Guatemala

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

Históricamente, los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala realizan su labor en condiciones de extrema violencia e inseguridad. Las peticionarias denunciaron que a lo largo de 12 años de registro han ocurrido 2521 agresiones en contra de estos activistas. En los ataques ocurridos entre el 2000 y el 2010, se calcula que aproximadamente una cuarta parte fueron en perjuicio de quienes se desempeñan en el sector de la justicia y búsqueda de la verdad.

En el 2012, de 29  ataques 21 han sido contra defensores que impulsan la justicia en distintos casos. Durante la audiencia se expuso que, además de estas amenazas, desde finales de 2011 se han activado campañas públicas de desprestigio –e incluso de criminalización– contra defensores y defensoras de los derechos humanos, a propósito de los avances en los casos penales contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno.

“El nivel de riesgo a la  seguridad de las y los defensores se acrecienta cuando las autoridades hacen caso omiso de dicho riesgo y contribuyen con su discurso a incrementar el nivel de estigma, rechazo social y asilamiento”, denunciaron las peticionarias.

La Comisionada Rosa María Ortiz se mostró particularmente preocupada por la militarización de la seguridad ciudadana y por el mínimo presupuesto (sólo un 2% del PIB) que el Estado destina a temas de seguridad y justicia “con lo que también se puede valorar la voluntad política relacionada a los derechos humanos".

Las organizaciones peticionarias instaron al Estado para que, desde sus diferentes entes, promueva el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y a la vez reconozcan la necesidad de juzgar tales crímenes. Asimismo, entre otras medidas, urgieron  la creación de un ‘Programa de protección para defensores de derechos humanos y otras víctimas vulnerables’, una idea que fue respaldada por el Comisionado Orozco; y que además se asegure el adecuado funcionamiento de  una Instancia de Análisis a Ataques a Defensores de Derechos Humanos.

Organizaciones peticionarias:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Fundación Sobrevivientes

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Alianza Sector de Mujeres

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

San José, 2 de diciembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la tendencia a otorgar poderes extraordinarios a las fuerzas armadas como parte de las políticas públicas  para hacer frente a las amenazas a la seguridad ciudadana en los países del llamado “triángulo norte” centroamericano. La más reciente muestra de ello es el decreto que el Congreso Nacional de Honduras aprobó el martes pasado  para que las fuerzas armadas realicen funciones policiales. CEJIL advierte que este hecho contradice lo dispuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al igual que otras acciones y proyectos similares que han sido anunciados recientemente en El Salvador y Guatemala.

La Corte ha expresado en su jurisprudencia que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles”. Por su parte, la Comisión Interamericana –en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos– advierte que “es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que sea– no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado” que justifique la participación de militares en este tipo de acciones.

En contradicción a lo dicho por ambos órganos, los soldados hondureños ahora están habilitados para hacer allanamientos y capturas cuando el Poder Ejecutivo decrete un Estado de Emergencia por motivos de seguridad. Esta declaración sería aprobada en los próximos días como respuesta a los índices de criminalidad y violencia que experimenta el país.

Por otro lado, en El Salvador, el enfoque castrense de la seguridad ciudadana quedó reafirmado con la designación de un militar retirado como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Este nombramiento se oficializó el pasado 22 de noviembre y contradice lo dispuesto en los acuerdos de paz de 1992. Desde el año 2009, el Estado salvadoreño involucra a las fuerzas militares en tareas de seguridad, política que fue prorrogada por un año más en mayo de este año.

Finalmente, el Presidente electo de Guatemala y general retirado Otto Pérez Molina ha anunciado que usará los kaibiles –fuerzas especiales del Ejército guatemalteco– para combatir el narcotráfico. El anuncio es congruente con otras declaraciones suyas ante la prensa en las que afirmó que su modelo de seguridad sería similar al de su homólogo mexicano Felipe Calderón, cuya “guerra contra el narcotráfico” ya ha provocado alrededor de 50.000 muertes y reconocidas violaciones a los derechos humanos.

CEJIL objeta la aplicación de políticas tendientes a la militarización. Estas medidas han resultado ineficaces para combatir la inseguridad ciudadana, como lo demuestra el caso mexicano. CEJIL hace un llamado a los Estados para que se aprueben medidas que aborden la problemática de inseguridad ciudadana desde una perspectiva integral y dentro del marco del respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

San José, 6 de octubre del 2011- La desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen a manos del Ejército de Guatemala sigue en la impunidad luego de 30 años de sucedidos los hechos. La familia de Marco Antonio, y la sociedad en su conjunto, aún no conocen su paradero, a pesar de que el Estado guatemalteco tiene la obligación de buscar y entregarles sus restos, según fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia de reparaciones emitida el 3 de julio del 2004.

En una resolución de supervisión de este fallo que emitió el 16 de noviembre de 2009, la Corte destacó la absoluta pasividad del Estado y la impunidad en la que se encuentra el caso. Resaltó que la inacción estatal de investigar y sancionar a los responsables continúa afectando a los familiares y “fomenta la repetición de hechos violatorios, profundiza la impunidad, desacredita el Estado de Derecho e incumple compromisos internacionales”.

Cabe recordar que la sentencia también busca justicia y reparación para otras víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado interno en Guatemala ya que, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Niñez Desaparecida, al menos 5.000 niños fueron desaparecidos y secuestrados por las Fuerzas Armadas guatemaltecas durante el conflicto armado interno (1960-1996).

Por ello, entre otras acciones, la Corte ha ordenado la creación de un sistema de información genética y la adopción de un procedimiento expedito que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición forzada. Estas órdenes tampoco han sido acatadas por el Estado de Guatemala.

Debido al incumplimiento estatal, en su resolución de supervisión la Corte también ordenó atender algunas de las causas estructurales que perpetúan la impunidad en este y otros casos. Esta acción requiere la pronta participación y efectiva colaboración de los poderes ejecutivo, legislativo, y judicial así como de otras instituciones estatales.

Alejandra Nuño, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL, señaló que esta fecha es de especial dolor para la familia Molina. Asimismo, afirmó que “la dramática historia que vivió la familia hace treinta años se revive a diario. Pese a ello la inacción del Estado evidencia el desdén con que se trata un caso tan grave, en el que se sigue negando a la familia el derecho a la justicia y a la verdad”.

El día de hoy, Lucrecia Molina, hermana de Marco Antonio, escribió en su blog: “Son treinta años pesados como puños, de búsqueda y espera, acumulados en mi piel y en mis huesos, también en mi palabra. Mientras tanto, ellos, los desaparecedores, los asesinos –triunfantes, satisfechos, soberbios, con su poder intacto– se pasean impunes, quizá deseando que muera o que desista. Pero yo, Ajpu, cerbatanera, acecho en el camino del tiempo y la paciencia, sostenida por la lealtad, la solidaridad, los principios y la sangre de mi hermano, que es la misma que corre por mis venas”.

La falta de respuesta estatal en este y otros casos motivó a CEJIL a liderar la solicitud de una audiencia –en conjunto con organizaciones y familiares– para tratar el tema de la impunidad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a Guatemala, la cual ha sido concedida por ese tribunal y cuya fecha está por ser definida.

CEJIL ha sido enfático en señalar reiteradamente el incumplimiento del Estado en este caso. En el 30.° aniversario de la desaparición de Marco Antonio Molina, exigimos a Guatemala honrar sus compromisos internacionales dando inmediato cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. El acatamiento de esta orden, así como la implementación de otras medidas estructutrales, es una responsabilidad para con la familia de Marco Antonio y para con las de miles de personas desaparecidas por fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto armado interno.

Washington, D.C., 29 de septiembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con satisfacción el anuncio de que, el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que crea una Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La resolución fue adoptada por consenso y contó con un amplio respaldo, habiendo sido copatrocinada por más de 75 países de todo el mundo.

CEJIL destaca particularmente el propósito expreso de coordinación entre la relatoría y los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta cooperación podría traducirse en un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La relatoría tiene un gran reto para impulsar la tarea de que los Estados avancen tanto en la derogación de figuras que garantizan la impunidad, como en propuestas de políticas públicas y leyes que garanticen el derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos.

CEJIL considera que el trabajo de este nuevo mecanismo debería retomar estudios elaborados por las Naciones Unidas en materia de amnistías e impunidad. Su trabajo también podría encontrar una tarea muy importante en defender el derecho de interponer recursos y obtener reparaciones por parte de víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

La persona que estará a cargo de la relatoría tendrá un mandato de tres años y deberá reportar anualmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre algunas de las labores de la Relatoría destacan: a) la prestación de asistencia técnica; b) la sistematización y estudio de información sobre las situaciones nacionales, en particular sobre el marco normativo, las prácticas y experiencias nacionales, tales como las comisiones de verdad y reconciliación y otros mecanismos; c) la identificación, intercambio y promoción de las buenas prácticas y las enseñanzas obtenidas, así como identificar posibles elementos adicionales con miras a recomendar medios de mejorar y reforzar la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y d) formulación de recomendaciones sobre, entre otras cosas, medidas judiciales y no judiciales al elaborar y aplicar estrategias, políticas y medidas para hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario.

De manera particularmente relevante se señala que parte del mandato de la nueva relatoría será la realización de “un estudio sobre los medios de abordar las cuestiones inherentes al mandato” que retome información de distintas fuentes. Se aclara que la relatoría deberá “trabajar en estrecha coordinación, evitando las duplicaciones innecesarias, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y con otros actores pertinentes”.

“Sin lugar a dudas, esta decisión contribuye a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de millones de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sobrevivientes en el mundo entero”, sostuvo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del CEJIL.

Krsticevic agregó que, dada la dimensión del problema, es muy importante para la legitimidad y la eficacia del mecanismo que la resolución de creación haya tenido un amplio respaldo.

“Esperamos que el trabajo de la nueva relatoría permita dar un salto cualitativo en el abordaje de esta temática en varios países de América Latina –como Brasil, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia y México, entre otras naciones– que aún precisan avanzar significativamente en la garantía de estos derechos fundamentales y en la lucha contra la impunidad”, concluyó.