Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Día de la Libertad de Prensa

Vie, 03/05/2013 (Todo el día)
A nivel mundial
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Día Internacional de la Mujer

Vie, 08/03/2013 (Todo el día)
A nivel mundial
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Sobre la derogación del Acuerdo Gubernativo 370- 2012 en Guatemala

Declaraciones de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

Washington D.C., 14 de enero de 2013- La derogación del Acuerdo Gubernativo 370- 2012 por parte del Presidente Otto Pérez Molina es una decisión adecuada. Este acuerdo pretendía imponer serias limitaciones a los procesos de justicia y reparación para las víctimas en Guatemala.

Lun, 14/01/2013

Declaraciones de Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Washington D.C., 14 de enero de 2013- La derogación del Acuerdo Gubernativo 370- 2012 por parte del Presidente Otto Pérez Molina es una decisión adecuada. Este acuerdo pretendía imponer serias limitaciones a los procesos de justicia y reparación para las víctimas en Guatemala.

 

Esperamos que la decisión del Presidente se vea reflejada en un fortalecimiento de las instituciones del Estado y en mejores prácticas de los tres poderes de la República para hacer cumplir adecuadamente con las sentencias de la Corte IDH. Esperamos también que se promueva el diálogo con las diversas partes involucradas en estos temas antes de aprobar acuerdos que no respeten el derecho internacional.

 

Los incipientes logros que hemos alcanzado en materia de derechos humanos deben ser reafirmados para asegurar que no queden en la impunidad graves violaciones que impiden la consolidación de la paz, y para brindar una reparación adecuada a todas las personas que sufren violaciones de derechos humanos en el pasado y en el presente.

 

Al igual que este acuerdo, no serán legítimas las acciones que pretendan desconocer las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. A un año de haber asumido el poder, el gobierno de Guatemala tiene la tarea de garantizar la justicia, aportar a la verdad y reparar todas las violaciones, adecuar instituciones y prácticas, así como tomar decisiones que superen las profundas brechas respecto a la protección de los derechos de todos sus habitantes.

Ver comunicado anterior.

CEJIL convoca evento sobre derechos de personas transgénero, transexuales y travestis

San José, 3 de diciembre de 2012- Defensores de derechos humanos de las comunidades LGBT de diversos países del continente americano se dan cita este 3 y 4 de diciembre en la capital costarricense San José para analizar la situación sobre crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en América Latina.

Ver programa completo.

 

Lun, 03/12/2012

San José, Costa Rica- 3 de diciembre de 2012 - Defensores de derechos humanos de las comunidades LGBT de diversos países del continente americano se dan cita este 3 y 4 de diciembre en la capital costarricense San José para analizar la situación sobre crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género en América Latina.
 
La actividad es organizada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con el fin de facilitar un análisis sobre cómo investigar adecuadamente estos crímenes y generar una reflexión sobre las acciones que deben implementar los Estados para garantizar, entre otros, los derechos a la vida, la integridad, libertad personal y a la justicia de las poblaciones trans.
 
De acuerdo con lo que, en los últimos años, el programa de CEJIL para Centroamérica y México ha podido documentar, estamos frente a una aguda y creciente violencia contra las personas que integran las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y en especial trans, por lo cual es urgente establecer y desarrollar mecanismos que eliminen cualquier situación de impunidad.
 
No obstante, para CEJIL es evidente la ausencia de recursos judiciales eficaces y la falta de debida diligencia de las autoridades para investigar los hechos, sancionar a los responsables de estas conductas lesivas, y así lograr otorgar una debida reparación a las víctimas. La desprotección de las víctimas facilita la repetición de hechos similares.
 
La actividad sobre personas trans está auspiciada por HIVOS y  tiene lugar en el tercer piso del Hotel Holiday Inn San José- Aurola, en el centro de San José.
 
Ver programa completo.

Carta al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, México

Distinguido señor Gobernador:

Reciba un saludo cordial del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos, cuyo objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y la asunción de la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos (SIDH).

 

 

Lun, 05/11/2012

San José, Costa Rica, 22 de octubre de 2012

 

Cesar Duarte Jáquez

Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua

P R E S E N T E

 

Ref.: Incidentes relacionados con el

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

 

Distinguido señor Gobernador:

 

Reciba un saludo cordial del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional de defensa y promoción de los derechos humanos, cuyo objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y la asunción de la representación de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos (SIDH).

 

En esta oportunidad me dirijo a Usted para manifestarle nuestra preocupación por los últimos sucesos relacionados con el trabajo de defensa realizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), particularmente respecto de la Lic. Luz Estela Castro Rodríguez, directora de dicha organización.

 

Al respecto, como se desprende de la información publicada por diversos medios de comunicación y de diversa información con la que cuenta CEJIL, recientemente altas autoridades del Estado de Chihuahua emitieron declaraciones dirigidas a desprestigiar el trabajo de defensa de derechos humanos realizado por la Lic. Castro y el CEDEHM, en particular en relación con la búsqueda de justicia por el asesinato de la señora Marisela Escobedo Ortíz.

 

Dichas declaraciones se circunscriben en el marco de la importante defensa de los derechos humanos que realiza CEDEHM y especialmente la Lic. Castro tanto en el Estado de Chihuahua como en el país, y podrían tener por objeto amedrentarles en su importante labor social, además de obstaculizar su labor de defensa al constituir una forma de estigmatizar y disminuir la tarea que realizan.

 

Por ello, es propicio recordar lo manifestado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su más reciente informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas, en el que indicó:

 

Los gobiernos no deben tolerar ningún intento de parte de las autoridades estatales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras, defensores y sus organizaciones. La CIDH ha indicado que los funcionarios públicos deben de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen a defensores y defensoras o que sugieran que las organizaciones actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción y defensa de los derechos humanos.[1]

 

La CIDH además manifestó que lo anterior:

 

[…] puede producir cargas psicológicas que lesionan el derecho a la integridad psíquica y moral del defensor o defensora involucrado, y a la vez, puede generar un clima de hostilidad que dificulte el ejercicio legítimo de la libertad de asociación de demás defensoras y defensores[2].

 

Como es de su conocimiento, desde el año 2008 la CIDH otorgó medidas cautelares MC -147-08, a favor de los defensores y defensoras de derechos humanos miembros de CEDEHM, lo cual hace aún más apremiante la importancia de proteger a las personas integrantes del Centro y garantizar su trabajo sin obstáculo alguno. Cabe mencionar que nuestra organización ha podido constatar el profesionalismo, compromiso y responsabilidad con la que el CEDEHM realiza su trabajo, particularmente en varios procesos ante el SIDH.

 

Por lo anterior, muy respetuosamente le solicitamos que garantice la integridad física y psicológica de la Lic. Castro y del resto del equipo del CEDEHM, teniendo en cuenta su situación de riesgo; que se asegure que ningún funcionario público estigmatice, con declaraciones públicas o mediante cualquier otra forma, el trabajo de defensa de los derechos humanos realizados por el CEDEHM y la Lic. Castro; y, que se asegure que todas las defensoras y defensores de derechos humanos en Chihuahua pueden realizar su labor sin obstáculos ni temor.

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi consideración y estima.

 

Atentamente,

 

 

 

Alejandra Nuño

Directora

Programa para Centroamérica y México

CEJIL

 

c.c.p. Lic. Carlos Manuel Salas. Fiscal General del Estado de Chihuahua. Para su conocimiento.

 


[1] Cfr. CIDH. Segundo Informe sobre la Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66 de 31 diciembre 2011. párr. 124.

[2] Ibídem, párr. 125.

Se inicia proceso de búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura brasileña

Corte Federal admite denuncias criminales contra militares

Río de Janeiro y Washington DC, 4 de septiembre de 2012- El Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su satisfacción por la apertura de dos procesos penales para investigar y procesar a Sebastião Curió Rodrigues de Moura y Lício Augusto Maciel por su participación, respectivamente, en la desaparición forzada de María Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Telma Regina Cordeiro Corrêa, y Divino Ferreira de Souza,  integrantes de la Guerrilla de Araguaia, que siguen sin esclarecerse hasta el día de hoy. Finalmente, el 29 de agosto de 2012, la jueza federal Nair Pimenta de Castro del Segundo Juzgado Federal de la subdirección de Marabá, en el estado de Pará, Brasil, inició los procesos legales al admitir las denuncias criminales presentadas por la Fiscalía (Ministerio Público Federal).

Mié, 05/09/2012

Río de Janeiro y Washington DC, 4 de septiembre de 2012- El Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su satisfacción por la apertura de dos procesos penales para investigar y procesar a Sebastião Curió Rodrigues de Moura y Lício Augusto Maciel por su participación, respectivamente, en la desaparición forzada de María Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Telma Regina Cordeiro Corrêa, y Divino Ferreira de Souza,  integrantes de la Guerrilla de Araguaia, que siguen sin esclarecerse hasta el día de hoy. Finalmente, el 29 de agosto de 2012, la jueza federal Nair Pimenta de Castro del Segundo Juzgado Federal de la subdirección de Marabá, en el estado de Pará, Brasil, inició los procesos legales al admitir las denuncias criminales presentadas por la Fiscalía (Ministerio Público Federal).

Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gomes Lund y otros v. Brasil 2010, cuando el Tribunal ordenó que Brasil investigara y procesara a los responsables de los crímenes cometidos en Araguaia. Desde 1995, las víctimas y sus familiares han sido representadas en el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Grupo Tortura Nunca Más-RJ, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y CEJIL.

Antes de la condena internacional, familiares de los desaparecidos políticos de Araguaia ya habían enviado solicitudes a la Fiscalía para que los crímenes fuesen investigados.

En marzo de 2012, la Fiscalía interpuso la denuncia contra Sebastião Curió y en julio de 2012 contra Lício Maciel. La reciente decisión de la jueza federal Nair Pimenta de Castro crea un marco propicio para la realización de la justicia en el país.

“Este es un paso decisivo para Brasil, ya que es la primera vez que se inicia un proceso para responsabilizar penalmente a agentes del Estado por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. La admisión de las denuncias penales coloca a Brasil en sintonía con otros países de la región que iniciaron procesos de búsqueda de la verdad y justicia”, afirmó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Para Aldo y Sabrina Creder Corrêa, familiares de María Célia y de Elmo Corrêa, también desaparecido político en Araguaia, la decisión es, por primera vez, una luz sobre los Años de Plomo: “después de tantos años de espera, de sufrimiento y de incertidumbre, una victoria- aunque parcial- que nos da a nosotros, los familiares, alguna esperanza de conocer la verdad y de alcanzar la justicia. Felicitamos, otra vez,  a la Fiscalía y el valor de la Dra. Nair que, con esa decisión plasmó su nombre en la historia de Brasil. Esperamos que este valor tenga repercusiones y no se desvanezca en las instancias superiores”. Aldo Corrêa agregó: “Nuestra esperanza no para, y la lucha y búsqueda por la verdad no pueden cesar. Mis padres no vivieron para ver ese momento, pero lo que me trae consuelo es el legado que permanece para mis hijas y nietos y las generaciones que están por venir. La justicia debe de prevalecer y la verdad salir a la luz. Los verdugos de mi hermana tienen que ser castigados y tenemos que saber dónde está.”

Las hermanas de Daniel Callado también ya esperan que otras instancias judiciales sigan el ejemplo de la jueza y de los procuradores de la Fiscalía: “Mi hermana y yo nos agitamos mucho cada vez que se publica una noticia sobre los desaparecidos políticos. La admisión de la denuncia por la  desaparición forzada de nuestro hermano (Daniel Callado) por la jueza de Marabá, Dra. Nair Pimenta de Castro, nos trae esperanza. Desgraciadamente nuestros papás no pudieron vivir este momento.” Las hermanas agregan: “Esperamos que otras instancias judiciales sigan el ejemplo de la jueza. Continuaremos luchando para que la verdad de lo que le ocurrió a Daniel sea esclarecida por la justicia.”

Terezinha Souza Amorim, hermana de Divino Ferreira de Souza, declaró: “me da esperanza la valentía de la jueza federal Maraba Nair Cristina  al haber aceptado la denuncia contra el mayor Lício Maciel y el coronel Curió por la desaparición forzada de los jóvenes que combatieron en la Guerrilla de Araguaia en el periodo de la dictadura militar.” Terezinha agregó: “lamento que mi madre ya no viva, ella falleció en el 2004, después de luchar incansablemente para encontrar a su hijo. Sin embargo, ella no verá el desenlace. Son más de 40 años de búsqueda y sufrimiento y los verdugos continúan llevando una vida normal, y peor aún, se dicen héroes. Espero que a partir de ahora prevalezca la verdad y la justica!”

Contacto en Brasil

Beatriz Affonso

Tel: 55 (21) 2533-1660

brasil@cejil.org

www.cejil.org

 

Contacto en Washington D.C

Milli Legrain

Tel 1 202 319 3000

mlegrain@cejil.org

www.cejil.org

 

ONG’S NACIONALES E INTERNACIONALES DEMANDAN A LA SCJN PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL CASO RUBIO VILLEGAS

Externan su preocupación ante posible negación de los derechos de las víctimas y desconocimiento de las obligaciones internacionales de México

15 de agosto de 2012.- Las organizaciones nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos este posicionamiento, instamos públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que proteja los derechos de las víctimas al resolver el amparo en revisión 133/2012, relativo al caso de Bonfilio Rubio Villegas.

Durante años, hemos seguido con atención la lucha que decididamente han librado los familiares de este joven indígena naua de la Montaña de Guerrero, ejecutado extrajudicialmente por soldados mexicanos en junio de 2009, para exigir que autoridades civiles juzguen a los responsables de este crimen.

Jue, 16/08/2012

15 de agosto de 2012.- Las organizaciones nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos este posicionamiento, instamos públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que proteja los derechos de las víctimas al resolver el amparo en revisión 133/2012, relativo al caso de Bonfilio Rubio Villegas.

 

Durante años, hemos seguido con atención la lucha que decididamente han librado los familiares de este joven indígena naua de la Montaña de Guerrero, ejecutado extrajudicialmente por soldados mexicanos en junio de 2009, para exigir que autoridades civiles juzguen a los responsables de este crimen.

 

Por ello, celebramos que en diciembre pasado un Juez Federal ordenara la remisión del expediente al fuero civil. De igual modo, recibimos con desconcierto la noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional, actuando en representación del Presidente Calderón había impugnado dicha decisión histórica, a unos días de que anunció públicamente el traslado a instancias civiles de los casos vinculados con violaciones a derechos humanos.

 

En su momento, señalamos que este hecho ejemplificaba que pese al discurso oficial el Ejecutivo Federal seguía tolerando la aplicación de un fuero militar expansivo e hicimos votos para que al llegar este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal mexicano confirmara la valiente sentencia del Juez de Distrito.

 

Nuestra confianza en la Suprema Corte mexicana fue confirmada mediante las decisiones adoptadas en los conflictos competenciales discutidos en los últimos días, respecto de los cuales una mayoría de Ministros y Ministras determinó que los expedientes debían turnarse al fuero civil.

 

No obstante, hemos constatado con preocupación que en algunos integrantes del Pleno han surgido reticencias ante la posibilidad de confirmar ese criterio en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, en el que se ha cuestionado el derecho de las víctimas a acudir al juicio de amparo e incluso se ha puesto en entredicho que el padre y el hermano del joven naua sean víctimas en el caso.

 

Al respecto, recordamos que de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos surge el derecho de las víctimas, entendidas éstas como los pasivos directos y sus familiares, a contar con un recurso efectivo y adecuado para impugnar la ilegal extensión del fuero militar, como lo recordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y el caso de los Campesinos Ecologistas (Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera).

 

Asimismo, recordamos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la discusión del amparo en revisión 133/2012 ocurre después de que México ha reformado el marco constitucional de los derechos humanos y del juicio de amparo, y cuando también han sido dictadas cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que versan, entre otros aspectos, sobre la necesidad de restringir el fuero militar. Este nuevo entorno normativo no puede soslayarse al analizar el amparo promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas.

 

La SCJN tiene ante sí la posibilidad de acotar el fuero militar, reconociendo en un caso como el que involucra a la familia Rubio los derechos de las víctimas, en un contexto donde los abusos castrenses crecen día a día. Esperamos que el Más Alto Tribunal mexicano esté a la altura de esta circunstancia y que en la discusión que continuará este jueves proteja los derechos de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas.

 

Asociadas por lo Justo (JASS); Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Tlachinollan); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS); Fundar Centro Análisis e Investigación (FUNDAR); Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG); Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República.

El abogado Vidulfo Rosales regresa a México: Carta abierta al Gobierno de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero a 9 de agosto de 2012

LIC. ÁNGEL AGUIRRE RIVERO.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

P R E S E N T E.-

Quienes suscribimos la presente misiva, personas y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, nos dirigimos respetuosamente a usted con relación a la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos particularmente en el estado de Guerrero.

 

Lun, 25/06/2012

Chilpancingo, Guerrero a 9 de agosto de 2012

LIC. ÁNGEL AGUIRRE RIVERO.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

P R E S E N T E.-

Quienes suscribimos la presente misiva, personas y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, nos dirigimos respetuosamente a usted con relación a la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos particularmente en el estado de Guerrero.

 

Hacemos este llamado, señor Gobernador, en el marco de la reincorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a sus labores de defensor de los derechos humanos. Como es de su conocimiento, el abogado Rosales Sierra se vio obligado a dejar el país de manera temporal después de recibir un mensaje anónimo donde entre otras cosas se le decía: “LICENCIADITO DE MIERDA, DEJA DE DIFAMAR A LAS AUTORIDADES, YA NOS DEBES VARIAS EN TODO TE METES LA PAROTA, LAS DISQUE MUJERES VIOLADAS Y AHORA CON LOS VÁNDALOS AYOTZINAPOS CÁLLATE […] TE VAS A MORIR”. Tales hechos, pese a haber sido denunciados, hoy permanecen impunes.

 

Tras permanecer en el extranjero, el Sr. Vidulfo regresa hoy a Guerrero sin cejar en su demanda de que se garantice la seguridad de todas y todos los defensores de derechos humanos del estado de Guerrero. Por nuestra parte, permaneceremos atentos a que así ocurra pues hemos visto con preocupación que durante su gobierno se han registrado hechos contrarios al respeto de la labor civil de las y los defensores: no sólo nos referimos al caso del abogado de Tlachinollan, sino también a la desaparición forzada de la Sra. Eva Alarcón y el Sr. Marcial Bautista, al injusto encarcelamiento del líder indígena Na Savi Maximino García Catarino, y a la represión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero.

 

Señor Gobernador: las y los defensores de derechos humanos son actores fundamentales para la consolidación de la democracia. Su acción acompaña a las personas que normalmente no son escuchadas por los aparatos del Gobierno y contribuye a que las autoridades de todos los niveles rindan cuentas ante la sociedad. Por eso, corresponde al gobierno respetar su labor no sólo omitiendo inhibirla directamente sino también garantizando que existan condiciones para su ejercicio. En ese sentido, a su gobierno compete garantizar la vida y la integridad personal del Sr. Vidulfo Rosales Sierra y todo el equipo de Tlachinollan, tomando a su favor medidas concretas e inmediatas de protección.

 

Desde nuestros respectivos espacios, observaremos que así ocurra.

 

Sin más por el momento, quedamos de usted.

 

A t e n t a m e n t e,

Organizaciones Internacionales. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); JASS (Asociadas por lo Justo); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; Misereor; Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ). Organizaciones del estado de Guerrero: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); Consejo de Autoridades de los Cinco Pueblos Bajos de Tecoanapa; Red Guerrense de organismos civiles de derechos humanos; Colectivo contra la tortura y la impunidad; Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero; Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO). Organizaciones Nacionales: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); EQUIS: Justicia para las Mujeres: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de  Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos: La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. 2da. edición actualizada

En este volumen CEJIL reseña su experiencia de trabajo como equipo de abogados/as y defensoras/es especializados/as en la defensa de los derechos humanos en las Américas y en el uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Se trata de una guía eminentemente práctica, enfocada hacia la promoción y protección de los derechos humanos tanto a través de la vía contenciosa como respecto del trabajo de incidencia o cabildeo para aportar al fortalecimiento y promoción del sistema interamericano.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2012
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