Defensores de derechos humanos

Personas LGBT corren grave peligro en Honduras

34 asesinatos de personas LGBT desde junio del 2009

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos  de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

Jue, 20/01/2011

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos –según las cifras más conservadoras– de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

 

Fergie Alice Ferg (nombre con el que se identificaba Williams Afif Hernández) fue hallada sin vida en la vía pública de San Pedro Sula en la madrugada del lunes. La víctima era voluntaria de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral y del Colectivo Unidad Rosa.

 

La violencia contra la comunidad LGBTTTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexo) en Honduras ha registrado una escalada desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Las agresiones encuentran su expresión mayor en los asesinatos, aunque también son frecuentes los casos de personas agredidas y desfiguradas.

 

La situación es más grave aún por el grado de impunidad de este tipo de crímenes motivados por el odio ante la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Según datos de la Red Lésbica Cattrachas, el 98% de los crímenes de odio cometidos contra la comunidad LGBTTTI desde el 2003 ha quedado sin castigo. La investigación de estos hechos se hace especialmente difícil en los casos que involucran a agentes estatales, los cuales son recurrentes.

 

Estas situaciones de violencia no son aisladas ni desconocidas. En octubre del año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo conocimiento sobre los crímenes de odio en contra de las personas LGBTTTI en Honduras durante una audiencia solicitada por CEJIL en conjunto con la Asociación LGBT Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC).

 

A la vez, en noviembre del 2010, el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas dio una serie de recomendaciones para el Estado hondureño, entre las cuales destacan varias dedicadas especialmente a la protección de los derechos de las personas LGBTTTI. Entre ellas se encuentran la revisión de la legislación nacional y la adopción de planes que tiendan a la promoción y la protección de los derechos humanos de la población de estos grupos en situación de vulnerabilidad.

 

Asimismo, el informe recomendó llevar a cabo investigaciones “independientes, imparciales y efectivas” sobre el uso ilegal de la fuerza contra activistas y miembros de la población LGBTTTI. Ninguna de estas recomendaciones ha sido adoptada hasta el momento.

 

CEJIL, la Red Lésbica Catrachas, HIVOS, la Asociación Arco Iris, el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), la Comunidad Gay Sampedrana, el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPACDH) y el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) expresan su profunda preocupación y condena por la evidente desprotección en que se encuentra la comunidad LGBTTTI hondureña. Asimismo exhortan a las autoridades del Estado de Honduras para que tomen las medidas afirmativas necesarias para detener la violencia en contra de las personas LGBTTTI, para prevenir hechos de esta naturaleza y para que se garanticen sus derechos en forma efectiva. En especial, las organizaciones hacen un fuerte llamado a las autoridades del Ministerio Público hondureño para que investiguen pronta y eficazmente los múltiples crímenes de odio por orientación sexual que han cobrado la vida de al menos 34 personas en un año y medio.

 

Finalmente las organizaciones hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exprese públicamente su preocupación sobre esta problemática en Honduras y agilice la elaboración del informe sobre crímenes de odio en contra de personas LGBTTTI en las Américas.

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Celular: + (506) 8354-1361

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI)

Comisión Interamericana pide información a Honduras sobre acoso a defensores de derechos humanos

Funcionarios oficiales hostigan a activistas

San José y Tegucigalpa, 11 de enero del 2010. El pasado 6 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al Estado de Honduras sobre varios actos de hostigamiento promovidos desde las instituciones estatales en contra de organizaciones de derechos humanos.

Mar, 11/01/2011

San José y Tegucigalpa, 11 de enero del 2010. El pasado 6 de enero la Comisión Interamerican a de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información a Honduras sobre varios actos de hostigamiento promovidos desde las instituciones estatales en contra de organizaciones de derechos humanos.
 
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron el pasado 27 de diciembre a la CIDH sobre una reciente resolución judicial que pretendía allanar la sede del COFADEH. La acción se haría supuestamente para obtener documentos testimoniales, de los que COFADEH es depositario, en los que constan declaraciones de testigos relacionadas con el asesinato del abogado Dionisio Díaz García, ocurrido el 4 de diciembre del 2006. No obstante, estas personas nunca han sido convocadas directamente por el Ministerio Público para declarar y, de hecho, ya existen dos personas condenadas por el asesinato.
 
Por otra parte, CEJIL y COFADEH informaron a la CIDH sobre graves manifestaciones de funcionarios estatales de alto nivel que relacionan con actividades ilícitas a las organizaciones hondureñas de derechos humanos en general y al COFADEH en particular. Cabe destacar que los miembros de COFADEH cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
 
Los hechos citados no son aislados. Desde el mes de noviembre del año anterior, Porfirio Lobo y varios de sus ministros lideran una campaña de intimidación y desprestigio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Durante el mes de diciembre, representantes estatales brindaron diversas declaraciones públicas acusando a las organizaciones de desestabilizar el gobierno, de apoyar a grupos armados ilegales y de cometer actos de vandalismo contra instituciones públicas.
 
La CIDH expresó en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos su preocupación por este tipo de mensajes que “contribuyen a crear condiciones adversas para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y generan un profundo daño a las democracias del hemisferio”.
 
Por su parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de Derechos Humanos, en su más reciente informe, recomendó a los Estados abstenerse de estigmatizar el trabajo de estos activistas y de reconocer, a través de declaraciones públicas, la importancia y la legitimidad de sus actividades. La Relatora consideró que éste es el primer paso para prevenir –o al menos disminuir– el riesgo que sufren las personas que defienden derechos humanos. Ninguna de estas recomendaciones ha sido atendida por el Estado de Honduras.
 
Adicionalmente, el pasado mes de noviembre el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley contra el financiamiento del Terrorismo, en la cual se regula –entre otras actividades– el funcionamiento y las obligaciones de las asociaciones u organizaciones de derechos humanos, estableciendo controles excesivos y sanciones arbitrarias con el único fin de obstaculizar su trabajo.
 
Otros hechos ocurridos recientemente, como la incursión de sujetos desconocidos en la sede del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla –cuya coordinadora cuenta con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– demuestran que los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras corren un grave riesgo.
 
CEJIL y COFADEH hacen un llamado al Estado hondureño para que detenga esta campaña de desprestigio en la que se busca criminalizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y cumpla con sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho de las personas hondureñas a defender los derechos humanos sin obstáculos y en condiciones seguras.
 
 
Contacto en Costa Rica
Darío Chinchilla
Difusión y Prensa
Tels.: + (506) 2280-7473/7608
Celular: + (506) 8354-1361
Fax: + (506) 2280-5280
dchinchilla@cejil.org
www.cejil.org
 
Contacto en Tegucigalpa
Dina Meetabel Meza Elvir
Difusion y Prensa COFADEH
Telfax: +(504) 2220-52-80
Móvil: +(504) 95573181
Everaldo Matínez: +(504) 96268224
www.cofadeh.org
 
Enlaces relacionados:
Reporte de la Relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Informe de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas.
 

Condena la Corte IDH al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

Caso de ecologistas

San José, Costa Rica, 20 de diciembre del 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Ellos son campesinos ecologistas del estado de Guerrero quienes fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental.

Lun, 20/12/2010

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas del estado de Guerrero por hechos ocurridos en 1999. En la sentencia se ordena al Estado que ejecute, en los plazos establecidos por la Corte, las medidas adecuadas para reparar el daño y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

 

El Estado mexicano debe acatar en su totalidad lo ordenado por la Corte IDH porque la resolución de ésta tiene un carácter vinculante y es inapelable. Deben darse desde ahora los pasos necesarios y tomar las acciones orientadas para cumplir, sin atenuarlas, las medidas concretas señaladas en la sentencia. De estas medidas resaltamos las siguientes: investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Teodoro Cabrera y Rodolfo Montel, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, fortalecer el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos a las personas detenidas y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos  humanos.  Sobre este último, la Corte puntualizó que dicha “conclusión se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”, Así, es claro que la iniciativa presentada por el Presidente Calderón el pasado 18 de octubre en la materia no basta para cumplir con las órdenes de la Corte IDH.

 

En cuanto al sistema penal mexicano, considera, entre otras cosas, que “los tribunales que llevaron a cabo el proceso penal en contra de los señores Cabrera y Montiel en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las confesiones rendidas por éstos, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias”. Cuestión que resulta especialmente relevante en el actual contexto mexicano de confesiones coaccionadas por parte del Ministerio Público, y aceptadas por la autoridad judicial como prueba principal en los juicios penales. Por lo tanto, el Estado mexicano debe adecuar su prácticas actuales y hacerlas compatibles con los más altos estándares de derechos humanos.

 

Los defensores de los bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental. El 7 de noviembre de 2001, el Presidente de las República ordenó su liberación por razones humanitarias pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. En los días previos, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura ni el acceso a la justicia, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta admitió el caso en febrero de 2004 y, ante la reiterada falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano, lo sometió ante la Corte Interamericana el 24 de junio de 2009.

 

El 26 de agosto de 2010, Rodolfo Montiel rindió testimonio, ante la Corte IDH, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra él y su compañero Teodoro Cabrera. Durante su intervención solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas y revertir los abusos militares.

 

A más de diez años de las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército y por funcionarios de los sistemas de procuración y administración de justicia contra Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, las autoridades de los tres poderes de la unión de los distintos órdenes de gobierno están ante la posibilidad de poner un alto a la injusticia que hasta ahora afecta a los campesinos ecologistas y a su familia. El cumplimiento cabal de la sentencia, de manera efectiva y de buena fe, es indispensable como muestra inequívoca del compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

 

El Centro Prodh y CEJIL, organizaciones representantes de los campesinos ecologistas y sus familias, exigimos a las autoridades mexicanas el cumplimiento íntegro de la sentencia. Este fallo es el tercero emitido por la Corte IDH durante 2010 en contra de México por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero.

 

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa

 

Tels.: + (506) 2280-7473/7608Celular:  + (506) 8354-1361
Fax: + (506) 2280-5280
dchinchilla@cejil.org
www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL repudia la agresión a Carlos Correa, defensor de la libertad de expresión en Venezuela

El director ejecutivo de Espacio Público es agredido y amenazado

Washington, D.C., 16 de diciembre de 2010- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.

Jue, 16/12/2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.
Los actos de agresión ocurrieron en las afueras del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, cuando la Alianza para la Libertad de Expresión, integrada entre otras personas por el señor Correa, se dirigía a presentar ante dicho cuerpo legislativo su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.
Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que estas medidas “implican un muy grave retroceso” y “restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno”.
Después de que la Alianza para la Libertad de Expresión entregó al diputado Juan José Molina su documento y sus integrantes realizaran declaraciones a la prensa, personas desconocidas desde un camión de carga lanzaron hacia el grupo un objeto contundente que golpeó en la cabeza a Carlos Correa.  A continuación, un individuo que minutos antes conversaba con el personal civil de seguridad de la Asamblea Nacional profirió amenazas de muerte en su contra.
Las graves agresiones y actos de intimidación ocurridos el día de hoy ponen de manifiesto una vez más, la situación de vulnerabilidad en que los defensores de derechos humanos realizan sus labores en Venezuela. Los defensores y defensoras de derechos humanos cumplen una labor crucial, que toda sociedad democrática debe proteger, valorar y defender. Asimismo, la normativa internacional de los derechos humanos exige que los Estados garanticen la difusión de ideas y fomenten el respeto por la diversidad de opinión.
 
Por ello, CEJIL hace un llamado urgente al Estado venezolano para que garantice la vida y seguridad del señor Correa, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Las autoridades venezolanas deben iniciar una exhaustiva investigación de estos hechos, identificar a los responsables e imputar las sanciones correspondientes, con el fin de prevenir que actos como estos puedan repetirse en el futuro.
 
Asimismo requerimos al gobierno que fomente un espacio de tolerancia y respeto al ejercicio de la libertad de expresión, garantizando la libre propagación de ideas de los distintos sectores de la sociedad y prohibiendo todo acto que amenace con lesionar la vida y seguridad de los defensores y defensoras en el país.
 
 
 
Enlaces relevantes
Comunicado CIDH No. 122/10. CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE PROYECTOS DE LEY EN VENEZUELA QUE PUEDEN AFECTAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/122-10sp.htm
 
 
Milli Legrain, Coordinadora de Comunicación, Washington D.C (1) 202 319 3000, mlegrain@cejil.org, www.cejil.org

CEJIL urge proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan contra la discriminación en el continente americano

Día Internacional de los Derechos Humanos - 10 de diciembre

10 de diciembre de 2010
Los Estados americanos tienen una deuda con quienes defienden a las personas en situación de vulnerabilidad en el continente. Estos no han logrado proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, más bien han establecido diversos obstáculos para impedir la importante labor de denuncia y promoción que realizan. Así lo reflejan numerosos casos que litiga CEJIL ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Vie, 10/12/2010

Día Internacional de los Derechos Humanos
CEJIL URGE PROTEGER A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS QUE LUCHAN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL CONTINENTE AMERICANO
10 de diciembre de 2010
Los Estados americanos tienen una deuda con quienes defienden a las personas en situación de vulnerabilidad en el continente. Estos no han logrado proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, más bien han establecido diversos obstáculos para impedir la importante labor de denuncia y promoción que realizan. Así lo reflejan numerosos casos que litiga CEJIL ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
 
Esos obstáculos han sido retomados por el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresó lo siguiente:
La CIDH está seriamente preocupada por la grave situación de inseguridad y peligro en las que realizan su trabajo las defensoras y defensores en el hemisferio. Los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación de domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores. La Comisión recuerda que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja.
 
Durante casi 20 años, CEJIL ha litigado, junto con organizaciones de derechos humanos, así como víctimas y familiares, numerosos casos que reflejan, en la práctica, la gran brecha de desigualdad que existe en el continente más excluyente del mundo. Particularmente, en este año CEJIL litigó cinco casos ante la Corte Interamericana, de los cuales tres reflejan prácticas discriminatorias en contra de mujeres indígenas me´phaas violadas sexualmente por militares mexicanos, y uno destaca la tortura y discriminación sufrida a manos de funcionarios panameños por el emigrante ecuatoriano en situación irregular Jesús Tranquilino Vélez Loor.
 
CEJIL también litigó conjuntamente con otras organizaciones brasileñas, el caso que refleja la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de personas pertenecientes a la Guerrilla de Araguaia en Brasil y co-representó el caso contra México de la detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso cometidas en contra de los defensores ambientalistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
 
Esos casos se suman a otros litigios que demuestran la existencia en la región americana de diversas prácticas discriminatorias, como la xenofobia en contra de la población dominicana con ascendencia haitiana; la discriminación en el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres; la discriminación de la mujer en regímenes de patrimonio conyugal en Chile y Guatemala; la discriminación de la mujer en los procesos penales en Colombia y México; la impunidad en casos que reflejan patrones de limpieza social en contra de niños, niñas y adolescentes; la exclusión que sufren los pueblos indígenas; y los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) en Brasil y Centroamérica, entre otros .
 
En muchos de estos casos, las personas que denuncian los actos de discriminación son asesinados, encarcelados, agredidos, perseguidos y criminalizados, como lo indica un sinnúmero de medidas de protección ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos que han sido adoptadas a lo largo de los años, tras el impulso de CEJIL.
 
En definitiva, muchos de los casos que han sido presentados ante los órganos del Sistema Interamericano no habrían sido posibles sin el trabajo de miles de defensores y defensoras de la región.
 
Es por ello que como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra hoy, viernes 10 de diciembre, CEJIL comparte el mensaje extendido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la invaluable labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos que actúan para poner fin a la discriminación.

En este día, CEJIL rinde tributo a quienes, en un contexto muy adverso, ponen en riesgo su libertad, integridad y vida diariamente, para denunciar estas violaciones de derechos humanos en sus países y comunidades, con la esperanza de un mundo más justo e incluyente.
 
Por ello, CEJIL insta a los Estados del continente a reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y garantizar su trabajo sin obstáculo ni restricción alguna. Asimismo, hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a actualizar a la brevedad su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas.
 
 
 
Coordinadora de Comunicación (Washington)                         Contacto de prensa (San José)
Milli Legrain                                                                             Darío Chinchilla
+ 1-202-319-3000                                                                     + (506) 2280 7473
mlegrain@cejil.org dchinchilla@cejil.org
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Se perpetúan crímenes de odio e impunidad contra comunidad LGBT en Honduras, Costa Rica y Nicaragua

Audiencias ante la CIDH

Washington D.C, 26 de octubre de 2010.- En la Asamblea General de la OEA celebrada en Lima, Perú en junio de este año, los Estados de la región adoptaron  una resolución manifestando su preocupación por las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual  e identidad de género.A pesar de ello, en Centroamérica, los crímenes de odio contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales,  travestis, transexuales y transgéneros, conocidos como LGBT, siguen formando parte del día a día y permanecen en la impunidad.

Mié, 27/10/2010



Washington D.C, 26 de octubre de 2010.- En la Asamblea General de la OEA celebrada en Lima, Perú en junio de este año, los Estados de la región adoptaron  una resolución manifestando su preocupación por las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación sexual  e identidad de género.A pesar de ello, en Centroamérica, los crímenes de odio contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales,  travestis, transexuales y transgéneros, conocidos como LGBT, siguen formando parte del día a día y permanecen en la impunidad.
 
Así lo denunciaron las siguientes organizaciones: Asociación LGTB Arco Iris de Honduras, Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI), Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) y CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional) en una audiencia que se realizó esta tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo regional encargado de la promoción de los derechos humanos.
 
En la audiencia se presentó un estudio realizado  en el 2010 por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo las arriba mencionadas. Aunque la problemática esté también presente en el resto del continente, los peticionarios concentraron su demanda en  tres países: Honduras, Costa Rica y Nicaragua, donde la violencia hacia los LGBT se manifiesta de manera comparable.
 
Estos tres países comparten un vacío institucional y legal relativo  a esta temática. Carecen incluso de normas que tipifiquen actos conocidos como crímenes de odio. Por último, la falta de registros y estadísticas oficiales sobre estos crímenes perpetúa la invisibilidad del problema y garantiza  que los delitos contra la población LGBT permanezcan en la impunidad.
 
La audiencia también puso de manifiesto la falta de capacitación de los funcionarios públicos sobre los derechos de este colectivo. De hecho, según el estudio presentado,  en Honduras entre 2005 y 2009 se realizaron 172 crímenes contra personas de la comunidad LGBT, de los cuales al menos un 45% de los crímenes presuntamente involucrarían a miembros de  las fuerzas policiales.
 
En cuanto a las  características de la problemática específicas a cada país, cabe destacar que en Honduras, los niveles de violencia contra este colectivo han aumentado a raíz del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. En Nicaragua, se realizan detenciones utilizando como justificación normas que han sido derogadas, lo cual perpetúa la criminalización de la homosexualidad. En Costa Rica, de ocho entidades estatales con mandatos relacionados con la protección de los derechos humanos, sólo una tiene una oficina especializada para la población LGBT.
 
Los peticionarios de esta audiencia hicieron un llamado a que la CIDH realice un informe sobre crímenes de odio por orientación y/o identidad de género en las Américas, que se constituya una Relatoría sobre personas LGBT y que se realice una visita in situ a Honduras para constatar la situación cuanto antes.
 
Contacto de prensa:
Milli Legrain - Coordinadora de comunicación Tel: +1.202.319.3000 Fax: + 1.202.319.3019. mlegrain@cejil.org

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS DESAFIA A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Despido ilegal de jueces en Honduras

San José y San Pedro Sula, 27 de septiembre de 2010- El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

Lun, 27/09/2010

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS DESAFÍA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 

San José y San Pedro Sula, 27 de septiembre de 2010- El pasado 23 de septiembre se hizo efectivo el despido arbitrario e ilegal del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha, en virtud del nombramiento de su sustituto por parte de la Corte Suprema de Justicia de Honduras.

 

El juez Chévez forma parte del grupo de cuatro jueces hondureños que fueron despedidos injustamente por haber realizado distintas acciones y haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

 

El pasado 5 de mayo la Corte Suprema de Justicia de Honduras, por una votación de 10 magistrados a favor y 5 magistrados en contra, resolvió despedir a los jueces Guillermo López Lone, Ramón Enrique Barrios, Luis Alonso Chévez de la Rocha, y la Magistrada Tirza Flores Lanza. De esta manera se dio un nuevo golpe a la independencia judicial y al Estado de Derecho en ese país.

 

Por tales hechos, el 5 de julio pasado, la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que alegaron la violación de distintos derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos..

 

El 20 de agosto la Comisión Interamericana trasladó la petición al Estado de Honduras y le otorgó dos meses para dar sus explicaciones sobre los hechos denunciados. Así, la decisión de materializar el despido del juez Luis Alonso Chévez de la Rocha ocurre mientras el órgano de protección de derechos humanos del continente le está pidiendo cuentas al Estado hondureño sobre las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia.

 

La Corte Suprema de Justicia desafía a todas sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos e irrespeta las recomendaciones dadas el 29 de julio anterior por la Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya, quienes señalaron en un comunicado conjunto su deseo para que “este conflicto se pueda resolver de manera positiva y conforme a los estándares internacional en la materia”.

 

Para los relatores independientes “Resulta necesario avanzar en la consolidación de la independencia judicial en Honduras, garantía de la democracia y del Estado de Derecho”.  De igual manera, después de su visita a Honduras en mayo pasado, la CIDH señaló que “Es inaceptable que las personas encargadas de administrar justicia que se opusieron al quiebre democrático, estén siendo acusadas y despedidas por la defensa de la democracia. La CIDH hace un llamado urgente a que se revierta esta situación que afecta seriamente el estado de Derecho.”

 

La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de derechos humanos y se abstenga de continuar agraviando los derechos y la dignidad de los jueces despedidos, asimismo se exhorta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, una vez realizado el proceso correspondiente, determine en el menor plazo posible, la responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos humanos antes mencionadas.

 

 

 

Para más información contactar a:

 

Guillermo López Lone: + (504) 9986-6565

Marcia Aguiluz: + (506) 2280 7473

 

Enlaces relacionados:

 

Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S

 

CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en Honduras. http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/54-10sp.htm

 

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.

http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras

 

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.

http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre

 

Corte Interamericana ordena medidas provisionales para proteger a defensora de derechos humanos en Honduras

Por ineficacia en la protección de los derechos a la vida e integridad personales

El pasado 3 de setiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución mediante la cual otorga medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Vie, 10/09/2010

 

San José y Tegucigalpa, 10 de setiembre de 2010

 

El pasado 3 de setiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución mediante la cual otorga medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

A partir del Golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009, la señora Lanza Ochoa ha sido víctima de una serie de amenazas y hostigamientos, tales como amenazas telefónicas y vía correo electrónico, seguimientos, vigilancia en su casa de habitación y lugar de trabajo, entre otros.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras proteger a la señora Lanza desde el 24 de julio del año pasado; no obstante, dado que hubo más incidentes a partir de la adopción de las medias cautelares y, en virtud de que las autoridades hondureñas no habían cumplido con las mismas, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pidieron desde el 23 de julio anterior a la Comisión Interamericana que solicitara la intervención de la Corte Interamericana.

Al analizar el contexto actual hondureño y en especial la situación de riesgo que vive la defensora Gladys Lanza Ochoa, la Corte Interamericana le recuerda al Estado hondureño que “tiene el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como de otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que éstos realicen libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su trabajo, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su jurisdicción”.

En su resolución, la Corte Interamericana aclara que de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos aún cuando se encuentra suspendido de su derecho de participar en la OEA.

Cabe recordar que a partir del Golpe de Estado, la Comisión Interamericana ha adoptado aproximadamente 200 medidas cautelares (algunas individuales y otras colectivas) y, desafortunadamente, la mayoría de ellas no han sido cumplida de manera eficaz por el Estado hondureño. De hecho, en el mes de marzo de este año el periodista Nahúm Palacios fue asesinado pese a ser beneficiario de medidas de protección.

El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saludan la resolución otorgada por la Corte Interamericana e instan a las autoridades hondureñas para que procedan de inmediato a implementar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de la señora Gladys Lanza, así como se le permita continuar su labor de defensa de derechos humanos libre de temores, obstáculos y restricciones indebidas.

Para mayor información:

Marcia Aguiluz:           mesoamerica@cejil.org

Enlaces relacionados:

Resolución de la CIDH que otorga medidas cautelares a Gladys Lanza Ochoa

http://www.cidh.oas.org/medidas/2009.sp.htm

Resolución de la Corte IDH que otorga medidas provisionales a  Gladys Lanza Ochoa

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanza_se_01.pdf

Informes de la CIDH respecto del Golpe de Estado en Honduras:

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

http://www.cidh.org/countryrep/Honduras10sp/Honduras10.Indice.htm

Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Golpe de Estado en Honduras:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/03/PDF/G1011703.pdf?OpenElement

 

CEJIL expresa su preocupación por crisis institucional del Poder Judicial que afectaría protección de derechos humanos en Nicaragua

Crisis institucional que afecta al Poder Judicial

El pasado 16 de agosto iniciaron sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siete personas nombradas el 11 de agosto por decisión de ocho magistrados miembros de la misma Corte. Así, se sustituye “de facto” a siete integrantes de este Poder del Estado lo que agudiza la crisis institucional que afecta al Poder Judicial y coloca en una situación de desprotección a las personas en ese país.

Mié, 18/08/2010

 

San José, 18 de agosto de 2010

 

El pasado 16 de agosto iniciaron sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siete personas nombradas el 11 de agosto por decisión de ocho magistrados miembros de la misma Corte. Así, se sustituye “de facto” a siete integrantes de este Poder del Estado lo que agudiza la crisis institucional que afecta al Poder Judicial y coloca en una situación de desprotección a las personas en ese país.

La crisis en el Poder Judicial se origina con la promulgación del decreto número 03-2010 de fecha 9 de enero de 2010 mediante el cual el Presidente Daniel Ortega, sin existir fundamento legal alguno, prorroga los nombramientos de varios integrantes de otros poderes del Estado cuyos términos estaban prontos a vencer hasta tanto la Asamblea Nacional no realice los nombramientos correspondientes. En específico, el decreto prevé la continuidad en sus cargos de varios miembros del Consejo Supremo Electoral, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia.

Así, en el mes de abril de este año venció el período de los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra; sin embargo, amparándose en el decreto 03-2010, estos magistrados se negaron a dejar sus cargos. Ante esto, otros siete magistrados vinculados al Partido Liberal se rehusaron a participar en las sesiones de la Corte Suprema.

El pasado 5 de julio los magistrados Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar García, Yadira Centeno González, Francisco Rosales Arguello, Armengol Cuadra López, Rafael Solís Cerda, Ligia Molina Arguello y Juana Méndez, vinculados al gobernante Partido Sandinista decidieron convocar a siete conjueces para sustituir a sus compañeros del Partido Liberal y reanudar el trabajo de la Corte Suprema. La figura de los “conjueces” se encuentra prevista en el artículo 163 de la Constitución Política para casos de “ausencia, excusa, implicancia o recusación” de cualquiera de los magistrados. Numerosos sectores sociales, académicos y políticos han declarado que esta figura no es posible aplicarla al caso concreto ya que los magistrados sustituidos no se encuentran en ninguno de esos supuestos.

Las decisiones anteriores revelan una la clara injerencia del Poder Ejecutivo y de otros sectores políticos en la integración de la Corte Suprema de Justicia, situación que es contraria a los principios de independencia judicial y división de poderes del Estado, ambos pilares de toda democracia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera contra Venezuela señaló que la separación de los poderes públicos busca “evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial”.

En febrero de 2010 el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado de Nicaragua “velar por que el poder judicial sea independiente y libre de injerencias políticas, y luchar contra la corrupción, las irregularidades y los retrasos en la administración de la justicia. Los hechos recientes demuestran que pocos esfuerzos se han hecho para cumplir con la citada recomendación.

Para CEJIL las decisiones tomadas por una parte de los integrantes de la Corte Suprema cuestionan la vigencia de un Estado de Derecho en Nicaragua. “Uno de los requisitos fundamentales para una adecuada garantía y protección de los derechos humanos es sin duda alguna la vigencia del Estado de Derecho. La decisión sobre la permanencia o remoción de los más altos jueces no puede ser producto de una decision arbitraria del Poder Ejecutivo; asimismo, debe estar establecida por ley y someterse a un adecuado escrutinio y control, para evitar la politización y parcialidad de uno de los Poderes del Estado fundamental en la garantía de los derechos. En Nicaragua, este tipo de sucesos evidencian el creciente debilitamiento de la institucionalidad lo que necesariamente se traduce en una desprotección para los y las nicaragüenses” señaló Alejandra Nuño, Directora de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado a las autoridades del Estado de Nicaragua para que rectifiquen las decisiones hasta ahora tomadas de conformidad con los estándares internacionales en la materia así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatora de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados para que requieran información al Estado de Nicaragua sobre las actuaciones antes citadas, y en su oportunidad, expresen su preocupación por tales decisiones.

 

Para mayor información:

Marcia Aguiluz: maguiluz@cejil.org

 

Enlaces relacionados:

 

Decisión de la Corte Suprema de Nicaragua de convocar a conjueces:

http://www.csj.gob.ni/arc-pdf/sgc_acuerdo41.pdf

 

Recomendaciones dadas al Estado de Nicaragua por el Grupo de Trabajo

sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de

Naciones Unidas:

http://daccess-ddsny.

un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement

 

Recomendaciones dadas por el Sistema de Naciones Unidas a Nicaragua:

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/NI/A_HRC_WG.6_7_N

IC_2_S.pdf

CENIDH y CEJIL solicitan intervención de relatora de Naciones Unidas

Crisis en el Poder Judicial de Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

Jue, 09/09/2010

 

Managua y San José, 8 de septiembre de 2010.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

En la misiva, las organizaciones relataron los diversos acontecimientos ocurridos desde el año 2000 y que han tenido como consecuencia un debilitamiento del Poder Judicial en Nicaragua. Particularmente, se denunció la politización de los integrantes de la Corte Suprema quienes por años han respondido a los intereses de los Partidos Liberal Constitucional o Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Para CENIDH y CEJIL, es alarmante la reciente decisión de ocho magistrados sandinistas de sustituir en la Corte Suprema a seis magistrados liberales y proceder a nombrar conjueces (jueces sustitutos). Tal decisión se llevó a cabo sin el debido soporte legal y con el único objetivo de lograr mayoría de miembros en la Corte afines al partido de gobierno, lo cual constituye un ejemplo claro de la falta de independencia y de la ausencia de un Estado de Derecho en el país.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH declaró con preocupación que “cada día los y las nicaragüenses somos testigos del debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. El actual gobierno utiliza todos los mecanismos a su alcance para garantizar su permanencia en el poder sin que importe la afectación a nuestra institucionalidad. Lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia afecta además la garantía y protección de los derechos humanos de las personas en Nicaragua quienes, ante la falta de competencia de los miembros actuales, nos encontramos en un estado absoluto de indefensión.”

Cabe destacar que las debilidades de la administración de justicia en Nicaragua merecieron la atención del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en febrero de 2010, órgano que emitió seis recomendaciones al Estado nicaragüense relacionadas con este tema. Sin embargo, el Estado rechazó todas las recomendaciones que abogaban por la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

“La comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante los hechos que están ocurriendo en Nicaragua y condenar toda actuación que tenga como fin debilitar el Estado de Derecho en este país. El golpe de Estado ocurrido el año pasado en Honduras nos recuerda que las crisis institucionales deben ser resueltas oportunamente a través de las vías democráticas. No es legítimo ampararse en la institucionalidad y abusar de sus atribuciones para satisfacer los intereses de los gobernantes de turno” declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CENIDH y CEJIL se han dirigido a la Doctora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados para que solicite información urgente al Estado de Nicaragua sobre los hechos narrados y, en su oportunidad, informe al respecto ante el Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo se le ha solicitado que emita un pronunciamiento público sobre los hechos denunciados y realice una visita a Nicaragua en el menor plazo posible.

Enlaces relacionados:

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal realizado a Nicaragua:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement

 

Para más información contactar a:

Marcia Aguiluz:        mesoamerica@cejil.org

Mauro Ampié            mampie@cenidh.org

 

Distribuir contenido