Defensores de derechos humanos

CEJIL expresa su preocupación por crisis institucional del Poder Judicial que afectaría protección de derechos humanos en Nicaragua

Crisis institucional que afecta al Poder Judicial

El pasado 16 de agosto iniciaron sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siete personas nombradas el 11 de agosto por decisión de ocho magistrados miembros de la misma Corte. Así, se sustituye “de facto” a siete integrantes de este Poder del Estado lo que agudiza la crisis institucional que afecta al Poder Judicial y coloca en una situación de desprotección a las personas en ese país.

Mié, 18/08/2010

 

San José, 18 de agosto de 2010

 

El pasado 16 de agosto iniciaron sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siete personas nombradas el 11 de agosto por decisión de ocho magistrados miembros de la misma Corte. Así, se sustituye “de facto” a siete integrantes de este Poder del Estado lo que agudiza la crisis institucional que afecta al Poder Judicial y coloca en una situación de desprotección a las personas en ese país.

La crisis en el Poder Judicial se origina con la promulgación del decreto número 03-2010 de fecha 9 de enero de 2010 mediante el cual el Presidente Daniel Ortega, sin existir fundamento legal alguno, prorroga los nombramientos de varios integrantes de otros poderes del Estado cuyos términos estaban prontos a vencer hasta tanto la Asamblea Nacional no realice los nombramientos correspondientes. En específico, el decreto prevé la continuidad en sus cargos de varios miembros del Consejo Supremo Electoral, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia.

Así, en el mes de abril de este año venció el período de los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra; sin embargo, amparándose en el decreto 03-2010, estos magistrados se negaron a dejar sus cargos. Ante esto, otros siete magistrados vinculados al Partido Liberal se rehusaron a participar en las sesiones de la Corte Suprema.

El pasado 5 de julio los magistrados Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar García, Yadira Centeno González, Francisco Rosales Arguello, Armengol Cuadra López, Rafael Solís Cerda, Ligia Molina Arguello y Juana Méndez, vinculados al gobernante Partido Sandinista decidieron convocar a siete conjueces para sustituir a sus compañeros del Partido Liberal y reanudar el trabajo de la Corte Suprema. La figura de los “conjueces” se encuentra prevista en el artículo 163 de la Constitución Política para casos de “ausencia, excusa, implicancia o recusación” de cualquiera de los magistrados. Numerosos sectores sociales, académicos y políticos han declarado que esta figura no es posible aplicarla al caso concreto ya que los magistrados sustituidos no se encuentran en ninguno de esos supuestos.

Las decisiones anteriores revelan una la clara injerencia del Poder Ejecutivo y de otros sectores políticos en la integración de la Corte Suprema de Justicia, situación que es contraria a los principios de independencia judicial y división de poderes del Estado, ambos pilares de toda democracia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera contra Venezuela señaló que la separación de los poderes públicos busca “evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial”.

En febrero de 2010 el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado de Nicaragua “velar por que el poder judicial sea independiente y libre de injerencias políticas, y luchar contra la corrupción, las irregularidades y los retrasos en la administración de la justicia. Los hechos recientes demuestran que pocos esfuerzos se han hecho para cumplir con la citada recomendación.

Para CEJIL las decisiones tomadas por una parte de los integrantes de la Corte Suprema cuestionan la vigencia de un Estado de Derecho en Nicaragua. “Uno de los requisitos fundamentales para una adecuada garantía y protección de los derechos humanos es sin duda alguna la vigencia del Estado de Derecho. La decisión sobre la permanencia o remoción de los más altos jueces no puede ser producto de una decision arbitraria del Poder Ejecutivo; asimismo, debe estar establecida por ley y someterse a un adecuado escrutinio y control, para evitar la politización y parcialidad de uno de los Poderes del Estado fundamental en la garantía de los derechos. En Nicaragua, este tipo de sucesos evidencian el creciente debilitamiento de la institucionalidad lo que necesariamente se traduce en una desprotección para los y las nicaragüenses” señaló Alejandra Nuño, Directora de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado a las autoridades del Estado de Nicaragua para que rectifiquen las decisiones hasta ahora tomadas de conformidad con los estándares internacionales en la materia así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatora de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados para que requieran información al Estado de Nicaragua sobre las actuaciones antes citadas, y en su oportunidad, expresen su preocupación por tales decisiones.

 

Para mayor información:

Marcia Aguiluz: maguiluz@cejil.org

 

Enlaces relacionados:

 

Decisión de la Corte Suprema de Nicaragua de convocar a conjueces:

http://www.csj.gob.ni/arc-pdf/sgc_acuerdo41.pdf

 

Recomendaciones dadas al Estado de Nicaragua por el Grupo de Trabajo

sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de

Naciones Unidas:

http://daccess-ddsny.

un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement

 

Recomendaciones dadas por el Sistema de Naciones Unidas a Nicaragua:

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/NI/A_HRC_WG.6_7_N

IC_2_S.pdf

CENIDH y CEJIL solicitan intervención de relatora de Naciones Unidas

Crisis en el Poder Judicial de Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

Jue, 09/09/2010

 

Managua y San José, 8 de septiembre de 2010.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

En la misiva, las organizaciones relataron los diversos acontecimientos ocurridos desde el año 2000 y que han tenido como consecuencia un debilitamiento del Poder Judicial en Nicaragua. Particularmente, se denunció la politización de los integrantes de la Corte Suprema quienes por años han respondido a los intereses de los Partidos Liberal Constitucional o Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Para CENIDH y CEJIL, es alarmante la reciente decisión de ocho magistrados sandinistas de sustituir en la Corte Suprema a seis magistrados liberales y proceder a nombrar conjueces (jueces sustitutos). Tal decisión se llevó a cabo sin el debido soporte legal y con el único objetivo de lograr mayoría de miembros en la Corte afines al partido de gobierno, lo cual constituye un ejemplo claro de la falta de independencia y de la ausencia de un Estado de Derecho en el país.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH declaró con preocupación que “cada día los y las nicaragüenses somos testigos del debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. El actual gobierno utiliza todos los mecanismos a su alcance para garantizar su permanencia en el poder sin que importe la afectación a nuestra institucionalidad. Lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia afecta además la garantía y protección de los derechos humanos de las personas en Nicaragua quienes, ante la falta de competencia de los miembros actuales, nos encontramos en un estado absoluto de indefensión.”

Cabe destacar que las debilidades de la administración de justicia en Nicaragua merecieron la atención del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en febrero de 2010, órgano que emitió seis recomendaciones al Estado nicaragüense relacionadas con este tema. Sin embargo, el Estado rechazó todas las recomendaciones que abogaban por la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

“La comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante los hechos que están ocurriendo en Nicaragua y condenar toda actuación que tenga como fin debilitar el Estado de Derecho en este país. El golpe de Estado ocurrido el año pasado en Honduras nos recuerda que las crisis institucionales deben ser resueltas oportunamente a través de las vías democráticas. No es legítimo ampararse en la institucionalidad y abusar de sus atribuciones para satisfacer los intereses de los gobernantes de turno” declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CENIDH y CEJIL se han dirigido a la Doctora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados para que solicite información urgente al Estado de Nicaragua sobre los hechos narrados y, en su oportunidad, informe al respecto ante el Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo se le ha solicitado que emita un pronunciamiento público sobre los hechos denunciados y realice una visita a Nicaragua en el menor plazo posible.

Enlaces relacionados:

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal realizado a Nicaragua:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement

 

Para más información contactar a:

Marcia Aguiluz:        mesoamerica@cejil.org

Mauro Ampié            mampie@cenidh.org

 

Carta enviada al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos

Despido Fiscal investigadora del caso Palacio de Justicia - Colombia

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

Mié, 08/09/2010

 

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

 

 

Washington, D.C., 7 de septiembre de 2010

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

 

Estimado Presidente Santos,

 

Por medio de la presente quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre los últimos desarrollos en el caso del Palacio de Justicia.   En particular, la decisión de relevar de sus funciones a la fiscal, Ángela María Buitrago, quien ha conducido vigorosamente la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años, levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar incluso las más graves violaciones de derechos humanos.

Como es de su conocimiento, la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema, estableció que tras la toma del Palacio del Justicia por parte de los guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985 y la recuperación por parte de la fuerza pública colombiana, miembros de las fuerzas armadas mataron y desaparecieron forzadamente por lo menos una docena de victimas inocentes.  Estos crímenes, que habían sido en gran medida ignorados por dos décadas, fueron el objeto de una investigación seria por primera vez a principios del 2005, cuando la Dra. Buitrago fue nombrada fiscal encargada del caso.  Pese a que habido serios obstáculos, se lograron avances importantes.  Varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas están siendo investigados o juzgados, y hace algunos meses se logró la primera condena penal en el caso, contra el Coronel retirado Alfonso Plazas Vega.

Estos desarrollos, que parecían prometedores, son una prueba de la valentía y profesionalismo de la Fiscal Buitrago, la Jueza María Stella Jara, y los representantes de las víctimas en las investigaciones penales en curso, quienes continuaron con el caso pese a estar confrontados a constantes amenazas e intimidaciones.  La condena de Plazas Vega en particular, llevo a que muchos en Colombia y en la comunidad internacional, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas-Navi Pillay- tuvieran la esperanza de que Colombia estuviera finalmente luchando contra la impunidad que ha caracterizado las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Desafortunadamente, los últimos eventos  en el caso del Palacio de Justicia nos hacen temer que Colombia no posee aún la fortaleza política e institucional necesaria para confrontar criminalidad a los más altos niveles.  Poco tiempo después de condenar al Coronel Plazas Vega de homicidio, la Jueza tercera Stella Jara se vio forzada a huir del país temiendo por su seguridad, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le  había ordenado al gobierno  protegerla. Asimismo, la semana pasada, el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago relevó de su cargo a Ángela María Buitrago sólo días después que ésta llamara a indagatoria a tres generales colombianos en retiro por la ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán.

La Dra. Buitrago ha jugado un papel fundamental en el esclarecimiento de los actos de las fuerzas armadas tras la recuperación del Palacio de Justicia.  El asesinato del Magistrado Urán es un caso representativo.   Pruebas irrefutables han permitido comprobar que éste sobrevivió la toma del Palacio de Justicia, y fue subsecuentemente torturado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, quienes después devolvieron su cuerpo al Palacio de Justicia, e hicieron parecer que había muerto en el fuego cruzado entre el Ejercito y la guerrilla.   Este cínico crimen se le ocultó a la familia del Magistrado Urán  y al público Colombiano por más de veinte años, hasta que el intrépido trabajo investigativo de la Dra. Buitrago sacó a relucir la verdad.  El público colombiano tiene motivos justificados para preguntarse que otros aspectos de las acciones de los militares, así como las razones que motivaron dichas acciones en el caso del Palacio de Justicia, continuarán sin ser investigados.

Por lo tanto, la decisión de destituir a la Dra. Buitrago no es únicamente un importante retroceso en uno de los casos más emblemáticos sobre derechos humanos en Colombia, sino que desafortunadamente evidencia que el Fiscal General de Colombia parece estar dispuesto a comprometer investigaciones de alto perfil y destituir a su personal.  Dado el patrón de continuo acoso y hostigamiento en este y otros casos, nos vemos obligados a concluir que esta decisión fue el resultado de presiones.

Las acciones del Dr. Mendoza Diago van más allá del caso del Palacio de Justicia.  La Dra. Buitrago era también la fiscal encargada en varias investigaciones y juicios de derechos humanos de alto perfil, tales como el juicio del ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera, el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, y el ex senador Ciro Ramírez, por conspirar con grupos paramilitares.  Estos casos se encuentran avanzados y la abrupta destitución de la fiscal es un importante retroceso que causará retrasos innecesarios.

Mientras el Dr. Mendoza Diago esté en funciones, los fiscales podrían mostrarse reacios a proceder contra actores poderosos y bien conectados.

Sr. Presidente, queremos alentarlos a remplazar rápidamente al Sr. Mendoza Diago por un Fiscal General permanente que actúe con la necesaria integridad y entereza para resolver de manera continua la investigación del Palacio de Justicia, e idealmente reintegre a la Dra. Buitrago a su cargo.  Adicionalmente, solicitamos que su gobierno adopte inmediatamente todas las mediadas  necesarias para asegurar la seguridad física de la Dra. Buitrago y todos los jueces, fiscales, abogados de derechos humanos y familiares de las víctimas involucradas en el caso.

El caso del Palacio de Justicia se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. Una respuesta firme y principista frente a los últimos desarrollos del caso será una importante señal temprana del compromiso de su gobierno en la lucha contra la impunidad frente a casos de graves violaciones de los derechos humanos.  Las organizaciones que nosotros representamos y la comunicad internacional en general, observará sus acciones con gran interés.

 

Cordialmente,

 

Viviana Krsticevic
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Lisa Haugaard
Latin America Working Group (LAWG)

Gimena Sanchez-Garzoli
Washington Office on Latin America (WOLA)

Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia

 

 

Cc:

Angelino Garzón
Vicepresidente de Colombia

María Angela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

Guillermo Mendoza Diago
Fiscal General de la Nación encargado

Jaime Arrubla
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Carolina Barco Isakson
Embajadora de Colombia en Estados Unidos

P. Michael McKinley
Embajador de Estados Unidos en Colombia

Hillary Rodham Clinton
Secretaria de Estado de Estados Unidos

Maria Otero
Sub Secretaria de Estado para Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Christian Salazar Volkmann
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados

Margaret Sekaggya
Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Christof Heyns
Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Felipe González
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

Coalición condena hostigamientos a organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela

Pronunciamiento

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas envió hoy, 12 de agosto de 2010, un pronunciamiento a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de Venezuela en el que condena los hostigamientos a organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela.

Lea el pronunciamiento aquí.

Jue, 12/08/2010

 

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas envió hoy, 12 de agosto de 2010, un pronunciamiento a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de Venezuela.

En el pronunciamiento, la Coalición expresa su rechazo a la campaña pública de desprestigio del trabajo de las organizaciones y defensores/as venezolanas/os de derechos humanos y exige el cese de la investigación solicitada ante la Fiscalía General de la República así como  la campaña sistemática, a través de medios estatales, de descalificación a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

 

Lea el pronunciamiento aquí.

 

Firmantes del pronunciamiento:

 

Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer

Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Quito

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

México

Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Grupo de Mujeres de San Cristobal de Las Casas, A. C

Paraguay

Capítulo Paraguay  Foro de Mujeres del Mercosur

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/Sida (ACSOL)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas

 

Organizaciones regionales e internacionales

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Global Rights

PIDHDD - Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo

Amnistía Internacional –organización observadora de la Coalición

 

Organizaciones que se adhieren al comunicado de la Coalición

Capítulo Argentina del Foro de Mujeres del Mercosur – Argentina 

Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina (CEDHA) - Argentina

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A.C.  – México

Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC) - México

AGORA -Centro de Estudios de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales de Perú - Perú

Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) – Venezuela

Caritas de Venezuela - Venezuela

Caritas de Los Teques - Venezuela

Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara - Venezuela

Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui – Venezuela

Servicio Jesuita de Refugiados - Venezuela

 

Organizaciones de DD.HH piden a la ONU establecer una oficina en Honduras para promover la democracia y la protección de derechos humanos en Honduras

Oficina del ACNUDH en Honduras

Washington, D.C. (9 de agosto): Reconocidas organizaciones de derechos humanos y defensores de América Latina pidieron la semana pasada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instalar una oficina en Honduras para promover la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Lun, 09/08/2010

 

Washington, D.C. (9 de agosto),

 

Reconocidas organizaciones de derechos humanos y defensores de América Latina pidieron la semana pasada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instalar una oficina en Honduras para promover la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Honduras vive una crisis de derechos humanos desde el derrocamiento, el año pasado, del presidente electo Manuel Zelaya Rosales. Un informe de marzo de 2010 de la ACNUDH documentó las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Honduras como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, entre estas se incluyen  asesinatos, actos de tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión. Hoy en día, todos estos abusos permanecen en la impunidad. Estos abusos continúan a pesar de las elecciones de noviembre de 2009 que tuvieron como resultado la elección de Porfirio Lobo como  Presidente.

En la carta a Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, treinta cinco organizaciones destacaron el frágil estado de la democracia en Honduras y la importancia para la región de hacer frente a la debilidad institucional que permitió la proliferación de las violaciones a los derechos humanos de los y las hondureñas.

La carta subraya que “mantener procesos democráticos para alternar el poder es vital para la región”. La ACNUDH se dedica exclusivamente a apoyar el fortalecimiento de la independencia institucional y del Estado de Derecho así como a monitorear la situación de los derechos humanos en los países.

El informe mencionado también resaltó las debilidades institucionales que minaron la democracia y facilitaron el aumento de las violaciones de derechos humanos en Honduras. En países como Colombia y México el establecimiento de una oficina de la ACNUDH ha brindado significativos aportes para la reforma institucional, la protección de los defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil al igual que una observación permanente de la situación de derechos humanos.

Como lo señalaron las organizaciones “no cabe duda que el golpe de Estado en Honduras es un precedente peligrosísimo para el hemisferio”, por ello el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en este país constituye un paso necesario hacia el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y la prevención de futuras violaciones.

 

Expertos de Naciones Unidas condenan despido de jueces en Honduras

Denuncian un ataque contra la independencia de los jueces

El 29 de julio, tres relatores independientes de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la destitución de los jueces hondureños Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la Magistrado Tirza Flores Lanza por parte de la Corte Suprema de Justicia de este país.

Lun, 02/08/2010

El 29 de julio, tres relatores independientes de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la destitución de los jueces hondureños Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la Magistrado Tirza Flores Lanza por parte de la Corte Suprema de Justicia de este país.

Los jueces hondureños fueron despedidos en mayo de este año por haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

La Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya señalaron en un comunicado conjunto que la citada destitución “puede tener el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquéllas expresadas por las autoridades actuales”.

Asimismo, los expertos independientes agregaron que la destitución podría representar “un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”

Precisamente por estas razones, a inicios del mes julio la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare al Estado de Honduras responsable de la violación a los derechos a las garantías judiciales, libertad de expresión, reunión, libertad de asociación y protección judicial de los jueces y la Magistrado despedida.

El despido arbitrario e ilegal de los jueces y la Magistrada pone en evidencia la profunda crisis y falta de independencia que caracteriza actualmente al Poder Judicial en Honduras, lo que incide negativamente para combatir la impunidad de las violaciones de derechos humanos, y confirma el clima de persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes políticos y sociales.

No es la primera vez que órganos de Naciones Unidas se pronuncian respecto de este hecho, en el año 2006 el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado hondureño “adoptar medidas efectivas para asegurar la independencia judicial, incluyendo el pronto establecimiento de un órgano independiente que asegure la independencia del poder judicial y supervise el nombramiento, promoción y disciplina de la profesión”. Posteriormente, en el año 2009 el Comité contra la Tortura reiteró dicha recomendación.

La Magistrado Tirza Flores se mostró complacida por el pronunciamiento de los expertos de Naciones Unidas, además agregó “el comunicado de los Relatores confirma, una vez más, que nuestro despido tiene como propósito callar las voces de los jueces y juezas independientes. El Estado de Honduras se expone a la condena internacional porque no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y nuestro caso es un reflejo de este incumplimiento.”

La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla con las recomendaciones dadas por los expertos y los distintos órganos de Naciones Unidas y restituyan, en el menor plazo posible, los derechos de los operadores de justicia despedidos.

 

Para más información contactar a:

Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565

Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473

 

Enlaces relacionados:

Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S

 

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras

 

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre

 

CEJIL exige al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

Represión de protestas en Panamá

CEJIL y otras organizaciones expresan en una carta abierta su profunda preocupación por las recientes denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional en Panamá hacia los defensores ambientales y de derechos humanos respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”).

Lea aquí la carta abierta.

Mar, 20/07/2010

CEJIL y otras organizaciones expresan en una carta abierta su profunda preocupación por las recientes denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional en Panamá hacia los defensores ambientales y de derechos humanos respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”).

 

Lea aquí la carta abierta.

 

Coautores de la carta:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Center for Biological Diversity

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Corporación de Gestión y Derechos Ambiental ECOLEX

Foro de Mujeres del Mercosur

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C.

Justicia para la Naturaleza

Justiça Global


El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos

Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos

En las últimas décadas la investigación en derechos humanos se enfrenta a nuevos desafíos y aprendizajes: Unir la denuncia con los procesos personales o colectivos de reconstrucción, acompañar los esfuerzos de las víctimas y defensores, y manejar las implicaciones y costos que muchas veces tiene esa lucha por la vida. En el libro se ofrecen reflexiones nacidas de experiencias compartidas con centenares de personas en distintos países, especialmente de América Latina, que han vivido de forma directa las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y hacen de ese proceso de reconstruirse, una lucha contra sus causas y una contribución para todos y todas.

 

Esta obra se aleja de los contenidos tradicionales de las producciones de CEJIL, generalmente centradas en normativas, desarrollos jurisprudenciales y aspectos técnico-jurídicos de la labor de defensa de los derechos humanos. La iniciativa de elaborar una publicación basada en contenidos no esencialmente jurídicos surge del reconocimiento institucional que CEJIL le concede a la necesidad de contar con elementos de otras ramas de las ciencias sociales para el acompañamiento del litigio en temas de derechos humanos, y el valor de difundir dichos conocimientos con la comunidad de personas vinculadas a la defensa de los derechos.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2010
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CEJIL y la AJD presentan demanda contra Honduras

Destitución arbitraria de jueces en Honduras

El día de ayer, 5 de julio, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despido arbitrario e ilegal de Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza, todos jueces de la República de Honduras.

Mar, 06/07/2010

El día de ayer, 5 de julio, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despido arbitrario e ilegal de Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza, todos jueces de la República de Honduras.

En tal petición, se ha solicitado a la CIDH que declare al Estado hondureño responsable de la violación a los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a las garantías judiciales (art. 8), libertad de expresión (art. 13), derecho de reunión (art. 15), libertad de asociación (art. 16) y derecho a la protección judicial (art. 25), todos ellos, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado interamericano.

Como es del conocimiento público, el pasado 5 de mayo de 2010, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con diez votos a favor y cinco en contra, impuso una sanción de despido a los cuatro juzgadores, la cual fue ratificada en sesiones de fechas 12 de mayo y 1 de junio. No obstante ello, hasta el día de hoy nunca se les ha notificado una resolución que funde y motive tal destitución. Lo único que se les ha entregado a cada uno de los juzgadores son oficios con acuerdos de destitución que distan de garantizar el debido proceso protegido por la Convención Americana.

La petición contra el Estado hondureño cuestiona firmemente las valoraciones sesgadas y arbitrarias del Pleno de la Corte Suprema, en tanto que a Guillermo López Lone (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula y Presidente de la AJD) y a Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez de Letras Contra la Violencia Doméstica en la ciudad de San Pedro Sula) les sancionaron por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado. Por otra parte, a Ramón Barrios (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula) lo destituyeron por haber dictado una conferencia académica de la cual se emitió una nota periodística en la que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada de la Sala de Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, la sancionaron por haber presentado un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación  del Presidente Zelaya.

Cabe recordar que la Corte Suprema ha sido seriamente cuestionada por su actuar, sobre todo, a partir del Golpe de Estado cometido contra el entonces Presidente Zelaya el 28 de junio de 2009. Al respecto, el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció que “la falta de independencia del poder judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes. La Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general, han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho […].” Por ello, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la CIDH funge como una instancia complementaria a los sistemas nacionales de protección, en este caso, la falta de independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia pone en entredicho la posibilidad de agotar alguna instancia judicial en Honduras.

Aunado a ello, la sanción por parte de la Corte Suprema viola el derecho a la asociación de los jueces, así como la libertad de expresión y reunión de los mismos. Todo ello se logra en virtud de una legislación ambigua que permite este y otro tipo de arbitrariedades en relación con funcionarios ejemplares que luchan contra la impunidad y la corrupción, y promueven la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Adicionalmente la petición se presenta a un año de la ejecución de Isis Obed Murillo, primera muerte que produjo el golpe de Estado y cuya responsabilidad todavía no ha sido establecida por las autoridades competentes. En este sentido, la petición también pretende evidenciar algunas de las deficiencias estructurales del sistema de justicia hondureño, para así contribuir al establecimiento de medidas que garanticen una administración de justicia efectiva para el bien de todos y todas las hondureñas.

Tomando en cuenta la delicada situación en la que se encuentra Honduras, la AJD y CEJIL esperan que la CIDH se dirija al Estado hondureño con el fin de solicitarle explicaciones sobre el caso y, posteriormente, determine la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.

Para más información contactar a:

Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473

Enlaces relacionados:

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre

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