Acceso a la justicia

CIDH le exige explicaciones a El Salvador por el caso de Beatriz

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –entidad de la Organización de Estados Americanos–, dio un plazo de tres meses al Estado salvadoreño para que brinde un informe en torno al caso de Beatriz. La Comisión dio prioridad al trámite de este caso al considerar las graves consecuencias que ocasiona la legislación salvadoreña para los derechos de las mujeres al penalizar todo tipo de aborto.

Mié, 08/04/2015

San José, 8 de abril de 2015.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –entidad de la Organización de Estados Americanos–, dio un plazo de tres meses al Estado salvadoreño para que brinde un informe en torno al caso de Beatriz. La Comisión dio prioridad al trámite de este caso al considerar las graves consecuencias que ocasiona la legislación salvadoreña para los derechos de las mujeres al penalizar todo tipo de aborto.

A raíz de la denuncia internacional que presentaron distintos grupos de la sociedad civil ante la CIDH en el año 2013, esta le solicitó información al Estado. La demanda contra El Salvador se basa en las violaciones a los derechos humanos a las que fue sometida Beatriz al no practicarle el aborto terapéutico que requería para salvar su vida.

Esta joven salvadoreña, quien padece de una enfermedad crónica grave, quedó embarazada a finales del año 2012. Los médicos recomendaron aplicar el aborto terapéutico debido a que su salud y sobrevivencia estaban en riesgo y además porque el feto presentaba anomalías congénitas incompatibles con la vida.

Sin embargo, los médicos del sistema público de salud no le realizaron la interrupción del embarazo por temor a ser sancionados penalmente. Por su parte, la Sala de lo Constitucional no brindó una respuesta oportuna ni efectiva para proteger los derechos de Beatriz. Sólo bajo el amparo de las medidas ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, se procedió a realizar la cesárea, en la semana 26 de embarazo.

Motivados por los daños provocados a Beatriz la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, IPAS Centroamérica y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), presentaron en noviembre del 2013 una denuncia ante la CIDH contra El Salvador.

El objetivo de esta demanda es asegurar que otras mujeres no tengan que enfrentar el sufrimiento que tuvo Beatriz al ver en riesgo su vida. Las organizaciones buscan que las autoridades salvadoreñas reparen integralmente el daño sufrido por Beatriz, así como que modifiquen la normativa interna para garantizar plenamente a las mujeres el derecho a la salud, a la integridad personal, los derechos reproductivos y el derecho a una tutela judicial efectiva.

En la actualidad, El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido por ley. Esto significa que no existen excepciones a esta prohibición, ni siquiera en casos que peligre la vida de la mujer o que haya un embarazo producto de una violación.

Según datos de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, entre el 2000 y 2011, 129 mujeres han sido procesadas en El Salvador por los delitos de aborto u homicidio agravado, con penas que oscilan entre los dos y los cuarenta años de cárcel.

CEJIL presenta nuevo documento de coyuntura sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte IDH

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También recoge propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados.

El documento es ahora accesible online.

Jue, 19/03/2015

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección  de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recoge  propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados. Descargue la publicación aquí.

Documento de Coyuntura Nº 10 - Proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Reflexiones hacia una reforma

Selección de integrantes CIDH y Corte IDH

En este documento, CEJIL comparte su reflexión sobre el proceso de selección de integrantes de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recoge  propuestas para mejorar los mecanismos de selección a nivel nacional e internacional, ofreciendo los mismos como aportes para futuros debates entre los Estados, órganos políticos de la OEA, Comisión y Corte, sociedad civil y otros interesados.


Tipo de publicación: Documento de Coyuntura
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
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Invitación: una conversación sobre los retos pendientes en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres

El evento cuenta con la participación de Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y se llevará acabo el 16 de marzo, de 1:00 a 2:00 p.m. hora de Washington, D.C.

Siga el evento en línea: ustre.am/1mA1y. Envíe sus preguntas a la Relatora por nuestra página de Facebook o Twitter: @cejil

 

 

 

 

Jue, 12/03/2015

El evento cuenta con la participación de Rashida Manjoo, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y se llevará acabo el 16 de marzo, de 1:00 a 2:00 p.m. hora de Washington, D.C.
Siga el evento en línea: ustre.am/1mA1y. Envíe sus preguntas a la Relatora por nuestra página de Facebook o Twitter: @cejil
 
 
 

Directora Ejecutiva de CEJIL inaugura red regional luchando en contra de la apatridia durante el evento del ACNUR

El martes 18 de noviembre, el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) inauguró la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia en el evento del ACNUR "Saliendo de las sombras : poniendo un fin a la apatridia en las Américas". Puedes leer el discurso de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL haciendo clic sobre el enlace de más información. También puedes visitar el sitio web de la red: www.americasns.org.

Mié, 19/11/2014

Su Excelencia, Comisionado Guterres.

Estimados panelistas, representantes de los Estados, organismos internacionales, colegas de la sociedad civil, señoras, caballeros y niños.

En el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, estamos agradecidos de haber sido invitados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a conmemorar el 60 aniversario de la adopción de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Apátridas.

Hemos aprendido en los últimos 15 años, a partir de nuestra experiencia de primera mano en la República Dominicana acompañando a niños y familias en el proceso de litigio internacional, que las personas que carecen de una nacionalidad son susceptibles a mayor marginalización, discriminación e inseguridad.
Es doloroso que a las personas que representamos, y millones más como ellas, se les diga que simplemente no existen.
Por ser apátridas, se les niegan los derechos más básicos: muchos no pueden registrar el nacimiento de sus propios hijos, casarse, recibir atención médica, conseguir un trabajo, abrir una cuenta bancaria, viajar fuera del país, ir a la escuela, o sentirse seguros.

A pesar de que las situaciones de apatridia son poco comunes en las Américas, afectan a más de doscientas mil personas. Los números no son tan altos como en otras regiones, pero reconocen que "Una sola persona apátrida es demasiado".

En nuestro continente, muchas situaciones merecen un examen más detallado, ya que pueden afectar al acceso al derecho a la nacionalidad. Éstas incluyen el registro de nacimiento, disposiciones discriminatorias de género de las leyes de ciudadanía, prácticas discriminatorias en la determinación de la nacionalidad, y la situación de los niños nacidos de padres que carecen de documentos de identidad válidos, entre otras.

Comisionado Guterres, admiramos su compromiso hacia las personas apátridas en todo el mundo. Su presencia en nuestro hemisferio envía un fuerte mensaje sobre la importancia de abordar este tema a través de un plan integral y bien estructurado.
Su determinación nos da la esperanza de que hayamos llegado a un punto de inflexión en el que seremos capaces de erradicar la apatridia en todo el mundo.
En las Américas, estamos en una posición única para hacer frente a los desafíos que nos prepara la próxima década. El compromiso de respetar el "derecho a la nacionalidad para todos" fue consagrado en los instrumentos fundamentales para la protección de los derechos humanos en las Américas. Tanto la Declaración Americana de 1948 (sobre los Derechos y Deberes del Hombre) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 crean un marco global para la protección del derecho a una nacionalidad.

Además, la mayoría de los países de la región ofrecen una aplicación generosa y combinada de los principios del ius soli y jus sanguinis para la adquisición de la nacionalidad, lo que permite obtener la nacionalidad a través del suelo o de la sangre, lo que disminuye significativamente el riesgo de apatridia.
Nuestra institución regional multilateral, la Organización de los Estados Americanos y sus órganos de derechos humanos, han tomado medidas para abordar la apatridia en la región. La Asamblea General de la OEA ha pedido a los Estados miembros ratificar (o adherir a) las convenciones de la ONU sobre la apatridia , y ajustar sus políticas nacionales.

También tenemos un claro ejemplo del papel que pueden desempeñar órganos regionales de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha analizado el derecho a la nacionalidad en dos opiniones consultivas y varios casos. La Comisión ha abordado la cuestión desde los años 70.
Asimismo, en algunos países de la región se han adoptado importantes medidas en los últimos años. Argentina ha ratificado la Convención de 1961. Surinam ha modificado recientemente su legislación para eliminar la discriminación de género en el acceso a la ciudadanía, México adoptó un procedimiento nacional para la determinación del estatuto de los apátridas. Uruguay está considerando un proyecto de ley para lograr este objetivo en el corto plazo. Otros países podrían seguir pronto.

Con este marco en mente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, iniciativas académicas e individuos se han unido para participar en el Plan de Acción Mundial de la ACNUR con el fin de erradicar y prevenir la apatridia en los próximos 10 años.

Es con gran placer que hoy les anuncio formalmente el lanzamiento de la Red de las Américas sobre la nacionalidad y la apatridia. Me gustaría ofrecer un agradecimiento especial a la Fundación Open Society por su apoyo, a Dilcia Yean, Violeta Bosico, y los otros niños y familias que representamos, y a la defensora incansable de los derechos humanos Sonia Pierre, por inspirar tanto nuestras acciones a lo largo de los años.

A través de esta plataforma vamos a trabajar de la mano con el ACNUR con el fin de crear conciencia sobre este tema, identificar los riesgos, apoyar a las personas apátridas, cooperar con los estados, e intercambiar información con las organizaciones hermanas de todo el mundo.

Creemos firmemente, que la nacionalidad es la puerta que abre el derecho a tener derechos.Creemos que juntos podemos cambiar las realidades. Abrazamos la visión compartida de un mundo en el que todo el mundo tiene una nacionalidad.

Al igual que usted, señor Comisario Guterres, insistimos en que es el momento de poner fin a la injusticia de la apatridia. Usted puede contar con todos los miembros de la Red de las Américas para ayudar a que esto sea posible.

Gracias.

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano

Jue, 10/07/2014

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada,Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez.En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaronuna carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento,se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbertoa 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

 

Enlaces de interés:

  • Auto de apertura de instrucción contra Daniel Urresti, de 17 de junio de 2013,

http://www.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios

CEJIL, DPLF y WOLA expresan su preocupación por el nombramiento del General (r) Daniel Urresti como Ministro del Interior en Perú

Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano

Jue, 10/07/2014

Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.

Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada,Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez.En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaronuna carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento,se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.

La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbertoa 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.

El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.

Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.

Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.

Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.

 

Enlaces de interés:

  • Auto de apertura de instrucción contra Daniel Urresti, de 17 de junio de 2013,

http://www.scribd.com/doc/232302402/Daniel-Urresti-Autoapertorio-del-caso-del-periodista-Hugo-Bustios

Informe Bienal 2012 2013

En este nuevo Informe, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) comparte parte de su trabajo llevado adelante durante el periodo 2012-2013. En especial, este Informe ilumina el impacto del trabajo realizado por CEJIL desde una perspectiva que integra el derecho internacional de los derechos humanos con la legislación doméstica, como parte de un único marco legal fundamental para la garantía de los derechos.

 


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2014
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Denuncia internacional contra Estado de Guatemala por denegación de justicia en caso de genocidio

Washington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

Mié, 06/11/2013

Conferencia de Prensa: Petición de Genocidio contra el Estado de GuatemalaWashington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

En la denuncia, las organizaciones afirmaron que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por miles de víctimas.

Tal conducta compromete la responsabilidad del Estado ya que según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Algunos de los hechos que fueron denunciados ante la CIDH, en relación con el caso de genocidio cometido en contra del grupo étnico maya Ixil, consisten en más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Además, en relación con el proceso que se siguió en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se denunciaron las deficiencias e irregularidades de las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, como por ejemplo: la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa;  tolerancia de las autoridades judiciales frente al abuso de acciones de amparo  y de inconstitucionalidad y dilaciones indebidas en su resolución; la falta de fundamentación y arbitrariedad de las resoluciones de amparo provisional;  la duración excesiva del proceso penal; los ataques a la independencia judicial y la falta de protección a los participantes en el proceso.

En particular, se destacaron ante la CIDH las irregularidades que caracterizaron la resolución de fecha 20 de mayo de 2013 dictada por tres miembros de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual se anuló el proceso seguido contra los citados militares.

Ante todo lo anterior, los peticionarios nos hemos visto obligados a acudir  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la esperanza de que el sistema regional de protección de los derechos humanos agilice el trámite de la petición y asegure la protección internacional de las víctimas en el menor plazo posible. Por lo que pedimos a la Comisión la admisibilidad de la presente denuncia.

Acudir a la justicia internacional es un derecho consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que acudimos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con el fin de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Mientras haya impunidad no habrá respeto a los derechos humanos en Guatemala ni democracia plena.

¡Por el derecho a un país justo!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL

Bufete Jurídico por los Derechos Humanos - BDH

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