Guatemala

CEJIL lamenta la resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ante procesos de elecciones judiciales

La Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca ha validado la elección de los magistrados y magistradas realizada para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones.

CEJIL quiere expresar su rechazo a esta decisión ya que al adoptarla, la CC incumple la normativa interna y los estándares internacionales para este tipo de procesos.

Mar, 25/11/2014

Comisiones de Postulacion Creditos el PeriodicoSan José, 25 de noviembre de 2014.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), expresa su rechazo a la decisión adoptada por la Corte de Constitucionalidad (CC) guatemalteca, que valida la elección de los magistrados y magistradas electas para la Corte Suprema de Justicia y las Salas de la Corte de Apelaciones, pese al incumplimiento manifiesto de la normativa interna y de los estándares internacionales sobre este tipo de procesos, tanto por parte de las comisiones de postulación como por parte del Congreso de la República.

Los nombramientos, habían sido temporalmente suspendidos en virtud de un amparo provisional otorgado por la CC el pasado 9 de octubre. Ante la Corte de Constitucionalidad, numerosas personas y actores de sociedad civil alegaron importantes irregularidades en el proceso, tales como la falta de verificación y calificación adecuada del mérito y la capacidad de los candidatos y candidatas, la falta de transparencia en algunas fases de los procesos, la existencia de conflictos de intereses en los nombramientos, entre otros.

Pese a lo anterior, la CC no analizó el fondo de los argumentos, consideró en términos generales que el Congreso no había incurrido en violación alguna y omitió analizar las denuncias que pesaron por el proceso seguido en las comisiones de postulación. De esta manera, el Tribunal Constitucional obvia las recomendaciones y pronunciamientos emitidos por importantes organismos de protección internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces, magistrados y abogados, quienes recientemente habían instado a las autoridades a respetar la independencia judicial y, consecuentemente, a revisar los nombramientos de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.

Sobre este tema, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que el  adecuado proceso de nombramiento y selección de las y los operadores de justicia constituye uno de los presupuestos esenciales para la garantía de independencia judicial. A su vez, estos órganos han destacado que “si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas”.

“La resolución de la Corte de Constitucionalidad profundiza la crisis institucional que actualmente enfrenta Guatemala. La validación de las elecciones judiciales sin garantizar una elección basada en méritos pone en serio riesgo el principio de independencia de poderes y afecta el estado de Derecho” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

CEJIL lamenta la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad ya que afecta el acceso a la justicia de todas las personas guatemaltecas al no garantizar la independencia judicial, lo que implica que los y las habitantes de este país no tendrán certeza de la capacidad e idoneidad de las personas que impartan justicia.

A la vez, hacemos un llamado respetuoso a todos los sectores sociales para que se pronuncien ante este acontecimiento y para que se unan en la observación de las actuaciones de las personas nombradas y denuncien aquellas que riñan las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.  Finalmente, solicitamos a las autoridades proteger a los diversos actores que han denunciado irregularidades en los procesos y así evitar que sufran represalias por sus denuncias.

Créditos Fotográficos El Periódico

 

Estado de Guatemala cuestiona las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se niega a cumplirlas

En el marco de una audiencia de supervisión de cumplimiento convocada por la Corte IDH

San José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia

Dom, 18/05/2014

Foto Corte Interamericana, créditos CEJILSan José, Costa Rica domingo 18 de mayo del 2014. El Estado de Guatemala nuevamente manifestó su negativa a cumplir con la obligación de investigar, identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Esto ocurrió en una audiencia convocada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado viernes 16 de mayo en San José, Costa Rica.

La Corte IDH convocó a una audiencia privada para analizar el cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos Nicholas Chapman Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, Tiu Tojin, Florencio Chitay Nech, Mack Chang, Niños de la calle (Villagran Morales y otros), Bámaca Velásquez, Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres. En la audiencia participaron víctimas y representantes del Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Fundación Myrna Mack y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

En la audiencia, que tuvo una duración de dos horas, se destacaron los diversos obstáculos que existen en Guatemala y que impiden avanzar con la verdad y la justicia. Se mencionaron las dificultades que se enfrentan en las etapas iniciales de investigación, tales como la falta de acceso a la información en poder del Ministerio de la Defensa. A su vez, se reiteró el problema relativo al uso abusivo de los recursos de amparo y la complicidad de las autoridades que los acogen con el único objetivo de dilatar los procedimientos.

Las víctimas y las organizaciones representantes se refirieron a la paralización de varios procesos en virtud de acciones de la defensa que pretenden la aplicación de la Ley de Reconciliación Nacional para eximir de responsabilidad a militares presuntamente involucrados en masacres, desapariciones forzadas y otras graves violaciones.

Asimismo, se denunció ante la Corte IDH la reciente decisión del Congreso de la República de Guatemala (punto resolutivo 3-2014), que expresamente desconoce los compromisos internacionales asumidos por el Estado, niega el genocidio, interfiere indebidamente con la independencia judicial y anuncia una reforma que podría implicar la amnistía de casos vinculados con el conflicto armado.

Al respecto, en numerosas sentencias la Corte Interamericana ha señalado que en casos graves de violaciones de derechos humanos es inadmisible la aplicación de figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de otras medidas excluyentes de responsabilidad.

En la audiencia también se reconocieron los avances en el combate a la impunidad, pero se señaló que ello fue posible gracias al decidido impulso de las víctimas y a la voluntad política de algunos actores clave en puestos de la administración de la justicia. Sin embargo, se expresó la preocupación por inminentes cambios institucionales que podrían hacer retroceder los avances de los últimos años.

Las víctimas y las organizaciones se lamentaron por la posición expresada por el Estado de Guatemala, que negó abiertamente su obligación de garantizar justicia y verdad. Además dedicó la mayor parte de su tiempo a justificar la impunidad para los perpetradores de miles de ejecuciones extrajudiciales, centenares de masacres, decenas de miles desapariciones forzadas, entre otras violaciones que lesionan los principios más esenciales de la humanidad.

Los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) le recordaron al Estado sus obligaciones internacionales y la consistente jurisprudencia de la Corte Interamericana en relación con el deber de investigar, juzgar y sancionar a quienes cometen actuaciones contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales. También expresaron su preocupación por la aprobación del Punto Resolutivo 3-2014 por parte del Congreso. Dichas preocupaciones fueron plasmadas en un comunicado de prensa publicado este viernes. Ver comunicado

Lucrecia Molina, una de las víctimas presentes en la audiencia, habló en nombre de su hermano desaparecido forzadamente, Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años de edad, solicitándole a la Corte mantener presentes a las víctimas del conflicto armado y afirmó que “el Estado guatemalteco violó su propia legalidad para perseguirnos, para victimizarnos, para masacrar, para perpetrar el genocidio, para desaparecer a millares, y ahora nos niega nuestro derecho a la verdad y a la justicia”.

En los próximos meses, la Corte Interamericana dictará una nueva resolución de sobre Guatemala por lo que las víctimas y sus representantes le solicitaron contundencia al recordarle al Estado sus compromisos internacionales así como reiterar una serie de medidas específicas para que las autoridades avancen con efectividad en la identificación y sanción de los responsables de los hechos.

Hacemos un llamado a las autoridades guatemaltecas para que reconsideren su posición a todas luces violatoria del derecho internacional y de los derechos de las víctimas. Guatemala debe procurar la paz social mediante la garantía de acceso al derecho a la verdad y a la justicia.

Enlaces Relacionados:

Comunicado CIDH: CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en la lucha contra la impunidad

Contacto de Prensa

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

Información de Contexto

En el conflicto armado fueron asesinadas al menos 200 000 personas y 45 000 fueron desaparecidas forzosamente. No obstante, desde 1996 solo se ha condenado a 31 responsables en siete casos, lo que significa que menos del 1% de las graves violaciones han tenido alguna respuesta del Estado.

El Estado de Guatemala ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 1978 y reconoció la de la Corte Interamericana en 1987. Es el segundo país con más sentencias de la Corte Interamericana, las cuales se refieren en su gran mayoría a graves violaciones de derechos humanos que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y masacres.

De acuerdo con los representantes de las víctimas, los principales obstáculos para el cumplimiento, ya conocidos por la Corte IDH, incluyen:

  • Ausencia de un plan adecuado de investigación
  • Falta de acceso a información en poder del Ministerio de la Defensa y del Instituto de Previsión Militar que impide identificar los perpetradores
  • Persiste un uso abusivo de los recursos de amparo y otros recursos procesales
  • Complicidad por parte de las autoridades a la hora de conocer los casos y tramitarlos
  • Falta de ejecución de órdenes de detención de personas presuntamente involucradas
  • La no garantía de la trasparencia e idoneidad de los operadores de justicia

Denuncia internacional contra Estado de Guatemala por denegación de justicia en caso de genocidio

Washington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

Mié, 06/11/2013

Conferencia de Prensa: Petición de Genocidio contra el Estado de GuatemalaWashington D.C. 06 de noviembre 2013.- Víctimas sobrevivientes del genocidio en Guatemala y organizaciones sociales, interpusieron hoy, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una denuncia contra el Estado de Guatemala por la impunidad que persiste de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio del pueblo ixil. La denuncia se fundamenta en la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados internacionales de derechos humanos.

En la denuncia, las organizaciones afirmaron que el Estado de Guatemala ha incumplido con la obligación de garantizar a las víctimas su derecho a acceder a la justicia ya que por más de 30 años no se ha juzgado a ninguno de los responsables de las violaciones sufridas por miles de víctimas.

Tal conducta compromete la responsabilidad del Estado ya que según lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Algunos de los hechos que fueron denunciados ante la CIDH, en relación con el caso de genocidio cometido en contra del grupo étnico maya Ixil, consisten en más de 60 masacres y ataques de miembros del ejército guatemalteco que dejaron como saldo aproximadamente 1771 víctimas asesinadas, así como numerosas víctimas de desaparición forzada, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.

Además, en relación con el proceso que se siguió en contra de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez, se denunciaron las deficiencias e irregularidades de las resoluciones emitidas por las autoridades en el proceso penal, como por ejemplo: la falta de acceso a los archivos del Ministerio de la Defensa;  tolerancia de las autoridades judiciales frente al abuso de acciones de amparo  y de inconstitucionalidad y dilaciones indebidas en su resolución; la falta de fundamentación y arbitrariedad de las resoluciones de amparo provisional;  la duración excesiva del proceso penal; los ataques a la independencia judicial y la falta de protección a los participantes en el proceso.

En particular, se destacaron ante la CIDH las irregularidades que caracterizaron la resolución de fecha 20 de mayo de 2013 dictada por tres miembros de la Corte de Constitucionalidad mediante la cual se anuló el proceso seguido contra los citados militares.

Ante todo lo anterior, los peticionarios nos hemos visto obligados a acudir  ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la esperanza de que el sistema regional de protección de los derechos humanos agilice el trámite de la petición y asegure la protección internacional de las víctimas en el menor plazo posible. Por lo que pedimos a la Comisión la admisibilidad de la presente denuncia.

Acudir a la justicia internacional es un derecho consagrado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que acudimos al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos con el fin de que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Mientras haya impunidad no habrá respeto a los derechos humanos en Guatemala ni democracia plena.

¡Por el derecho a un país justo!

Asociación para la Justicia y Reconciliación - AJR

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos – CALDH

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional - CEJIL

Bufete Jurídico por los Derechos Humanos - BDH

Organizaciones internacionales piden que el juicio por genocidio en Guatemala se celebre hasta el final

Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

Vie, 19/04/2013

New York, Washington D.C y San José, 19 de abril, 2013- Cuatro organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y el derecho internacional se han unido para pedir a todos los implicados en el juicio que tiene lugar en Guatemala contra el ex presidente Efraín Ríos Montt, por cargos de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que el juicio prosiga con el debido respeto a la independencia judicial.

JuicioRíosMontt-SandraSebastianCCPlazaPublica

Las cuatro organizaciones son: Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

El juicio contra Ríos Mont, ex general que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, se inició en la Ciudad de Guatemala el 19 de marzo.

Juntamente con Mauricio Rodríguez Sánchez, su jefe de inteligencia en esos años, Ríos Montt se enfrenta a cargos de genocidio y otros delitos graves por atrocidades cometidas contra miembros de la comunidad maya ixil durante su mandato.

Las cuatro organizaciones se muestran especialmente preocupadas por la decisión tomada el jueves 18 de abril por la juez de primera instancia Carol Patricia Flores de anular los procedimientos del juicio que han tenido lugar hasta ahora, entre ellos los testimonios de más de 100 familiares y sobrevivientes de la violencia, así como testimonios de la defensa y peritos expertos.

Al anunciar su anulación, la juez Flores citó una sentencia de la Corte de Constitucionalidad con respecto a la admisibilidad de pruebas de descargo, a pesar de que el Tribunal de Alto Riesgo ya había admitido las pruebas ordenadas por la Corte de Constitucionalidad.

La Fiscal General de Guatemala, Claudia Paz y Paz Bailey, declaró que la decisión de Flores de anular los procedimientos es "ilegal".

Esta mañana, viernes 19 de abril, la juez que preside el juicio contra Ríos Montt, Yassmín Barrios, también ha rechazado la orden de anular los procedimientos por considerarla ilegal. Aún así, ha decidido suspender el proceso a la espera de que la Corte de Constitucionalidad se pronuncie sobre la legalidad de la sentencia de anulación.

Paul Seils, vicepresidente del ICTJ, dijo: "La decisión de la juez Barrios es una respuesta valiente y legalmente correcta a este evidente intento de sabotear la legítima exigencia de justicia de las víctimas de crímenes terribles. La Corte de Constitucionalidad debe pronunciarse sin dilación sobre la legalidad de la orden de anular el juicio, y permitir que este histórico juicio concluya como debe ser".

Justice Initiative, el ICTJ y el CEJIL también expresan su preocupación por el apoyo público expresado por el actual presidente, Otto Pérez Molina, a un comunicado firmado por varios líderes políticos y ex funcionarios del gobierno en el que se defendía que si en el juicio finalmente se sentenciaba que sí hubo genocidio, el proceso de paz en Guatemala estaría en peligro.

James A. Goldston, director ejecutivo de Justice Initiative, dijo: "Es imperativo, tanto para el Estado de derecho en Guatemala como para una reconciliación duradera, que el proceso legal continúe sin presiones externas inapropiadas. Al enfrentar su historia, Guatemala se unirá a otros países del mundo que han buscado justicia y rendición de cuentas por los más graves crímenes contra la humanidad".

Viviana Krsticevic, directora del CEJIL, añadió: "Las investigaciones y los procesos judiciales juegan un papel clave en ayudar a las sociedades a enfrentar los abusos históricos de derechos humanos. Este proceso solo puede fortalecer el Estado de derecho en Guatemala".

El juicio contra Ríos Montt es el primer proceso judicial por el crimen de genocidio que se lleva a cabo contra un ex jefe de Estado en tribunales nacionales.

Más información disponible en www.riosmontt-trial.org . Este sitio es administrado por el Open Society Justice Initiative (OSJI), en colaboración con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Plaza Pública.

Foto Sandra Sebatian CC Plaza Pública.

Carta abierta al Presidente de Guatemala tras amenazas y atentados contra peritos del caso Masacre de Las Dos Erres

Hechos de hostigamiento han ocurrido tras condena de cuatro ex militares

San José, 11 de agosto del 2011- CEJIL expresa su preocupación por el grave riesgo en que se encuentran los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Ellos han sido amenazados y han sido víctimas de amenazas tras el fallo condenatorio contra cuatro ex militares en el caso de la masacre de Las Dos Erres.

Jue, 11/08/2011

San José, Costa Rica, 11 de agosto de 2011.

Señor
Ingeniero Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Su despacho

Señor Presidente de la República:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro que defiende y promueve los derechos humanos en el continente americano mediante el uso estratégico de las herramientas que ofrece el Derecho internacional de los derechos humanos.
En esta ocasión nos dirigimos a Usted, para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de riesgo en que se encuentran la integridad y la vida de los miembros de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG).
Como es de su conocimiento, la FAFG realiza investigaciones antropológico forenses objetivas e imparciales de muertes sospechosas (individuales o masivas) utilizando la arqueología y antropología física y social. A través de su labor, la Fundación apoya a comunidades y a familiares de víctimas a que recuperen los restos de sus familiares para darles una sepultura digna y según sus costumbres. Asimismo, contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y al respeto de los derechos humanos a través de la investigación, documentación y divulgación de hechos históricos de violaciones al derecho a la integridad y la vida en casos de muerte no esclarecidos.
En razón de esta labor, los miembros de la Fundación han sido víctimas de acciones de intimidación durante años. Dichas acciones se agravaron a partir del año 2002, lo que ameritó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptara a su favor medidas cautelares, solicitándole al Estado de Guatemala que tomara todas las medidas que fueran necesarias para garantizar su vida e integridad.
A pesar de la vigencia de las referidas medidas cautelares, los actos de amenazas e intimidación continuaron. Ello provocó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante resolución de su Presidente resolvió, el 21 de abril de 2006, otorgar medidas provisionales a favor de la FAFG y sus miembros[1], las cuales fueron ratificadas por el pleno mediante decisión de 4 de julio de 2006[2] y se mantienen hasta la actualidad[3].
Estas medidas son de obligatorio acatamiento para Guatemala, toda vez que el Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 25 de mayo de 1978 y luego reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
Según se ha hecho público, en días recientes se han registrado nuevos actos de intimidación contra miembros de la FAFG, específicamente algunos de los peritos que han participado en el proceso judicial seguido contra cuatro ex militares responsables de la masacre de Las Dos Erres, cuya sentencia fue dictada el pasado 2 de agosto. Esta sentencia histórica implica un importante avance en la búsqueda de justicia en dicho caso, pero además constituye un poderoso mensaje de que es posible superar la impunidad en la que durante décadas han permanecido gravísimas violaciones a derechos humanos.
En consecuencia, estos ataques no sólo ponen en riesgo la vida y la integridad de los miembros de la FAFG, sino que también obstaculizan el trabajo que realiza la Fundación y el sistema de administración de justicia en su conjunto.
Cabe recordar igualmente, que en la sentencia emitida en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la masacre de Las Dos Erres el tribunal interamericano ordenó al Estado guatemalteco asegurar “que las personas que participen en la investigación, entre ellas víctimas, testigos y operadores de justicia, cuenten con las debidas garantías de seguridad”[4].
En razón de lo anterior, y considerando que existe una obligación internacional del Estado guatemalteco de proteger a los miembros de la Fundación, le solicitamos la interposición de sus buenos oficios para garantizar la seguridad personal de todos los integrantes de la Fundación, la continuidad de su labor y sobre todo la investigación real y efectiva los hechos intimidatorios en su contra.
Por la existencia de una medida de reparación expresa en la mencionada sentencia, así como la vigencia de medidas provisionales emanadas de un órgano internacional de protección de los derechos humanos, como lo es la Corte Interamericana, el Estado guatemalteco sería responsable internacionalmente por lo que pueda ocurrirle a los miembros de la FAFG.
En igual sentido, le instamos a garantizar que se adopten todas las acciones necesarias para asegurar la integridad y la vida de todas aquellas personas involucradas en el esclarecimiento de lo ocurrido y la determinación de las responsabilidades por la masacre de Las Dos Erres, particularmente a los y las integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) que actúan como querellantes adhesivos en el proceso y sus abogados.
Confiamos en que el Estado de Guatemala reaccionará decididamente, honrando así los compromisos adoptados en materia de derechos humanos ante la comunidad internacional.
Aprovechamos la ocasión para expresarle nuestra más alta consideración y estima.

Atentamente,

Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva

c.c. Claudia Paz y Paz, Fiscal General de la República.
c.c. Carlos Menocal, Ministro de Gobernación.
c.c. Ruth Del Valle, Presidenta de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos.
c.c. Pablo Saavedra, Secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Carta_Publica_Presidente_Colom_-_Amenazas_caso_masacre_de_Las_Dos_Erres.pdf

[1] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala. Resolución del Presidente de la Corte de 21 de abril de 2006, Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_021.pdf
[2] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 4 de julio de 2006. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/antropo_se_02.pdf
[3] Corte IDH. Asunto de la Fundación de Antropología Forense respecto Guatemala, Resolución de 22 de febrero de 2011.
[4] Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párr 233.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala avala la impunidad de graves violaciones de derechos humanos

Ante el reiterado incumplimiento de este órgano, CEJIL ha solicitado la intervención de la Corte IDH

San José, 14 de febrero del 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Lun, 14/02/2011

 

San José, 14 de febrero de 2011. El día de ayer se difundió en la prensa guatemalteca la nueva concesión de un amparo provisional a favor del coronel Julio Alberto Alpírez, uno de los imputados en la desaparición forzada de Efraín Bámaca Velásquez. Esta nueva decisión por parte de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) se suma a las diversas resoluciones emitidas por ese tribunal que violan normas de derechos humanos y resoluciones dadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

La decisión de la CC se basa en un amparo cuyo contenido no fue conocido por la Sra. Jennifer Harbury –viuda de Efraín Bámaca- y sus representantes legales, desafiando la resolución de la Corte IDH sobre la importancia de dar participación a las víctimas en los procesos internos. Precisamente el 18 de enero pasado, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala emitió una sentencia en la que se acata la resolución de supervisión de cumplimiento de la Corte IDH dictada el 18 de noviembre de 2010. Dicha decisión resolvió anular el sobreseimiento dictado en 1999 a favor de varios de los presuntos responsables de los hechos del caso y ordenó el inicio de un nuevo proceso en el que se esclarezca lo ocurrido y se sancione a los responsables. El fallo de la Cámara Penal es congruente con la jurisprudencia constante de la Corte IDH y constituía un importante paso para reconducir el proceso interno, lo cual ha sido revertido con la decisión de la CC que suspende nuevamente el proceso.

Hasta el momento, la Corte IDH ha establecido la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la violación de derechos humanos en catorce casos, convirtiéndose éste en el segundo con más condenas en el continente, después de Perú. La Corte IDH, al igual que otros órganos internacionales, ha destacado el grave problema de impunidad imperante en el país y entre otros aspectos, ha ordenado distintas medidas dirigidas a evitar que se repitan los hechos constitutivos de las violaciones declaradas, así como otras medidas de derecho interno orientadas a impulsar las modificaciones necesarias para adecuar el derecho interno a las normas de la Convención Americana. Dado el incumplimiento de tales resoluciones, CEJIL ha solicitado a la Corte Interamericana la concesión excepcional de una audiencia conjunta de supervisión de sentencias para debatir exclusivamente el avance en la justicia de los casos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL señaló que “el mensaje que ha dado la Corte de Constitucionalidad a los miembros del Poder Judicial guatemalteco es sumamente preocupante. La CC no puede ni debe avalar la impunidad. Sus integrantes deben rendir cuentas a la sociedad guatemalteca y a la comunidad internacional sobre la forma en la que administran justicia en un país que necesita desesperadamente que sus instituciones cumplan con el mandato que les ha sido conferido. En este sentido consideramos fundamental que la CC revierta su posición, permitiendo una investigación diligente en casos de graves violaciones de derechos humanos de acuerdo con sus obligaciones internacionales”.

CEJIL hace un llamado a los integrantes del poder judicial de Guatemala para que no solo velen por el adecuado cumplimiento del ordenamiento guatemalteco, sino también por que las obligaciones internacionales en materia de la debida diligencia en la investigación de graves violaciones derechos humanos sean implementadas de manera efectiva, garantizando el derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto a la verdad y la justicia.

En este sentido, CEJIL exhorta a los integrantes del poder judicial guatemalteco a que, en el marco del debido proceso, y en concordancia con lo determinado por la Corte IDH, adopte las medidas conducentes para remover cualquier práctica, norma o institución procesal que pueda afectar la investigación o sanción de graves violaciones a derechos humanos, resguardando de ese modo los derechos de las víctimas.

Contacto de prensa

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Celular: + (506) 8354 -1361

Fax: + (506) 2280-5280

dchinchilla@cejil.org

www.cejil.org

Sentencias y resoluciones dictadas por la Corte IDH en el caso Bámaca Velásquez

Sentencia de fondo:

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf

Sentencia de reparación

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_91_esp.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 27 de enero de 2009

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/bamaca_se_10.pdf

Resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias de 18 de noviembre de 2010:

http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/bamaca_18_11_10.pdf

CIDH ordena a Guatemala proteger a la magistrada Claudia Escobar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el 12 de noviembre el otorgamiento de medidas de protección para de la magistrada Claudia Escobar y su núcleo familiar en función del riesgo inminente al que se enfrentan en Guatemala.

La CIDH aprobó las medidas fundamentada en las denuncias de la magistrada sobre irregularidades en los procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, y por las declaraciones públicas realizadas por funcionarios, medios de comunicación y otros actores en contra de la señora Escobar.

Jue, 13/11/2014

Claudia EscobarLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la magistrada Claudia Escobar, el otorgamiento de medidas de protección para ella y su núcleo familiar en función del riesgo inminente que enfrentan en Guatemala.

La CIDH aprobó las medidas  fundamentada en dos factores: las denuncias efectuadas por  la magistrada sobre irregularidades en los procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones que vinculan a altas autoridades del Estado, así como por las declaraciones públicas realizadas por funcionarios estatales, medios de comunicación y otros actores en contra de la señora Escobar.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México, declaró al respecto: “en Guatemala, las y los operadores de justicia que actúan en forma íntegra y honesta se encuentran en grave riesgo ya que son víctimas de diversos actos de hostigamiento y amenazas por parte de sectores interesados en perpetuar la impunidad. El otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana refleja la preocupación de este órgano internacional por la situación que enfrentan y es un llamado de atención a las autoridades para que respeten la integridad y la independencia judicial de quienes imparten justicia”.

Vea el comunicado jurídico

Organizaciones internacionales exigen anular la sanción a Yassmin Barrios, Jueza Principal en el Juicio Histórico sobre Genocidio en Guatemala

Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez. Pronunciamiento completo

 

Lun, 10/11/2014

Fotografía Yassmín Barrios, Todo Noticias10 Noviembre 2014 – Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez.

Nueve organizaciones internacionales y organizaciones de América Latina – Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, y Washington Office on Latin America (WOLA) exigen a Guatemala revocar esta sanción, y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura en este país.

Vea el pronunciamiento completo

Créditos Fotográficos: Todo Noticias

Llamamiento internacional a anular las elecciones judiciales en Guatemala

Organizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Vie, 24/10/2014

Comisiones de Postulación - Créditos Prensa LibreOrganizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Créditos Fotográficos: Periódico Prensa Libre.

Denuncian irregularidades en los procesos de selección judicial en Guatemala

Organizaciones internacionales y regionales que han trabajado por décadas en la lucha y garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, han denunciado las irregularidades del proceso de selección para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones en Guatemala.

Tras el monitoreo llevado a cabo por las organizaciones firmantes del comunicado, se ha constatado que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad

Mar, 07/10/2014

Fotografía Guatemala, créditos DPFLOrganizaciones internacionales y regionales que han trabajado por décadas en la lucha y garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala, han denunciado las irregularidades del proceso de selección para la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones en Guatemala.

Tras el monitoreo llevado a cabo por las organizaciones firmantes del comunicado, se ha constatado que tanto las comisiones de postulación como el Congreso de la República no han cumplido con los estándares de derecho internacional aplicables. Tampoco se respetó la legislación interna ni las sentencias de la Corte de Constitucionalidad.

Así, ante las denuncias de distintos actores de la sociedad civil y medios de prensa sobre presuntas negociaciones políticas –que podrían poner en riesgo la independencia de los magistrados electos–, este grupo de organizaciones hace un llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que se respete, garantice y proteja el derecho a la justicia de los ciudadanos en el país. También para que se rectifiquen las irregularidades en los procesos de selección de quienes integrarán la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.

Para leer el comunicado conjunto entre aquí.

Créditos fotográficos: DPLF

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