Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Protección Internacional y CEJIL saludan los esfuerzos para aprobar una ley de protección a defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia en Honduras en consulta con la sociedad civil

Tegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Jue, 07/08/2014

Taller con diputados hondureños Protection International y CEJILTegucigalpa, Honduras, jueves 7 de agosto del 2014- La situación de riesgo que enfrentan las personas que defienden los derechos humanos en Honduras, así como los y las periodistas y los operadores de justicia es grave. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ex Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las defensores y los defensores de derechos Humanos, Margaret Sekaggya han manifestado su preocupación por la persistencia de ataques de distinto tipo, entre ellos asesinatos, amenazas, hostigamientos, allanamientos y robos en sedes de organizaciones, así como por la criminalización. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha conocido sobre este contexto de riesgo en sus sentencias Kawas Fernández y Luna López vs. Honduras.

Debido a esta grave situación, los citados órganos de protección así como el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal recomendaron al Estado de Honduras la creación de un mecanismo para la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, que incluya a su vez, a los periodistas y comunicadores sociales.

En tal sentido, el pasado 4 de junio, el Congreso de la República de Honduras aprobó en primer debate el proyecto denominado “Ley de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia” que busca cumplir con las citadas recomendaciones, no obstante, dicho proyecto presenta diversas deficiencias que podrían impedir el cumplimiento del objetivo que persigue.

Ante tal panorama, Protection International (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), realizaron una misión conjunta a Tegucigalpa durante la semana del 28 de Julio al 2 de agosto. En la misión se expresaron algunas preocupaciones sobre el proyecto aprobado a representantes del Poder Ejecutivo y del Congreso hondureño, a la vez, se acompañó a las organizaciones locales en la reflexión y elaboración de propuestas de reformas que fortalezcan el mencionado mecanismo.

“Toda política pública de protección a defensores de derechos humanos y periodistas ha de ser consultada con sociedad civil y sometida a un buen análisis técnico.  De lo contrario dicha política pública puede ser inaplicable, con lo que no obtendría los beneficios esperados”, destacó el Presidente de PI sobre el tema.

Por su parte, Marcia Aguiluz, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México señaló que: “el Estado de Honduras tiene la obligación de considerar los estándares internacionales sobre protección a defensores y defensoras de derechos humanos y además debe consensuar con los diversos grupos en situación de riesgo la implementación de mecanismos que respondan a sus necesidades en forma efectiva”.

PI y CEJIL saludan y agradecen la buena disposición de las autoridades para escuchar las propuestas de mejora a la iniciativa. Asimismo reiteran el llamado para que se consideren los aportes de diversos sectores de la sociedad civil de manera que el mecanismo que persigue la protección de los y las defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia sea producto de un proceso amplio, inclusivo, transparente y participativo.

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Daniela Araya

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CEJIL hace un llamado para prevenir y acabar la discriminación y la violencia contra las personas de la diversidad sexual

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia

San José, Costa Rica viernes 16 de mayo del 2014. En el día internacional contra la Homofobia y la Transfobia, este sábado 17 de mayo, CEJIL suma su voz en la denuncia de la grave situación de discriminación y violencia que afecta a las personas lesbianas, homosexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex (LGBTI) en el continente americano.

Según ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien esta situación afecta al colectivo citado, las personas trans son las más impactadas, así, de acuerdo con la CIDH entre los meses de octubre del 2013 y enero de 2014, al menos 58 mujeres trans habrían sido asesinadas.

Vie, 16/05/2014

San José, Costa Rica viernes 16 de mayo del 2014. En el día internacional contra la Homofobia y la Transfobia, este sábado 17 de mayo, CEJIL suma su voz en la denuncia de la grave situación de discriminación y violencia que afecta a las personas lesbianas, homosexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersex (LGBTI) en el continente americano.

Según ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), si bien esta situación afecta al colectivo citado, las personas trans son las más impactadas, así, de acuerdo con la CIDH entre los meses de octubre del 2013 y enero de 2014, al menos 58 mujeres trans habrían sido asesinadas en Argentina (2), Belice (1), Brasil (39), Chile (1), Colombia (2), Honduras (1), Jamaica (1), México (3), Perú (2), Estados Unidos (2), Uruguay (1) y Venezuela (3).

A su vez, un informe de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (REDLACTRANS) califica a Centroamérica como la región más hostil para las mujeres trans en la región latinoamericana.

La CIDH también ha destacado el asesinato de otras personas de la diversidad sexual. En su comunicado del 27 de febrero del 2014, resaltó que al menos 58 hombres gay habrían sido asesinados entre octubre del 2013 y enero del 2014, respectivamente en Brasil (50), Chile (3), Cuba (1), Honduras (1), México (2) y Perú (1), y mencionó que dos lesbianas y un hombre bisexual habrían sido también víctimas de asesinatos en Brasil.

Pese a que los Estados han emprendido acciones en contra de estos flagelos, persisten graves violaciones e impunidad, por ejemplo: organizaciones como Redlactrans y la Red Lésbica Cattrachas,  han denunciado que en Guatemala entre el 2005 al 2012 solamente se investigó y sancionó un asesinato de los 35 ocurridos en dicho periodo. Asimismo, en Honduras, de los 61 asesinatos denunciados entre los años 2008 a 2011, solo se condenó a los responsables en 10 casos.

CEJIL ha acompañado a organizaciones locales en el análisis de la problemática de los crimenes de odio. Así, en el año 2011 se hizo público el Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Además, se han denunciado diversas problemáticas que aquejan al colectivo LGBTI ante la CIDH. En este sentido, se informó a este órgano sobre las denuncias de violencia contra las personas trans en las Américas en octubre del 2011 y particularmente sobre casos de El Salvador y de las personas trans afrodescendientes de Brasil en octubre del 2013. Ver video de la audiencia del 2011, ver video de la audiencia de El Salvador, ver video de la audiencia de Brasil.

En adición, en febrero de este año la CIDH dio traslado al Estado de Brasil de una denuncia por las violaciones en perjuicio de dos ex sargentos del ejército brasileño, Fernando Alcántara de Figueiredo y Laci Marinho de Araujo, quienes sufrieron discriminación por su orientación sexual, actos de tortura y falta de garantías judiciales, entre otras; su caso se encuentra en curso.

A este se suma el caso de Marta Lucía Álvarez Giraldo en Colombia, quien se vio afectada por la negativa de las autoridades penitenciarias de autorizar el ejercicio de su derecho a la visita íntima debido a su orientación sexual. El caso fue admitido en este año y está en espera de una  decisión final de la CIDH.

Ambos procesos de litigio son llevados por CEJIL y organizaciones aliadas.

Otro aporte en la lucha contra este tipo de violencia es el video denominado “Rompiendo el Silencio”, el cual explica los pasos que deben completarse para presentar una denuncia internacional ante la CIDH de manera que las víctimas obtengan verdad, justicia y reparación. Ver video

“A través de este video queremos brindar una herramienta útil y sencilla que promueva la denuncia de las numerosas violaciones de derechos humanos que sufren personas lesbianas, homosexuales, intersex y en especial las mujeres y hombres trans. De esta manera, CEJIL difunde los mecanismos que ofrece el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para alcanzar un continente más igualitario y justo para todas y todos”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CEJIL invita al colectivo LGTBI, y a los defensores y defensoras de derechos humanos a levantar su voz y exigir justicia ante las adversidades que afectan  diariamente al colectivo.

 

Enlaces relacionados:

Comunicado CIDH

Audiencia temática Situación de las Personas LGBTI en las Américas

Audiencia temática sobre denuncias en El Salvador

Audiencia temática sobre población trans afrodescendiente Brasil

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Video para denunciar crímenes de odio

 

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Organizaciones internacionales expresan preocupación por las irregularidades observadas en el proceso de selección de fiscal general en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Lun, 05/05/2014

Fotografía Claudia Paz y Paz (Créditos Prensa Libre)Ciudad de Guatemala, 2 de mayo de 2014. Las organizaciones regionales e internacionales que firmamos este comunicado manifestamos nuestra preocupación por las inconsistencias e irregularidades que se observaron durante el proceso de selección de fiscal general en Guatemala. A la luz de los estándares internacionales, creemos que las mismas pueden constituir una grave vulneración al estado de derecho y por lo tanto reiteramos la importancia de que se respeten los principios de transparencia y objetividad en lo que resta del proceso de elección de fiscal general.

Las organizaciones firmantes hemos apoyado el fortalecimiento de la democracia en Guatemala durante muchos años, por ello, es nuestro deber señalar que para la existencia de un estado democrático de derecho es imprescindible que en la elección de los integrantes de los principales órganos de la administración de justicia resulten elegidos los profesionales más capaces e idóneos, lo cual solo es posible mediante un proceso de selección transparente y basado en los méritos de los postulantes.

En este sentido, vemos con extrema inquietud que la Comisión de Postulación (CP), nombrada para elegir una nómina de seis personas para el cargo de fiscal general, no investigó exhaustivamente las tachas presentadas por diversos sectores sociales contra diversos candidatos y candidatas, tampoco se verificó la veracidad de la información proporcionada por los postulantes, ni se realizó un análisis respecto de la honorabilidad de los mismos.

Peor aún, causa sorpresa y extrañeza que al concluir el proceso de análisis de los postulantes dicha comisión no haya incluido en la nómina correspondiente a la actual fiscal general, Claudia Paz y Paz, aun cuando ella obtuvo el segundo mejor puntaje entre las personas evaluadas, decisión que no fue razonada ni motivada.

El artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de los ciudadanos y ciudadanas de acceder “en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país”,  ahora bien, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para hacer efectivo este derecho se requiere que los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución sean razonables y objetivos. Considerando este criterio, es evidente que cualquier procedimiento de selección que no tome en cuenta a los o las candidatas con las mejores puntuaciones carece de la objetividad exigida. A la vez, esta circunstancia podría implicar una discriminación hacia el candidato o candidata afectada.

Si bien reconocemos que la Comisión de Postulación estableció posibilidades para observar el proceso, dichas acciones resultan insuficientes para garantizar la transparencia si las decisiones finales no están apegadas a los criterios objetivos previamente establecidos y si no existe un razonamiento público que las justifique. En suma, en la presente experiencia, las organizaciones consideramos que se ha configurado una grave violación al principio de transparencia que nos lleva a concluir que la selección final de la nómina estuvo basada en consideraciones distintas al mérito.

Dado que la Comisión de Postulación ha presentado la nómina de candidatos y candidatas al Presidente Otto Pérez Molina, las organizaciones consideramos que corresponde al señor Presidente subsanar las omisiones que han sido señaladas y proceder a solicitar a la CP una explicación razonada sobre la justificación para incluir a las personas electas en la nómina, así como sobre la exclusión de la candidata que obtuvo el segundo mejor puntaje.

Adicionalmente, una vez aclaradas las dudas sobre lo anterior, el señor Presidente debe nombrar a la persona que reúna las condiciones de idoneidad y competencia para ejercer el cargo de forma independiente.

Asimismo, exhortamos a las autoridades del Estado de Guatemala a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener los avances alcanzados por el Ministerio Público en los últimos 3 años, y apoyar todos los esfuerzos que impliquen romper con el contexto de impunidad en este país.

Finalmente, nos sumamos a la preocupación externada por las organizaciones de la sociedad civil guatemalteca en cuanto a la necesidad de iniciar –en el menor plazo posible- un proceso de reflexión sobre el actual modelo de comisiones de postulación para el nombramiento de altos cargos dentro del sistema de administración de justicia, y nos ponemos al servicio de la sociedad guatemalteca para aportar nuestro conocimiento en experiencias comparadas y en el Derecho Internacional Público con el único objetivo de coadyuvar a la construcción de una democracia más sólida.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Plataforma Internacional contra la Impunidad

 

Créditos fotográficos: Periódico La Prensa

Persiste afectación a la independencia judicial en Guatemala

Se mantiene intimidación en contra de la jueza Yassmín Barrios

San José, Costa Rica. 2 de mayo de 2014. El pasado 28 de abril, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales de Guatemala resolvió desfavorablemente el recurso de apelación que había sido interpuesto por la jueza Yassmín Barrios en contra de la decisión del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este último órgano, había acordado, entre otras sanciones, la suspensión de la jueza Barrios por un año en el ejercicio de su profesión como abogada.

 

Lun, 05/05/2014

Fotografía Yassmín Barrios (Créditos CB24 TV)San José, Costa Rica. 2 de mayo de 2014. El pasado 28 de abril, la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales de Guatemala resolvió desfavorablemente el recurso de apelación que había sido interpuesto por la jueza Yassmín Barrios en contra de la decisión del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Este último órgano, había acordado, entre otras sanciones, la suspensión de la jueza Barrios por un año en el ejercicio de su profesión como abogada.

Como señaló CEJIL en un comunicado previo, la decisión del Tribunal de Honor se encuentra vinculada con el proceso que se siguió en el año 2013 en contra de los ex generales José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil. El órgano gremial consideró que la jueza Barrios había irrespetado y humillado públicamente al abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, por una decisión jurisdiccional tomada por el Tribunal A de Mayor Riesgo, del cual forma parte la jueza.

En la resolución de la Asamblea de Presidentes que fue dada a conocer el 30 de abril, dicho órgano confirmó la supuesta falta y si bien modificó la sanción, estableciendo únicamente una amonestación privada, no analizó la improcedencia de la misma por la falta de competencia del Tribunal de Honor de conocer disciplinariamente actuaciones de jueces o juezas.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “La reciente resolución dictada por la Asamblea de Presidentes de los Colegios Profesionales resulta censurable por cuanto valida la decisión de un órgano gremial que no es competente, lo cual afecta la independencia judicial de la jueza Barrios y en general constituye un mensaje de intimidación para los y las integrantes de la judicatura”.

CEJIL lamenta que persistan las acciones de intimidación y deslegitimación en contra de la jueza Barrios, y recuerda a las autoridades estatales su obligación de protegerla y garantizar su vida e integridad personal, según fue ordenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al otorgarle medidas cautelares.  A la vez, hacemos un llamado al Estado de Guatemala para que se respete y garantice la independencia judicial y se condene cualquier injerencia indebida que pretenda socavar este importante principio.

Créditos fotográficos: CB24 TV

Enlaces relacionados:

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala pone en peligro la independencia judicial

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CEJIL despide a Giulia Tamayo, defensora incansable de los derechos humanos

CEJIL expresa su pesar por el fallecimiento de Giulia Tamayo, abogada feminista, defensora incansable de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. Giulia  trabajó en la organización Flora Tristan, el  Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y Amnistía Internacional.

Sus aportes fueron cruciales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el mundo. A su vez, su trabajo impulsó la judicialización de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen de Fujimori en el  Perú; la concientización del uso de la violación sexual como arma de guerra; la investigación sobre las víctimas de la guerra civil y el franquismo en España, entre muchas otras. 

CEJIL expresa las más sinceras condolencias por su partida a su familia, amigas y colegas.

Jue, 10/04/2014

Cuadro Patricia AballayCEJIL expresa su pesar por el fallecimiento de Giulia Tamayo, abogada feminista,  defensora incansable de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. Giulia  trabajó en la organización Flora Tristan, el  Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y Amnistía Internacional.

Sus aportes fueron cruciales para el reconocimiento de los derechos de las mujeres en el mundo. A su vez, su trabajo impulsó la judicialización de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el régimen de Fujimori en el  Perú; la concientización del uso de la violación sexual como arma de guerra; la investigación sobre las víctimas de la guerra civil y el franquismo en España, entre muchas otras. 

CEJIL expresa las más sinceras condolencias por su partida a su familia, amigas y colegas.

 

Créditos Artísticos: Patricia Aballay

Organizaciones internacionales condenan suspensión de la jueza Yassmín Barrios en Guatemala

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

Mié, 09/04/2014

Washington DC, 8 de abril de 2014. El pasado viernes, el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual se acuerda la suspensión temporal como abogada de la jueza Yassmín Barrios por el plazo de un año. La jueza Barrios preside el Tribunal A de Mayor Riesgo y en tal condición conoció del proceso en contra de los generales en retiro José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

La decisión del Tribunal de Honor se origina en una denuncia que presentó el abogado Moisés Galindo, defensor del imputado José Mauricio Rodríguez, debido a que el 19 de marzo del año 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo le ordenó asumir la defensa técnica de Ríos Montt ante diversas prácticas dilatorias provocadas por los abogados de este último. El abogado Galindo no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo y por lo tanto acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente.

El Tribunal de Honor del CANG acogió los argumentos del abogado Galindo y concluyó que la la jueza Barrios incurrió en una falta grave que atenta contra las normas de la ética profesional.

Para las organizaciones firmantes, la decisión del Tribunal de Honor es contraria a los estándares internacionales relacionados con las garantías para la independencia judicial. En primer lugar, dicho ente no tiene competencia para juzgar las actuaciones de los operadores de justicia. Así, de acuerdo con la legislación guatemalteca, el único órgano competente para conocer sobre las actuaciones de los jueces es la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que conoció la misma denuncia presentada por el abogado Galindo y resolvió desestimarla.

Asimismo, dada la naturaleza gremial del Tribunal tampoco se reúnen las condiciones de independencia e imparcialidad, las cuales son indispensables en todo órgano de naturaleza disciplinaria.

Considerando lo anterior, resulta preocupante que el Tribunal de Honor sancione a la jueza Barrios sin ostentar las facultades para ello. De ejecutarse esta decisión, se estaría violentando la independencia judicial y el Estado de Guatemala podría incurrir en responsabilidad internacional.

Las organizaciones consideramos que la decisión del Tribunal de Honor forma parte del contexto de hostigamiento y persecusión que ha sufrido la jueza Barrios por su rol en el proceso sobre genocidio. En tal sentido, exhortamos a las autoridades guatemaltecas competentes a revertir la decisión de suspensión, en particular a la Corte Suprema de Justicia para que se abstenga de considerar la citada decisión y en su luguar se envíe un mensaje claro de apoyo a la labor de la jueza así como de respaldo y defensa irrestricta a la independencia de la judicatura en este país.

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC)

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Iniciativa de Justicia de Open Society (OSJI)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Plataforma contra la impunidad

 

Colegio de abogados y notarios de Guatemala pone en peligro la independencia judicial

Sanción a la jueza Barrios contraria los estándares mínimos de protección a la independencia de la judicatura

San José y Washington DC, 07 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.

El pasado viernes, el Tribunal de Honor notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual acordó, entre otras sanciones, la suspensión temporal como abogada de la jueza Barrios por el plazo de un año.

Lun, 07/04/2014

Fotografía Jazmín Barrios US Department of StateSan José y Washington DC, 7 de abril de 2014. La suspensión acordada por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) en contra de la jueza Yassmín Barrios constituye una injerencia indebida en el ejercicio de la judicatura y amenaza el principio de independencia judicial en este país.

El pasado viernes, el Tribunal de Honor notificó la resolución de fecha 9 de enero de 2014 en la cual acordó, entre otras sanciones, la suspensión temporal como abogada de la jueza Barrios por el plazo de un año.

Dicha decisión se encuentra vinculada con el proceso que se siguió en el año 2013 en contra de los ex generales José Mauricio Rodríguez y Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y delitos contra la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil.

El 19 de marzo del año 2013, ante una serie de prácticas dilatorias realizadas por los abogados defensores del ex general Ríos Montt, el Tribunal A de Mayor Riesgo ordenó a los abogados Moisés Galindo y César Calderón asumir la defensa técnica de Ríos Montt para no causarle una violación de su derecho de defensa. Al día siguiente, los abogados defensores de confianza del ex general retomaron su representación. En esa fecha, Moisés Galindo ejercía la defensa de José Mauricio Rodríguez y debido a que no estuvo de acuerdo con la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo acusó a la jueza Barrios ante el CANG de haberlo irrespetado y humillado públicamente por obligarlo a asumir la citada defensa.

Además, presentó la misma denuncia ante la Junta Disciplinaria del Organismo Judicial, ente que no encontró falta alguna de la jueza y ordenó su archivo. En su oportunidad, CEJIL y decenas de juristas y organizaciones de derechos humanos, nos pronunciamos sobre la conformidad de la conducta del Tribunal de Mayor Riesgo con la protección del derecho a la defensa.

Pese a la decisión de la Junta Disciplinaria, el Tribunal de Honor del CANG analizó la conducta de la jueza Barrios y concluyó, entre otras cosas, que hubo faltas a la ética que provocaron “la burla y la degradación humana del abogado denunciante”. La suspensión temporal acordada podría derivar en una separación automática de la jueza Barrios de su cargo como integrante del Tribunal A de Mayor Riesgo.

CEJIL rechaza y condena la decisión del órgano gremial por cuanto constituye una afrenta a la independencia judicial y puede afectar el derecho de la jueza Barrios a permanecer en el ejercicio de su cargo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se ha referido a la independencia de los jueces. Al respecto, en la sentencia Reverón Trujillo vs. Venezuela señaló que “[los jueces] cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial”. Para dicho Alto Tribunal “el objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación”.

A la luz del anterior criterio, resulta absolutamente reprochable que un órgano de naturaleza gremial ostente facultades disciplinarias respecto del trabajo de jueces o juezas.

Adicionalmente, el Tribunal de Honor no cumple con las garantías funcionales de independencia exigidas por los estándares internacionales. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su reciente informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas” señaló que al aplicar medidas disciplinarias se requiere que el órgano con potestad de sancionar sea independiente, competente e imparcial, condiciones que no ostenta el citado órgano colegiado.

“De conformidad con los estándares internacionales los Estados están obligados a garantizar en forma efectiva la independencia de la judicatura. Si el Estado de Guatemala valida y ejecuta la suspensión de la jueza Barrios ordenada por un órgano de naturaleza gremial podría incurrir en responsabilidad internacional. Además,se estaría enviando un mensaje de intimidación a los operadores de justicia que les inhibiría para ejercer en forma independiente sus cargos”, declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Finalmente, es preciso señalar que la jueza Barrios es beneficiaria de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el ejercicio de su cargo como jueza, Yassmín Barrios ha sido víctima de atentados contra su vida, amenazas y más recientemente ha enfrentado una campaña de deslegitimación y estigmatización por su rol en el juicio por genocidio. La decisión del Tribunal de Honor también contribuye a desacreditar su labor como jueza y por ende la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades guatemaltecas para que reviertan la decisión del Tribunal de Honor y se abstengan de realizar actos de persecución e intimidación en perjuicio de la jueza Yassmín Barrios. Asimismo, instamos a la comunidad internacional y a los órganos internacionales de protección para que se pronuncien ante este grave hecho que amenaza la independencia judicial en Guatemala.

Créditos de fotografía: US Department of State

Información relacionada:

Comunicado sobre otorgamiento de las medidas cautelares a la jueza Yassmín Barrios.

Comunicado sobre la denuncia internacional presentada ante la CIDH contra Guatemala en relación con el caso de genocidio.

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CEJIL llama a las autoridades hondureñas a elegir un Comisionado (a) Nacional de los DDHH independiente

El proceso de selección debe ser transparente

Tegucigalpa y San José, martes 11 de febrero del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a las diputadas y diputados del Congreso Nacional de Honduras a que elijan un Comisionado o Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) competente, honorable e independiente.

El plazo del actual Comisionado vence el próximo 14 de marzo, de manera que el Congreso hondureño deberá seleccionar a su sustituto (a) en los próximos días. Para tales efectos, esta semana se estarán llevando audiencias públicas ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de Honduras.

Mié, 12/03/2014

Tegucigalpa y San José, martes 11 de febrero del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un llamado a las diputadas y diputados del Congreso Nacional de Honduras a que elijan un Comisionado o Comisionada Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) competente, honorable e independiente.

El plazo del actual Comisionado vence el próximo 14 de marzo, de manera que el Congreso hondureño deberá seleccionar a su sustituto (a) en los próximos días. Para tales efectos, esta semana se estarán llevando audiencias públicas ante la Comisión Especial Multipartidaria del Congreso de Honduras.

“Para garantizar la elección de la persona con mejores capacidades, se debe evaluar rigurosamente la competencia, honorabilidad e integridad de las personas postulantes, dichas características son un aval de justicia tanto para quienes consideran que han sido víctimas de un abuso de poder como para las personas o entidades denunciadas, pues suponen una evaluación objetiva de los hechos, que sea respetuosa de las normas y procedimientos”, destacó Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

Este proceso reviste de una particular importancia para Honduras, pues en los últimos años la labor del CONADEH se ha visto desacreditada tanto nacional como internacionalmente, de hecho, el Comité Internacional Coordinador de Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos rebajó la calificación internacional del ombudsman hondureño y el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009 destacó que las medidas del actual Comisionado han sido ineficientes, negligentes o directamente incompatibles con su mandato.

En tal sentido, el Congreso de ese país tiene una importante oportunidad para recuperar la credibilidad de dicha institución y contribuir efectivamente al cumplimiento de su mandato como máximo órgano responsable de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos en Honduras.

CEJIL se suma a los reclamos de las organizaciones de la sociedad civil hondureña y exhorta a las autoridades a garantizar un proceso transparente, público y que permita la participación amplia de todos los sectores que conforman la sociedad en ese país. Estas condiciones, sumadas a una valoración rigurosa de los atestados de las personas candidatas, libre de influencias político-partidistas, resultan indispensables para lograr que la persona que se elija posea las características de competencia e integridad necesarias para dirigir con éxito la institución nacional de protección de derechos humanos.

 

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CEJIL celebra a las mujeres que luchan por los derechos de todas

En el marco del Día Internacional de la Mujer

San José de Costa Rica y Washington DC, 7 de marzo del 2014- Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda a todas las mujeres que desde diversos espacios luchan día tras día por la construcción de un mundo más igualitario y justo.

En diversos países, las mujeres han sido determinantes para visibilizar las diversas manifestaciones de violencia de género y avanzar en políticas públicas que combatan la desigualdad y la discriminación, no obstante, los retos persisten y el anhelo de igualdad sigue siendo lejano.

Vie, 07/03/2014

Caso MZ, ilustrativo para el Día Int. de la MujerSan José de Costa Rica y Washington DC, 7 de marzo del 2014- Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda a todas las mujeres que desde diversos espacios luchan día tras día por la construcción de un mundo más igualitario y justo.

En diversos países, las mujeres han sido determinantes para visibilizar las diversas manifestaciones de violencia de género y avanzar en políticas públicas que combatan la desigualdad y la discriminación, no obstante, los retos persisten y el anhelo de igualdad sigue siendo lejano.

Este año se celebra el 20 aniversario de la firma de la Convención Interamericana para prevenir,  sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belém do Pará", y pese al alto número de Estados americanos que han ratificado este importante tratado internacional, su implementación efectiva todavía es insuficiente.

De esta manera, existen brechas importantes que demuestran que la discriminación de género está presente en nuestros países. Así por ejemplo, en materia de participación política femenina, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la participación de las mujeres es menor al 30%.

En el ámbito de la violencia, el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) señaló que para el año 2011 en la mayoría de los países latinoamericanos se habría incrementado los feminicidios y la impunidad respecto a estos.

“La violencia contra las mujeres limita su empoderamiento y pretende perpetuar la discriminación y la estructura de dominación hacia esta población. Los Estados americanos deben cumplir con sus obligaciones internacionales y tomar acciones efectivas para erradicar toda práctica que atente contra la dignidad de las mujeres, para sancionar en forma efectiva las diferentes manifestaciones de violencia en su contra y construir una institucionalidad sólida que garantice sus derechos en condiciones de igualdad”, recordó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CEJIL representa numerosas víctimas de violencia de género en todo el continente. Casos como el de Beatriz en El Salvador, -joven que no tuvo acceso oportuno al aborto terapéutico- nos recuerdan las consecuencias de legislaciones prohibitivas que no protegen la vida ni la salud de las mujeres en riesgo.

Así como los casos de las mujeres de Atenco en México -47 mujeres que sufrieron tortura sexual por agentes de la policía como represalia por manifestarse pacíficamente-, Jineth Bedoya -sobre violencia sexual en Colombia-, y MZ -sobre violencia sexual en Bolivia-,  los cuales evidencian que la violencia de género y las violaciones sexuales siguen siendo parte de la realidad de las mujeres latinoamericanas y que muchas de estas quedan en la impunidad.

CEJIL se suma a las voces de quienes comparten el anhelo de un continente libre de violencia y discriminación, y en este Día Internacional de la Mujer, hacemos un llamado a los Estados del continente para que respeten y garanticen los derechos humanos de todos y todas, en condiciones de igualdad.

Contacto de Prensa

Daniela Araya

CEJIL

+(506) 2280-7473

daraya@cejil.org

 

Diagnóstico sobre los crímenes de odio motivados por la orientación sexual e identidad de género: Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Esta publicación es un diagnóstico sobre los crímenes de odio contra personas de las comunidades lésbicas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI) en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

El estudio que presentamos consta inicialmente de un glosario de definiciones, posteriormente se introducen algunas consideraciones sobre el concepto de crímenes de odio y sus antecedentes, así como los antecedentes de derecho internacional a tener en cuenta en relación con el tema. Finalmente se incluyen los tres diagnósticos efectuados.


Tipo de publicación: Libros e informes
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Fecha Publicación: 2013
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