Guatemala

Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas

En el marco de una audiencia de supervisión de cumplimiento convocada por la Corte IDH

San José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia

Dom, 18/05/2014

Foto Corte Interamericana, créditos CEJILSan José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

La Corte IDH convocó a una audiencia privada para analizar el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Nicholas Chapman Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En la audiencia participaron víctimas y representantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia. Se mencionaron las dificultades que se enfrentan en las etapas iniciales de investigación, tales como la falta de acceso a la información en poder del Ministerio de la Defensa. A su vez, se reiteró el problema relativo al uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos.

Las víctimas y las organizaciones representantes se refirieron a la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones.

Asimismo, se denunció ante la Corte IDH la reciente decisión del Congreso de la República de Guatemala (punto resolutivo 3-2014), que expresamente desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Estado, niega el genocidio, interfiere indebidamente con la independencia judicial y anuncia una reforma que podría implicar la amnistía de casos vinculados con el conflicto armado.

Al respecto, en numerosas sentencias la Corte Interamericana ha señalado que en casos graves de violaciones de derechos humanos es inadmisible la aplicación de figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de otras medidas excluyentes de responsabilidad.

En la audiencia también se reconocieron los avances en el combate a la impunidad, pero se señaló que ello fue posible gracias al decidido impulso de las víctimas y a la voluntad política de algunos actores clave en puestos de la administración de la justicia. Sin embargo, se expresó la preocupación por inminentes cambios institucionales que podrían hacer retroceder los avances de los últimos años.

Las víctimas y las organizaciones se lamentaron por la posición expresada por el Estado de Guatemala, que negó abiertamente su obligación de garantizar justicia y verdad. Además dedicó la mayor parte de su tiempo a justificar la impunidad para los perpetradores de miles de ejecuciones extrajudiciales, centenares de masacres, decenas de miles desapariciones forzadas, entre otras violaciones que lesionan los principios más esenciales de la humanidad.

Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) le recordaron al Estado sus obligaciones internacionales y la consistente jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el deber de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen actuaciones contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales. También expresaron su preocupación por la aprobación del Punto Resolutivo 3-2014 por parte del Congreso. Dichas preocupaciones fueron plasmadas en un comunicado de prensa publicado este viernes. Ver comunicado

Lucrecia Molina, una de las víctimas presentes en la audiencia, habló en nombre de su hermano desaparecido forzadamente, Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años de edad, solicitándole a la Corte mantener presentes a las víctimas del conflicto armado y afirmó que “el Estado guatemalteco violó su propia legalidad para perseguirnos, para victimizarnos, para masacrar, para perpetrar el genocidio, para desaparecer a millares, y ahora nos niega nuestro derecho a la verdad y a la justicia”.

En los próximos meses, la Corte Interamericana dictará una nueva resolución de sobre Guatemala por lo que las víctimas y sus representantes le solicitaron contundencia al recordarle al Estado sus compromisos internacionales así como reiterar una serie de medidas específicas para que las autoridades avancen con efectividad en la identificación y sanción de los responsables de los hechos.

Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que reconsideren su posición a todas luces violatoria del derecho internacional y de los derechos de las víctimas. Guatemala debe procurar la paz social mediante la garantía de acceso al derecho a la verdad y a la justicia.

Enlaces Relacionados:

Comunicado CIDH: CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha contra la impunidad

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Información de Contexto

En el conflicto armado fueron asesinadas al menos 200 000 personas y 45 000 fueron desaparecidas forzosamente. No obstante, desde 1996 solo se ha condenado a 31 responsables en siete casos, lo que significa que menos del 1% de las graves violaciones han tenido alguna respuesta del Estado.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1978 y reconoció la de la Corte Interamericana en 1987. Es el segundo país con más sentencias de la Corte Interamericana, las cuales se refieren en su gran mayoría a graves violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

De acuerdo con los representantes de las víctimas, los principales obstáculos para el cumplimiento, ya conocidos por la Corte IDH, incluyen:

  • Ausencia de un plan adecuado de investigación
  • Falta de acceso a información en poder del Ministerio de la Defensa y del Instituto de Previsión Militar que impide identificar los perpetradores
  • Persiste un uso abusivo de los recursos de amparo y otros recursos procesales
  • Complicidad por parte de las autoridades a la hora de conocer los casos y tramitarlos
  • Falta de ejecución de órdenes de detención de personas presuntamente involucradas
  • La no garantía de la trasparencia e idoneidad de los operadores de justicia

Denuncia internacional contra Estado de Guatemala por denegación de justicia en caso de genocidio

Washington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

Mié, 06/11/2013

Conferencia de Prensa: Petición de Genocidio contra el Estado de GuatemalaWashington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

En la denuncia, las organizaciones afirmaron que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por miles de víctimas.

Tal conducta compromete la responsabilidad del Estado ya que según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Algunos de los hechos que fueron denunciados ante la CIDH, en relación con el caso de genocidio cometido en contra del grupo étnico maya Ixil, consisten en más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Además, en relación con el proceso que se siguió en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se denunciaron las deficiencias e irregularidades de las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, como por ejemplo: la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa;  tolerancia de las autoridades judiciales frente al abuso de acciones de amparo  y de inconstitucionalidad y dilaciones indebidas en su resolución; la falta de fundamentación y arbitrariedad de las resoluciones de amparo provisional;  la duración excesiva del proceso penal; los ataques a la independencia judicial y la falta de protección a los participantes en el proceso.

En particular, se destacaron ante la CIDH las irregularidades que caracterizaron la resolución de fecha 20 de mayo de 2013 dictada por tres miembros de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual se anuló el proceso seguido contra los citados militares.

Ante todo lo anterior, los peticionarios nos hemos visto obligados a acudir  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la esperanza de que el sistema regional de protección de los derechos humanos agilice el trámite de la petición y asegure la protección internacional de las víctimas en el menor plazo posible. Por lo que pedimos a la Comisión la admisibilidad de la presente denuncia.

Acudir a la justicia internacional es un derecho consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que acudimos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con el fin de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Mientras haya impunidad no habrá respeto a los derechos humanos en Guatemala ni democracia plena.

¡Por el derecho a un país justo!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL

Bufete Jurídico por los Derechos Humanos - BDH

Organizaciones internacionales piden que el juicio por genocidio en Guatemala se celebre hasta el final

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

Vie, 19/04/2013

New York, Washington D.C y San José, 19 de abril, 2013- Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

JuicioRíosMontt-SandraSebastianCCPlazaPublica

Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El juicio contra Ríos Mont, ex general que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, se inició en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo.

Juntamente con Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia en esos años, Ríos Montt se enfrenta a cargos de genocidio y otros delitos graves por atrocidades cometidas contra miembros de la comunidad maya ixil durante su mandato.

Las cuatro organizaciones se muestran especialmente preocupadas por la decisión tomada el jueves 18 de abril por la juez de primera instancia Carol Patricia Flores de anular los procedimientos del juicio que han tenido lugar hasta ahora, entre ellos los testimonios de más de 100 familiares y sobrevivientes de la violencia, así como testimonios de la defensa y peritos expertos.

Al anunciar su anulación, la juez Flores citó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad con respecto a la admisibilidad de pruebas de descargo, a pesar de que el Tribunal de Alto Riesgo ya había admitido las pruebas ordenadas por la Corte de Constitucionalidad.

La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, declaró que la decisión de Flores de anular los procedimientos es "ilegal".

Esta mañana, viernes 19 de abril, la juez que preside el juicio contra Ríos Montt, Yassmín Barrios, también ha rechazado la orden de anular los procedimientos por considerarla ilegal. Aún así, ha decidido suspender el proceso a la espera de que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie sobre la legalidad de la sentencia de anulación.

Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, dijo: "La decisión de la juez Barrios es una respuesta valiente y legalmente correcta a este evidente intento de sabotear la legítima exigencia de justicia de las víctimas de crímenes terribles. La Corte de Constitucionalidad debe pronunciarse sin dilación sobre la legalidad de la orden de anular el juicio, y permitir que este histórico juicio concluya como debe ser".

Justice Initiative, el ICTJ y el CEJIL también expresan su preocupación por el apoyo público expresado por el actual presidente, Otto Pérez Molina, a un comunicado firmado por varios líderes políticos y ex funcionarios del gobierno en el que se defendía que si en el juicio finalmente se sentenciaba que sí hubo genocidio, el proceso de paz en Guatemala estaría en peligro.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative, dijo: "Es imperativo, tanto para el Estado de derecho en Guatemala como para una reconciliación duradera, que el proceso legal continúe sin presiones externas inapropiadas. Al enfrentar su historia, Guatemala se unirá a otros países del mundo que han buscado justicia y rendición de cuentas por los más graves crímenes contra la humanidad".

Viviana Krsticevic, directora del CEJIL, añadió: "Las investigaciones y los procesos judiciales juegan un papel clave en ayudar a las sociedades a enfrentar los abusos históricos de derechos humanos. Este proceso solo puede fortalecer el Estado de derecho en Guatemala".

El juicio contra Ríos Montt es el primer proceso judicial por el crimen de genocidio que se lleva a cabo contra un ex jefe de Estado en tribunales nacionales.

Más información disponible en www.riosmontt-trial.org . Este sitio es administrado por el Open Society Justice Initiative (OSJI), en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Plaza Pública.

Foto Sandra Sebatian CC Plaza Pública.

Carta abierta al Presidente de Guatemala tras amenazas y atentados contra peritos del caso Masacre de Las Dos Erres

Hechos de hostigamiento han ocurrido tras condena de cuatro ex militares

San José, 11 de agosto del 2011- CEJIL expresa su preocupación por el grave riesgo en que se encuentran los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Ellos han sido amenazados y han sido víctimas de amenazas tras el fallo condenatorio contra cuatro ex militares en el caso de la masacre de Las Dos Erres.

Jue, 11/08/2011

San José, Costa Rica, 11 de agosto de 2011.

Señor
Ingeniero Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Su despacho

Señor Presidente de la República:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en el continente americano mediante el uso estratégico de las herramientas que ofrece el Derecho internacional de los derechos humanos.
En esta ocasión nos dirigimos a Usted, para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
Como es de su conocimiento, la FAFG realiza investigaciones antropológico forenses objetivas e imparciales de muertes sospechosas (individuales o masivas) utilizando la arqueología y antropología física y social. A través de su labor, la Fundación apoya a comunidades y a familiares de víctimas a que recuperen los restos de sus familiares para darles una sepultura digna y según sus costumbres. Asimismo, contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y al respeto de los derechos humanos a través de la investigación, documentación y divulgación de hechos históricos de violaciones al derecho a la integridad y la vida en casos de muerte no esclarecidos.
En razón de esta labor, los miembros de la Fundación han sido víctimas de acciones de intimidación durante años. Dichas acciones se agravaron a partir del año 2002, lo que ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara a su favor medidas cautelares, solicitándole al Estado de Guatemala que tomara todas las medidas que fueran necesarias para garantizar su vida e integridad.
A pesar de la vigencia de las referidas medidas cautelares, los actos de amenazas e intimidación continuaron. Ello provocó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante resolución de su Presidente resolvió, el 21 de abril de 2006, otorgar medidas provisionales a favor de la FAFG y sus miembros[1], las cuales fueron ratificadas por el pleno mediante decisión de 4 de julio de 2006[2] y se mantienen hasta la actualidad[3].
Estas medidas son de obligatorio acatamiento para Guatemala, toda vez que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 1978 y luego reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
Según se ha hecho público, en días recientes se han registrado nuevos actos de intimidación contra miembros de la FAFG, específicamente algunos de los peritos que han participado en el proceso judicial seguido contra cuatro ex militares responsables de la masacre de Las Dos Erres, cuya sentencia fue dictada el pasado 2 de agosto. Esta sentencia histórica implica un importante avance en la búsqueda de justicia en dicho caso, pero además constituye un poderoso mensaje de que es posible superar la impunidad en la que durante décadas han permanecido gravísimas violaciones a derechos humanos.
En consecuencia, estos ataques no sólo ponen en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la FAFG, sino que también obstaculizan el trabajo que realiza la Fundación y el sistema de administración de justicia en su conjunto.
Cabe recordar igualmente, que en la sentencia emitida en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Las Dos Erres el tribunal interamericano ordenó al Estado guatemalteco asegurar “que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad”[4].
En razón de lo anterior, y considerando que existe una obligación internacional del Estado guatemalteco de proteger a los miembros de la Fundación, le solicitamos la interposición de sus buenos oficios para garantizar la seguridad personal de todos los integrantes de la Fundación, la continuidad de su labor y sobre todo la investigación real y efectiva los hechos intimidatorios en su contra.
Por la existencia de una medida de reparación expresa en la mencionada sentencia, así como la vigencia de medidas provisionales emanadas de un órgano internacional de protección de los derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana, el Estado guatemalteco sería responsable internacionalmente por lo que pueda ocurrirle a los miembros de la FAFG.
En igual sentido, le instamos a garantizar que se adopten todas las acciones necesarias para asegurar la integridad y la vida de todas aquellas personas involucradas en el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de las responsabilidades por la masacre de Las Dos Erres, particularmente a los y las integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) que actúan como querellantes adhesivos en el proceso y sus abogados.
Confiamos en que el Estado de Guatemala reaccionará decididamente, honrando así los compromisos adoptados en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional.
Aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

c.c. Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República.
c.c. Carlos Menocal, Ministro de Gobernación.
c.c. Ruth Del Valle, Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.
c.c. Pablo Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carta_Publica_Presidente_Colom_-_Amenazas_caso_masacre_de_Las_Dos_Erres.pdf

[1] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte de 21 de abril de 2006, Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_021.pdf
[2] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 4 de julio de 2006. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_02.pdf
[3] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 22 de febrero de 2011.
[4] Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr 233.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avala la impunidad de graves violaciones de derechos humanos

Ante el reiterado incumplimiento de este órgano, CEJIL ha solicitado la intervención de la Corte IDH

San José, 14 de febrero del 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Lun, 14/02/2011

 

San José, 14 de febrero de 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La decisión de la CC se basa en un amparo cuyo contenido no fue conocido por la Sra. Jennifer Harbury –viuda de Efraín Bámaca- y sus representantes legales, desafiando la resolución de la Corte IDH sobre la importancia de dar participación a las víctimas en los procesos internos. Precisamente el 18 de enero pasado, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió una sentencia en la que se acata la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH dictada el 18 de noviembre de 2010. Dicha decisión resolvió anular el sobreseimiento dictado en 1999 a favor de varios de los presuntos responsables de los hechos del caso y ordenó el inicio de un nuevo proceso en el que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a los responsables. El fallo de la Cámara Penal es congruente con la jurisprudencia constante de la Corte IDH y constituía un importante paso para reconducir el proceso interno, lo cual ha sido revertido con la decisión de la CC que suspende nuevamente el proceso.

Hasta el momento, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de derechos humanos en catorce casos, convirtiéndose éste en el segundo con más condenas en el continente, después de Perú. La Corte IDH, al igual que otros órganos internacionales, ha destacado el grave problema de impunidad imperante en el país y entre otros aspectos, ha ordenado distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas, así como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modificaciones necesarias para adecuar el derecho interno a las normas de la Convención Americana. Dado el incumplimiento de tales resoluciones, CEJIL ha solicitado a la Corte Interamericana la concesión excepcional de una audiencia conjunta de supervisión de sentencias para debatir exclusivamente el avance en la justicia de los casos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL señaló que “el mensaje que ha dado la Corte de Constitucionalidad a los miembros del Poder Judicial guatemalteco es sumamente preocupante. La CC no puede ni debe avalar la impunidad. Sus integrantes deben rendir cuentas a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional sobre la forma en la que administran justicia en un país que necesita desesperadamente que sus instituciones cumplan con el mandato que les ha sido conferido. En este sentido consideramos fundamental que la CC revierta su posición, permitiendo una investigación diligente en casos de graves violaciones de derechos humanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.

CEJIL hace un llamado a los integrantes del poder judicial de Guatemala para que no solo velen por el adecuado cumplimiento del ordenamiento guatemalteco, sino también por que las obligaciones internacionales en materia de la debida diligencia en la investigación de graves violaciones derechos humanos sean implementadas de manera efectiva, garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia.

En este sentido, CEJIL exhorta a los integrantes del poder judicial guatemalteco a que, en el marco del debido proceso, y en concordancia con lo determinado por la Corte IDH, adopte las medidas conducentes para remover cualquier práctica, norma o institución procesal que pueda afectar la investigación o sanción de graves violaciones a derechos humanos, resguardando de ese modo los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Celular: + (506) 8354 -1361

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

Sentencias y resoluciones dictadas por la Corte IDH en el caso Bámaca Velásquez

Sentencia de fondo:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Sentencia de reparación

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de enero de 2009

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_10.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 18 de noviembre de 2010:

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/bamaca_18_11_10.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos reprende al Estado guatemalteco ante el manifiesto desacato de sus decisiones

Guatemala debe cumplir en forma íntegra con las decisiones de la Corte IDH

San José y Ciudad de Guatemala, 16 de setiembre del 2014. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), notificó en días pasados una resolución de supervisión de cumplimiento de once de sus sentencias dictadas contra Guatemala de fecha 21 de agosto. En esta la Corte condena con severidad el desacato del Estado guatemalteco a sus responsabilidades internacionales y ordena que en forma pronta e íntegra se adopten todas las medidas necesarias para cumplir con todas las sentencias dictadas.

Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento de 11 sentencias.

Mar, 16/09/2014

Acto de Reconocimiento del caso Molina Theissen

San José y Ciudad de Guatemala, 16 de setiembre del 2014. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), notificó en días pasados una resolución de supervisión de cumplimiento de once de sus sentencias dictadas contra Guatemala de fecha 21 de agosto. En esta la Corte condena con severidad el desacato del Estado guatemalteco a sus responsabilidades internacionales y ordena que en forma pronta e íntegra se adopten todas las medidas necesarias para cumplir con todas las sentencias dictadas.

Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento de 11 sentencias.

Dicha resolución se deriva de la audiencia de supervisión de cumplimiento celebrada el pasado 16 de mayo, en la que se discutió el avance en el cumplimiento las siguientes sentencias: Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En esta audiencia participaron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación Myrna Mack. Además, Pedro Chitay Rodríguez, Jennifer Harbury y Lucrecia Molina Theissen, familiares de las víctimas.

Al analizar los resultados de la audiencia, la Corte IDH concluye que la posición asumida por el Estado es contraria al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y además constituye un incumplimiento del deber de informar del Tribunal.

Entre otras valoraciones, la Corte resalta que las actuaciones del Estado constituyen un cambio radical de posición, ya que en varias de las mencionadas sentencias el Estado aceptó su responsabilidad total o parcialmente, lo cual para la Corte “hace ilusorio el acceso de las víctimas a la justicia internacional”.

Asimismo, en relación con la intención del Estado de aplicar la Ley de Reconciliación Nacional (ley de amnistía), la Corte recuerda que este tipo de normas son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que Guatemala no puede oponer disposiciones adoptadas a nivel interno  para justificar su incumplimiento, ni siquiera cuando tales disposiciones provengan del máximo tribunal en el ordenamiento interno.

Para la Corte IDH, la obligación de implementar a nivel interno lo dispuesto por el Tribunal en las sentencias vincula a todos los poderes y órganos estatales. A su vez, destaca el rol importante que cumplieron la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia al declarar la autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte IDH, y el Ministerio Público en cuanto a los avances que se observaron en los últimos años, particularmente sobre algunas condenas obtenidas contra responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Reiteramos nuestro llamado a las autoridades guatemaltecas para que a la luz de esta resolución reconsideren su posición claramente violatoria del derecho internacional y garanticen el acceso efectivo de las víctimas y sus familiares a la justicia.

Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación Verdad y Justicia (AVEJA)

Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Fundación Myrna Mack

Pedro Chitay Nech, Jennifer Harbury ,Lucrecia Molina Theissen

Familiares de Víctimas de casos ante el sistema interamericano:

Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen,  Masacre de las Dos Erres, Masacre comunidad Río Negro y familiares de Diario Militar.

Más Información:

Resolución Corte IDH

Comunicados previos

Corte Interamericana pide cuentas a Guatemala por sentencias sin cumplir

Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 2280 7473

daraya@cejil.org

Corte Interamericana pide cuentas a Guatemala por sentencias sin cumplir

La audiencia se llevará a cabo el 16 de mayo en Costa Rica

San José, 15 de mayo de 2014. El próximo viernes 16 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo órgano jurisdiccional del continente americano en materia de derechos humanos, analizará el incumplimiento del Estado de Guatemala de 11 sentencias en las que ha sido condenado.

La audiencia se realizará en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, y abordará los obstáculos que mantiene el Estado para avanzar en su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas en los casos Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres.

Jue, 15/05/2014

San José, 15 de mayo de 2014. El próximo viernes 16 de mayo de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo órgano jurisdiccional del continente americano en materia de derechos humanos, analizará el incumplimiento del Estado de Guatemala de 11 sentencias en las que ha sido condenado.

La audiencia se realizará en la sede de la Corte en San José, Costa Rica, y abordará los obstáculos que mantiene el Estado para avanzar en su obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a la totalidad de los responsables de las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las víctimas en los casos Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres.

Algunos de los casos son representados ante la Corte IDH por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH) y la Fundación Myrna Mack. Además, participarán en la audiencia víctimas y sus representantes a nivel interno y ante el tribunal interamericano.

Los casos que se analizarán en la audiencia tienen como común denominador que ocurrieron en la época del conflicto armado y que se mantienen casi en total impunidad. De hecho, solo cinco personas vinculadas con la masacre en la Aldea de las Dos Erres han sido condenadas.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como “Pacto de San José” el 27 de abril de 1969, de esta manera se comprometió en forma soberana a respetar y garantizar los derechos humanos en ese país. De conformidad con el artículo 67 de esta Convención, las sentencias de la Corte son definitivas e inapelables.

La Corte IDH ha condenado al Estado Guatemala en 17 ocasiones, siendo el segundo país en el continente con mayor cantidad de sentencias, solo superado por Perú.

 

Contacto de Prensa

Daniela Araya

CEJIL

+506 22808588

daraya@cejil.org

 

Organizaciones internacionales expresan preocupación por las irregularidades observadas en el proceso de selección de fiscal general en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Lun, 05/05/2014

Fotografía Claudia Paz y Paz (Créditos Prensa Libre)Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Las organizaciones firmantes hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en Guatemala durante muchos años, por ello, es nuestro deber señalar que para la existencia de un estado democrático de derecho es imprescindible que en la elección de los integrantes de los principales órganos de la administración de justicia resulten elegidos los profesionales más capaces e idóneos, lo cual solo es posible mediante un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los postulantes.

En este sentido, vemos con extrema inquietud que la Comisión de Postulación (CP), nombrada para elegir una nómina de seis personas para el cargo de fiscal general, no investigó exhaustivamente las tachas presentadas por diversos sectores sociales contra diversos candidatos y candidatas, tampoco se verificó la veracidad de la información proporcionada por los postulantes, ni se realizó un análisis respecto de la honorabilidad de los mismos.

Peor aún, causa sorpresa y extrañeza que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre las personas evaluadas, decisión que no fue razonada ni motivada.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”,  ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer efectivo este derecho se requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. Considerando este criterio, es evidente que cualquier procedimiento de selección que no tome en cuenta a los o las candidatas con las mejores puntuaciones carece de la objetividad exigida. A la vez, esta circunstancia podría implicar una discriminación hacia el candidato o candidata afectada.

Si bien reconocemos que la Comisión de Postulación estableció posibilidades para observar el proceso, dichas acciones resultan insuficientes para garantizar la transparencia si las decisiones finales no están apegadas a los criterios objetivos previamente establecidos y si no existe un razonamiento público que las justifique. En suma, en la presente experiencia, las organizaciones consideramos que se ha configurado una grave violación al principio de transparencia que nos lleva a concluir que la selección final de la nómina estuvo basada en consideraciones distintas al mérito.

Dado que la Comisión de Postulación ha presentado la nómina de candidatos y candidatas al Presidente Otto Pérez Molina, las organizaciones consideramos que corresponde al señor Presidente subsanar las omisiones que han sido señaladas y proceder a solicitar a la CP una explicación razonada sobre la justificación para incluir a las personas electas en la nómina, así como sobre la exclusión de la candidata que obtuvo el segundo mejor puntaje.

Adicionalmente, una vez aclaradas las dudas sobre lo anterior, el señor Presidente debe nombrar a la persona que reúna las condiciones de idoneidad y competencia para ejercer el cargo de forma independiente.

Asimismo, exhortamos a las autoridades del Estado de Guatemala a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener los avances alcanzados por el Ministerio Público en los últimos 3 años, y apoyar todos los esfuerzos que impliquen romper con el contexto de impunidad en este país.

Finalmente, nos sumamos a la preocupación externada por las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en cuanto a la necesidad de iniciar –en el menor plazo posible- un proceso de reflexión sobre el actual modelo de comisiones de postulación para el nombramiento de altos cargos dentro del sistema de administración de justicia, y nos ponemos al servicio de la sociedad guatemalteca para aportar nuestro conocimiento en experiencias comparadas y en el Derecho Internacional Público con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más sólida.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

Créditos fotográficos: Periódico La Prensa

Persiste afectación a la independencia judicial en Guatemala

Se mantiene intimidación en contra de la jueza Yassmín Barrios

San José, Costa Rica. 2 de mayo de 2014. El pasado 28 de abril, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales de Guatemala resolvió desfavorablemente el recurso de apelación que había sido interpuesto por la jueza Yassmín Barrios en contra de la decisión del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este último órgano, había acordado, entre otras sanciones, la suspensión de la jueza Barrios por un año en el ejercicio de su profesión como abogada.

 

Lun, 05/05/2014

Fotografía Yassmín Barrios (Créditos CB24 TV)San José, Costa Rica. 2 de mayo de 2014. El pasado 28 de abril, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales de Guatemala resolvió desfavorablemente el recurso de apelación que había sido interpuesto por la jueza Yassmín Barrios en contra de la decisión del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este último órgano, había acordado, entre otras sanciones, la suspensión de la jueza Barrios por un año en el ejercicio de su profesión como abogada.

Como señaló CEJIL en un comunicado previo, la decisión del Tribunal de Honor se encuentra vinculada con el proceso que se siguió en el año 2013 en contra de los ex generales José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil. El órgano gremial consideró que la jueza Barrios había irrespetado y humillado públicamente al abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, por una decisión jurisdiccional tomada por el Tribunal A de Mayor Riesgo, del cual forma parte la jueza.

En la resolución de la Asamblea de Presidentes que fue dada a conocer el 30 de abril, dicho órgano confirmó la supuesta falta y si bien modificó la sanción, estableciendo únicamente una amonestación privada, no analizó la improcedencia de la misma por la falta de competencia del Tribunal de Honor de conocer disciplinariamente actuaciones de jueces o juezas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “La reciente resolución dictada por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales resulta censurable por cuanto valida la decisión de un órgano gremial que no es competente, lo cual afecta la independencia judicial de la jueza Barrios y en general constituye un mensaje de intimidación para los y las integrantes de la judicatura”.

CEJIL lamenta que persistan las acciones de intimidación y deslegitimación en contra de la jueza Barrios, y recuerda a las autoridades estatales su obligación de protegerla y garantizar su vida e integridad personal, según fue ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al otorgarle medidas cautelares.  A la vez, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que se respete y garantice la independencia judicial y se condene cualquier injerencia indebida que pretenda socavar este importante principio.

Créditos fotográficos: CB24 TV

Enlaces relacionados:

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pone en peligro la independencia judicial

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Organizaciones internacionales condenan suspensión de la jueza Yassmín Barrios en Guatemala

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

Mié, 09/04/2014

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

La decisión del Tribunal de Honor se origina en una denuncia que presentó el abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, debido a que el 19 de marzo del año 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este último. El abogado Galindo no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo y por lo tanto acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.

El Tribunal de Honor del CANG acogió los argumentos del abogado Galindo y concluyó que la la jueza Barrios incurrió en una falta grave que atenta contra las normas de la ética profesional.

Para las organizaciones firmantes, la decisión del Tribunal de Honor es contraria a los estándares internacionales relacionados con las garantías para la independencia judicial. En primer lugar, dicho ente no tiene competencia para juzgar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia presentada por el abogado Galindo y resolvió desestimarla.

Asimismo, dada la naturaleza gremial del Tribunal tampoco se reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad, las cuales son indispensables en todo órgano de naturaleza disciplinaria.

Considerando lo anterior, resulta preocupante que el Tribunal de Honor sancione a la jueza Barrios sin ostentar las facultades para ello. De ejecutarse esta decisión, se estaría violentando la independencia judicial y el Estado de Guatemala podría incurrir en responsabilidad internacional.

Las organizaciones consideramos que la decisión del Tribunal de Honor forma parte del contexto de hostigamiento y persecusión que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio. En tal sentido, exhortamos a las autoridades guatemaltecas competentes a revertir la decisión de suspensión, en particular a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de considerar la citada decisión y en su luguar se envíe un mensaje claro de apoyo a la labor de la jueza así como de respaldo y defensa irrestricta a la independencia de la judicatura en este país.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma contra la impunidad

 

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