Acceso a la justicia

Corte Interamericana emite sentencia en el emblemático caso del Palacio de Justicia

El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.

Jue, 11/12/2014


Washington D.C., 11 de Diciembre, 2014.-
El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sentencia hecha pública el día de ayer, estableció que fue una “toma anunciada” y que el Ejército tenía información del servicio de inteligencia sobre la inminente toma del Palacio, por parte del grupo guerrillero M-19. A pesar de ello, dos días antes de la misma, la seguridad a los jueces y al personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada, dejando desprotegidas a las cerca de 250 personas que se encontraban en su interior.

En su decisión, la Corte IDH determinó que Colombia es responsable de la desaparición forzada de una integrante del M-19, de 7 empleados de la cafetería que operaban en la sede del Palacio, y de 2 visitantes ocasionales. Adicionalmente, la Corte IDH determinó que dos personas fueron privadas de su derecho a la vida. De igual modo, consideró probado que cuatro personas salieron con vida del Palacio de Justicia; tres de ellas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por miembros del Ejército y una fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Respecto al caso del Magistrado Auxiliar, Carlos Horacio Urán, la Corte concluyó que salió con vida del Palacio de Justicia, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública, y su cuerpo sin vida devuelto a las instalaciones del Palacio.
De esta manera, la Corte da la razón a las víctimas del caso y a sus familiares, quienes durante 30 años han luchado contra el “pacto de silencio” y la impunidad que existe sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “esta decisión da una respuesta a las víctimas y la sociedad colombiana, que durante tres décadas han reclamado saber la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia”. Sin embargo, advierte que “la verdad completa sólo la podrán garantizar las instituciones colombianas, mediante el cumplimiento de esta decisión: investigando a todos los culpables, encontrando los restos de las víctimas aún desaparecidas, y esclareciendo lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985”.

Hasta la fecha existen sólo dos condenas por algunas de las desapariciones forzadas. Una contra el General (r) Arias Cabrales por la desaparición de 5 víctimas y otra contra el Coronel (r) Plazas Vega por la desaparición de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Ambos están cumpliendo sus respectivas condenas de 35 y 30 años de prisión en instalaciones militares. El caso del Coronel (r) Plazas Vega está pendiente de casación y se espera que la Corte Suprema de Justicia emita la decisión en los próximos días.

Considerando los limitados logros de la justicia en el caso de los desaparecidos y la impunidad existente respecto a las demás víctimas, el Tribunal interamericano ordenó a Colombia llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables.

En un pronunciamiento de gran relevancia para el contexto actual colombiano, en el que hay varios proyectos para ampliar la jurisdicción militar, ésta no es competente para investigar casos de graves violaciones a los derechos humanos, reiteró la Corte.

Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.

“Durante años yo y mis hijas vivimos engañadas por el Estado colombiano, que nos hizo creer que mi esposo había muerto en el fuego cruzado”, explicó Ana María Bidegain, viuda del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán. “Ahora sabemos que lo ejecutaron y no cesaremos hasta que la justicia colombiana procese a todos los culpables. Tampoco dejaremos de apoyar a quienes superando el miedo y el dolor busquen y reclamen que se conozca la verdad como paso previo y fundamental para buscar justicia y conseguir la Paz”.

Link a la sentencia: goo.gl/D8JUH1

Directora Ejecutiva de CEJIL inaugura red regional luchando en contra de la apatridia durante el evento del ACNUR

El martes 18 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) inauguró la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia en el evento del ACNUR "Saliendo de las sombras : poniendo un fin a la apatridia en las Américas". Puedes leer el discurso de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL haciendo clic sobre el enlace de más información. También puedes visitar el sitio web de la red: www.americasns.org.

Mié, 19/11/2014

Su Excelencia, Comisionado Guterres.

Estimados panelistas, representantes de los Estados, organismos internacionales, colegas de la sociedad civil, señoras, caballeros y niños.

En el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, estamos agradecidos de haber sido invitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a conmemorar el 60 aniversario de la adopción de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas.

Hemos aprendido en los últimos 15 años, a partir de nuestra experiencia de primera mano en la República Dominicana acompañando a niños y familias en el proceso de litigio internacional, que las personas que carecen de una nacionalidad son susceptibles a mayor marginalización, discriminación e inseguridad.
Es doloroso que a las personas que representamos, y millones más como ellas, se les diga que simplemente no existen.
Por ser apátridas, se les niegan los derechos más básicos: muchos no pueden registrar el nacimiento de sus propios hijos, casarse, recibir atención médica, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, viajar fuera del país, ir a la escuela, o sentirse seguros.

A pesar de que las situaciones de apatridia son poco comunes en las Américas, afectan a más de doscientas mil personas. Los números no son tan altos como en otras regiones, pero reconocen que "Una sola persona apátrida es demasiado".

En nuestro continente, muchas situaciones merecen un examen más detallado, ya que pueden afectar al acceso al derecho a la nacionalidad. Éstas incluyen el registro de nacimiento, disposiciones discriminatorias de género de las leyes de ciudadanía, prácticas discriminatorias en la determinación de la nacionalidad, y la situación de los niños nacidos de padres que carecen de documentos de identidad válidos, entre otras.

Comisionado Guterres, admiramos su compromiso hacia las personas apátridas en todo el mundo. Su presencia en nuestro hemisferio envía un fuerte mensaje sobre la importancia de abordar este tema a través de un plan integral y bien estructurado.
Su determinación nos da la esperanza de que hayamos llegado a un punto de inflexión en el que seremos capaces de erradicar la apatridia en todo el mundo.
En las Américas, estamos en una posición única para hacer frente a los desafíos que nos prepara la próxima década. El compromiso de respetar el "derecho a la nacionalidad para todos" fue consagrado en los instrumentos fundamentales para la protección de los derechos humanos en las Américas. Tanto la Declaración Americana de 1948 (sobre los Derechos y Deberes del Hombre) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 crean un marco global para la protección del derecho a una nacionalidad.

Además, la mayoría de los países de la región ofrecen una aplicación generosa y combinada de los principios del ius soli y jus sanguinis para la adquisición de la nacionalidad, lo que permite obtener la nacionalidad a través del suelo o de la sangre, lo que disminuye significativamente el riesgo de apatridia.
Nuestra institución regional multilateral, la Organización de los Estados Americanos y sus órganos de derechos humanos, han tomado medidas para abordar la apatridia en la región. La Asamblea General de la OEA ha pedido a los Estados miembros ratificar (o adherir a) las convenciones de la ONU sobre la apatridia , y ajustar sus políticas nacionales.

También tenemos un claro ejemplo del papel que pueden desempeñar órganos regionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado el derecho a la nacionalidad en dos opiniones consultivas y varios casos. La Comisión ha abordado la cuestión desde los años 70.
Asimismo, en algunos países de la región se han adoptado importantes medidas en los últimos años. Argentina ha ratificado la Convención de 1961. Surinam ha modificado recientemente su legislación para eliminar la discriminación de género en el acceso a la ciudadanía, México adoptó un procedimiento nacional para la determinación del estatuto de los apátridas. Uruguay está considerando un proyecto de ley para lograr este objetivo en el corto plazo. Otros países podrían seguir pronto.

Con este marco en mente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas académicas e individuos se han unido para participar en el Plan de Acción Mundial de la ACNUR con el fin de erradicar y prevenir la apatridia en los próximos 10 años.

Es con gran placer que hoy les anuncio formalmente el lanzamiento de la Red de las Américas sobre la nacionalidad y la apatridia. Me gustaría ofrecer un agradecimiento especial a la Fundación Open Society por su apoyo, a Dilcia Yean, Violeta Bosico, y los otros niños y familias que representamos, y a la defensora incansable de los derechos humanos Sonia Pierre, por inspirar tanto nuestras acciones a lo largo de los años.

A través de esta plataforma vamos a trabajar de la mano con el ACNUR con el fin de crear conciencia sobre este tema, identificar los riesgos, apoyar a las personas apátridas, cooperar con los estados, e intercambiar información con las organizaciones hermanas de todo el mundo.

Creemos firmemente, que la nacionalidad es la puerta que abre el derecho a tener derechos.Creemos que juntos podemos cambiar las realidades. Abrazamos la visión compartida de un mundo en el que todo el mundo tiene una nacionalidad.

Al igual que usted, señor Comisario Guterres, insistimos en que es el momento de poner fin a la injusticia de la apatridia. Usted puede contar con todos los miembros de la Red de las Américas para ayudar a que esto sea posible.

Gracias.

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano

Jue, 10/07/2014

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada,Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez.En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaronuna carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento,se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbertoa 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

 

Enlaces de interés:

  • Auto de apertura de instrucción contra Daniel Urresti, de 17 de junio de 2013,

http://www.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano

Jue, 10/07/2014

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada,Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez.En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaronuna carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento,se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbertoa 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

 

Enlaces de interés:

  • Auto de apertura de instrucción contra Daniel Urresti, de 17 de junio de 2013,

http://www.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios

Informe Bienal 2012 2013

En este nuevo Informe, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparte parte de su trabajo llevado adelante durante el periodo 2012-2013. En especial, este Informe ilumina el impacto del trabajo realizado por CEJIL desde una perspectiva que integra el derecho internacional de los derechos humanos con la legislación doméstica, como parte de un único marco legal fundamental para la garantía de los derechos.

 


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
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Denuncia internacional contra Estado de Guatemala por denegación de justicia en caso de genocidio

Washington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

Mié, 06/11/2013

Conferencia de Prensa: Petición de Genocidio contra el Estado de GuatemalaWashington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

En la denuncia, las organizaciones afirmaron que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por miles de víctimas.

Tal conducta compromete la responsabilidad del Estado ya que según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Algunos de los hechos que fueron denunciados ante la CIDH, en relación con el caso de genocidio cometido en contra del grupo étnico maya Ixil, consisten en más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Además, en relación con el proceso que se siguió en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se denunciaron las deficiencias e irregularidades de las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, como por ejemplo: la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa;  tolerancia de las autoridades judiciales frente al abuso de acciones de amparo  y de inconstitucionalidad y dilaciones indebidas en su resolución; la falta de fundamentación y arbitrariedad de las resoluciones de amparo provisional;  la duración excesiva del proceso penal; los ataques a la independencia judicial y la falta de protección a los participantes en el proceso.

En particular, se destacaron ante la CIDH las irregularidades que caracterizaron la resolución de fecha 20 de mayo de 2013 dictada por tres miembros de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual se anuló el proceso seguido contra los citados militares.

Ante todo lo anterior, los peticionarios nos hemos visto obligados a acudir  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la esperanza de que el sistema regional de protección de los derechos humanos agilice el trámite de la petición y asegure la protección internacional de las víctimas en el menor plazo posible. Por lo que pedimos a la Comisión la admisibilidad de la presente denuncia.

Acudir a la justicia internacional es un derecho consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que acudimos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con el fin de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Mientras haya impunidad no habrá respeto a los derechos humanos en Guatemala ni democracia plena.

¡Por el derecho a un país justo!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL

Bufete Jurídico por los Derechos Humanos - BDH

El pueblo indígena de Sarayaku denuncia a Ecuador por la violación de su derecho a la vida, a la libre circulación y a la consulta previa

En su último y segundo día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ambas partes presentaron sus argumentos finales

José Gualinga, presidente del pueblo Kichwa Sarayacu, Mario Melo y Viviana Krsticevic, representantes del pueblo de Sarayacu durante la audiencia ante la Corte Interamericana.

San José, Costa Rica, 7 de julio del 2011. Ecuador no respetó las garantías a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica.

Jue, 07/07/2011

José Gualinga, presidente del pueblo Kichwa Sarayacu, Mario Melo y Viviana Krsticevic, representantes del pueblo de Sarayacu durante la audiencia ante la Corte Interamericana.

San José, Costa Rica, 7 de julio del 2011. Ecuador no respetó las garantías a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica.

Las víctimas fueron representadas por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado Mario Melo de la organización ecuatoriana Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En 1996, Ecuador concesionó ilegalmente el territorio ancestral perteneciente al pueblo a favor de CGC sin que se hicieran los estudios sociales y ambientales correspondientes. A finales del 2002 e inicios del 2003, agentes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y trabajadores de la empresa ingresaron sin consentimiento al territorio para hacer trabajos de exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Además, líderes de Sarayaku fueron amenazados y hostigados por sus labores en defensa del territorio ante la entrada ilegal de la compañía.

En este segundo día de audiencia ante la Corte, el abogado Mario Melo describió como, al retirarse de Sarayaku, la petrolera argentina dejó alrededor de 1400 kilos de explosivos abandonados en 16.000 hectáreas del territorio, espacio de vida que permanece ahora vedado para las actividades tradicionales de pesca, caza y recolección de frutos. Así denunció el incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana hace 6 años.

Además de exponer que las acciones del Estado pusieron en grave riesgo la vida de los miembros del pueblo de Sarayaku y sus condiciones de acceso a una vida digna, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, explicó que: “El caso es transcendental ya que es emblemático de la persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas no solo en Ecuador, sino en todo el continente.”

Por su parte, el perito James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, insistió en la obligación internacional de los Estados a establecer procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto de desarrollo que pudiera afectar los derechos de los pueblos indígenas.

El testimonio del antropólogo Rodrigo Villagra se refirió a la complejidad de la cosmogonía de los pobladores de Sarayacu, la cual está íntimamente vinculada con el territorio que habitan. Su argumento fue ilustrado por palabras del líder espiritual de la comunidad Sabino Gualinga, quien destacó como la vida espiritual de su pueblo estuvo gravemente perjudicada por las actividades de la compañía petrolera.

A modo de conclusión, José Gualinga, Presidente del pueblo insistió en que: “Estamos decididos a no dejar destruir nuestra selva. Somos un pueblo de solo 1.200 personas pero yo sé que en cada uno de los corazones hay un pueblo que lucha.”

Se espera que la Corte emita su sentencia antes de que finalice el año.

La tortura sigue siendo un crimen impune en el continente americano

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

Dom, 26/06/2011

Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

La inacción de las autoridades a cargo de la investigación de este flagelo ha sido una constante en procesos acompañados por CEJIL, muchos de los cuales incluso tienen resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente ordenan tanto la investigación como el posterior juzgamiento y sanción de los hechos.

No obstante, la tortura ha permanecido impune en una parte significativa de los casos pertenecientes a épocas de dictadura y de conflictos armados internos. Esta impunidad también se ha mantenido en casos más recientes que revelan cómo esta práctica sigue siendo perpetrada por militares, agentes policiales y autoridades penitenciarias, entre otros. CEJIL ha observado con preocupación las consecuencias agravadas que tiene la tortura contra sectores en situación o condición de mayor vulnerabilidad, como niños y niñas, mujeres campesinos y personas indígenas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, denunció que "CEJIL reconoce que la tortura todavía es una práctica habitual y tristemente generalizada en el quehacer de distintos agentes del Estado en el continente. Se comete como castigo, por causas discriminatorias, como forma de investigación, o con otros fines, y es una vejación especialmente grave porque habitualmente se practica mientras la víctima está en custodia, en una circunstancia de vulnerabilidad total".

Asimismo, Krsticevic señaló que los Estados tienen la obligación de tipificar adecuadamente la tortura, investigarla diligentemente por autoridades del fuero ordinario y, si es el caso, eliminar todos los obstáculos que garanticen la impunidad de este delito. "En la actualidad, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú desafortunadamente son algunos de los países que están en deuda con el avance de investigaciones de torturas", agregó.

De acuerdo con los instrumentos y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la tortura es imprescriptible y su prohibición es “absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, ‘lucha contra el terrorismo’ y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra hoy, 26 de junio, a partir de la resolución 52/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, CEJIL insta a los Estados a cumplir con el objetivo para el cual fue nombrado este día: poner fin a la tortura y ayudar a las víctimas de la misma. De igual manera, , CEJIL insta a los Estados del hemisferio para que dimensionen la gravedad de esta violación a los derechos humanos y honren los compromisos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, los Estados deben, en primer lugar, comprometerse a hacer una investigación adecuada de este tipo de casos como un paso primordial para la eliminación de esta práctica.

Congresos estatales deben apurar ratificación de trascendente reforma constitucional en México

Carta Magna reconoce el valor fundamental de los tratados internacionales en derechos humanos

San José, 17 de marzo del 2011. CEJIL se complace por la reciente reforma constitucional en México e insta a las legislaturas estatales a que sancionen lo antes posible la nueva versión de la Carta Magna con enfoque a los derechos humanos.

Jue, 17/03/2011

San José, jueves 17 de marzo del 2011. La semana pasada, el Senado mexicano adoptó una de las más importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos de las últimas décadas.

La reforma de once artículos eleva al rango de la Carta Magna los compromisos que el Estado mexicano ha asumido mediante tratados internacionales y garantiza el principio pro personae (la aplicación de la norma más favorable para la persona). Además, el documento renovado establece “las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Esta disposición es sustantiva para el avance en el cumplimiento adecuado y efectivo de las resoluciones emitidas por órganos internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, entre otros avances, la nueva versión constitucional define cómo y en cuáles circunstancias se puede declarar el Estado de excepción; y se estipula los derechos para la solicitud de asilo, por motivos políticos; y para la solicitud de refugio, por razones humanitarias.

La prohibición de discriminar por motivos de orientación sexual ha quedado explícitamente normado en la Carta Magna. Asimismo se estipula que la organización del sistema penitenciario debe estar regida por los derechos humanos.

Este importante avance representa un punto de partida para las distintas modificaciones legislativas que deben darse en México, tanto en la Constitución como en otras normas que no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos como, por ejemplos, algunas disposiciones del Código de Justicia Militar y de la Ley de Amparo.

Ahora, al menos 17 de los 32 congresos estatales deben sancionar la reforma para que entre en vigor. CEJIL se suma al reconocimiento por este avance y, como organización regional de derechos humanos que acompaña a distintas organizaciones, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de ellas, insta a las legislaturas locales y al Ejecutivo federal a garantizar la vigencia de esta reforma a la brevedad. Así, las personas que se encuentran en territorio mexicano gozarán de mayores derechos.

 

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