Ecuador

Ecuador debe extraer explosivos abandonados por petrolera argentina

Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Ecuador debe cumplir con la orden de extraer 1.473 kilogramos de explosivos enterrados y abandonados por una empresa petrolera argentina, y para ello debe presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes del 1° de mayo, información detallada acerca del volumen y localización de las cargas así como un cronograma para la extracción.

Jue, 25/02/2010

 

Washington D.C., 25 de febrero de 2010

Ecuador debe cumplir con la orden de extraer 1.473 kilogramos de explosivos enterrados y abandonados por una empresa petrolera argentina, y para ello debe presentar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, antes del 1° de mayo, información detallada acerca del volumen y localización de las cargas así como un cronograma para la extracción.

Así lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el pasado 4 de febrero, en una Resolución notificada el 18 de febrero, en la que decide mantener las medidas de protección otorgadas  al pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, concedidas en 2004 y ampliadas en 2005.

La Corte IDH enfatiza en la obligación del Estado ecuatoriano de extraer los explosivos colocados por la empresa petrolera argentina Compañía General de Combustible (CGC)  en territorio de Sarayaku, en el que incursionó en 2002, por una autorización del Estado y contra la voluntad de la comunidad, dueña ancestral y legal del territorio.

La Resolución señala que el Estado no “ha justificado claramente las razones por las que el proceso [de extracción de los explosivos] comenzó a ser implementado más de cuatro años después de que el Tribunal lo ordenara expresamente”, y advierte que “la principal preocupación en este momento se enfoca en el riesgo actual y potencial que implica, para la comunidad de Sarayaku, la existencia de explosivos de alto poder destructivo enterrados en el territorio donde se asienta”.

Hasta ahora solo han sido extraídos 14 kilogramos del total de pentolita enterrada en el territorio indígena, pero los procedimientos de extracción de esa pequeña cantidad ya han tenido impactos negativos en el modo de vida y territorio de la comunidad indígena.

Por ello la Corte señala la necesidad de que el Estado y los beneficiarios lleguen a acuerdos sobre el procedimiento de retiro de los explosivos que mejor atienda las razones de seguridad, pero también que sean culturalmente aceptables para la cosmovisión del Pueblo Kichwa de Sarayaku.

La Corte también pide al Estado que informe acerca de los planes existentes en materia de exploración y explotación de petróleo en los bloques 23 y 24, que comprenden parte del territorio de Sarayaku, así como de la posibilidad de que la empresa CGC reinicie operaciones en la zona.

El Tribunal además requiere al Estado que presente información concreta acerca de otras medidas provisionales pendientes de cumplimiento, como la protección de la integridad de los beneficiarios, la instalación de puestos de vigilancia en la zona, la seguridad en las vías de acceso al Pueblo Kichwa de Sarayaku, y la viabilidad de implementar otras formas de protección.

Esta Resolución ha sido emitida tras la audiencia pública llevada a cabo en la sede de la Corte Interamericana, en San José de Costa Rica, el 3 de febrero de 2010, en la que el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), en representación del Pueblo Kichwa Sarayaku, así como el Estado habían presentado información sobre la implementación de las medidas.

Las medidas provisionales --un mecanismo urgente para defender los derechos humanos e impedir daños irreparables--  fueron concedidas por la Corte al Pueblo Kichwa de Sarayaku para proteger a sus miembros de los múltiples ataques y situaciones que ponían en riesgo y afectaban su vida e integridad, e impedían su libre circulación.

En 1996, Ecuador firmó un contrato con la empresa privada argentina Compañía General de Combustible (CGC) para la exploración y explotación petrolera en una zona que afecta el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku, ubicado en la provincia amazónica de Pastaza, en el centro-sur de la región amazónica ecuatoriana. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena.

En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku se opuso al ingreso de la compañía a su territorio, a pesar de lo cual trabajadores petroleros entraron a Sarayaku acompañados de patrullas militares fuertemente armadas.

En 2003, CEJIL y CDES presentaron el caso del Pueblo Kichwa Sarayaku a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el pasado 26 de enero emitió el informe de fondo y sus recomendaciones al Estado de Ecuador. El Estado tiene dos meses para responder. La CIDH puede decidir enviar el caso a la Corte IDH si al cabo de ese periodo el Estado no ha acatado las recomendaciones.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

CEJIL pide justicia por exterminio sistemático de grupo político colombiano

Audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Bajada: 

El caso de la ejecución del senador Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia fue uno de los cinco asuntos en los que participó CEJIL en el pasado periodo de audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, efectuado en San José, Costa Rica, entre el 25 de enero y el 4 de febrero de 2010.

Corte Interamericana de Derechos Humanos

En audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 26 y 27 de enero, CEJIL y sus contrapartes alegaron que el asesinato del senador colombiano, Manuel Cepeda Vargas, en 1994, fue un crimen de lesa humanidad que formó parte del exterminio masivo y sistemático contra el partido Unión Patriótica.

Fecha: 
Vie, 05/02/2010

CEJIL participa de audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Desde el 21 hasta el 27 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) relativas a casos individuales sobre violaciones de los derechos humanos en el hemisferio americano.

Mié, 20/10/2004

Washington, D.C. 20 de octubre de 2004

Desde el 21 hasta el 27 de octubre el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en audiencias y reuniones convocadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) relativas a casos individuales sobre violaciones de los derechos humanos en el hemisferio americano. CEJIL informará a la CIDH sobre el estado de los derechos humanos en algunos países y abordará asimismo temáticas específicas como la explotación sexual de niños y niñas en Centroamérica y la integración económica, entre otros temas. Estas audiencias se realizarán en Washington con motivo del 121º período ordinario de sesiones de la CIDH que comenzó el 11 de octubre y se extiende hasta el 27 de octubre. Además de CEJIL, estarán presentes las víctimas y/o sus representantes, otras organizaciones no gubernamentales y las delegaciones de los gobiernos del hemisferio.

Durante el primer día de audiencias CEJIL expondrá a la CIDH dos temas que continúan afectando seriamente a las mujeres y los niños de América Latina. Uno de ellos tiene que ver con la discriminación y la deficiente administración de justicia de que son víctimas las mujeres en toda la región. Acompañarán a CEJIL en esta audiencia organizaciones regionales de mujeres. Seguidamente, CEJIL se referirá a la explotación sexual de menores de edad en Centroamérica, un fenómeno que continúa en aumento en dicha región. Se hará hincapié específicamente en la falta de políticas estatales destinadas a terminar con esta gravísima violación de los derechos humanos de niños y niñas centroamericanos. Ese mismo día la CIDH también recibirá a CEJIL para analizar el caso de Heliodoro Portugal de Panamá, activista político desaparecido durante la última dictadura militar.

El deterioro de los derechos humanos en Chiapas, México, y la parálisis e irregularidades en las investigaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua serán denunciados por CEJIL ante la CIDH. Con respecto a esta última, se pedirá que el Estado mexicano retome las recomendaciones efectuadas por la Relatora de la CIDH sobre derechos de la mujer efectuadas en marzo de 2002 en referencia a las investigaciones de estos homicidios. CEJIL y las organizaciones mexicanas manifestarán tanto a la CIDH como al gobierno que, pese a los intentos por avanzar en el esclarecimiento de estos hechos, se continúan evidenciando fallas en la coordinación de las investigaciones y falta de capacitación de los funcionarios a cargo de las mismas.

CEJIL también participará en una audiencia en la que se informará a la CIDH sobre la cada vez más preocupante situación en la que trabajan los defensores y defensoras de derechos humanos de América. El estado de estos derechos en Bolivia también será abordado por CEJIL en audiencia con la CIDH. Se manifestará con especial énfasis preocupación por los obstáculos interpuestos por el gobierno para la aprobación de una ley de derechos sexuales y reproductivos.

Una audiencia que se espera que despierte gran interés será la referida al impacto de los procesos de integración económica sobre los derechos humanos de los habitantes de América Latina. Participarán de manera conjunta siete organizaciones latinoamericanas y constituirá esta la primera vez que la CIDH escuche este tema en audiencia.

Se realizarán asimismo dos audiencias sobre Venezuela, una de ellas se referirá al problema de impunidad que afecta a ese país. Actualmente en Venezuela el 90% de las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos no se llegan a iniciar en el proceso penal. CEJIL y las organizaciones locales harán referencia a las principales causas de esta impunidad que son, entre otras, la inseguridad jurídica debido a la incertidumbre de las reglas y leyes del Estado, la demora legislativa y el carácter provisorio de la mayoría de los jueces. La segunda audiencia se centrará en dar información sobre el estado actual de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En cuanto al litigio de CEJIL en casos individuales, se llevará a cabo una audiencia sobre el caso de Gilda Rosario Pizarro Jiménez y otros, más conocido como Las Paquitas, de Chile y otra sobre el suicidio del joven Wilmer González Rojas en una prisión de Nicaragua, el cual no ha sido investigado diligentemente por el Estado. Habrá también una audiencia para analizar avances en el caso de Ramón Hernández Berrios y otros de Honduras, que involucra a cuatro menores de edad que fueron detenidos en cárceles con adultos y torturados y aún no se han realizado investigaciones ni sancionado a los responsables.

La CIDH recibirá a CEJIL para que informe si el Estado peruano ha cumplido las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Y también se realizará otra audiencia sobre los casos de los magistrados y fiscales del poder judicial cesados durante el gobierno actual en la cual se evaluará si se continúa con el proceso de solución amistosa. CEJIL reiterará en audiencia sus observaciones y preocupaciones sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia y el papel de la Misión para Apoyar el proceso de paz de la OEA. Nuevamente CEJIL destacará la falta de garantías de los derechos a la justicia y la verdad en el proceso e insistirá en la urgencia de un monitoreo activo de la CIDH.

Finalmente tendrán lugar dos audiencias sobre Guatemala. En una de ellas CEJIL abordará la delicada situación de las personas que viven con VIH/Sida en ese país debido a que el Estado continúa sin proveerles los medicamentos necesarios pese estar ellos bajo la protección de medidas cautelares (de protección) ordenadas por la CIDH. Se le pedirá a la CIDH que le solicite a la Corte la adopción de medidas provisionales en favor de las más de 40 víctimas, cuyas vidas corren serio peligro debido a la inercia estatal. En la segunda audiencia se informará sobre las nefastas consecuencias de la decisión del Estado de Guatemala de enviar al Programa Nacional de Resarcimiento para las víctimas del conflicto armado interno las reparaciones económicas ordenadas por la CIDH. Por último, CEJIL participará de una audiencia en la que denunciará las graves condiciones en que se encuentran las personas detenidas en El Salvador.

Además de las audiencias mencionadas, CEJIL, junto a sus co-peticionarios, mantendrá reuniones de trabajo sobre una serie de casos pendientes relacionados con Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Perú.

 

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A continuación se encuentra la lista de las organizaciones (por orden alfabético) que estarán presentes junto a CEJIL en las audiencias y reuniones de trabajo:

Casa Alianza de Honduras, Guatemala y Nicaragua

Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” de México

Centro de Derechos Reproductivos de Nueva York, Estados Unidos

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) de Colombia

CIIDH de Guatemala

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Familiares de las víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Coordinadora de la Mujer de Bolivia

Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de Colombia

Derechos y Democracia de Canadá

Estudio por la Defensa de los derechos de las mujeres (DEMUS) de Perú

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) de EL Salvador

Instituto de Formación Femenina Integral

Justicia para Nuestros Hijas

Programa Venezolano de Educación-Acción de Derechos Humanos (PROVEA )

Red de Infancia y Adolescencia de El Salvador (RIA)

Red de Organizaciones sobre VIH/SIDA de Guatemala

Save the Children

III Consulta de Defensores y Defensoras de América

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas

Preocupa a CEJIL situación en Ecuador

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que los recientes acontecimientos ocurridos en Ecuador podrían estar poniendo en peligro la vigencia del estado de derecho en ese país.

Mié, 16/02/2005

Washington, D.C. 16 de febrero de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera que los recientes acontecimientos ocurridos en Ecuador podrían estar poniendo en peligro la vigencia del estado de derecho en ese país. En los últimos meses se han venido sucediendo una serie de hechos que debilitan seriamente la vigencia del orden institucional y el respeto a los derechos humanos. Días pasados, el Ministerio de Bienestar Social ordenó la disolución de la organización jesuítica Fundación Mariana de Jesús, dedicada al trabajo social con niños y poblaciones vulnerables. Este hecho se suma a un ambiente de amenazas y hostigamientos contra dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, profesores universitarios y periodistas, entre otras personas.

La situación en Ecuador se ha venido agravando en los últimos meses afectando especialmente la independencia del Poder Judicial. En diciembre de 2004 todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia fueron destituidos por el Congreso Nacional, reunido en sesiones extraordinarias convocadas por el Presidente de la República y siguiendo un procedimiento distinto al establecido en la Constitución. De igual manera, los miembros del Tribunal Constitucional fueron removidos en noviembre de 2004. CEJIL considera que estos actos configuran un paso hacia un debilitamiento institucional del Poder Judicial ecuatoriano.

CEJIL continuará velando y solicitando públicamente que se garantice el respeto a los derechos humanos, el funcionamiento independiente de la justicia y la vigencia del estado de derecho en Ecuador. Asimismo, solicita al gobierno de ese país que investigue los hechos mencionados y garantice que se respete la independencia del poder judicial como así también la integridad física de los miembros de la sociedad civil.

 

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

CEJIL preocupada por la situación en Ecuador

A raíz de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Ecuador y de la crisis por la que atraviesa el Estado de Derecho en este país, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a todas las autoridades ecuatorianas para que se hagan todos los esfuerzos necesarios tendientes a garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y, en particular, el cabal respeto de los principios de independencia e imparcialidad del poder judicial.

Mar, 19/04/2005

A raíz de los últimos acontecimientos que han tenido lugar en Ecuador y de la crisis por la que atraviesa el Estado de Derecho en este país, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a todas las autoridades ecuatorianas para que se hagan todos los esfuerzos necesarios tendientes a garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y, en particular, el cabal respeto de los principios de independencia e imparcialidad del poder judicial. En el marco de esta crisis institucional, CEJIL urge al Estado ecuatoriano a que respete y garantice de manera plena a todas las personas bajo su jurisdicción todos los derechos humanos, y de manera especial, dado el contexto actual de movilización y expresión de la ciudadanía, los derechos a la libertad personal, de manifestación, reunión y libertad de expresión.

A raíz de las continuas manifestaciones en la vía pública, expresando descontento por varias de las decisiones del gobierno y del legislativo que han quebrado el orden institucional en Ecuador, el gobierno decretó en la noche del 16 de abril el estado de emergencia en la ciudad de Quito, el cual fue levantado a las 24 horas. El 17 de abril el Congreso Ecuatoriano tomó, en la noche, la decisión de cesar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, elegida el 8 de diciembre de 2004, mediante un procedimiento inconstitucional. Ahora el Congreso deberá decidir cuál será el procedimiento para elegir a sus nuevos miembros. CEJIL hace un llamado para que este procedimiento y el proceso mismo de elección estén ajustados a los estándares internacionales sobre independencia, autonomía e imparcialidad de los órganos judiciales.

CEJIL solicita, asimismo, al gobierno del Presidente Lucio Gutiérrez que la solución a la crisis institucional que vive Ecuador sea llevada a cabo a través del pleno respeto a la Constitución Nacional, al estado de derecho y a la vigencia plena de los derechos humanos fundamentales de todos los habitantes del país.

 

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Pueblo indígena Sarayaku está en riesgo

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador.

Vie, 21/10/2005

Washington, D.C. 21 de octubre de 2005

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció sobre el riesgo que corren los habitantes de la comunidad indígena Sarayaku, en Ecuador. Esto debido a las actividades petroleras que la Compañía General de Combustibles (CGC) ha llevado a cabo en el territorio ancestral de este pueblo, con el consentimiento y aquiescencia del gobierno. Los representantes del pueblo Sarayaku, ante la CIDH, son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Derechos, Económicos y Sociales (CDES).

El 26 de julio de 1996, Ecuador otorgó una concesión a favor de la CGC, el denominado bloque petrolero 23, que comprende una extensión de 200.000 hectáreas en la amazonia ecuatoriana, de las cuales un 65% afectan al territorio Sarayaku. Este pueblo está compuesto por seis comunidades y cerca de mil habitantes. Su territorio ancestral comprende aproximadamente 135.000 hectáreas. La comunidad no fue informada, ni consultada sobre esta concesión.

Por su parte, el Ministerio de Energía ecuatoriano informó que hay un total de 1.473 kilogramos de pentolita, un peligroso explosivo, dispersos en el territorio ancestral del pueblo Sarayaku, el cual fue colocado por la empresa CGC. Esto pone en riesgo la vida de toda la población, incluyendo a los niños y niñas.

Desde el año en que fue otorgado el permiso a la empresa petrolera, el pueblo indígena mostró su disconformidad, e incluso en el año 2000 ratificó su posición de manera terminante, a través de su Asamblea General. Durante todo este tiempo el pueblo Sarayaku ha sufrido la ocupación arbitraria de su territorio, la deforestación de bosque tropical, el ingreso inconsulto y violento de trabajadores petroleros, guardias de seguridad privados y personal del ejército ecuatoriano. Ante esta situación, los miembros del pueblo Sarayaku se movilizaron para defender su territorio.

El 15 de enero de 2005, cuatro jóvenes de Sarayaku fueron detenidos, secuestrados y sometidos a tratos crueles e inhumanos por miembros del ejército y empleados de la CGC. Hoy, el indígena Fabián Grefa, una de estas víctimas, rindió declaraciones acerca de estos hechos, ante la CIDH.

Para las comunidades indígenas la tierra está íntimamente relacionada con su existencia, en particular para el pueblo Sarayaku el despojarlos de sus territorios significa destruir la vida, tanto individual, como colectivamente, así lo indicó Hilda Santi, presidenta del pueblo Sarayakyu, ante la Comisión Interamericana.

Los peticionarios denunciaron ante la CIDH que “la actividad petrolera en el territorio Sarayaku…viola el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, e integridad, de los derechos, económicos, sociales y culturales”. Además las organizaciones consideraron que el ingreso de la petrolera y el desarrollo de actividades por parte de esta empresa son incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Comisión Interamericana se pronuncia en caso de indígenas ecuatorianos afectados por petrolera argentina

Caso de Pueblo Sarayaku podría ir a Corte IDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su decisión acerca de la denuncia interpuesta contra el Estado de Ecuador por el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, por las violaciones cometidas al autorizar a una empresa petrolera argentina a explorar y explotar el territorio de la comunidad indígena.

Vie, 29/01/2010

Washington D.C., 29 de enero de 2010

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su decisión acerca de la denuncia interpuesta contra el Estado de Ecuador por el Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, por las violaciones cometidas al autorizar a una empresa petrolera argentina a explorar y explotar el territorio de la comunidad indígena.

El 26 de enero de 2010, la CIDH informó al Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku, al Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y al Centro

por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que aprobó un informe de fondo respecto al caso, cuyo contenido por el momento es confidencial.

 

De acuerdo con el artículo 50 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando en una disputa ante la CIDH no se llega a una solución amistosa, la Comisión debe emitir un informe de fondo en el que expone sus conclusiones y recomendaciones al Estado. El documento ya fue entregado al Estado, que tiene dos meses para responder. Al cabo de ese periodo, si las recomendaciones no fueran acatadas, la Comisión puede decidir enviar el caso a la Corte.

En 1996, Ecuador firmó un contrato con la empresa privada argentina Compañía General de Combustible (CGC) para la exploración y explotación petrolera en una zona que afecta el territorio del Pueblo Kichwa de Sarayaku, ubicado en la provincia amazónica de Pastaza, en el centro-sur de la región amazónica ecuatoriana. La firma del contrato se hizo sin consultar a la comunidad indígena. En defensa de la propiedad de sus tierras, el pueblo de Sarayaku se opuso al ingreso de la compañía a su territorio, a pesar de lo cual trabajadores petroleros entraron a Sarayaku acompañados de patrullas militares fuertemente armadas.

Las actividades de la petrolera han implicado, entre otras cosas, la tala de bosque, la movilización de tierra, vegetación y materiales, la colocación y detonación de explosivos, y la construcción de helipuertos y campamentos, así como amenazas y violencia en contra de miembros de la comunidad. Todo ello ha tenido un gran impacto en la vida comunitaria del Pueblo de Sarayaku.

Al presentar el caso ante el Sistema Interamericano, el 19 de febrero de 2003, el Pueblo de Sarayaku, CDES y CEJIL alegaron que al firmar dicho contrato, y al permitir y apoyar el desarrollo de actividades en el territorio de Sarayaku, Ecuador restringió el derecho de sus habitantes a la propiedad colectiva, entre otros derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada y ratificada por dicho país.

Sarayaku y las organizaciones que lo apoyan solicitaron a la CIDH que establezca la responsabilidad internacional del Estado por haber violado los derechos a la vida, a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y protección judicial del Pueblo de Sarayaku. Además, pidieron a la CIDH que recomiende al Estado adoptar las medidas adecuadas a fin de reparar los daños producidos a las víctimas y asegurar la no repetición de los hechos.

Contacto de prensa en Washington D.C.

Mauricio Herrera Ulloa

mherrera@cejil.org

 

Tel: (202) 319-3000

(202) 445-4676

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

 

Ecuador continúa sin cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tibi

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está profundamente preocupado por la falta de cumplimiento por parte del Estado de Ecuador de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel Tibi, dictada el 7 de septiembre del 2004.

Mié, 07/12/2005

Washington D.C., 7 de diciembre de 2005

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está profundamente preocupado por la falta de cumplimiento por parte del Estado de Ecuador de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Daniel Tibi, dictada el 7 de septiembre del 2004.

En septiembre de 1995, Tibi fue detenido en el marco de un operativo policial, sin informarle cargos en su contra y durante el primer mes de prisión no tuvo acceso a un abogado. Fue mantenido en condiciones infrahumanas. Durante su detención, al señor Tibi le fueron negados derechos procesales fundamentales, y fue torturado física y psíquicamente de diferentes maneras: desde ahogamientos, quemaduras en sus piernas con cigarrillos y con metales al rojo vivo, descargas eléctricas, sumergimiento en barriles con agua, fuertes golpes con bates de baseball, insultos permanentes y graves amenazas de muerte a él y a su familia. Además, Daniel Tibi sufrió la incautación ilegal de sus bienes.

Luego de ser liberado, en enero de 1998, después de casi tres años de encarcelamiento, salió de Ecuador hacia Francia. Desde entonces, no ha logrado superar las secuelas que han dejado estos hechos en su vida, tanto a nivel psicológico y emocional, como económico.

La sentencia condenó al Estado ecuatoriano por violar los derechos a la libertad personal, a la integridad, a la propiedad privada, a la protección judicial y garantías judiciales, en perjuicio del señor Tibi, y el derecho a la integridad personal en contra de sus familiares. Consecuentemente, ordenó la investigación, juzgamiento y sanción de los hechos; la publicación de partes de la sentencia en medios locales y de un diario francés; el reconocimiento público de responsabilidad internacional por parte de las autoridades ecuatorianas; la conformación de un comité interinstitucional que implemente programas de capacitación en derechos humanos dirigido a jueces, fiscales, policía y personal penitenciario; el pago de una indemnización por daño material e inmaterial; la devolución de los bienes incautados al momento de su detención, o el equivalente en dinero; y el pago de costas y gastos del proceso.

Si bien Ecuador ha dado cumplimiento a la medida de publicar ciertas partes de la sentencia en los medios nacionales, aún no ha realizado la publicación en un periódico francés. Por otra parte, tampoco ha reconocido públicamente su responsabilidad en los hechos, no ha pagado las indemnizaciones correspondientes, ni ha conformado el comité interinstitucional. En relación con el último punto, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas se ha mostrado particularmente preocupado por este incumplimiento en su último informe (cfr., párrafo 22).

Cabe señalar que la Corte Interamericana dispuso el plazo de seis meses para el cumplimiento de dichas medidas (con excepción del pago de indemnizaciones, para lo cual concedió un año de plazo). Los términos dispuestos por el tribunal interamericano ya se vencieron y las víctimas continúan a la espera de una reparación.

El Estado ecuatoriano ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 28 de diciembre de 1977. En virtud de aquella Ecuador se compromete a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

CEJIL insta al Estado de Ecuador a honrar sus compromisos internacionales y a reparar a las víctimas de este caso, como un acto representativo del respeto a los derechos humanos en ese país, y que garantice que ninguna otra persona va a ser sometida a la tortura y las injusticias a las que fue sometido Daniel Tibi en las cárceles ecuatorianas.

 

CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica, y Río de Janeiro, Brasil, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.

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La CIDH solicita al gobierno de Ecuador que proteja la vida y la integridad física de cuatro personas e investigue hechos

El pasado 22 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, en virtud del artículo 25 de su reglamento, solicitar al Estado de Ecuador que adopte medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo y Luis Yanza, después de una solicitud hecha en tal sentido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amazon Watch.

Lun, 26/12/2005

Washington D.C., 26 de diciembre de 2005

El pasado 22 de diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió, en virtud del artículo 25 de su reglamento, solicitar al Estado de Ecuador que adopte medidas cautelares para garantizar la vida e integridad física de Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo y Luis Yanza, después de una solicitud hecha en tal sentido por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amazon Watch.

Los beneficiarios de las medidas forman parte del equipo que litiga ante los tribunales ecuatorianos un caso en contra de la empresa norteamericana Chevron. Estas personas han sufrido hostigamientos, amenazas y persecuciones, particularmente a partir de octubre pasado cuando denunciaron la intervención de miembros de las Fuerzas Militares ecuatorianos para detener una diligencia judicial.

En este contexto, Ermel Chávez sufrió persecuciones de personas no identificadas. Pablo Fajardo recibió amenazas telefónicas anónimas en su oficina. Luis Yanza fue informado de que miembros de inteligencia militar estaban controlando sus actividades. Por otra parte, recientemente, dos personas ingresaron a su domicilio -estando su hija adentro-. Aún no se ha determinado si se trató de un intento de robo. El 28 de octubre pasado personas no identificadas ingresaron a la oficina de Alejandro Ponce Villacís, registraron varios documentos y sustrajeron computadoras, una máquina de fax y un disco compacto. Sorprendentemente no se llevaron elementos de valor que se encontraban en la oficina. Además, Ponce recibió llamadas telefónicas extrañas, en su oficina y en su domicilio particular, por parte de personas que no se identificaron.

Las medidas cautelares son un recurso que tiende a proteger los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando éstos se encuentran en situación de riesgo, como en este caso.

La Comisión señala en su resolución que el Estado deberá: “Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física de Alejandro Ponce Villacís, Ermel Chávez, Pablo Fajardo y Luis Yanza [e] investigar los hechos que motivaron la adopción de estas medidas cautelares“.

CEJIL insta al Estado de Ecuador a dar cumplimiento a las medidas solicitadas por la Comisión Interamericana durante el plazo establecido, y de este modo a cumplir de buena fe con sus compromisos internacionales a los que se ha obligado en su calidad de Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica, y Río de Janeiro, Brasil, y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.

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Paraguay reconoce responsabilidad en desaparición forzada de dos niños soldados

Acuerdo de solución amistosa

El asesor jurídico del Ministerio de Defensa de Paraguay, mayor Gustavo Dávalos, firma el acuerdo de solución amistosa, frente a representantes de la CIDH y abogados de CEJIL.Paraguay reconoció el 4 de noviembre su responsabilidad internacional en la desaparición forzosa de  los niños Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, de 14 años de edad, reclutados de manera ilegal en el servicio militar y desaparecidos mientras estaban bajo la custodia del Ejército, en 1998.

Mié, 04/11/2009

El asesor jurídico del Ministerio de Defensa de Paraguay, mayor Gustavo Dávalos, firma el acuerdo de solución amistosa, frente a representantes de la CIDH y abogados de CEJIL.

Washington D.C., 4 de noviemre de 2009

Paraguay reconoció el 4 de noviembre su responsabilidad internacional en la desaparición forzosa de  los niños Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, de 14 años de edad, reclutados de manera ilegal en el servicio militar y desaparecidos mientras estaban bajo la custodia del Ejército, en 1998.

En una reunión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., los representantes del Estado firmaron un acuerdo de solución amistosa con las organizaciones que representan a las víctimas: CEJIL y el Servicio Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ-PY).

En el acuerdo, el Estado admite la violación de los derechos a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a medidas especiales de protección de la niñez, a la protección judicial y a las garantías judiciales en contra de las víctimas.

El texto obliga a Paraguay a conformar una comisión investigadora de la desaparición de los niños y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de las víctimas.

“Con esta solución amistosa Paraguay está más cerca de reparar los sufrimientos causados por una aberrante práctica violatoria de los derechos humanos de los niños, que durante muchos años fue tolerada y considerada normal”, afirmó Liliana Tojo, directora del programa de CEJIL para el Cono Sur y Bolivia.

El acuerdo también obliga a Paraguay a presentar un proyecto de ley para reformar el  Código Penal en cuanto al delito de desaparición forzosa, con el fin de adecuar la legislación interna a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Persona.

Entre otros puntos del texto, el Estado deberá hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad y perdón a los familiares de las víctimas, nombrar una calle con su nombre e instalar una placa recordatoria en la unidad militar donde estaban asignados los niños.

Además, el Estado deberá presentar un video documental  elaborado por los peticionarios acerca de las violaciones a los derechos humanos en el  reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas. El documental será exhibido en la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López de las Fuerzas Armadas, con presencia de altas autoridades castrenses.

En la firma del acuerdo, el embajador paraguayo ante la OEA, Bernardino Hugo Saguier, aseguró que el Estado divulgará ampliamente lo alcanzado en esta negociación. “Las instituciones y los encargados de las instituciones saben que cuando suceden estos casos hay consecuencias. Estamos muy complacidos porque estamos dando un ejemplo”.

“El  Ministerio de Defensa va ha hacer cumplir los derechos humanos. Estamos totalmente comprometidos con los derechos humanos”, dijo el asesor jurídico del Ministerio de Defensa de Paraguay, mayor Gustavo Dávalos.

Funcionarios del Ejército reclutaron en 1997 a Marcelino Gómez Paredes y Cristian Ariel Núñez, sin pedir permiso a sus padres y mediante la alteración de la  edad en documentos oficiales, para simular que tenían el mínimo requerido de 16 años. En febrero de 1998 los niños desaparecieron de su unidad militar sin que hasta ahora se conozca su paradero y sin que sus familiares hayan recibido explicaciones satisfactorias. Desde 1989, en Paraguay han sido registradas 110 muertes de conscriptos en las Fuerzas Armadas, según datos de SERPAJ-PY.

El cumplimiento integral del acuerdo concluirá el caso presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en  octubre de 2000 y admitido en octubre de 2003. Este es el tercero de una serie de denuncias  ante el sistema interamericano acerca del reclutamiento de niños en las Fuerzas Armadas de Paraguay. Uno de los casos anteriores concluyó con una condena de la Corte Interamericana contra el Estado paraguayo y el otro en un acuerdo amistoso.

 

Contacto de prensa:

Mauricio Herrera.

Director de Comunicación.

(202) 319-3000 (202) 445-4676.

mherrera@cejil.org.

 

 

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

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