México

Corte Interamericana declara incumplimiento de diversas medidas de reparación en el caso Ecologistas contra México

Siguen sin cumplirse medidas de reparación de sentencia del 2010

• Destaca la falta de reforma del Código de Justicia Militar
• A casi tres años de la sentencia, pocas diligencias en la investigación por tortura

El pasado 21 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó su primera resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, conocido como el caso de los Campesinos Ecologistas. En la resolución, la Corte IDH declaró incumplidas varias de las medidas de reparación más trascendentales ordenadas en su sentencia de noviembre de 2010, en la que la Corte IDH constató que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, libertad, protección judicial y otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

 

Lun, 23/09/2013

• Destaca la falta de reforma del Código de Justicia Militar
• A casi tres años de la sentencia, pocas diligencias en la investigación por tortura

El pasado 21 de agosto de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó su primera resolución de supervisión de cumplimiento en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, conocido como el caso de los Campesinos Ecologistas. En la resolución, la Corte IDH declaró incumplidas varias de las medidas de reparación más trascendentales ordenadas en su sentencia de noviembre de 2010, en la que la Corte IDH constató que el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, libertad, protección judicial y otros en perjuicio de Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

 

De acuerdo con la Corte IDH el Estado mexicano sigue sin cumplir reparaciones esenciales ordenadas en su sentencia. Dichas medidas tienen relación con la reparación de los daños con miras a garantizar que este tipo de violaciones a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.

Al respecto, el Tribunal Interamericano destacó que todavía no se ha reformado el Código de Justicia Militar para garantizar que las violaciones a derechos humanos sean investigadas y juzgadas por autoridades civiles, una reforma ordenada por la Corte IDH en cuatro sentencias consecutivas contra México. En esta ocasión la Corte recordó que “el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana” y reiteró la obligación de reformarlo.

Por otra parte, al cumplirse casi tres años desde la emisión de la sentencia, sigue sin cumplirse la investigación y sanción de los graves abusos cometidos en contra de las víctimas.  En este sentido, la Corte IDH indicó: “este Tribunal constata que a más de dos años de haberse iniciado la averiguación previa, se han realizado pocas diligencias judiciales tendientes a determinar a los presuntos responsables de los hechos del presente caso”. Ante ello, se “insta al Estado a que realice, dentro de un plazo razonable, las diligencias pendientes dentro de la averiguación previa”. Cabe recordar que en este caso está ampliamente documentada la tortura sufrida por las víctimas, además de que algunos de los responsables se encuentran plenamente identificados, por lo que a pesar de haber transcurrido 14 años desde los hechos, están disponibles todos los elementos para que avance la investigación.

 

Finalmente, la Corte IDH reiteró la obligación del Estado de modificar sus registros de personas detenidas para evitar violaciones a derechos humanos.  El Tribunal Interamericano seguirá monitoreando el caso hasta que el Estado mexicano haya dado cabal cumplimiento a todas las medidas de reparación ordenadas en la sentencia.

 

Ante esto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representantes de las víctimas ante la Corte IDH, exigimos que el Estado mexicano cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales y consecuentemente con la totalidad de las medidas que fueron ordenadas por dicho Tribunal.

 

Información de contacto:

 

Centro Prodh:

Quetzalcoatl g. Fontanot
Área de comunicación y análisis del Centro Prodh

Tels. 5546 8217, ext. 110; 5546 6559 (directo); 55 8531 2218 (celular)
Correo electrónico: comunicacion@centroprodh.org.mx

 

 

CEJIL:

Daniela Araya

Oficial de Comunicaciones

Tel. (+506) 2280-7473

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Acto de Reconocimiento Público en el Caso Jesús Ángel Gutiérrez Olvera

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Lun, 01/10/2012 - 12:00
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
México DF

Congresos estatales deben apurar ratificación de trascendente reforma constitucional en México

Carta Magna reconoce el valor fundamental de los tratados internacionales en derechos humanos

San José, 17 de marzo del 2011. CEJIL se complace por la reciente reforma constitucional en México e insta a las legislaturas estatales a que sancionen lo antes posible la nueva versión de la Carta Magna con enfoque a los derechos humanos.

Jue, 17/03/2011

San José, jueves 17 de marzo del 2011. La semana pasada, el Senado mexicano adoptó una de las más importantes reformas constitucionales en materia de derechos humanos de las últimas décadas.

La reforma de once artículos eleva al rango de la Carta Magna los compromisos que el Estado mexicano ha asumido mediante tratados internacionales y garantiza el principio pro personae (la aplicación de la norma más favorable para la persona). Además, el documento renovado establece “las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.” Esta disposición es sustantiva para el avance en el cumplimiento adecuado y efectivo de las resoluciones emitidas por órganos internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, entre otros avances, la nueva versión constitucional define cómo y en cuáles circunstancias se puede declarar el Estado de excepción; y se estipula los derechos para la solicitud de asilo, por motivos políticos; y para la solicitud de refugio, por razones humanitarias.

La prohibición de discriminar por motivos de orientación sexual ha quedado explícitamente normado en la Carta Magna. Asimismo se estipula que la organización del sistema penitenciario debe estar regida por los derechos humanos.

Este importante avance representa un punto de partida para las distintas modificaciones legislativas que deben darse en México, tanto en la Constitución como en otras normas que no cumplen con los estándares internacionales en materia de derechos humanos como, por ejemplos, algunas disposiciones del Código de Justicia Militar y de la Ley de Amparo.

Ahora, al menos 17 de los 32 congresos estatales deben sancionar la reforma para que entre en vigor. CEJIL se suma al reconocimiento por este avance y, como organización regional de derechos humanos que acompaña a distintas organizaciones, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares de ellas, insta a las legislaturas locales y al Ejecutivo federal a garantizar la vigencia de esta reforma a la brevedad. Así, las personas que se encuentran en territorio mexicano gozarán de mayores derechos.

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa

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México demuestra falta de voluntad para cumplir sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Casos de Valentina Rosendo e Inés Fernández siguen en el fuero militar
  • A cuatro meses de la emisión de los fallos, las investigaciones continúan en el fuero militar

  • México cancela y pospone indefinidamente la instalación de las mesas de trabajo para el cumplimiento de las sentencias

  • Ante el incumplimiento, organizaciones anuncian campaña para exigir justicia y difunden carta firmada por mujeres galardonas con el premio Nobel
Jue, 10/02/2011


México, D. F. a 10 de febrero de 2011.- En conferencia de prensa realizada en las instalaciones del Centro ProDH, la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), JASS,  Servicios y Asesorías para la Paz, Association for Women's Rights in Development (AWID), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan  y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIl) denunciaron la nula voluntad del Estado mexicano para cumplir con las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.
 
En los dos fallos, puntualizaron, el Tribunal Interamericano determinó la responsabilidad internacional de México por la violación sexual de ambas mujeres indígenas Me’phaa, cometida por soldados del Ejército mexicano en el  2002. La Corte estableció también,   que dichas violaciones constituyeron actos de tortura y que las investigaciones, al ser conducidas en el fuero militar, estuvieron viciadas por la falta de imparcialidad del ministerio público castrense. En tal virtud, manifestaron, dicho Tribunal ordenó al Estado que investigue las violaciones en el fuero civil, que reconozca públicamente su responsabilidad, y que adopte medidas para que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.
 
No obstante, las organizaciones señalaron que habiendo transcurrido más de cuatro meses desde que las sentencias fueron dictadas, México no ha mostrado con hechos concretos que pretenda cumplir  las sentencias, como es su obligación. La coordinación del cumplimiento de las sentencias a cargo del Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, y de la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no muestra ningún avance.
 
Así, destacaron que las investigaciones permanecen en el fuero militar aún cuando la Corte IDH señaló expresamente que se trata de una instancia incompetente para investigar violaciones a los derechos humanos y, señaladamente, la violación sexual de una civil cometida por elementos castrenses. La remisión de los expedientes al fuero civil, siendo una medida elemental de cumplimiento inmediato, no se ha materializado, lo que muestra la creciente debilidad de las autoridades civiles frente a sus pares militares.
 
Por otro lado,  las organizaciones denunciaron que la instalación formal de las mesas de trabajo para el cumplimiento de los fallos ha sido pospuesta desde noviembre del año pasado. La más reciente cancelación se dio el pasado 8 de febrero, cuando SEGOB canceló de última hora el acto solemne de instalación de las mesas, al no poder garantizar la presencia de los representantes de las instituciones involucradas en el cumplimiento. Dicha cancelación, expresaron, es muestra tanto del desdén frente al proceso de cumplimiento como de incapacidad operativa por parte de la autoridad responsable de coordinar los trabajos encaminados al cumplimiento de las sentencias. En ese sentido, destacaron que lo más preocupante de la cancelación es que denota una total falta de respeto a las víctimas, quienes por más de ocho años no han cejado en su búsqueda de justicia a pesar de los riesgos que implica.
Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú no participaron en la conferencia de prensa, ya que la falta de avances en el cumplimiento de las sentencias perpetúa la situación de peligro  que ambas enfrentan. En reconocimiento de la gravedad de este riesgo,  la Corte Interamericana ha concedido medidas provisionales de protección a  favor de ambas mujeres, sus familias y sus organizaciones.
 
Frente a este escenario, recordando el rezago considerable que arrastra México en  cuanto al acatamiento de las sentencias provenientes de la Corte IDH, las organizaciones anunciaron nuevas acciones para exigir que el Estado mexicano cumpla las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Para iniciar dicha campaña, dieron a conocer la publicación de una carta suscrita por un grupo de mujeres galardonadas con el Premio Nóbel, reconocidas mundialmente por su compromiso con los derechos de las mujeres, entre las que se encuentran Jody Williams, Mairead Maguire, Wangari Maathai, Rigoberta Menchu Tum y Betty Williams
 
La carta suscrita por otras personalidades como Marta Lamas, Ofelia Medina, Begoña Lecumberri, Julieta Egurrola, Las Reinas Chulas (Ana Francis Mor, Marisol Gasé, Cecilia Sotres, Nora Huerta), Raúl Vera, Adolfo Gilly, Luis Villoro, Bruno Bichir, Daniel Giménez Cacho, Miguel Ángel Granados Chapa, Los de Abajo, Vanessa Bauche, Rosario Ibarra de Piedra, Ricardo Rocha, Carlos Fazio, Gilberto López y Rivas, Gral. Francisco Gallardo, Giovana Caváosla, Zacarías Teresa, Cecilia Pérez y Francesca Guillén exige al Gobierno Federal el pronto cumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte IDH y transmite  la preocupación por la permanencia en el fuero militar de las investigaciones y por la postergación de la instalación de las mesas de trabajo.
 
La carta pública, además de implicar un firme posicionamiento de solidaridad para Inés y Valentina por parte de activistas de 80 organizaciones provenientes de América Latina, Asia y Europa, muestra que el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte IDH en ambos casos es objeto de atención internacional.
 
Finalmente, las organizaciones convocantes reiteraron que el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, además de permitir que ambas mujeres Me’phaa accedan finalmente a la justicia, permitirá atender algunos de los puntos nodales de la agenda de derechos humanos en México como la violencia contra las mujeres indígenas, la ausencia de controles civiles sobre las fuerzas armadas y el incremento de los riesgos que se ciernen sobre las víctimas y organizaciones que denuncian los abusos de poder. En ese sentido, denunciaron que continuarán buscando por todos los medios el acatamiento de los fallos.
 
 
 
 
 
 
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CEJIL lamenta la muerte del obispo Samuel Ruiz García

Defensor infatigable de la paz

24 de enero de 2011. CEJIL rinde un homenaje al trabajo de don Samuel Ruiz García (1924-2011), a su búsqueda por la justicia y por sembrar la esperanza de un mundo mejor. Se ha ido una irremplazable y respetadísima voz en defensa de los derechos humanos para los más oprimidos del continente.

Lun, 24/01/2011

24 de enero de 2011. CEJIL se conduele profundamente por el fallecimiento del obispo mexicano Samuel Ruiz García (1924-2011), incansable defensor de los derechos humanos.

Don Samuel fue un activista y vocero contra la marginación de las comunidades indígenas del sur de México. Asimismo, fue un perseverante promotor de la paz y un negociador clave en diversos procesos sociales de alta envergadura.

Cuando estalló el conflicto armado entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Estado mexicano en enero de 1994, su nombre se destacó como el del único mediador concensuado por ambas partes.

Ejerció como obispo en San Cristóbal de las Casas hasta 1999 y posteriormente fundó SERAPAZ, una organización civil mexicana para la promoción de la paz.

“Tatic” Ruiz practicó la llamada “opción por los pobres”, la cual, según sus palabras, en Latinoamérica tomó la forma inevitable de “la opción por los indígenas”, ya que ellos son “los más pobres entre los pobres”.

CEJIL rinde un homenaje al trabajo de don Samuel Ruiz García, a su búsqueda por la justicia y por sembrar la esperanza de un mundo mejor. Se ha ido una irremplazable y respetadísima voz en defensa de los derechos humanos para los más oprimidos del continente. Su importante legado queda y su tarea cotidiana de lucha por la verdad y la justicia todavía sigue vigente.

 

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El Estado mexicano es responsable de las torturas y violaciones sexuales de Inés Fernandez Ortega y de Valentina Rosendo Cantú

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Valentina Rosendo e Inés Fernández Tlapa de Comonfort, a 1  de octubre de 2010 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó esta tarde las dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ella señala que el Estado debe reparar los daños íntegramente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder.

Vie, 08/10/2010

 

 

La sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) reconoce públicamente la palabra de las mujeres me´phaa que buscaron justicia por más de 8 años.
El Estado mexicano deberá reparar íntegramente y con prontitud los daños ocasionados e investigar y castigar a los responsables en la justicia civil.
Los fallos responsabilizan al Estado de que las sentencias no detonen nuevas represalias.

 

 

 

Inés Fernández Ortega (izquierda) y Valentina Rosendo Cantú (derecha)
(Fuente: Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”)

 

Tlapa de Comonfort, a 1  de octubre de 2010 - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) notificó esta tarde las dos sentencias en las que condena al Estado mexicano por las violaciones sexuales que las indígenas me´phaa Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú sufrieron en 2002. En ella señala que el Estado debe reparar los daños íntegramente, garantizar la seguridad futura de Inés y Valentina, castigar a los responsables en la justicia civil y adecuar la legislación y práctica interna en torno a los tratados internacionales para que lo sucedido a Inés y Valentina no vuelva a suceder.

Las sentencias que hoy se notificaron son primordialmente un reconocimiento a la búsqueda de justicia de las mujeres indígenas me´phaa Inés Fernández y Valentina Rosendo. Las sentencias reconocen como hecho incontrovertible que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados del Ejército mexicano Estado mexicano en las comunidades de Barranca Bejuco y Barranca Tecuani, ubicadas en el municipio de Ayutla de Los Libres, en la Costa-Montaña de Guerrero y que el Estado mexicano les negó la justicia. Cabe recordar que la posición del Estado en el litigio de estos casos había sido la de negar la violencia sufrida por las víctimas y, con ello, poner en entredicho la veracidad de su testimonio.

Ambas sentencias establecen que, al no procurar justicia en ambos casos y garantizar la impunidad de los responsables –que actualmente están siendo investigados por el fuero militar- el Estado es directamente responsable  de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de Ias víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial. También ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado.

Las sentencias señalan que el Estado debe reparar el daño integralmente, involucrando a los tres niveles de gobierno y a los tres poderes, de tal forma que la voz de las víctimas sea escuchada. Fundamentalmente, las medidas ordenadas por la Corte se relacionan con: la investigación eficaz de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares responsables en la justicia civil, en condiciones de seguridad para las víctimas;  realización de procedimientos disciplinarios para los funcionarios que, con su negligencia, obstaculizaron el avance de las investigaciones; la reparación material del daño; y, la garantía de que  hechos similares no vuelvan a suceder a otras mujeres, mediante la provisión de servicios médicos adecuados para mujeres víctimas de violencia sexual; la continuación en la estandarización de un protocolo de actuación respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales; y la capacitación de funcionarios.

La Corte también ha fijado como medidas de satisfacción para las víctimas la publicación de las partes pertinentes de la sentencia (en español y me’phaa), el reconocimiento público de responsabilidad llevado a cabo por las más altas autoridades federales y estatales y la provisión de una atención médica y psicológica a ellas y a sus familiares. Dadas las situaciones particulares de los casos, la Corte ha establecido que es necesario el consentimiento expreso de las víctimas en la publicidad de algunas de estas medidas.

De igual manera, la Corte reconoce la importancia del rol que Inés y Valentina jugaban en su comunidad y la afetación a la misma a partir de los hechos. Por ello, ha ordenado el establecimiento de un centro comunitario para la mujer, en el que se desarrollen actividades  de promoción de los derechos humanos y derechos de la mujer en ese ámbito.

Los casos de Inés y Valentina son paradigmáticos pues tocan puntos nodales sobre la situación actual de los derechos humanos en México: los abusos ocasionados por la militarización de la vida pública; la falta de acceso a la justicia para las mujeres y los obstáculos y amenazas que enfrentan las y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas. En las condiciones más adversas y a pesar de las amenazas que han sufrido, Inés y Valentina perseveraron en denuncia por lo ocurrido durante ocho años.

Entre las medidas, cuya adopción contribuirá a que ninguna mujer vuelva a experimentar lo vivido por Inés y Valentina, la CoIDH reiteró la orden de reformar al sistema de justicia militar para acotar el fuero; el fortalecimiento de las capacidades de las instancias de atención integral de la violencia de género en Guerrero y el reforzamiento de los servicios médicos para mujeres víctimas.

Para las víctimas es prioritario que el cumplimiento de estas medidas no les genere nuevos riesgos. Estos temores se fundan en que las sentencias, además de fincar responsabilidad al Estado, ordenan una investigación que deberá traducirse en la captura, procesamiento y sanción de los militares responsables. Frente a este escenario, demandamos que el Estado asuma la responsabilidad de asegurar que Inés y Valentina puedan reconstruir su proyecto de vida y puedan vivir con tranquilidad.

El Estado mexicano está obligado a cumplir íntegramente las sentencias. En este sentido, preocupa que en casos similares (casos Rosendo Radilla y Campo Algodonero) esta obligación ha sido ignorada. Ello es  aún más importante en tanto que los casos denunciados evidencian una exclusión histórica en el estado de Guerrero,  así como problemáticas estructurales de violencia contra las mujeres y, sobre todo, la insistencia en el juzgamiento de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos por la jurisdicción militar.

Por tanto, demandamos que en lo inmediato se implementen acciones concretas que muestren que las resoluciones se cumplirán con seriedad. Sólo una respuesta eficaz y responsable evidenciará el compromiso del Estado de que estos hechos no se repitan y, sobre todo, estará a la altura de la prolongada y tortuosa búsqueda de justicia de Inés y Valentina y paliará, en la medida en ello sea posible, el inmenso daño que el Estado mexicano les causó.

 

Antecedentes sobre los casos

 

El 16 de febrero del 2002, Valentina, de 17 años de edad, fue abordada por ocho soldados del 41 Batallón de Infantería mientras se encontraba lavando en un arroyo  Barranca Bejuco. Los soldados le preguntaron por el paradero de hombres “encapuchados”. Cuando respondió que no conocía a ninguno, le apuntaron con sus armas y la amenazaron. Un soldado golpeó a Valentina; otro le jaló el pelo mientras la seguía interrogando. Finalmente, ante la mirada del resto de los soldados, dos de ellos la violaron sexualmente.

Veintinueve días después, el 22 de marzo de 2002, Inés Fernández Ortega, de 25 años de edad, también fue atacada cuando se encontraba en su cocina mientras sus cuatros hijos e hijas jugaban en el cuarto contiguo. Once militares se presentaron en su casa, ubicada en Barranca Tecuani. Tres de ellos entraron a la cocina mientras apuntaban a Inés con sus armas y la interrogaban sobre su marido, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). La obligaron a tirarse al suelo y un militar se puso encima de ella violándola sexualmente.

Rompiendo el silencio y con el apoyo de la OPIM, Inés y Valentina denunciaron lo ocurrido. Para informar sobre lo ocurrido al Ministerio Público del fuero común caminaron más de ocho horas. Pero lejos de encontrar justicia, sus casos fueron turnados al fuero militar. A pesar de que ambas presentaron amparos solicitando a las autoridades militares que declinen la competencia de su caso, este les fue negado. En el caso de Inés, además, el Ministerio Público perdió negligentemente pruebas fundamentales.

Inés y Valentina determinaron acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Después de 4 años de análisis de sus casos, el 12 de octubre de 2007, fueron escuchadas en una Audiencia pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe que nunca fue acatado por el Estado mexicano. Por eso, los casos fueron turnados a la CoIDH. Durante este tiempo, Inés y Valentina, así como sus familiares, comunidades y abogados fueron amenazadas reiteradamente para que desistieran de su demanda. Particularmente, la OPIM fue agredida con ese fin y dos de sus dirigentes, Obtilia Eugenio Manuel Y Cuahutemoc Ramírez Rodríguez, tuvieron que dejar el estado; otros cinco integrantes fueron encarcelados injustamente; y Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la organización y hermano de Inés, fue asesinado. La CoIDH reconoció esta situación de peligro y emitió medidas provisionales para Inés Fernández y un total de 107 defensores de derechos humanos en Guerrero el 9 de abril de 2009. En febrero de 2010 también las emitió para Valentina y su hija. A pesar de encontrarse en riesgo su vida, el 15 de abril de este 2010, Inés Fernández Ortega sentó en el banquillo de los acusados al Estado mexicano. El 28 de mayo lo hizo Valentina Rosendo.

Las sentencias notificadas el día de hoy reconocen su búsqueda de justicia responsabilizando al Estado de las violaciones cometidas en su contra. Se trata de la cuarta y quinta sentencia dictada contra el Estado Mexicano por la CoIDH. Las anteriores permanecen con un saldo de incumplimiento grave. Por ello,  el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, exigimos que la sentencia sea cumplida en todos sus extremos.

 

Para mayor información comunicarse con:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) – TE_ (506) 2280 7473

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” – TE : (52) 757 476 12 20

 

 

Lea aquí el artículo de opinión de Alejandra Nuño, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, publicado en el Universal (México) el 9 de octubre de 2010.

Escuche aquí la entrevista audio de Alejandra Nuño, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, emitida por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) (México) el 4 de octubre de 2010.

Lea aquí el artículo de Gloria Leticia Díaz publicado en la revista Proceso (México) el 3 de octubre de 2010 acerca de los dos casos y de la sentencia en contra de México.

 

CEJIL celebra histórica reforma al Código de Justicia Militar en México

La reforma es resultado de años de lucha de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos.

San José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

 

Vie, 02/05/2014

Comunicación Social en el Senado de la RepúblicaSan José, viernes 2 de mayo de 2014. El pasado 30 de abril, el Congreso mexicano aprobó reformas al Código de Justicia Militar, estableciendo por primera vez restricciones al uso del fuero militar. Como consecuencia, los casos de violaciones de derechos humanos de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) celebra este acto del Estado mexicano que constituye un avance en la consolidación de la protección de los derechos humanos en México y que responde al clamor de la sociedad civil organizada, la academia, y los órganos especializados de protección de derechos humanos.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar en cuatro casos, tres de ellos representados por CEJIL en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

“La reforma aprobada es un avance significativo en la agenda de derechos humanos en México y es una muestra de lo que se puede lograr mediante procesos democráticos de discusión”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El pasado 24 de abril, la reforma fue aprobada por unanimidad en el Senado y enviada para su discusión a la Cámara de Diputados, que la aprobó igualmente por unanimidad el 30 de abril. Queda pendiente excluir del fuero militar las violaciones a derechos humanos cometidas contra elementos militares, obligación que debe atender cuanto antes para que se cumpla efectivamente con las recomendaciones de los diversos órganos de protección internacionales, y en particular con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Dictamen Aprobado

Comunicados de prensa:

ONGs denunciarán ante Comisión Interamericana aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos

Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Restricción de la jurisdicción militar en casos donde haya civiles: triunfo histórico de las víctimas frente a la impunidad castrense


Créditos Fotográficos: Comunicación Social en el Senado de la República

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Grupo de trabajo de ONU sobre detención arbitraria emite pronunciamiento en contra de México

México debe garantizar que su sistema de justicia no tome en cuenta pruebas obtenidas mediante tortura

San José, viernes 14 de febrero del 2014. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria informó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que emitió una opinión oficial en la que consideró que el encarcelamiento por cerca de 16 años de los indígenas mexicanos Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre constituyó una detención arbitraria contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

En 1997, los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fueron detenidos y acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en un atentado en contra de policías.

Vie, 14/02/2014

Logo ONUSan José, viernes 14 de febrero del 2014. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria informó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que emitió una opinión oficial en la que consideró que el encarcelamiento por cerca de 16 años de los indígenas mexicanos Juan García Cruz y Santiago Sánchez Silvestre constituyó una detención arbitraria contraria a las obligaciones internacionales del Estado mexicano.

En 1997, los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fueron detenidos y acusados de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR) y de haber participado en un atentado en contra de policías. La única prueba para vincularlos con estos delitos fueron sus propias confesiones obtenidas mediante torturas. Pese a lo anterior, ambas personas permanecieron privadas de libertad hasta el 18 de abril de 2013.

El Grupo de Trabajo consideró que la detención inicial de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre (ante la policía y el Ministerio Público) fue arbitraria por no tener base legal alguna que la justificase; asimismo, determinó que su encarcelamiento del 11 de junio de 1997 hasta su liberación el 18 de abril de 2013 fue una detención arbitraria por inobservancia de las normas internacionales del debido proceso.

La decisión del Grupo de Trabajo ocurre a raíz de la información que presentaron Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos (SLIEJ) y CEJIL en noviembre del 2011. Dicho grupo destacó que el gobierno de México no respondió sus pedidos de información.

El caso de los señores García Cruz y Sánchez Silvestre fue recientemente conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano que homologó un acuerdo de solución amistosa y dictó su sentencia el 26 de noviembre de 2013. En el acuerdo suscrito, el Estado mexicano aceptó su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas y se comprometió a reparar adecuadamente el daño y a evitar que se repitan situaciones similares.

"Celebramos las recomendaciones dadas por el Grupo de Trabajo y confiamos que las autoridades mexicanas cumplirán con las mismas, así como con los compromisos asumidos al firmar la solución amistosa ante la Corte IDH, en particular es necesario que el Estado mexicano revise el valor probatorio que se otorga a las confesiones rendidas ante el Ministerio Público y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revierta su doctrina de inmediatez procesal por la que se da valor preponderante a las primeras declaraciones de imputados pese a que, como en este caso, se hayan obtenido mediante tortura”, señaló  Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Comunicado CEJIL: Indígenas mexicanos son liberados luego de 17 años de prisión injusta http://cejil.org/comunicados/indigenas-mexicanos-son-liberados-luego-de-17-anos-de-prision-injusta

Comunicado CEJIL: México reconoce su responsabilidad internacional en caso de personas privadas de libertad arbitrariamente por 15 años http://cejil.org/comunicados/mexico-reconoce-su-responsabilidad-internacional-en-caso-de-personas-privadas-de-libert-0

Sentencia CorteIDH: Corte IDH. Caso García Cruz y Sánchez Silvestre Vs. México. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2013. Serie C No. 273 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_273_esp.pdf

Derechos de Fotografía: Organización de Naciones Unidas.

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Comienzan en el fuero federal del ámbito civil los procesos penales contra las personas señaladas como probables responsables de las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú

CEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes.

Vie, 10/01/2014

Inés Fernández y Valentina Rosendo, indígenas víctimas de violación por militares. MéxicoCEJIL saluda los avances en la investigación de la tortura y  violaciones sexuales sufridas por Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. Ambas mujeres indígenas del pueblo Me’phaa habían sido violadas sexualmente por parte de miembros del ejército mexicano. Sus casos fueron presentados ante el Sistema Interamericano y en el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó las sentencias ordenando, entre otras cosas, la investigación exhaustiva de las violaciones. Recientemente las autoridades capturaron a cuatro personas por dichos hechos, tres de ellas aún vinculadas con el ejército.

CEJIL insta al Estado a continuar con el proceso hasta juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables, así como a garantizar la seguridad de las víctimas, de sus familiares y representantes

Información Adicional:

Comunicado de Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña

Comunicado CEJIL: Casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo fueron remitidos al fuero común en México

Comunicado CEJIL: Sentencias de la Corte Interamericana a favor de Inés Fernández y Valentina Rosendo cumplen un año y México no avanza en su cumplimiento

Comunicado CEJIL: Corte Interamericana reafirma sentencias contra México en casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú

Estado mexicano reconoce responsabilidad por desaparición forzada del Sr. Faustino Jiménez

  • Segob y el estado de Guerrero ofrecen una disculpa a los familiares en nombre del Estado mexicano
  • El Estado se comprometió a esclarecer los hechos y sancionar a la totalidad de los responsables

México, Distrito Federal y San José, Costa Rica, 19 de diciembre de 2013. Este jueves  19 de diciembre, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Faustino Jiménez Álvarez, ocurrida en el año 2001.

El citado reconocimiento es uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa que fue firmado entre las autoridades, los familiares del señor Jiménez y las organizaciones representantes el día 27 de septiembre de 2012.

Mié, 18/12/2013

Acto de Reconocimiento Faustino MX

  • Segob y el estado de Guerrero ofrecen una disculpa a los familiares en nombre del Estado mexicano
  • El Estado se comprometió a esclarecer los hechos y sancionar a la totalidad de los responsables

México, Distrito Federal y San José, Costa Rica, 19 de diciembre de 2013. Este jueves  19 de diciembre, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición forzada del señor Faustino Jiménez Álvarez, ocurrida en el año 2001.

El citado reconocimiento es uno de los compromisos adquiridos en el acuerdo de solución amistosa que fue firmado entre las autoridades, los familiares del señor Jiménez y las organizaciones representantes el día 27 de septiembre de 2012.

En el acto que se llevó a cabo en la ciudad de Chilpancingo, participaron los familiares del señor Jiménez, su esposa Enedina Cervantes y sus hijos Ricardo y Julieta; así como diversos funcionarios federales y estatales. El Procurador General de Justicia del Estado y la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, pidieron disculpas a los familiares en representación del Estado mexicano.

La desaparición del señor Jiménez ocurrió el día 17 de junio de 2001, cuando cinco miembros de la Policía Judicial del Estado de Guerrero ingresaron de forma violenta al domicilio de la víctima, amenazaron con matar a su esposa y demás familiares, y posteriormente se lo llevaron y desaparecieron. El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y declarado admisible el 8 de abril de 2007.

Ante el reconocimiento de responsabilidad, la Sra. Enedina Cervantes, esposa de Faustino Jiménez y madre de sus dos hijos, expresó que “las autoridades están obligadas a esclarecer plenamente la desaparición de Faustino, mi prioridad es conocer la verdad y que se haga justicia”. Ella destacó que “este acto de reconocimiento es un comienzo, no un fin: debe servir para despejar el camino hacia la sanción a los responsables”.

Enedina pidió que “el gobierno haga lo posible para que no haya más desapariciones y muertes, para que no haya más familias como nosotras”. Asimismo, responsabilizó al Estado ante cualquier situación que atente contra la integridad de ella y de su familia.

Por su parte, la Subsecretaria de Derechos Humanos, la Mtra. Lía Limón García, recalcó el compromiso del Estado de cumplir plenamente el acuerdo de solución amistosa, lo cual incluye la obligación de investigar y sancionar a la totalidad de los responsables de la desaparición de la víctima.

El caso de Faustino Jiménez es representado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Ante la gravedad de los hechos y los 12 años que han transcurrido desde la desaparición del Sr. Jiménez, el Director del Centro Prodh, José Rosario Marroquín, recordó que el presente reconocimiento  “es producto de la incansable búsqueda de justicia de parte de la señora Enedina Cervantes y debe servir como ejemplo de que la sociedad mexicana no aceptará más impunidad por el grave delito de desaparición forzada, crimen que sigue afectando a un sinnúmero de familias mexicanas”.

“Recordemos que estamos en Guerrero, un estado donde han sido documentados numerosos casos de desaparición forzada, iniciadas en los años sesenta y continuadas hasta hoy. Recordemos que estamos en México, donde en el contexto del crimen organizado han sido cometidas numerosas violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y militares”, puntualizó Marroquín.

Finalmente, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL destacó la importancia del reconocimiento hecho por el Estado mexicano e instó a las autoridades a continuar con el cumplimiento del acuerdo de solución amistosa hasta lograr la identificación, juzgamiento y sanción de todos los responsables de la desaparición de Faustino Jiménez.

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