Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Solicitan a CIDH dictar medidas cautelares para preservar la vida

Riesgo de muerte para mujer salvadoreña

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina donde el aborto terapeútico para proteger la vida de la madre es ilegal.

La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la adopción inmediata de medidas de protección para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de Beatriz.

Vie, 19/04/2013

El Salvador es uno de los cinco países de América Latina donde el aborto terapeútico para proteger la vida de la madre es ilegal.

San Salvador, El Salvador y San José, Costa Rica, 19 de abril de 2013- La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador; y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), solicitaron este jueves a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la adopción inmediata de medidas de protección para evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y salud de Beatriz. AudienciaElSalvadorCIDH

Beatriz, una mujer de 22 años que sufre una enfermedad conocida como Lupus Eritematosos Discoidea agravado con nefritis lúpica, actualmente se encuentra en la semana 19 de un embarazo que podría ocasionarle la muerte debido a su delicado estado de salud.

Además, de acuerdo con tres ultrasonografías recientes, el feto es anencefálico, es decir, no posee un cerebro. Esta malformación es incompatible con la vida extrauterina, por lo que incluso en caso de que su embarazo llegara a término, el feto no podría sobrevivir fuera del útero.

“Urgimos a las autoridades salvadoreñas y a la Comisión Interamericana a tomar cartas en el asunto, ya que conforme avanza el tiempo, se incrementa el riesgo de muerte para Beatriz, quien no está en condiciones físicas para dar a luz”, sostuvieron las y los representantes de las organizaciones.

En efecto, los especialistas del Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escolán” de San Salvador concluyeron que se debe proceder con “la finalización de la gestación”, considerando el pronóstico de la vida del feto, el agravamiento de la enfermedad que padece Beatriz y las complicaciones que podrían presentarse si no se realiza el procedimiento antes de la semana 20 de gestación, entre ellas: hemorragia obstétrica grave, empeoramiento de falla renal e incluso la muerte.

A pesar del criterio médico, la terminación del embarazo no se ha podido realizar debido a que en El Salvador el aborto está totalmente prohibido por ley. Para las mujeres que llegan a encontrarse en estas circunstancias, el país centroamericano contempla penas que van de los dos a los ocho años de prisión. En muchas ocasiones, la tipificación del delito se modifica por la de homicidio agravado, por lo que las penas aumentan hasta los treinta o cincuenta años de prisión. En 2011, al menos se conocen los casos de 129 mujeres procesadas y 24 condenadas, por estos delitos en El Salvador.

También, para los profesionales médicos que realicen cualquier procedimiento de esta naturaleza, se imponen penas de entre seis y doce años de prisión, así como una inhabilitación para el ejercicio de la profesión por el mismo periodo de tiempo.

Sobre este tema, varias instancias internacionales han expresado suma preocupación. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), en situaciones similares, ha manifestado que la existencia de leyes que prohíben y penalizan toda forma de aborto tiene como consecuencia afectaciones a la salud de la mujer, da lugar al aumento en las cifras de mortalidad materna y ocasiona mayor sufrimiento cuando las mujeres son encarceladas por violar estas normas1. En este sentido, ha llamado a la revisión de legislación, a efecto de permitir el aborto por razones terapéuticas u otras relacionadas con la salud, física o mental, de la mujer2.

Otros países de América Latina como Chile, República Dominicana, Honduras y Nicaragua también prohíben el aborto en todas sus formas.

Las organizaciones solicitantes de las medidas de protección, hicieron un llamado a las autoridades competentes en El Salvador para que se realicen, en forma inmediata, los procedimientos médicos necesarios para salvaguardar la vida de Beatriz, y se abstengan de proceder penalmente en su contra. Adicionalmente, exhortaron al Estado para que revise la legislación en torno al aborto, con el fin de cumplir con las recomendaciones ya formuladas por diversas instancias internacionales de derechos humanos.

Foto CC CIDH, Audiencia sobre "Derechos humanos de las mujeres y las niñas en El Salvador" de marzo 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Más información

Sergio Pacheco S.

Comunicador

CEJIL Mesoamérica

+506 2280 7473

skype: sergiopachecosalazar

1 CEDAW. Doc. ONU CEDAW/C/CHI/4. Examen de los informes presentados por los Estados Partes con arreglo al artículo 18 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Cuarto informe periódico de los Estados Parte. Chile. 17 de mayo de 2004. Párr. 282. Disponible en: http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CEDAW/C/CHI/4&Lang=S.

2 Ibíd.

Decenas de organizaciones y juristas respaldan proceso judicial contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez

Guatemala

Decenas de organizaciones y juristas de todo el continente suscribieron esta mañana una misiva en la que aseguran que en Guatemala se está cumpliendo con los estándares internacionales, en el juicio por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad, que tiene como imputados a los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

“El Tribunal guatemalteco está respetando el derecho de defensa y el debido proceso”, sostiene la carta, en una alusión directa a los múltiples recursos de amparo que han interpuesto los representantes legales de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, con la clara finalidad de entorpecer el proceso judicial.

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Mar, 16/04/2013

En el proceso seguido por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad

TRIBUNAL GUATEMALTECO ESTÁ RESPETANDO EL DERECHO DE DEFENSA Y EL DEBIDO PROCESO A EX GENERALES IMPUTADOS

Han transcurrido cuatro semanas desde que inició el histórico juicio en contra de los generales en retiro José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por su participación en la comisión de los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio de la población maya ixil.JuicioRíosMont- SandraSebastián- CCPlazaPública

Desde los inicios del proceso, la defensa del imputado Ríos Montt ha alegado violaciones del derecho de defensa y del debido proceso, en especial, en virtud de la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo de retirar al abogado Francisco García Gudiel de la defensa del General Ríos Montt y nombrarle como defensor de oficio al abogado César Calderón, quien también actúa como defensor del imputado Rodríguez Sánchez.

El Gen. Ríos Montt había contado con un equipo de abogados que lo representaba hasta la apertura de la audiencia pública cuando nombra a Licenciado García Gudiel para que lo represente.

Ahora bien, la decisión del Tribunal A de Mayor Riesgo, de retirar de la defensa al recién nombrado abogado García Gudiel, ocurre ante las prácticas dilatorias que dicho abogado intentó implementar para obstaculizar el curso normal del proceso, entre ellas solicitar la recusación de la Presidenta del Tribunal por tener “enemistad” con él. Por lo cual, el Tribunal designó al abogado Calderón, aplicando la legislación guatemalteca, y pese a su negativa. Ante esta situación, el imputado decidió nombrar nuevamente a los abogados de confianza que le habían acompañado desde el inicio del proceso, quienes se presentaron al día siguiente y continuaron ejerciendo su representación.

No obstante la solución allegada, la defensa interpuso recursos de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por esta y otras decisiones, alegando la violación al derecho de defensa y el debido proceso, quedando estos recursos pendientes de resolución.

Ante este panorama, los abajo firmantes (juristas y organizaciones de derechos humanos), externamos a continuación una opinión técnica basada en los estándares internacionales en la materia:

1. Sobre el uso abusivo de la figura del amparo:

Si bien la figura del amparo es legítima para tutelar los derechos humanos, en la práctica en los procesos penales seguidos por graves violaciones de derechos humanos en Guatemala, se ha utilizado por la defensa no para garantizar derechos sino para obstaculizar el proceso mismo e impedir su culminación. Ya para el año 2003, al conocer el caso Myrna Mack vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se refirió al uso abusivo de la figura del amparo en Guatemala (párrs. 204, 206, 207, 208). En aquella ocasión, la Corte señaló la responsabilidad del Estado por haber permitido a la defensa promover una serie “de articulaciones y recursos (pedidos de amparo, inconstitucionalidad, recusaciones, incidentes, incompetencias, nulidades, pedidos de acogerse a la Ley de Reconciliación Nacional, entre otros)”, los cuales impidieron que el proceso pudiera avanzar hasta su culminación natural (párr. 208).

Posteriormente, en el año 2009, la Corte trató este tema nuevamente al emitir su sentencia en la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, y reiteró que el amparo había sido utilizado en el país como una práctica dilatoria en el proceso penal, lo cual fue aceptado por el propio Estado guatemalteco en dicha oportunidad (párr. 106).

Para la Corte, esta práctica se origina en las disposiciones que “regulan el recurso de amparo, la falta de debida diligencia y la tolerancia por parte de los tribunales al momento de tramitarlo, así como la falta de tutela judicial efectiva” (párr. 120) De hecho, en esta sentencia, la Corte ordena al Estado adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular la Ley de Amparo, a fin de adecuar este recurso a su verdadero objeto y fin, de conformidad con los estándares interamericanos de protección de los derechos humanos.

En el proceso que se sigue actualmente, se observa con preocupación que se sigue utilizando esta figura de una manera excesiva y con fines meramente dilatorios.

2. Sobre la obligación de los jueces de vigilar la convencionalidad del proceso penal:

La Corte IDH se ha referido a la obligación de los jueces de ejercer un adecuado control de convencionalidad. Esto significa que “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin” (Caso Aguado Alfaro y otros vs. Perú, párr. 128).

Respecto del uso prácticas dilatorias en procesos por graves violaciones de derechos humanos, el Tribunal Interamericano ha señalado que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de manera que se eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos, que conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos (Caso Bulacio vs. Argentina, párr. 115).

Según el Alto Tribunal Interamericano, si las autoridades permiten y toleran el uso abusivo y dilatorio de los recursos judiciales, los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial, lo cual conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones. (Caso Myrna Mack vs. Guatemala, párr. 209, 210).

En efecto, el derecho de las víctimas a saber la verdad es tan relevante que el mismo tribunal ha destacado que ante “eventuales tensiones entre el derecho de acceso a la justicia de las víctimas y las garantías judiciales del imputado, existe una prevalencia prima facie de los derechos de las víctimas en casos de graves violaciones de derechos humanos y más aún cuando existe un contexto de impunidad (Bámaca Velásquez, resolución de supervisión de cumplimiento de 18 de noviembre de 2010, párr. 50).

Considerando lo expuesto, al observar el desarrollo del juicio oral, consideramos que el Tribunal A de Mayor Riesgo está actuando de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, ejerciendo un equilibrado control de convencionalidad, asegurando la fluidez del proceso en un tiempo razonable y eliminando las prácticas dilatorias que pudieran obstaculizar el mismo.

3. Sobre la garantía del derecho de defensa:

El derecho de defensa es una garantía que conforma el debido proceso. De acuerdo con la Corte Interamericana, para que exista “debido proceso legal” es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables (OC/16-99, párr. 117).

En el caso concreto, los imputados Ríos Montt y Rodríguez Sánchez no se encuentran en ninguna situación de desigualdad jurídica que limite el ejercicio de sus derechos, además, han participado activamente el proceso, han tenido la posibilidad de aportar prueba, de estudiar la prueba escrita que conforma el expediente, de cuestionar las diferentes actuaciones, de apelar las decisiones del Tribunal, de interrogar los testigos y peritos aportados por la parte acusadora y los querellantes, entre otras. Por tal razón, hasta el momento no se observa ningún agravio que permita sustentar una violación del derecho de defensa.

Por otra parte, la Corte Europea de Derechos Humanos también se ha referido a la facultad de los tribunales internos de nombrar defensores de oficio, si ello está en el mejor interés de la justicia, señalando que el derecho de tener un abogado de confianza no es un derecho absoluto (Pakelli v. Germany, judgment of 25 April 1983, Series A no. 64, p. 15, para. 31, Croissant v. Germany, judgment of 25 September 1992, para. 29, y Mayzit v. Russia, judgment of 20 January 2005, para. 66).

Dicha jurisprudencia rescata la importancia de contar con una defensa técnica, pero a la vez, resalta la facultad de los tribunales internos de nombrar de oficio, cuando hay una obstrucción que ha sido generada por el mismo imputado, o bien, cuando el interés de la justicia lo requiere. En tal sentido, es nuestra valoración que la actuación del Tribunal A de Mayor Riesgo, en cuanto al nombramiento de un defensor de oficio para garantizar la continuación del proceso contra los señores Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, se encuentra ajustada a los estándares internacionales.

Con base en lo expuesto, hacemos un llamado a la comunidad internacional para que continúe observando con atención el proceso penal citado, a la vez, exhortamos respetuosamente a la justicia guatemalteca para que, en el desarrollo del presente proceso histórico, se tomen en cuenta las obligaciones internacionales en la materia y se emitan resoluciones congruentes con estas, a la vez, reiteramos la importancia de que se garantice la independencia de los jueces y en especial se brinde seguridad a todas las partes involucradas en el presente proceso.

La verdad y la justicia efectiva son fundamentales en la prevención de las atrocidades del genocidio y la mitigación de los daños ocasionados a los sobrevivientes, familiares, comunidades, pueblos y a toda la humanidad.

16 de abril de 2013.

Juristas:

Roxana Arroyo, profesora universitaria, Costa Rica

Carlos Ayala, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y miembro de la Comisión Internacional de Juristas

Célia Bernardes, jueza federal, Brasil

Kenarik Boujikian, magistrada de apelaciones del Tribunal de Justicia de Sao Paolo, Brasil

Miguel Carbonell, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México

Alfredo Chirino Sánchez, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Costa Rica

Mario Coriolano, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Ronald Gámarra, abogado de las víctimas en el proceso por violaciones de derechos humanos contra Alberto Fujimori, Perú

Tirza Flores Lanza, ex magistrada de Corte de Apelaciones, Honduras

Adán Guillermo López Lone, ex juez penal, Honduras

Antonio Maffezoli, defensor público interamericano, Brasil

Rita Maxera, profesora de la Universidad de Costa Rica

José Ricardo de Prada Solaesa, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

José Henrique Rodrigues Torres, presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia y juez de derecho en Sao Paulo, Brasil

Naomi Roht-Arriaza, profesora del College Hastings of Law, Universidad de California, Estados Unidos

Ramón Sáez Valcárcel, magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en Madrid, España

Leo Valladares Lanza, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras

 

Organizaciones:

Abogados Sin Fronteras Canadá, organización internacional

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (PRO-BÚSQUEDA), El Salvador

Alianza Ciudadana Pro Justicia, Panamá

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA), Costa Rica

Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), organización internacional

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Estados Unidos (GHRC)

Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica

El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), organización internacional

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto Promoviendo Desarrollo Social (IPRODES), Perú

Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Nicaragua

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), organización internacional

Rights International Spain, organización internacional

 

Descargue la versión pdf de este pronunciamiento aquí.

Foto: Sandra Sebastián CC Plaza Pública.

CEJIL reclama verdad, justicia y cese de la impunidad

Este 24 de marzo se conmemoró el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en honor a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en El Salvador en 1980. Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se une a las voces de millones de personas que siguen clamando por el cese de la impunidad histórica y actual, y solicitan con urgencia la más enérgica actuación de los Estados americanos en deuda con la justicia y que deben de inmediato confrontar su pasado para reconstruir un mejor futuro.

Lun, 25/03/2013

Dictadura Uruguay

Este 24 de marzo se conmemoró el “Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”, proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en honor a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en El Salvador en 1980.

Hoy, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se une a las voces de millones de personas que siguen clamando por el cese de la impunidad histórica y actual, y solicitan con urgencia la más enérgica actuación de los Estados americanos en deuda con la justicia y que deben de inmediato confrontar su pasado para reconstruir un mejor futuro.

CEJIL también recuerda que fue un 24 de marzo cuando ocurrió el Golpe de Estado en Argentina en 1976 y un 23 de marzo cuando ocurrió el Golpe de Estado que instauró en el poder al general Efraín Ríos Montt en Guatemala en 1982.

De acuerdo con Gabriel Mazzarovich, un expreso político de la dictadura uruguaya de 1973, "la verdad exige más verdad, no hay forma de parar la verdad, la verdad hace que la gente se replantee las cosas". Él, junto a otras víctimas y familiares de las víctimas dan testimonio en los videos ¿Nunca Más Qué? y Romper El Muro de la Impunidad, para reclamar precisamente justicia y verdad en torno a las múltiples violaciones cometidas durante aquellos años en su país.

Contacto de prensa

Milli Legrain/ mlegrain@cejil.org/ +(1) 202-319 3000

Sergio Pacheco S. / spacheco@cejil.org/ +506 2280-7473 / 7608

 

 

La verdad, la justicia y la reparación deben prevalecer en el juicio por genocidio en Guatemala

Declaración de organizaciones de la sociedad civil sobre juicio a Ríos Montt

Organizaciones del continente instan a un adecuado proceso, con las debidas garantías.

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

 

Lun, 18/03/2013

El próximo 19 de marzo dará inicio en Guatemala la audiencia pública en el juicio que se sigue en contra del General en retiro Efraín Ríos Montt y de su ex director de los servicios de inteligencia militar, también General en retiro José Mauricio Rodríguez Sánchez, como presuntos autores intelectuales de genocidio y crímenes de lesa humanidad (asesinatos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, tortura) en contra de casi dos mil personas, la mayoría de ellas mayas Ixil. Los hechos ocurrieron desde marzo de 1982 hasta agosto de 1983, cuando Ríos Montt ocupó el poder en su país.

En el proceso judicial, impulsado por el Ministerio Público, figuran como abogados directores de la parte querellante, la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), los abogados del Bufete Jurídico de Derechos Humanos y del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH). Quienes además están siendo apoyados por Abogados sin fronteras Canadá, todos en condición de representantes de las víctimas. La trascendencia de este proceso –inédito en Guatemala- implica el desahogo de aproximadamente 140 testimonios de víctimas y de la comparecencia de unos 70 peritos expertos.

Tanto la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras instancias, han documentado las atrocidades ocurridas en Guatemala durante el conflicto armado interno, y en especial, han dado cuenta de la denominada Doctrina de Seguridad Nacional impulsada particularmente a principios de la década de 1980 y mediante la cual se aplicó una política de “tierra arrasada” que buscaba acabar con el pueblo maya sospechoso de colaborar con la insurgencia.

De acuerdo con la CEH, alrededor de 626 masacres fueron ejecutadas mediante “actos de extrema crueldad” dirigidos a la eliminación de las personas o grupos de personas definidos como “enemigo interno” y destinados a “aterrorizar a la población”. La CEH concluyó además que el 91% de las violaciones registradas durante el conflicto armado se produjo entre los años 1978 y 1983, estando en el poder los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).

A diferencia de lo que ha sucedido en la historia reciente en Guatemala –en donde hasta la fecha, salvo contadas excepciones, no ha sido posible obtener justicia en el ámbito interno y por lo cual se ha acudido a instancias internacionales de protección de derechos humanos-, el Estado guatemalteco tiene en este ocasión, la valiosa oportunidad de celebrar un proceso apegado a las garantías judiciales, en el que se juzgue a los acusados y sancione efectivamente a quienes se prueben como responsables de delitos tan graves como son el genocidio y los de lesa humanidad.

El esclarecimiento de los hechos, a través del debido proceso penal, así como la sanción de los responsables del genocidio y de crímenes de lesa humanidad ocurrido en Guatemala, constituye la medida idónea para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad guatemalteca en su conjunto. Además, sólo a través de la identificación, el juzgamiento y la sanción adecuada de los responsables materiales e intelectuales de las citadas violaciones de derechos humanos se logrará la no repetición de hechos tan reprochables. Este tipo de procesos fortalecen el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.

Considerando lo anterior, las organizaciones firmantes saludamos el proceso que lleva el Tribunal de Mayor Riesgo en Guatemala, y expresamos nuestro apoyo decidido al mismo. Además instamos a las autoridades guatemaltecas a lo siguiente:

 

  1. Que se proteja efectivamente –antes, durante y después del proceso- a todas las partes involucradas en ello (testigos, peritos, operadores de justicia, abogados y abogadas).
  2. Que se garantice una adecuada cadena de custodia en la evidencia.
  3. Que se garantice la independencia judicial mediante el apoyo público y decidido a la labor que están llevando a cabo los jueces a cargo del proceso y se asegure que no habrá ninguna injerencia indebida en sus decisiones. Treinta años después de la comisión de varios crímenes de lesa humanidad ha llegado la hora de conocer la verdad y hacer realidad el derecho de las víctimas a obtener justicia.

 

18 de marzo de 2013

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

Abogados sin Fronteras Canadá (ASF), organización internacional

Asociación para el Desarrollo Integral de las Víctimas de la Violencia en las Verapaces, Maya Achí (ADIVIMA), Guatemala

Alianza por tus derechos, Costa Rica

Amnistía Internacional, organización internacional

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Guatemala

Asociación Nacional de Centros (ANC), Perú

Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), organización internacional

Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR), Guatemala

Asociación Pro-búsqueda de niñas y niños desaparecidos, El Salvador

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Guerrero, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), México

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL), Perú

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Ecuador

Centro de Educación Popular-Proyecto Amigo, Perú

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización internacional

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CJAR), Colombia

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia

Comité de América Latina y el Caribe para los derechos de las Mujeres (CLADEM), organización internacional

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Colombia

Convergencia por los Derechos Humanos (integrada por: Asociación Refugio de la Niñez; Centro para el Análisis Forense y Ciencias Aplicadas – CAFCA; Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-; Centro para la Acción Legal-Ambiental y social de Guatemala – CALAS; Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial -ECAP-; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala -ODHAG-; Seguridad en Democracia -SEDEM-; Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala -UDEFEGUA-; Unión Nacional de Mujeres de Guatemala -UNAMG-), Guatemala. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú Corporación Humanas, Chile Corporación Reiniciar, Colombia Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI), Costa Rica Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala (ECAP), Guatemala Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Perú Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica (integrado por la Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia -SEDEM-, de Guatemala; Centro de Acción Legal en Derechos Humanos -CALDH-, de Guatemala; Centro Nicaragüense de Derechos Humanos -CENIDH-; Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras -CODEH-; Comisión Nacional de Derechos Humanos en Panamá -CONADEHUPA; Federación Luterana Mundial; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho -FESPAD-, de El Salvador; Fundación Fútbol por la Vida –FPV-, de Costa Rica; Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-, de Guatemala; e Iglesia Luterana Costarricense -ILCO- , de Costa Rica).

Espacio Público, Venezuela

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Global Rights, organización internacional

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, organización internacional

Guatemala Human Rights Commission (GHRC), Guatemala

Impunity Watch, organización internacional

Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA), México

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (IECCPG), Guatemala

Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú

Latin America Working Group (LAWG), organización internacional

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala

Oficina Jurídica Para la Mujer, Bolivia

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), organización internacional

Paz y Esperanza, Peru

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Guatemala

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Unión Nacional de Mujeres de Guatemala (UNAMG), Guatemala

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

Foto CC International Rivers

Contacto CEJIL

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org/ +202 368-5133

Día de la Niñez Desaparecida

Hoy se conmemora el Día de la Niñez Desaparecida durante el conflicto armado  salvadoreño.

Vie, 29/03/2013 (Todo el día)
El Salvador
San Salvador

CEJIL y WOLA expresan profunda preocupación por traslado de la jueza Mota

Uruguay debe superar impunidad

Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013- Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.

Vie, 15/02/2013

Corte Suprema Uruguay by N i c o_ CC

 

 

Buenos Aires, San José y Washington, D.C., 15 de febrero de 2013- Ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que ordenó el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, titular hasta hace unos días de un Juzgado Letrado en lo Penal; el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expresan su profunda preocupación por el impacto que dicha acción pueda tener en la tramitación de causas por delitos de lesa humanidad.

En tiempos en que Uruguay debe saldar el cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la causa Gelman y, por tanto, satisfacer su obligación de organizar las estructuras del Estado para superar la impunidad en que se encuentran los crímenes cometidos durante la última dictadura, el sorpresivo y hasta ahora no explicado traslado de la jueza Mota al fuero civil, profundiza las dificultades que hasta este momento enfrenta la justicia uruguaya.

La alegada legalidad de la medida ordenada por la Suprema Corte de Justicia, no resulta suficiente para explicar la inesperada decisión del traslado de la jueza Mota, quien se encontraba a cargo de más de cincuenta casos vinculados con el terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura y cuyo trámite activo representaba una esperanza para la sociedad uruguaya.

CEJIL y WOLA expresan su solidaridad con las víctimas, sus familiares y con toda la sociedad en Uruguay, que desde hace décadas persiste en su lucha por la justicia y el cese de la impunidad.

Notas al editor

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) promueve los derechos humanos, la democracia y la justicia social por medio del trabajo conjunto con contrapartes locales en Latinoamérica y el Caribe para influenciar las políticas en los Estados Unidos y el exterior.

Contacto en Buenos Aires

Liliana Tojo/ Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur/ ltojo@cejil.org / + 54-11 3340 9795 (celular) + 54 11 5031-2331 (fijo)

Contacto en San José

Sergio Pacheco S. / Comunicación/ spacheco@cejil.org / + 506 2280 7473 (fijo) + 506 8816 2283 (celular)

Contacto en Washington, D.C.

Jo-Marie Burt / Asesora Principal de WOLA / jmburt.wola@gmail.com / +1 703 946 9714 (celular)

33 Aniversario de la muerte de Monseñor Romero

Hoy se cumplen 33 años de la muerte de Monseñor Romero quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 en El Salvador.

Dom, 24/03/2013 (Todo el día)
A nivel mundial
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Dia Internacional de los Derechos Humanos

Mar, 10/12/2013 (Todo el día)
A nivel mundial
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Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Lun, 25/11/2013 (Todo el día)
A nivel mundial
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