República Dominicana

Mensaje de Viviana Krsticevic sobre la sentencia del Caso Benito Tide Méndez

Quiero compartir mi alegría por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

La Corte aclaró varios temas de gran trascendencia para el país y el continente: el alcance del derecho a la nacionalidad, la garantía de la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas nacidas en el país y de aquéllas que se encuentran en una situación migratoria irregular, entre otras.

Vie, 24/10/2014

Quiero compartir mi alegría por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana.

La Corte aclaró varios temas de gran trascendencia para el país y el continente: el alcance del derecho a la nacionalidad, la garantía de la igualdad y la no discriminación, los derechos de las personas nacidas en el país y de aquéllas que se encuentran en una situación migratoria irregular, entre otras.

Como resultado de más de una década de proceso contencioso internacional, fue posible establecer que nuestros representados, en su mayoría dominicanos -17 de las 23 víctimas del caso, varios de ellos niños, nacieron en la República Dominicana­-, fueron expulsados de su propio país sin garantías, por el color de su piel, en violación a los derechos que les otorga la Convención Americana y otros tratados internacionales de derechos humanos.

El Tribunal Interamericano estudió detalladamente la práctica, la jurisprudencia y la legislación migratoria, y reafirmó lo sostenido en el caso de las niñas Yean y Bosico: la normativa no puede aplicarse o interpretarse como un modo de limitar el derecho a la nacionalidad de las personas nacidas en el país en función de la situación migratoria de sus padres. Más puntualmente, cuestionó el razonamiento del Tribunal Constitucional (TC/0168/13) en su decisión sobre la materia por sus efectos discriminatorios y la posibilidad de convertir en apátridas a cerca de doscientas mil personas. Adicionalmente, la Corte planteó que deben quedar sin efecto partes de la ley que intenta resolver la crisis de derechos generada por la sentencia del Tribunal Constitucional en la medida en la que trata a millares de personas como extranjeras aun cuando nacieron en la República Dominicana. La Corte es clara en determinar que los reclamantes del caso que nacieron en el país deben contar con la nacionalidad dominicana.

La Corte ha emitido decisiones sobre muchos países y situaciones diferenciadas. Decisiones que son de cumplimiento obligatorio según lo establecido en la Convención Americana.

Varios tribunales constitucionales y altas cortes del continente han cambiado su jurisprudencia en virtud del diálogo jurisprudencial y, en ocasiones, el control que ejerce la Corte Interamericana. En Argentina, Perú, Chile, Colombia, México -entre otros-, ha habido pasos importantes en este sentido. Más aún, países como Chile y México, han modificado sus propias constituciones como resultado de casos de libertad de expresión y graves violaciones a los derechos humanos.

República Dominicana se comprometió a cumplir con las obligaciones establecidas en el tratado en el año 1978, aceptó la jurisdicción obligatoria de la Corte en el año 1999 y durante 15 años ha comparecido ante el Tribunal y ha expresado de diversas maneras su interés en fortalecer la protección internacional de los derechos.

Por ello, nuestra expectativa y esperanza, se centra en que los distintos poderes del Estado, empezando por las más altas autoridades, respondan a la decisión del Tribunal con serenidad y con el compromiso democrático de garantizar los derechos humanos cumpliendo a cabalidad la sentencia. Esperamos de República Dominicana lo que esperamos del resto de la región. Ni más ni menos. A las personas interesadas en el tema, les pido encarecidamente que lean la decisión y que apoyen desde sus diferentes espacios este trabajo por la dignidad.

La decisión expresa la vocación protectora de derechos del último tribunal de justicia de la región. No se trata de un señalamiento en contra del país o una afrenta a su soberanía,  sino de un ejercicio de resguardo de derechos en el ámbito internacional.  A pesar de la decisión de rechazo de este fallo anunciado el día de ayer por parte de las autoridades de gobierno, esperamos que podamos sentarnos prontamente con las autoridades para iniciar una nueva etapa de dialogo.

Éste es uno de los momentos donde recordamos con añoranza y satisfacción a nuestra amiga y colega, Sonia Pierre, quien lideró en vida muchos de los debates y luchas en contra de la discriminación de los dominico-haitianos.

República Dominicana niega discriminación y expulsiones masivas ante la Corte IDH

México DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Mié, 09/10/2013

Audiencia ante la Corte IDH en la ciudad de México sobre el caso Benito Tide Méndez y otrosMéxico DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Las organizaciones representantes de las víctimas señalamos al Tribunal que los hechos del presente caso no son aislados, ya que se enmarcan dentro de un patrón de expulsiones masivas y una política de desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana de padres con estatus irregular en el país.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, mencionó que “la audiencia permitió evidenciar la discriminación racial en el tratamiento de la población afrodescendiente, particularmente haitiana  y aquella de ascendencia haitiana”. Lamentó además que  la defensa del Estado dominicano no haya respetado el derecho de defensa: “en la audiencia el representante gubernamental presentó pruebas en un momento inoportuno y manipuló la declaración del único testigo."

“Sorprende que el Estado dominicano recurriera al elemento de nacionalismo y xenofobia para evidenciar la negación de la discriminación racial”, señaló Cristiana Luis Francisca, Presidenta de MUDHA. Quien añadió que “el debate no terminará con esta audiencia, nuestras organizaciones seguiremos buscando justicia tanto a nivel interno como en las instancias internacionales”.

“Los alegatos del Estado fueron inconsistentes y contradictorios al negar la existencia de un patrón de expulsiones colectivas, la cual tuvo lugar no solamente durante la época de los hechos del presente caso, sino que se perpetúa hasta el día de hoy”, comentó Paola García Rey  de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia.

Por su parte, Lisane André de GARR, agregó que “nuestro trabajo nació en el momento de las repatriaciones de 1991, el cual alcanzó la expulsión de 35 mil personas. Esperamos que con este caso podamos dejar de lado ese aspecto tan fuerte de nuestro trabajo, en la medida que se apliquen los estándares de derechos humanos aquí discutidos y cesen las expulsiones colectivas.”

Al cierre de la audiencia las organizaciones pidieron al Tribunal que su fallo otorgue una reparación integral a las víctimas. Debido al comportamiento del Estado durante la audiencia, consideramos que el reconocimiento de responsabilidad internacional y una disculpa pública por los hechos del caso reviste una particular importancia.

Después de la audiencia, las organizaciones y el Estado dominicano, respectivamente, deberán presentar sus escritos finales en el plazo de un mes. Se espera que la Corte IDH emita su fallo a principios del siguiente año.

La audiencia fue transmitida en vivo y puede consultarse el video de la misma en la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr.

CEJIL expresa su dolor y tristeza por el fallecimiento en el día de ayer de la defensora de derechos humanos Sonia Pierre

Sonia Pierre, dominicana, defensora de los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, falleció el domingo 4 de diciembre de 2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Lun, 05/12/2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
 
Sonia Pierre fue fundadora y Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización que junto a CEJIL representó a víctimas de la negación de reconocimiento a la nacionalidad en República Dominicana. En esta labor, Sonia participó en los más altos foros internacionales, incluyendo la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando establecer uno de los precedentes judiciales más importantes en el derecho internacional sobre el reconocimiento de la nacionalidad, la protección de la niñez y el derecho a la educación , en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana. Lamentablemente, el Estado dominicano aún no ha implementado de forma completa la decisión de la Corte Interamericana. En este caso, la Corte Interamericana concluyó que el estatus migratorio de los padres no puede ser heredado a los hijos.
 
Debido a su trabajo como defensora, Sonia Pierre fue objeto de amenazas, hostigamientos y constantes críticas que mantenían en peligro su vida y la de su familia. Esta situación fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en más de una ocasión  emitió medidas de protección exigiendo al Estado dominicano que protegiera su vida.
 
Al fallecer, Sonia Pierre dejó un legado invaluable a la sociedad dominicana que contó con una de las líderes más destacadas mundialmente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las minorías étnicas. Hoy celebramos su vida, agradecidos por haber tenido el privilegio de participar junto a ella en su lucha por erradicar todo trato desigual y discriminatorio en contra de las poblaciones minoritarias y vulnerables, y rendimos tributo a su legado por ser un digno ejemplo de lo que las defensoras de derechos humanos pueden hacer para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
 
Contacto:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000

República Dominicana condenada por discriminación, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Washington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

 

Jue, 23/10/2014

Foto Dominicanos Créditos CIDHWashington, DC, 23 de octubre de 2014.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo en el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional de la República Dominicana por violaciones de los derechos humanos de 23 personas -entre ellas 13 niños y niñas-, ocurridas como resultado de prácticas discriminatorias, expulsiones masivas, políticas de desnacionalización e incumplimiento con el deber de prevenir la apatridia.

En la sentencia del caso “Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs República Dominicana", la Corte IDH determinó que al momento en que ocurrieron los hechos existía un “patrón sistemático de expulsiones, inclusive mediante actos colectivos o procedimientos que no implicaban un análisis individualizado, de haitianos y personas de ascendencia haitiana, que obedece a una concepción discriminatoria”.

La Corte Interamericana, a su vez, también determinó que la República Dominicana adoptó a un fallo a través de su Tribunal Constitucional (TC 168/13) e implementó una ley(169/14) que resultan violatorias del derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la identidad, el derecho a la igualdad ante la ley y la obligación de prevenir la apatridia, entre otros.

“Tratar a las personas nacidas en la República Dominicana como extranjeras en un proceso de naturalización, aunque sea por un tiempo muy limitado, implica un desconocimiento de su derecho a la nacionalidad”, afirmó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL. “Este fallo determina de manera clara e indiscutible la mejor forma de garantizar los derechos a la nacionalidad y no ser objeto de expulsiones colectivas de manera arbitraria”.

El fallo de la Corte IDH ordena a la República Dominicana a que, en un plazo razonable, tome todas las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma, práctica o decisión que prive de manera arbitraria a una persona del goce del derecho a la nacionalidad si nació en la República Dominicana y no tenía acceso efectivo e inmediato a alguna otra. Además entre otras medidas de reparación, el Estado dominicano debe llevar a cabo capacitaciones a sus funcionarios para evitar la discriminación por motivos raciales, observar las garantías del debido proceso en procedimientos migratorios y evitar la realización de expulsiones de carácter colectivo.

CEJIL litigó el caso en conjunto con la organización Movimiento Mujeres Haitiano-Dominicanas (MUDHA) de República Dominicana, la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia de EUA y el Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR) de Haití.

 

A veinte años de la desaparición forzada de Narciso González, una deuda de justicia persiste en República Dominicana

CEJIL recuerda la vida y lucha de Narciso González exigiendo el pleno cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH

Santo Domingo y Washington DC, lunes 26 de mayo de 2014. Este lunes, el vigésimo aniversario de la desaparición forzada de Narciso González, el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) exige que el Estado dominicano cumpla pronta y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Narciso González Medina, o “Narcisazo”, fue un célebre profesor universitario, periodista, abogado y opositor de los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Tras denunciar el fraude electoral de los comicios presidenciales de 1994, y señalar a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer, fue desaparecido forzosamente el 26 de mayo de 1994.

En la Sentencia de 27 de febrero de 2012 en el caso González Medina vs. República Dominicana, la Corte IDH condenó al Estado dominicano por la desaparición forzada de Narciso González, así como la falta de debido proceso y sufrimiento ocasionado a sus familiares, y ordenó la adopción de importantes medidas de reparación.

Lun, 26/05/2014

Fotografía conmemorativa Narciso GonzálezSanto Domingo y Washington DC, lunes 26 de mayo de 2014. Este lunes, el vigésimo aniversario de la desaparición forzada de Narciso González, el Centro por la Justicia y el Derecho International (CEJIL) exige que el Estado dominicano cumpla pronta y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Narciso González Medina, o “Narcisazo”, fue un célebre profesor universitario, periodista, abogado y opositor de los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Tras denunciar el fraude electoral de los comicios presidenciales de 1994, y señalar a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer, fue desaparecido forzosamente el 26 de mayo de 1994.

En la Sentencia de 27 de febrero de 2012 en el caso González Medina vs. República Dominicana, la Corte IDH condenó al Estado dominicano por la desaparición forzada de Narciso González, así como la falta de debido proceso y sufrimiento ocasionado a sus familiares, y ordenó la adopción de importantes medidas de reparación.

“A veinte años de la desaparición forzada del celebrado profesor, periodista y abogado Narciso González, recordamos su vida y su lucha exigiendo el pleno cumplimiento del caso de la Corte Interamericana que lleva su nombre,” dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “El Estado está en deuda con sus familiares, y con toda la sociedad dominicana. Tras las gestiones que adelanta la Procuraduría, instamos a los demás poderes del Estado a actuar decididamente para saber qué pasó, revelar dónde está Narciso González y castigar a los responsables”.

Las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH incluyen una búsqueda seria para encontrar el paradero de Narciso González, una investigación seria, imparcial y eficaz de los hechos y la eventual condena de los responsables, y reparación íntegra a los familiares, así como una serie de medidas para preservar la memoria de la vida de Narciso González, entre otras.

En 2013, la Procuraduría ordenó la reapertura de la investigación penal de los hechos, así dando un primer paso en la búsqueda de la justicia; sin embargo, se requiere el compromiso de todos los órganos estatales para garantizar que la investigación avance de manera seria, imparcial y efectiva para finalmente cerrar el cerco de impunidad. Por otra parte, instamos al Estado a tipificar la desaparición forzada en la normativa dominicana con toda celeridad, y en apego al derecho internacional, y adoptar toda otra medida necesaria para asegurar que en República Dominicana nunca vuelvan a ocurrir hechos como los que motivaron el caso.

Para más información:

Corte IDH.  Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie C No. 240. Disponible aquí.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Apatridia en la República Dominicana: La decisión de la Corte Constitucional y mas allá

El Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) organizarán un panel sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana, la cual despoja de forma retroactiva a tres generaciones de Dominicanos de su nacionalidad.
Jue, 31/10/2013 - 12:00 - 13:30
The George Washington Law School 2000 H Street NW
Washington DC

Para más información sobre otras organizaciones y entidades visite:

Mar, 22/10/2013

Para más información sobre otras organizaciones  y entidades visite:

 

Otras formas de apoyar las campañas:

23 de octubre: movilizaciones internacionales al cumplirse un mes de la sentencia en diversas embajadas de República Dominicana en el mundo. Entre ellas: Nueva York, Puerto Rico.

Movimiento civil: “Dominican@s x Derecho” que agrupa organizaciones de sociedad civil y personas en apoyo a las reivindicaciones de afectados por dicha sentencia.

Siga en redes sociales @reconoci_do y @domxderecho

República Dominicana deberá responder sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Lun, 07/10/2013

 República Dominicana deberá responder sobre sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Una de las consecuencias de este fenómeno que se verá en la audiencia, es la expulsión masiva de personas afrodescendiente por considerarlas como extranjeros por el color de su piel, sin tomar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en materia migratoria.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, declaró que “la negación de la discriminación racial constituye el mayor obstáculo para buscar una solución efectiva a los problemas que la población afectada está viviendo. El problema es muy serio, hablamos de discriminación estructural que ha impactado, además de las expulsiones, en la restricción del reconocimiento de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad”.

El Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación analizó este fenómeno y concluyó en su último informe sobre el país en marzo de 2013, que la discriminación estructural afecta directamente a la población afrodescendiente, sometiendo a esta población a una clara exclusión y restricción en sus derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo.

El organismo internacional solicitó varias medidas para implementar políticas públicas que reconozcan e identifiquen las estadísticas de la discriminación racial existente, adecúe sus políticas migratorias, e impida la desnacionalización de personas que pueda generar situaciones de apatridia.

“Esperamos que la Corte Interamericana tome en cuenta los diversos análisis y pronunciamientos hechos por este Comité, así como por el Comité de Derechos de la Niñez y el de la Eliminación de  todas las formas de Discriminación contra la Mujer en relación con el Estado dominicano”, añadió Paola García Rey, consultora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

Cristiana Luis Francisca, Presidenta de Mudha, señaló que “una vez más hemos tenido que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado dominicano no nos ha dejado otra alternativa, sigue siendo una realidad nacional las frecuentes violaciones de derechos. Igualmente la falta de un diálogo abierto y respetuoso de los derechos humanos con las autoridades y las organizaciones. Estamos hoy ante la Corte Interamericana y si es necesario acudiremos ante los órganos de Naciones Unidas”.

Durante la audiencia del día de mañana ante la Corte Interamericana se escuchará las declaraciones propuestas por las organizaciones representantes que consisten en: el testimonio de una las víctimas dominicanas expulsada con su familia en el año 2000; dos peritos expertos en políticas migratorias y la correcta aplicación de los estándares del derecho internacional y un perito experto en materia de discriminación racial en América y África.

Las organizaciones solicitarán que a través de su fallo el Tribunal Interamericano otorgue una reparación integral a las víctimas, incluida una disculpa pública del Estado por los hechos sucedidos, y además se pronuncie sobre todas las medidas que el Estado dominicano debe adoptar para evitar que hechos como los del presente caso se repitan. Reconocer el problema existente de discriminación racial en la isla es una premisa necesaria para poder revertir estos patrones de exclusión y xenofobia en el país.

Corte Interamericana conocerá sobre políticas discriminatorias en la República Dominicana

El Estado dominicano deberá defender su postura sobre migración y nacionalidad

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país.

Jue, 03/10/2013

 

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública a celebrarse en la ciudad de México en su próximo período extraordinario de sesiones.
Las expulsiones del presente caso no son hechos aislados, formaron parte de una práctica del Estado dominicano de detención arbitraria y expulsiones colectivas de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria. Entre 1999 y 2000, cada una de las familias en el presente caso Fils-Aimé, Gelin, Jean, Medina Ferreras, Sensión, Alezy, y Charles Pérez, fueron víctimas de esta práctica del Estado.
Colette Lespinase, Directora Ejecutiva de GARR señaló que “las víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un intenso sufrimiento personal”.
Cristina Luis Francisca, Directora Ejecutiva de MUDHA, destacó que “los hechos violan la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención”.
El caso también se refiere a la aplicación restrictiva de la Constitución Política dominicana, situación que ha provocado que a la fecha varias de las víctimas no tengan actas de nacimiento ni documentos de identificación personal dominicanos, a pesar de haber nacido en ese país.
La Corte Interamericana se refirió en el año 2005 a la forma en que se debía interpretar la normativa dominicana, vigente hasta el 2010, en relación con la adquisición de la nacionalidad por vía del ius solis en su sentencia del caso Yean y Bosico vs República Dominicana.
Sin embargo, hace tan solo unos días, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señaló que las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular
GARR
en República Dominicana deben ser consideradas como “en tránsito” y de conformidad con la nueva Constitución de 2010, “residentes ilegales”, con la consecuencia de que sus hijos no podrían adquirir la nacionalidad dominicana
Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL señaló que “el Estado dominicano, en lugar de adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, implementó medidas adicionales para reforzar la práctica de privación arbitraria de la nacionalidad al considerar a las personas de ascendencia haitiana como personas extranjeras.”.
El Tribunal Constitucional dominicano solicitó la revisión de los certificados de nacimiento emitidos desde 1929, para determinar si cumplían con lo establecido en su sentencia afectando así a más de cuatro generaciones de personas en el país, algunos de ellos, que habían disfrutado de su nacionalidad por décadas, podrían ser privados de la misma.
Las organizaciones representantes de las víctimas esperan que el fallo del Tribunal Interamericano se pronuncie sobre las medidas que el Estado dominicano debe adoptar en materia legislativa y en sus prácticas administrativas para evitar que hechos como los del presente caso se repitan.
Para más información sobre el tema:
Informe del Fondo de la CIDH www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.271Fondo.doc
Resolución Convocatoria
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/tidemendez_06_09_13.pdf
Resumen del caso por CIDH
http://www.corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/casotidemendez.pdf
Página Web de las Sesiones
http://corteidh.or.cr/mexico/agenda.html
Transmisión en vivo
http://www.livestream.com/corteidh
Web CEJIL
www.cejil.org
Contacto de prensa en Costa Rica: Daniela Araya Oficial de comunicaciones Tel: +506 22807473 Correo: daraya@cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública a celebrarse en la ciudad de México en su próximo período extraordinario de sesiones.

Las expulsiones del presente caso no son hechos aislados, formaron parte de una práctica del Estado dominicano de detención arbitraria y expulsiones colectivas de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria. Entre 1999 y 2000, cada una de las familias en el presente caso Fils-Aimé, Gelin, Jean, Medina Ferreras, Sensión, Alezy, y Charles Pérez, fueron víctimas de esta práctica del Estado.

Colette Lespinase, Directora Ejecutiva de GARR señaló que “las víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un intenso sufrimiento personal”.

Cristina Luis Francisca, Directora Ejecutiva de MUDHA, destacó que “los hechos violan la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención”.

El caso también se refiere a la aplicación restrictiva de la Constitución Política dominicana, situación que ha provocado que a la fecha varias de las víctimas no tengan actas de nacimiento ni documentos de identificación personal dominicanos, a pesar de haber nacido en ese país.

La Corte Interamericana se refirió en el año 2005 a la forma en que se debía interpretar la normativa dominicana, vigente hasta el 2010, en relación con la adquisición de la nacionalidad por vía del ius solis en su sentencia del caso Yean y Bosico vs República Dominicana.

Sin embargo, hace tan solo unos días, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señaló que las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular en República Dominicana deben ser consideradas como “en tránsito” y de conformidad con la nueva Constitución de 2010, “residentes ilegales”, con la consecuencia de que sus hijos no podrían adquirir la nacionalidad dominicana

Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL señaló que “el Estado dominicano, en lugar de adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, implementó medidas adicionales para reforzar la práctica de privación arbitraria de la nacionalidad al considerar a las personas de ascendencia haitiana como personas extranjeras.”.

El Tribunal Constitucional dominicano solicitó la revisión de los certificados de nacimiento emitidos desde 1929, para determinar si cumplían con lo establecido en su sentencia afectando así a más de cuatro generaciones de personas en el país, algunos de ellos, que habían disfrutado de su nacionalidad por décadas, podrían ser privados de la misma.

Las organizaciones representantes de las víctimas esperan que el fallo del Tribunal Interamericano se pronuncie sobre las medidas que el Estado dominicano debe adoptar en materia legislativa y en sus prácticas administrativas para evitar que hechos como los del presente caso se repitan.

Para más información sobre el tema:

Informe del Fondo de la CIDH www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.271Fondo.doc

Resolución Convocatoria

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/tidemendez_06_09_13.pdf

Resumen del caso por CIDH

http://www.corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/casotidemendez.pdf

Página Web de las Sesiones

http://corteidh.or.cr/mexico/agenda.html

Transmisión en vivo

http://www.livestream.com/corteidh

Web CEJIL

www.cejil.org

Contacto de prensa en Costa Rica: Daniela Araya Oficial de comunicaciones Tel: +506 22807473 Correo: daraya@cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

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