Brasil

CEJIL lamenta retirada de candidato brasileño a las elecciones de la Comisión Interamericana

El anuncio se hizo en el marco del desacuerdo sobre la hidroeléctrica de Belo Monte

Washington DC y Rio de Janeiro, 14 de abril de 2011.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta el anuncio por parte del gobierno de Brasil de la retirada de Paulo de Tarso Vannuchi como candidato a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las elecciones de miembros de la CIDH se celebrarán en junio de este año en San Salvador durante la Asamblea General de la OEA.

Jue, 14/04/2011

Washington DC y Rio de Janeiro, 14 de abril de 2011.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta el anuncio por parte del gobierno de Brasil de la retirada de Paulo de Tarso Vannuchi como candidato a integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las elecciones de miembros de la CIDH se celebrarán en junio de este año en San Salvador durante la Asamblea General de la OEA.
 
La retirada se hizo en el marco del desacuerdo del gobierno de Dilma Rousseff con la medida cautelar anunciada el pasado 1 de abril por la CIDH, en relación al proyecto de construcción de la planta hidroeléctrica  Belo Monte, en la cuenca del río Xingu en el estado de Pará, Amazonía. La medida cautelar fue solicitada por varias organizaciones no gubernamentales brasileñas e internacionales: Movimento Xingu Vivo Para Sempre – MXVPS, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira – COIAB, Prelazia do Xingu, Conselho Indigenista Missionário – CIMI, Sociedade Paraense de Direitos Humanos – SDDH, Justiça Global e Associação Interamericana de Defesa do Meio Ambiente.
 
La CIDH otorgó medidas de protección a favor de más de diez comunidades indígenas que habitan la zona, exigiendo en concreto que el gobierno realice un proceso de consulta con las poblaciones afectadas, que las comunidades tengan acceso a un Estudio de Impacto Social y Ambiental del proyecto y que el Estado adopte medidas para proteger la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas afectados. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por Brasil, la medida es vinculante.
 
“No estamos haciendo una valoración al candidato propuesto hasta hace poco por Brasil. Simplemente nos preocupa que las elecciones ante la Comisión Interamericana se usen como instrumento de negociación. El gesto podría ser interpretado como un intento para deslegitimar o presionar al Sistema Interamericano frente a las medidas de Belo Monte. Nos sorprende la actitud del Estado, ya que existen vías jurídicas abiertas para controvertir la decisión de la Comisión que no fueron utilizadas por el Gobierno brasilero” expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, organismo de defensa y protección de los derechos humanos, experto en el litigio ante el Sistema Interamericano.
 
El retiro de la candidatura de Vannuchi implica que a partir de 2012, Brasil no tendrá ningún/a jurista en la Comisión o Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Contacto de Prensa
Milli Legrain
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
mlegrain@cejil.org
Tel (+1) 202 319 3000

Brasil está obligado a investigar y castigar los crímenes de la dictadura militar

Sentencia de la Corte IDH:

Victimas con sus representantes el día de la audiencia ante la Corte IDH

 

Rio de Janeiro, San Pablo y Washington DC, 14 de diciembre de 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia histórica que fue notificada hoy, estableció la responsabilidad internacional de Brasil por la desaparición forzada, entre los años 1972 a 1974, de por lo menos 70 campesinos y militantes de la Guerrilla de Araguaia, durante la dictadura militar brasilera. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos, el pleno cumplimiento de esta sentencia es obligatorio y vinculante para el país.

 

Mié, 15/12/2010

Rio de Janeiro, San Pablo y Washington DC, 14 de diciembre de 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en una sentencia histórica que fue notificada hoy, estableció la responsabilidad internacional de Brasil por la desaparición forzada, entre los años 1972 a 1974, de por lo menos 70 campesinos y militantes de la Guerrilla de Araguaia, durante la dictadura militar brasilera. De acuerdo con los compromisos internacionales asumidos, el pleno cumplimiento de esta sentencia es obligatorio y vinculante para el país.
 
Esta es la primera sentencia contra Brasil por crímenes cometidos durante la dictadura militar, que permite discutir la herencia autoritaria de la dictadura y contribuye para el establecimiento de una cultura del “Nunca Más” en el país.
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Grupo Tortura Nunca Mais de Rio de Janeiro (GTNM-RJ)  y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de San Pablo (CFMDP-SP) actúan, desde 1995, en representación de las víctimas y sus familiares en la causa internacional abierta ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
 
A lo largo del proceso probaron cabalmente la responsabilidad internacional de Brasil por la desaparición forzada de las víctimas, por la total impunidad en relación con estos crímenes y por la ausencia de procedimientos eficaces para el establecimiento de la verdad en el país. En este sentido, solicitaron diversas medidas de reparación, que incluían desde el concepto de reparación integral a las víctimas y sus familiares, hasta medidas más amplias, especialmente sobre el derecho a la verdad y la justicia, en relación con la sociedad brasilera en su totalidad. Los hechos, las violaciones y las reparaciones más destacadas que establece la sentencia son las siguientes:
 
La Corte Interamericana determinó que las víctimas del caso fueron desaparecidas por agentes del Estado. La Sentencia establece que Brasil violó el derecho a la justicia en lo que se relaciona con la obligación internacional de investigar, procesar y sancionar a los responsables de las desapariciones forzadas en virtud de una interpretación que hizo prevalecer la Ley de Amnistía brasilera, lo que permitió la total impunidad de estos crímenes por más de 30 años.
 
La Corte determinó que ésta interpretación de la Ley de Amnistía, reafirmada recientemente por el Supremo Tribunal Federal, es contraria al derecho internacional. En palabras de la Corte: “Las (aquellas) disposiciones de la Ley de Amnistía brasilera que impiden la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos son incompatibles con la Convención Americana, carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de hechos como los del presente caso (Araguaia)”.
 
De este modo, la Corte requirió al Estado que remueva los obstáculos prácticos y jurídicos para la investigación de los crímenes, el esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de responsabilidad de los involucrados. El Tribunal también reafirmó el alcance general de su decisión exigiendo que las disposiciones de la Ley de Amnistía, que impiden las investigaciones penales, no puedan representar un obstáculo respecto de otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.
 
En relación con la ausencia de información oficial, la Corte avanzó sustantivamente los estándares exigidos para la protección del derecho de acceso a la información, incluyendo el principio de la máxima divulgación y la necesidad de justificar cualquier negativa a prestar información. La Corte también afirmó que es esencial que Brasil adopte las medidas necesarias para adecuar su legislación sobre acceso a la información a lo establecido en la Convención Americana.
 
Finalmente, en lo que se refiere a la negativa del Estado, por más de 3 décadas, a garantizar el derecho a la verdad de los familiares de los desaparecidos, la Corte Interamericana determinó que, en virtud del sufrimiento que les ha causado, el Estado brasilero es responsable por su tortura psicológica y, entre otras cosas, determinó como medidas de reparación: la obligación de investigar los hechos, la obligación de realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad, el desarrollo de iniciativas de búsqueda y la continuidad de la localización de los restos mortales de los desaparecidos y la sistematización y la publicación de toda la información sobre la Guerrilla de Araguaia y las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en Brasil.
 
Por tanto, la sentencia de la Corte IDH en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilla de Araguaia) es paradigmática porque permitirá la reconstrucción de la memoria histórica para las generaciones futuras, el conocimiento de la verdad y, principalmente, la construcción, en el ámbito de la justicia, de nuevos parámetros y prácticas democráticas.
 
Según Vitória Grabois, familiar y vice-presidenta del Grupo Tortura Nunca Mais/RJ: “La falta de información por más de 30 años causó a los familiares de los guerrilleros de Araguaia, angustia, sufrimiento y desconfianza en las instituciones brasileras. La sentencia de la Corte renueva nuestra esperanza en la justicia”.
 
En palabras de Beatriz Affonso, Directora del Programa de CEJIL para Brasil: “Esperamos que la administración de Dilma Roussef demuestre que los gobiernos democráticos no pueden cerrar los ojos a los crímenes del pasado y que están dispuestos a empeñarse en saldar la deuda histórica del país. El Poder Judicial, que es parte del Estado brasilero, debe cumplir la decisión promoviendo la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura. Toda la ciudadanía brasilera debe tener la certeza de que hoy, en democracia, a todos les llega la justicia; inclusive a aquellos agentes públicos y privados, civiles y militares involucrados en nombre de la represión en crímenes contra los ciudadanos”.
 
Según Crimeia Schmidt de Almeida, familiar y Presidenta de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos de San Pablo: “Esta sentencia puede significar un paso importante en la verdadera redemocratización del país, eliminando la herencia de la dictadura que todavía persiste en las prácticas de los agentes públicos. Como familiar espero que pueda significar un punto final a tantas incertidumbres que hace casi 40 años marcan con angustia nuestras vidas”.
 
En ese sentido, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL dijo: “América Latina ha avanzado significativamente en la resolución de los crímenes contra la humanidad cometidos por gobiernos dictatoriales. Brasil, sin embargo, todavía está en deuda con los familiares y la sociedad en el establecimiento de la verdad y la justicia relacionada con este tópico. Esta sentencia representa una oportunidad única para que Brasil demuestre que es capaz de ejercer un liderazgo tanto en el ámbito internacional como nacional en los temas de derechos humanos y democracia. Para eso, Brasil debe dejar sin efecto los aspectos de la ley de amnistía que impiden que se haga justicia frente a crímenes contra la humanidad”.
 
La sentencia está disponible en el site de la Corte Interamericana http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_esp.pdf
 
Para más informaciones
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Beatriz Affonso: + 55 21 2533-1660 o 7843-7285
Viviana Krsticevic: + 1 202 3193000 o celular 1 202 6510706
Milli Legrain : + 1 202 319 3000
Grupo Tortura Nunca Mais  de Rio de Janeiro: + 55 21 22868762 o 21 81035657
Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos de San Pablo: + 55 11 3101-5549
 
 
 
 

Comisión Interamericana admite Caso Herzog y abre el análisis sobre la responsabilidad del Estado por las violaciones denunciadas

Rio de Janeiro- 22 de enero de 2013 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) admitió oficialmente el caso Vladimir Herzog, por medio de un informe de admisibilidad aprobado a fines del año 2012.

La decisión del órgano de la OEA establece que no existen impedimentos formales para avanzar en el trámite de la denuncia y abre una  nueva etapa en la que se analiza el fondo del caso con la finalidad de decidir sobre la responsabilidad internacional del Estado brasileño por la tortura y muerte del periodista, así como la denegación de justicia ante los graves crímenes cometidos.

 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2013 - A Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA)
admitiu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, por meio de um relatório de
admissibilidade aprovado no final do ano de 2012
Mar, 22/01/2013

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2013 - A Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA)
admitiu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, por meio de um relatório de
admissibilidade aprovado no final do ano de 2012.
A decisão do órgão da OEA estabelece que não há empecilhos formais
ao prosseguimento da denúncia e dá início a uma nova fase na qual
são analisadas as questões de fundo do caso, a fim de decidir quanto à
responsabilidade internacional do Estado brasileiro pela tortura e morte do
jornalista, bem como pela denegação de justiça em relação aos graves crimes
cometidos.
O caso de Vladimir Herzog foi denunciado à CIDH pelo Centro pela Justiça e
o Direito Internacional, pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos
Humanos e pelo Grupo Tortura Nunca de São Paulo, e ilustra a omissão do
Poder Judiciário brasileiro em relação ao dever de investigar, processar e
punir graves violações de direitos humanos. Apesar das tentativas em âmbito
interno, nenhum dos envolvidos jamais foi responsabilizado penalmente pela
tortura e morte de Herzog.
Nesse sentido, a decisão de admitir o caso segue a jurisprudência firme
do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no sentido de que “são
inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e
o estabelecimento de excludentes de responsabilidade” que pretendam
obstaculizar a investigação e o julgamento dos perpetradores de graves
violações.
É uma mensagem clara de que os casos sobre a dívida histórica do país
não podem seguir impunes, e continuarão a ser analisados pelos órgãos do
Sistema Interamericano, tendo em vista que os compromissos internacionais
assumidos livremente e de boa-fé pelo Brasil determinam que se faça a justiça
em relação a estes crimes.
A expectativa é de que os membros do Judiciário se antecipem e atuem em
conformidade com tais obrigações internacionais. É preciso avançar e adequar
as decisões judiciais internas aos parâmetros da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, a fim de que disposições como a Lei de Anistia brasileira
não mais sejam interpretadas de modo a impedir que sejam investigados,
processados e punidos os responsáveis pelos crimes contra a humanidade
cometidos durante a ditadura militar.
A íntegra do relatório de admissibilidade da CIDH está disponível aqui.
O Caso Vladimir Herzog
Conforme a denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o
jornalista Vladimir Herzog foi executado após ter sido arbitrariamente detido por
agentes do DOI/CODI de São Paulo em outubro de 1975. A morte de Herzog
foi apresentada à família e à sociedade como um suicídio em 25 de outubro
daquele ano.
A investigação foi realizada por meio de inquérito militar, que concluiu pela
ocorrência de suicídio. Seus familiares propuseram em 1976 uma ação civil
declaratória que desconstituiu essa versão. Em 1992, o Ministério Público do
Estado de São Paulo requisitou a abertura de inquérito policial para apurar as
circunstâncias da morte do jornalista, mas o Tribunal de Justiça considerou
que a Lei de Anistia era um óbice para a realização das investigações.
No ano de 2008, com base em fatos novos, houve uma nova tentativa do
Ministério Público para iniciar o processo penal contra os perpetradores, mas
o procedimento foi novamente arquivado, dessa vez com base no argumento
de que os crimes estariam prescritos. O caso foi então levado ao Sistema
Interamericano de Direitos Humanos da OEA.

 

Rio de Janeiro- 22 de enero de 2013 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) admitió oficialmente el caso Vladimir Herzog, por medio de un informe de admisibilidad aprobado a fines del año 2012.

La decisión del órgano de la OEA establece que no existen impedimentos formales para avanzar en el trámite de la denuncia y abre una  nueva etapa en laque se analiza el fondo del caso con la finalidad de decidir sobre la responsabilidad internacional del Estado brasileño por la tortura y muerte del periodista, así como la denegación de justicia ante los graves crímenes cometidos.

El caso de Vladimir Herzog fue denunciado ante la CIDH por el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional,  la Fundación Interamericana de Defensa de los Derechos Humanos y el Grupo Tortura Nunca de Sao Paulo e ilustra  la omisión del Poder Judicial brasileño en relación a su deber de investigar, procesar y castigar graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de los intentos en el ámbito interno, ninguno de los involucrados fue jamás responsabilizado penalmente por la tortura y muerte de Herzog.

En este sentido, la decisión de admitir el caso sigue la jurisprudencia firme del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el sentido de que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía,  prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad” que pretendan obstaculizar la investigación y enjuiciamiento de los perpetradores de graves violaciones.

Es un mensaje claro de que los casos sobre la deuda histórica del país no pueden seguir impunes e continuarán siendo analizados por los órganos del Sistema Interamericano, esperando que los compromisos internacionales asumidos libremente y de buena fe por Brasil determinen que se haga justicia en relación a estos crímenes.

La expectativa es que los integrantes del Poder Judicial se anticipen y actúen de conformidad con tales obligaciones internacionales. Es necesario que avanzar y adecuar las decisiones judiciales internas a los parámetros de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para que disposiciones, como la Ley de Amnistía brasileña, no continúen siendo interpretadas de tal modo que impida que los responsables por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar sean investigados, procesados y castigados.

El Informe de admisibilidad de la CIDH está disponible aquí

 

El caso Vladimir Herzog

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el periodista Vladimir Herzog fue ejecutado tras haber sido arbitrariamente detenido por agentes del Destacamento de Operaciones de Informaciones/ Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI/CODI) de San Pablo en Octubre de 1975. La muerte de Herzog fue explicada  a la familia y a  la sociedad como un suicidio el 25 de octubre de ese año.

La investigación fue realizada mediante sumario militar , el que concluyó aceptando la hipótesis de  suicidio. En 1976, sus familiares presentaron una acción civil declaratoria que desmintió esa versión. En 1992, el Ministerio Público del Estado de San Pablo solicitó la apertura de  investigaciones policiales para conocer  las circunstancias de la muerte del periodista, sin embargo el Tribunal de Justicia consideró que la Ley de Amnistía era un impedimento para la realización de las mismas. En el año 2008, y con base en nuevos datos, hubo otro  intento del Ministerio Público para abrir un proceso penal contra los perpetradores, pero el procedimiento fue nuevamente archivado, en esta ocasión, con el argumento de que los crímenes estarían previamente prescriptos. El caso fue entonces llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la OEA.

 

El Comunicado en Portugués está disponible aquí

Entrevista de Viviana Krsticevic con TV Brasil

 

Se inicia proceso de búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura brasileña

Corte Federal admite denuncias criminales contra militares

Río de Janeiro y Washington DC, 4 de septiembre de 2012- El Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su satisfacción por la apertura de dos procesos penales para investigar y procesar a Sebastião Curió Rodrigues de Moura y Lício Augusto Maciel por su participación, respectivamente, en la desaparición forzada de María Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Telma Regina Cordeiro Corrêa, y Divino Ferreira de Souza,  integrantes de la Guerrilla de Araguaia, que siguen sin esclarecerse hasta el día de hoy. Finalmente, el 29 de agosto de 2012, la jueza federal Nair Pimenta de Castro del Segundo Juzgado Federal de la subdirección de Marabá, en el estado de Pará, Brasil, inició los procesos legales al admitir las denuncias criminales presentadas por la Fiscalía (Ministerio Público Federal).

Mié, 05/09/2012

Río de Janeiro y Washington DC, 4 de septiembre de 2012- El Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su satisfacción por la apertura de dos procesos penales para investigar y procesar a Sebastião Curió Rodrigues de Moura y Lício Augusto Maciel por su participación, respectivamente, en la desaparición forzada de María Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Telma Regina Cordeiro Corrêa, y Divino Ferreira de Souza,  integrantes de la Guerrilla de Araguaia, que siguen sin esclarecerse hasta el día de hoy. Finalmente, el 29 de agosto de 2012, la jueza federal Nair Pimenta de Castro del Segundo Juzgado Federal de la subdirección de Marabá, en el estado de Pará, Brasil, inició los procesos legales al admitir las denuncias criminales presentadas por la Fiscalía (Ministerio Público Federal).

Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gomes Lund y otros v. Brasil 2010, cuando el Tribunal ordenó que Brasil investigara y procesara a los responsables de los crímenes cometidos en Araguaia. Desde 1995, las víctimas y sus familiares han sido representadas en el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Grupo Tortura Nunca Más-RJ, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y CEJIL.

Antes de la condena internacional, familiares de los desaparecidos políticos de Araguaia ya habían enviado solicitudes a la Fiscalía para que los crímenes fuesen investigados.

En marzo de 2012, la Fiscalía interpuso la denuncia contra Sebastião Curió y en julio de 2012 contra Lício Maciel. La reciente decisión de la jueza federal Nair Pimenta de Castro crea un marco propicio para la realización de la justicia en el país.

“Este es un paso decisivo para Brasil, ya que es la primera vez que se inicia un proceso para responsabilizar penalmente a agentes del Estado por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. La admisión de las denuncias penales coloca a Brasil en sintonía con otros países de la región que iniciaron procesos de búsqueda de la verdad y justicia”, afirmó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Para Aldo y Sabrina Creder Corrêa, familiares de María Célia y de Elmo Corrêa, también desaparecido político en Araguaia, la decisión es, por primera vez, una luz sobre los Años de Plomo: “después de tantos años de espera, de sufrimiento y de incertidumbre, una victoria- aunque parcial- que nos da a nosotros, los familiares, alguna esperanza de conocer la verdad y de alcanzar la justicia. Felicitamos, otra vez,  a la Fiscalía y el valor de la Dra. Nair que, con esa decisión plasmó su nombre en la historia de Brasil. Esperamos que este valor tenga repercusiones y no se desvanezca en las instancias superiores”. Aldo Corrêa agregó: “Nuestra esperanza no para, y la lucha y búsqueda por la verdad no pueden cesar. Mis padres no vivieron para ver ese momento, pero lo que me trae consuelo es el legado que permanece para mis hijas y nietos y las generaciones que están por venir. La justicia debe de prevalecer y la verdad salir a la luz. Los verdugos de mi hermana tienen que ser castigados y tenemos que saber dónde está.”

Las hermanas de Daniel Callado también ya esperan que otras instancias judiciales sigan el ejemplo de la jueza y de los procuradores de la Fiscalía: “Mi hermana y yo nos agitamos mucho cada vez que se publica una noticia sobre los desaparecidos políticos. La admisión de la denuncia por la  desaparición forzada de nuestro hermano (Daniel Callado) por la jueza de Marabá, Dra. Nair Pimenta de Castro, nos trae esperanza. Desgraciadamente nuestros papás no pudieron vivir este momento.” Las hermanas agregan: “Esperamos que otras instancias judiciales sigan el ejemplo de la jueza. Continuaremos luchando para que la verdad de lo que le ocurrió a Daniel sea esclarecida por la justicia.”

Terezinha Souza Amorim, hermana de Divino Ferreira de Souza, declaró: “me da esperanza la valentía de la jueza federal Maraba Nair Cristina  al haber aceptado la denuncia contra el mayor Lício Maciel y el coronel Curió por la desaparición forzada de los jóvenes que combatieron en la Guerrilla de Araguaia en el periodo de la dictadura militar.” Terezinha agregó: “lamento que mi madre ya no viva, ella falleció en el 2004, después de luchar incansablemente para encontrar a su hijo. Sin embargo, ella no verá el desenlace. Son más de 40 años de búsqueda y sufrimiento y los verdugos continúan llevando una vida normal, y peor aún, se dicen héroes. Espero que a partir de ahora prevalezca la verdad y la justica!”

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Denúncias criminais aceitas pela Justiça Federal contra militares inicia o processo para a realização da justiça pelos crimes da ditadura no Brasil

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2012 – O Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) expressam satisfação pela abertura de dois processos criminais para investigar e processar Sebastião Curió Rodrigues de Moura e Lício Augusto Maciel pelo envolvimento no desaparecimento forçado de Maria Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, e Telma Regina Cordeiro Corrêa, e de Divino Ferreira de Souza, respectivamente, integrantes da Guerrilha do Araguaia, que segue sem esclarecimento até os dias de hoje. As ações foram finalmente iniciadas em 29 de agosto de 2012 pela a juíza federal Nair Pimenta de Castro, da 2ª Vara Federal da Subseção de Marabá, que aceitou as denúncias criminais apresentadas pelo Ministério Público Federal.

Lean el comunicado en español

Mar, 04/09/2012

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 2012 – O Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) expressam satisfação pela abertura de dois processos criminais para investigar e processar Sebastião Curió Rodrigues de Moura e Lício Augusto Maciel pelo envolvimento no desaparecimento forçado de Maria Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, e Telma Regina Cordeiro Corrêa, e de Divino Ferreira de Souza, respectivamente, integrantes da Guerrilha do Araguaia, que segue sem esclarecimento até os dias de hoje. As ações foram finalmente iniciadas em 29 de agosto de 2012 pela a juíza federal Nair Pimenta de Castro, da 2ª Vara Federal da Subseção de Marabá, que aceitou as denúncias criminais apresentadas pelo Ministério Público Federal.

O Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros v. Brasil em 2010, quando o Tribunal ordenou que o Brasil investigasse e processasse os responsáveis pelos crimes cometidos no Araguaia. Desde 1995, as vítimas e seus familiares vinham sendo representados no caso ante do Sistema Interamericano pelo Grupo Tortura Nunca Mais-RJ, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, CEJIL.

Mesmo antes da condenação internacional, familiares dos desaparecidos políticos do Araguaia já vinham encaminhando solicitações ao Ministério Público Federal para que os crimes fossem investigados.

Em março de 2012, o Ministério Público Federal ofereceu a denúncia contra Sebastião Curió, e logo em julho de 2012, contra Lício Maciel. A recente decisão da juíza federal Nair Pimenta de Castro concretiza um marco histórico pela realização de justiça no país.

Este é um passo decisivo para o Brasil, pois é a primeira vez que um processo é iniciado buscando a responsabilização criminal de agentes do Estado pelas violações de direitos humanos, cometidas durante a ditadura militar. O recebimento das denúncias criminais coloca o Brasil em sintonia com outros países da região que iniciaram processos de busca pela verdade e a justiça”, afirmou a Diretora Executiva do CEJIL, Viviana Krsticevic.

Para Aldo e Sabrina Creder Corrêa, familiares de Maria Célia e de Elmo Corrêa, também desaparecido político no Araguaia, a decisão é, pela primeira vez, uma luz sobre os anos de chumbo: “depois de tantos anos de espera, de sofrimento e de incerteza, uma vitória ainda que parcial – que dá a nós, familiares, alguma esperança de conhecer a verdade e de alcançar a justiça. Damos os parabéns, mais uma vez, ao MPF e à coragem da Dra. Nair que, com essa decisão, colocou o seu nome na história deste país. Esperamos que esta coragem reverbere e não esmoreça nas instâncias superiores”. Aldo Corrêa acrescenta: “Nossa esperança não para, e a luta e busca pela verdade não podem cessar. Meus pais não viveram para ver esse momento, mas o que me traz conforto é o legado que fica para minhas filhas e netos e as gerações que estão por vir. A justiça tem que prevalecer e a verdade tem que vir à tona. Os algozes de minha irmã têm que ser punidos e precisamos saber onde ela está”.

Já as irmãs de Daniel Callado também esperam que outras instâncias judiciais sigam o exemplo da juíza e dos Procuradores do MPF: “Eu e minha irmã ficamos muito abaladas a cada vez que é divulgada alguma notícia sobre os desaparecidos políticos. Agora o recebimento da denúncia do desaparecimento forçado de nosso irmão (Daniel Callado), pela Juíza de Marabá, Dra. Nair Pimenta de Castro, nos trouxe esperança. Infelizmente meus pais não puderam vivenciar esse momento.” As irmãs ainda agregaram: Esperamos que outras instâncias judiciais sigam o exemplo da juíza. Essas ações surgiram a partir das nossas representações enviadas ao MPF. Continuaremos lutando para que a verdade do que ocorreu ao Daniel seja esclarecida na justiça.”

A familiar Terezinha Souza Amorim, irmã de Divino Ferreira de Souza, declarou: “fico esperançosa diante da atitude da corajosa Juiza Federal de Maraba Nair Cristina, acatando denuncia contra o Major Lício Maciel e o Coronel Curió dos desaparecimentos dos jovens combatentes na Guerrilha do Araguaia no período da Ditadura Militar.” Terezinha também acrescentou: “Lamento que minha mãe não vive mais, ela faleceu em 2004, após lutar incansavelmente para encontrar seu filho. Ela, no entanto, não verá esse desfecho. São mais de 40 anos de busca, sofrimento e os algozes continuam levando vida normal, e o pior, se dizem heróis. Espero que a partir de agora prevaleça a verdade e a justiça!”.

Lean el comunicado en español

 

Contato no Brasil:

Beatriz Affonso

Tel: 55 (21) 2533-1660

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Retiro de Venezuela de la Corte IDH debilitaría la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos/as

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en Las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sobre el retiro definitivo del Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una medida de este tipo tendría graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho órgano de protección del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

Mar, 31/07/2012

31 de julio de 2012

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes declaraciones del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y del Ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, sobre el retiro definitivo del Estado venezolano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Una medida de este tipo tendría graves repercusiones sobre la protección de los derechos humanos de los/as venezolanos/as, quienes no podrían acudir a dicho órgano de protección del Sistema Interamericano para alcanzar justicia cuando sus derechos no hayan sido debidamente protegidos en su país.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Comisión Interamericana, son órganos autónomos e independientes, que en el ejercicio de sus funciones han contribuido a la construcción de estándares más garantistas de los derechos humanos en nuestra región. Estos órganos han sido instrumentales en la protección de los derechos de miles de víctimas y ciudadanos/as de nuestro continente.

Desde su creación ambos órganos del Sistema han analizado situaciones de graves violaciones a los derechos humanos aportando de forma significativa a la consolidación de instituciones democráticas, la adopción de legislación más igualitaria y garantista, así como a la lucha contra la impunidad. Cabe destacar la labor enfocada en la debida protección de personas o grupos en situación de vulnerabilidad, la lucha por la erradicación de la violencia de género y la discriminación por orientación sexual, la protección de los derechos de los pueblos indígenas,  la prohibición de la tortura así como de prácticas de desaparición forzada. Asimismo, ambos órganos han hecho una importante contribución para la promoción, desarrollo y una mejor garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.

Las organizaciones de la sociedad civil firmantes consideramos que la existencia del Sistema Interamericano en nuestra región cumple un papel esencial y que el posible retiro de Venezuela socavaría  la protección de los derechos humanos en el país al eliminar un último recurso de justicia frente a  las violaciones de los derechos humanos. El anunciado retiro de la Corte Interamericana está precedido por un  incumplimiento de las sentencias y medidas de protección emitidas por dicho órgano. Las organizaciones firmantes instamos al gobierno venezolano a ratificar su compromiso con la protección de los derechos humanos a través de un efectivo cumplimiento de los fallos emitidos por la Corte Interamericana y a reconsiderar su denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, queremos reiterar nuestra preocupación a los Estados de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el riesgo que el retiro de Venezuela de uno de los órganos del Sistema Interamericano representaría para la región, todos/as los/as venezolanos/as y sobre todo para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en ese país. Por ello, hacemos un llamado a los Estados parte de la OEA a reafirmar su compromiso con la universalidad del Sistema Interamericano mediante la realización de todas las acciones necesarias para que el Estado venezolano reconsidere su decisión de retirarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Firmantes:

 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional (AI)

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Peace Brigades International (PBI)

 

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Abogados sin fronteras Canadá

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

POR PAIS


Argentina:

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)

Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

 

Bolivia:

Oficina Jurídica Para la Mujer

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer  (CLADEM ) – Bolivia

 

Brasil:

Conectas Direitos Humanos

 

Chile:

Corporación Humanas - Chile

 

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – Reiniciar

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)

 

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI Costa Rica

 

Ecuador:

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo .J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

 

Estados Unidos:

Washington Office on Latin America (WOLA)

 

Guatemala:

Asociación Seguridad en Democracia (SEDEM)

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

 

México:

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C. (COLEM)

 

Nicaragua:

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

 

Paraguay:

Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)

 

Perú:

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

CEDAL - Centro de Derechos y Desarrollo

Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú EQUIDAD

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

 

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

 

Venezuela:

Acción Solidaria en VIH/Sida

Civilis Derechos Humanos

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal de Venezuela

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Justicia y Pas Los Teques

Observatorio Venezonalano de Prisiones (OVP)

Oficina de Derechos Humanos de la Diócesis de Los Teques

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Transparencia – Venezuela

Una Ventana a la Libertad

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

 

 

Carta de la sociedad civil al Presidente del Consejo Permanente

Transparencia de la OEA

Distinguido Embajador Pary Rodríguez:

 

Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.

Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas", disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.

 


Sáb, 23/06/2012

11 de julio de 2012
 
Su excelencia
Embajador Diego Pary Rodríguez
Presidente del Consejo Permanente
Organización de los Estados Americanos
 
 
Ref.: Participación de la sociedad civil en el proceso de discusión
relacionado con la Resolución AG/RES.2761


Distinguido Embajador Pary Rodríguez:
 
Las organizaciones firmantes, nos dirigimos a usted con el fin de expresar nuestra preocupación sobre la falta de participación de la sociedad civil en el proceso de referencia, el cual consideramos de la más alta trascendencia.
Como es de su conocimiento, durante la Asamblea General de la OEA que tuvo lugar el pasado mes de junio en Cochabamba, Bolivia, los Estados de la región aprobaron la Resolución AG/RES.2761 por la cual dispusieron acoger el Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, encargaron al Consejo Permanente que, sobre la base del mismo, "formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas"[1], disponiendo además la puesta a consideración de las mismas en una próxima Asamblea General Extraordinaria a ser concretada a más tardar en el primer trimestre del año 2013.
En consonancia con el referido mandato, el Consejo Permanente incluyó este tema en su reunión ordinaria de fecha 28 de junio anterior disponiendo el inicio formal del proceso. Algunos días después, la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, a través de su Departamento de Asuntos Internacionales, hizo pública tal decisión informando a la sociedad civil que sobre el tema "el Consejo Permanente realizará próximamente reuniones informales con el fin de definir la metodología, el plan de trabajo, la agenda y el formato de las consultas a usar."[2]
Al respecto, las organizaciones firmantes consideramos que la forma en que se estaría resolviendo la participación de la sociedad civil en el diálogo ordenado por la Asamblea General en su Resolución, no constituye un proceso de participación real y efectiva congruente con los principios que sobre el tema ha fijado la propia OEA.
De esta manera, la OEA ha reconocido en numerosas ocasiones la importancia de la participación de las organizaciones de la sociedad civil. De hecho, la Carta Democrática Interamericana reafirma el principio de que la promoción de la participación de la sociedad civil en las actividades de la OEA fortalece la institucionalidad democrática en la región; en esa misma sintonía y en ocasión de la Quinta Cumbre de las Américas, celebrada en Puerto España, los Jefes y Jefas de Estado de la región expresaron su compromiso para incentivar una plena participación de la sociedad civil en el Sistema Interamericano (parr.94).[3]
Más recientemente, en la pasada Asamblea General, los Estados de la Región adoptaron la Resolución AG/RES. 2736 (XLII-O/12)[4], mediante la cual se comprometen a ampliar y garantizar el diálogo y la participación con la sociedad civil a través de distintos medios.
En atención a lo anterior y debido a la importancia del tema que se encuentra en discusión ante el Consejo Permanente, o sea, el fortalecimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las organizaciones abajo firmantes consideramos que el proceso debe resolverse asegurando las formas, oportunidades y espacios adecuados para que la participación de la sociedad civil sea real y efectiva y que garantice un verdadero diálogo entre todas las partes involucradas.
En tal sentido, hacemos un llamado respetuoso para que se retomen los estándares fijados por la Asamblea General en cuanto a la participación de la sociedad civil y se garantice al menos lo siguiente:

  • Discusiones transparentes tanto a nivel regional (en el seno del Consejo Permanente o en otra instancia de la OEA) como en los distintos países;
  • Se realicen procesos de consulta en los países, los cuales deben ir más allá de las capitales en países cuya extensión sea considerable y sea difícil acudir a las convocatorias realizadas por la capital;
  • Se valore la pertinencia de utilizar recursos del Fondo Específico para financiar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en las discusiones que se generen sobre el tema de fortalecimiento de la Comisión Interamericana.  Pensar e implementar metodologías innovadoras, que no pueden agotarse en intervenciones presenciales en el marco de las sesiones del Consejo Permanente, ni tampoco reducirse a la circulación formal de documentos. Herramientas como la participación a distancia en tiempo real y la transmisión en vivo por webcast de todas las discusiones son mínimos que deben asegurarse, para poder hacer contribuciones informadas en torno a los distintos temas que sean discutidos;
  • Contar con una dinámica que facilite un diálogo en el marco de las reuniones y en cada una de las instancias de debate establecidas por el Consejo Permanente y no sólo una participación escrita formal. Es claro que la participación no puede reducirse a algunos momentos, sino que debe asegurarse durante todo el proceso, lo cual no pudo ser garantizado en el proceso previo de discusión del informe del Grupo de Trabajo. En tal sentido, como bien señala el Informe del Grupo de Trabajo, la única reunión que se dio fue el 28 de octubre de 2011, en el marco del periodo de sesiones de la CIDH y la convocatoria fue hecha sólo unos días antes de la reunión. Dado que ese día la CIDH aún estaba celebrando audiencias, numerosas organizaciones y funcionarios de diferentes países no pudieron participar en el llamado diálogo[5].

Con base en lo expuesto, consideramos sustancial que, como mínimo y previo a cualquier discusión sustantiva sobre el tema, durante la siguiente sesión del Consejo Permanente, se pueda trabajar una metodología en la que se establezcan formas de divulgar la información, una enunciación de los diferentes actores involucrados en la discusión del fortalecimiento de la Comisión Interamericana, la identificación de los espacios de participación real, así como un calendario de las reuniones y eventos que se llevarán a cabo tanto en Washington como en los distintos países durante los próximos meses.
Deseamos insistir en la necesidad de que se generen las oportunidades de participar efectivamente en cada uno de los puntos de discusión y en cada una de las reuniones que se hagan en relación con este tema que nos ocupa y que atañe a la vigencia del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.
Las organizaciones firmantes respetuosamente solicitamos a los Estados ser escuchadas y tenidas en cuenta en nuestras opiniones y aportes al tiempo no solo de discutir las recomendaciones incluidas en el Informe del Grupo de Trabajo, sino también en oportunidad de resolver las cuestiones metodológicas y de agenda.
Agradecemos de antemano la atención a la presente, y quedamos a la espera de una respuesta de su parte.
 
c.c.p. José Miguel Insulza. Secretario General de la OEA. Para su conocimiento.
c.c.p. José de Jesús Orozco, Presidente, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para su conocimiento
Organizaciones Firmantes:
Regionales
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Campaña por una Convención Interamericana por los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Coalición LGBTTTI Trabajando en la OEA
Comité de América Latina y el Caribe por la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Confluencia Feminista Mesoamericana Las Petateras
International Pregnancy Advisory Services (Servicios Internacionales de Asesoría sobre el Embarazo) IPAS – Centroamérica
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red latinoamericana y caribeña por la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (Redlamyc)
Servicio Paz y Justicia en América Latina (SERPAJ – AL)
 
Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer
 
Brasil
Grupo Tortura Nunca Mais - Rio de Janeiro
ISER- Instituto de Estudos da Religião

Chile
Corporación Humanas
 
Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)
Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos REINICIAR
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Peace Brigades International - Colombia Project
 
Costa Rica
Alianza por tus Derechos
 
Ecuador
Accion Ecológica
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S. J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Pachamama

El Salvador
Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (PROBUSQUEDA)
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola de Herrera" (CEMUJER)
Organización de Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA)
 
Estados Unidos
Human Rights Clinic, University of Texas
US Office on Colombia
Washington Office on Latin America (WOLA)

Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud en Guatemala (90 organizaciones)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
 
Honduras
Asociación Cooperación Técnica Nacional (CTN)
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación LGTB Arco Iris
Asociación para una vida mejor de personas infectadas/afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH)
Casa Alianza
Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH)
Centro para la prevención, tratamiento y rehabilitación de las víctimas de tortura y sus familiares (CPTRT)
Coalición Nacional de Mujeres de Honduras (CONAMUH)
Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH)
Comité por la Libre Expresión  (C-LIBRE), Honduras
Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)
Foro de Mujeres por la Vida
Foro Nacional para las Migraciones de Honduras (FONAMIH)
Gran Alianza por OMOA
Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla
Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
 
México
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, A.C. (ACCUDEH)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C. (Tlachinollan)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A. C.  (CEDHEM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Prodh)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C.
i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. (IDHEAS)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" integrada por 71 organizaciones en 21 estados de la República mexicana.
Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos (SLIEJ)
 
Nicaragua
Casa Alianza
Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI)
Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (SISAS)
Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO)
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)
Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH)
FIBRAS/Movimiento por Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento contra el abuso sexual
Movimiento Feminista de Nicaragua
Oficina de asistencia técnica para el desarrollo y la equidad (CIFEM), Nicaragua
Red de Mujeres contra la Violencia

Panamá
Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá
Centro de Asistencia Legal Popular (CEALP)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Instituto de Derecho Agrario, Ambiental e Indígena
 
Paraguay
BASE Investigaciones Sociales,
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)
 
Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh)
CEDAL-Centro de Derechos y Desarrollo
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
 
Uruguay
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
 
Venezuela
Acción Solidaria en VIH/Sida
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Civilis Derechos Humanos
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Car

[1] AG/RES. 2761 (XLII-O/12), Seguimiento de la Recomendaciones del “Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión Sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, aprobada en la cuarta sesión plenaria de la Asamblea General en Bolivia celebrada el 5 de junio de 2012. En su párrafo segundo estableció “Encargar al Consejo Permanente que, sobre la base del informe, formule propuestas para su aplicación en diálogo con todas las partes involucradas”.
[2] Correo de 5 de julio de 2012, difundido por el listado de osc_registradas@lists.oas.org por la Dirección del Departamento de Asuntos Internacionales, de la Secretaría de Relaciones Externas de la OEA, titulado “OEA - Consulta - Recomendaciones sobre el Funcionamiento de la CIDH y el Fortalecimiento del SIDH | OAS - Consultation - Recomendations on the Functioning of the IACHR and the Strengthening of the IASHR”.
[3] Declaración de Puerto España, 2009, en su párrafo 94 señala “Nos comprometemos a continuar incentivando la participación de nuestros pueblos, mediante la actuación ciudadana, comunitaria y de la sociedad civil, en el diseño y ejecución de políticas y programas de desarrollo, proporcionando asistencia técnica y financiera, según corresponda, y de acuerdo con la legislación nacional, para reforzar y desarrollar su capacidad de participar de una forma más plena en el sistema interamericano”, disponible en http://www.summit-americas.org/sisca/cs_sp.html.
[4] Cfr., OEA. Aumento y fortalecimiento de la participación de la sociedad civil y los actores sociales en las actividades de la Organización de los Estados Americanos y en el Proceso de Cumbres de las Américas. AG/RES. 2736 (XLII-O/12), aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012.
[5] En tal sentido, de acuerdo con el calendario de sesiones de la CIDH, ese día se llevaron a cabo audiencias sobre Canadá, Haití, Chile, Brasil, Panamá, El Salvador, y también se celebraron audiencias regionales sobre la situación de los derechos de las personas LGBTI en las Américas; la seguridad ciudadana y derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras; la situación de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes en América Latina; la situación del derecho a la libertad sindical en las Américas; y la situación de las defensoras de derechos humanos en Mesoamérica. Para más información sobre el 143º periodo de sesiones de la CIDH, ver: http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Calendario143.pdf
 

Estado brasileiro recebe denúncia internacional do caso Vladimir Herzog

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012 – A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) abriu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, enviando ao Estado brasileiro, nesta terça-feira, dia 27 de março, a denúncia apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FIDDH), pelo Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo.

 

Este caso é mais um exemplo da omissão do Estado brasileiro na realização de justiça dos crimes da ditadura militar cometidos por agentes públicos e privados. Até o presente momento, apesar das tentativas no âmbito da justiça interna, o Estado não cumpriu com seu dever de investigar, processar, e sancionar os responsáveis pelo assassinato de Vladimir Herzog.

 

Jue, 29/03/2012

Rio de Janeiro, 28 de março de 2012 – A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) abriu oficialmente o Caso Vladimir Herzog, enviando ao Estado brasileiro, nesta terça-feira, dia 27 de março, a denúncia apresentada pelo Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), pela Fundação Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos (FIDDH), pelo Grupo Tortura Nunca Mais de São Paulo, e pelo Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de São Paulo. Estas organizações peticionárias, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog entendem que esta notificação chega em um momento fundamental ao conhecimento do Estado brasileiro, quando os órgãos competentes são chamados tomar decisões que podem assegurar a manutenção do Estado Democrático de Direito, e a garantia da consolidação da democracia no Brasil.

 

Este caso é mais um exemplo da omissão do Estado brasileiro na realização de justiça dos crimes da ditadura militar cometidos por agentes públicos e privados.

 

Até o presente momento, apesar das tentativas no âmbito da justiça interna, o Estado não cumpriu com seu dever de investigar, processar, e sancionar os responsáveis pelo assassinato de Vladimir Herzog.

 

Conforme denunciado à Comissão Interamericana, o jornalista foi executado após ter sido arbitrariamente detido por agentes do DOI/CODI de São Paulo. A morte de Herzog foi apresentada à família e à sociedade como um suicídio.

 

A investigação foi realizada por meio de Inquérito Militar, que concluiu pela ocorrência de suicídio. Seus familiares propuseram em 1976 uma ação civil declaratória na Justiça Federal que desconstituiu esta versão. Em 1992, o Ministério Público do Estado de São Paulo requisitou a abertura de inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte Vladimir Herzog, mas o Tribunal de Justiça considerou que a Lei de Anistia é um óbice para a realização das investigações. Em 2008, com base em fatos novos, foi feita outra tentativa para iniciar o processo penal contra os responsáveis pelas violações cometidas. No entanto, o procedimento foi novamente arquivado, desta vez sob o argumento de que os crimes teriam prescrito.

 

A jurisprudência da Corte Interamericana determina que “são inadmissíveis as disposições de anistia, as disposições de prescrição e o estabelecimento de excludentes de responsabilidade, que pretendam impedir a investigação e punição dos responsáveis por graves violações dos direitos humanos, como a tortura, as execuções sumárias, extrajudiciais ou arbitrárias, e os desaparecimentos forçados”.

 

A notificação de hoje é uma clara mensagem da Comissão Interamericana ao Supremo Tribunal Federal (STF) de que novos casos sobre a dívida histórica seguirão sendo analisados pelos órgãos do sistema interamericano -- Comissão e Corte Interamericanas de Direitos Humanos – na expectativa de que o Poder Judiciário se antecipe e cumpra a atribuição que lhe compete de fazer o controle de convencionalidade, adequando as decisões judiciais internas à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e consequentemente realize a justiça conforme as obrigações internacionais que o Estado brasileiro se comprometeu de boa-fé.

 

 

 

Contatos:

Programa do CEJIL para o Brasil

Beatriz Affonso

Natália Frickmann

Tel.: 55 (21) 2533-1660

brasil@cejil.org

www.cejil.org

 

 

Milli Legrain

CEJIL Washington D.C

202 319 3000 ext 15

mlegrain@cejil.org

 

 

Instituto Vladimir Herzog

Nemércio Nogueira

Tel.: 55 (11) 2894-6650.

http://www.vladimirherzog.org

Denuncia penal contra militar por desapariciones forzadas de la dictadura brasileña es un hito histórico en la búsqueda de justicia

Se inicia un proceso de búsqueda de justicia determinado por la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de la Guerrilla de Araguaia

Washington D.C y Río de Janeiro, 14 de marzo de 2012 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por la denuncia penal interpuesta por fiscales brasileños contra el militar Sebastião Curió Rodrigues de Moura por el secuestro de cinco de los desaparecidos de la Guerrilla del Araguaia. Representa un importante avance en la búsqueda de la justicia por los graves crímenes cometidos por agentes públicos y privados en nombre de la represión militar en Brasil. Estos crímenes permanecen en la impunidad desde hace más de treinta años debido a una interpretación de la ley de amnistía de 1979.

Mié, 14/03/2012

 
Washington D.C y Río de Janeiro, 14 de marzo de 2012 - El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su satisfacción por la denuncia penal interpuesta por fiscales brasileños contra el militar Sebastião Curió Rodrigues de Moura por el secuestro de cinco de los desaparecidos de la Guerrilla del Araguaia. Representa un importante avance en la búsqueda de la justicia por los graves crímenes cometidos por agentes públicos y privados en nombre de la represión militar en Brasil. Estos crímenes permanecen en la impunidad desde hace más de treinta años debido a una interpretación de la ley de amnistía de 1979.
 
La denuncia penal interpuesta hoy se da 15 meses tras la notificación de la sentencia internacional en el caso conocido como “Guerrilha do Araguaia” litigado por CEJIL, el Grupo Tortura Nunca Más-RJ y la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos. La denuncia de hoy busca obtener justicia en el caso de cinco de las víctimas directas e individualizadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificada en diciembre de 2010.
 
Cabe recordar que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Brasil por la desaparición forzada de más de 60 víctimas y por la total impunidad de estos crímenes, pidiendo que se realice la investigación penal de los hechos ocurridos para determinar las correspondientes responsabilidades y la efectiva aplicación de las sanciones previstas en Ley. Ordenó así al Estado brasileño que adecuara sus prácticas y acciones a los parámetros internacionales para garantizar la realización de la justicia y de la verdad.
 
Teniendo en cuenta esta decisión, numerosos familiares de las víctimas de Araguaia presentaron solicitudes a la Fiscalía para la investigación de los hechos y de los responsables por las desapariciones forzadas de sus parientes. Posteriormente la Fiscalía ha establecido un grupo de trabajo sobre crímenes cometidos bajo la dictadura.
 
CEJIL también felicita a los familiares de los muertos y desaparecidos políticos por entender este avance en la búsqueda por la justicia como la consecuencia de su valentía y su lucha incansable.
 
Varios países de América Latina llevan tiempo rindiendo cuentas para saldar sus deudas históricas. Ya iniciaron investigaciones, realizaron juicios y, actualmente, muchos perpetradores de crímenes acometidos en las dictaduras militares y conflictos armados fueron condenados y están respondiendo por sus acciones.
 
En el contexto de Brasil, este avance va a depender de una respuesta del Poder Judicial adecuada a los parámetros internacionales, sin imposición de trabas para la tramitación de la denuncia criminal y el acceso de los familiares de los muertos y desaparecidos políticos a la justicia.
 
Las autoridades judiciales brasileñas tienen hoy la responsabilidad de decidir el camino que Brasil adopte frente a esas violaciones graves y continuadas, considerando que la Corte determinó que las disposiciones de la Ley de Amnistía, así como las disposiciones de prescripción y el establecimiento de exclusión de responsabilidades “no pueden seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos del presente caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni pueden tener igual o similar impacto sobre otros casos de graves violaciones de derechos humanos consagrados en la Convención Americana  ocurridos en Brasil”.

En este sentido, Viviana Krsticevic Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo que “la interposición de la denuncia penal es fundamental para garantizar que no haya crímenes contra la humanidad que queden impunes bajo justificación política o jurídica alguna. Una vez que los fiscales han dado este importante paso, es la judicatura quien tiene que demostrar su valentía y su compromiso con la verdad y la justicia permitiendo que prosperen las investigaciones penales.”
 
“Es fundamental que el Estado brasileño de continuidad a ese proceso y garantice que, todos los responsables materiales e intelectuales de los graves crímenes promovidos por la dictadura militar en Brasil, sean investigados y procesados para la consolidación de la democracia en el país”, agregó Beatriz Affonso, directora para el programa del CEJIL en Brasil.
 
 
Contacto en Brasil
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Tel 1-202- 319 3000
mlegrain@cejil.org
 
 
 
 

Brasil segue sem realizar justiça e verdade

Primeiro Ano do Cumprimento da Sentença da Corte Interamericana do caso Gomes Lund e outros v. Brasil (conhecido como caso “Guerrilha do Araguaia”)

Rio de Janeiro, Brasil, 14 de dezembro de 2011. O Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM/RJ) e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos expressam sua preocupação pela falta de diligência no cumprimento integral da sentença do Caso Araguaia.
Em 14 de dezembro de 2010, Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) proferiu a sentença do caso Gomes Lund e outros v. Brasil, condenando o Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado das 70 vítimas, pela ausência de procedimentos eficientes para o estabelecimento da verdade, e pela permanência da impunidade dos crimes, passados mais de 38 anos dos fatos.

Mié, 14/12/2011

Rio de Janeiro, Brasil, 14 de dezembro de 2011. O Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro (GTNM/RJ) e a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos expressam sua preocupação pela falta de diligência no cumprimento integral da sentença do Caso Araguaia.

Em 14 de dezembro de 2010, Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) proferiu a sentença do caso Gomes Lund e outros v. Brasil, condenando o Estado brasileiro pelo desaparecimento forçado das 70 vítimas, pela ausência de procedimentos eficientes para o estabelecimento da verdade, e pela permanência da impunidade dos crimes, passados mais de 38 anos dos fatos.

Transcorrido um ano da publicação da sentença, as entidades representantes das vítimas consideram que há um descumprimento parcial das obrigações de reparação individual destinadas aos familiares das vítimas desaparecidas, cujo prazo vence hoje.

A principal preocupação é a subsistência da dívida por verdade e justiça no país. Reconhecemos que alguns passos foram dados, os quais podem potencialmente contribuir com o melhor acesso à informação, e dar visibilidade às estruturas da repressão, reconstruindo o contexto histórico das violações cometidas pela ditadura militar. No entanto, estes avanços serão ineficientes se considerados exaustivos. É necessário que se realize concomitantemente o passo seguinte: a realização da verdade judicial, concretizada por meio dos julgamentos individuais. Como explicitado pela Corte Interamericana: “as atividades e informações que, eventualmente, recolha [a Comissão de Verdade], não substituem a obrigação do Estado de estabelecer a verdade e assegurar a determinação judicial de responsabilidades individuais, através dos processos judiciais penais” (grifo nosso).

O Ministério Público Federal, agindo de acordo com sua competência constitucional, está conduzindo as investigações sobre os fatos do caso. No entanto, até o dia de hoje, os envolvidos nos crimes da ditadura, e especialmente no Caso Araguaia, ainda não foram denunciados criminalmente.

É sabido que em abril de 2010 o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, responsável por realizar o controle de constitucionalidade, decidiu na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) No. 153, sobre a constitucionalidade da interpretação da Lei de Anistia de 1979. A questão posta questionava se a anistia prevista na lei também era extensiva aos agentes públicos e privados que cometeram crimes em nome da ditadura militar.

Oito meses após esta decisão, a Corte Interamericana proferiu sua sentença no Caso Araguaia, e determinou que o Estado deve conduzir a investigação penal dos fatos do caso, a fim de esclarecer o ocorrido, determinar as correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções previstas da Lei. Sobre a Lei de Anistia ser um impedimento para este fim, a Corte expressamente determinou que as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos (...) carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves violações de direitos humanos” (grifo nosso).

A questão que se coloca para a realização dos julgamentos individuais, é sobre a capacidade dos Poderes Públicos em compreender o alcance da sentença da Corte Interamericana. É importante enfatizar que a sentença interamericana é inapelável, e o Estado brasileiro tem a responsabilidade internacional de cumprir de boa-fé suas disposições por ter ratificado a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em 1992 e ter aceitado a jurisdição da Corte Interamericana em 1998.

Entre os compromissos adquiridos ao ratificar a Convenção e aceitar a jurisdição da Corte está a obrigatoriedade do Poder Judiciário, e especialmente do Supremo Tribunal Federal, de também realizar o chamado “controle de convencionalidade”, o que significa: incorporar em cada julgamento, no cotidiano de suas atribuições, a jurisprudência e os parâmetros dos tribunais internacionais, resultantes das decisões internacionais nos casos concretos. A esse respeito, a sentença da Corte Interamericana chama atenção do Estado brasileiro “que não foi exercido o controle de convencionalidade pelas autoridades jurisdicionais do Estado e que, pelo contrário, a decisão do Supremo Tribunal Federal confirmou a validade da interpretação da Lei de Anistia, sem considerar as obrigações internacionais do Brasil derivadas do Direito Internacional.” A sentença é determinante ao indicar que a interpretação da Lei de Anistia decidida pelo STF fere frontalmente a Convenção Americana de Direitos Humanos.

Isto implica que o Poder Judiciário deve atuar para dar efeito ao controle de convencionalidade, de modo a garantir que a Lei de Anistia não impeça a investigação e sanção dos crimes contra a humanidade cometidos durante a ditadura.

A sociedade brasileira em geral, e as vítimas dos crimes da ditadura em particular, tem a expectativa que todos os membros do Poder Judiciário, a partir da decisão da Corte Interamericana, atuem em conformidade com esta responsabilidade internacional exercendo o controle de convencionalidade e aplicando os parâmetros estabelecidos na sentença do Caso Araguaia sobre a Lei de Anistia e outras disposições.

Diante desse cenário de impunidade, a principal pergunta que se coloca é se as autoridades competentes tomarão as medidas necessárias para avançar na realização da justiça, atuando em conformidade com a devida diligência que os casos da dívida histórica do período autoritário pressupõem.

A falta de investigação e julgamento das graves violações de direitos humanos cometidas por agentes públicos e privados, em nome do regime da ditadura militar, comprova a resistência do Estado brasileiro em combater a impunidade, a qual tem reflexos na consolidação democrática do país na atualidade.

Para acessar a sentença completa: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.doc

 

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