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Foro de la sociedad civil en el marco de la VI Cumbre de las Américas

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Mié, 11/04/2012 - 09:00 - Jue, 12/04/2012 - 17:00

VI Cumbre de las Américas

Cartagena de Indias

Audiencia ante la Corte IDH evidenció negligencia del Estado colombiano en la identificación de víctimas de la masacre de Mapiripán

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011– Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

Jue, 24/11/2011

Bogotá D.C., y Washington D.C., 24 de noviembre de 2011– Sobre la audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia de la “Masacre de Mapiripán” celebrada ayer en la sede de la Corte Interamericana, CEJIL y CCAJAR manifiestan su satisfacción porque se reafirma en este escenario que el interés superior es la protección de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

La audiencia permitió que la Corte Interamericana revise el record procesal del caso, el cual evidencia que fue el propio Estado colombiano, quien ante el Tribunal, reconoció como víctimas a las 21 personas nombradas a raíz de la sentencia de 2005, algunas de las cuales ahora cuestiona. También fue posible visibilizar la negligencia del Estado colombiano en la individualización de las víctimas de la masacre, así como en la falta de establecimiento del número de asesinados y desaparecidos.

En los procesos internos, los testimonios de las víctimas, testigos presenciales e incluso las confesiones de los propios perpetradores coinciden en afirmar que fueron por lo menos dos decenas las víctimas de la masacre de Mapiripán, en tanto un informe del CTI de la Fiscalía de abril de este año, nomina a 77 personas como posibles víctimas de la masacre. Estos hallazgos procesales contrastan con afirmaciones del Ejecutivo colombiano que sin negar la existencia de la masacre, pretenden reducir su magnitud, hablando de 6 o 12 víctimas, como se ha anunciado recientemente a los medios de comunicación por parte del Ministro de Justicia.

En la audiencia ante la Corte, los representantes de las víctimas pudieron conocer parte de la información anunciada por el Estado ante los medios de comunicación, en tanto pese a los anuncios públicos, no se clarificaron los términos de la solicitud de revisión de sentencia que sería presentada. Después de 14 años y 4 meses de la comisión de la Masacre de Mapiripán y 6 años después de la sentencia de la Corte, el Estado colombiano solicitó tres meses adicionales para presentar las pruebas que sustentarían su solicitud.

Saludamos que el Estado colombiano utilice los canales adecuados de debate, que es el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, y no las vías de hecho, en las que se ha ventilado de manera inapropiada este proceso, presentando información imprecisa y en algunos casos falsa, tendiente a deslegitimar a las víctimas, desacreditar la labor de sus Representantes y cuestionar la legitimidad de los órganos interamericanos.

Será el Tribunal Interamericano, de manera autónoma, y después del debate jurídico correspondiente, quien emitirá la solución adecuada qué proteja la verdad material del caso, a las víctimas de la Masacre de Mapiripán y a la sentencia definitiva e inapelable, cuyo contenido como tal, no ha sido cuestionado.

CEJIL se pronuncia sobre el caso de Mapiripán v. Colombia

Washington D.C, 1 de noviembre de 2011 - Como es de conocimiento público, en los últimos días, Mariela Contreras, una testigo del caso Mapiripán v. Colombia decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, se habría retractado de las declaraciones que dio ante la justicia colombiana en el 2002 y ante la misma Corte Interamericana en el 2005. Este hecho ha generado un vigoroso debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables, las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados/as que representan a denunciantes.

Mar, 01/11/2011

Washington D.C, 1 de noviembre de 2011 - Como es de conocimiento público, en los últimos días, Mariela Contreras, una testigo del caso Mapiripán v. Colombia decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2005, se habría retractado de las declaraciones que dio ante la justicia colombiana en el 2002 y ante la misma Corte Interamericana en el 2005. Este hecho ha generado un vigoroso debate en Colombia sobre la magnitud de los crímenes cometidos, la sanción que corresponde a los responsables, las responsabilidades de la administración de justicia y de los abogados/as que representan a denunciantes.

En primer lugar, es imprescindible dejar en claro que no existe duda alguna en el ámbito interno o internacional acerca de la ocurrencia de la masacre, ni de las responsabilidades compartidas entre las AUC y miembros de las fuerzas de seguridad en los hechos que fueron reportados ampliamente en la prensa, habiendo sido reconocida la responsabilidad por el Estado y por los propios paramilitares.

En segundo lugar, compartimos la preocupación de la administración de justicia, nuestros colegas del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), el Gobierno y la sociedad colombiana ante la posibilidad de que la testigo haya manipulado el proceso a nivel nacional e internacional con declaraciones no ajustadas a la verdad y confiamos que este hecho sea debidamente investigado y aclarado.

Por otro lado, cabe destacar que Mariela Contreras confirió su representación legal ante el proceso internacional a CEJIL y al CCAJAR en el 2003, cuatro años después de que la petición inicial de Mapiripán fuera presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un año después de su declaración ante la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, la declaración de Mariela Contreras estaba en absoluta consonancia con lo sostenido por sus hijos, la prueba forense, la prueba documental, los testimonios de autoridades, entre ellos el juez Novoa Cortes, así como con las declaraciones de víctimas, familiares y peritos expertos. Al litigar un caso, la prueba se basa fundamentalmente en el acervo probatorio existente a nivel interno y en toda la información facilitada por el Estado.

Adicionalmente, es de resaltar que el propio Estado colombiano, representado por el Poder Ejecutivo, incluyó reiteradamente en el proceso internacional a la Sra. Contreras entre los familiares de las víctimas de la masacre y asumió responsabilidad internacional por los crímenes cometidos.

La incertidumbre sobre los números de muertos en la masacre de Mapiripán no es un tema nuevo, sino que fue identificado con claridad en el litigio internacional. Esta dificultad fue marcada como una de las falencias en la investigación estatal por la Corte Interamericana en la sentencia de 2005, que ordenó que el Estado realice inmediatamente las debidas diligencias a fin de individualizar e identificar en un plazo razonable a las víctimas ejecutadas, desaparecidas y sus familiares. La misma Corte afirmó que, precisamente debido a la forma en la que se planificó y ejecutó la masacre, era posible, aun tratándose de casos excepcionales, que en el curso de una investigación penal pudiera establecerse el paradero de personas, que fueron dadas por muertas.

Frente a este tipo de hechos, el compromiso de las organizaciones de derechos humanos es el establecimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades ante la justicia y la determinación de reparaciones debidas a las víctimas.

Contacto en Washington
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
Tel (1)202 319 3000

Colombia debe ser declarada responsable por violar derechos humanos en el operativo del Palacio de Justicia

Desapariciones, torturas y ejecuciones ocurridas en 1985

Audiencia ante la CIDH en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia

Existen pruebas suficientes para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declare la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos humanos, en la operación del Ejército y la Policía para recuperar el control del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.

Así lo demostraron, en una audiencia efectuada el 22 de marzo ante la CIDH, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).

Lun, 22/03/2010

Audiencia ante la CIDH en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia

Washington D.C. 22 de marzo de 2010

Existen pruebas suficientes para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declare la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos humanos, en la operación del Ejército y la Policía para recuperar el control del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985.

Así lo demostraron, en una audiencia efectuada el 22 de marzo ante la CIDH, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP).

Para las organizaciones peticionarias, el Estado de Colombia es responsable por la desaparición de 12 personas, la tortura de otras tres y la desaparición y ejecución extrajudicial de un Magistrado de la Corte Suprema.

Los hechos ocurrieron en un operativo de la Policía y el Ejército para retomar el Palacio de Justicia, que había sido ocupado de manera violenta por el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), con más de 300 personas adentro. La operación, en la que se usó la fuerza de manera excesiva y desproporcionada, causó más de 100 muertes.

Liliana Ávila, del CIJP, manifestó que casi un cuarto de siglo después el caso del Palacio de Justicia se mantiene en total impunidad pues no han sido adecuadamente investigadas ni las desapariciones forzadas, ni las torturas, ni la ejecución extrajudicial del magistrado”.

Las organizaciones resaltaron las conclusiones de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, elaborado por la Corte Suprema, que entregó su informe final en diciembre de 2009.

Según la Comisión de la Verdad, no existe duda de que las personas desaparecidas (empleados y empleadas de la cafetería y visitantes ocasionales) entraron al Palacio de Justicia el día de los hechos, sobrevivieron a la operación de “retoma”, fueron detenidas por agentes del Estado, catalogadas como “rehenes especiales” con criterios “arbitrarios, superficiales y deleznables” y desaparecidas forzosamente sin que hasta ahora se conozca su paradero.

También quedó demostrado por la Comisión de Verdad la tortura y tratos crueles y degradantes que sufrieron una estudiante, un abogado y un trabajador de las empresas públicas de Bogotá, así como la ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán, quien salió con vida del Palacio con lesiones no letales y fue ejecutado por agentes estatales.

La primera denuncia del caso ante la CIDH fue presentada en 1990, pero hasta ahora no ha habido una respuesta por parte del Estado. Para las organizaciones peticionarias, esa conducta del Estado “es consistente con su silencio a nivel interno frente a los pedidos de verdad y justicia de las víctimas y sus familiares”.

“Frente a los alegatos de procedimiento del Estado, queremos llamar la atención acerca de la conducta procesal del Estado que es de absoluta mala fe”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

Para Krsticevic, en 19 años de trámite del caso ante la CIDH, el Estado solo ha presentado 19 páginas de información “precaria e insuficiente”.

Rafael Barrios, abogado del CAJAR, criticó que el Estado no se haya referido al informe de la Comisión de la Verdad, que confirmó las denuncias de los peticionarios, y recordó que la primera investigación seria comenzó 20 años después de los hechos, aunque hasta ahora no hay una sola condena. Barrios desmintió que haya 14 miembros de las Fuerzas Armadas enjuiciados y añadió que seis militares acusados están en libertad, dado que el Estado dejó vencer los plazos para procesarlos.

Las organizaciones peticionarias solicitaron a la CIDH que “contribuya a romper el pacto de silencio”, mediante la emisión de un informe de fondo que establezca la responsabilidad internacional del Estado colombiano.

Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación.

(202) 319-3000 (202) 445-46-76. mherrera@cejil.org.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

VI Cumbre de las Américas

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Sáb, 14/04/2012 (Todo el día) - Dom, 15/04/2012 (Todo el día)

Cartagena de Indias

Colombia

CEJIL valora la ratificación de la condena en Colombia del Coronel Plazas Vega y llama al Ejecutivo a respaldar el accionar de la justicia

Caso de la retoma del Palacio de Justicia

Washington, 3 de febrero de 2012. - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) valora la importante decisión adoptada el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, por la que ratifica la condena de 30 años impuesta en junio de 2010 contra el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por su responsabilidad en la desaparición forzada de personas ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas, el 7 de noviembre de 1985. Plazas Vega es la primera persona procesada por estos hechos cuya condena ha sido confirmada en segunda instancia.

Según la nueva decisión, fundamentada en casi 1.000 folios, el Coronel (r) es responsable como “autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”. Por ello, el Tribunal decidió mantener la pena de 30 años de cárcel impuesta en primera instancia.

Vie, 03/02/2012

Washington, 3 de febrero de 2012. - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) valora la importante decisión adoptada el 30 de enero de 2012 por el Tribunal Superior de Bogotá, por la que ratifica la condena de 30 años impuesta en junio de 2010 contra el Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, por su responsabilidad en la desaparición forzada de personas ocurrida después de la retoma del Palacio de Justicia por parte de las fuerzas armadas colombianas, el 7 de noviembre de 1985. Plazas Vega es la primera persona procesada por estos hechos cuya condena ha sido confirmada en segunda instancia.

Según la nueva decisión, fundamentada en casi 1.000 folios, el Coronel (r) es responsable como “autor mediato de un concurso homogéneo de delitos de desaparición forzada del que fueron víctimas Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”. Por ello, el Tribunal decidió mantener la pena de 30 años de cárcel impuesta en primera instancia.

De manera adicional, siguiendo los estándares de derecho internacional, y en especial de la Corte Interamericana, la sentencia reconoce una serie de reparaciones, entre las cuales figuran, entre otras, la publicación de la sentencia en la web del Ministerio de Defensa y Ejército Nacional como garantía de no repetición; y la celebración por parte del Ejército de un acto de reconocimiento público para pedir perdón por los actos que llevaron a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera e Irma Franco Pineda.

Según Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, la ratificación de la condena a Plazas Vega constituye “un nuevo paso para combatir la impunidad que ha rodeado este caso por más de un cuarto de siglo, y un aporte del Poder Judicial al afianzamiento del Estado de derecho en Colombia”. La confirmación de la sentencia avanza el llamado que hiciera en su momento la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia, que en su informe de diciembre de 2009 recomendaba a las autoridades judiciales, realizar “todos los esfuerzos para encontrar la verdad, de modo que se respete y restaure la dignidad de las víctimas […] Esta verdad debe incluir la correcta valoración jurídica de los hechos a la luz del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como la identificación de todos los responsables, sean materiales o intelectuales”.

De manera inapropiada, el Presidente Juan Manuel Santos, al conocer la sentencia declaró que “el progreso de Colombia en estos últimos años, se debe, entre otras, al Ejército, y ponerlo en la picota pública a que pida perdón, más bien nosotros le pedimos perdón al Ejército por no haber sido lo suficientemente enfáticos en la admiración que le tenemos, en el respeto, en la gratitud que sentimos por todos nuestros soldados de tierra, mar y aire”.

Consideramos que las citadas declaraciones del Presidente Santos son desafortunadas, por cuanto pueden suponer un irrespeto frente a decisiones emitidas por el Poder Judicial, contrario a las obligaciones constitucionales del Poder Ejecutivo. Ello, en la medida en que las afirmaciones presidenciales podrían interpretarse como un cuestionamiento a la responsabilidad penal determinada ya por dos tribunales respecto al Coronel Plazas Vega, y a la obligación de cumplir con las medidas generales de reparación que son de la órbita del Ejecutivo y que fueron ordenadas por el Tribunal.

Igualmente, el respaldo acrítico al Ejército frente a una sentencia condenatoria podría entenderse como un aval a la impunidad frente a la responsabilidad de otras personas, incluidos otros miembros del Ejército, implicados en las violaciones a los derechos humanos.

Por ello, CEJIL hace un llamado al Presidente Santos, así como a otros altos funcionario-as del Estado colombiano, para que muestren su respeto incondicional al Estado de derecho, así como su compromiso frente a las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en cuanto al acatamiento de los fallos judiciales, y al cumplimiento del consiguiente deber de “prestar a los funcionarios judiciales (…) los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias” (art. 201.1 de la Constitución), al igual que respecto a la investigación y sanción de todos los responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

CEJIL es representante de las víctimas de violaciones a los derechos humanos de la retoma del Palacio de Justicia, junto con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, ante el proceso que se sigue frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL participará en doce audiencias y cinco reuniones de trabajo durante el 143er período de sesiones de la Comisión Interamericana

Dos testigos en casos de México y Honduras (Buzos Misquitos) viajarán a Washington D. C. para dar sus testimonios

Washington D. C., 21 de octubre del 2011- Desde el próximo lunes 24 y hasta el viernes 28 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará –junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de las Américas– en doce audiencias públicas y cinco reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., durante su 143er período de sesiones.

143^er

Vie, 21/10/2011

Washington D. C., 21 de octubre del 2011- Desde el próximo lunes 24 y hasta el viernes 28 de octubre, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará –junto a más de 50 organizaciones de la sociedad civil de las Américas– en doce audiencias públicas y cinco reuniones de trabajo privadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington D. C., durante su 143^er período de sesiones.

Entre las audiencias públicas destacan dos casos específicos admitidos previamente por dicho órgano: Opario Lemoth Morris y otros (caso Buzos Misquitos) vs. Honduras y Jesús Ángel Gutiérrez Olvera vs. México. Ambas audiencias incluirán la comparecencia de víctimas que viajarán a Washington para dar testimonio.

De igual manera, CEJIL participará en distintas audiencias regionales sobre temas de preocupación en materia de derechos humanos: defensoras en Mesoamérica; seguridad ciudadana en Guatemala, Honduras y El Salvador; y derechos de la comunidad LGBTTTI en el continente.

En los ámbitos nacionales, CEJIL y sus organizaciones co-peticionarias denunciarán problemáticas relacionadas con los derechos políticos en Nicaragua; con los derechos de las mujeres en Colombia y Nicaragua; y con la Ley María da Penha sobre violencia doméstica en Brasil. Además, se denunciarán la negación al derecho a la nacionalidad para dominicanos de ascendencia haitiana, las condiciones de acceso a la información pública en Venezuela, así como la situación de violencia enfrentada por los campesinos del Bajo Aguán, en Honduras.

Por otra parte, la CIDH ha convocado oficiosamente a cinco reuniones de trabajo el 26 de octubre. Estas están relacionadas con el cumplimiento de acuerdos amistosos o recomendaciones de la CIDH de tres casos claves en el Perú (Mamérita Mestanza, MM y el caso del comunicado conjunto), la problemática del feminicidio en Honduras y una reunión sobre tres casos en El Salvador (el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras; el asesinato de Monseñor Romero; y la Masacre de las Hojas).

Las audiencias se transmitirán en vivo a través de Internet en este vínculo. La agenda de audiencias de CEJIL puede ser consultada en este enlace.

CEJIL recibe el Premio Thomas J. Dodd en justicia internacional y derechos humanos

La ceremonia fue presidida por el ex Senador Christopher J. Dodd

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

Lun, 03/10/2011

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

El Premio Dodd conmemora la distinguida carrera de Thomas J. Dodd, quien fue Abogado Senior durante los Juicios de Nuremberg, Representante ante el Congreso de los Estados Unidos de 1953 a 1957 y Senador del estado de Connecticut de 1959 a 1971. Thomas Dodd dedicó su vida al servicio público y a la lucha contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y el mundo.

Tras recibir el premio, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, dijo que “La labor de CEJIL forma parte del legado de los juicios de Nurembergy del trabajo de Thomas J. Dodd. Al enfocarnos en las Américas, una región notoria por sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho, creemos firmemente en la dignidad para todos, la importancia de honrar a todos los seres humanos y la necesidad de fortalecer y aplicar el Estado de derecho para asegurar los derechos de todos.”

Krsticevic concluyó diciendo que, “A nombre de todos en CEJIL, muchas gracias por este gran honor. Este premio nos animará a seguir nuestra lucha por la justicia y la igualdad. Nos dará la esperanza necesaria para crear muchas más historias de éxito en las Américas y nos recuerda la importancia de preservar el legado y los principios de Nuremberg.”

Este premio será invertido en el litigio estratégico de CEJIL en el hemisferio, la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la capacitación de defensores y defensoras de derechos humanos en la región.

Para más información:

Milli Legrain

Directora de Comunicación

mlegrain@cejil.org

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CEJIL celebra el establecimiento de una relatoría sobre verdad, justicia y reparación en Naciones Unidas

Nuevo mecanismo coordinará con órganos del Sistema Interamericano

Washington, D.C., 29 de septiembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con satisfacción el anuncio de que, el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que crea una Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La resolución fue adoptada por consenso y contó con un amplio respaldo, habiendo sido copatrocinada por más de 75 países de todo el mundo.

Jue, 29/09/2011

Washington, D.C., 29 de septiembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con satisfacción el anuncio de que, el día de hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que crea una Relatoría Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. La resolución fue adoptada por consenso y contó con un amplio respaldo, habiendo sido copatrocinada por más de 75 países de todo el mundo.

CEJIL destaca particularmente el propósito expreso de coordinación entre la relatoría y los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta cooperación podría traducirse en un mejor cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

La relatoría tiene un gran reto para impulsar la tarea de que los Estados avancen tanto en la derogación de figuras que garantizan la impunidad, como en propuestas de políticas públicas y leyes que garanticen el derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos.

CEJIL considera que el trabajo de este nuevo mecanismo debería retomar estudios elaborados por las Naciones Unidas en materia de amnistías e impunidad. Su trabajo también podría encontrar una tarea muy importante en defender el derecho de interponer recursos y obtener reparaciones por parte de víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario.

La persona que estará a cargo de la relatoría tendrá un mandato de tres años y deberá reportar anualmente al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Entre algunas de las labores de la Relatoría destacan: a) la prestación de asistencia técnica; b) la sistematización y estudio de información sobre las situaciones nacionales, en particular sobre el marco normativo, las prácticas y experiencias nacionales, tales como las comisiones de verdad y reconciliación y otros mecanismos; c) la identificación, intercambio y promoción de las buenas prácticas y las enseñanzas obtenidas, así como identificar posibles elementos adicionales con miras a recomendar medios de mejorar y reforzar la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y d) formulación de recomendaciones sobre, entre otras cosas, medidas judiciales y no judiciales al elaborar y aplicar estrategias, políticas y medidas para hacer frente a las violaciones manifiestas de los derechos humanos y a las violaciones graves del derecho internacional humanitario.

De manera particularmente relevante se señala que parte del mandato de la nueva relatoría será la realización de “un estudio sobre los medios de abordar las cuestiones inherentes al mandato” que retome información de distintas fuentes. Se aclara que la relatoría deberá “trabajar en estrecha coordinación, evitando las duplicaciones innecesarias, con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, con otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y con otros actores pertinentes”.

“Sin lugar a dudas, esta decisión contribuye a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de millones de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y sobrevivientes en el mundo entero”, sostuvo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del CEJIL.

Krsticevic agregó que, dada la dimensión del problema, es muy importante para la legitimidad y la eficacia del mecanismo que la resolución de creación haya tenido un amplio respaldo.

“Esperamos que el trabajo de la nueva relatoría permita dar un salto cualitativo en el abordaje de esta temática en varios países de América Latina –como Brasil, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia y México, entre otras naciones– que aún precisan avanzar significativamente en la garantía de estos derechos fundamentales y en la lucha contra la impunidad”, concluyó.

Colombia no debe retroceder en su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación frente a graves violaciones a los derechos humanos

Washington D.C, 15 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

Jue, 15/09/2011

Washington D.C, 15 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), y el Latin America Working Group (LAWG) manifestamos nuestra más profunda preocupación por las declaraciones formuladas por el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el comandante de las Fuerzas Armadas, General Alejandro Navas, y el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, en el sentido de otorgar amnistías y otras medidas que eximirían de responsabilidad a militares involucrados en graves violaciones a los derechos humanos así como por su apoyo a la reinstauración de una jurisdicción militar para investigar este tipo de crímenes.

La semana pasada, el ex presidente Uribe señaló que el Congreso y el Gobierno deberían pensar en una reforma a la Constitución que permitiera la excarcelación a los militares que participaron en los eventos de la retoma del Palacio de Justicia en 1985 y en segundo lugar “como un gesto de confianza, crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas”[1].

Por su parte, el recién designado Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, propuso reactivar el fuero militar para que soldados y oficiales sean procesados prioritariamente por la justicia castrense[2]. Asimismo, el nuevo comandante de las Fuerzas Armadas, el General Alejandro Navas, manifestó el pasado 13 de septiembre que creía en la necesidad de revisar el sistema de justicia militar y estudiar los mecanismos por los cuales se juzgan las actuaciones militares. En particular se refirió al caso del Palacio de Justicia y añadió que el Coronel(r) Plazas Vega es un “héroe nacional” y que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas[3].

CEJIL, WOLA y LAWG instan al Presidente Santos a enviar un mensaje contundente acorde con sus obligaciones internacionales a favor del respeto de los derechos humanos que excluye la utilización de la jurisdicción militar como fuero adecuado para tratar graves violaciones a los derechos humanos, así como la utilización de medidas veladas o explícitas que permitan que aquellas permanezcan impunes.

Lisa Haugaard, Directora de LAWG, señaló que “de conformidad con el derecho internacional no es posible dictar leyes de amnistía o cualquier otra medida que elimine la responsabilidad o pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. En los últimos años hemos visto algunos avances, si bien tentativos, de garantizar justicia en las cortes civiles por graves violaciones a los derechos humanos por miembros del ejército. En lugar de regresar a las prácticas del pasado que han llevado a la impunidad, el progreso logrado para alcanzar la justicia en las cortes civiles debe ser fortalecido”.

Sobre Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido varias sentencias en los casos de las masacres de Mapiripán (2005), Pueblo Bello (2006) y La Rochela (2007), en los que decretó la inadmisibilidad de medidas que impidan la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos; entre ellas, la Corte IDH excluye el uso del fuero militar en la investigación de este tipo de violaciones.

Por su parte, la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, señaló que “las obligaciones en derechos humanos asumidas por Colombia tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA objetan el uso de amnistías, indultos y otras eximentes de responsabilidad que impidan la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos, aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. Quizás sea necesario recordar que la Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia, Gelman v. Uruguay, entre otras”.

Krsticevic añadió que “las declaraciones de los altos funcionarios de Ejecutivo que contradicen los compromisos asumidos en la Ley de Víctimas y los tratados de derechos humanos deberían ser rechazadas con vehemencia por el Señor Presidente para demostrar su apego a la constitución y al Estado de derecho”.

Gimena Sánchez, titular de Programa para Colombia de WOLA, expresó que “pronunciamientos como estos, provenientes de miembros del Poder Ejecutivo, no hacen otra cosa que minar la independencia del poder judicial en ese país”. Estos pronunciamientos han tomado mayor fuerza ahora que existen un elevado número de juicios contra miembros del ejército por violaciones a derechos humanos, y muy particularmente cuando en los próximos días podría dictarse la sentencia de apelación por parte del Tribunal Supremo de Bogotá en el caso del Coronel en retiro Plazas Vega que objetó su condena a 30 años de cárcel por su responsabilidad en las personas desaparecidas en el caso de la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

Por todo esto, CEJIL, WOLA y LAWG hacemos un llamado al Presidente Santos a que se deslinde de cualquier declaración e intención de su gobierno de apoyar iniciativas de esta naturaleza; y al Poder Legislativo a que no dé pasos en falso a través de la emisión de leyes que coloquen a Colombia al margen de sus obligaciones internacionales en derechos humanos.

Para más información:

Milli Legrain

CEJIL

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

Lisa Hauguaard

LAWG

lisah@lawg.org

(202) 546-7010

Gimena Sánchez

WOLA

GSanchez@wola.org