Defensores de derechos humanos

Expertos de Naciones Unidas condenan despido de jueces en Honduras

Denuncian un ataque contra la independencia de los jueces

El 29 de julio, tres relatores independientes de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la destitución de los jueces hondureños Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la Magistrado Tirza Flores Lanza por parte de la Corte Suprema de Justicia de este país.

Lun, 02/08/2010

El 29 de julio, tres relatores independientes de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la destitución de los jueces hondureños Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la Magistrado Tirza Flores Lanza por parte de la Corte Suprema de Justicia de este país.

Los jueces hondureños fueron despedidos en mayo de este año por haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

La Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya señalaron en un comunicado conjunto que la citada destitución “puede tener el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquéllas expresadas por las autoridades actuales”.

Asimismo, los expertos independientes agregaron que la destitución podría representar “un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”

Precisamente por estas razones, a inicios del mes julio la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare al Estado de Honduras responsable de la violación a los derechos a las garantías judiciales, libertad de expresión, reunión, libertad de asociación y protección judicial de los jueces y la Magistrado despedida.

El despido arbitrario e ilegal de los jueces y la Magistrada pone en evidencia la profunda crisis y falta de independencia que caracteriza actualmente al Poder Judicial en Honduras, lo que incide negativamente para combatir la impunidad de las violaciones de derechos humanos, y confirma el clima de persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes políticos y sociales.

No es la primera vez que órganos de Naciones Unidas se pronuncian respecto de este hecho, en el año 2006 el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado hondureño “adoptar medidas efectivas para asegurar la independencia judicial, incluyendo el pronto establecimiento de un órgano independiente que asegure la independencia del poder judicial y supervise el nombramiento, promoción y disciplina de la profesión”. Posteriormente, en el año 2009 el Comité contra la Tortura reiteró dicha recomendación.

La Magistrado Tirza Flores se mostró complacida por el pronunciamiento de los expertos de Naciones Unidas, además agregó “el comunicado de los Relatores confirma, una vez más, que nuestro despido tiene como propósito callar las voces de los jueces y juezas independientes. El Estado de Honduras se expone a la condena internacional porque no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y nuestro caso es un reflejo de este incumplimiento.”

La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla con las recomendaciones dadas por los expertos y los distintos órganos de Naciones Unidas y restituyan, en el menor plazo posible, los derechos de los operadores de justicia despedidos.

 

Para más información contactar a:

Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565

Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473

 

Enlaces relacionados:

Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S

 

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras

 

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre

 

CEJIL exige al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

Represión de protestas en Panamá

CEJIL y otras organizaciones expresan en una carta abierta su profunda preocupación por las recientes denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional en Panamá hacia los defensores ambientales y de derechos humanos respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”).

Lea aquí la carta abierta.

Mar, 20/07/2010

CEJIL y otras organizaciones expresan en una carta abierta su profunda preocupación por las recientes denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional en Panamá hacia los defensores ambientales y de derechos humanos respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”).

 

Lea aquí la carta abierta.

 

Coautores de la carta:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Center for Biological Diversity

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Corporación de Gestión y Derechos Ambiental ECOLEX

Foro de Mujeres del Mercosur

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C.

Justicia para la Naturaleza

Justiça Global


El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos

Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos

En las últimas décadas la investigación en derechos humanos se enfrenta a nuevos desafíos y aprendizajes: Unir la denuncia con los procesos personales o colectivos de reconstrucción, acompañar los esfuerzos de las víctimas y defensores, y manejar las implicaciones y costos que muchas veces tiene esa lucha por la vida. En el libro se ofrecen reflexiones nacidas de experiencias compartidas con centenares de personas en distintos países, especialmente de América Latina, que han vivido de forma directa las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y hacen de ese proceso de reconstruirse, una lucha contra sus causas y una contribución para todos y todas.

 

Esta obra se aleja de los contenidos tradicionales de las producciones de CEJIL, generalmente centradas en normativas, desarrollos jurisprudenciales y aspectos técnico-jurídicos de la labor de defensa de los derechos humanos. La iniciativa de elaborar una publicación basada en contenidos no esencialmente jurídicos surge del reconocimiento institucional que CEJIL le concede a la necesidad de contar con elementos de otras ramas de las ciencias sociales para el acompañamiento del litigio en temas de derechos humanos, y el valor de difundir dichos conocimientos con la comunidad de personas vinculadas a la defensa de los derechos.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2010
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CEJIL y la AJD presentan demanda contra Honduras

Destitución arbitraria de jueces en Honduras

El día de ayer, 5 de julio, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despido arbitrario e ilegal de Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza, todos jueces de la República de Honduras.

Mar, 06/07/2010

El día de ayer, 5 de julio, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el despido arbitrario e ilegal de Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y Tirza Flores Lanza, todos jueces de la República de Honduras.

En tal petición, se ha solicitado a la CIDH que declare al Estado hondureño responsable de la violación a los siguientes derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos: derecho a las garantías judiciales (art. 8), libertad de expresión (art. 13), derecho de reunión (art. 15), libertad de asociación (art. 16) y derecho a la protección judicial (art. 25), todos ellos, en relación con las obligaciones generales establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo tratado interamericano.

Como es del conocimiento público, el pasado 5 de mayo de 2010, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, con diez votos a favor y cinco en contra, impuso una sanción de despido a los cuatro juzgadores, la cual fue ratificada en sesiones de fechas 12 de mayo y 1 de junio. No obstante ello, hasta el día de hoy nunca se les ha notificado una resolución que funde y motive tal destitución. Lo único que se les ha entregado a cada uno de los juzgadores son oficios con acuerdos de destitución que distan de garantizar el debido proceso protegido por la Convención Americana.

La petición contra el Estado hondureño cuestiona firmemente las valoraciones sesgadas y arbitrarias del Pleno de la Corte Suprema, en tanto que a Guillermo López Lone (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula y Presidente de la AJD) y a Luis Alonso Chévez de la Rocha (Juez de Letras Contra la Violencia Doméstica en la ciudad de San Pedro Sula) les sancionaron por haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado. Por otra parte, a Ramón Barrios (miembro de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula) lo destituyeron por haber dictado una conferencia académica de la cual se emitió una nota periodística en la que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya. Finalmente, a la magistrada de la Sala de Apelaciones de San Pedro Sula, Tirza Flores Lanza, la sancionaron por haber presentado un recurso de amparo constitucional en contra de la expatriación  del Presidente Zelaya.

Cabe recordar que la Corte Suprema ha sido seriamente cuestionada por su actuar, sobre todo, a partir del Golpe de Estado cometido contra el entonces Presidente Zelaya el 28 de junio de 2009. Al respecto, el Informe de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) reconoció que “la falta de independencia del poder judicial y la aplicación e interpretación desiguales y discriminatorias de la ley han sido evidentes. La Fiscalía, los jueces y la Corte Suprema de Justicia, en general, han apoyado a las autoridades de facto defendiendo medidas restrictivas a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del estado de derecho […].” Por ello, aunque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que la CIDH funge como una instancia complementaria a los sistemas nacionales de protección, en este caso, la falta de independencia e imparcialidad de la Corte Suprema de Justicia pone en entredicho la posibilidad de agotar alguna instancia judicial en Honduras.

Aunado a ello, la sanción por parte de la Corte Suprema viola el derecho a la asociación de los jueces, así como la libertad de expresión y reunión de los mismos. Todo ello se logra en virtud de una legislación ambigua que permite este y otro tipo de arbitrariedades en relación con funcionarios ejemplares que luchan contra la impunidad y la corrupción, y promueven la independencia judicial y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Adicionalmente la petición se presenta a un año de la ejecución de Isis Obed Murillo, primera muerte que produjo el golpe de Estado y cuya responsabilidad todavía no ha sido establecida por las autoridades competentes. En este sentido, la petición también pretende evidenciar algunas de las deficiencias estructurales del sistema de justicia hondureño, para así contribuir al establecimiento de medidas que garanticen una administración de justicia efectiva para el bien de todos y todas las hondureñas.

Tomando en cuenta la delicada situación en la que se encuentra Honduras, la AJD y CEJIL esperan que la CIDH se dirija al Estado hondureño con el fin de solicitarle explicaciones sobre el caso y, posteriormente, determine la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.

Para más información contactar a:

Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565
Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473

Enlaces relacionados:

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre

Honduras sigue en deuda con la democracia y los derechos humanos

Primer aniversario del golpe de Estado en Honduras

El 28 de junio de 2010, se cumple un año del golpe de Estado ocurrido en Honduras y la democracia en este país continúa siendo un anhelo lejano.

Mié, 30/06/2010

El 28 de junio de 2010, se cumple un año del golpe de Estado ocurrido en Honduras y la democracia en este país continúa siendo un anhelo lejano.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su última visita a Honduras realizada en el mes de mayo expresó “su preocupación porque continúan las violaciones a los derechos humanos en el contexto de golpe de Estado”. En esta ocasión, la CIDH manifestó haber recibido información sobre el asesinato de varias personas, entre ellas periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, así como “sobre una serie de amenazas y hostigamientos en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros, sindicalistas y miembros de la Resistencia”. Para la CIDH estos hechos “no cuentan con las debidas investigaciones por parte de la justicia”.

De igual manera, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que “El golpe de Estado dio lugar a violaciones de derechos humanos, la mayoría de las cuales siguen impunes. Además, reveló y exacerbó problemas estructurales existentes que afectan a los derechos humanos, intensificó una atmósfera política y social difícil y tensa, y profundizó la polarización dentro de la mayoría de las instituciones del Estado y la sociedad en general.”

CEJIL ha insistido reiteradamente que el golpe de Estado ha significado un terrible precedente para la democracia en las Américas. Asimismo, en la actualidad las instituciones estatales continúan siendo ineficaces para hacer frente a las violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, se han emitido decretos de amnistía ambiguos, se ha sobreseído a funcionarios relacionados directamente con el golpe de Estado, las investigaciones de violaciones de derechos humanos se encuentran estancadas en la Fiscalía, se adoptó un decreto de creación de una Comisión de la Verdad que no cumple con los estándares internacionales en la materia, se mantiene el nombramiento de Roberto Micheletti como diputado vitalicio al igual que el de Romeo Vásquez Velásquez, General de las Fuerzas Armadas directamente vinculado con el golpe de Estado como gerente de Hondutel  y han sido asesinados 8 periodistas de marzo a junio de este año en situaciones aún no aclaradas.

Ante este panorama, y al cumplirse un año del fatídico golpe de Estado, el Estado de Honduras debe tomar algunas acciones para avanzar hacia una verdadera democracia con instituciones garantistas e independientes. En tal sentido, el Estado de Honduras debería:

1. Cesar de todo acto de persecución política contra las personas que han manifestado su oposición al golpe de Estado.
2. Realizar una revisión de la propuesta actual de la Comisión de la Verdad a la luz de los estándares internacionales en la materia.
3. Implementar las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009; y en las Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.
4. Extender la solicitud a la OACNUDH para la instalación en Honduras de una oficina de dicho órgano con mandato amplio para acompañar en los procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho.
5. Abstenerse de realizar actos y nombramientos que fomentan la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado;
6. Realizar acciones concretas que fortalezcan la independencia judicial en Honduras, tales como la creación de un Consejo de la Judicatura; la reforma de la Ley de la Carrera Judicial; y la rectificación de la resolución de remoción arbitraria, el pasado mes de mayo, de cuatro jueces hondureños por su oposición al golpe de Estado.

Finalmente, CEJIL desea reconocer la destacada labor que han cumplido los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras. Ante el comportamiento arbitrario de las instituciones llamadas a garantizar el ejercicio de los derechos, los defensores y las defensoras han asumido hasta el límite de sus posibilidades algunas obligaciones que dependen del Estado, como la documentación, denuncia y protección de los derechos humanos, sacrificándose de manera admirable y algunos hasta han dado sus vidas.

A la comunidad internacional, CEJIL solicita realizar todos los esfuerzos necesarios para apoyar la labor que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

CEJIL urge a las autoridades estatales para que garanticen la actividad de los defensores de derechos humanos e implementen todas las medidas necesarias para protegerlos de agresiones e interferencias ilegítimas.

Finalmente se exhorta al Estado de Honduras y a la comunidad internacional de Estados para que recuerden un principio fundamental de la Carta Democrática Interamericana cual es “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática.”

CEJIL y APRODEH desmienten información publicada por el Expreso sobre sentencia Kenneth Anzualdo vs. Perú

Declaraciones inexactas y difamatorias en diario peruano

La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desmienten la información publicada el 21 de junio de 2010 por el diario peruano Expreso, que incluye referencias inexactas y difamatorias contra las víctimas en el caso de desaparición forzada de Kenneth Anzualdo, así como contra sus representantes.

Mar, 29/06/2010

Perú y Washington, D.C., 29 de junio de 2010

La Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desmienten la información publicada el 21 de junio de 2010 por el diario peruano Expreso, que incluye referencias inexactas y difamatorias contra las víctimas en el caso de desaparición forzada de Kenneth Anzualdo, así como contra sus representantes.

En un artículo titulado “ONGs se enriquecen con fallos de Corte IDH”, el diario Expreso afirma que “[e]l Estado fue obligado a pagar, en un solo caso de desaparición forzada (donde no hay evidencia ni testigos), la suma de 700 mil dólares”. El diario califica la reparación de arbitraria y afirma que “los beneficiarios de este singular ‘negocio’ son las ONGs que patrocinan casos de supuestos delitos contra los derechos humanos cometidos por agentes estatales”.

Asimismo, el diario señala que “el tema central para la defensa era lograr una indemnización y no llegar a la verdad para saber qué fue lo que realmente pasó con el estudiante Kenneth Ney Anzualdo Castro”. El artículo cita en diferentes ocasiones declaraciones atribuidas al actual Ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien se desempeñó como juez Ad Hoc en el presente caso.

Al respecto, las organizaciones representantes de Kenneth Anzualdo y sus familiares aclaramos que la Corte Interamericana emitió una Sentencia el 22 de septiembre de 2009, en la que determinó que Perú es responsable por la desaparición forzada de Kenneth Ney Anzualdo y ordenó una serie de reparaciones, incluyendo indemnizaciones por daño material y moral por concepto de 405 mil dólares, y no 700 como afirma el Expreso. Dicha indemnización no ha sido ejecutada hasta la fecha, dado que la Corte otorgó un plazo de un año para que Perú efectuara los pagos.

Dicha cantidad incluye 14,000 dólares fijados por la Corte Interamericana a favor de APRODEH y CEJIL por concepto de gastos y costas originados durante los 16 años de litigio del caso ante el sistema interamericano. La cantidad dotada resulta simbólica, ya que no cubre los gastos reales de la representación. Ninguna de las organizaciones representantes cobra honorario alguno por ningún concepto.

Los familiares de Kenneth Anzualdo han manifestado su indignación al conocer la publicación, dado que desde el año 1993 en el que se produjo la desaparición de Kenneth han seguido una dura lucha ante instancias nacionales e internacionales para conseguir justicia y saber la verdad de lo ocurrido a su ser querido y su paradero final.

Al respecto, la abogada Gloria Cano, APRODEH, puntualizó que “nuestra labor es una respuesta al clamor de justicia de las víctimas, por quienes seguiremos trabajando hasta lograr que los responsables de éste y otros casos sean sancionados como corresponde”.

Anzualdo era estudiante de economía en la Universidad Técnica del Callao y tenía 25 años de edad cuando desapareció el 16 de diciembre de 1993 mientras volvía a su casa en autobús tras una jornada de estudios. En su fallo, la Corte consideró probado que agentes estatales del SIE privaron de libertad a Kenneth Anzualdo, llevándolo al centro clandestino de detención conocido como “Pentagonito”, donde permaneció desaparecido sin que se conozca hasta hoy su paradero.

Asimismo, la Corte estimó que el Estado violó la integridad física de los familiares de Kenneth Anzualdo, por cuanto la desaparición de éste tuvo un “impacto traumático e irreparable sobre el núcleo familiar”, así como en cada uno de ellos.

En base a ello, la Corte ordenó al Estado conducir eficazmente los procesos penales en trámite, para determinar a todos los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, así como ubicar e identificar a la víctima, o en su caso, sus restos mortales.

 

Para más información puede comunicarse con:

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

CEJIL

(202) 651-07-06

 

Gloria Cano

Abogada

APRODEH

Lima, Perú

(511.431.0482)

 

Víctimas de espionaje en Colombia entregan pronunciamiento al Departamento de Estado

Piden investigaciones y sanción para los responsables

Washington D.C. 11 de junio de 2010. El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) de Colombia, Marco Romero, entregó esta mañana al Departamento de Estado de los Estados Unidos un pronunciamiento firmado por más de 100 víctimas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas, realizadas por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS).

Lea aquí el pronunciamiento y los firmantes.

Vie, 11/06/2010

Washington D.C. 11 de junio de 2010. El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) de Colombia, Marco Romero, entregó esta mañana al Departamento de Estado de Estados Unidos un pronunciamiento firmado por más de 100 víctimas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas, realizadas por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad ( DAS).
En el documento, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones colombianas y estadounidensess, ex magistrados, sindicalistas y líderes políticos solicitan a la justicia colombiana resultados de las investigaciones y sanción a los responsables materiales e intelectuales de las acciones ilegales de espionaje. El pronunciamiento fue entregado el 10 de junio en el Palacio de Justicia de Colombia y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y el 11 de junio en la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado y en el Congreso de los Estados Unidos.
Lea aquí el PDF del pronunciamiento y los firmantes.

¡Recuperar el Estado de Derecho!
"(...) el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Declaración Universal de  Derechos Humanos, 1948
“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento  circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la Ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la Ley”
Artículo 15 de la Constitución de Colombia (1991)
El país y el mundo conocen hoy con asombro e indignación los alcances de una empresa criminal promovida desde la agencia presidencial encargada de la seguridad (DAS) y dirigida contra ciudadanos y ciudadanas que fueron objeto, durante años, de espionaje, interceptación de comunicaciones, seguimientos dentro y fuera del país, montajes, presiones, amenazas, operaciones de desprestigio y sabotaje y actos de terrorismo.
Según las investigaciones en marcha y documentos oficiales que ahora son públicos, estas acciones de “inteligencia ofensiva” o “pasiva” se hicieron sin orden judicial y estaban orientadas a vigilar, neutralizar o impedir la labor de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, de organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, de Embajadas, opositores políticos, periodistas, activistas de paz, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En algunas ocasiones, y en su afán por asegurar resultados, los agentes de seguridad del Estado siguieron, intimidaron y amenazaron niños y niñas, hijos de los denominados “blancos” de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia llevadas a cabo.
Esta inadmisible situación cuestiona seriamente la vigencia del Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución Política, ya que se trató de la puesta en marcha de la una gigantesca operación criminal para intimidar la Justicia, neutralizar la oposición, perseguir periodistas e impedir la legítima labor de los defensores de derechos humanos y sindicalistas y configura múltiples y gravísimas violaciones a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.
¿Quién ordenó usar recursos de la nación, instituciones del Estado  y servidores públicos para realizar estas operaciones? ¿Quién y cómo usó esta información, con qué fines y quién se convirtió en beneficiario de sus resultados? ¿Desde cuándo se realizan estos procedimientos y qué certeza hay de que fueron suspendidos? ¿Desde cuándo pensar u opinar diferente se volvió una amenaza para la seguridad nacional?
Quienes suscribimos esta declaración, víctimas directas de estas operaciones ilegales pero también ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a diversos partidos e ideologías políticas que no comparten estas expresiones de arbitrariedad, las cuales inclusive ya merecieron el oportuno repudio y justa desaprobación del gobierno de los Estados Unidos, manifestamos nuestra profunda indignación y rechazo a estas prácticas, demandamos de la Fiscalía General de la Nación resultados de las investigaciones y de los jueces de la república o los organismos competentes, condena a los responsables materiales e intelectuales.
Las víctimas de esta empresa criminal exhortamos a las autoridades a que promuevan todas las acciones jurídicas, administrativas, disciplinarias y políticas que lleven a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables y la decisión de convocar a toda la sociedad para unir esfuerzos que propendan por el restablecimiento del Estado de Derecho en Colombia. La continuidad, sistematicidad y el número de personas afectadas indican que lo ocurrido no responde a casos aislados y, por el contrario, sugieren una alta responsabilidad política del actual gobierno.
La comunidad internacional, la sociedad colombiana y los medios de comunicación deben erigirse como una conciencia crítica y ejercer un rol activo para que se conozca toda la verdad.
El próximo presidente debe asumir un compromiso ante la sociedad: que nunca más se repitan estas acciones de terrorismo de Estado propias de las peores dictaduras. Solicitamos un pronunciamiento en tal sentido a los dos candidatos que compiten en segunda vuelta por la presidencia de la república.
Tenemos la certeza de que si la justicia colombiana no opera con celeridad y produce resultados, en lo que confiamos, estos delitos serán conocidos por la justicia internacional y los culpables condenados ante el mundo, para vergüenza de una sociedad cuyas mejores tradiciones de libertad queremos reivindicar con el bicentenario de la independencia.
Ramiro Bejarano, Gustavo Gallón, Jorge Rojas, Gustavo Petro, Hollman Morris, Marco Romero, Claudia J Duque, Alirio Uribe, Reinaldo Villalba, Gloria Florez, Ivan Cepeda, Siguen las firmas...

Recuperar el Estado de Derecho!

Vie, 11/06/2010

Washington D.C. 11 de junio de 2010. El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) de Colombia, Marco Romero, entregó esta mañana al Departamento de Estado de Estados Unidos un pronunciamiento firmado por más de 100 víctimas de los seguimientos e interceptaciones telefónicas realizadas por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
En el documento, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones colombianas y estadounidensess, ex magistrados, sindicalistas y líderes políticos solicitan a la justicia colombiana resultados de las investigaciones y condena a los responsables materiales e intelectuales de las acciones ilegales de espionaje. El pronunciamiento fue entregado el 10 de junio en el Palacio de Justicia de Colombia y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  y el 11 de junio en la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado y en el Congreso de los Estados Unidos.

Recuperar el Estado de Derecho!

"(...) el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;

Declaración Universal de  Derechos Humanos, 1948

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos, y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento  circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la Ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la Ley”

Artículo 15 de la Constitución de Colombia (1991)

El país y el mundo conocen hoy con asombro e indignación los alcances de una empresa criminal promovida desde la agencia presidencial encargada de la seguridad (DAS) y dirigida contra ciudadanos y ciudadanas que fueron objeto, durante años, de espionaje, interceptación de comunicaciones, seguimientos dentro y fuera del país, montajes, presiones, amenazas, operaciones de desprestigio y sabotaje y actos de terrorismo.

Según las investigaciones en marcha y documentos oficiales que ahora son públicos, estas acciones de “inteligencia ofensiva” o “pasiva” se hicieron sin orden judicial y estaban orientadas a vigilar, neutralizar o impedir la labor de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, de organismos internacionales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Parlamento Europeo, de Embajadas, opositores políticos, periodistas, activistas de paz, sindicalistas y defensores de derechos humanos. En algunas ocasiones, y en su afán por asegurar resultados, los agentes de seguridad del Estado siguieron, intimidaron y amenazaron niños y niñas, hijos de los denominados “blancos” de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia llevadas a cabo.

Esta inadmisible situación cuestiona seriamente la vigencia del Estado Social de Derecho proclamado por la Constitución Política, ya que se trató de la puesta en marcha de la una gigantesca operación criminal para intimidar la Justicia, neutralizar la oposición, perseguir periodistas e impedir la legítima labor de los defensores de derechos humanos y sindicalistas y configura múltiples y gravísimas violaciones a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Colombia.

¿Quién ordenó usar recursos de la nación, instituciones del Estado  y servidores públicos para realizar estas operaciones? ¿Quién y cómo usó esta información, con qué fines y quién se convirtió en beneficiario de sus resultados? ¿Desde cuándo se realizan estos procedimientos y qué certeza hay de que fueron suspendidos? ¿Desde cuándo pensar u opinar diferente se volvió una amenaza para la seguridad nacional?

Quienes suscribimos esta declaración, víctimas directas de estas operaciones ilegales pero también ciudadanos y ciudadanas pertenecientes a diversos partidos e ideologías políticas que no comparten estas expresiones de arbitrariedad, las cuales inclusive ya merecieron el oportuno repudio y justa desaprobación del gobierno de los Estados Unidos, manifestamos nuestra profunda indignación y rechazo a estas prácticas, demandamos de la Fiscalía General de la Nación resultados de las investigaciones y de los jueces de la república o los organismos competentes, condena a los responsables materiales e intelectuales.

Las víctimas de esta empresa criminal exhortamos a las autoridades a que promuevan todas las acciones jurídicas, administrativas, disciplinarias y políticas que lleven a la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables y la decisión de convocar a toda la sociedad para unir esfuerzos que propendan por el restablecimiento del Estado de Derecho en Colombia. La continuidad, sistematicidad y el número de personas afectadas indican que lo ocurrido no responde a casos aislados y, por el contrario, sugieren una alta responsabilidad política del actual gobierno.

La comunidad internacional, la sociedad colombiana y los medios de comunicación deben erigirse como una conciencia crítica y ejercer un rol activo para que se conozca toda la verdad.

El próximo presidente debe asumir un compromiso ante la sociedad: que nunca más se repitan estas acciones de terrorismo de Estado propias de las peores dictaduras. Solicitamos un pronunciamiento en tal sentido a los dos candidatos que compiten en segunda vuelta por la presidencia de la república.

Tenemos la certeza de que si la justicia colombiana no opera con celeridad y produce resultados, en lo que confiamos, estos delitos serán conocidos por la justicia internacional y los culpables condenados ante el mundo, para vergüenza de una sociedad cuyas mejores tradiciones de libertad queremos reivindicar con el bicentenario de la independencia.

Firmas

Defensores (as) de Derechos Humanos:

Agustín Jimenez

Alirio Uribe

Berenice Celeyta

Camilo Castellanos

Carlos Salgado

Carolina Aldana García

Cecilia B. Castro

Claudia Erazo

Danilo Rueda

Eunice M. Escobar

Fernando Jiovani Arias

Gabriel Izquierdo Maldonado SJ

Gerardo Cajamarca Alarcon

Gloria Ines Florez Schneider

Gloria Luz Gómez

Gustavo Gallón Giraldo

Jorge Molano Jorge Rojas

Luis Alberto Gomez Lopez

Luis Alberto Vanegas

Luis Eduardo Celis

Luis Eduardo Salcedo

Luis Jorge Garay

Marco Romero

Maria Cristina Umbarila

Marina Gallego

Marta Burbano

Marta Lucía Botero

Marta Peña Instituto Popular de Capacitación

Mauricio García SJ

Miguel Fernández

Neida Perez

Olga Amparo Sanchez

Olga Lucía Gomez

Olga Lucía Ramírez

Orlando Burgos García

Orlando Gómez García

Pedro Santana

Rafael Barrios Mendivil

Reinaldo Villalba

Stella Duque

Susana Pimiento

Tito Augusto Gaitán

Victor Collazos

Wilfredo Cañizález

Yesika Hoyos

 

Defensores (as) internacionales de derechos Humanos:

Conor Carrigan

Gimena Sanchez

Kelly Nichols

Lisa Haugaard

Mildrey  Corrales Charry

Neida Perez Cristina Espinel

Viviana Krsticevic

 

Periodistas:

Alfredo Molano

Carlos A. Lozano Guillen

Claudia Julieta Duque

Constanza Vieira

Felipe Zuleta Lleras

Fernando Chacón

Hollman Morris

Ignacio Gómez

Jaime Zuluaga Nieto

Laura Gil

Patricia Casas

Ramiro Bejarano

Rodrigo Pardo

Vladimir Flórez Vladdo

 

Dirigentes políticos:

Alexander Lopez Maya

Carlos Gaviria Diaz

Cecilia López Montaño

Gustavo Petro Urrego

Iván Cepeda

Joaquín Melo

Juan Fernando Cristo

Juan Manuel Galán

Ofelia Puerta Hoyos
Parmenio Cuellar

Piedad Córdoba Ruíz

Rafael Pardo Rueda

 

Sindicalistas:

Boris Montes de Oca

José Luciano Sanin Vasquez

Rafael Molano

Tarcisio Mora

 

Más firmantes:

Alexander Montaña (Decano Colegiatura de Abogados)

Alvaro Jimenez Millan

Antonio Jose Chavaco (Indígena Guambiano MISAK)

Argemiro Plaza Crespo

Carlos Arturo Sabogal

Diana Marcela Gomez Correal

Fabio A. Mariño Vargas

Fabiola Agudelo

Flor Edilma Osorio (profesora universidad javeriana)

Hermes Gregorio Araujo España

Ivan Leonardo Soto Melo

Jaime Araujo Rentería (Exmagistrado de la Corte Constitucional)

Jaime Torres González

Jesus Mario Corrales

María Eugenia Vasquez Perdomo

Maria Rocío Rodríguez

Mauricio Soto Melo

Myriam Galeano Lozano (antropóloga)

Myriam Ramírez García

Natalia Salazar Benavides

Ricardo Montenegro

Rodrigo Restrepo

Santiago Gomez Obando

Stella Sacipa Rodriguez

 

Organizaciones, Partidos, Sindicatos:

Asociación Nacional Sindical de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud Secc. Cauca

Central Unitaria de Trabajadores CUT
Escuela Nacional Sindical

Polo Democrático Alternativo
Partido Liberal

Organizaciones de periodistas y medios alternativos:
Federación Colombiana de Periodistas
Fundación para la Libertad de Prensa
Periódico VOZ
Radio Nizkor

Organizaciones colombianas defensoras de derechos humanos:

Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por al Paz

Asociación Cultural y Ambientalista del Sur

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES

Asociación Minga

Asociación para la Investigación y Acción Social  NOMADESC

Casa de la Mujer

Centro de Investigación y Educación Popular CINEP

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo

Comision Colombiana de Juristas

Comisión de Justicia y Paz

Comité de Integración del Macizo Colombiano

Comité de Solidaridad con los Presos Políticos

Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad de Cacarica, Cavida

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES

Corporación "Cristianos y cristianas por la Justicia y la Paz"

Corporación Colombiana de Desplazados

Corporación Colombiana de Desplazados

Corporación Justicia y Dignidad

Corporación para el Desarrollo Regional

Corporación Red de Promotores de Derechos Humanos y DIH

Corporación Regional de Medellín

Corporación Sembrar

Corporación Unidades Democráticas para el Desarrollo CEUDES

Corporación Yira Castro

Equipo Nizkor

Federación Agrominera del Sur de Bolívar - Fedeagromisbol

Foro Nacional por Colombia

Fundación Derechos Humanos, Justicia y Paz

Fundación Dos Mundos

Fundación Humanitaria de Desplazamiento Nuevo Amanecer

Fundación País Libre

Fundacion Progresar

Fundación Progresar de Norte de Santander

Hijos e Hijas por la Memoria y Contra la Impunidad

Instituto Popular de Capacitación

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE

Proceso de Comunidades Negras PCN

Red Pacífica

Sectores Sociales para la Paz de Colombia - Planeta Paz

Vamos Mujer

Viva la Ciudadanía

 

Organizaciones Internacionales defensoras de  Derechos Humanos:

American University Colombian Human Rights Committee

Center for International Policy (CIP Washington)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL - Washington

Colombian Human Rights Comittee COLHRC

Comité pour le respect des droits humains “Daniel Gillard”

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEU

Fellowship Of Reconcialiton

Latin Amercian Working Group Washington

The Washington Office on Latin America – WOLA

US Office on Colombia- Washington

CEJIL repudia confirmación del despido de jueces hondureños opuestos al golpe

Decisión de la Corte Suprema

CEJIL repudia la confirmación –aún no notificada formalmente- por parte de la Corte Suprema de Honduras del despido ilegal y arbitrario de cuatro jueces y un defensor público, y lamenta que los magistrados hondureños hayan ignorado los llamados nacionales e internacionales para revertir la injusta decisión.

Mar, 01/06/2010

Washington D.C.,  1 de junio de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia la confirmación –aún no notificada formalmente- por parte de la Corte Suprema de Honduras del despido ilegal y arbitrario de cuatro jueces y un defensor público, y lamenta que los magistrados hondureños hayan ignorado los llamados nacionales e internacionales para revertir la injusta decisión.

Como sanción por manifestar opiniones en contra del golpe de Estado, ocurrido el 28 de junio de 2009 en Honduras, la Corte Suprema de Justicia decidió destituir de su cargo el pasado 5 de mayo a los jueces Luis Alonso Chévez, Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Tirza Flores Lanza y al defensor público Osman Fajardo.

Esta decisión es contraria a los derechos a la libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación y garantías judiciales establecidos en diversos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo (todos ellos ratificados por Honduras), por ende, genera responsabilidad internacional al Estado hondureño. En virtud de ello, dos de los cinco funcionarios destituidos, los jueces Chévez y López, iniciaron una huelga de hambre a partir del 17 de mayo, que se mantuvo hasta hoy.

El 19 de mayo anterior, al finalizar su visita a Honduras para dar seguimiento al informe “Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en forma contundente acerca de este caso calificando como “inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia”. En dicha oportunidad la CIDH hizo “un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el Estado de Derecho”.

Así, aunque el despido ha sido cuestionado por la mayor parte de la comunidad internacional, hasta el día de hoy los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni siquiera han recibido a los miembros de la Plataforma de Derechos Humanos (conformada por seis organizaciones de derechos humanos hondureñas), quienes fueron nombrados por los jueces como sus negociadores para dialogar con las autoridades. En dos ocasiones, el pasado 26 y el día 31 de mayo, ante la ausencia de algunos magistrados que votaron a favor del despido y que se encontraban fuera del país, el Presidente de la Corte Suprema se negó a abrir la sesión con la justificación de que era necesaria la presencia de los magistrados, lo cual tuvo como consecuencia el mantenimiento de la arbitraria decisión.

Esta actitud intransigente demuestra no sólo el nivel de politización y falta de imparcialidad que existe en el pleno de la Corte Suprema de Justicia de Honduras sino el absoluto desprecio por la integridad personal y la vida de los huelguistas.

Nuevamente las autoridades del Estado de Honduras burlan la buena fe de la comunidad internacional y toman decisiones que contradicen sus obligaciones internacionales.

“En Honduras no existe una tutela judicial efectiva que permita a las personas contar con recursos para protegerse de las arbitrariedades que se cometen en su contra, como lo han reconocido los informes emitidos por la CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Por tanto, la única opción en este país es acudir a instancias internacionales de manera que se establezca la responsabilidad del Estado, se proteja a las víctimas y se les repare adecuadamente. CEJIL acompañará las denuncias internacionales de los operadores de justicia con la esperanza de lograr fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir” declaró Alejandra Nuño, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado vehemente a la comunidad internacional para que se  rechace toda manifestación de restricción a los derechos humanos en Honduras y, por ello, se realicen las acciones diplomáticas necesarias para repudiar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. De igual manera, hace un llamado a los órganos internacionales de protección de derechos humanos para que den seguimiento puntual a esta situación e insten al Estado de Honduras a honrar sus obligaciones a favor de la dignidad de las personas

 

Contacto de prensa: Mauricio Herrera Ulloa Tel: (202) 445-4676

mherrera@cejil.org www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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