República Dominicana

República Dominicana niega discriminación y expulsiones masivas ante la Corte IDH

México DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Mié, 09/10/2013

Audiencia ante la Corte IDH en la ciudad de México sobre el caso Benito Tide Méndez y otrosMéxico DF y Santo Domingo, 9 de octubre de 2013 – Este miércoles concluyó la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Benito Tide Méndez y otros, el cual trata de la detención arbitraria y posterior expulsión de 27 personas, en su mayoría nacionales dominicanos, 12 de los cuales eran niños y niñas al momento de su expulsión.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York; actuaron como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en dicha audiencia celebrada en la ciudad de México en el marco del 48 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana.

Las organizaciones representantes de las víctimas señalamos al Tribunal que los hechos del presente caso no son aislados, ya que se enmarcan dentro de un patrón de expulsiones masivas y una política de desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana de padres con estatus irregular en el país.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, mencionó que “la audiencia permitió evidenciar la discriminación racial en el tratamiento de la población afrodescendiente, particularmente haitiana  y aquella de ascendencia haitiana”. Lamentó además que  la defensa del Estado dominicano no haya respetado el derecho de defensa: “en la audiencia el representante gubernamental presentó pruebas en un momento inoportuno y manipuló la declaración del único testigo."

“Sorprende que el Estado dominicano recurriera al elemento de nacionalismo y xenofobia para evidenciar la negación de la discriminación racial”, señaló Cristiana Luis Francisca, Presidenta de MUDHA. Quien añadió que “el debate no terminará con esta audiencia, nuestras organizaciones seguiremos buscando justicia tanto a nivel interno como en las instancias internacionales”.

“Los alegatos del Estado fueron inconsistentes y contradictorios al negar la existencia de un patrón de expulsiones colectivas, la cual tuvo lugar no solamente durante la época de los hechos del presente caso, sino que se perpetúa hasta el día de hoy”, comentó Paola García Rey  de la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia.

Por su parte, Lisane André de GARR, agregó que “nuestro trabajo nació en el momento de las repatriaciones de 1991, el cual alcanzó la expulsión de 35 mil personas. Esperamos que con este caso podamos dejar de lado ese aspecto tan fuerte de nuestro trabajo, en la medida que se apliquen los estándares de derechos humanos aquí discutidos y cesen las expulsiones colectivas.”

Al cierre de la audiencia las organizaciones pidieron al Tribunal que su fallo otorgue una reparación integral a las víctimas. Debido al comportamiento del Estado durante la audiencia, consideramos que el reconocimiento de responsabilidad internacional y una disculpa pública por los hechos del caso reviste una particular importancia.

Después de la audiencia, las organizaciones y el Estado dominicano, respectivamente, deberán presentar sus escritos finales en el plazo de un mes. Se espera que la Corte IDH emita su fallo a principios del siguiente año.

La audiencia fue transmitida en vivo y puede consultarse el video de la misma en la página de la Corte IDH www.corteidh.or.cr.

CEJIL expresa su dolor y tristeza por el fallecimiento en el día de ayer de la defensora de derechos humanos Sonia Pierre

Sonia Pierre, dominicana, defensora de los derechos humanos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana, falleció el domingo 4 de diciembre de 2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Lun, 05/12/2011

Washington, D.C., 5 de diciembre de 2011 - “Hemos perdido a un ser humano extraordinario, una defensora que nunca flaqueó en su lucha por la igualdad, aun siendo perseguida y amenazada. Sonia Pierre fue una defensora incansable de los derechos de las personas dominicanas de ascendencia haitiana en República Dominicana y nunca descansó en su lucha contra la discriminación y la violencia. Ella abrió caminos para que futuras generaciones  de dominicanos/as puedan celebrar su herencia cultural sin tener que negar su derecho a la nacionalidad y al trato igualitario en su tierra, República Dominicana”, expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.
 
Sonia Pierre fue fundadora y Directora Ejecutiva del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, organización que junto a CEJIL representó a víctimas de la negación de reconocimiento a la nacionalidad en República Dominicana. En esta labor, Sonia participó en los más altos foros internacionales, incluyendo la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, logrando establecer uno de los precedentes judiciales más importantes en el derecho internacional sobre el reconocimiento de la nacionalidad, la protección de la niñez y el derecho a la educación , en el caso Yean y Bosico vs. República Dominicana. Lamentablemente, el Estado dominicano aún no ha implementado de forma completa la decisión de la Corte Interamericana. En este caso, la Corte Interamericana concluyó que el estatus migratorio de los padres no puede ser heredado a los hijos.
 
Debido a su trabajo como defensora, Sonia Pierre fue objeto de amenazas, hostigamientos y constantes críticas que mantenían en peligro su vida y la de su familia. Esta situación fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en más de una ocasión  emitió medidas de protección exigiendo al Estado dominicano que protegiera su vida.
 
Al fallecer, Sonia Pierre dejó un legado invaluable a la sociedad dominicana que contó con una de las líderes más destacadas mundialmente en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de las minorías étnicas. Hoy celebramos su vida, agradecidos por haber tenido el privilegio de participar junto a ella en su lucha por erradicar todo trato desigual y discriminatorio en contra de las poblaciones minoritarias y vulnerables, y rendimos tributo a su legado por ser un digno ejemplo de lo que las defensoras de derechos humanos pueden hacer para lograr una sociedad más justa e igualitaria.
 
Contacto:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1) 202 319 3000

Apatridia en la República Dominicana: La decisión de la Corte Constitucional y mas allá

El Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) organizarán un panel sobre la reciente decisión de la Corte Constitucional de la República Dominicana, la cual despoja de forma retroactiva a tres generaciones de Dominicanos de su nacionalidad.
Jue, 31/10/2013 - 12:00 - 13:30
The George Washington Law School 2000 H Street NW
Washington DC

Para más información sobre otras organizaciones y entidades visite:

Mar, 22/10/2013

Para más información sobre otras organizaciones  y entidades visite:

 

Otras formas de apoyar las campañas:

23 de octubre: movilizaciones internacionales al cumplirse un mes de la sentencia en diversas embajadas de República Dominicana en el mundo. Entre ellas: Nueva York, Puerto Rico.

Movimiento civil: “Dominican@s x Derecho” que agrupa organizaciones de sociedad civil y personas en apoyo a las reivindicaciones de afectados por dicha sentencia.

Siga en redes sociales @reconoci_do y @domxderecho

República Dominicana deberá responder sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad

Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Lun, 07/10/2013

 República Dominicana deberá responder sobre sobre discriminación racial, expulsiones masivas y privación arbitraria de nacionalidad Ciudad de México D.F., 7 de octubre de 2013. - Mañana martes 8 de octubre de 2013, dará inicio en la biblioteca de la ciudadela en la Ciudad de México, la audiencia pública del caso Benito Tide Méndez y otros v República Dominicana, referido a la expulsión colectiva de seis grupos familiares en 1999 y 2000.

Los hechos del caso se fundamentan en la discriminación racial estructural que se vive en la isla, la cual tiene como forma de manifestación la exclusión y restricción de derechos de la población dominicana de ascendencia haitiana, grupo al que pertenecen la mayoría de las víctimas del presente caso.

Una de las consecuencias de este fenómeno que se verá en la audiencia, es la expulsión masiva de personas afrodescendiente por considerarlas como extranjeros por el color de su piel, sin tomar las medidas necesarias para garantizar el debido proceso en materia migratoria.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública.

Francisco Quintana, Director del Programa de la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL, declaró que “la negación de la discriminación racial constituye el mayor obstáculo para buscar una solución efectiva a los problemas que la población afectada está viviendo. El problema es muy serio, hablamos de discriminación estructural que ha impactado, además de las expulsiones, en la restricción del reconocimiento de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad”.

El Comité de Naciones Unidas contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación analizó este fenómeno y concluyó en su último informe sobre el país en marzo de 2013, que la discriminación estructural afecta directamente a la población afrodescendiente, sometiendo a esta población a una clara exclusión y restricción en sus derechos fundamentales y oportunidades de desarrollo.

El organismo internacional solicitó varias medidas para implementar políticas públicas que reconozcan e identifiquen las estadísticas de la discriminación racial existente, adecúe sus políticas migratorias, e impida la desnacionalización de personas que pueda generar situaciones de apatridia.

“Esperamos que la Corte Interamericana tome en cuenta los diversos análisis y pronunciamientos hechos por este Comité, así como por el Comité de Derechos de la Niñez y el de la Eliminación de  todas las formas de Discriminación contra la Mujer en relación con el Estado dominicano”, añadió Paola García Rey, consultora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Columbia.

Cristiana Luis Francisca, Presidenta de Mudha, señaló que “una vez más hemos tenido que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Estado dominicano no nos ha dejado otra alternativa, sigue siendo una realidad nacional las frecuentes violaciones de derechos. Igualmente la falta de un diálogo abierto y respetuoso de los derechos humanos con las autoridades y las organizaciones. Estamos hoy ante la Corte Interamericana y si es necesario acudiremos ante los órganos de Naciones Unidas”.

Durante la audiencia del día de mañana ante la Corte Interamericana se escuchará las declaraciones propuestas por las organizaciones representantes que consisten en: el testimonio de una las víctimas dominicanas expulsada con su familia en el año 2000; dos peritos expertos en políticas migratorias y la correcta aplicación de los estándares del derecho internacional y un perito experto en materia de discriminación racial en América y África.

Las organizaciones solicitarán que a través de su fallo el Tribunal Interamericano otorgue una reparación integral a las víctimas, incluida una disculpa pública del Estado por los hechos sucedidos, y además se pronuncie sobre todas las medidas que el Estado dominicano debe adoptar para evitar que hechos como los del presente caso se repitan. Reconocer el problema existente de discriminación racial en la isla es una premisa necesaria para poder revertir estos patrones de exclusión y xenofobia en el país.

Corte Interamericana conocerá sobre políticas discriminatorias en la República Dominicana

El Estado dominicano deberá defender su postura sobre migración y nacionalidad

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país.

Jue, 03/10/2013

 

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública a celebrarse en la ciudad de México en su próximo período extraordinario de sesiones.
Las expulsiones del presente caso no son hechos aislados, formaron parte de una práctica del Estado dominicano de detención arbitraria y expulsiones colectivas de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria. Entre 1999 y 2000, cada una de las familias en el presente caso Fils-Aimé, Gelin, Jean, Medina Ferreras, Sensión, Alezy, y Charles Pérez, fueron víctimas de esta práctica del Estado.
Colette Lespinase, Directora Ejecutiva de GARR señaló que “las víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un intenso sufrimiento personal”.
Cristina Luis Francisca, Directora Ejecutiva de MUDHA, destacó que “los hechos violan la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención”.
El caso también se refiere a la aplicación restrictiva de la Constitución Política dominicana, situación que ha provocado que a la fecha varias de las víctimas no tengan actas de nacimiento ni documentos de identificación personal dominicanos, a pesar de haber nacido en ese país.
La Corte Interamericana se refirió en el año 2005 a la forma en que se debía interpretar la normativa dominicana, vigente hasta el 2010, en relación con la adquisición de la nacionalidad por vía del ius solis en su sentencia del caso Yean y Bosico vs República Dominicana.
Sin embargo, hace tan solo unos días, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señaló que las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular
GARR
en República Dominicana deben ser consideradas como “en tránsito” y de conformidad con la nueva Constitución de 2010, “residentes ilegales”, con la consecuencia de que sus hijos no podrían adquirir la nacionalidad dominicana
Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL señaló que “el Estado dominicano, en lugar de adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, implementó medidas adicionales para reforzar la práctica de privación arbitraria de la nacionalidad al considerar a las personas de ascendencia haitiana como personas extranjeras.”.
El Tribunal Constitucional dominicano solicitó la revisión de los certificados de nacimiento emitidos desde 1929, para determinar si cumplían con lo establecido en su sentencia afectando así a más de cuatro generaciones de personas en el país, algunos de ellos, que habían disfrutado de su nacionalidad por décadas, podrían ser privados de la misma.
Las organizaciones representantes de las víctimas esperan que el fallo del Tribunal Interamericano se pronuncie sobre las medidas que el Estado dominicano debe adoptar en materia legislativa y en sus prácticas administrativas para evitar que hechos como los del presente caso se repitan.
Para más información sobre el tema:
Informe del Fondo de la CIDH www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.271Fondo.doc
Resolución Convocatoria
http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/tidemendez_06_09_13.pdf
Resumen del caso por CIDH
http://www.corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/casotidemendez.pdf
Página Web de las Sesiones
http://corteidh.or.cr/mexico/agenda.html
Transmisión en vivo
http://www.livestream.com/corteidh
Web CEJIL
www.cejil.org
Contacto de prensa en Costa Rica: Daniela Araya Oficial de comunicaciones Tel: +506 22807473 Correo: daraya@cejil.org
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Washington, D.C., y Santo Domingo, R.D. 3 de octubre de 2013. El próximo 8 y 9 de octubre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá un caso contra la República Dominicana sobre la detención arbitraria y expulsión colectiva de seis familias por parte de agentes de migración del territorio de dominicano. Los hechos del caso están basados en la discriminación estructural que existe en contra de la población dominicana de origen haitiano y migrantes haitianos que han vivido por varios años en el país. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Movimiento De Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), Groupe d'Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR), y la Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad Columbia, Nueva York actuarán como representantes de las víctimas ante el Tribunal Interamericano en la audiencia pública a celebrarse en la ciudad de México en su próximo período extraordinario de sesiones.

Las expulsiones del presente caso no son hechos aislados, formaron parte de una práctica del Estado dominicano de detención arbitraria y expulsiones colectivas de personas que se presumen de origen haitiano, práctica que se lleva a cabo utilizando “perfiles raciales basados en la presunta nacionalidad de la víctima” y es, por lo tanto, discriminatoria. Entre 1999 y 2000, cada una de las familias en el presente caso Fils-Aimé, Gelin, Jean, Medina Ferreras, Sensión, Alezy, y Charles Pérez, fueron víctimas de esta práctica del Estado.

Colette Lespinase, Directora Ejecutiva de GARR señaló que “las víctimas fueron detenidas y, en menos de 24 horas, expulsadas arbitrariamente de la República Dominicana hacia Haití, sin previo aviso, audiencia u oportunidad de recoger sus pertenencias o contactar a sus familias, situación que les provocó graves perjuicios, que incluyeron pérdidas materiales y un intenso sufrimiento personal”.

Cristina Luis Francisca, Directora Ejecutiva de MUDHA, destacó que “los hechos violan la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que las expulsiones se realizaron sin garantías de debido proceso, no se adoptaron medidas para proteger el interés superior de los niños y niñas, y no existió un recurso judicial efectivo en el derecho interno que les permitiera impugnar la decisión de las autoridades dominicanas de expulsarlos o cuestionar la ilegalidad de su detención”.

El caso también se refiere a la aplicación restrictiva de la Constitución Política dominicana, situación que ha provocado que a la fecha varias de las víctimas no tengan actas de nacimiento ni documentos de identificación personal dominicanos, a pesar de haber nacido en ese país.

La Corte Interamericana se refirió en el año 2005 a la forma en que se debía interpretar la normativa dominicana, vigente hasta el 2010, en relación con la adquisición de la nacionalidad por vía del ius solis en su sentencia del caso Yean y Bosico vs República Dominicana.

Sin embargo, hace tan solo unos días, el 23 de septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en la que señaló que las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular en República Dominicana deben ser consideradas como “en tránsito” y de conformidad con la nueva Constitución de 2010, “residentes ilegales”, con la consecuencia de que sus hijos no podrían adquirir la nacionalidad dominicana

Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe de CEJIL señaló que “el Estado dominicano, en lugar de adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos, implementó medidas adicionales para reforzar la práctica de privación arbitraria de la nacionalidad al considerar a las personas de ascendencia haitiana como personas extranjeras.”.

El Tribunal Constitucional dominicano solicitó la revisión de los certificados de nacimiento emitidos desde 1929, para determinar si cumplían con lo establecido en su sentencia afectando así a más de cuatro generaciones de personas en el país, algunos de ellos, que habían disfrutado de su nacionalidad por décadas, podrían ser privados de la misma.

Las organizaciones representantes de las víctimas esperan que el fallo del Tribunal Interamericano se pronuncie sobre las medidas que el Estado dominicano debe adoptar en materia legislativa y en sus prácticas administrativas para evitar que hechos como los del presente caso se repitan.

Para más información sobre el tema:

Informe del Fondo de la CIDH www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12.271Fondo.doc

Resolución Convocatoria

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/tidemendez_06_09_13.pdf

Resumen del caso por CIDH

http://www.corteidh.or.cr/mexico/informacionalpublico/casotidemendez.pdf

Página Web de las Sesiones

http://corteidh.or.cr/mexico/agenda.html

Transmisión en vivo

http://www.livestream.com/corteidh

Web CEJIL

www.cejil.org

Contacto de prensa en Costa Rica: Daniela Araya Oficial de comunicaciones Tel: +506 22807473 Correo: daraya@cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

República Dominicana sigue sin cumplir Sentencia de la Corte IDH

A 19 años de la desaparición forzada de Narciso González, el Estado debe poner fin a la impunidad

Santo Domingo, San José y Washington, D.C., 26 de mayo de 2013.- Hoy, en el 19º  aniversario de la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reitera que el Estado dominicano debe cumplir puntual y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para quebrar el cerco de impunidad.

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”, fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Un día antes de su desaparición forzada el 26 de mayo de 1994, pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral y señalaba a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer. Su desaparición fue un duro golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano que se sigue sintiendo hoy

Dom, 26/05/2013

Rafael Narciso González

Santo Domingo, San José y Washington, D.C., 26 de mayo de 2013.- Hoy, en el 19º  aniversario de la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reitera que el Estado dominicano debe cumplir puntual y cabalmente con la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para quebrar el cerco de impunidad.

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”, fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Un día antes de su desaparición forzada el 26 de mayo de 1994, pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral y señalaba a los jefes de la policía y las fuerzas armadas como cómplices de Balaguer. Su desaparición fue un duro golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano que se sigue sintiendo hoy.

En el Caso González Medina Vs. República Dominicana, la Corte IDH determinó que el Estado dominicano es responsable por la desaparición forzada de Narciso González y por violaciones de los derechos a las garantías judiciales y la integridad personal de sus familiares. En la Sentencia, la Corte IDH ordenó que la República Dominicana adopte medidas de reparación incluyendo, la investigación de los hechos, la búsqueda del paradero de Narciso y otras medidas con el fin de esclarecer la verdad, reparar el grave daño ocasionado y garantizar la no-repetición de hechos como los del caso.

Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha demostrado ningún avance en el cumplimiento de esta Sentencia y ni siquiera ha presentado los informes requeridos por la Corte IDH.

“Hoy, a 19 años de la desaparición de Narciso González, el Estado dominicano sigue sin acatar la sentencia y sin llevar a cabo una investigación pronta, seria y eficaz de los hechos,” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL. “Esto perpetúa la impunidad y deniega el derecho de los familiares y del pueblo dominicano a conocer la verdad”.

Por otra parte, esta semana el National Security Archive logró publicar 49 documentos desclasificados que confirman la sentencia de la Corte IDH, y demuestran fallas en las investigaciones de la desaparición de Narciso González llevadas a cabo en el sistema de justicia interno de República Dominicana.

Hoy, a 19 años de la desaparición forzada de Narciso González, CEJIL denuncia enérgicamente el incumplimiento estatal con la Sentencia de la Corte IDH, y la impunidad que perpetúa, y exhorta al Estado dominicano a que cumpla con todas las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH, incluyendo la obligación de investigar los hechos del caso.

Para más información:

  • National Security Archive, Government Impunity in Narciso González Case Continues after 19 years: Inter-American Court Ruling Confirmed by Declassified Documents. 23 de mayo de 2013. http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB429/

Carta de la sociedad civil al Presidente del Consejo Permanente

Transparencia de la OEA

Distinguido Embajador Pary Rodríguez:

 

Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.

Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas", disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.

 


Sáb, 23/06/2012

11 de julio de 2012
 
Su excelencia
Embajador Diego Pary Rodríguez
Presidente del Consejo Permanente
Organización de los Estados Americanos
 
 
Ref.: Participación de la sociedad civil en el proceso de discusión
relacionado con la Resolución AG/RES.2761


Distinguido Embajador Pary Rodríguez:
 
Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.
Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas"[1], disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.
En consonancia con el referido mandato, el Consejo Permanente incluyó este tema en su reunión ordinaria de fecha 28 de junio anterior disponiendo el inicio formal del proceso. Algunos días después, la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, a través de su Departamento de Asuntos Internacionales, hizo pública tal decisión informando a la sociedad civil que sobre el tema "el Consejo Permanente realizará próximamente reuniones informales con el fin de definir la metodología, el plan de trabajo, la agenda y el formato de las consultas a usar."[2]
Al respecto, las organizaciones firmantes consideramos que la forma en que se estaría resolviendo la participación de la sociedad civil en el diálogo ordenado por la Asamblea General en su Resolución, no constituye un proceso de participación real y efectiva congruente con los principios que sobre el tema ha fijado la propia OEA.
De esta manera, la OEA ha reconocido en numerosas ocasiones la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la Carta Democrática Interamericana reafirma el principio de que la promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA fortalece la institucionalidad democrática en la región; en esa misma sintonía y en ocasión de la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, los Jefes y Jefas de Estado de la región expresaron su compromiso para incentivar una plena participación de la sociedad civil en el Sistema Interamericano (parr.94).[3]
Más recientemente, en la pasada Asamblea General, los Estados de la Región adoptaron la Resolución AG/RES. 2736 (XLII-O/12)[4], mediante la cual se comprometen a ampliar y garantizar el diálogo y la participación con la sociedad civil a través de distintos medios.
En atención a lo anterior y debido a la importancia del tema que se encuentra en discusión ante el Consejo Permanente, o sea, el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el proceso debe resolverse asegurando las formas, oportunidades y espacios adecuados para que la participación de la sociedad civil sea real y efectiva y que garantice un verdadero diálogo entre todas las partes involucradas.
En tal sentido, hacemos un llamado respetuoso para que se retomen los estándares fijados por la Asamblea General en cuanto a la participación de la sociedad civil y se garantice al menos lo siguiente:

  • Discusiones transparentes tanto a nivel regional (en el seno del Consejo Permanente o en otra instancia de la OEA) como en los distintos países;
  • Se realicen procesos de consulta en los países, los cuales deben ir más allá de las capitales en países cuya extensión sea considerable y sea difícil acudir a las convocatorias realizadas por la capital;
  • Se valore la pertinencia de utilizar recursos del Fondo Específico para financiar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en las discusiones que se generen sobre el tema de fortalecimiento de la Comisión Interamericana.  Pensar e implementar metodologías innovadoras, que no pueden agotarse en intervenciones presenciales en el marco de las sesiones del Consejo Permanente, ni tampoco reducirse a la circulación formal de documentos. Herramientas como la participación a distancia en tiempo real y la transmisión en vivo por webcast de todas las discusiones son mínimos que deben asegurarse, para poder hacer contribuciones informadas en torno a los distintos temas que sean discutidos;
  • Contar con una dinámica que facilite un diálogo en el marco de las reuniones y en cada una de las instancias de debate establecidas por el Consejo Permanente y no sólo una participación escrita formal. Es claro que la participación no puede reducirse a algunos momentos, sino que debe asegurarse durante todo el proceso, lo cual no pudo ser garantizado en el proceso previo de discusión del informe del Grupo de Trabajo. En tal sentido, como bien señala el Informe del Grupo de Trabajo, la única reunión que se dio fue el 28 de octubre de 2011, en el marco del periodo de sesiones de la CIDH y la convocatoria fue hecha sólo unos días antes de la reunión. Dado que ese día la CIDH aún estaba celebrando audiencias, numerosas organizaciones y funcionarios de diferentes países no pudieron participar en el llamado diálogo[5].

Con base en lo expuesto, consideramos sustancial que, como mínimo y previo a cualquier discusión sustantiva sobre el tema, durante la siguiente sesión del Consejo Permanente, se pueda trabajar una metodología en la que se establezcan formas de divulgar la información, una enunciación de los diferentes actores involucrados en la discusión del fortalecimiento de la Comisión Interamericana, la identificación de los espacios de participación real, así como un calendario de las reuniones y eventos que se llevarán a cabo tanto en Washington como en los distintos países durante los próximos meses.
Deseamos insistir en la necesidad de que se generen las oportunidades de participar efectivamente en cada uno de los puntos de discusión y en cada una de las reuniones que se hagan en relación con este tema que nos ocupa y que atañe a la vigencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos a los Estados ser escuchadas y tenidas en cuenta en nuestras opiniones y aportes al tiempo no solo de discutir las recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo, sino también en oportunidad de resolver las cuestiones metodológicas y de agenda.
Agradecemos de antemano la atención a la presente, y quedamos a la espera de una respuesta de su parte.
 
c.c.p. José Miguel Insulza. Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.
c.c.p. José de Jesús Orozco, Presidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para su conocimiento
Organizaciones Firmantes:
Regionales
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición LGBTTTI Trabajando en la OEA
Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras
International Pregnancy Advisory Services (Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo) IPAS – Centroamérica
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc)
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ – AL)
 
Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer
 
Brasil
Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de Janeiro
ISER- Instituto de Estudos da Religião

Chile
Corporación Humanas
 
Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Peace Brigades International - Colombia Project
 
Costa Rica
Alianza por tus Derechos
 
Ecuador
Accion Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Pachamama

El Salvador
Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (PROBUSQUEDA)
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER)
Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA)
 
Estados Unidos
Human Rights Clinic, University of Texas
US Office on Colombia
Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala (90 organizaciones)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
 
Honduras
Asociación Cooperación Técnica Nacional (CTN)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación LGTB Arco Iris
Asociación para una vida mejor de personas infectadas/afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH)
Casa Alianza
Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Centro para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las víctimas de tortura y sus familiares (CPTRT)
Coalición Nacional de Mujeres de Honduras (CONAMUH)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH)
Comité por la Libre Expresión  (C-LIBRE), Honduras
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH)
Gran Alianza por OMOA
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
 
México
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACCUDEH)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Tlachinollan)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.  (CEDHEM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (IDHEAS)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.
Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ)
 
Nicaragua
Casa Alianza
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (SISAS)
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento contra el abuso sexual
Movimiento Feminista de Nicaragua
Oficina de asistencia técnica para el desarrollo y la equidad (CIFEM), Nicaragua
Red de Mujeres contra la Violencia

Panamá
Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá
Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Instituto de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena
 
Paraguay
BASE Investigaciones Sociales,
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
 
Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)
CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
 
Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
 
Venezuela
Acción Solidaria en VIH/Sida
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Car

[1] AG/RES. 2761 (XLII-O/12), Seguimiento de la Recomendaciones del “Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión Sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General en Bolivia celebrada el 5 de junio de 2012. En su párrafo segundo estableció “Encargar al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”.
[2] Correo de 5 de julio de 2012, difundido por el listado de osc_registradas@lists.oas.org por la Dirección del Departamento de Asuntos Internacionales, de la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, titulado “OEA - Consulta - Recomendaciones sobre el Funcionamiento de la CIDH y el Fortalecimiento del SIDH | OAS - Consultation - Recomendations on the Functioning of the IACHR and the Strengthening of the IASHR”.
[3] Declaración de Puerto España, 2009, en su párrafo 94 señala “Nos comprometemos a continuar incentivando la participación de nuestros pueblos, mediante la actuación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil, en el diseño y ejecución de políticas y programas de desarrollo, proporcionando asistencia técnica y financiera, según corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, para reforzar y desarrollar su capacidad de participar de una forma más plena en el sistema interamericano”, disponible en http://www.summit-americas.org/sisca/cs_sp.html.
[4] Cfr., OEA. Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas. AG/RES. 2736 (XLII-O/12), aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012.
[5] En tal sentido, de acuerdo con el calendario de sesiones de la CIDH, ese día se llevaron a cabo audiencias sobre Canadá, Haití, Chile, Brasil, Panamá, El Salvador, y también se celebraron audiencias regionales sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en las Américas; la seguridad ciudadana y derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras; la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en América Latina; la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas; y la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Para más información sobre el 143º periodo de sesiones de la CIDH, ver: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Calendario143.pdf
 

Corte Interamericana condena a República Dominicana por desaparición forzada de Narciso González

El profesor y periodista fue desaparecido por oponerse al régimen de Balaguer

Washington DC, 3 de abril de 2012 – La República Dominicana es responsable por la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina desde el 26 de mayo de 1994. Así lo notificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de abril de 2012, a los representantes de la víctima y sus familiares: La Comisión de la Verdad,  el abogado Tomás Castro Monegro y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”,  fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Fue detenido el 26 de mayo de 1994 por oficiales castrenses, y visto en días posteriores en mal estado físico bajo custodia militar.


Mar, 03/04/2012

Washington DC, 3 de abril de 2012 – La República Dominicana es responsable por la desaparición forzada del profesor, periodista y activista Narciso González Medina desde el 26 de mayo de 1994. Así lo notificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 2 de abril de 2012, a los representantes de la víctima y sus familiares: La Comisión de la Verdad,  el abogado Tomás Castro Monegro y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Narciso González, conocido también como “Narcisazo”,  fue profesor universitario, periodista, abogado y opositor férreo a los regímenes dictatoriales de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Fue detenido el 26 de mayo de 1994 por oficiales castrenses, y visto en días posteriores en mal estado físico bajo custodia militar.

 

Un día antes de su desaparición, Narciso pronunció un discurso en el que denunciaba el fraude electoral ocurrido en los comicios presidenciales, y señalaba a los jefes de la Policía, del Ejército y de la Fuerzas Aéreas como cómplices de Joaquín Balaguer. La desaparición de Narciso González fue un duro golpe a la libertad de expresión del pueblo dominicano que se sigue sintiendo el día de hoy.

 

Sus familiares procuraron impulsar la investigación ante distintas instancias pero el Estado dominicano no respondió a los reclamos. Hasta la fecha se desconoce la verdad de lo ocurrido, no se han identificado ni  procesado judicialmente a los responsables, ni se ha esclarecido el paradero de la víctima.

 

“Esta decisión histórica de la Corte Interamericana será clave para quebrar el cerco de impunidad en que todavía se encuentran los crímenes de la época de Trujillo y su legado autoritario balaguerista. También contribuirá a cambiar las fallas estructurales y normativas que han favorecido dicha impunidad”, dijo Ariela Peralta, Sub Directora de CEJIL.

 

La Corte declaró que  la República Dominicana también es responsable por las violaciones a los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento de la personalidad jurídica en perjuicio de Narciso González. También reconoció la violación de los derechos a las garantías,  a la protección judicial y a la integridad personal, en perjuicio de sus familiares: su cónyuge Luz Altagracia Ramírez y sus hijos Ernesto, Rhina Yokasta, Jennie Rosanna y Amaury.

 

Entre varias medidas apuntadas a honrar la figura de Narciso González Medina, la Corte ordenó al Estado dominicano a realizar un documental audiovisual sobre su vida, en el que se haga referencia a su obra periodística, literaria y creativa, así como su contribución a la cultura dominicana.

 

 

Contacto de Prensa:

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

+1-202 319 3000

 

 

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