Acceso a la justicia

Denuncia internacional contra Estado de Guatemala por denegación de justicia en caso de genocidio

Washington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

Mié, 06/11/2013

Conferencia de Prensa: Petición de Genocidio contra el Estado de GuatemalaWashington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

En la denuncia, las organizaciones afirmaron que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por miles de víctimas.

Tal conducta compromete la responsabilidad del Estado ya que según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Algunos de los hechos que fueron denunciados ante la CIDH, en relación con el caso de genocidio cometido en contra del grupo étnico maya Ixil, consisten en más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Además, en relación con el proceso que se siguió en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se denunciaron las deficiencias e irregularidades de las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, como por ejemplo: la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa;  tolerancia de las autoridades judiciales frente al abuso de acciones de amparo  y de inconstitucionalidad y dilaciones indebidas en su resolución; la falta de fundamentación y arbitrariedad de las resoluciones de amparo provisional;  la duración excesiva del proceso penal; los ataques a la independencia judicial y la falta de protección a los participantes en el proceso.

En particular, se destacaron ante la CIDH las irregularidades que caracterizaron la resolución de fecha 20 de mayo de 2013 dictada por tres miembros de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual se anuló el proceso seguido contra los citados militares.

Ante todo lo anterior, los peticionarios nos hemos visto obligados a acudir  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la esperanza de que el sistema regional de protección de los derechos humanos agilice el trámite de la petición y asegure la protección internacional de las víctimas en el menor plazo posible. Por lo que pedimos a la Comisión la admisibilidad de la presente denuncia.

Acudir a la justicia internacional es un derecho consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que acudimos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con el fin de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Mientras haya impunidad no habrá respeto a los derechos humanos en Guatemala ni democracia plena.

¡Por el derecho a un país justo!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL

Bufete Jurídico por los Derechos Humanos - BDH

El pueblo indígena de Sarayaku denuncia a Ecuador por la violación de su derecho a la vida, a la libre circulación y a la consulta previa

En su último y segundo día ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ambas partes presentaron sus argumentos finales

José Gualinga, presidente del pueblo Kichwa Sarayacu, Mario Melo y Viviana Krsticevic, representantes del pueblo de Sarayacu durante la audiencia ante la Corte Interamericana.

San José, Costa Rica, 7 de julio del 2011. Ecuador no respetó las garantías a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica.

Jue, 07/07/2011

José Gualinga, presidente del pueblo Kichwa Sarayacu, Mario Melo y Viviana Krsticevic, representantes del pueblo de Sarayacu durante la audiencia ante la Corte Interamericana.

San José, Costa Rica, 7 de julio del 2011. Ecuador no respetó las garantías a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado del pueblo Kichwa de Sarayaku cuando, en 1996, dio en concesión gran parte del territorio del pueblo a la empresa petrolera argentina CGC. Esta denuncia fue presentada en una audiencia pública celebrada ayer, miércoles, y hoy, jueves ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su sede en Costa Rica.

Las víctimas fueron representadas por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el abogado Mario Melo de la organización ecuatoriana Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En 1996, Ecuador concesionó ilegalmente el territorio ancestral perteneciente al pueblo a favor de CGC sin que se hicieran los estudios sociales y ambientales correspondientes. A finales del 2002 e inicios del 2003, agentes de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y trabajadores de la empresa ingresaron sin consentimiento al territorio para hacer trabajos de exploración sísmica. La empresa abrió trochas, introdujo explosivos y deforestó áreas de bosque, incluyendo árboles y plantas de valor sagrado y cultural para la comunidad. Además, líderes de Sarayaku fueron amenazados y hostigados por sus labores en defensa del territorio ante la entrada ilegal de la compañía.

En este segundo día de audiencia ante la Corte, el abogado Mario Melo describió como, al retirarse de Sarayaku, la petrolera argentina dejó alrededor de 1400 kilos de explosivos abandonados en 16.000 hectáreas del territorio, espacio de vida que permanece ahora vedado para las actividades tradicionales de pesca, caza y recolección de frutos. Así denunció el incumplimiento por parte del Estado ecuatoriano de las medidas de protección ordenadas por la Corte Interamericana hace 6 años.

Además de exponer que las acciones del Estado pusieron en grave riesgo la vida de los miembros del pueblo de Sarayaku y sus condiciones de acceso a una vida digna, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, explicó que: “El caso es transcendental ya que es emblemático de la persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas no solo en Ecuador, sino en todo el continente.”

Por su parte, el perito James Anaya, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, insistió en la obligación internacional de los Estados a establecer procesos de consulta previa, libre e informada ante cualquier proyecto de desarrollo que pudiera afectar los derechos de los pueblos indígenas.

El testimonio del antropólogo Rodrigo Villagra se refirió a la complejidad de la cosmogonía de los pobladores de Sarayacu, la cual está íntimamente vinculada con el territorio que habitan. Su argumento fue ilustrado por palabras del líder espiritual de la comunidad Sabino Gualinga, quien destacó como la vida espiritual de su pueblo estuvo gravemente perjudicada por las actividades de la compañía petrolera.

A modo de conclusión, José Gualinga, Presidente del pueblo insistió en que: “Estamos decididos a no dejar destruir nuestra selva. Somos un pueblo de solo 1.200 personas pero yo sé que en cada uno de los corazones hay un pueblo que lucha.”

Se espera que la Corte emita su sentencia antes de que finalice el año.

La tortura sigue siendo un crimen impune en el continente americano

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura

Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

Dom, 26/06/2011

Washington D. C., 26 de junio del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa preocupación sobre el hecho de que varios Estados del continente sean reacios a investigar la tortura, a pesar de que sigue siendo una violación recurrente a los derechos humanos en los países de América.

La inacción de las autoridades a cargo de la investigación de este flagelo ha sido una constante en procesos acompañados por CEJIL, muchos de los cuales incluso tienen resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente ordenan tanto la investigación como el posterior juzgamiento y sanción de los hechos.

No obstante, la tortura ha permanecido impune en una parte significativa de los casos pertenecientes a épocas de dictadura y de conflictos armados internos. Esta impunidad también se ha mantenido en casos más recientes que revelan cómo esta práctica sigue siendo perpetrada por militares, agentes policiales y autoridades penitenciarias, entre otros. CEJIL ha observado con preocupación las consecuencias agravadas que tiene la tortura contra sectores en situación o condición de mayor vulnerabilidad, como niños y niñas, mujeres campesinos y personas indígenas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, denunció que "CEJIL reconoce que la tortura todavía es una práctica habitual y tristemente generalizada en el quehacer de distintos agentes del Estado en el continente. Se comete como castigo, por causas discriminatorias, como forma de investigación, o con otros fines, y es una vejación especialmente grave porque habitualmente se practica mientras la víctima está en custodia, en una circunstancia de vulnerabilidad total".

Asimismo, Krsticevic señaló que los Estados tienen la obligación de tipificar adecuadamente la tortura, investigarla diligentemente por autoridades del fuero ordinario y, si es el caso, eliminar todos los obstáculos que garanticen la impunidad de este delito. "En la actualidad, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú desafortunadamente son algunos de los países que están en deuda con el avance de investigaciones de torturas", agregó.

De acuerdo con los instrumentos y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, la tortura es imprescriptible y su prohibición es “absoluta e inderogable, aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, ‘lucha contra el terrorismo’ y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interior, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.

En el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura que se celebra hoy, 26 de junio, a partir de la resolución 52/149 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, CEJIL insta a los Estados a cumplir con el objetivo para el cual fue nombrado este día: poner fin a la tortura y ayudar a las víctimas de la misma. De igual manera, , CEJIL insta a los Estados del hemisferio para que dimensionen la gravedad de esta violación a los derechos humanos y honren los compromisos de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Asimismo, los Estados deben, en primer lugar, comprometerse a hacer una investigación adecuada de este tipo de casos como un paso primordial para la eliminación de esta práctica.

Congresos estatales deben apurar ratificación de trascendente reforma constitucional en México

Carta Magna reconoce el valor fundamental de los tratados internacionales en derechos humanos

San José, 17 de marzo del 2011. CEJIL se complace por la reciente reforma constitucional en México e insta a las legislaturas estatales a que sancionen lo antes posible la nueva versión de la Carta Magna con enfoque a los derechos humanos.

Jue, 17/03/2011

San José, jueves 17 de marzo del 2011. La semana pasada, el Senado mexicano adoptó una de las más importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos de las últimas décadas.

La reforma de once artículos eleva al rango de la Carta Magna los compromisos que el Estado mexicano ha asumido mediante tratados internacionales y garantiza el principio pro personae (la aplicación de la norma más favorable para la persona). Además, el documento renovado establece “las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Esta disposición es sustantiva para el avance en el cumplimiento adecuado y efectivo de las resoluciones emitidas por órganos internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, entre otros avances, la nueva versión constitucional define cómo y en cuáles circunstancias se puede declarar el Estado de excepción; y se estipula los derechos para la solicitud de asilo, por motivos políticos; y para la solicitud de refugio, por razones humanitarias.

La prohibición de discriminar por motivos de orientación sexual ha quedado explícitamente normado en la Carta Magna. Asimismo se estipula que la organización del sistema penitenciario debe estar regida por los derechos humanos.

Este importante avance representa un punto de partida para las distintas modificaciones legislativas que deben darse en México, tanto en la Constitución como en otras normas que no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos como, por ejemplos, algunas disposiciones del Código de Justicia Militar y de la Ley de Amparo.

Ahora, al menos 17 de los 32 congresos estatales deben sancionar la reforma para que entre en vigor. CEJIL se suma al reconocimiento por este avance y, como organización regional de derechos humanos que acompaña a distintas organizaciones, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de ellas, insta a las legislaturas locales y al Ejecutivo federal a garantizar la vigencia de esta reforma a la brevedad. Así, las personas que se encuentran en territorio mexicano gozarán de mayores derechos.

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

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La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avala la impunidad de graves violaciones de derechos humanos

Ante el reiterado incumplimiento de este órgano, CEJIL ha solicitado la intervención de la Corte IDH

San José, 14 de febrero del 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Lun, 14/02/2011

 

San José, 14 de febrero de 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La decisión de la CC se basa en un amparo cuyo contenido no fue conocido por la Sra. Jennifer Harbury –viuda de Efraín Bámaca- y sus representantes legales, desafiando la resolución de la Corte IDH sobre la importancia de dar participación a las víctimas en los procesos internos. Precisamente el 18 de enero pasado, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió una sentencia en la que se acata la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH dictada el 18 de noviembre de 2010. Dicha decisión resolvió anular el sobreseimiento dictado en 1999 a favor de varios de los presuntos responsables de los hechos del caso y ordenó el inicio de un nuevo proceso en el que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a los responsables. El fallo de la Cámara Penal es congruente con la jurisprudencia constante de la Corte IDH y constituía un importante paso para reconducir el proceso interno, lo cual ha sido revertido con la decisión de la CC que suspende nuevamente el proceso.

Hasta el momento, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de derechos humanos en catorce casos, convirtiéndose éste en el segundo con más condenas en el continente, después de Perú. La Corte IDH, al igual que otros órganos internacionales, ha destacado el grave problema de impunidad imperante en el país y entre otros aspectos, ha ordenado distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas, así como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modificaciones necesarias para adecuar el derecho interno a las normas de la Convención Americana. Dado el incumplimiento de tales resoluciones, CEJIL ha solicitado a la Corte Interamericana la concesión excepcional de una audiencia conjunta de supervisión de sentencias para debatir exclusivamente el avance en la justicia de los casos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL señaló que “el mensaje que ha dado la Corte de Constitucionalidad a los miembros del Poder Judicial guatemalteco es sumamente preocupante. La CC no puede ni debe avalar la impunidad. Sus integrantes deben rendir cuentas a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional sobre la forma en la que administran justicia en un país que necesita desesperadamente que sus instituciones cumplan con el mandato que les ha sido conferido. En este sentido consideramos fundamental que la CC revierta su posición, permitiendo una investigación diligente en casos de graves violaciones de derechos humanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.

CEJIL hace un llamado a los integrantes del poder judicial de Guatemala para que no solo velen por el adecuado cumplimiento del ordenamiento guatemalteco, sino también por que las obligaciones internacionales en materia de la debida diligencia en la investigación de graves violaciones derechos humanos sean implementadas de manera efectiva, garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia.

En este sentido, CEJIL exhorta a los integrantes del poder judicial guatemalteco a que, en el marco del debido proceso, y en concordancia con lo determinado por la Corte IDH, adopte las medidas conducentes para remover cualquier práctica, norma o institución procesal que pueda afectar la investigación o sanción de graves violaciones a derechos humanos, resguardando de ese modo los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa

Darío Chinchilla

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Sentencias y resoluciones dictadas por la Corte IDH en el caso Bámaca Velásquez

Sentencia de fondo:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Sentencia de reparación

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de enero de 2009

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_10.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 18 de noviembre de 2010:

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/bamaca_18_11_10.pdf

Se exige cierre inmediato de Guantánamo con justicia

CEJIL apoya comunicado conjunto

 

Foto: Amnistía Internacional

Washington D.C, 11 de enero de 2011.- A principios de su mandato, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva en que dispuso el cierre, dentro de un año, del campo de detención ubicado en la bahía de Guantánamo. Sin embargo, la prisión permanece abierta, y el día 11 de enero de 2011 iniciará el décimo año de su funcionamiento. Además de incumplir la orden ejecutiva, la administración de Obama ha prolongado ciertos aspectos que figuran entre los peores del sistema de detención adoptado en Guantánamo.

Mar, 11/01/2011


Foto: Amnistía Internacional
Washington D.C 11 de enero de 2011.- A principios de su mandato, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva en que dispuso el cierre, dentro de un año, del campo de detención ubicado en la bahía de Guantánamo. Sin embargo, la prisión permanece abierta, y el día 11 de enero de 2011 iniciará el décimo año de su funcionamiento. Además de incumplir la orden ejecutiva, la administración de Obama ha prolongado ciertos aspectos que figuran entre los peores del sistema de detención adoptado en Guantánamo: detenciones por tiempo indefinido, sin cargos ni proceso; el empleo de comisiones militares para enjuiciar a algunos presos; y gestiones destinadas a obstaculizar la rendición de cuentas por actos de tortura, tanto al negarse a realizar investigaciones independientes y serias, como al procurar que los tribunales no conozcan de las demandas entabladas por ex detenidos.
 
 
Como entidades de derechos humanos y personas de conciencia, exigimos la clausura de Guantánamo, la transparencia en todos los centros de detención administrados por Estados Unidos, y la rendición de cuentas por los abusos cometidos en dichos centros. Denunciamos los sitios de detención clandestinos, incluidos los llamados centros de “filtración” o “tamizado”, entre los que figura la secreta “prisión negra” de Bagram, donde se ha prohibido la entrada incluso al Comité Internacional de la Cruz Roja, y donde se ha constatado el  empleo de interrogatorios abusivos. Asimismo, manifestamos nuestra oposición a las condiciones excesivamente punitivas de reclusión en los penales y centros de detención ubicados en territorio estadounidense, y observamos que la incomunicación prolongada de presos constituye un mecanismo de tortura, prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Rechazamos la continuación, por parte de la administración de Obama, de las políticas ilegales y abusivas de detención e interrogatorios empleadas por el gobierno de Bush.
 
La prisión de Guantánamo se ha convertido en una vergüenza pública para los Estados Unidos, debido a la detención de casi 800 hombres y niños,  que fueron calificados indiscriminadamente como “lo peor de lo peor” y encerrados en una prisión insular concebida para permanecer al margen de la ley, donde los detenidos no tienen derecho alguno a cuestionar la legalidad de su detención ni los abusos a los que se han visto sometidos. Para comenzar, la inmensa mayoría de los presos en Guantánamo jamás debieron ser detenidos. Muchos de ellos corrieron la simple desdicha de encontrarse en el sitio menos oportuno mientras huían del caos de la guerra desatado por la incursión norteamericana en Afganistán. De ellos, sólo uno de cada veinte fue capturado por efectivos estadounidenses. En su mayoría fueron apresados por civiles o autoridades locales, afganos o paquistaníes, para después ser vendidos a las fuerzas norteamericanas a cambio de una recompensa nada despreciable. Según el coronel Lawrence Wilkerson, alto funcionario del Departamento de Estado que desempeñó su cargo durante el mandato de Bush entre 2002 y 2005, la administración de éste sabía desde temprano que la mayoría de los detenidos en Guantánamo eran inocentes pero no los liberó por motivos políticos, no fuera que con ello se restara apoyo al avance, tan buscado por el gobierno, hacia la guerra en Irak en aras de la denominada “guerra global contra el terrorismo”.
 
Queda patente, a estas alturas, que la administración de Obama no prevé el cierre inminente de Guantánamo, objetivo que, ante la oposición del Congreso, pinta aún más distante. La prisión de Guantánamo sigue funcionando  en contravención de las normas tanto éticas como jurídicas, y en perjuicio de nuestra seguridad colectiva. El presidente Obama debe actuar con decisión o, de lo contrario, arriesgarse a que Guantánamo y el régimen de detención de Bush pasen a convertirse en elementos permanentes de la realidad estadounidense. Convocamos al presidente Obama, y a las instancias correspondientes de su administración, para lo siguiente:
 
• Reasumir el compromiso de clausurar Guantánamo con prontitud, y aclarar que muchos de los allí detenidos lo están y estuvieron por error. Queda ya bien constatado, incluso por boca de ex funcionarios del gobierno de Bush, que la mayoría de los presos en Guantánamo nunca debieron ser detenidos. Si el presidente Obama, echando mano de sus facultades de dirigente, reconociera tal hecho, se crearía el ambiente político propicio para la clausura de la prisión.
 
Procesar o liberar a los detenidos en Guantánamo. En 2004 y 2008, la Corte Suprema estadounidense resolvió que los presos guantanameros podrán impugnar su detención presentando el recurso de hábeas corpus ante los tribunales federales de Estados Unidos. Desde entonces, la gran mayoría de los fallos emitidos al respecto por la magistratura federal dan por insuficientes las pruebas con las que el gobierno pretendía justificar que los querellantes siguieran detenidos. Existen otros detenidos en Guantánamo cuya excarcelación ha sido aprobada por el Guantánamo Review Task Force, entidad del propio gobierno estadounidense integrada por representantes de cada una de las entidades gubernamentales interesadas, entre ellas los departamentos de Justicia y de Defensa, así como la CIA. Se debe repatriar o reubicar de inmediato a todos los presos cuya liberación sea aprobada por los tribunales o por el gobierno, y en los demás casos se deben entablar los cargos jurídicos procedentes para dar paso a un proceso abierto y justo.
 
Abandonar cualquier plan que contemple la detención indefinida. El gobierno de Obama ha expresado que seguirán detenidos por tiempo indefinido unos 50 de los presos en Guantánamo, sin imputarse cargo ni proceso alguno en su contra, y que tiene previsto formalizar su detención indefinida por medio de una orden ejecutiva. Según la justificación oficial, estos hombres son “demasiado peligrosos” para ser liberados, pero su procesamiento “no es factible”, supuestamente porque las pruebas en su contra no cumplirían las normas mínimas exigidas por la justicia, o porque los juicios pudieran comprometer las labores de inteligencia, o bien porque los detenidos podrían impugnar las pruebas obtenidas con métodos coactivos. Sin embargo, los tribunales federales son plenamente capaces de manejar pruebas sensibles, y si el gobierno no tiene, en contra de algún preso, más que unas pruebas viciadas, entonces éstas no son ni lícitas ni fidedignas, ni tampoco se justifica que siga detenido. El plan de la administración, consistente en la detención indefinida, constituye un mecanismo de reclusión preventiva basado no en actos ya cometidos y comprobables, sino en la supuesta probabilidad de un eventual delito. Dicho plan es llanamente incompatible con el estado de derecho, y así debe ser rechazado.
 
Levantar la prohibición general de las repatriaciones a Yemen. La administración de Obama debe poner fin a la suspensión indefinida de las repatriaciones de yemeníes detenidos en Guantánamo, para permitir que vuelvan a su país aquellos cuyo recurso de hábeas corpus haya sido acogido por la justicia, o cuya liberación haya sido aprobada por el Guantánamo Review Task Force, entidad del propio gobierno estadounidense. Los yemeníes, al igual que los demás detenidos, deben ser evaluados a título individual de acuerdo con lo que hayan hecho, sin ser castigados por su nacionalidad ni por supuestos actos ajenos.
 
Poner fin a las repatriaciones forzadas de aquellos cuya seguridad peligraría en caso de ser trasladados. Algunos de los presos en Guantánamo han expresado fuertes temores de ser devueltos a su país de origen, y no deben ser repatriados cuando existan razones para creer que a su regreso quedarían expuestos a algún peligro. No se debe trasladar a ningún detenido hacia un país donde se ciernan riesgos verosímiles sobre su seguridad.
 
• Acabar con la prohibición de la reubicación dentro de Estados Unidos. Más de 15 países, entre ellos Francia, España, Portugal, Hungría, Bélgica, Suiza, Albania, Letonia y Palaos, han aceptado sin contratiempos la reubicación de detenidos dentro de su territorio. Así, el Gobierno estadounidense también debe ofrecerse a recibir a aquellos cuyo recurso de hábeas corpus haya sido acogido, o cuyo traslado haya sido aprobado, pero que no tengan otro país al que puedan reubicarse en condiciones de seguridad. (En el caso de unos detenidos musulmanes de la etnia uigur, cuya inocencia era evidente, un juez federal ordenó su liberación, pero las administraciones tanto de Bush como de Obama han apelado contra el fallo; por otra parte, el Congreso estadounidense tuvo a bien prohibir la reubicación en Estados Unidos de personas detenidas sin justificación). Si se permitiera la reubicación de estas personas en territorio estadounidense, se alentaría a otros países a permitir lo mismo, lo que contribuiría a lograr la clausura de Guantánamo.
• Investigar a fondo las muertes de quienes fallecieron detenidos, entre ellos los tres que murieron en 2006. Tres detenidos, quienes nunca fueron acusados de delito alguno, murieron en Guantánamo en junio de 2006. A pesar de que en un principio se informaba de suicidios, las recientes declaraciones de cuatro soldados emplazados en la base de Guantánamo ponen muy en entredicho las circunstancias de estas muertes. Hasta la fecha, la administración de Obama no sólo ha omitido realizar una investigación independiente y seria de las muertes, sino que se ha opuesto a que los tribunales investiguen o conozcan de tales asuntos.
• Garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. No obstante su promesa de abrir una nueva época de rendición de cuentas y de respeto al estado de derecho, la administración de Obama ha intervenido en repetidas ocasiones para garantizar que gocen de impunidad los autores intelectuales y materiales de actos de tortura cometidos durante la administración de Bush. La administración de Obama debe cumplir su promesa de investigar a fondo los graves y constatados abusos, entre ellos actos de tortura, cometidos tanto en Guantánamo como en otras partes del mundo. En concreto, la Procuraduría General estadounidense debe nombrar una fiscalía independiente, plenamente facultada para investigar y procesar a los responsables de actos de tortura y otros crímenes de guerra, sin importar la categoría de las autoridades que resulten implicadas por los hechos. Asimismo, el presidente Obama debe denunciar las presiones que, según informaciones recién divulgadas, empleó su propio gobierno a fin de obstaculizar las gestiones de la justicia española destinadas a investigar flagrantes violaciones del derecho internacional, incluida la tortura de ex detenidos en Guantánamo y otras personas sometidas al régimen de tortura estadounidense, y debe brindar su plena cooperación con los procesos jurídicos seguidos en España.
Hacerse responsable del bienestar de los que sean liberados. El gobierno estadounidense no debe mantener a los presos detenidos durante años, en condiciones infrahumanas, sin entablar cargos en su contra, y sometiéndolos a vejaciones que incluyen actos de tortura, para luego repatriarlos y reubicarlos en los confines más remotos del planeta, dejando así que su rehabilitación y reintegración quede en manos de otros gobiernos, otras entidades y otras personas. El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar que los ex detenidos cuenten con suficiente apoyo y recursos una vez que queden liberados.
 
Asimismo, instamos a la comunidad internacional para que ofrezca condiciones de seguridad a los presos de Guantánamo que no pueden salir hasta que otro país se manifieste dispuesto a recibirlos, y para que garantice sus derechos y su bienestar una vez reubicados. En numerosos casos, los reubicados no han recibido permiso para trabajar, ni para viajar, ni para reunificarse con su familia tras años de separación y angustia, y muchos de ellos se encuentran en una situación jurídica incierta.
 
Invitamos a las personas de conciencia de todo el mundo a que colaboren con nosotros a fin de lograr el cierre con justicia de Guantánamo, y para que reasuman el compromiso de incidir hacia este objetivo.
 
Adhesion Institucional: The Center for Constitutional Rights (CCR); Amnesty International U.S.A. (AI-USA); Witness Against Torture (WAT); International Federation for Human Rights (FIDH); National Lawyers Guild; Center for Justice and International Law (CEJIL); Women Journalists Without Chains (WJWC-Yemen); Human Rights Information & Training Center (HRITC-Yemen); Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS-Egypt); La Ligue Algerienne pour la Defense des Droits de l'Homme (LADDH-Algeria); Comite de Accion Juridica (CAJ-Argentina); Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Observatorio Ciudadano (OC-Chile); La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH-Ecuador); Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE-Spain); Scotland Against Criminalising Communities; Human Rights Foundation of Turkey (HRFT-Turkey); Finnish League for Human Rights (FLHR); Galway Alliance Against War (Ireland); The Egyptian Organization for Human Rights; Human Rights Association (IHD-Turkey); Cageprisoners-UK; Physicians for Human Rights; Torture Abolition and Survivors Support Coalition International (TASCC); The Program for Torture Victims; Metro NY Religious Campaign Against Torture; Guantánamo Justice Center-UK; Progressive Democrats of America; Project SALAM; Council on American-Islamic Relations (CAIR); Appeal for Justice: A Human Rights Law Practice; Center for Justice and Accountability; South Asia Solidarity Initiative (SASI), Action for a Progressive Pakistan; Pakistan Solidarity Network; Bill of Rights Defense Committee (BORDC); Defending Dissent Foundation; No More Guantánamos; War Resisters League; Friends of Human Rights; National Coalition to Protect Civil Freedoms (NCPCF); Global Exchange; Alliance for Justice; Human Rights Defense Center; CODEPINK for Peace; WESPAC Foundation; International Justice Network; United for Peace and Justice (UFPJ); Amnesty International Ithaca Group 73; Military Law Task Force of the National Lawyers Guild; Disbar Torture Lawyers; Casa Esperanza; New Security Action; Historians Against the War; NC Immigrant Rights Project; womenstanding; Peace and Justice Task Force at All Souls Unitarian Church; Society of Jesus- New York Province; Iraqi Refugees Assistance Connection; Peace and Justice Center of Sonoma Country (CA); WBAI Local Station Board; San Miguel County Board of Commissioners; Voices for Creative Nonviolence; Theater Three Collaborative; Progressive Peace Coalition of Columbus, Ohio; Peace Action of Montgomery County, MD; Peace Action New York State; Pax Christi Metro New York; Western New York Peace Center; White Rose Catholic Worker; Women in Black, Idyllwild CA; World Can't Wait; Connie Hogarth Center for Social Action; Warisacrime.org; Freedetainees.org; The Make Agency; Justice Through Music; Justice for the Newburgh Four; War Criminals Watch; BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights (Bethlehem, West Bank); Palestinian Centre for Human Rights (PCHR-Gaza); Palestinian Human Rights Organization (PHRO-Lebanon); Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria (CDF-Syria); Kurdish Organization for the Defense of Human Rights and the General Liberties in Syria (DAD-Syria); The Human Rights Organization in Syria (MAF-Syria); The Arab Organization for Human Rights in Syria (AOHRS-Syria); National Organization for Human Rights in Syria (NOHR-Syria); The Kurdish Committee for Human Rights in Syria (KRDCHR-Syria); Civil Liberties Organization (CLO-Nigeria); Damascus Center for Human Rights Studies (DCHRS-Syria); Committees for the Defense of Democracy, Freedom, and Human Rights in Syria (CDY-Syria); Asamblea Permanente de Derechos Humanos-Bolivia (APDHB-Bolivia); Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN-Cuba); La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh-Mexico); La Fundación Diego Lucero A.C.; La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; El Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México); La Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); El Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.; La Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM-Mexico); Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas - México; La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU-Ecuador); El Centro de Capacitación Social de Panama; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH-Perú); Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA-Venezuela); Acción Solidaria en VIH/Sida - Venezuela; Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC-Venezuela); Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela; Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba (Bolivia); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA- El Salvador); Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP-Venezuela); Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU- Ecuador); Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM- Ecuador); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo; Malta Association of Human Rights; International Muslim Women's League-Europe; Flemington & Kensington Community Legal Centre Inc. (FKCLC-Australia), Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU – Italy); Reforest the Earth, UK; Save Shaker Aamer Campaign- Last UK Resident in Guantánamo (SSAC); Brighton Against Guantánamo (UK); Worthing Against War (UK); Citizens United for Rehabilitation of Errants (CURE); Lewes Amnesty International Group (UK); Hellenic League for Human Rights Apoyo Individual: Ann Wright (Ret. U.S. Army Colonel and State Department Official); Ray McGovern (Former US Army Intelligence Officer; CIA analyst); Ray Abourezk (Former U.S. Senator, South Dakota); Karen Greenberg; Chris Hedges (Journalist and Author, Pulitzer Prize Winner); Tom Hayden (Peace and Justice Resource Center); Yusuf Alatas (Vice President, FIDH); Manuel Olle Sese (Professor of Criminal Law, Rey Juan Carlos University, Madrid. Member of the Human Rights Association of Spain); Luis Acebal-Monfort (Board Member, Human Rights Association of Spain); Omar Deghayes (Legal Director of Guantánamo Justice Center; formerly detained at Guantánamo); Julie Weiner (M.S., Licensed Mental Health Counselor); Moazzam Begg (Director of Cageprisoners; formerly detained at Guantánamo); Andy Worthington (Journalist, Author, Filmmaker); Raji Sourani (Director, Palestinian Centre for Human Rights); Ariel Dorfman (Chilean author, Duke University); Leili Kashani (Guantánamo Global Justice Initiative, Center for Constitutional Rights); Frida Berrigan (Witness Against Torture); (Pardiss Kebriaei, Habeas Counsel, Center for Constitutional Rights); Abdeen Jabara (Center for Constitutional Rights, Fmr. President of the American-Arab Anti-Discrimination Committee); David J. Cynamon (Attorney, Signing on behalf of Kuwaiti Detainees Fawzi al Odah and Fayiz al Kandari); Candace Gorman (Habeas Counsel); Matthew J. O'Hara (Attorney); E. Victor Mereski (Ret. US Navy, E9); Kristiina Kouros (Secretary General, Human Rights League); Ellen Schrecker (Yeshiva University, Dept. of History); Todd Gitlin (Columbia University, Professor of Journalism and Sociology); Noam Chomsky (Author, Former Institute Professor, MIT); Danial Saoud (President, Committees for the Defense of Freedoms and Human Rights in Syria); Mustafa Osso (President, Kurdish Organization for the Defense of Human Rights and the General Liberties in Syria); Mahmoud Merai (President, The Arab Organization for Human Rights in Syria); Ammar Qurabi (President, National Organization for Human Rights in Syria); Radeef Mustafa (The Kurdish Committee for Human Rights in Syria); Judith Butler (Author, Professor of Rhetoric and Comparative Literature, University of California at Berkeley); John D'Emilio (The University of Illinois at Chicago, Gender & Women's Studies and History); Almerindo E. Ojeda (The Guantánamo Testimonials Project); Ozturk Turkdogan (General President, Human Rights Association-Turkey); Yavuz Onen (Former President of Human Rights Foundation of Turkey, Human Rights Activist); Fr. Bob Bossie (SCJ, 8th Day Center For Justice); Michael P. Seng (Professor, The John Marshall Law School); Medea Benjamin (CODEPINK Women for Peace); Leonard Goodman (Attorney); Michael Berube (Pennsylvania State University, Director – Institute for the Arts and Humanities); Alice Kessler-Harris (Columbia University, Dept. of History); Gregory Fried (Suffolk University, Department of Philosophy); Paul A. Passavant (Hobart and William Smith Colleges); Nancy Fraser (The New School, Dept. of Political Science); Anna Marie Smith (Cornell University, Dept. of Government); Richard Flacks (University of California at Santa Barbara, Dept. of Sociology); Eli Zaretsky (The New School, Dept. of History); Maurice Isserman (Hamilton College, Professor of History); Jodi Dean (Hobart and William Smith College, Dept. of Political Science); William Blum (Author); Andrew Arato (The New School, Dept. of Politics); Richard Bernstein (The New School, Dept. of Philosophy); Lawrence Wittner (The State University of New York at Albany, Dept. of History); David Newbury (Smith College, Dept. of History); Van Gosse (Franklin and Marshall College, Dept. of History); Jinee Lakoneeta (Drew University, Dept. of Political Science); Nicola Foote (Florida Gulf Coast University, Latin American and Caribbean History); Timothy Patrick McCarthy (Harvard University, Carr Center for Human Rights Policy); Jay Bernstein (The New School, Dept. of Philosophy); Paul Apostolidis (Whitman College, Dept. of Political Science); Timothy Kaufman-Osborn (Provost and Dean of the Faculty, Whitman College); Stephen Duncombe (The Gallatin School, New York University, Media Studies); Neil Gordon (Author, The New School, Dept. of English); Jeremy Varon (The New School, Dept. of History); Michael S. Foley (Sheffield University, UK, Dept. of History); Alyson Cole (Queens College and the CUNY Graduate Center, Political Science Department and Women’s Studies Program); Roxanne Dunbar Ortiz (California State University, Professor Emerita); Oz Frankel (The New School, Department of History); Ian Lekus (Harvard University); Cyrus Bina (University of Minnesota, Distinguished Research Professor of Economics); Ben Sheperd (City University of New York, Department of Sociology); William Ayers (University of Illinois at Chicago, Distinguished Professor of Education); Dan Berger (Postdoctoral Fellow, University of Pennsylvania); Amy Kaplan ( University of Pennsylvania, Department of English); Victoria Langland (University of California at Davis, Department of History); Lauren Goodlad (Director, Unit for Criticism, The University of Illinois at Champagne-Urbana); John Morefield (Educational Consultant); Romand Coles (Northern Arizona University, Program for Community, Culture and Environment); Robert Shaffer (Shippensburg University of Pennsylvania, Department of History); Mark Hatlie (University of Maryland University College, Department of History); Robby Cohen (New York University, Department of Teaching and Learning); David Lelyveld (William Patterson University, Department of History); Michael J. Sullivan III (Drexel University, Professor of History and Politics); Michael Hanagan (Vassar University, Department of History); A. Tom Grunfeld (Empire State College, Distinguished Teaching Professor); John M. Shaw (Portland Community College, History Instructor); Nicolas J S Davies (Author); Scott Laderman (University of Minnesota, Duluth, Department of History); Avery Gordon (University of California at Santa Barbara); Dick Bennet (University of Arkansas, Fayetteville, Professor Emeritus of English); Keith Carson (Atlantic Cape Community College, Department of History); E. Wayne Ross (University of British Columbia, Department of Curriculum and Pedagogy); Michael C. Batinski (Department of History, Emeritus); Marc Becker (Truman State University, Professor of History); Marian Mollin (Associate Professor of History, Virginia Tech); Takao Takahara (Meiji Gakuin University, Japan, International Politics and Peace Research); Bruce Cohen (Worcester State University, Department of History); Judith Abbott (Sonoma State University, Department of History); Stan Nadel (University of Portland); Harriet Alonso (City College of New York, Department of History); Ralph Summy (University of Sydney, Centre for Peace & Conflict Studies); Kevin P. Clements (University of Otago, New Zealand, National Centre for Peace & Conflict Studies); Brad Simpson (Princeton University, History and International Affairs); Astra Taylor (Independent Filmmaker); Sam Green (Independent Filmmaker); Joan Wile (Founder and Director, Grandmothers Against the War); Jeff Mangum (Musician, Neutral Milk Hotel); Andrew Boyd (The Other 98% and Agit-Pop Communications); Mitchel Cohen (Brooklyn Greens/Green Party); Robert Avila (arts journalist); Hilton Obenzinger (Author); Doug Rossinow (Metropolitan State University); Paul C. Mishler (Associate Professor of Labor Studies, IU Program in Labor Studies- IUSB); Richard Fedder (Civil Rights Attorney); Connie Hammond (Progressive Peace Coaliton of Ohio); Toby Lieberman (Affordable Housing Loan Program Director, Opportunity Fund, San Jose, CA); Elsie Monge (CEDHU-Ecuador); Cesar Duque (CEDHU-Ecuador); Carolina Pazmiño (CEDHU- Ecuador); Milton Vargas (CEDHU-Ecuador); Consuelo Cano (CEDHU-Ecuador); Alicia Granda (CEDHU-Ecuador); Luisana Aguilar (CEDHU-Ecuador); Susana Díaz (CEDHU-Ecuador); Mario Chuquimarca (CEDHU-Ecuador); Carl Schieren; Afaf Mahfouz; Roger Leisner (Radio Free Maine)

Audiencia sobre el primer caso de un detenido en Guantánamo ante una instancia internacional

Audiencias ante la CIDH


 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lun, 01/11/2010

 

Estados Unidos hace un llamado para que terceros países colaboren con el reasentamiento de un detenido argelino



De izquierda a derecha, Ariela Peralta, subdirectora ejecutiva de CEJIL, Wells Dixon, abogado senior de CCR, Annette Martínez, abogada de CEJIL y Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL durante la audiencia del caso en la CIDH.

 

 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

 

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Djamel Ameziane teme ser repatriado de manera forzada a Argelia. Al ser descendiente de la minoría étnica bereber de la provincia norte de Kabylia, sus abogados temen que su representado pudiera ser blanco de facciones rivales que quisieran reclutarlo en esta región tan inestable.  Su larga detención en Guantánamo, aunada al reconocimiento público del temor de ser repatriado a su país de origen, incrementa su vulnerabilidad.

 

A pesar de ser un candidato ideal para el reasentamiento, no ha obtenido pronunciamiento alguno de un tribunal o instancia de derechos humanos estadounidense o extranjera. Asimismo, sus abogados expresaron que la acción de Habeas Corpus interpuesta hace cinco años no ha resuelto sobre la legalidad de su detención. De conformidad con el derecho internacional, una acción de Habeas Corpus debe ser procesada de manera expedita. El retraso excesivo presentado en este caso no es aceptable ni acorde con los estándares internacionales en la materia.

 

CCR y CEJIL solicitaron la audiencia ante la Comisión con el objetivo de analizar la admisibilidad del caso. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expuso la urgencia de la situación y pidió que este organismo unificara el análisis de la admisibilidad y el fondo del caso para impulsar el proceso. “Alentamos a la CIDH a facilitar un diálogo entre el gobierno estadounidense y otros Estados miembros de la OEA para conseguir una opci ón de reasentamiento seguro para el señor Ameziane”, añadió.

 

En su defensa, Estados Unidos argumentó que la administración de Obama ha hecho avances significativos desde que el presidente firmó una orden ejecutiva con el fin de cerrar Guantánamo en enero de 2009. Wells Dixon, abogado del CCR reconoció los pasos hasta ahora realizados para el cierre de dicho centro de detención. Sin embargo manifestó su preocupación de que “el señor Ameziane no cuenta con lugar alguno donde pueda ventilar su miedo de persecución en caso de regresar a Argelia”.  Abdul Aziz Naji, ciudadano argelino, fue repatriado de manera forzada desde Guantánamo a su país de origen en julio de 2010.

 

Estados Unidos hizo énfasis en las mejoras de las condiciones de detención en Guantánamo, pero omitió hacer referencia al caso específico de Ameziane. Ante esto, el Comisionado Pinheiro trató de volver a enfocar el debate en torno al detenido. En respuesta el abogado Dixon añadió: “Unas mejores condiciones de detención no son un sustituto adecuado para la libertad ni el debido proceso”.

 

CCR y CEJIL hicieron un llamado a terceros Estados que quisieran reasentar a Djamel Ameziane en su país, petición a la cual Estados Unidos hizo eco.  Como signatario de la Declaración Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre y Estado Miembro de la OEA, las resoluciones de la CIDH son vinculantes para Estados Unidos. Por ello, el Estado debe dar respuesta a los argumentos presentados por los peticionarios. Mientas tanto, unos 174 detenidos siguen todavía en Guantánamo.

 

El Center for Constitutional Rights se dedica a la promoción y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue fundada en 1996 por abogados que representaban el movimiento de los derechos civiles en el sur. CCR es un organismo sin ánimo de lucro educativo que busca hacer un uso creativo del derecho como fuerza positiva para el cambio. www.ccrjustice.org.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

NOTA

  • ¿Qué es la CIDH? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los principales órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Estados Unidos es Estado miembro. Tiene el mandato de promover el respeto de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en ese ámbito.

¿Qué es el Habeas Corpus? El Habeas Corpus es un recurso o una acción legal, a través de la cual un preso puede ser liberado de una detención ilegal. El recurso puede ser solicitado por el preso o por una persona que lo apoya.

 

 

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL habla con la prensa después de la audiencia en la Comisión interamericana de derechos humanos el 29 de octubre de 2010 acerca del caso de Djamel Ameziane.


Reflexiones en torno a la entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad en Honduras

Instancia nace con graves debilidades

Centro por la Justicia y el Derecho InternacionalCEJIL analiza el decreto que crea la Comisión de la Verdad en Honduras y expone los principales aspectos de esa iniciativa, que contradicen los estándares internacionales en materia de justicia transicional y comisiones de la verdad.

Lea aquí el documento completo

Lun, 17/05/2010

La entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad con las debilidades señaladas en este documento no debe ser motivo de celebración. Tampoco puede considerarse que este anuncio allane el camino para que el Estado de Honduras se reintegre sin condiciones a la comunidad internacional.

Las limitaciones legales y económicas con que inicia su trabajo esta Comisión comprometen el serio funcionamiento y los resultados que se podrían obtener. Ello, lejos de aportar a un proceso serio de reconciliación, podría generar mayores indignaciones y agravios. El Estado de Honduras --que va más allá del Ejecutivo-- continúa sin dar muestras serias de voluntad política de esclarecer los hechos ocurridos el 28 de junio y sentar las responsabilidades a quienes corresponda. Lejos de ello, los pasos hasta ahora dados son contradictorios, débiles y cuestionan su independencia respecto de quienes lideraron el régimen de facto.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales nacionales e internacionales para que exhorten al Estado de Honduras a rectificar el rumbo de la Comisión de la Verdad de conformidad con los estándares internaciones establecidos para estos efectos.

A los organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas, así como las agencias de cooperación y la comunidad de Estados se les solicita revalorar el apoyo político y económico a esta iniciativa hasta tanto no se realice un proceso participativo, inclusivo y consensuado que cumpla con estándares mínimos que demuestren una voluntad real de garantizar el derecho a la verdad del pueblo hondureño.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se le insta para que se pronuncie respecto de las deficiencias de la Comisión de la Verdad y específicamente señale su preocupación por la exclusión de las violaciones de derechos humanos como parte del mandato esencial que debería tener todo proceso de justicia transicional.

A los órganos y relatores de Naciones Unidas, a mantener una supervisión continua sobre la situación en que se encuentra Honduras y a monitorear el cumplimiento del informe emitido por la Oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Lea aquí el documento completo

"Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas"

Presentación del informe:

Jesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas" en San José, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, Guatemala este 5 y 6 de febrero respectivamente.

 

El Informe desarrolla la obligación de los Estados parte para asegurar el acceso a la justicia y las garantías que deben ofrecer a las y los operadores de justicia para lograr una actuación independiente. Además amplía los estándares de derecho internacional en la materia e identifica los obstáculos que persisten en el hemisferio.

Mar, 04/02/2014

Presentación del informe sobre independencia judicial GuatemalaJesús Orozco, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará el informe "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en Las Américas" en San José, Costa Rica y Ciudad de Guatemala, Guatemala; este 5 y 6 de febrero respectivamente.

El Informe identifica la obligación de los Estados parte para asegurar el acceso a la justicia y las garantías que deben ofrecer a las y los operadores de justicia para lograr una actuación independiente. Además amplía los estándares de derecho internacional en la materia e identifica los obstáculos que persisten en el hemisferio.

Presentación en Costa Rica:

Miércoles 5 de febrero a las 17:30 en el Salón Multiusos en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. Calle 21 San José, Costa Rica.

Expositores: Hina Jilani, ex relatora de las Naciones Unidas sobre Defensores, Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, Adriana Orocú, Presidenta  de la Asociación Costarricense de la Judicatura, José Thompson, Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Fernando Cruz representante del Poder Judicial y Marvin Carvajal, Director de la Escuela Judicial.

Presentación en Guatemala:

Jueves 6 de febrero a las 16:30 en Salón Atitlán. Hotel Westin Camino Real. 12 Calle 0-20 Guatemala.

Expositores: Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL,  Luis Arturo Archila, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, Iván Velazquez Comisionado de la CICIG y Ramón Cadena, Comisión Internacinal de Juristas.

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