Defensores de derechos humanos

La Coalición muestra preocupación ante nueva Conferencia de Estados Parte

Las organizaciones abajo firmantes integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra preocupación frente a la convocatoria y la falta de transparencia de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a llevarse a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 21 y 22 de enero.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron el centro de un proceso exhaustivo de análisis y reforma realizado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante dos años.

Lun, 20/01/2014

Las organizaciones abajo firmantes integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra preocupación frente a la convocatoria y la falta de transparencia de la III Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a llevarse a cabo en Montevideo, Uruguay, los días 21 y 22 de enero.

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, y en particular la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron el centro de un proceso exhaustivo de análisis y reforma realizado en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante dos años.  El proceso culminó el 22 de marzo de 2013 en la XLIV Asamblea General Extraordinaria de la OEA, en la que participaron todos los países miembros de la misma, incluyendo los que se estarían reuniendo en Montevideo en los próximos días. Las reformas derivadas de ese proceso entraron en vigor hace sólo unos meses, e incluyen cambios considerables en el Reglamento de la Comisión y en sus políticas y prácticas.

Por ello resulta alarmante que continúe la discusión sobre el Sistema Interamericano en una reunión de algunos Estados, por fuera de los procesos formales que existen en la OEA, y sin garantizar la participación de todos los actores (otros estados miembros de la OEA y países observadores, órganos del Sistema, sociedad civil, entre otros) con interés en el debate.

Adicionalmente, la celebración de la conferencia a puerta cerrada, sin agenda o temario público disponible, y sin espacios de intervención de la sociedad civil, vulnera el espíritu de transparencia y participación que debe ser garantizado en este tipo de espacios.

En vista de que la realización de la reunión de Estados Partes a celebrarse en Montevideo no se ha hecho de público conocimiento sino hasta hace algunos días y que no se encuentra disponible información detallada sobre la agenda y los puntos que serán discutidos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los Estados participantes deben:

  • Garantizar que los foros donde se discutan asuntos relativos al Sistema Interamericano brinden espacios efectivos de participación a todos los actores interesados;
  • Comprometerse a dar prioridad a la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción, sin discriminación;
  • Comprometerse a implementar a cabalidad a nivel interno la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todos los otros tratados interamericanos de derechos humanos;
  • Impulsar la ratificación universal de todos los tratados interamericanos de derechos humanos;
  • Emitir una señal clara e inequívoca de la importancia del Sistema Interamericano para la protección de los derechos humanos en la región y del compromiso de dichos Estados por defender su integridad e independencia;
  • Comprometerse a realizar mayores esfuerzos para brindar a los órganos del Sistema los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado, en especial con miras a la superación de la notoria demora procesal que hoy sufren;
  • Comprometerse e impulsar el cumplimiento pleno de las decisiones de la Comisión y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y
  • Reconocer y promover el valioso aporte que realizan los defensores y defensoras de derechos humanos en la región, y apoyarlos garantizando su protección efectiva.

Organizaciones firmantes:

Amnistía Internacional, organización internacional

Global Rights, organización internacional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, organización regional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, organización regional

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), regional

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), regional

CLADEM –Bolivia

Comunidad de Derechos Humanos, Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género: Corporación Humanas Chile

Alianza por la Niñez Colombiana, Colombia

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia

CLADEM- Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Colombia

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos GIDH, Colombia

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, Estados Unidos

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, ICCPG, Guatemala

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación / Radio Progreso, Honduras

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" A.C., México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Ipas México A.C., México

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIDH, Nicaragua

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM) de Panamá

AGORA Espacio Civil, Paraguay

Servicio Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ), Paraguay

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos – EQUIDAD, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Hugo Rodríguez, defensor de derechos humanos, Perú

DEMUS-Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Colectiva Mujer y Salud, República Dominicana

Fundación Étnica Integral FEI, República Dominicana

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

SINERGIA red de organizaciones de la sociedad civil venezolana, Venezuela

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

 

CEJIL expresa su dolor y tristeza por el fallecimiento en el día de ayer de la defensora de derechos humanos Sonia Pierre

Sonia Pierre, dominicana, defensora de los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, falleció el domingo 4 de diciembre de 2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Lun, 05/12/2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
 
Sonia Pierre fue fundadora y Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización que junto a CEJIL representó a víctimas de la negación de reconocimiento a la nacionalidad en República Dominicana. En esta labor, Sonia participó en los más altos foros internacionales, incluyendo la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando establecer uno de los precedentes judiciales más importantes en el derecho internacional sobre el reconocimiento de la nacionalidad, la protección de la niñez y el derecho a la educación , en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana. Lamentablemente, el Estado dominicano aún no ha implementado de forma completa la decisión de la Corte Interamericana. En este caso, la Corte Interamericana concluyó que el estatus migratorio de los padres no puede ser heredado a los hijos.
 
Debido a su trabajo como defensora, Sonia Pierre fue objeto de amenazas, hostigamientos y constantes críticas que mantenían en peligro su vida y la de su familia. Esta situación fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en más de una ocasión  emitió medidas de protección exigiendo al Estado dominicano que protegiera su vida.
 
Al fallecer, Sonia Pierre dejó un legado invaluable a la sociedad dominicana que contó con una de las líderes más destacadas mundialmente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las minorías étnicas. Hoy celebramos su vida, agradecidos por haber tenido el privilegio de participar junto a ella en su lucha por erradicar todo trato desigual y discriminatorio en contra de las poblaciones minoritarias y vulnerables, y rendimos tributo a su legado por ser un digno ejemplo de lo que las defensoras de derechos humanos pueden hacer para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
 
Contacto:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000

Audiencia ante la Corte IDH evidenció negligencia del Estado colombiano en la identificación de víctimas de la masacre de Mapiripán

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011– Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior  es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Jue, 24/11/2011

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011– Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior  es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

La audiencia permitió que la Corte Interamericana revise el record procesal del caso, el cual evidencia que fue el propio Estado colombiano, quien ante el Tribunal, reconoció como víctimas a las 21 personas nombradas a raíz de la sentencia de 2005, algunas de las cuales ahora cuestiona. También fue posible visibilizar la negligencia del Estado colombiano en la individualización de las víctimas de la masacre, así como en la falta de establecimiento del número de asesinados y desaparecidos.

En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas de la masacre de Mapiripán, en tanto un informe del CTI de la Fiscalía de abril de este año, nomina a 77 personas como posibles víctimas de la masacre.  Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones del Ejecutivo colombiano que sin negar la existencia de la masacre, pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas, como se ha anunciado recientemente a los medios de comunicación por  parte del Ministro de Justicia.

En la audiencia ante la Corte, los representantes de las víctimas pudieron conocer parte de la información anunciada por el Estado ante los medios de comunicación, en tanto pese a los anuncios públicos, no se clarificaron los términos de la solicitud de revisión de sentencia que sería presentada.  Después de 14 años y 4 meses de la comisión de la Masacre de Mapiripán y 6 años después de la sentencia de la Corte, el Estado colombiano solicitó tres meses adicionales para presentar las pruebas que sustentarían su solicitud.

Saludamos que el Estado colombiano utilice los canales adecuados de debate, que es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, y no las vías de hecho, en las que se ha ventilado de manera inapropiada este proceso, presentando información imprecisa y en algunos casos falsa, tendiente a  deslegitimar a las víctimas, desacreditar la labor de sus Representantes y cuestionar la legitimidad de los órganos interamericanos.

Será el Tribunal Interamericano,  de manera autónoma, y después del debate jurídico correspondiente,  quien emitirá la    solución adecuada qué  proteja la verdad material del caso, a las víctimas de la Masacre de Mapiripán y a la sentencia definitiva e inapelable, cuyo contenido como tal, no ha  sido cuestionado.

CEJIL se pronuncia sobre el caso de Mapiripán v. Colombia


Washington D.C, 1 de noviembre de 2011 - Como es de conocimiento público, en los últimos días, Mariela Contreras, una testigo del caso Mapiripán v. Colombia decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005,  se habría retractado  de las declaraciones que dio ante la justicia colombiana en el 2002 y ante la misma Corte Interamericana en el 2005. Este hecho ha generado un vigoroso debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables, las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados/as que representan a denunciantes.

Mar, 01/11/2011

Washington D.C, 1 de noviembre de 2011 - Como es de conocimiento público, en los últimos días, Mariela Contreras, una testigo del caso Mapiripán v. Colombia decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005,  se habría retractado  de las declaraciones que dio ante la justicia colombiana en el 2002 y ante la misma Corte Interamericana en el 2005. Este hecho ha generado un vigoroso debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables, las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados/as que representan a denunciantes.
 
En primer lugar,  es imprescindible dejar en claro que no existe duda alguna en el ámbito interno o internacional acerca de la ocurrencia de la masacre, ni de las responsabilidades compartidas entre las AUC y miembros de las fuerzas de seguridad en los hechos que fueron reportados ampliamente en la prensa, habiendo sido reconocida la responsabilidad por el Estado y por los propios paramilitares.
 
En segundo lugar, compartimos la preocupación de la administración de justicia, nuestros colegas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR),  el Gobierno y la sociedad colombiana ante la posibilidad de que la testigo haya manipulado el proceso a nivel nacional e internacional con declaraciones no ajustadas a la verdad  y confiamos que este hecho sea debidamente investigado y aclarado.
 
Por otro lado, cabe destacar que Mariela  Contreras confirió su representación legal ante el proceso internacional a CEJIL y al CCAJAR en el 2003, cuatro años después de que la petición inicial de Mapiripán fuera presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un año después de su declaración  ante la Fiscalía General de la Nación.
 
Asimismo, la declaración de Mariela Contreras estaba en absoluta consonancia con lo sostenido por sus hijos, la prueba forense, la prueba documental, los testimonios de autoridades, entre ellos el  juez Novoa Cortes, así como con las declaraciones de víctimas, familiares y peritos expertos. Al litigar un caso, la prueba se basa fundamentalmente en el acervo probatorio existente a nivel interno y en toda la información facilitada por el Estado.
 
Adicionalmente, es de resaltar que el propio Estado colombiano, representado por el Poder Ejecutivo, incluyó reiteradamente en el proceso internacional a la Sra. Contreras entre los familiares de las víctimas de la masacre y asumió responsabilidad internacional por los crímenes cometidos.
 
La incertidumbre sobre los números de muertos en la masacre de Mapiripán no es un tema nuevo, sino que fue identificado con claridad en el litigio internacional. Esta dificultad fue marcada como una de las falencias en la investigación estatal por la Corte Interamericana en la sentencia de 2005, que ordenó que el Estado realice inmediatamente las debidas diligencias a fin de individualizar e identificar en un plazo razonable a las víctimas ejecutadas, desaparecidas y sus familiares. La misma Corte afirmó que, precisamente debido a la forma en la que se planificó  y ejecutó  la masacre, era posible, aun tratándose de casos excepcionales, que en el curso de una investigación penal pudiera establecerse el paradero de personas, que fueron dadas por muertas.
 
Frente a este tipo de hechos, el compromiso de las organizaciones de derechos humanos es el establecimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades ante la justicia y la determinación de reparaciones debidas a las víctimas.
 
Contacto en Washington
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1)202 319 3000
 

Carta abierta al Presidente de Guatemala tras amenazas y atentados contra peritos del caso Masacre de Las Dos Erres

Hechos de hostigamiento han ocurrido tras condena de cuatro ex militares

San José, 11 de agosto del 2011- CEJIL expresa su preocupación por el grave riesgo en que se encuentran los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Ellos han sido amenazados y han sido víctimas de amenazas tras el fallo condenatorio contra cuatro ex militares en el caso de la masacre de Las Dos Erres.

Jue, 11/08/2011

San José, Costa Rica, 11 de agosto de 2011.

Señor
Ingeniero Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Su despacho

Señor Presidente de la República:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en el continente americano mediante el uso estratégico de las herramientas que ofrece el Derecho internacional de los derechos humanos.
En esta ocasión nos dirigimos a Usted, para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
Como es de su conocimiento, la FAFG realiza investigaciones antropológico forenses objetivas e imparciales de muertes sospechosas (individuales o masivas) utilizando la arqueología y antropología física y social. A través de su labor, la Fundación apoya a comunidades y a familiares de víctimas a que recuperen los restos de sus familiares para darles una sepultura digna y según sus costumbres. Asimismo, contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y al respeto de los derechos humanos a través de la investigación, documentación y divulgación de hechos históricos de violaciones al derecho a la integridad y la vida en casos de muerte no esclarecidos.
En razón de esta labor, los miembros de la Fundación han sido víctimas de acciones de intimidación durante años. Dichas acciones se agravaron a partir del año 2002, lo que ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara a su favor medidas cautelares, solicitándole al Estado de Guatemala que tomara todas las medidas que fueran necesarias para garantizar su vida e integridad.
A pesar de la vigencia de las referidas medidas cautelares, los actos de amenazas e intimidación continuaron. Ello provocó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante resolución de su Presidente resolvió, el 21 de abril de 2006, otorgar medidas provisionales a favor de la FAFG y sus miembros[1], las cuales fueron ratificadas por el pleno mediante decisión de 4 de julio de 2006[2] y se mantienen hasta la actualidad[3].
Estas medidas son de obligatorio acatamiento para Guatemala, toda vez que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 1978 y luego reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
Según se ha hecho público, en días recientes se han registrado nuevos actos de intimidación contra miembros de la FAFG, específicamente algunos de los peritos que han participado en el proceso judicial seguido contra cuatro ex militares responsables de la masacre de Las Dos Erres, cuya sentencia fue dictada el pasado 2 de agosto. Esta sentencia histórica implica un importante avance en la búsqueda de justicia en dicho caso, pero además constituye un poderoso mensaje de que es posible superar la impunidad en la que durante décadas han permanecido gravísimas violaciones a derechos humanos.
En consecuencia, estos ataques no sólo ponen en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la FAFG, sino que también obstaculizan el trabajo que realiza la Fundación y el sistema de administración de justicia en su conjunto.
Cabe recordar igualmente, que en la sentencia emitida en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Las Dos Erres el tribunal interamericano ordenó al Estado guatemalteco asegurar “que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad”[4].
En razón de lo anterior, y considerando que existe una obligación internacional del Estado guatemalteco de proteger a los miembros de la Fundación, le solicitamos la interposición de sus buenos oficios para garantizar la seguridad personal de todos los integrantes de la Fundación, la continuidad de su labor y sobre todo la investigación real y efectiva los hechos intimidatorios en su contra.
Por la existencia de una medida de reparación expresa en la mencionada sentencia, así como la vigencia de medidas provisionales emanadas de un órgano internacional de protección de los derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana, el Estado guatemalteco sería responsable internacionalmente por lo que pueda ocurrirle a los miembros de la FAFG.
En igual sentido, le instamos a garantizar que se adopten todas las acciones necesarias para asegurar la integridad y la vida de todas aquellas personas involucradas en el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de las responsabilidades por la masacre de Las Dos Erres, particularmente a los y las integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) que actúan como querellantes adhesivos en el proceso y sus abogados.
Confiamos en que el Estado de Guatemala reaccionará decididamente, honrando así los compromisos adoptados en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional.
Aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

c.c. Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República.
c.c. Carlos Menocal, Ministro de Gobernación.
c.c. Ruth Del Valle, Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.
c.c. Pablo Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carta_Publica_Presidente_Colom_-_Amenazas_caso_masacre_de_Las_Dos_Erres.pdf

[1] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte de 21 de abril de 2006, Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_021.pdf
[2] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 4 de julio de 2006. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_02.pdf
[3] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 22 de febrero de 2011.
[4] Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr 233.

El pueblo indígena de Sarayaku denuncia a Ecuador por la violación de su derecho a la vida, a la libre circulación y a la consulta previa

En su último y segundo día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ambas partes presentaron sus argumentos finales

José Gualinga, presidente del pueblo Kichwa Sarayacu, Mario Melo y Viviana Krsticevic, representantes del pueblo de Sarayacu durante la audiencia ante la Corte Interamericana.

San José, Costa Rica, 7 de julio del 2011. Ecuador no respetó las garantías a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica.

Jue, 07/07/2011

José Gualinga, presidente del pueblo Kichwa Sarayacu, Mario Melo y Viviana Krsticevic, representantes del pueblo de Sarayacu durante la audiencia ante la Corte Interamericana.

San José, Costa Rica, 7 de julio del 2011. Ecuador no respetó las garantías a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica.

Las víctimas fueron representadas por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado Mario Melo de la organización ecuatoriana Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En 1996, Ecuador concesionó ilegalmente el territorio ancestral perteneciente al pueblo a favor de CGC sin que se hicieran los estudios sociales y ambientales correspondientes. A finales del 2002 e inicios del 2003, agentes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y trabajadores de la empresa ingresaron sin consentimiento al territorio para hacer trabajos de exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Además, líderes de Sarayaku fueron amenazados y hostigados por sus labores en defensa del territorio ante la entrada ilegal de la compañía.

En este segundo día de audiencia ante la Corte, el abogado Mario Melo describió como, al retirarse de Sarayaku, la petrolera argentina dejó alrededor de 1400 kilos de explosivos abandonados en 16.000 hectáreas del territorio, espacio de vida que permanece ahora vedado para las actividades tradicionales de pesca, caza y recolección de frutos. Así denunció el incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana hace 6 años.

Además de exponer que las acciones del Estado pusieron en grave riesgo la vida de los miembros del pueblo de Sarayaku y sus condiciones de acceso a una vida digna, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, explicó que: “El caso es transcendental ya que es emblemático de la persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas no solo en Ecuador, sino en todo el continente.”

Por su parte, el perito James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, insistió en la obligación internacional de los Estados a establecer procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto de desarrollo que pudiera afectar los derechos de los pueblos indígenas.

El testimonio del antropólogo Rodrigo Villagra se refirió a la complejidad de la cosmogonía de los pobladores de Sarayacu, la cual está íntimamente vinculada con el territorio que habitan. Su argumento fue ilustrado por palabras del líder espiritual de la comunidad Sabino Gualinga, quien destacó como la vida espiritual de su pueblo estuvo gravemente perjudicada por las actividades de la compañía petrolera.

A modo de conclusión, José Gualinga, Presidente del pueblo insistió en que: “Estamos decididos a no dejar destruir nuestra selva. Somos un pueblo de solo 1.200 personas pero yo sé que en cada uno de los corazones hay un pueblo que lucha.”

Se espera que la Corte emita su sentencia antes de que finalice el año.

Pronunciamiento sobre el Acuerdo de Cartagena de Indias y la posible reincorporación del Estado de Honduras a la OEA

Firman 20 organizaciones incluyendo CEJIL

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Lun, 30/05/2011

Ante la firma del Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras (en adelante Acuerdo de Cartagena de Indias o Acuerdo), las organizaciones de derechos humanos firmantes reconocemos que el mismo constituye un paso significativo que facilita el regreso del ex Presidente Manuel Zelaya Rosales y sus colaboradores a Honduras, sienta las bases para la restitución de sus derechos políticos y constituye un paso significativo hacia una posible salida a la crisis política hondureña. No obstante, observamos con preocupación la omisión de los siguientes temas mínimos e indispensables cuya ausencia compromete la restitución del Estado de Derecho y la superación de las consecuencias más agudas del golpe de Estado en dicho país, por lo que rechazamos el reingreso incondicional de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA) si el mismo se basa únicamente en este Acuerdo.

Según han señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), en el contexto del golpe de Estado –y como resultado del mismo– ocurrieron innumerables violaciones a los derechos humanos que afectaron principalmente a personas que se manifestaron en contra de la citada ruptura. Sin embargo, el Acuerdo de Cartagena de Indias no reconoce estos hechos ni establece un mecanismo efectivo para su investigación, sanción y adecuada reparación. La referencia que se hace para que la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos atienda las denuncias relacionadas con violaciones de derechos humanos resulta contraria al orden interno, ya que dicha institución no tiene competencia para tales efectos sino que correspondería al Ministerio Público y al Poder Judicial procesar estas denuncias. Así, el Acuerdo hace evidente la falta de reconocimiento de las graves vulneraciones a los derechos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

El Acuerdo no establece las bases ni expresa el compromiso para que las personas que participaron en la ruptura del orden constitucional –cometiendo graves violaciones a los derechos de las personas o actuando con aquiescencia frente a ellas– sean sometidas a una efectiva investigación y se les sancione conforme corresponda. En este sentido se mantienen en sus cargos todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. A su vez, como lo señaló en su oportunidad la CIDH, varios miembros de la cúpula militar que lideró el golpe de Estado se mantienen en la dirección de instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo. La rendición de cuentas de estas personas y el establecimiento de las responsabilidades que correspondan son condiciones mínimas para avanzar hacia la restitución del Estado de Derecho en Honduras. Como lo señaló la OACNUDH en su informe del mes de marzo de 2010, estos órganos fallaron en el cumplimiento de sus mandatos a costa de la protección de los derechos humanos y del respeto del Estado de Derecho.

Todo Estado está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que

significa, como mínimo en el caso hondureño, la existencia de un sistema de tutela de garantías que funcione de manera diligente, independiente e imparcial ante violaciones de derechos humanos. Asimismo, Honduras debe emprender acciones concretas de combate a la impunidad, y cesar inmediatamente los actos de persecución y represión en contra de los sectores críticos al Gobierno, que actualmente se encuentran en una situación de indefensión.

Si bien comprendemos la importancia de que el Estado hondureño sea reintegrado a la OEA, el Acuerdo resulta insuficiente si no va de la mano de medidas que superen las condiciones que permitieron el golpe de Estado, y sin que al menos se defina un proceso debidamente supervisado por la comunidad internacional para investigar, enjuiciar a los violadores de los derechos humanos y a quienes han atentado en contra del Estado de Derecho, al tiempo que se reparen a las víctimas como consecuencia de su oposición al golpe de Estado y se tomen medidas concretas para fortalecer la democracia.

Como mínimo, la OEA debe retomar las recomendaciones dadas por la Comisión de Alto Nivel nombrada por esta institución en junio de 2010 y valorar los avances concretos que ha tomado el Estado hondureño para cumplir con ellas. En particular, esta Organización debe evaluar las acciones específicas de avance respecto de las siguientes recomendaciones relativas a los derechos humanos:

 

1. Las investigaciones para esclarecer los asesinatos de periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos;

 

2. La adopción de medidas para poner fin a las amenazas y hostigamientos contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales, maestros y miembros del Frente Nacional de Resistencia Popular, jueces/as que participaron en actividades contra el golpe de Estado;

 

3. La implementación efectiva de mecanismos de cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger la vida e integridad de numerosas personas que se encuentran en situación de riesgo; y

 

4. El cese a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del golpe de Estado, incluyendo las verificadas por la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU; con las consecuentes depuraciones institucionales necesarias para garantizar la adecuada investigación y sanción de los responsables.

 

Por lo anterior, las organizaciones firmantes objetamos que la reincorporación de Honduras a la OEA se haga sobre la base única de un Acuerdo que, si bien es significativo, poseería omisiones en lo relativo al respeto a los derechos humanos y las garantías para un Estado de Derecho, así como en relación con la investigación, sanción y reparación de las violaciones ocurridas con ocasión y como consecuencias del golpe. Un reingreso incondicional en dichas circunstancias va en detrimento no sólo de la democracia hondureña, sino también de todas las democracias del continente americano.

 

30 de mayo de 2011

 

Abogados y Abogadas en Resistencia Zona Norte - Honduras

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) - Honduras

Asociación LGBT Arco Iris - Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM) - Honduras

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH) - Honduras

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - Ecuador

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre) - Honduras

Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral - Honduras

Diakonia - Suecia

Equipo de Reflexión, Comunicación e Investigación de la Compañía de Jesús (ERIC) - Honduras

Fundación IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África) de España

Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla" - Honduras

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) - Honduras

Organización Fraternal Negra (OFRANEH) - Honduras

Solidaridad Mundial - Bélgica

Red Lésbica Cattrachas - Honduras

Rights Action

 

Enlaces relacionados:

 

Acuerdo para la Reconciliación Nacional y la Consolidación del Sistema Democrático en la República de Honduras. Disponible en:

http://www.presidencia.gob.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=1388:acuerdo-en-cartagena-de-de-indias&catid=39:presidente&Itemid=92

 

Carta conjunta a los Embajadores de la OEA sobre el reintegro de Honduras éste órgano. Disponible en:

http://cejil.org/comunicados/preocupaciones-respecto-a-una-eventual-reincorporacion-de-honduras-a-la-oea

 

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos Humanos y Golpe de Estado en Honduras: Disponible en: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

 

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Disponible en: http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras

Corte intenta amedrentar a jueces independientes

Jueces despedidos: Luis Chévez, Ramón Barrios, Guillermo López y Tirza FloresLa Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió el 5 de mayo a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios, por cuestionar el golpe de Estado y la posición que mantuvo la Corte al respecto. CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados.

Jue, 06/05/2010

Jueces despedidos: Luis Chévez, Ramón Barrios, Guillermo López y Tirza Flores

Washington D.C. 6 de mayo de 2010

La Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió ayer a cuatro jueces y un defensor público que enfrentaban procesos disciplinarios por haber criticado el golpe de Estado del pasado 28 de junio y la posición que mantuvo la Corte al respecto.

CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por 10 de los 15 magistrados de la Corte Suprema hondureña, porque significa una represalia al ejercicio de los derechos de libertad de expresión y de asociación; además, es un claro mensaje amedrentador para cualquier otro funcionario judicial que cuestione a las autoridades que avalaron el golpe de Estado. La independencia judicial se ve seriamente debilitada con esta decisión.

“El despido de los operadores de justicia demuestra, una vez más, las grandes contradicciones del Gobierno hondureño, que por un lado anuncia la instalación de una cuestionada Comisión de la Verdad y por otro despide a jueces por ejercer sus derechos y actuar de forma independiente. Queda claro que en Honduras no existe espacio para el debate libre de ideas sino intolerancia y represión para quienes piensan diferente”, dijo Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

Los despedidos son los jueces Adán Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha y Ramón Enrique Barrios, la magistrada de la Corte Penal de Apelaciones, Tirza Flores, y el defensor público Osman Fajardo Morel.

A López, Chévez y Fajardo se les atribuye haber participado en manifestaciones contra el golpe de Estado; a Barrios lo cuestionaron por haber publicado un artículo en un periódico en el que cuestionaba, con argumentos jurídicos, la posición de la Corte Suprema de denominar sucesión constitucional al derrocamiento del presidente Manuel Zelaya, y a la magistrada Flores se le sancionó por haber presentado un recurso de amparo constitucional a favor del presidente Zelaya y otros funcionarios que fueron despojados del poder.

Los jueces y la magistrada Flores son miembros de la Asociación de Jueces por la Democracia, presidida por López.

“Este es un retroceso para  el proceso de búsqueda de independencia de los jueces. La Corte envía un mensaje de que los jueces no deben ser críticos, sino sumisos y obedientes, y que los jueces honestos, responsables e independientes estorban”, dijo la magistrada Tirza Flores.

CEJIL abogará por la restitución de los funcionarios judiciales despedidos en todos los espacios jurídicos, políticos y diplomáticos existentes, para evitar la consolidación de un nuevo daño a la independencia judicial y a la democracia hondureña.

Contacto de prensa:
Mauricio Herrera Ulloa

Director de Comunicación
Tel: (202) 319-3000
mherrera@cejil.org
www.cejil.org

Organizaciones internacionales denuncian irregularidades en procesos de integración de órganos de justicia en Guatemala

Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

Mié, 13/08/2014

Audiencia CIDH 152 PES Washington DC y Ciudad de Guatemala, 13 de agosto del 2014. En el presente año se están renovando importantes cargos del sistema de administración de justicia en Guatemala, a saber el cargo de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público y las y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones.

Desafortunadamente, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el Estado guatemalteco no está cumpliendo con los estándares internacionales aplicables a este tipo de nombramientos, lo cual podría comprometer el principio de independencia judicial que es fundamental en todo sistema democrático.

En el proceso de nombramiento del cargo de Fiscal General que finalizó en el mes de mayo del 2014, las comisiones de postulación (CP) que evaluaron a los y las candidatas actuaron con un amplio margen de discrecionalidad que provocó, entre otras irregularidades, una inadecuada ponderación de la experiencia profesional, una grave falta de justificación sobre la relación entre la puntuación otorgada y los y las postulantes seleccionados,   una nula discusión sobre la honorabilidad de los y las postulantes así como ninguna valoración respecto de las tachas presentadas en contra de algunos de ellos.

Más recientemente, en el mes de junio iniciaron los procesos para elegir a 13 integrantes de la Corte Suprema de Justicia y 180 magistradas y magistrados de las Cortes de Apelaciones. Pese a la importancia de estos nombramientos, los procedimientos iniciados no se están guiando por los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad, y representatividad; en forma contraria, las comisiones de postulación han tomado decisiones que generan dudas sobre la autonomía e imparcialidad de sus integrantes.

La Corte de Constitucionalidad (CC) en su decisión de fecha 13 de junio de 2014 señaló algunas consideraciones sobre la importancia de realizar una evaluación objetiva y razonable, así como justificar de manera pública, razonada y expresa el voto que se brinda a favor o en contra de un candidato (a). Pese a ello, las CP no establecieron criterios para evaluar el requisito constitucional de “reconocida honorabilidad”, aprobaron tablas de gradación que solamente favorecen la antigüedad en el ejercicio de la profesión pero que no permiten medir la calidad profesional, eliminaron la posibilidad de realizar entrevistas a los postulantes, y manifestaron que sus votaciones serán privadas, lo anterior en abierto desacato a lo que fuera establecido por la CC.

Precisamente por dichas irregularidades, la CC ha otorgado dos amparos provisionales, el primero interpuesto por la Convergencia por los Derechos Humanos y el segundo interpuesto por la diputada Nineth Montenegro, ordenando en ambos casos a las CP rectificar sus actuaciones.

En el mes de abril del presente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció respecto de los procesos que se están llevando a cabo en Guatemala y recordó al Estado que “el objetivo de todo proceso de selección y nombramiento de las y los operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y candidatas con base al mérito personal y su capacidad profesional, así como la singularidad y especificidad de las funciones que van a desempeñar”. Para lograr lo anterior, la CIDH consideró indispensable que se establezcan criterios objetivos, previamente establecidos, para la valoración y calificación de las y los candidatos a fin de evitar la discrecionalidad de las personas u órganos que intervienen en la selección”. Estas recomendaciones no se están cumpliendo en la actualidad.

Las irregularidades descritas fueron expuestas el día de hoy en una audiencia pública ante la CIDH, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Open Society Justice Initiative  (OSJI), en el marco del 152 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana que se lleva a cabo en la Ciudad de México DF.

También se refirieron a los obstáculos estructurales que impiden acabar con la impunidad en Guatemala, en tal sentido, se denunció la continuación de la práctica de uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos, la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones, y principalmente la existencia de una política de Estado que se niega a brindar justicia a las víctimas.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación por el evidente irrespeto a los compromisos internacionales que tiene el Estado de Guatemala y nos sumamos a las numerosas voces de protesta de la sociedad civil y de otros actores que claman por procesos de elección transparentes y objetivos. Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades competentes para que rectifiquen sus actuaciones y garanticen una administración de justicia independiente, sólo así se podrá a su vez avanzar en la superación de los obstáculos estructurales para erradicar la impunidad.

Finalmente las organizaciones saludamos la invitación del Estado de Guatemala de recibir al relator de país en una visita oficial y esperamos que esta visita se realice en el menor tiempo posible.

Organizaciones firmantes:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Guatemalan Human Rights Commission

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

daraya@cejil.org

Protección Internacional y CEJIL saludan los esfuerzos para aprobar una ley de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en Honduras en consulta con la sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Jue, 07/08/2014

Taller con diputados hondureños Protection International y CEJILTegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Debido a esta grave situación, los citados órganos de protección así como el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal recomendaron al Estado de Honduras la creación de un mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que incluya a su vez, a los periodistas y comunicadores sociales.

En tal sentido, el pasado 4 de junio, el Congreso de la República de Honduras aprobó en primer debate el proyecto denominado “Ley de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia” que busca cumplir con las citadas recomendaciones, no obstante, dicho proyecto presenta diversas deficiencias que podrían impedir el cumplimiento del objetivo que persigue.

Ante tal panorama, Protection International (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), realizaron una misión conjunta a Tegucigalpa durante la semana del 28 de Julio al 2 de agosto. En la misión se expresaron algunas preocupaciones sobre el proyecto aprobado a representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso hondureño, a la vez, se acompañó a las organizaciones locales en la reflexión y elaboración de propuestas de reformas que fortalezcan el mencionado mecanismo.

“Toda política pública de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha de ser consultada con sociedad civil y sometida a un buen análisis técnico.  De lo contrario dicha política pública puede ser inaplicable, con lo que no obtendría los beneficios esperados”, destacó el Presidente de PI sobre el tema.

Por su parte, Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México señaló que: “el Estado de Honduras tiene la obligación de considerar los estándares internacionales sobre protección a defensores y defensoras de derechos humanos y además debe consensuar con los diversos grupos en situación de riesgo la implementación de mecanismos que respondan a sus necesidades en forma efectiva”.

PI y CEJIL saludan y agradecen la buena disposición de las autoridades para escuchar las propuestas de mejora a la iniciativa. Asimismo reiteran el llamado para que se consideren los aportes de diversos sectores de la sociedad civil de manera que el mecanismo que persigue la protección de los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia sea producto de un proceso amplio, inclusivo, transparente y participativo.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Distribuir contenido