Estados Unidos

"La lucha de la comunidad Sarayaku"

Para más Información ingresar aquí

Mar, 02/10/2012 - 10:00
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Washington DC

Audiencia de Fortalecimiento ante la Comisión Interamericana

Mar, 30/10/2012 (Todo el día)
Comisión Interamericana de DDHH
Washington DC

Audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Lun, 16/07/2012 (Todo el día) - Vie, 20/07/2012 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington DC

Audiencias Públicas 144º Período de Sesiones CIDH – Marzo 2012

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará su 144º Período de Sesiones del viernes 23 al miércoles 28 de marzo. Vea aquí el calendario de audiencias públicas en las que participarán CEJIL y sus contrapartes.
 
Vea aquí el calendario completo de audiencias ante la CIDH.

Vie, 23/03/2012 (Todo el día) - Mié, 28/03/2012 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington DC

Se exige cierre inmediato de Guantánamo con justicia

CEJIL apoya comunicado conjunto

 

Foto: Amnistía Internacional

Washington D.C, 11 de enero de 2011.- A principios de su mandato, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva en que dispuso el cierre, dentro de un año, del campo de detención ubicado en la bahía de Guantánamo. Sin embargo, la prisión permanece abierta, y el día 11 de enero de 2011 iniciará el décimo año de su funcionamiento. Además de incumplir la orden ejecutiva, la administración de Obama ha prolongado ciertos aspectos que figuran entre los peores del sistema de detención adoptado en Guantánamo.

Mar, 11/01/2011


Foto: Amnistía Internacional
Washington D.C 11 de enero de 2011.- A principios de su mandato, el presidente Obama firmó una orden ejecutiva en que dispuso el cierre, dentro de un año, del campo de detención ubicado en la bahía de Guantánamo. Sin embargo, la prisión permanece abierta, y el día 11 de enero de 2011 iniciará el décimo año de su funcionamiento. Además de incumplir la orden ejecutiva, la administración de Obama ha prolongado ciertos aspectos que figuran entre los peores del sistema de detención adoptado en Guantánamo: detenciones por tiempo indefinido, sin cargos ni proceso; el empleo de comisiones militares para enjuiciar a algunos presos; y gestiones destinadas a obstaculizar la rendición de cuentas por actos de tortura, tanto al negarse a realizar investigaciones independientes y serias, como al procurar que los tribunales no conozcan de las demandas entabladas por ex detenidos.
 
 
Como entidades de derechos humanos y personas de conciencia, exigimos la clausura de Guantánamo, la transparencia en todos los centros de detención administrados por Estados Unidos, y la rendición de cuentas por los abusos cometidos en dichos centros. Denunciamos los sitios de detención clandestinos, incluidos los llamados centros de “filtración” o “tamizado”, entre los que figura la secreta “prisión negra” de Bagram, donde se ha prohibido la entrada incluso al Comité Internacional de la Cruz Roja, y donde se ha constatado el  empleo de interrogatorios abusivos. Asimismo, manifestamos nuestra oposición a las condiciones excesivamente punitivas de reclusión en los penales y centros de detención ubicados en territorio estadounidense, y observamos que la incomunicación prolongada de presos constituye un mecanismo de tortura, prohibido por las normas internacionales de derechos humanos. Rechazamos la continuación, por parte de la administración de Obama, de las políticas ilegales y abusivas de detención e interrogatorios empleadas por el gobierno de Bush.
 
La prisión de Guantánamo se ha convertido en una vergüenza pública para los Estados Unidos, debido a la detención de casi 800 hombres y niños,  que fueron calificados indiscriminadamente como “lo peor de lo peor” y encerrados en una prisión insular concebida para permanecer al margen de la ley, donde los detenidos no tienen derecho alguno a cuestionar la legalidad de su detención ni los abusos a los que se han visto sometidos. Para comenzar, la inmensa mayoría de los presos en Guantánamo jamás debieron ser detenidos. Muchos de ellos corrieron la simple desdicha de encontrarse en el sitio menos oportuno mientras huían del caos de la guerra desatado por la incursión norteamericana en Afganistán. De ellos, sólo uno de cada veinte fue capturado por efectivos estadounidenses. En su mayoría fueron apresados por civiles o autoridades locales, afganos o paquistaníes, para después ser vendidos a las fuerzas norteamericanas a cambio de una recompensa nada despreciable. Según el coronel Lawrence Wilkerson, alto funcionario del Departamento de Estado que desempeñó su cargo durante el mandato de Bush entre 2002 y 2005, la administración de éste sabía desde temprano que la mayoría de los detenidos en Guantánamo eran inocentes pero no los liberó por motivos políticos, no fuera que con ello se restara apoyo al avance, tan buscado por el gobierno, hacia la guerra en Irak en aras de la denominada “guerra global contra el terrorismo”.
 
Queda patente, a estas alturas, que la administración de Obama no prevé el cierre inminente de Guantánamo, objetivo que, ante la oposición del Congreso, pinta aún más distante. La prisión de Guantánamo sigue funcionando  en contravención de las normas tanto éticas como jurídicas, y en perjuicio de nuestra seguridad colectiva. El presidente Obama debe actuar con decisión o, de lo contrario, arriesgarse a que Guantánamo y el régimen de detención de Bush pasen a convertirse en elementos permanentes de la realidad estadounidense. Convocamos al presidente Obama, y a las instancias correspondientes de su administración, para lo siguiente:
 
• Reasumir el compromiso de clausurar Guantánamo con prontitud, y aclarar que muchos de los allí detenidos lo están y estuvieron por error. Queda ya bien constatado, incluso por boca de ex funcionarios del gobierno de Bush, que la mayoría de los presos en Guantánamo nunca debieron ser detenidos. Si el presidente Obama, echando mano de sus facultades de dirigente, reconociera tal hecho, se crearía el ambiente político propicio para la clausura de la prisión.
 
Procesar o liberar a los detenidos en Guantánamo. En 2004 y 2008, la Corte Suprema estadounidense resolvió que los presos guantanameros podrán impugnar su detención presentando el recurso de hábeas corpus ante los tribunales federales de Estados Unidos. Desde entonces, la gran mayoría de los fallos emitidos al respecto por la magistratura federal dan por insuficientes las pruebas con las que el gobierno pretendía justificar que los querellantes siguieran detenidos. Existen otros detenidos en Guantánamo cuya excarcelación ha sido aprobada por el Guantánamo Review Task Force, entidad del propio gobierno estadounidense integrada por representantes de cada una de las entidades gubernamentales interesadas, entre ellas los departamentos de Justicia y de Defensa, así como la CIA. Se debe repatriar o reubicar de inmediato a todos los presos cuya liberación sea aprobada por los tribunales o por el gobierno, y en los demás casos se deben entablar los cargos jurídicos procedentes para dar paso a un proceso abierto y justo.
 
Abandonar cualquier plan que contemple la detención indefinida. El gobierno de Obama ha expresado que seguirán detenidos por tiempo indefinido unos 50 de los presos en Guantánamo, sin imputarse cargo ni proceso alguno en su contra, y que tiene previsto formalizar su detención indefinida por medio de una orden ejecutiva. Según la justificación oficial, estos hombres son “demasiado peligrosos” para ser liberados, pero su procesamiento “no es factible”, supuestamente porque las pruebas en su contra no cumplirían las normas mínimas exigidas por la justicia, o porque los juicios pudieran comprometer las labores de inteligencia, o bien porque los detenidos podrían impugnar las pruebas obtenidas con métodos coactivos. Sin embargo, los tribunales federales son plenamente capaces de manejar pruebas sensibles, y si el gobierno no tiene, en contra de algún preso, más que unas pruebas viciadas, entonces éstas no son ni lícitas ni fidedignas, ni tampoco se justifica que siga detenido. El plan de la administración, consistente en la detención indefinida, constituye un mecanismo de reclusión preventiva basado no en actos ya cometidos y comprobables, sino en la supuesta probabilidad de un eventual delito. Dicho plan es llanamente incompatible con el estado de derecho, y así debe ser rechazado.
 
Levantar la prohibición general de las repatriaciones a Yemen. La administración de Obama debe poner fin a la suspensión indefinida de las repatriaciones de yemeníes detenidos en Guantánamo, para permitir que vuelvan a su país aquellos cuyo recurso de hábeas corpus haya sido acogido por la justicia, o cuya liberación haya sido aprobada por el Guantánamo Review Task Force, entidad del propio gobierno estadounidense. Los yemeníes, al igual que los demás detenidos, deben ser evaluados a título individual de acuerdo con lo que hayan hecho, sin ser castigados por su nacionalidad ni por supuestos actos ajenos.
 
Poner fin a las repatriaciones forzadas de aquellos cuya seguridad peligraría en caso de ser trasladados. Algunos de los presos en Guantánamo han expresado fuertes temores de ser devueltos a su país de origen, y no deben ser repatriados cuando existan razones para creer que a su regreso quedarían expuestos a algún peligro. No se debe trasladar a ningún detenido hacia un país donde se ciernan riesgos verosímiles sobre su seguridad.
 
• Acabar con la prohibición de la reubicación dentro de Estados Unidos. Más de 15 países, entre ellos Francia, España, Portugal, Hungría, Bélgica, Suiza, Albania, Letonia y Palaos, han aceptado sin contratiempos la reubicación de detenidos dentro de su territorio. Así, el Gobierno estadounidense también debe ofrecerse a recibir a aquellos cuyo recurso de hábeas corpus haya sido acogido, o cuyo traslado haya sido aprobado, pero que no tengan otro país al que puedan reubicarse en condiciones de seguridad. (En el caso de unos detenidos musulmanes de la etnia uigur, cuya inocencia era evidente, un juez federal ordenó su liberación, pero las administraciones tanto de Bush como de Obama han apelado contra el fallo; por otra parte, el Congreso estadounidense tuvo a bien prohibir la reubicación en Estados Unidos de personas detenidas sin justificación). Si se permitiera la reubicación de estas personas en territorio estadounidense, se alentaría a otros países a permitir lo mismo, lo que contribuiría a lograr la clausura de Guantánamo.
• Investigar a fondo las muertes de quienes fallecieron detenidos, entre ellos los tres que murieron en 2006. Tres detenidos, quienes nunca fueron acusados de delito alguno, murieron en Guantánamo en junio de 2006. A pesar de que en un principio se informaba de suicidios, las recientes declaraciones de cuatro soldados emplazados en la base de Guantánamo ponen muy en entredicho las circunstancias de estas muertes. Hasta la fecha, la administración de Obama no sólo ha omitido realizar una investigación independiente y seria de las muertes, sino que se ha opuesto a que los tribunales investiguen o conozcan de tales asuntos.
• Garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos. No obstante su promesa de abrir una nueva época de rendición de cuentas y de respeto al estado de derecho, la administración de Obama ha intervenido en repetidas ocasiones para garantizar que gocen de impunidad los autores intelectuales y materiales de actos de tortura cometidos durante la administración de Bush. La administración de Obama debe cumplir su promesa de investigar a fondo los graves y constatados abusos, entre ellos actos de tortura, cometidos tanto en Guantánamo como en otras partes del mundo. En concreto, la Procuraduría General estadounidense debe nombrar una fiscalía independiente, plenamente facultada para investigar y procesar a los responsables de actos de tortura y otros crímenes de guerra, sin importar la categoría de las autoridades que resulten implicadas por los hechos. Asimismo, el presidente Obama debe denunciar las presiones que, según informaciones recién divulgadas, empleó su propio gobierno a fin de obstaculizar las gestiones de la justicia española destinadas a investigar flagrantes violaciones del derecho internacional, incluida la tortura de ex detenidos en Guantánamo y otras personas sometidas al régimen de tortura estadounidense, y debe brindar su plena cooperación con los procesos jurídicos seguidos en España.
Hacerse responsable del bienestar de los que sean liberados. El gobierno estadounidense no debe mantener a los presos detenidos durante años, en condiciones infrahumanas, sin entablar cargos en su contra, y sometiéndolos a vejaciones que incluyen actos de tortura, para luego repatriarlos y reubicarlos en los confines más remotos del planeta, dejando así que su rehabilitación y reintegración quede en manos de otros gobiernos, otras entidades y otras personas. El gobierno de Estados Unidos tiene la responsabilidad de garantizar que los ex detenidos cuenten con suficiente apoyo y recursos una vez que queden liberados.
 
Asimismo, instamos a la comunidad internacional para que ofrezca condiciones de seguridad a los presos de Guantánamo que no pueden salir hasta que otro país se manifieste dispuesto a recibirlos, y para que garantice sus derechos y su bienestar una vez reubicados. En numerosos casos, los reubicados no han recibido permiso para trabajar, ni para viajar, ni para reunificarse con su familia tras años de separación y angustia, y muchos de ellos se encuentran en una situación jurídica incierta.
 
Invitamos a las personas de conciencia de todo el mundo a que colaboren con nosotros a fin de lograr el cierre con justicia de Guantánamo, y para que reasuman el compromiso de incidir hacia este objetivo.
 
Adhesion Institucional: The Center for Constitutional Rights (CCR); Amnesty International U.S.A. (AI-USA); Witness Against Torture (WAT); International Federation for Human Rights (FIDH); National Lawyers Guild; Center for Justice and International Law (CEJIL); Women Journalists Without Chains (WJWC-Yemen); Human Rights Information & Training Center (HRITC-Yemen); Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS-Egypt); La Ligue Algerienne pour la Defense des Droits de l'Homme (LADDH-Algeria); Comite de Accion Juridica (CAJ-Argentina); Liga Argentina por los Derechos del Hombre; Observatorio Ciudadano (OC-Chile); La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH-Ecuador); Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE-Spain); Scotland Against Criminalising Communities; Human Rights Foundation of Turkey (HRFT-Turkey); Finnish League for Human Rights (FLHR); Galway Alliance Against War (Ireland); The Egyptian Organization for Human Rights; Human Rights Association (IHD-Turkey); Cageprisoners-UK; Physicians for Human Rights; Torture Abolition and Survivors Support Coalition International (TASCC); The Program for Torture Victims; Metro NY Religious Campaign Against Torture; Guantánamo Justice Center-UK; Progressive Democrats of America; Project SALAM; Council on American-Islamic Relations (CAIR); Appeal for Justice: A Human Rights Law Practice; Center for Justice and Accountability; South Asia Solidarity Initiative (SASI), Action for a Progressive Pakistan; Pakistan Solidarity Network; Bill of Rights Defense Committee (BORDC); Defending Dissent Foundation; No More Guantánamos; War Resisters League; Friends of Human Rights; National Coalition to Protect Civil Freedoms (NCPCF); Global Exchange; Alliance for Justice; Human Rights Defense Center; CODEPINK for Peace; WESPAC Foundation; International Justice Network; United for Peace and Justice (UFPJ); Amnesty International Ithaca Group 73; Military Law Task Force of the National Lawyers Guild; Disbar Torture Lawyers; Casa Esperanza; New Security Action; Historians Against the War; NC Immigrant Rights Project; womenstanding; Peace and Justice Task Force at All Souls Unitarian Church; Society of Jesus- New York Province; Iraqi Refugees Assistance Connection; Peace and Justice Center of Sonoma Country (CA); WBAI Local Station Board; San Miguel County Board of Commissioners; Voices for Creative Nonviolence; Theater Three Collaborative; Progressive Peace Coalition of Columbus, Ohio; Peace Action of Montgomery County, MD; Peace Action New York State; Pax Christi Metro New York; Western New York Peace Center; White Rose Catholic Worker; Women in Black, Idyllwild CA; World Can't Wait; Connie Hogarth Center for Social Action; Warisacrime.org; Freedetainees.org; The Make Agency; Justice Through Music; Justice for the Newburgh Four; War Criminals Watch; BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights (Bethlehem, West Bank); Palestinian Centre for Human Rights (PCHR-Gaza); Palestinian Human Rights Organization (PHRO-Lebanon); Committees for the Defense of Democracy Freedoms and Human Rights in Syria (CDF-Syria); Kurdish Organization for the Defense of Human Rights and the General Liberties in Syria (DAD-Syria); The Human Rights Organization in Syria (MAF-Syria); The Arab Organization for Human Rights in Syria (AOHRS-Syria); National Organization for Human Rights in Syria (NOHR-Syria); The Kurdish Committee for Human Rights in Syria (KRDCHR-Syria); Civil Liberties Organization (CLO-Nigeria); Damascus Center for Human Rights Studies (DCHRS-Syria); Committees for the Defense of Democracy, Freedom, and Human Rights in Syria (CDY-Syria); Asamblea Permanente de Derechos Humanos-Bolivia (APDHB-Bolivia); Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN-Cuba); La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Limeddh-Mexico); La Fundación Diego Lucero A.C.; La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México; El Observatorio Nacional de Prisiones México (ONP México); La Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos (RUMODH); El Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C.; La Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM-Mexico); Grupo de Mujeres de San Cristobal de las Casas - México; La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU-Ecuador); El Centro de Capacitación Social de Panama; Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH-Perú); Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA-Venezuela); Acción Solidaria en VIH/Sida - Venezuela; Comité de Familiares de las víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC-Venezuela); Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas - Venezuela; Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba (Bolivia); Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA- El Salvador); Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP-Venezuela); Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU- Ecuador); Centro de Documentación en Derechos Humanos "Segundo Montes Mozo S.J." (CSMM- Ecuador); Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo; Malta Association of Human Rights; International Muslim Women's League-Europe; Flemington & Kensington Community Legal Centre Inc. (FKCLC-Australia), Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani (UFTDU – Italy); Reforest the Earth, UK; Save Shaker Aamer Campaign- Last UK Resident in Guantánamo (SSAC); Brighton Against Guantánamo (UK); Worthing Against War (UK); Citizens United for Rehabilitation of Errants (CURE); Lewes Amnesty International Group (UK); Hellenic League for Human Rights Apoyo Individual: Ann Wright (Ret. U.S. Army Colonel and State Department Official); Ray McGovern (Former US Army Intelligence Officer; CIA analyst); Ray Abourezk (Former U.S. Senator, South Dakota); Karen Greenberg; Chris Hedges (Journalist and Author, Pulitzer Prize Winner); Tom Hayden (Peace and Justice Resource Center); Yusuf Alatas (Vice President, FIDH); Manuel Olle Sese (Professor of Criminal Law, Rey Juan Carlos University, Madrid. Member of the Human Rights Association of Spain); Luis Acebal-Monfort (Board Member, Human Rights Association of Spain); Omar Deghayes (Legal Director of Guantánamo Justice Center; formerly detained at Guantánamo); Julie Weiner (M.S., Licensed Mental Health Counselor); Moazzam Begg (Director of Cageprisoners; formerly detained at Guantánamo); Andy Worthington (Journalist, Author, Filmmaker); Raji Sourani (Director, Palestinian Centre for Human Rights); Ariel Dorfman (Chilean author, Duke University); Leili Kashani (Guantánamo Global Justice Initiative, Center for Constitutional Rights); Frida Berrigan (Witness Against Torture); (Pardiss Kebriaei, Habeas Counsel, Center for Constitutional Rights); Abdeen Jabara (Center for Constitutional Rights, Fmr. President of the American-Arab Anti-Discrimination Committee); David J. Cynamon (Attorney, Signing on behalf of Kuwaiti Detainees Fawzi al Odah and Fayiz al Kandari); Candace Gorman (Habeas Counsel); Matthew J. O'Hara (Attorney); E. Victor Mereski (Ret. US Navy, E9); Kristiina Kouros (Secretary General, Human Rights League); Ellen Schrecker (Yeshiva University, Dept. of History); Todd Gitlin (Columbia University, Professor of Journalism and Sociology); Noam Chomsky (Author, Former Institute Professor, MIT); Danial Saoud (President, Committees for the Defense of Freedoms and Human Rights in Syria); Mustafa Osso (President, Kurdish Organization for the Defense of Human Rights and the General Liberties in Syria); Mahmoud Merai (President, The Arab Organization for Human Rights in Syria); Ammar Qurabi (President, National Organization for Human Rights in Syria); Radeef Mustafa (The Kurdish Committee for Human Rights in Syria); Judith Butler (Author, Professor of Rhetoric and Comparative Literature, University of California at Berkeley); John D'Emilio (The University of Illinois at Chicago, Gender & Women's Studies and History); Almerindo E. Ojeda (The Guantánamo Testimonials Project); Ozturk Turkdogan (General President, Human Rights Association-Turkey); Yavuz Onen (Former President of Human Rights Foundation of Turkey, Human Rights Activist); Fr. Bob Bossie (SCJ, 8th Day Center For Justice); Michael P. Seng (Professor, The John Marshall Law School); Medea Benjamin (CODEPINK Women for Peace); Leonard Goodman (Attorney); Michael Berube (Pennsylvania State University, Director – Institute for the Arts and Humanities); Alice Kessler-Harris (Columbia University, Dept. of History); Gregory Fried (Suffolk University, Department of Philosophy); Paul A. Passavant (Hobart and William Smith Colleges); Nancy Fraser (The New School, Dept. of Political Science); Anna Marie Smith (Cornell University, Dept. of Government); Richard Flacks (University of California at Santa Barbara, Dept. of Sociology); Eli Zaretsky (The New School, Dept. of History); Maurice Isserman (Hamilton College, Professor of History); Jodi Dean (Hobart and William Smith College, Dept. of Political Science); William Blum (Author); Andrew Arato (The New School, Dept. of Politics); Richard Bernstein (The New School, Dept. of Philosophy); Lawrence Wittner (The State University of New York at Albany, Dept. of History); David Newbury (Smith College, Dept. of History); Van Gosse (Franklin and Marshall College, Dept. of History); Jinee Lakoneeta (Drew University, Dept. of Political Science); Nicola Foote (Florida Gulf Coast University, Latin American and Caribbean History); Timothy Patrick McCarthy (Harvard University, Carr Center for Human Rights Policy); Jay Bernstein (The New School, Dept. of Philosophy); Paul Apostolidis (Whitman College, Dept. of Political Science); Timothy Kaufman-Osborn (Provost and Dean of the Faculty, Whitman College); Stephen Duncombe (The Gallatin School, New York University, Media Studies); Neil Gordon (Author, The New School, Dept. of English); Jeremy Varon (The New School, Dept. of History); Michael S. Foley (Sheffield University, UK, Dept. of History); Alyson Cole (Queens College and the CUNY Graduate Center, Political Science Department and Women’s Studies Program); Roxanne Dunbar Ortiz (California State University, Professor Emerita); Oz Frankel (The New School, Department of History); Ian Lekus (Harvard University); Cyrus Bina (University of Minnesota, Distinguished Research Professor of Economics); Ben Sheperd (City University of New York, Department of Sociology); William Ayers (University of Illinois at Chicago, Distinguished Professor of Education); Dan Berger (Postdoctoral Fellow, University of Pennsylvania); Amy Kaplan ( University of Pennsylvania, Department of English); Victoria Langland (University of California at Davis, Department of History); Lauren Goodlad (Director, Unit for Criticism, The University of Illinois at Champagne-Urbana); John Morefield (Educational Consultant); Romand Coles (Northern Arizona University, Program for Community, Culture and Environment); Robert Shaffer (Shippensburg University of Pennsylvania, Department of History); Mark Hatlie (University of Maryland University College, Department of History); Robby Cohen (New York University, Department of Teaching and Learning); David Lelyveld (William Patterson University, Department of History); Michael J. Sullivan III (Drexel University, Professor of History and Politics); Michael Hanagan (Vassar University, Department of History); A. Tom Grunfeld (Empire State College, Distinguished Teaching Professor); John M. Shaw (Portland Community College, History Instructor); Nicolas J S Davies (Author); Scott Laderman (University of Minnesota, Duluth, Department of History); Avery Gordon (University of California at Santa Barbara); Dick Bennet (University of Arkansas, Fayetteville, Professor Emeritus of English); Keith Carson (Atlantic Cape Community College, Department of History); E. Wayne Ross (University of British Columbia, Department of Curriculum and Pedagogy); Michael C. Batinski (Department of History, Emeritus); Marc Becker (Truman State University, Professor of History); Marian Mollin (Associate Professor of History, Virginia Tech); Takao Takahara (Meiji Gakuin University, Japan, International Politics and Peace Research); Bruce Cohen (Worcester State University, Department of History); Judith Abbott (Sonoma State University, Department of History); Stan Nadel (University of Portland); Harriet Alonso (City College of New York, Department of History); Ralph Summy (University of Sydney, Centre for Peace & Conflict Studies); Kevin P. Clements (University of Otago, New Zealand, National Centre for Peace & Conflict Studies); Brad Simpson (Princeton University, History and International Affairs); Astra Taylor (Independent Filmmaker); Sam Green (Independent Filmmaker); Joan Wile (Founder and Director, Grandmothers Against the War); Jeff Mangum (Musician, Neutral Milk Hotel); Andrew Boyd (The Other 98% and Agit-Pop Communications); Mitchel Cohen (Brooklyn Greens/Green Party); Robert Avila (arts journalist); Hilton Obenzinger (Author); Doug Rossinow (Metropolitan State University); Paul C. Mishler (Associate Professor of Labor Studies, IU Program in Labor Studies- IUSB); Richard Fedder (Civil Rights Attorney); Connie Hammond (Progressive Peace Coaliton of Ohio); Toby Lieberman (Affordable Housing Loan Program Director, Opportunity Fund, San Jose, CA); Elsie Monge (CEDHU-Ecuador); Cesar Duque (CEDHU-Ecuador); Carolina Pazmiño (CEDHU- Ecuador); Milton Vargas (CEDHU-Ecuador); Consuelo Cano (CEDHU-Ecuador); Alicia Granda (CEDHU-Ecuador); Luisana Aguilar (CEDHU-Ecuador); Susana Díaz (CEDHU-Ecuador); Mario Chuquimarca (CEDHU-Ecuador); Carl Schieren; Afaf Mahfouz; Roger Leisner (Radio Free Maine)

Audiencia sobre el primer caso de un detenido en Guantánamo ante una instancia internacional

Audiencias ante la CIDH


 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Lun, 01/11/2010

 

Estados Unidos hace un llamado para que terceros países colaboren con el reasentamiento de un detenido argelino



De izquierda a derecha, Ariela Peralta, subdirectora ejecutiva de CEJIL, Wells Dixon, abogado senior de CCR, Annette Martínez, abogada de CEJIL y Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL durante la audiencia del caso en la CIDH.

 

 

 

 

 

 

 

Washington D.C, 29 de octubre de 2010 – Una intensa discusión sobre Guantánamo se llevó a cabo esta mañana en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El debate giró en torno a Djamel Ameziane, ciudadano argelino detenido durante los últimos ocho años sin cargos en su contra. Fue torturado y sufrió numerosas violaciones de derechos humanos.

 

Ameziane fue representado por abogados del Center for Constitutional Rights (CCR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés). La delegación del gobierno estadounidense incluyó numerosos funcionarios de alto rango de los departamentos de Estado y de Defensa, así como miembros de la misión  de este país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Djamel Ameziane teme ser repatriado de manera forzada a Argelia. Al ser descendiente de la minoría étnica bereber de la provincia norte de Kabylia, sus abogados temen que su representado pudiera ser blanco de facciones rivales que quisieran reclutarlo en esta región tan inestable.  Su larga detención en Guantánamo, aunada al reconocimiento público del temor de ser repatriado a su país de origen, incrementa su vulnerabilidad.

 

A pesar de ser un candidato ideal para el reasentamiento, no ha obtenido pronunciamiento alguno de un tribunal o instancia de derechos humanos estadounidense o extranjera. Asimismo, sus abogados expresaron que la acción de Habeas Corpus interpuesta hace cinco años no ha resuelto sobre la legalidad de su detención. De conformidad con el derecho internacional, una acción de Habeas Corpus debe ser procesada de manera expedita. El retraso excesivo presentado en este caso no es aceptable ni acorde con los estándares internacionales en la materia.

 

CCR y CEJIL solicitaron la audiencia ante la Comisión con el objetivo de analizar la admisibilidad del caso. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expuso la urgencia de la situación y pidió que este organismo unificara el análisis de la admisibilidad y el fondo del caso para impulsar el proceso. “Alentamos a la CIDH a facilitar un diálogo entre el gobierno estadounidense y otros Estados miembros de la OEA para conseguir una opci ón de reasentamiento seguro para el señor Ameziane”, añadió.

 

En su defensa, Estados Unidos argumentó que la administración de Obama ha hecho avances significativos desde que el presidente firmó una orden ejecutiva con el fin de cerrar Guantánamo en enero de 2009. Wells Dixon, abogado del CCR reconoció los pasos hasta ahora realizados para el cierre de dicho centro de detención. Sin embargo manifestó su preocupación de que “el señor Ameziane no cuenta con lugar alguno donde pueda ventilar su miedo de persecución en caso de regresar a Argelia”.  Abdul Aziz Naji, ciudadano argelino, fue repatriado de manera forzada desde Guantánamo a su país de origen en julio de 2010.

 

Estados Unidos hizo énfasis en las mejoras de las condiciones de detención en Guantánamo, pero omitió hacer referencia al caso específico de Ameziane. Ante esto, el Comisionado Pinheiro trató de volver a enfocar el debate en torno al detenido. En respuesta el abogado Dixon añadió: “Unas mejores condiciones de detención no son un sustituto adecuado para la libertad ni el debido proceso”.

 

CCR y CEJIL hicieron un llamado a terceros Estados que quisieran reasentar a Djamel Ameziane en su país, petición a la cual Estados Unidos hizo eco.  Como signatario de la Declaración Americana  de los Derechos y Deberes del Hombre y Estado Miembro de la OEA, las resoluciones de la CIDH son vinculantes para Estados Unidos. Por ello, el Estado debe dar respuesta a los argumentos presentados por los peticionarios. Mientas tanto, unos 174 detenidos siguen todavía en Guantánamo.

 

El Center for Constitutional Rights se dedica a la promoción y protección de los derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fue fundada en 1996 por abogados que representaban el movimiento de los derechos civiles en el sur. CCR es un organismo sin ánimo de lucro educativo que busca hacer un uso creativo del derecho como fuerza positiva para el cambio. www.ccrjustice.org.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

NOTA

  • ¿Qué es la CIDH? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es uno de los principales órganos autónomos de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la cual Estados Unidos es Estado miembro. Tiene el mandato de promover el respeto de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en ese ámbito.

¿Qué es el Habeas Corpus? El Habeas Corpus es un recurso o una acción legal, a través de la cual un preso puede ser liberado de una detención ilegal. El recurso puede ser solicitado por el preso o por una persona que lo apoya.

 

 

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL habla con la prensa después de la audiencia en la Comisión interamericana de derechos humanos el 29 de octubre de 2010 acerca del caso de Djamel Ameziane.


La Comisión Interamericana determinó que la Política de Deportación de los Estados Unidos violenta los derechos de los niños y las familias

Una necesaria reforma migratoria en Estados Unidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, hizo pública el 2 de agosto, su decisión en el caso  Wayne Smith, Hugo Armendariz vs. Estados Unidos,  donde concluyó que la política de deportación de los Estados Unidos lesiona los derechos humanos fundamentales a la protección de las familias y de los niños. Esta ley se aplica sin tomar en consideración la posible destrucción de familias, y sin evaluar cuál es el mejor interés de los niños afectados, así como otras consideraciones humanitarias importantes.

Lea aquí el informe de la Comisión Interamericana del caso Wayne Smith, Hugo Armendariz vs. Estados Unidos.

Mié, 04/08/2010

Washington DC, 4 de agosto de 2010

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano autónomo de la OEA, hizo pública el 2 de agosto, su decisión en el caso  Wayne Smith, Hugo Armendariz vs. Estados Unidos,  donde concluyó que la política de deportación de los Estados Unidos lesiona los derechos humanos fundamentales a la protección de las familias y de los niños. Esta ley se aplica sin tomar en consideración la posible destrucción de familias, y sin evaluar cuál es el mejor interés de los niños afectados, así como otras consideraciones humanitarias importantes.

Los señores Wayne Smith y Hugo Armendariz, residentes legales en los Estados Unidos por 25 y 35 años, respectivamente, fueron deportados por la comisión de delitos no violentos, ocurridos muchos años antes. Ninguno de ellos tuvo oportunidad de presentar evidencia sobre su rehabilitación, situación familiar, y otras razones de equidad que podían justificar su permanencia en el país. Al no permitirles presentar estas evidencias el gobierno lesionó los derechos de sus familiares, ciudadanos americanos, a la protección y no separación de la familia. Estados Unidos también violó el deber de protección especial de los menores de edad, afectados por la deportación de sus padres.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la firma de abogados Gibbs, Houston Pauw y el Center for Global Justice de Seattle University School of Law, representantes legales en el caso, urgen al gobierno de Estados Unidos a eliminar la política de deportación mandatoria y exhortan que se apruebe nueva legislación migratoria que respete y proteja los derechos humanos. “Bajo la ley migratoria actual, los jueces no tienen otra opción que ordenar la deportación. Esto ocurre sin importar los efectos destructivos que la deportación causa sobre los familiares e hijos menores de los deportados, quienes en muchas ocasiones son ciudadanos americanos. Este quebrantado sistema no permite que los jueces puedan mantener a las familias unidas”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

En esta histórica decisión, la CIDH determinó que en los procesos decisorios que involucran la posible separación de la familia, tiene que celebrarse una audiencia en la cual el juzgador reciba evidencia y haga un balance de los derechos involucrados, de modo que la destrucción de la familia únicamente esté justificada cuando exista un interés superior de protección al orden público. La Comisión estableció que el examen y balance de derechos es necesario, como único mecanismo para alcanzar una decisión justa que tome en cuenta las protecciones de los derechos humanos individuales y los fundamentos del Estado. De acuerdo con la decisión, Estados Unidos debe permitir que Wayne Smith y Hugo Armendariz regresen al país para ser reunificados con sus familias. También tienen derecho a ser escuchados por las cortes, algo que les fue negado bajo la política actual de deportación.

“Este caso demuestra la urgente necesidad de una reforma migratoria”, dijo Robert Pauw, abogado principal en el caso. “La nueva legislación debe dar prioridad a los mejores intereses de los menores, ciudadanos americanos, así como a proteger la unidad familiar. La deportación debe ser aplicada únicamente a aquellos individuos que representen un peligro real a la sociedad.”

Para CEJIL, es crucial que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para proteger a sus ciudadanos y residentes. Incluso en las democracias fuertes, con una larga trayectoria de compromiso con la supremacía de la ley, los tratados de derechos humanos sirven para salvaguardar los derechos fundamentales. Todos los estadounidenses se benefician, por lo tanto, cuando Estados Unidos se compromete a respetar ciertas normas básicas de respeto a la dignidad humana y toma medidas concretas para cumplir esos compromisos.

 

Lea aquí el informe de la Comisión Interamericana del caso Wayne Smith, Hugo Armendariz vs. Estados Unidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL y David Baluarte, Profesor de la Clínica de Derechos Humanos de la American University, Washington College of Law, entrevistados por Telemundo y Univisión el 04/08/2010 acerca del tema.

 

Mire en nuestra página Facebook el reportaje TV de Telemundo del 04 de Agosto  de 2010: haga clic aquí.

 

CEJIL condena doce años de violaciones de derechos humanos en Guantánamo

Debido a violaciones persistentes y flagrantes del derecho internacional, 155 personas siguen detenidas

Washington, DC, sábado, 11 de enero, 2014.- Hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unió a una multitud de organizaciones de sociedad civil y manifestantes pacíficos en Washington, D.C., para exigir el cierre inmediato del centro de detenciones de EE.UU. en Guantánamo, en cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

“Desde que obtuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana en 2002, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de las violaciones graves del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Justicia retrasada es justicia denegada, y Estados Unidos se ha demorado doce años de más en cumplir, finalmente, con sus obligaciones internacionales”.

Lun, 13/01/2014

Manifestación 12 años de Guantánamo DC 11-01-2014Washington, DC, sábado, 11 de enero, 2014.- Hoy el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se unió a una multitud de organizaciones de la sociedad civil y manifestantes pacíficos en Washington, D.C., para exigir el cierre inmediato del centro de detenciones de EE.UU. en Guantánamo, en cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos.

“Desde que obtuvimos medidas cautelares de la Comisión Interamericana en 2002, Guantánamo se ha convertido en un símbolo de las violaciones graves del derecho internacional en la lucha contra el terrorismo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Justicia retrasada es justicia denegada y Estados Unidos se ha demorado doce años de más en cumplir finalmente, con sus obligaciones internacionales”.

Mientras, 155 hombres siguen arbitrariamente detenidos y Guantánamo inicia su 13º año de operaciones, Estados Unidos todavía no ha cumplido con su deber de determinar la situación jurídica de los detenidos a través de un tribunal competente y procesar o liberar a todos los detenidos de acuerdo con el derecho internacional; investigar, procesar y sancionar toda instancia de tortura y malos tratos; y abstenerse de enviar a detenidos a países donde podrían estar en riesgo de tortura.

El desacato reiterado por parte del gobierno estadounidense de estas obligaciones queda evidenciado en resoluciones en 2006 y 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros órganos internacionales de derechos humanos, determinando que el Estado ya había ocasionado daños irreparables a los detenidos y ordenando el cierre inmediato del centro de detención.

El 1 de mayo de 2013, mientras una huelga de hambre masiva amenazó contra la vida y bienestar de los detenidos, la CIDH emitió una Declaración Conjunta con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Salud y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, reiterando enfáticamente “la necesidad de adoptar medidas concretas para poner fin a la detención indefinida de personas; disponer su liberación o juzgamiento de acuerdo con las normas del debido proceso y  los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos; permitir el monitoreo independiente por parte de organismos internacionales de derechos humanos; y clausurar el centro de detención de la base naval de Guantánamo”.

Enlaces útiles:

 

 

CIDH y ONU condenan traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia

Ameziane es el primer detenido en la historia de Guantánamo protegido por un organismo internacional

Washington, DC, jueves, 19 de diciembre de 2013.- Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia en contravención de medidas cautelares ordenadas en su favor.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional representa a Ameziane, cuyo caso fue el primero en ser admitido ante un órgano internacional de derechos humanos.

Jue, 19/12/2013

Aniversario de GuantánamoWashington, DC, jueves, 19 de diciembre de 2013.- Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente el traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia en contravención de medidas cautelares ordenadas en su favor.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional representa a Ameziane, cuyo caso fue el primero en ser admitido ante un órgano internacional de derechos humanos.

“En 2008, cuando solicitamos protección internacional para Djamel Ameziane, la Comisión emitió medidas cautelares que prohíben su traslado a Argelia, donde estaría en riesgo de sufrir tortura o persecución”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Frente al retorno forzado de nuestro cliente, hoy la Comisión Interamericana ha dejado claro que Estados Unidos tiene que rendir cuentas por su flagrante violación del derecho internacional”.

El 5 de diciembre de 2013, el gobierno de Estados Unidos anunció el traslado forzoso de Djamel Ameziane de Guantánamo al gobierno argelino, esto a pesar de su temor bien fundado de persecución o tortura en su país natal.

Desde el 2008, cuando CEJIL solicitó protección internacional para Ameziane, la Comisión Interamericana había ordenado que el Estado no lo traslade a Argelia, donde está en riesgo de tortura o persecución, a través de las medidas cautelares emitidas a su favor. Estados Unidos ha violado deliberadamente estas medidas.

CEJIL, junto con el Center for Constitutional Rights (CCR), lograron presentar su petición cinco años atrás y, en 2012, Djamel Ameziane se convirtió en el primer detenido de Guantánamo cuyo caso fue admitido por un órgano internacional.

La CIDH enfatizó, en su comunicado: “la transferencia forzada de Djamel Ameziane a Argelia es violatoria del principio de non-refoulement, el cual prohíbe las transferencias y deportaciones de personas a países donde corran el riesgo de ser torturados. Asimismo, con esta transferencia Estados Unidos desatendió las medidas cautelares 211/08 y 259/02 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

En un comunicado conjunto, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre tortura y contra-terrorismo expresaron profunda preocupación “que la vida del Sr. Ameziane podría estar en peligro en Argelia” y condenaron la violación de las obligaciones de EE.UU. de no-devolución – no devolver a las personas a lugares donde sus vidas o el goce de sus derechos humanos podrían estar amenazados.

Más información

CEJIL condena traslado forzado de Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia

Washington, DC, jueves, 5 de diciembre, 2013.- Este jueves el gobierno de Estados Unidos anunció que ha trasladado a Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia a pesar de su temor bien fundado de persecución o tortura en su país natal, en directa contravención con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde el 2008, la Comisión Interamericana ha ordenado al Estado que no lo devuelva a Argelia, donde está en riesgo de tortura o persecución”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “El traslado forzoso de Djamel Ameziane a Argelia, efectuado por el gobierno de Estados Unidos, es una violación flagrante del derecho internacional, por lo que el Estado debe rendir cuentas”.

 

Jue, 05/12/2013

Este jueves el gobierno de Estados Unidos anunció que ha trasladado a Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia Washington, DC, jueves, 5 de diciembre, 2013.- Este jueves el gobierno de Estados Unidos anunció que ha trasladado a Djamel Ameziane de Guantánamo a Argelia a pesar de su temor bien fundado de persecución o tortura en su país natal, en directa contravención con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Desde el 2008, la Comisión Interamericana ha ordenado al Estado que no lo devuelva a Argelia, donde está en riesgo de tortura o persecución”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “El traslado forzoso de Djamel Ameziane a Argelia, efectuado por el gobierno de Estados Unidos, es una violación flagrante del derecho internacional, por lo que el Estado debe rendir cuentas”.

CEJIL y el Center for Constitutional Rights (CCR), presentaron el caso de Djamel Ameziane a la CIDH en 2008. En 2008, la CIDH emitió medidas cautelares – aún vigentes – que prohíben que Estados Unidos envíe al señor Ameziane a Argelia. En 2012, la petición de Djamel fue declarada admisible por la CIDH, convirtiéndolo en el primer caso emblemático a nivel internacional sobre el centro de detención en Guantánamo.

Djamel Ameziane, egresado universitario con dominio de varios idiomas, huyó de Argelia a principios de los noventa, escapándo de la guerra civil. Temiendo persecución debido a su etnia minoritaria beréber, buscó refugió afuera de Argelia, y vivió legalmente en Viena, Austria y Montreal, Canadá. Cuando últimamente le denegaron un refugio permanente, y temiendo la tortura o persecución en Argelia, huyó a Afganistán en 2001. Después de la invasión de EE.UU., huyó hacia Pakistán pero fue capturado y vendido por pakistaníes a las fuerzas armadas de EE.UU., quienes lo enviaron a Guantánamo en febrero del 2002.

A pesar del hecho que nunca se le imputaron cargos y que el ejército estadounidense admitió en 2008 que su detención no cumplía ningún propósito militar, fue arbitrariamente detenido en Guantánamo por casi 12 años sin cargos o juicio.

“Esta devolución forzada sólo agrava los años de sufrimiento e injusticia que Djamel Ameziane ya ha enfrentado en Guantánamo”, agregó Viviana Krsticevic.

Más información

Audiencia pública ante la CIDH – Situación de derechos humanos de las personas detenidas en la base naval de Guantánamo, Estados Unidos, 12 de marzo del 2013, período de sesiones 147.

Distribuir contenido