Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Honduras no protege a los defensores y defensoras de derechos humanos

Washington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Mié, 30/10/2013

Audiencia temática ante la CIDH sobre medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos de HondurasWashington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones participantes denunciaron la inefectividad de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, luego de las múltiples deficiencias enfrentadas por las personas beneficiarias y de la continuación de amenazas en su contra. Asimismo, se presentaron observaciones puntuales que engloban las diversas limitaciones y lagunas que contiene el proyecto de ley denominado “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional desde agosto del 2013. Finalmente se resaltaron casos que ilustran los riesgos que hasta la fecha continúan enfrentando las y los defensores en Honduras. Entre ellos, se destacó el reciente asesinado de Manuel de Jesús Varela Murillo, quien era beneficiario de medidas de protección.

Las autoridades se refirieron a los supuestos esfuerzos por proteger e investigar los delitos en contra de este grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, preocupa a las organizaciones la reciente decisión del Fiscal General de la República, de desarticular la Fiscalía Especial de Derechos Humanos mediante el traslado de los fiscales John César Mejía, Rosa Seaman y Edy Tábora, quienes venían dando atención a la situación de los defensores y defensoras.

Al finalizar la audiencia, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales para que someta el citado proyecto a un diálogo amplio, participativo y transparente, y de esta manera se establezca un mecanismo que efectivamente proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita a Honduras paraverificar la situación de riesgo denunciado, y realizar las recomendaciones que correspondan.

 

CEJIL llama a los Estados Unidos a implementar los estándares de los derechos humanos en la reforma migratoria en una audiencia pública de la CIDH

Washington, DC, 28 octubre del 2013.- Esta tarde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó a una coalición de abogados especializados en migración, ONGs, clínicas de derecho, sindicatos y miembros de comunidades inmigrantes afectadas directamente para pedir a los Estados Unidos que cumpla sus obligaciones internacionales a través de una reforma integral de inmigración en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CEJIL solicitó que la Comisión Interamericana incluya sus estudios integrales  en su informe anual y que cree un informe temático, realice una visita in situ para monitorear las políticas de detención y deportación, y monitoree el impacto de los desarrollos legislativos y administrativos sobre los derechos de los migrantes con un enfoque transversal de derechos humanos, teniendo en cuenta los derechos de las familias migrantes, los niños, las mujeres, los trabajadores, y los migrantes LGBTI.

Mar, 29/10/2013

Audiencia ante la CIDH sobre migraciónWashington, DC, 28 octubre del 2013.- Esta tarde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó a una coalición de abogados especializados en migración, ONGs, clínicas de derecho, sindicatos y miembros de comunidades inmigrantes afectadas directamente para pedir a los Estados Unidos que cumpla sus obligaciones internacionales a través de una reforma integral de inmigración en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CEJIL solicitó que la Comisión Interamericana incluya dichos estudios integrales en su informe anual y que cree un informe temático, realice una visita in situ para monitorear las políticas de detención y deportación, y monitoree el impacto de los desarrollos legislativos y administrativos sobre los derechos de los migrantes con un enfoque transversal de derechos humanos, teniendo en cuenta los derechos de las familias migrantes, los niños, las mujeres, los trabajadores, y los migrantes LGBTI.

En el 2010, CEJIL ganó una sentencia favorable de la Comisión en el caso Wayne Smith and Hugo Armendariz, que requirió a los Estados Unidos reformar sus leyes para tomar en consideración a la familia y los lazos comunitarios en los procesos de deportación. Así mismo, la CIDH pronunció un número de recomendaciones detalladas sobre la detención de inmigrantesy el debido proceso en el 2010.  Los Estados Unidos todavía no ha cumplido con estas recomendaciones.

“La falta del gobierno de los Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos resulta actulmente en las violaciones más generalizadas de los derechos de las familias migrantes, niños, y comunidades.  Los Estados Unidos debe aprovechar esta oportunidad histórica y cumplir por fin con los estándares internacionales de los derechos humanos en la reforma integral de inmigración,” indicó Francisco Quintana, Director de CEJIL del Programa para la Región Andina, Norteamericana y el Caribe. “Pero hay un número de medidas administrativas que Estados Unidos puede - y debe – tomar inmediatamente para garantizar los derechos humanos de las familias migrantes y niños, incluyendo la incorporación de las normativas de los derechos humanos en sus directrices administrativas para los responsables de la toma de decisiones en procesos de inmigración, como hemos delineado en nuestros informes.”

En la audiencia, CEJIL fue acompañado por una coalición de amplia base de representantes de AFL-CIO, Gibbs Houston Pauw, Stanford Immigration Rights Clinic, Boston College Post-Deportation Human Rights Project, the National Day Labor Organizing Network (NDLON), Immigration Equality, Advocates for Human Rights, the New Orleans Workers’ Center for Racial Justice, and the Boston University Law Clinic así como otros defensores de derechos humanos de coaliciones religiosas.

CEJIL denunciará violaciones de derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad en las Américas

Ocho audiencias temáticas ante la CIDH permitirán discutir la situación de las personas detenidas, mujeres, defensores/as, refugiados, trans, entre otros.

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Dom, 27/10/2013

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Las audiencias temáticas forman parte del período ordinario de sesiones 149 de dicha entidad.

Entre los temas a tratar se incluyen:

  • Detención de las personas en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. (Lunes 28 de octubre, 9:00- 10:00 EST).
  • Derechos humanos de las persona migrantes en Estados Unidos y la reforma legislativa. (Lunes 28 de octubre 14:00-15:00 EST).
  • Situación de defensores de derechos humanos en Guatemala. (Lunes 28 de octubre, 11:30-12:20 EST).
  • Cumplimiento con medidas cautelares en Honduras. (Lunes 28 de octubre, 17:45-18:45 EST).
  • Denuncias de violencia contra personas trans en El Salvador. (Martes 29 de Octubre, 9:00-10:00 EST)
  • Situación de violencia contra las mujeres en las Américas. (Martes 29 de Octubre, 15:15-16:15 EST)
  • Denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por la Policía en Nicaragua. (Martes 29 de Octubre, 17:45-18:46 EST)
  • Situación de derechos humanos de los refugiados en las Américas. (Jueves 31 de octubre, 15:15-16:15)

 

 

CEJIL condena agresión contra integrantes del Centro Prodh en México

Tres integrantes fueron agredidos por policías
  • Los hechos ocurrieron el 2 de octubre en la Ciudad de México.
  • Integrates fungían como bservadores de una manifestación en conmemoración de la masacre de estudiantes sucedida el 2 de octubre de 1968.

San José, Costa Rica, viernes 4 de octubre del 2013.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena la agresión que tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sufrieron a manos de policías, el pasado miércoles 2 de octubre, en la Ciudad de México.

 

Vie, 04/10/2013

CEJIL condena agresión contra integrantes del Centro Prodh en México San José, Costa Rica, viernes 4 de octubre del 2013.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena la agresión que tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sufrieron a manos de policías, el pasado miércoles 2 de octubre, en la Ciudad de México.

Los hechos sucedieron cuando las personas integrantes del Centro Prodh se desempeñaban como observadores de una manifestación en conmemoración de la masacre de estudiantes sucedida el 2 de octubre de 1968. Durante su labor de monitoreo de la situación y de documentación de detenciones arbitrarias, fueron amenazados y tres de ellos fuertemente golpeados por policías.

El Centro Prodh es una organización de derechos humanos, con sede en la Ciudad de México, que desde hace 25 años ha tenido una labor fundamental en la defensa de cientos de personas que han sufrido serias violaciones a los derechos humanos.

Entre otros casos, el Centro Prodh ha representado a personas que sufrieron represión en Atenco, a los campesinos ecologistas que fueron encarcelados en Guerrero, y a personas indígenas condenadas en procesos plagados de irregularidades.

El Centro Prodh es un actor fundamental en la configuración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en México y la agresión sufrida por sus integrantes es un hecho preocupante. CEJIL considera que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

Hacemos un llamado a las autoridades para que lleven a cabo una investigación pronta e imparcial de estos hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia.

 

 

Pronunciamiento conjunto sobre la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

Orden de prisión preventiva de la defensora Berta Cáceres evidencia persecusión

26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Vie, 27/09/2013

26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Hace seis meses la comunidad de Río Blanco en el Departamento de Intibucá inició una protesta pacífica en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca que afectará el cauce del Río Gualcarque y el acceso de los pobladores a este recurso hídrico. La concesión otorgada por las autoridades a la empresa se gestó sin haber realizado la consulta previa a la comunidad indígena. Adicionalmente, es de conocimiento público que existen dos requerimientos penales presentados por la Fiscalía de las Etnias en contra del Alcalde municipal, y del Subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente, por el otorgamiento del permiso de construcción y de la licencia ambiental a la empresa, respectivamente.

En el marco de dicho conflicto, las autoridades fiscales acusan a Berta, así como a los defensores Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, de haber incitado a los pobladores a cometer dichos delitos y causar daños a la empresa.

Además de ordenar la prisión de la defensora, quien es beneficiaria de medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Knight Reyes requirió a los defensores Molina y Gómez presentarse a firmar cada 15 días y no circundar la zona de los hechos. A la vez, ordenó el desalojo de la protesta pacífica.

Las medidas adoptadas se dan en un contexto de persecución en contra de defensores de derechos humanos que han sido denunciados en numerosas ocasiones y motivaron pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos como se menciona a continuación.

Entre los casos recientemente reportados en Honduras en contra de los defensores y las defensoras destacamos:

En el Progreso, Yoro, la defensora Magdalena Morales, lideresa de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, fue acusada por el delito de usurpación en perjuicio de la compañía Azucarera del Norte, S.A. (AZUNOSA) en el marco de un proceso de recuperación de tierras.

Más recientemente se ha conocido que existe una denuncia en contra de los abogados Víctor Fernández y Martín Fernández y de los miembros del Patronato (asociación comunitaria) de la comunidad de Nueva Esperanza por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Buena Vista I”.

A estos hechos se suman los asesinatos de tres indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, el 25 de agosto en la tribu de San Francisco Locomapa, Yoro, por su lucha en defensa de bienes naturales y derechos humanos; el asesinato de Tomás García, miembro del COPINH, ocurrido en julio del 2013 y las heridas propinadas a su hijo Allan García de 17 años. Además, persisten las amenazas a muerte realizada a los líderes tolupanes José María Pineda, Consuelo Soto, y Ramón Matute.

La situación de riesgo para la defensa de los derechos humanos en Honduras fue reseñada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekayya, quien señaló en su informe del año 2012 que en Honduras “en razón de la legítima labor de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales que realizan, hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial, como los periodistas, los que se ocupan de cuestiones económicas, sociales y culturales, entre ellos los que se ocupan de cuestiones de los indígenas, garífunas, ambientales y de derechos sobre la tierra”.

Además, la Relatora agregó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos están muy expuestas, por lo que ellos y sus familias siguen corriendo el peligro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y exilio forzado”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe del año 2012 que en Honduras persisten los ataques, amenazas, y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos. En dicha oportunidad, la CIDH destacó los ataques contra varios miembros del COPIHN, a saber Bonifacio Muñoz, Juan Vásquez y Sotero Chavarría, y las detenciones de Isabel Jorge Chavarría y del niño Allan Chavarría.

La estrategia de criminalización o uso abusivo del poder penal del Estado ha sido un arma en varios países para silenciar y entorpecer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. En relación a aquella, la CIDH en su Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas publicado en el año 2011 señaló que “el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos, no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.

En efecto, en Honduras, preocupa especialmente que la administración de justicia no proteja el derecho a la consulta, y que por el contrario, los fiscales persigan penalmente a defensores de derechos humanos por manifestarse en defensa de los derechos humanos. A ello se suma, la incapacidad del  Estado de brindar una respuesta efectiva para resolver los conflictos sociales que se generan a partir de la aprobación de diversos proyectos sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.


Es por lo anterior que las organizaciones firmantes demandamos:


- A las autoridades del Ministerio Público y a los jueces y juezas para que cesen los actos de criminalización en contra de los defensores y defensoras de derechos en el país por manifestarse en defensa de los derechos. A su vez que cumplan con su deber de proteger el derecho a la consulta e investigar las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos,

- Al Poder Ejecutivo para que apoye la labor de defensa de los derechos mediante el establecimiento de campañas públicas que legitimen a los defensores y su importante rol en la vida democrática,

- A los órganos de protección internacional, como la CIDH, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que den un seguimiento cercano a la situación de Honduras e insistan en el cumplimiento de las recomendaciones que han sido brindadas en el marco de diversos informes,

- A la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante la situación que aqueja Honduras y se condene todo acto que atente contra el derecho a defender derechos humanos.


Organizaciones firmantes:


Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México

Agenda Política de Mujeres, Costa Rica

Alianza por tus Derechos, Costa Rica

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, organización regional

Asociación LGTB Arcoiris, Honduras

Casa Alianza, Honduras

Casa del Migrante de Saltillo (frontera con Justicia AC), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), México

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM), Costa Rica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC, México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras

Documenta AC, México

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), organización internacional

Foro de Mujeres por la Vida, Honduras

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), El Salvador

Jass, Asociadas por lo Justo, organización regional

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Honduras

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA), El Salvador

Protection International, organización internacional

Red Lésbica Cattrachas, Honduras

Red de la no violencia contra las mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, México

Rights Action - Derechos en acción, organización regional

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos, México

Sin Fronteras IAP, México

 

 

CEJIL llama a enfrentar de manera decidida la deuda con las víctimas de la desaparición forzada en las Américas

En conmemoración del Día Internacional del Desaparecido

Foto: Daniel Hernandez-Salazar©2010

Washington, D.C, y Costa Rica, 30 de agosto de 2013- A propósito de la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido, CEJIL recuerda la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición forzada en los países del continente americano.

En América Latina, todavía subsisten diversos obstáculos que impiden la justicia para las víctimas de la desaparición forzada. Así, en diversos países se encuentran vigentes leyes de amnistía, se aplican otros eximentes de responsabilidad como la prescripción o se permite el uso excesivo de los recursos judiciales para impedir que los procesos judiciales avancen.  Además, son pocos los Estados que cuentan con una adecuada tipificación del delito acorde con los estándares internacionales.

Vie, 30/08/2013

Foto: Daniel Hernandez-Salazar©2010

Lucrecia Molina Theissen, hermana de Marco Antonio, niño desaparecido en Guatemala, habla durante la apertura de la investigación antropológico forense en el osario del Cementerio La Verbena.

Washington, D.C, y Costa Rica, 30 de agosto de 2013- A propósito de la conmemoración del Día Internacional del Desaparecido, CEJIL recuerda la impunidad que persiste en numerosos casos de desaparición forzada en los países del continente americano.En América Latina, todavía subsisten diversos obstáculos que impiden la justicia para las víctimas de la desaparición forzada. Así, en diversos países se encuentran vigentes leyes de amnistía, se aplican otros eximentes de responsabilidad como la prescripción o se permite el uso excesivo de los recursos judiciales para impedir que los procesos judiciales avancen.  Además, son pocos los Estados que cuentan con una adecuada tipificación del delito acorde con los estándares internacionales.

Más allá de los obstáculos históricos, es un hecho que en la actualidad miles de personas continúan siendo víctimas de desaparición, entre otras cosas, producto de la trata de personas u otras actividades propias del crimen organizado. Por ejemplo, a inicios de este año, el Estado de México reconoció la existencia de aproximadamente 26 mil personas desaparecidas, aunque no aclaró cuantas de estas constituyen desapariciones forzadas.

CEJIL, a lo largo de su historia, ha litigado numerosos casos de personas desaparecidas ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. En estos procesos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha ordenado medidas importantes para encontrar a las víctimas, para adecuar la normativa interna y para alcanzar la justicia. Desafortunadamente la deuda continúa y pocos Estados han cumplido con sus obligaciones de investigar y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia.

En el caso de El Salvador, la Corte IDH ordenó el establecimiento de una Comisión Nacional de Búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, si bien dicha Comisión fue creada, el plazo otorgado para su funcionamiento está pronto a vencer y se requiere de una ley de la república para garantizar su permanencia y los recursos necesarios para funcionar.

En Uruguay, la sentencia que emitió la Corte IDH en el caso Gelman, en la que se discutió sobre las desapariciones forzadas en el marco del Operación Cóndor,  estableció que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, por tanto, no puede impedir u obstaculizar la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, una decisión de la Suprema Corte de Justicia desconoció lo ordenado por la Corte Interamericana.

La deuda histórica es también evidente en Guatemala, en donde solo se han logrado 9 condenas en contra de perpetradores de desaparición forzada, ello pese a que en este país, según datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, aproximadamente 45.000 personas fueron víctimas de dicha práctica. La situación en Guatemala se ha agravado en virtud de la posición actual de las autoridades del gobierno que se niegan a reconocer la existencia de dicha práctica así como la competencia de la Corte Interamericana para declarar su responsabilidad internacional. En tal sentido, el Estado guatemalteco se ha negado a cumplir con algunas de las decisiones del Alto Tribunal Interamericano relacionadas con desapariciones forzadas.

Por otra parte, en Brasil, subsiste la preocupación por la vigencia de la ley de amnistía y resta además que la Cámara de Diputados apruebe la tipificación del delito de desaparición forzada en los términos ordenados por la Corte IDH en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilla de Araguaia).

Además, urge tipificar adecuadamente la desaparición forzada en países como Perú, Panamá, República Dominicana y México. En relación con estos países, la Corte IDH ha establecido su obligación de modificar las normativas internas para que cumplan con los estándares internacionales y se proteja efectivamente los derechos de las víctimas de la desaparición forzada.

Al conmemorarse el Día Internacional del Desaparecido, CEJIL desea hacer un reconocimiento a los familiares de las miles de personas detenidas desaparecidas en los países de América. Su lucha incansable dignifica a sus seres queridos desaparecidos. Saludamos a quienes han logrado su objetivo y han encontrado a sus familiares, y reiteramos nuestra admiración hacia aquellos que continúan reclamando a sus seres queridos y exigiendo justicia.

“Los Estados tienen la obligación de escuchar la voz de los familiares de las víctimas de la desaparición forzada y cumplir con sus deberes de investigar en forma diligente estos lamentables hechos, garantizando el acceso a la justicia de estas personas y su derecho a conocer la verdad. La deuda con la justicia es todavía extensa, tiene raíces históricas y no podrá ser superada sin la voluntad expresa y decidida de las autoridades”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

"El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos".

 

CEJIL condena asesinato de jueza hondureña y exige investigación

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, quien se desempeñaba como jueza del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso en Honduras, y además ocupaba el cargo de Pro Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

La jueza Mendoza fue asesinada el pasado 24 de julio de 2013, alrededor del medio día, mientras conducía su vehículo particular y sujetos desconocidos le dispararon en aproximadamente veinte ocasiones.

Lun, 29/07/2013

San José, 29 de julio de 2013

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el asesinato de la jueza Mireya Mendoza, quien se desempeñaba como jueza del Tribunal de Sentencia de la Ciudad de El Progreso en Honduras, y además ocupaba el cargo de Pro Secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).

La jueza Mendoza fue asesinada el pasado 24 de julio de 2013, alrededor del medio día, mientras conducía su vehículo particular y sujetos desconocidos le dispararon en aproximadamente veinte ocasiones.

El asesinato de la jueza no ha sido el único contra operadores de justicia en este país. En el año 2010, también fue asesinada la jueza Olga Mariné Laguna y el 27 de mayo de 2011, fue asesinado Raúl Enrique Reyes Carbajal, coordinador en Honduras de la Fiscalía en Puerto Cortes, quien días antes de asumir este cargo se habría desempeñado como fiscal contra el Crimen Organizado en San Pedro Sula.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el año de 2011 cuando publicó su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, manifestó su preocupación por la cifra de 22 jueces hondureños que señalaron encontrarse amenazados de muerte por conocer de casos delicados relacionados con el crimen organizado, grupos juveniles o pandillas.

Adicionalmente, resulta preocupante el contexto de impunidad que prevalece en Honduras. Al respecto, recientemente, el ex Fiscal General de la República, Luis Rubí, declaró ante el Congreso Nacional que el 80% de los homicidios cometidos en el país quedan en la impunidad por la falta de capacidad de los órganos de investigación.

No obstante, el Estado de Honduras tiene el deber jurídico de investigar las afectaciones al derecho a la vida. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados deben “iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva (…) por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos”.

“El asesinato de la jueza Mendoza es de suma preocupación por el inevitable efecto amedrentador en todas aquellas personas comprometidas con la búsqueda de la justicia. Si no se investiga y sanciona a la totalidad de los responsables –tanto materiales como intelectuales–, el Estado estaría tolerando estos actos y con ello se intimidaría la labor independiente e imparcial de jueces y otros operadores de justicia” declaró Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado a las autoridades hondureñas para que asignen todos los recursos que sean necesarios con el objetivo de investigar efectivamente el asesinato de la jueza Mireya Mendoza y sancionar a los responsables. A la vez, instamos a las autoridades a crear un mecanismo de protección para operadores de justicia que tenga como objetivo la prevención de este tipo de hechos y la garantía plena de la independencia judicial.

 

El 31 de julio de 2013, operadores de justicia, organizaciones hondureñas e internacionales enviaron una carta a la Comisión Interventora del Ministerio Público y otras autoridades hondureñas, para exigir una investigación exhaustiva y acorde a estándares internacionales. Lea la carta aquí

 

Contacto en Costa Rica

Marcia Aguiluz

Directora del Programa para Centroamérica y México

Tel. (506) 2280-7473 / 7608

 

Foto crédito: Asociación de Jueces por la Democracia

Denuncian impunidad sobre desapariciones forzadas en Guatemala

Audiencia ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas

Nueva York, 19 de julio de 2013. La Fundación Myrna Mack, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la situación de impunidad que se mantiene en Guatemala respecto de las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado ocurrido entre los años 1962 a 1996.

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 9 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.

Vie, 19/07/2013

Nueva York, 19 de julio de 2013. La Fundación Myrna Mack, la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de California en Berkeley y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la situación de impunidad que se mantiene en Guatemala respecto de las víctimas de desaparición forzada en el contexto del conflicto armado ocurrido entre los años 1962 a 1996.

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 5 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.
En la reunión celebrada en Nueva York, el 18 de julio de 2013, las organizaciones destacaron los obstáculos que impiden alcanzar la justicia, como por ejemplo la actual posición del Estado de Guatemala que niega la existencia de las desapariciones e insiste en señalar que no es posible juzgar a los responsables de estos crímenes.
A la vez, se denunció el aumento en las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contra de quienes luchan contra la impunidad. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) solo en el primer cuatrimestre del presente año aumentaron en un 56% los ataques contra dicho grupo en relación con el año 2012.
En la reunión también rindieron su testimonio Ana Lucrecia Molina Theissen y María Luisa Rosal. Ana Lucrecia es hermana de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue desaparecido el 6 de octubre de 1981, y María Luisa es hija de Jorge Rosal Paz y Paz, desaparecido el 12 de agosto de 1983. Ambas se refirieron a la revictimización que sufren por el actual gobierno debido a su negativa a reconocer la existencia de las desapariciones forzadas y por la falta de reconocimiento de las responsabilidades penales e históricas que tienen quienes perpetraron crímenes contra la humanidad.
En palabras de María Luisa, la ausencia de su padre es “un vacío que siempre está presente”, ella solicitó apoyo al Grupo de Trabajo porque “conocer la verdad ayuda  a sanar heridas”.
Por su parte, Lucrecia Molina concluyó solicitando al Grupo de Trabajo su apoyo para “cerrar un círculo que permanece abierto”. Para ella “la razón de ser de su vida es la búsqueda de justicia”.
Las organizaciones peticionarias solicitaron al Grupo de Trabajo su intervención para que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales e investigue en forma diligente las desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado. Además, se destacó la importancia que el Grupo de Trabajo realice una visita a Guatemala en el menor plazo posible y brinde recomendaciones que apoyen la búsqueda de justicia para los miles de desaparecidos en dicho país

 

De acuerdo con datos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, 45.000 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Guatemala, de los cuales aproximadamente un 92% desaparecieron en manos de agentes del Estado. No obstante la magnitud de los hechos, hasta la fecha solamente 9 ex militares y ex comisionados de la Policía Nacional han sido sancionados por su participación en dicha práctica.

 

En la reunión celebrada en Nueva York, el 18 de julio de 2013, las organizaciones destacaron los obstáculos que impiden alcanzar la justicia, como por ejemplo la actual posición del Estado de Guatemala que niega la existencia de las desapariciones e insiste en señalar que no es posible juzgar a los responsables de estos crímenes.

 

A la vez, se denunció el aumento en las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contra de quienes luchan contra la impunidad. Según datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) solo en el primer cuatrimestre del presente año aumentaron en un 56% los ataques contra dicho grupo en relación con el año 2012.

 

En la reunión también rindieron su testimonio Ana Lucrecia Molina Theissen y María Luisa Rosal. Ana Lucrecia es hermana de Marco Antonio Molina Theissen, un niño de 14 años que fue desaparecido el 6 de octubre de 1981, y María Luisa es hija de Jorge Rosal Paz y Paz, desaparecido el 12 de agosto de 1983. Ambas se refirieron a la revictimización que sufren por el actual gobierno debido a su negativa a reconocer la existencia de las desapariciones forzadas y por la falta de reconocimiento de las responsabilidades penales e históricas que tienen quienes perpetraron crímenes contra la humanidad.

 

En palabras de María Luisa, la ausencia de su padre es “un vacío que siempre está presente”, ella solicitó apoyo al Grupo de Trabajo porque “conocer la verdad ayuda  a sanar heridas”.

 

Por su parte, Lucrecia Molina concluyó solicitando al Grupo de Trabajo su apoyo para “cerrar un círculo que permanece abierto”. Para ella “la razón de ser de su vida es la búsqueda de justicia”.

 

Las organizaciones peticionarias solicitaron al Grupo de Trabajo su intervención para que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales e investigue en forma diligente las desapariciones forzadas ocurridas en el conflicto armado. Además, se destacó la importancia que el Grupo de Trabajo realice una visita a Guatemala en el menor plazo posible y brinde recomendaciones que apoyen la búsqueda de justicia para los miles de desaparecidos en dicho país.

 

Contacto en Costa Rica

Marcia Aguiluz

Directora del Programa para Centroamérica y México

Tel. (506) 2280-7473 / 7608

 

Contacto en Argentina

Eleanor Rosenbach

(54 11) 5031-2331

 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos requiere al Estado de Guatemala que proteja a Jueces que juzgaron a Ríos Montt

Ríos Montt

Ciudad de Guatemala y San José, 2 de julio de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección a favor de las juezas Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y del juez Pablo Xitumul de Paz, debido a numerosos actos de hostigamiento y amenazas que han recibido por su participación en el juzgamiento de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

El pasado 28 de junio, la Comisión Interamericana, máximo órgano de protección de derechos humanos del continente americano, requirió al Estado de Guatemala la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de los jueces Barrios, Bustamante y Xitumul, concertar con ellos las medidas que puedan protegerlos y tomar acciones para investigar los hechos denunciados. Ello se origina en una solicitud presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH).

Mar, 02/07/2013

Ciudad de Guatemala y San José, 2 de julio de 2013. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgó medidas de protección a favor de las juezas Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y del juez Pablo Xitumul de Paz, debido a numerosos actos de hostigamiento y amenazas que han recibido por su participación en el juzgamiento de los ex generales Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez.

El pasado 28 de junio, la Comisión Interamericana, máximo órgano de protección de derechos humanos del continente americano, requirió al Estado de Guatemala la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de los jueces Barrios, Bustamante y Xitumul, concertar con ellos las medidas que puedan protegerlos y tomar acciones para investigar los hechos denunciados. Ello se origina en una solicitud presentada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala (PDH).

Estos jueces integran el Tribunal Mayor de Riesgo A y en tal condición conocieron del proceso contra los generales en retiro Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.  En este proceso, los jueces encontraron culpables de ambos delitos al ex general Ríos Montt y absolvieron al ex general Rodríguez Sánchez.

Por su participación en el proceso, los jueces del citado Tribunal han sufrido una intensa campaña de desprestigio y estigmatización, así como ataques a su independencia judicial. Además han sido amenazados públicamente, inclusive por abogados de la defensa del ex general Ríos Montt.

Estos hechos no son aislados, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, en su informe relativo al año 2012 sobre sus actividades en Guatemala, se refirió a los ataques y amenazas perpetrados en contra de los integrantes de los Tribunales de Mayor Riesgo, y recordó la necesidad de garantizar la seguridad de los operadores de justicia y de las otras partes procesales, incluyendo víctimas, testigos y querellantes adhesivos.

Por su parte,  la CIDH al culminar el 147 Período de Sesiones, el 5 de abril de 2013, emitió un comunicado de prensa en el cual destacóla importancia de que el Estado de Guatemala ofrezca garantías de seguridad para que las y los operadores de justicia puedan continuar con sus labores en condiciones de independencia e imparcialidad a fin de que el Estado continúe avanzando en el esclarecimiento de la verdad y sanción a los responsables de las graves violaciones cometidas durante el conflicto armado”.

No obstante lo anterior, las autoridades guatemaltecas no han brindado medidas adecuadas a los integrantes del Tribunal de Mayor Riesgo A, generando una situación de riesgo que pone en peligro sus vidas e integridad.

“Hacemos un llamado vehemente al Estado de Guatemala para que se tomen todas las medidas necesarias y se proteja efectivamente a los jueces Yassmin Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y Pablo Xitumul de Paz de manera que puedan continuar ejerciendo su trabajo en condiciones de seguridad, así como cesen los actos que constituyan amenazas a su independencia” declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

 

Contacto en CEJIL

Marcia Aguiluz

maguiluz@cejil.org

+506-2280-7473

Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere a Estado salvadoreño salvar la vida de “Beatriz”

Por votación unánime, el Tribunal Interamericano reconoce que su salud, integridad personal tanto física como mental, y vida, se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable.

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal en materia de derechos humanos del continente americano, requirió hoy al Estado salvadoreño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de Beatriz, lo que significa interrumpir su embarazo de acuerdo a lo recomendado por los médicos tratantes.

Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, quien padece de Lupus Eritematoso Sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, es madre de un niño de 14 meses y actualmente se encuentra en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina.

Lea la resolución completa de la Corte IDH.

Jue, 30/05/2013

Por votación unánime, el Tribunal Interamericano reconoce que su salud, integridad personal tanto física como mental, y vida, se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de sufrir un daño irreparable.

En una decisión histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), máximo tribunal en materia de derechos humanos del continente americano, requirió hoy al Estado salvadoreño tomar todas las medidas médicas necesarias para asegurar, de manera urgente, la debida protección de los derechos a la vida e integridad personal de Beatriz, lo que significa interrumpir su embarazo de acuerdo a lo recomendado por los médicos tratantes.Beatriz-CCAmnistíaMéxico

Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años, quien padece de Lupus Eritematoso Sistémico agravado con nefropatía lúpica y artritis reumatoidea, es madre de un niño de 14 meses y actualmente se encuentra en la semana 26 de un embarazo de un feto anencefálico, es decir, sin cerebro, una anomalía mayor incompatible con la vida extrauterina.

El pasado 29 de abril de 2013, luego de una solicitud de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local de El Salvador, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico de El Salvador, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares a favor de Beatriz y requirió al Estado de El Salvador “implementar el tratamiento recomendado por el Comité Médico del Hospital Nacional Especializado de Maternidad “Dr. Raúl Arguello Escalón”, con el objetivo de salvaguardar la vida, integridad personal y salud de Beatriz. Sin embargo, el Estado no acató la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por ello, la CIDH solicitó la intervención de la Corte Interamericana.

En su resolución, la Corte Interamericana consideró que la situación de Beatriz es de extrema gravedad y urgencia y que existe un riesgo de que ocurra un daño irreparable de sus derechos a la vida y a la integridad no sólo física sino también mental.

“La resolución dictada por la Corte IDH es un hito histórico en la protección de los derechos de las mujeres en el continente. Mediante su decisión, la Corte IDH establece la urgencia de aplicar las medidas necesarias para proteger de manera inmediata a las mujeres que enfrentan problemas graves de salud y que requieren de un aborto terapéutico” señaló Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

La resolución de la Corte IDH toma en cuenta la sentencia emitida el día de ayer por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, en la cual se rechazó el recurso de amparo interpuesto por las y los abogados de Beatriz, con el fin de que se permitiera que los médicos del Hospital interrumpieran el embarazo.

No obstante, la Corte Interamericana señaló que en el marco de dicha decisión, el Estado salvadoreño está obligado a “garantizar que el equipo médico tratante tenga la protección que corresponda para ejercer plenamente su función de acuerdo a las decisiones que, basadas en la ciencia médica, dicho equipo médico adopte”.

“Esperamos que el Estado salvadoreño de inmediato cumpla con esta resolución de la Corte Interamericana y proceda a interrumpir el embarazo de Beatriz, de manera que ella pueda continuar con su vida en forma plena y segura”, señaló Morena Herrera de la Colectiva Feminista.

Ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, la Corte IDH puede tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, aunque no haya un caso presentado ante el Tribunal. Las resoluciones de la Corte IDH son de cumplimiento obligatorio para todas y cada una de las autoridades de El Salvador, como Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), que firmó y ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y aceptó la competencia de la Corte IDH.

Lea la resolución completa de la Corte IDH.

Más información

Marcia Aguiluz

CEJIL

maguiluz@cejil.org

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Fotografía CC Amnistía México

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