, el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), la Comunidad Gay Sampedrana, el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPACDH) y el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) expresan su profunda preocupación y condena por la evidente desprotección en que se encuentra la comunidad LGBTTTI hondureña. Asimismo exhortan a las autoridades del Estado de Honduras para que tomen las medidas afirmativas necesarias para detener la violencia en contra de las personas LGBTTTI, para prevenir hechos de esta naturaleza y para que se garanticen sus derechos en forma efectiva. En especial, las organizaciones hacen un fuerte llamado a las autoridades del Ministerio Público hondureño para que investiguen pronta y eficazmente los múltiples crímenes de odio por orientación sexual que han cobrado la vida de al menos 34 personas en un año y medio.

 

Finalmente las organizaciones hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exprese públicamente su preocupación sobre esta problemática en Honduras y agilice la elaboración del informe sobre crímenes de odio en contra de personas LGBTTTI en las Américas.

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

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Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI)

Comisión Interamericana pide información a Honduras sobre acoso a defensores de derechos humanos

Funcionarios oficiales hostigan a activistas

San José y Tegucigalpa, 11 de enero del 2010. El pasado 6 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al Estado de Honduras sobre varios actos de hostigamiento promovidos desde las instituciones estatales en contra de organizaciones de derechos humanos.

Mar, 11/01/2011

San José y Tegucigalpa, 11 de enero del 2010. El pasado 6 de enero la Comisión Interamerican a de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información a Honduras sobre varios actos de hostigamiento promovidos desde las instituciones estatales en contra de organizaciones de derechos humanos.
 
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron el pasado 27 de diciembre a la CIDH sobre una reciente resolución judicial que pretendía allanar la sede del COFADEH. La acción se haría supuestamente para obtener documentos testimoniales, de los que COFADEH es depositario, en los que constan declaraciones de testigos relacionadas con el asesinato del abogado Dionisio Díaz García, ocurrido el 4 de diciembre del 2006. No obstante, estas personas nunca han sido convocadas directamente por el Ministerio Público para declarar y, de hecho, ya existen dos personas condenadas por el asesinato.
 
Por otra parte, CEJIL y COFADEH informaron a la CIDH sobre graves manifestaciones de funcionarios estatales de alto nivel que relacionan con actividades ilícitas a las organizaciones hondureñas de derechos humanos en general y al COFADEH en particular. Cabe destacar que los miembros de COFADEH cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
 
Los hechos citados no son aislados. Desde el mes de noviembre del año anterior, Porfirio Lobo y varios de sus ministros lideran una campaña de intimidación y desprestigio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Durante el mes de diciembre, representantes estatales brindaron diversas declaraciones públicas acusando a las organizaciones de desestabilizar el gobierno, de apoyar a grupos armados ilegales y de cometer actos de vandalismo contra instituciones públicas.
 
La CIDH expresó en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos su preocupación por este tipo de mensajes que “contribuyen a crear condiciones adversas para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y generan un profundo daño a las democracias del hemisferio”.
 
Por su parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de Derechos Humanos, en su más reciente informe, recomendó a los Estados abstenerse de estigmatizar el trabajo de estos activistas y de reconocer, a través de declaraciones públicas, la importancia y la legitimidad de sus actividades. La Relatora consideró que éste es el primer paso para prevenir –o al menos disminuir– el riesgo que sufren las personas que defienden derechos humanos. Ninguna de estas recomendaciones ha sido atendida por el Estado de Honduras.
 
Adicionalmente, el pasado mes de noviembre el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley contra el financiamiento del Terrorismo, en la cual se regula –entre otras actividades– el funcionamiento y las obligaciones de las asociaciones u organizaciones de derechos humanos, estableciendo controles excesivos y sanciones arbitrarias con el único fin de obstaculizar su trabajo.
 
Otros hechos ocurridos recientemente, como la incursión de sujetos desconocidos en la sede del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla –cuya coordinadora cuenta con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– demuestran que los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras corren un grave riesgo.
 
CEJIL y COFADEH hacen un llamado al Estado hondureño para que detenga esta campaña de desprestigio en la que se busca criminalizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y cumpla con sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho de las personas hondureñas a defender los derechos humanos sin obstáculos y en condiciones seguras.
 
 
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Enlaces relacionados:
Reporte de la Relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Informe de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas.
 

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