Guatemala

Denuncia internacional contra Estado de Guatemala por denegación de justicia en caso de genocidio

Washington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

Mié, 06/11/2013

Conferencia de Prensa: Petición de Genocidio contra el Estado de GuatemalaWashington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

En la denuncia, las organizaciones afirmaron que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por miles de víctimas.

Tal conducta compromete la responsabilidad del Estado ya que según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Algunos de los hechos que fueron denunciados ante la CIDH, en relación con el caso de genocidio cometido en contra del grupo étnico maya Ixil, consisten en más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Además, en relación con el proceso que se siguió en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se denunciaron las deficiencias e irregularidades de las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, como por ejemplo: la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa;  tolerancia de las autoridades judiciales frente al abuso de acciones de amparo  y de inconstitucionalidad y dilaciones indebidas en su resolución; la falta de fundamentación y arbitrariedad de las resoluciones de amparo provisional;  la duración excesiva del proceso penal; los ataques a la independencia judicial y la falta de protección a los participantes en el proceso.

En particular, se destacaron ante la CIDH las irregularidades que caracterizaron la resolución de fecha 20 de mayo de 2013 dictada por tres miembros de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual se anuló el proceso seguido contra los citados militares.

Ante todo lo anterior, los peticionarios nos hemos visto obligados a acudir  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la esperanza de que el sistema regional de protección de los derechos humanos agilice el trámite de la petición y asegure la protección internacional de las víctimas en el menor plazo posible. Por lo que pedimos a la Comisión la admisibilidad de la presente denuncia.

Acudir a la justicia internacional es un derecho consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que acudimos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con el fin de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Mientras haya impunidad no habrá respeto a los derechos humanos en Guatemala ni democracia plena.

¡Por el derecho a un país justo!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL

Bufete Jurídico por los Derechos Humanos - BDH

Organizaciones internacionales piden que el juicio por genocidio en Guatemala se celebre hasta el final

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

Vie, 19/04/2013

New York, Washington D.C y San José, 19 de abril, 2013- Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

JuicioRíosMontt-SandraSebastianCCPlazaPublica

Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El juicio contra Ríos Mont, ex general que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, se inició en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo.

Juntamente con Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia en esos años, Ríos Montt se enfrenta a cargos de genocidio y otros delitos graves por atrocidades cometidas contra miembros de la comunidad maya ixil durante su mandato.

Las cuatro organizaciones se muestran especialmente preocupadas por la decisión tomada el jueves 18 de abril por la juez de primera instancia Carol Patricia Flores de anular los procedimientos del juicio que han tenido lugar hasta ahora, entre ellos los testimonios de más de 100 familiares y sobrevivientes de la violencia, así como testimonios de la defensa y peritos expertos.

Al anunciar su anulación, la juez Flores citó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad con respecto a la admisibilidad de pruebas de descargo, a pesar de que el Tribunal de Alto Riesgo ya había admitido las pruebas ordenadas por la Corte de Constitucionalidad.

La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, declaró que la decisión de Flores de anular los procedimientos es "ilegal".

Esta mañana, viernes 19 de abril, la juez que preside el juicio contra Ríos Montt, Yassmín Barrios, también ha rechazado la orden de anular los procedimientos por considerarla ilegal. Aún así, ha decidido suspender el proceso a la espera de que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie sobre la legalidad de la sentencia de anulación.

Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, dijo: "La decisión de la juez Barrios es una respuesta valiente y legalmente correcta a este evidente intento de sabotear la legítima exigencia de justicia de las víctimas de crímenes terribles. La Corte de Constitucionalidad debe pronunciarse sin dilación sobre la legalidad de la orden de anular el juicio, y permitir que este histórico juicio concluya como debe ser".

Justice Initiative, el ICTJ y el CEJIL también expresan su preocupación por el apoyo público expresado por el actual presidente, Otto Pérez Molina, a un comunicado firmado por varios líderes políticos y ex funcionarios del gobierno en el que se defendía que si en el juicio finalmente se sentenciaba que sí hubo genocidio, el proceso de paz en Guatemala estaría en peligro.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative, dijo: "Es imperativo, tanto para el Estado de derecho en Guatemala como para una reconciliación duradera, que el proceso legal continúe sin presiones externas inapropiadas. Al enfrentar su historia, Guatemala se unirá a otros países del mundo que han buscado justicia y rendición de cuentas por los más graves crímenes contra la humanidad".

Viviana Krsticevic, directora del CEJIL, añadió: "Las investigaciones y los procesos judiciales juegan un papel clave en ayudar a las sociedades a enfrentar los abusos históricos de derechos humanos. Este proceso solo puede fortalecer el Estado de derecho en Guatemala".

El juicio contra Ríos Montt es el primer proceso judicial por el crimen de genocidio que se lleva a cabo contra un ex jefe de Estado en tribunales nacionales.

Más información disponible en www.riosmontt-trial.org . Este sitio es administrado por el Open Society Justice Initiative (OSJI), en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Plaza Pública.

Foto Sandra Sebatian CC Plaza Pública.

Carta abierta al Presidente de Guatemala tras amenazas y atentados contra peritos del caso Masacre de Las Dos Erres

Hechos de hostigamiento han ocurrido tras condena de cuatro ex militares

San José, 11 de agosto del 2011- CEJIL expresa su preocupación por el grave riesgo en que se encuentran los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Ellos han sido amenazados y han sido víctimas de amenazas tras el fallo condenatorio contra cuatro ex militares en el caso de la masacre de Las Dos Erres.

Jue, 11/08/2011

San José, Costa Rica, 11 de agosto de 2011.

Señor
Ingeniero Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Su despacho

Señor Presidente de la República:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en el continente americano mediante el uso estratégico de las herramientas que ofrece el Derecho internacional de los derechos humanos.
En esta ocasión nos dirigimos a Usted, para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
Como es de su conocimiento, la FAFG realiza investigaciones antropológico forenses objetivas e imparciales de muertes sospechosas (individuales o masivas) utilizando la arqueología y antropología física y social. A través de su labor, la Fundación apoya a comunidades y a familiares de víctimas a que recuperen los restos de sus familiares para darles una sepultura digna y según sus costumbres. Asimismo, contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y al respeto de los derechos humanos a través de la investigación, documentación y divulgación de hechos históricos de violaciones al derecho a la integridad y la vida en casos de muerte no esclarecidos.
En razón de esta labor, los miembros de la Fundación han sido víctimas de acciones de intimidación durante años. Dichas acciones se agravaron a partir del año 2002, lo que ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara a su favor medidas cautelares, solicitándole al Estado de Guatemala que tomara todas las medidas que fueran necesarias para garantizar su vida e integridad.
A pesar de la vigencia de las referidas medidas cautelares, los actos de amenazas e intimidación continuaron. Ello provocó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante resolución de su Presidente resolvió, el 21 de abril de 2006, otorgar medidas provisionales a favor de la FAFG y sus miembros[1], las cuales fueron ratificadas por el pleno mediante decisión de 4 de julio de 2006[2] y se mantienen hasta la actualidad[3].
Estas medidas son de obligatorio acatamiento para Guatemala, toda vez que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 1978 y luego reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
Según se ha hecho público, en días recientes se han registrado nuevos actos de intimidación contra miembros de la FAFG, específicamente algunos de los peritos que han participado en el proceso judicial seguido contra cuatro ex militares responsables de la masacre de Las Dos Erres, cuya sentencia fue dictada el pasado 2 de agosto. Esta sentencia histórica implica un importante avance en la búsqueda de justicia en dicho caso, pero además constituye un poderoso mensaje de que es posible superar la impunidad en la que durante décadas han permanecido gravísimas violaciones a derechos humanos.
En consecuencia, estos ataques no sólo ponen en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la FAFG, sino que también obstaculizan el trabajo que realiza la Fundación y el sistema de administración de justicia en su conjunto.
Cabe recordar igualmente, que en la sentencia emitida en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Las Dos Erres el tribunal interamericano ordenó al Estado guatemalteco asegurar “que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad”[4].
En razón de lo anterior, y considerando que existe una obligación internacional del Estado guatemalteco de proteger a los miembros de la Fundación, le solicitamos la interposición de sus buenos oficios para garantizar la seguridad personal de todos los integrantes de la Fundación, la continuidad de su labor y sobre todo la investigación real y efectiva los hechos intimidatorios en su contra.
Por la existencia de una medida de reparación expresa en la mencionada sentencia, así como la vigencia de medidas provisionales emanadas de un órgano internacional de protección de los derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana, el Estado guatemalteco sería responsable internacionalmente por lo que pueda ocurrirle a los miembros de la FAFG.
En igual sentido, le instamos a garantizar que se adopten todas las acciones necesarias para asegurar la integridad y la vida de todas aquellas personas involucradas en el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de las responsabilidades por la masacre de Las Dos Erres, particularmente a los y las integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) que actúan como querellantes adhesivos en el proceso y sus abogados.
Confiamos en que el Estado de Guatemala reaccionará decididamente, honrando así los compromisos adoptados en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional.
Aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

c.c. Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República.
c.c. Carlos Menocal, Ministro de Gobernación.
c.c. Ruth Del Valle, Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.
c.c. Pablo Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carta_Publica_Presidente_Colom_-_Amenazas_caso_masacre_de_Las_Dos_Erres.pdf

[1] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte de 21 de abril de 2006, Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_021.pdf
[2] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 4 de julio de 2006. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_02.pdf
[3] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 22 de febrero de 2011.
[4] Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr 233.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avala la impunidad de graves violaciones de derechos humanos

Ante el reiterado incumplimiento de este órgano, CEJIL ha solicitado la intervención de la Corte IDH

San José, 14 de febrero del 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Lun, 14/02/2011

 

San José, 14 de febrero de 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La decisión de la CC se basa en un amparo cuyo contenido no fue conocido por la Sra. Jennifer Harbury –viuda de Efraín Bámaca- y sus representantes legales, desafiando la resolución de la Corte IDH sobre la importancia de dar participación a las víctimas en los procesos internos. Precisamente el 18 de enero pasado, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió una sentencia en la que se acata la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH dictada el 18 de noviembre de 2010. Dicha decisión resolvió anular el sobreseimiento dictado en 1999 a favor de varios de los presuntos responsables de los hechos del caso y ordenó el inicio de un nuevo proceso en el que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a los responsables. El fallo de la Cámara Penal es congruente con la jurisprudencia constante de la Corte IDH y constituía un importante paso para reconducir el proceso interno, lo cual ha sido revertido con la decisión de la CC que suspende nuevamente el proceso.

Hasta el momento, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de derechos humanos en catorce casos, convirtiéndose éste en el segundo con más condenas en el continente, después de Perú. La Corte IDH, al igual que otros órganos internacionales, ha destacado el grave problema de impunidad imperante en el país y entre otros aspectos, ha ordenado distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas, así como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modificaciones necesarias para adecuar el derecho interno a las normas de la Convención Americana. Dado el incumplimiento de tales resoluciones, CEJIL ha solicitado a la Corte Interamericana la concesión excepcional de una audiencia conjunta de supervisión de sentencias para debatir exclusivamente el avance en la justicia de los casos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL señaló que “el mensaje que ha dado la Corte de Constitucionalidad a los miembros del Poder Judicial guatemalteco es sumamente preocupante. La CC no puede ni debe avalar la impunidad. Sus integrantes deben rendir cuentas a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional sobre la forma en la que administran justicia en un país que necesita desesperadamente que sus instituciones cumplan con el mandato que les ha sido conferido. En este sentido consideramos fundamental que la CC revierta su posición, permitiendo una investigación diligente en casos de graves violaciones de derechos humanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.

CEJIL hace un llamado a los integrantes del poder judicial de Guatemala para que no solo velen por el adecuado cumplimiento del ordenamiento guatemalteco, sino también por que las obligaciones internacionales en materia de la debida diligencia en la investigación de graves violaciones derechos humanos sean implementadas de manera efectiva, garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia.

En este sentido, CEJIL exhorta a los integrantes del poder judicial guatemalteco a que, en el marco del debido proceso, y en concordancia con lo determinado por la Corte IDH, adopte las medidas conducentes para remover cualquier práctica, norma o institución procesal que pueda afectar la investigación o sanción de graves violaciones a derechos humanos, resguardando de ese modo los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Celular: + (506) 8354 -1361

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

Sentencias y resoluciones dictadas por la Corte IDH en el caso Bámaca Velásquez

Sentencia de fondo:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Sentencia de reparación

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de enero de 2009

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_10.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 18 de noviembre de 2010:

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/bamaca_18_11_10.pdf

Organizaciones internacionales condenan suspensión de la jueza Yassmín Barrios en Guatemala

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

Mié, 09/04/2014

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

La decisión del Tribunal de Honor se origina en una denuncia que presentó el abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, debido a que el 19 de marzo del año 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este último. El abogado Galindo no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo y por lo tanto acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.

El Tribunal de Honor del CANG acogió los argumentos del abogado Galindo y concluyó que la la jueza Barrios incurrió en una falta grave que atenta contra las normas de la ética profesional.

Para las organizaciones firmantes, la decisión del Tribunal de Honor es contraria a los estándares internacionales relacionados con las garantías para la independencia judicial. En primer lugar, dicho ente no tiene competencia para juzgar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia presentada por el abogado Galindo y resolvió desestimarla.

Asimismo, dada la naturaleza gremial del Tribunal tampoco se reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad, las cuales son indispensables en todo órgano de naturaleza disciplinaria.

Considerando lo anterior, resulta preocupante que el Tribunal de Honor sancione a la jueza Barrios sin ostentar las facultades para ello. De ejecutarse esta decisión, se estaría violentando la independencia judicial y el Estado de Guatemala podría incurrir en responsabilidad internacional.

Las organizaciones consideramos que la decisión del Tribunal de Honor forma parte del contexto de hostigamiento y persecusión que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio. En tal sentido, exhortamos a las autoridades guatemaltecas competentes a revertir la decisión de suspensión, en particular a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de considerar la citada decisión y en su luguar se envíe un mensaje claro de apoyo a la labor de la jueza así como de respaldo y defensa irrestricta a la independencia de la judicatura en este país.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma contra la impunidad

 

Colegio de abogados y notarios de Guatemala pone en peligro la independencia judicial

Sanción a la jueza Barrios contraria los estándares mínimos de protección a la independencia de la judicatura

San José y Washington DC, 07 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.

El pasado viernes, el Tribunal de Honor notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual acordó, entre otras sanciones, la suspensión temporal como abogada de la jueza Barrios por el plazo de un año.

Lun, 07/04/2014

Fotografía Jazmín Barrios US Department of StateSan José y Washington DC, 7 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.

El pasado viernes, el Tribunal de Honor notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual acordó, entre otras sanciones, la suspensión temporal como abogada de la jueza Barrios por el plazo de un año.

Dicha decisión se encuentra vinculada con el proceso que se siguió en el año 2013 en contra de los ex generales José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

El 19 de marzo del año 2013, ante una serie de prácticas dilatorias realizadas por los abogados defensores del ex general Ríos Montt, el Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó a los abogados Moisés Galindo y César Calderón asumir la defensa técnica de Ríos Montt para no causarle una violación de su derecho de defensa. Al día siguiente, los abogados defensores de confianza del ex general retomaron su representación. En esa fecha, Moisés Galindo ejercía la defensa de José Mauricio Rodríguez y debido a que no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente por obligarlo a asumir la citada defensa.

Además, presentó la misma denuncia ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que no encontró falta alguna de la jueza y ordenó su archivo. En su oportunidad, CEJIL y decenas de juristas y organizaciones de derechos humanos, nos pronunciamos sobre la conformidad de la conducta del Tribunal de Mayor Riesgo con la protección del derecho a la defensa.

Pese a la decisión de la Junta Disciplinaria, el Tribunal de Honor del CANG analizó la conducta de la jueza Barrios y concluyó, entre otras cosas, que hubo faltas a la ética que provocaron “la burla y la degradación humana del abogado denunciante”. La suspensión temporal acordada podría derivar en una separación automática de la jueza Barrios de su cargo como integrante del Tribunal A de Mayor Riesgo.

CEJIL rechaza y condena la decisión del órgano gremial por cuanto constituye una afrenta a la independencia judicial y puede afectar el derecho de la jueza Barrios a permanecer en el ejercicio de su cargo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha referido a la independencia de los jueces. Al respecto, en la sentencia Reverón Trujillo vs. Venezuela señaló que “[los jueces] cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial”. Para dicho Alto Tribunal “el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”.

A la luz del anterior criterio, resulta absolutamente reprochable que un órgano de naturaleza gremial ostente facultades disciplinarias respecto del trabajo de jueces o juezas.

Adicionalmente, el Tribunal de Honor no cumple con las garantías funcionales de independencia exigidas por los estándares internacionales. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas” señaló que al aplicar medidas disciplinarias se requiere que el órgano con potestad de sancionar sea independiente, competente e imparcial, condiciones que no ostenta el citado órgano colegiado.

“De conformidad con los estándares internacionales los Estados están obligados a garantizar en forma efectiva la independencia de la judicatura. Si el Estado de Guatemala valida y ejecuta la suspensión de la jueza Barrios ordenada por un órgano de naturaleza gremial podría incurrir en responsabilidad internacional. Además,se estaría enviando un mensaje de intimidación a los operadores de justicia que les inhibiría para ejercer en forma independiente sus cargos”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Finalmente, es preciso señalar que la jueza Barrios es beneficiaria de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el ejercicio de su cargo como jueza, Yassmín Barrios ha sido víctima de atentados contra su vida, amenazas y más recientemente ha enfrentado una campaña de deslegitimación y estigmatización por su rol en el juicio por genocidio. La decisión del Tribunal de Honor también contribuye a desacreditar su labor como jueza y por ende la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades guatemaltecas para que reviertan la decisión del Tribunal de Honor y se abstengan de realizar actos de persecución e intimidación en perjuicio de la jueza Yassmín Barrios. Asimismo, instamos a la comunidad internacional y a los órganos internacionales de protección para que se pronuncien ante este grave hecho que amenaza la independencia judicial en Guatemala.

Créditos de fotografía: US Department of State

Información relacionada:

Comunicado sobre otorgamiento de las medidas cautelares a la jueza Yassmín Barrios.

Comunicado sobre la denuncia internacional presentada ante la CIDH contra Guatemala en relación con el caso de genocidio.

Contacto de prensa

Daniela Araya

+506 2280-7473

daraya@cejil.org

 

 

Fallece el magistrado César Barrientos Pellecer, símbolo de la lucha contra la impunidad en Guatemala

CEJIL lamenta su partida

San José y Washington DC, 3 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa el profundo pesar por la muerte del Doctor César Barrientos Pellecer quien murió el día 2 de marzo. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos.

Quienes integramos CEJIL tuvimos el privilegio de compartir espacios académicos y profesionales con el doctor Barrientos y conocimos los valores y principios que caracterizaron su vida. Hoy, al despedirlo, recordamos su legado, su pasado y sus aportes invaluables en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Lun, 03/03/2014

César Barrientos. Tomada de Diario Libre.San José y Washington DC, 3 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa el profundo pesar por la muerte del Doctor César Barrientos Pellecer quien murió el día 2 de marzo. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos.

Quienes integramos CEJIL tuvimos el privilegio de compartir espacios académicos y profesionales con el doctor Barrientos y conocimos los valores y principios que caracterizaron su vida. Hoy, al despedirlo, recordamos su legado, su pasado y sus aportes invaluables en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

El Doctor Barrientos se desempeñaba como magistrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. En el ejercicio de su cargo, impulsó una serie de reformas al proceso penal que implicaron mayor celeridad en este tipo de procesos, además realizó gestiones para garantizar un mayor acceso de las víctimas a la justicia en este país. Asimismo, se destacó por su apoyo irrestricto a los tribunales de alto riesgo, garantizando su adecuado funcionamiento, su efectividad e independencia. Y fue por ello, que una de sus causas fue abogar por la seguridad y estabilidad laboral de sus integrantes.

En relación con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el magistrado Barrientos fue un convencido de la importancia de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su influencia fue determinante para que el Estado de Guatemala reconociera judicialmente la autoejecutabilidad de las sentencias de dicho órgano. Al respecto, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL resaltó “gracias a las decisiones de la Cámara Penal, presidida por el doctor Barrientos, se reabrieron diversos procesos penales en los que se juzgaron a varios miembros de la fuerza pública responsables de graves violaciones de derechos humanos rompiendo el ciclo de impunidad que caracterizó a Guatemala y dando esperanzas a miles de personas”.

El Doctor Barrientos participó además en la redacción de los códigos procesales penales de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en procesos de modernización judicial en estos países, de manera que su legado jurídico y académico trasciende las fronteras guatemaltecas.

CEJIL lamenta la partida de un hombre íntegro, defensor de la independencia judicial e incansable luchador por la justicia centroamericana. Dadas las circunstancias de su muerte, la organización exhorta a las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes a efectos de aclarar las mismas.

“Sus aportes deben servir de inspiración para las presentes y futuras generaciones que aspiran, al igual que él, a construir un sólido estado de derecho en Guatemala, en donde la verdad y a la justicia sean una realidad para todos y todas.   Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que honren la memoria del magistrado Barrientos y garanticen una administración de justicia transparente, independiente, efectiva y abierta a las víctimas”, recalcó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

 

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Créditos: Fotografía Diario Libre.

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Organizaciones internacionales llaman a respetar el estado de derecho e instan a realizar procesos transparentes en las comisiones de postulación

Ciudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Mié, 12/02/2014

Conferencia de Prensa sobre Fiscalía General y Estado de Derecho en GuatemalaCiudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Somos organizaciones que hemos apoyado las luchas por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala a través de diversos procesos desde hace muchos años. En virtud de que en el presente año se renovarán importantes cargos del sistema de administración de justicia en el país, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra intención de apoyar todos los esfuerzos para que los procesos de nombramiento de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se realicen de conformidad con los estándares internacionales. En tal sentido, realizamos las siguientes declaraciones:

  1. Lamentamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que –mediante un amparo provisional- reduce indebidamente el periodo de nombramiento de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz. Esta decisión amenaza la independencia del Ministerio Público y constituye una afectación a su institucionalidad. Por ello, instamos respetuosamente a la CC a reconsiderar su decisión provisional y mantener el mandato de la Fiscal General según fue establecido en su acuerdo de nombramiento.
  2. Reconocemos los cambios que ha impulsado la Fiscal General Claudia Paz y Paz en los últimos años, gracias a los cuales se han mejorado las prácticas de investigación y la gestión institucional, teniendo como consecuencia una reducción de la impunidad en aproximadamente un 30%. El o la próxima Fiscal General debe comprometerse públicamente a consolidar estos logros y garantizar que no hayan retrocesos en las reformas del Ministerio Público emprendidos en los últimos años.
  3. En caso de continuarse con el proceso para nombrar el cargo de Fiscal General, es fundamental que las personas seleccionadas como candidatos cumplan con los requisitos de reconocida honorabilidad, idoneidad y capacidad profesional para ejercer el cargo, cualidades que reúne sobradamente la señora Claudia Paz y Paz.
  4. Con base en los estándares internacionales vigentes, recomendamos que en los procesos de selección de candidatos/as, las comisiones de postulación cumplan con diversos principios para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de todas las personas que resulten electas, a saber:

a.Transparencia: las comisiones de postulación deben garantizar procesos transparentes en donde se establezca con claridad el perfil del cargo a elegir, los elementos a evaluar, los criterios de evaluación y la tabla de gradación respectiva.

b.Publicidad: todo el proceso de selección de candidatos/as debe ser público, así como las audiencias que se realicen a las personas que presenten sus candidaturas.

c.Participación: se debe garantizar la más amplia participación de diversos sectores de la sociedad, procurando brindar el tiempo suficiente para que toda persona interesada presente información respecto de los candidatos/as.

d. Representatividad: las comisiones de postulación deben procurar elegir personas que sean representativos de la diversidad que conforma la sociedad guatemalteca; particularmente deben considerar una adecuada representación de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra voluntad de dar seguimiento cercano a los procesos de comisiones de postulación que se estarán llevando a cabo en el presente año 2014. Aportaremos nuestras experiencias y conocimientos con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más solida que garantice el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación, así como se fortalezca el Estado de Derecho.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

CEJIL deplora la inminente destitución de la Fiscal General de Guatemala

Corte de Constitucionalidad guatemalteca emite preocupante decisión.

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

Jue, 06/02/2014

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad supone una seria amenaza al Estado de Derecho en ese país, pues la decisión menoscaba la independencia de la fiscalía y se podría considerar como una sanción implícita para la Fiscal, en represalia a su labor como operadora de justicia.

Sobre el particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia ha destacado la importancia “de garantizar que las y los fiscales puedan llevar a cabo su propia labor de modo independiente, autónomo e imparcial”. Además, dicho órgano consideró que una de las formas de asegurar tales condiciones es garantizando su inamovilidad por el periodo de su nombramiento.

La decisión judicial aludida contraviene estándares internacionales relativos a la remoción de operadores de justicia, pues los fallos de esta naturaleza requieren estar adecuadamente motivados y fundamentados para despejar dudas frente a situaciones en las cuales pudieran existir desviaciones de poder. En el caso concreto, la Corte de Constitucionalidad no motiva su resolución e inclusive cita normas cuyo texto no se corresponde con la conclusión a la que arriba.

La Fiscal General Paz y Paz se ha caracterizado por obtener avances sustantivos en la lucha contra la impunidad en Guatemala, lo cual le ha implicado la confrontación con diferentes grupos de poder en ese país.

Sobre esta grave situación, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL aseguró que “la inminente destitución de Claudia Paz y Paz constituye una afrenta al Estado de Derecho guatemalteco y pone riesgo la garantía de independencia, lo cual es un elemento esencial para la alcanzar la protección y defensa efectiva de los derechos humanos en este país”.

CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad y hace un llamado a las autoridades para rectifiquen esta posición y se aseguren el respeto a la legalidad, a los estándares internacionales en materia de independencia judicial y al Estado de Derecho.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Denuncian impunidad sobre desapariciones forzadas en Guatemala

Audiencia ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas

Nueva York, 19 de julio de 2013. La Fundación Myrna Mack, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la situación de impunidad que se mantiene en Guatemala respecto de las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado ocurrido entre los años 1962 a 1996.

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 9 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.

Vie, 19/07/2013

Nueva York, 19 de julio de 2013. La Fundación Myrna Mack, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la situación de impunidad que se mantiene en Guatemala respecto de las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado ocurrido entre los años 1962 a 1996.

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 5 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.
En la reunión celebrada en Nueva York, el 18 de julio de 2013, las organizaciones destacaron los obstáculos que impiden alcanzar la justicia, como por ejemplo la actual posición del Estado de Guatemala que niega la existencia de las desapariciones e insiste en señalar que no es posible juzgar a los responsables de estos crímenes.
A la vez, se denunció el aumento en las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contra de quienes luchan contra la impunidad. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) solo en el primer cuatrimestre del presente año aumentaron en un 56% los ataques contra dicho grupo en relación con el año 2012.
En la reunión también rindieron su testimonio Ana Lucrecia Molina Theissen y María Luisa Rosal. Ana Lucrecia es hermana de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue desaparecido el 6 de octubre de 1981, y María Luisa es hija de Jorge Rosal Paz y Paz, desaparecido el 12 de agosto de 1983. Ambas se refirieron a la revictimización que sufren por el actual gobierno debido a su negativa a reconocer la existencia de las desapariciones forzadas y por la falta de reconocimiento de las responsabilidades penales e históricas que tienen quienes perpetraron crímenes contra la humanidad.
En palabras de María Luisa, la ausencia de su padre es “un vacío que siempre está presente”, ella solicitó apoyo al Grupo de Trabajo porque “conocer la verdad ayuda  a sanar heridas”.
Por su parte, Lucrecia Molina concluyó solicitando al Grupo de Trabajo su apoyo para “cerrar un círculo que permanece abierto”. Para ella “la razón de ser de su vida es la búsqueda de justicia”.
Las organizaciones peticionarias solicitaron al Grupo de Trabajo su intervención para que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales e investigue en forma diligente las desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado. Además, se destacó la importancia que el Grupo de Trabajo realice una visita a Guatemala en el menor plazo posible y brinde recomendaciones que apoyen la búsqueda de justicia para los miles de desaparecidos en dicho país

 

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 9 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.

 

En la reunión celebrada en Nueva York, el 18 de julio de 2013, las organizaciones destacaron los obstáculos que impiden alcanzar la justicia, como por ejemplo la actual posición del Estado de Guatemala que niega la existencia de las desapariciones e insiste en señalar que no es posible juzgar a los responsables de estos crímenes.

 

A la vez, se denunció el aumento en las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contra de quienes luchan contra la impunidad. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) solo en el primer cuatrimestre del presente año aumentaron en un 56% los ataques contra dicho grupo en relación con el año 2012.

 

En la reunión también rindieron su testimonio Ana Lucrecia Molina Theissen y María Luisa Rosal. Ana Lucrecia es hermana de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue desaparecido el 6 de octubre de 1981, y María Luisa es hija de Jorge Rosal Paz y Paz, desaparecido el 12 de agosto de 1983. Ambas se refirieron a la revictimización que sufren por el actual gobierno debido a su negativa a reconocer la existencia de las desapariciones forzadas y por la falta de reconocimiento de las responsabilidades penales e históricas que tienen quienes perpetraron crímenes contra la humanidad.

 

En palabras de María Luisa, la ausencia de su padre es “un vacío que siempre está presente”, ella solicitó apoyo al Grupo de Trabajo porque “conocer la verdad ayuda  a sanar heridas”.

 

Por su parte, Lucrecia Molina concluyó solicitando al Grupo de Trabajo su apoyo para “cerrar un círculo que permanece abierto”. Para ella “la razón de ser de su vida es la búsqueda de justicia”.

 

Las organizaciones peticionarias solicitaron al Grupo de Trabajo su intervención para que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales e investigue en forma diligente las desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado. Además, se destacó la importancia que el Grupo de Trabajo realice una visita a Guatemala en el menor plazo posible y brinde recomendaciones que apoyen la búsqueda de justicia para los miles de desaparecidos en dicho país.

 

Contacto en Costa Rica

Marcia Aguiluz

Directora del Programa para Centroamérica y México

Tel. (506) 2280-7473 / 7608

 

Contacto en Argentina

Eleanor Rosenbach

(54 11) 5031-2331

 

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