Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Organizaciones internacionales condenan suspensión de la jueza Yassmín Barrios en Guatemala

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

Mié, 09/04/2014

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

La decisión del Tribunal de Honor se origina en una denuncia que presentó el abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, debido a que el 19 de marzo del año 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este último. El abogado Galindo no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo y por lo tanto acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.

El Tribunal de Honor del CANG acogió los argumentos del abogado Galindo y concluyó que la la jueza Barrios incurrió en una falta grave que atenta contra las normas de la ética profesional.

Para las organizaciones firmantes, la decisión del Tribunal de Honor es contraria a los estándares internacionales relacionados con las garantías para la independencia judicial. En primer lugar, dicho ente no tiene competencia para juzgar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia presentada por el abogado Galindo y resolvió desestimarla.

Asimismo, dada la naturaleza gremial del Tribunal tampoco se reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad, las cuales son indispensables en todo órgano de naturaleza disciplinaria.

Considerando lo anterior, resulta preocupante que el Tribunal de Honor sancione a la jueza Barrios sin ostentar las facultades para ello. De ejecutarse esta decisión, se estaría violentando la independencia judicial y el Estado de Guatemala podría incurrir en responsabilidad internacional.

Las organizaciones consideramos que la decisión del Tribunal de Honor forma parte del contexto de hostigamiento y persecusión que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio. En tal sentido, exhortamos a las autoridades guatemaltecas competentes a revertir la decisión de suspensión, en particular a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de considerar la citada decisión y en su luguar se envíe un mensaje claro de apoyo a la labor de la jueza así como de respaldo y defensa irrestricta a la independencia de la judicatura en este país.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma contra la impunidad

 

Colegio de abogados y notarios de Guatemala pone en peligro la independencia judicial

Sanción a la jueza Barrios contraria los estándares mínimos de protección a la independencia de la judicatura

San José y Washington DC, 07 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.

El pasado viernes, el Tribunal de Honor notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual acordó, entre otras sanciones, la suspensión temporal como abogada de la jueza Barrios por el plazo de un año.

Lun, 07/04/2014

Fotografía Jazmín Barrios US Department of StateSan José y Washington DC, 7 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.

El pasado viernes, el Tribunal de Honor notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual acordó, entre otras sanciones, la suspensión temporal como abogada de la jueza Barrios por el plazo de un año.

Dicha decisión se encuentra vinculada con el proceso que se siguió en el año 2013 en contra de los ex generales José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

El 19 de marzo del año 2013, ante una serie de prácticas dilatorias realizadas por los abogados defensores del ex general Ríos Montt, el Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó a los abogados Moisés Galindo y César Calderón asumir la defensa técnica de Ríos Montt para no causarle una violación de su derecho de defensa. Al día siguiente, los abogados defensores de confianza del ex general retomaron su representación. En esa fecha, Moisés Galindo ejercía la defensa de José Mauricio Rodríguez y debido a que no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente por obligarlo a asumir la citada defensa.

Además, presentó la misma denuncia ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que no encontró falta alguna de la jueza y ordenó su archivo. En su oportunidad, CEJIL y decenas de juristas y organizaciones de derechos humanos, nos pronunciamos sobre la conformidad de la conducta del Tribunal de Mayor Riesgo con la protección del derecho a la defensa.

Pese a la decisión de la Junta Disciplinaria, el Tribunal de Honor del CANG analizó la conducta de la jueza Barrios y concluyó, entre otras cosas, que hubo faltas a la ética que provocaron “la burla y la degradación humana del abogado denunciante”. La suspensión temporal acordada podría derivar en una separación automática de la jueza Barrios de su cargo como integrante del Tribunal A de Mayor Riesgo.

CEJIL rechaza y condena la decisión del órgano gremial por cuanto constituye una afrenta a la independencia judicial y puede afectar el derecho de la jueza Barrios a permanecer en el ejercicio de su cargo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha referido a la independencia de los jueces. Al respecto, en la sentencia Reverón Trujillo vs. Venezuela señaló que “[los jueces] cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial”. Para dicho Alto Tribunal “el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”.

A la luz del anterior criterio, resulta absolutamente reprochable que un órgano de naturaleza gremial ostente facultades disciplinarias respecto del trabajo de jueces o juezas.

Adicionalmente, el Tribunal de Honor no cumple con las garantías funcionales de independencia exigidas por los estándares internacionales. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas” señaló que al aplicar medidas disciplinarias se requiere que el órgano con potestad de sancionar sea independiente, competente e imparcial, condiciones que no ostenta el citado órgano colegiado.

“De conformidad con los estándares internacionales los Estados están obligados a garantizar en forma efectiva la independencia de la judicatura. Si el Estado de Guatemala valida y ejecuta la suspensión de la jueza Barrios ordenada por un órgano de naturaleza gremial podría incurrir en responsabilidad internacional. Además,se estaría enviando un mensaje de intimidación a los operadores de justicia que les inhibiría para ejercer en forma independiente sus cargos”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Finalmente, es preciso señalar que la jueza Barrios es beneficiaria de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el ejercicio de su cargo como jueza, Yassmín Barrios ha sido víctima de atentados contra su vida, amenazas y más recientemente ha enfrentado una campaña de deslegitimación y estigmatización por su rol en el juicio por genocidio. La decisión del Tribunal de Honor también contribuye a desacreditar su labor como jueza y por ende la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades guatemaltecas para que reviertan la decisión del Tribunal de Honor y se abstengan de realizar actos de persecución e intimidación en perjuicio de la jueza Yassmín Barrios. Asimismo, instamos a la comunidad internacional y a los órganos internacionales de protección para que se pronuncien ante este grave hecho que amenaza la independencia judicial en Guatemala.

Créditos de fotografía: US Department of State

Información relacionada:

Comunicado sobre otorgamiento de las medidas cautelares a la jueza Yassmín Barrios.

Comunicado sobre la denuncia internacional presentada ante la CIDH contra Guatemala en relación con el caso de genocidio.

Contacto de prensa

Daniela Araya

+506 2280-7473

daraya@cejil.org

 

 

CEJIL llama a las autoridades hondureñas a elegir un Comisionado (a) Nacional de los DDHH independiente

El proceso de selección debe ser transparente

Tegucigalpa y San José, martes 11 de febrero del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a las diputadas y diputados del Congreso Nacional de Honduras a que elijan un Comisionado o Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) competente, honorable e independiente.

El plazo del actual Comisionado vence el próximo 14 de marzo, de manera que el Congreso hondureño deberá seleccionar a su sustituto (a) en los próximos días. Para tales efectos, esta semana se estarán llevando audiencias públicas ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de Honduras.

Mié, 12/03/2014

Tegucigalpa y San José, martes 11 de febrero del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a las diputadas y diputados del Congreso Nacional de Honduras a que elijan un Comisionado o Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) competente, honorable e independiente.

El plazo del actual Comisionado vence el próximo 14 de marzo, de manera que el Congreso hondureño deberá seleccionar a su sustituto (a) en los próximos días. Para tales efectos, esta semana se estarán llevando audiencias públicas ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de Honduras.

“Para garantizar la elección de la persona con mejores capacidades, se debe evaluar rigurosamente la competencia, honorabilidad e integridad de las personas postulantes, dichas características son un aval de justicia tanto para quienes consideran que han sido víctimas de un abuso de poder como para las personas o entidades denunciadas, pues suponen una evaluación objetiva de los hechos, que sea respetuosa de las normas y procedimientos”, destacó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Este proceso reviste de una particular importancia para Honduras, pues en los últimos años la labor del CONADEH se ha visto desacreditada tanto nacional como internacionalmente, de hecho, el Comité Internacional Coordinador de Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos rebajó la calificación internacional del ombudsman hondureño y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009 destacó que las medidas del actual Comisionado han sido ineficientes, negligentes o directamente incompatibles con su mandato.

En tal sentido, el Congreso de ese país tiene una importante oportunidad para recuperar la credibilidad de dicha institución y contribuir efectivamente al cumplimiento de su mandato como máximo órgano responsable de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos en Honduras.

CEJIL se suma a los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil hondureña y exhorta a las autoridades a garantizar un proceso transparente, público y que permita la participación amplia de todos los sectores que conforman la sociedad en ese país. Estas condiciones, sumadas a una valoración rigurosa de los atestados de las personas candidatas, libre de influencias político-partidistas, resultan indispensables para lograr que la persona que se elija posea las características de competencia e integridad necesarias para dirigir con éxito la institución nacional de protección de derechos humanos.

 

Contacto de Prensa:

Daniela Araya

(+506) 2280-7473

daraya@cejil.org

CEJIL celebra a las mujeres que luchan por los derechos de todas

En el marco del Día Internacional de la Mujer

San José de Costa Rica y Washington DC, 7 de marzo del 2014- Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda a todas las mujeres que desde diversos espacios luchan día tras día por la construcción de un mundo más igualitario y justo.

En diversos países, las mujeres han sido determinantes para visibilizar las diversas manifestaciones de violencia de género y avanzar en políticas públicas que combatan la desigualdad y la discriminación, no obstante, los retos persisten y el anhelo de igualdad sigue siendo lejano.

Vie, 07/03/2014

Caso MZ, ilustrativo para el Día Int. de la MujerSan José de Costa Rica y Washington DC, 7 de marzo del 2014- Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda a todas las mujeres que desde diversos espacios luchan día tras día por la construcción de un mundo más igualitario y justo.

En diversos países, las mujeres han sido determinantes para visibilizar las diversas manifestaciones de violencia de género y avanzar en políticas públicas que combatan la desigualdad y la discriminación, no obstante, los retos persisten y el anhelo de igualdad sigue siendo lejano.

Este año se celebra el 20 aniversario de la firma de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belém do Pará", y pese al alto número de Estados americanos que han ratificado este importante tratado internacional, su implementación efectiva todavía es insuficiente.

De esta manera, existen brechas importantes que demuestran que la discriminación de género está presente en nuestros países. Así por ejemplo, en materia de participación política femenina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la participación de las mujeres es menor al 30%.

En el ámbito de la violencia, el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) señaló que para el año 2011 en la mayoría de los países latinoamericanos se habría incrementado los feminicidios y la impunidad respecto a estos.

“La violencia contra las mujeres limita su empoderamiento y pretende perpetuar la discriminación y la estructura de dominación hacia esta población. Los Estados americanos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar acciones efectivas para erradicar toda práctica que atente contra la dignidad de las mujeres, para sancionar en forma efectiva las diferentes manifestaciones de violencia en su contra y construir una institucionalidad sólida que garantice sus derechos en condiciones de igualdad”, recordó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CEJIL representa numerosas víctimas de violencia de género en todo el continente. Casos como el de Beatriz en El Salvador, -joven que no tuvo acceso oportuno al aborto terapéutico- nos recuerdan las consecuencias de legislaciones prohibitivas que no protegen la vida ni la salud de las mujeres en riesgo.

Así como los casos de las mujeres de Atenco en México -47 mujeres que sufrieron tortura sexual por agentes de la policía como represalia por manifestarse pacíficamente-, Jineth Bedoya -sobre violencia sexual en Colombia-, y MZ -sobre violencia sexual en Bolivia-,  los cuales evidencian que la violencia de género y las violaciones sexuales siguen siendo parte de la realidad de las mujeres latinoamericanas y que muchas de estas quedan en la impunidad.

CEJIL se suma a las voces de quienes comparten el anhelo de un continente libre de violencia y discriminación, y en este Día Internacional de la Mujer, hacemos un llamado a los Estados del continente para que respeten y garanticen los derechos humanos de todos y todas, en condiciones de igualdad.

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Daniela Araya

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daraya@cejil.org

 

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2013
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Fallece el magistrado César Barrientos Pellecer, símbolo de la lucha contra la impunidad en Guatemala

CEJIL lamenta su partida

San José y Washington DC, 3 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa el profundo pesar por la muerte del Doctor César Barrientos Pellecer quien murió el día 2 de marzo. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos.

Quienes integramos CEJIL tuvimos el privilegio de compartir espacios académicos y profesionales con el doctor Barrientos y conocimos los valores y principios que caracterizaron su vida. Hoy, al despedirlo, recordamos su legado, su pasado y sus aportes invaluables en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Lun, 03/03/2014

César Barrientos. Tomada de Diario Libre.San José y Washington DC, 3 de marzo de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa el profundo pesar por la muerte del Doctor César Barrientos Pellecer quien murió el día 2 de marzo. Extendemos nuestras condolencias y solidaridad a su familia y seres queridos.

Quienes integramos CEJIL tuvimos el privilegio de compartir espacios académicos y profesionales con el doctor Barrientos y conocimos los valores y principios que caracterizaron su vida. Hoy, al despedirlo, recordamos su legado, su pasado y sus aportes invaluables en la lucha contra la impunidad en Guatemala.

El Doctor Barrientos se desempeñaba como magistrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. En el ejercicio de su cargo, impulsó una serie de reformas al proceso penal que implicaron mayor celeridad en este tipo de procesos, además realizó gestiones para garantizar un mayor acceso de las víctimas a la justicia en este país. Asimismo, se destacó por su apoyo irrestricto a los tribunales de alto riesgo, garantizando su adecuado funcionamiento, su efectividad e independencia. Y fue por ello, que una de sus causas fue abogar por la seguridad y estabilidad laboral de sus integrantes.

En relación con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el magistrado Barrientos fue un convencido de la importancia de las decisiones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su influencia fue determinante para que el Estado de Guatemala reconociera judicialmente la autoejecutabilidad de las sentencias de dicho órgano. Al respecto, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL resaltó “gracias a las decisiones de la Cámara Penal, presidida por el doctor Barrientos, se reabrieron diversos procesos penales en los que se juzgaron a varios miembros de la fuerza pública responsables de graves violaciones de derechos humanos rompiendo el ciclo de impunidad que caracterizó a Guatemala y dando esperanzas a miles de personas”.

El Doctor Barrientos participó además en la redacción de los códigos procesales penales de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y en procesos de modernización judicial en estos países, de manera que su legado jurídico y académico trasciende las fronteras guatemaltecas.

CEJIL lamenta la partida de un hombre íntegro, defensor de la independencia judicial e incansable luchador por la justicia centroamericana. Dadas las circunstancias de su muerte, la organización exhorta a las autoridades para que realicen las investigaciones correspondientes a efectos de aclarar las mismas.

“Sus aportes deben servir de inspiración para las presentes y futuras generaciones que aspiran, al igual que él, a construir un sólido estado de derecho en Guatemala, en donde la verdad y a la justicia sean una realidad para todos y todas.   Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades para que honren la memoria del magistrado Barrientos y garanticen una administración de justicia transparente, independiente, efectiva y abierta a las víctimas”, recalcó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

 

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Créditos: Fotografía Diario Libre.

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CEJIL recibe postulaciones para Curso Virtual sobre DD.HH. y Sistema Interamericano

CEJIL recibe postulaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de Centroamérica y México para participar en su curso virtual sobre "Uso efectivo y eficiente de los mecanismos de protección que ofrece el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos", que se desarrollará entre el 16 de junio y el 12 de septiembre próximos.

El Curso busca fortalecer las capacidades internas de las organizaciones defensoras de derechos humanos profundizando los conocimientos y el debate sobre las herramientas que ofrece el sistema interamericano.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa y  los procedimientos de postulación acceda aquí

Para descargar el cuestionario sobre el caso de estudio acceda aquí

Mié, 26/02/2014

 

 

Coalición de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas expresa su preocupación por actos de violencia en Venezuela

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Lun, 24/02/2014

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, expresamos nuestro rechazo a los actos de violencia ocurridos en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas dos semanas, que han resultado en la muerte de al menos ocho (8) personas.

Ante este escenario, el Estado venezolano debe llevar a cabo investigaciones de oficio, independientes, imparciales y efectivas, para el esclarecimiento de los hechos violentos, independientemente si fueron perpetrados por participantes en las protestas, grupos armados civiles o si ocurrieron como consecuencia del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios policiales o militares venezolanos. Es importante recordar que los cuerpos de seguridad de un Estado deben encarar las situaciones de perturbación del orden público mediante la aplicación de medios y métodos respetuosos de los derechos humanos. El uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de funcionarios del Estado debe ser excepcional y estar limitado por los principios de proporcionalidad, necesidad y humanidad.

El Estado debe garantizar la labor de defensa, denuncia y promoción de los defensores y defensoras de derechos humanos. En este sentido queremos expresar nuestra preocupación por los señalamientos y hostigamientos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos que se han dado a conocer en las últimas semanas.

Es fundamental que en virtud de las normas de derecho internacional y de derecho constitucional que se encuentran vigentes en el país, el Estado venezolano garantice el derecho a la vida, integridad personal, libertad personal, a la manifestación pacífica, el acceso a la información, libertad de expresión, y que cualquier actuación para mantener el orden público se realice con pleno respeto a los derechos humanos.

Firmantes:

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES:

Amnistía Internacional

Global Rights - Partners for Justice

ORGANIZACIONES REGIONALES:

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)

POR PAIS

Argentina:

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

CLADEM Argentina

Bolivia:

CLADEM Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer de Cochabamba

Brasil:

Associação Juízes para a Democracia (AJD)

Conectas Direitos Humanos

Grupo Tortura Nunca Mais Rio de Janeiro

Chile:

Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas

Colombia:

Comisión Colombiana de Juristas

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)

Costa Rica:

Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)

Ecuador:

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Guatemala:

Fundación Myrna Mack

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)

Honduras:

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)

México:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDHEM)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)

CLADEM  México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.

La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM)

Nicaragua:

Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)

CLADEM Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM)

Panamá:

Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)

Paraguay:

AGORA Espacio Civil Paraguay

Perú:

Asociación Paz y Esperanza

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú (CNDDHH)

Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco

Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ)

Instituto Runa

República Dominicana:

Fundación Étnica Integral (LA FEI)

Uruguay:

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)

Venezuela:

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Espacio Público

Organizaciones de la Convergencia por los Derechos Humanos en Guatemala no miembros de la Coalición que acompañan este comunicado:

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS)

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

El Refugio de la Niñez

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)

Organizaciones internacionales llaman a respetar el estado de derecho e instan a realizar procesos transparentes en las comisiones de postulación

Ciudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Mié, 12/02/2014

Conferencia de Prensa sobre Fiscalía General y Estado de Derecho en GuatemalaCiudad de Guatemala, 12 de febrero del 2014. Representantes de diversas organizaciones regionales e internacionales manifestamos nuestra preocupación ante hechos recientes que afectan la institucionalidad del Ministerio Público e instamos a que se respeten los principios de independencia, participación, transparencia, publicidad y  representatividad en los procesos de elección de miembros de diversos órganos que conforman la administración de justicia.

Somos organizaciones que hemos apoyado las luchas por garantizar y respetar los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala a través de diversos procesos desde hace muchos años. En virtud de que en el presente año se renovarán importantes cargos del sistema de administración de justicia en el país, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra intención de apoyar todos los esfuerzos para que los procesos de nombramiento de Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones se realicen de conformidad con los estándares internacionales. En tal sentido, realizamos las siguientes declaraciones:

  1. Lamentamos la decisión de la Corte de Constitucionalidad (CC) que –mediante un amparo provisional- reduce indebidamente el periodo de nombramiento de la actual Fiscal General Claudia Paz y Paz. Esta decisión amenaza la independencia del Ministerio Público y constituye una afectación a su institucionalidad. Por ello, instamos respetuosamente a la CC a reconsiderar su decisión provisional y mantener el mandato de la Fiscal General según fue establecido en su acuerdo de nombramiento.
  2. Reconocemos los cambios que ha impulsado la Fiscal General Claudia Paz y Paz en los últimos años, gracias a los cuales se han mejorado las prácticas de investigación y la gestión institucional, teniendo como consecuencia una reducción de la impunidad en aproximadamente un 30%. El o la próxima Fiscal General debe comprometerse públicamente a consolidar estos logros y garantizar que no hayan retrocesos en las reformas del Ministerio Público emprendidos en los últimos años.
  3. En caso de continuarse con el proceso para nombrar el cargo de Fiscal General, es fundamental que las personas seleccionadas como candidatos cumplan con los requisitos de reconocida honorabilidad, idoneidad y capacidad profesional para ejercer el cargo, cualidades que reúne sobradamente la señora Claudia Paz y Paz.
  4. Con base en los estándares internacionales vigentes, recomendamos que en los procesos de selección de candidatos/as, las comisiones de postulación cumplan con diversos principios para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de todas las personas que resulten electas, a saber:

a.Transparencia: las comisiones de postulación deben garantizar procesos transparentes en donde se establezca con claridad el perfil del cargo a elegir, los elementos a evaluar, los criterios de evaluación y la tabla de gradación respectiva.

b.Publicidad: todo el proceso de selección de candidatos/as debe ser público, así como las audiencias que se realicen a las personas que presenten sus candidaturas.

c.Participación: se debe garantizar la más amplia participación de diversos sectores de la sociedad, procurando brindar el tiempo suficiente para que toda persona interesada presente información respecto de los candidatos/as.

d. Representatividad: las comisiones de postulación deben procurar elegir personas que sean representativos de la diversidad que conforma la sociedad guatemalteca; particularmente deben considerar una adecuada representación de las mujeres y de los pueblos indígenas.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra voluntad de dar seguimiento cercano a los procesos de comisiones de postulación que se estarán llevando a cabo en el presente año 2014. Aportaremos nuestras experiencias y conocimientos con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más solida que garantice el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos humanos en condiciones de igualdad y no discriminación, así como se fortalezca el Estado de Derecho.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

CEJIL deplora la inminente destitución de la Fiscal General de Guatemala

Corte de Constitucionalidad guatemalteca emite preocupante decisión.

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

Jue, 06/02/2014

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad supone una seria amenaza al Estado de Derecho en ese país, pues la decisión menoscaba la independencia de la fiscalía y se podría considerar como una sanción implícita para la Fiscal, en represalia a su labor como operadora de justicia.

Sobre el particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia ha destacado la importancia “de garantizar que las y los fiscales puedan llevar a cabo su propia labor de modo independiente, autónomo e imparcial”. Además, dicho órgano consideró que una de las formas de asegurar tales condiciones es garantizando su inamovilidad por el periodo de su nombramiento.

La decisión judicial aludida contraviene estándares internacionales relativos a la remoción de operadores de justicia, pues los fallos de esta naturaleza requieren estar adecuadamente motivados y fundamentados para despejar dudas frente a situaciones en las cuales pudieran existir desviaciones de poder. En el caso concreto, la Corte de Constitucionalidad no motiva su resolución e inclusive cita normas cuyo texto no se corresponde con la conclusión a la que arriba.

La Fiscal General Paz y Paz se ha caracterizado por obtener avances sustantivos en la lucha contra la impunidad en Guatemala, lo cual le ha implicado la confrontación con diferentes grupos de poder en ese país.

Sobre esta grave situación, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL aseguró que “la inminente destitución de Claudia Paz y Paz constituye una afrenta al Estado de Derecho guatemalteco y pone riesgo la garantía de independencia, lo cual es un elemento esencial para la alcanzar la protección y defensa efectiva de los derechos humanos en este país”.

CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad y hace un llamado a las autoridades para rectifiquen esta posición y se aseguren el respeto a la legalidad, a los estándares internacionales en materia de independencia judicial y al Estado de Derecho.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

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daraya@cejil.org

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