Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

CEJIL deplora la inminente destitución de la Fiscal General de Guatemala

Corte de Constitucionalidad guatemalteca emite preocupante decisión.

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

Jue, 06/02/2014

Ciudad de Guatemala y San José, jueves 6 de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) deplora la intempestiva decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en la que, sin motivación alguna, se reduce el mandato de la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz Bailey, por lo que debería dejar el cargo el próximo mes de mayo y no en diciembre como consta en su acta de nombramiento.

La decisión de la Corte de Constitucionalidad supone una seria amenaza al Estado de Derecho en ese país, pues la decisión menoscaba la independencia de la fiscalía y se podría considerar como una sanción implícita para la Fiscal, en represalia a su labor como operadora de justicia.

Sobre el particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia ha destacado la importancia “de garantizar que las y los fiscales puedan llevar a cabo su propia labor de modo independiente, autónomo e imparcial”. Además, dicho órgano consideró que una de las formas de asegurar tales condiciones es garantizando su inamovilidad por el periodo de su nombramiento.

La decisión judicial aludida contraviene estándares internacionales relativos a la remoción de operadores de justicia, pues los fallos de esta naturaleza requieren estar adecuadamente motivados y fundamentados para despejar dudas frente a situaciones en las cuales pudieran existir desviaciones de poder. En el caso concreto, la Corte de Constitucionalidad no motiva su resolución e inclusive cita normas cuyo texto no se corresponde con la conclusión a la que arriba.

La Fiscal General Paz y Paz se ha caracterizado por obtener avances sustantivos en la lucha contra la impunidad en Guatemala, lo cual le ha implicado la confrontación con diferentes grupos de poder en ese país.

Sobre esta grave situación, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL aseguró que “la inminente destitución de Claudia Paz y Paz constituye una afrenta al Estado de Derecho guatemalteco y pone riesgo la garantía de independencia, lo cual es un elemento esencial para la alcanzar la protección y defensa efectiva de los derechos humanos en este país”.

CEJIL expresa su más enérgica condena a la decisión tomada por la Corte de Constitucionalidad y hace un llamado a las autoridades para rectifiquen esta posición y se aseguren el respeto a la legalidad, a los estándares internacionales en materia de independencia judicial y al Estado de Derecho.

Contacto de prensa:

Daniela Araya

+506 22807473

daraya@cejil.org

CEJIL despide a Juan Gelman, el poeta que luchó por la verdad y la justicia

Washington D.C., 15 de enero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) muestra sus profundas condolencias a la nieta, esposa y familia del poeta argentino Juan Gelman, fallecido el día 14 de enero de 2014 en la Ciudad de México, a los 83 años de edad.

La trayectoria de Juan Gelman en el mundo de las letras es incuestionable, por lo que ha recibido meritorios reconocimientos a nivel mundial y regional. Más allá de ello, el poeta fue también un referente en la lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de la verdad respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras del Cono Sur, y de manera especial en Argentina, su país de origen, y Uruguay.

Mié, 15/01/2014

Foto Editada para redes sociales sobre muerte de GelmanWashington D.C., 15 de enero de 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) muestra sus profundas condolencias a la nieta, esposa y familia del poeta argentino Juan Gelman, fallecido el día 14 de enero de 2014 en la Ciudad de México, a los 83 años de edad.

La trayectoria de Juan Gelman en el mundo de las letras es incuestionable, por lo que ha recibido meritorios reconocimientos a nivel mundial y regional. Más allá de ello, el poeta fue también un referente en la lucha contra la impunidad y el esclarecimiento de la verdad respecto a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las dictaduras del Cono Sur, y de manera especial en Argentina, su país de origen, y Uruguay.

Si bien su compromiso con los movimientos sociales fue una constante en su vida, sufrió en carne propia y en su entorno familiar más cercano los estragos del Plan Cóndor. En 1976 fueron secuestrados en Buenos Aires su hijo, Marcelo Gelman, y su nuera, María Claudia García Iruretagoyena, entonces de 19 años de edad y embarazada de siete meses.

Poco después de su desaparición, Marcelo Gelman fue ejecutado y María Claudia trasladada a Uruguay y detenida en un centro clandestino, donde dio a luz a una niña en noviembre de 1976. Madre e hija permanecieron juntas hasta diciembre de ese año y desde entonces María Claudia se encuentra desaparecida.

Juan Gelman comenzó entonces una búsqueda incansable para dar con el paradero de su nieta, Macarena, a la que finalmente encontró 23 años después de su nacimiento.

En 1989 aparecieron los restos mortales de Marcelo Gelman en un canal del Río de la Plata, y fueron posteriormente condenados los responsables de su ejecución por la justicia argentina. Sin embargo, el caso de María Claudia permaneció en la impunidad en Uruguay.

Por ello, Juan y Macarena Gelman acudieron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos patrocinados por CEJIL, cuestionando la falta de verdad respecto al paradero de María Claudia, y denunciando la impunidad perpetuada por la aplicación de la Ley 15.848 conocida como Ley de Caducidad, que impide juzgar los delitos cometidos por militares y policía durante la dictadura en Uruguay.

En febrero del 2011, la Corte Interamericana emitió un pronunciamiento que condena a Uruguay por la desaparición forzada de María Claudia y por las violaciones sufridas por Macarena Gelman y su familia. El Alto Tribunal declaró que la Ley de Caducidad era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó al Estado uruguayo su derogación.

A pesar del fuerte fallo de la Corte, lamentamos que Juan Gelman no haya podido ver en vida la derogación de la Ley, y tampoco que hasta la fecha Uruguay haya identificado el paradero de su nuera ni sancionado a los responsables de su desaparición.

Juan Gelman deja un valioso legado en la vida cultural del continente, pero también como figura emblemática para el movimiento de víctimas de los crímenes de las dictaduras. Su firmeza y constancia por buscar la verdad y la justicia seguirán inspirando los esfuerzos de muchas personas en la región.

Destitución del Alcalde Gustavo Petro vulnera los derechos políticos garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Autoridad disciplinaria no puede socavar el pluralismo y la democracia

El 9 de diciembre de 2013, el señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación mediante una decisión administrativa (no judicial), que además lo inhabilita durante 15 años para la función pública, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de la ciudad en diciembre de 2012.

Mié, 15/01/2014

El 9 de diciembre de 2013, el señor Gustavo Petro Urrego, Alcalde Mayor de la Ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación mediante una decisión administrativa (no judicial), que además lo inhabilita durante 15 años para la función pública, por presuntas irregularidades en las que habría incurrido al cambiar el manejo de recolección de las basuras de la ciudad en diciembre de 2012.

La privación del ejercicio de los derechos políticos del señor Petro no se ajusta a los requisitos legales mínimos para la restricción legítima de los derechos previstos en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni a la jurisprudencia de los órganos de protección del sistema interamericano. Dicha decisión impacta asimismo de manera directa los derechos políticos de miles de ciudadanas y ciudadanos que lo eligieron como alcalde.

La Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fijado lineamientos que deben servir de guía para interpretar el alcance de los derechos políticos en los Estados. En virtud del Control de Convencionalidad, estos lineamientos vinculan a los diversos actores estatales –entre otros, los administrativos y judiciales-- encargados de la tutela de los derechos fundamentales. En esencia, la Corte sostuvo la importancia del derecho a elegir y ser elegido, al acceso a un control judicial para la garantía de los derechos políticos, así como la relevancia de una actuación rápida, sencilla y oportuna de la justicia para dirimir los asuntos electorales, en su pionera sentencia en el caso Yatama vs. Nicaragua. Adicionalmente, rescató la relevancia de un debate público plural en su sentencia de Cepeda vs. Colombia.

Más aun, en el caso López Mendoza vs. Venezuela, la Corte Interamericana interpreta el derecho a la participación política previsto en el artículo 23 de la Convención Americana que garantiza a todos los ciudadanos y ciudadanas el derecho de “participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. En esa decisión, ella sostuvo que: “[e]l artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1 [que consagra los derechos políticos]”. Y concluyó que “una restricción impuesta por vía de sanción", debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Sujetando, de esta manera, la posibilidad de limitar el ejercicio de los derechos políticos de un cargo de elección popular a la determinación judicial de una sanción en un proceso penal.

A la luz de estas decisiones de la Corte Interamericana la destitución del alcalde Petro por la Procuraduría es arbitraria pues restringe su derecho sin que pese en su contra una sanción penal. Ella vulnera asimismo los derechos de importantes sectores del electorado que ven cercenados sus derechos políticos con la remoción del Alcalde que votaron en elección popular.

Por ello, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) urge al Estado colombiano, y en especial a sus autoridades administrativas y judiciales, a tomar las medidas necesarias para rectificar de manera efectiva y oportuna la decisión adoptada y garantizar plenamente los derechos políticos en Colombia.

 

Información adicional

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23 reconoce los derechos políticos, en los siguientes términos:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a. de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

A su vez sostiene en el artículo 23.2. que:  La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Ver versión en portugués

ONGs se suman al pronunciamiento de la Coalición por cierre de Fundación Pachamama

  • Suman más de 9,000 las firmas contra el cierre de Pachamama ordenado por el gobierno de Ecuador

Costa Rica, lunes 9 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.

Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.

Jue, 05/12/2013

CIERRE ARBITRARIO DE FUNDACIÓN PACHAMAMA EN ECUADOR PREOCUPA A COALICIÓN

Costa Rica, lunes 9 de diciembre del 2013. Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.

Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.

El 4 de diciembre de 2013, la Policía se presentó en las oficinas de la Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, y procedió a clausurar las instalaciones de la organización, informando en ese mismo instante de una Resolución del Ministerio de Ambiente que decide disolver la organización.

La decisión se tomó de manera arbitraria, en tan sólo un día, y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso legal.

El Ministerio invocó el artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, conocido como Decreto 16, por el que se prevé como causal de disolución “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida la organización”, y “dedicarse a actividades de política partidista (…), de injerencia en políticas públicas que atente contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública”.

El Ministerio de Ambiente señala que dichas causales aplican a la Fundación Pachamama, por haber participado en una manifestación en contra de la XI Ronda Petrolera, en la que supuestamente habrían tenido lugar actos de agresión contra autoridades internacionales. Sin embargo, la decisión no ofrece sustento probatorio alguno. La Fundación Pachamama, que efectivamente participó en la protesta contra la XI Ronda Petrolera, ha negado categóricamente su participación en ningún acto violento, por lo que el cierre se percibe como un acto de represalia por su posición.

La emisión del Decreto 16 fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y actualmente enfrenta varias acciones de inconstitucionalidad, no sólo por lo cuestionable de sus disposiciones, sino también por el alto margen de discrecionalidad que deja en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Así, su aplicación al caso concreto adolece de vicios jurídicos graves. La decisión se tomó sin que hubiera un expediente administrativo abierto contra la organización, sin informar previamente a la organización de las acusaciones y darle la oportunidad de controvertirlas, y sin sustentar fáctica y probatoriamente las alegaciones.

Recordamos al Estado del Ecuador que, de acuerdo a la “Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”, “toda persona tiene el derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados deben garantizar que los órganos competentes para el registro y disolución de organizaciones no cuenten “con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación”.

Por lo anterior, mostramos nuestra preocupación y solicitamos enérgicamente al Estado ecuatoriano que reconsidere su decisión y garantice a la brevedad que la Fundación Pachamama pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello.

Organizaciones firmantes:

Amazon Watch, organización internacional

Amnistía Internacional, organización internacional

Comisión Internacional de Juristas, organización internacional

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organización regional

Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional

Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Argentina

Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Argentina

Conectas Direitos Humanos, Brasil

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Brasil

Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

Alianza por tus Derechos, Costa Rica

Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica

Observatorio Ciudadano, Chile

Sergio Fuenzalida B., Coordinador del Programa de Derechos Humanos, Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Chile

Fernanda Carrera Toscano, Periodista, Ecuador

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IDHUCA), El Salvador

Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos

Washington Office on Latin America, Estados Unidos

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM, Guatemala

Fundación Myrna Mack, Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C, México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), México

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C, Litiga OLE, México

Red por los derechos de la infancia en México #REDIM, México

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua

Movimiento Autónomo de Mujeres –MAM, Nicaragua

AGORA Espacio Civil, Paraguay

Tierra Viva, Paraguay

Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Paraguay

Asociación de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú

Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú

Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú.

Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Perú

Instituto Promoviendo Desarrollo Social, Perú

Paz y Esperanza, Perú

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo peruano, Perú

Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela

CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela

Espacio Público, Venezuela

Laboratorio de Paz de Caracas, Venezuela

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela

 

CEJIL condena ataque y destrucción de archivos de Pro-Búsqueda en El Salvador

San José, sábado 16 de noviembre del 2013- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena vehementemente el ataque perpetrado contra la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, así como la quema y destrucción de archivos que pertenecían a dicha organización.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves en las instalaciones de Pro-Búsqueda ubicadas en la colonia Buenos Aires, San Salvador. Según denunció la organización, tres atacantes robaron varias de sus computadoras e incendiaron parte de los documentos jurídicos, así como amenazaron a las personas presentes a la hora del ataque.

 

Dom, 17/11/2013

Monumento a la Memoria y la Verdad, El SalvadorSan José, sábado 16 de noviembre del 2013- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena vehementemente el ataque perpetrado contra la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, así como la quema y destrucción de archivos que pertenecían a dicha organización.

El ataque ocurrió la madrugada de este jueves en las instalaciones de Pro-Búsqueda ubicadas en la colonia Buenos Aires, San Salvador. Según denunció la organización, tres atacantes robaron varias de sus computadoras e incendiaron parte de los documentos jurídicos, así como amenazaron a las personas presentes a la hora del ataque.

CEJIL insta a las autoridades competentes de El Salvador a investigar a profundidad lo sucedido y determinar la responsabilidad penal correspondiente, además les exhortamos a tomar las medidas de seguridad que correspondan a favor del personal de Pro búsqueda con la finalidad de que se eviten nuevos ataques en su contra.

Honduras no protege a los defensores y defensoras de derechos humanos

Washington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Mié, 30/10/2013

Audiencia temática ante la CIDH sobre medidas cautelares a defensores y defensoras de derechos humanos de HondurasWashington DC, miércoles 30 de octubre del 2013.-El Estado de Honduras no cumple con la implementación de medidas de protección a favor de los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) que se encuentran en una situación de riesgo. Por ello, el pasado lunes 28 de octubre, representantes estatales comparecieron a una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington, D.C.

Dicha audiencia fue solicitada por el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Protección Internacional (PI) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Las organizaciones participantes denunciaron la inefectividad de las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Corte y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos, luego de las múltiples deficiencias enfrentadas por las personas beneficiarias y de la continuación de amenazas en su contra. Asimismo, se presentaron observaciones puntuales que engloban las diversas limitaciones y lagunas que contiene el proyecto de ley denominado “Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia”, pendiente de aprobación por el Congreso Nacional desde agosto del 2013. Finalmente se resaltaron casos que ilustran los riesgos que hasta la fecha continúan enfrentando las y los defensores en Honduras. Entre ellos, se destacó el reciente asesinado de Manuel de Jesús Varela Murillo, quien era beneficiario de medidas de protección.

Las autoridades se refirieron a los supuestos esfuerzos por proteger e investigar los delitos en contra de este grupo en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, preocupa a las organizaciones la reciente decisión del Fiscal General de la República, de desarticular la Fiscalía Especial de Derechos Humanos mediante el traslado de los fiscales John César Mejía, Rosa Seaman y Edy Tábora, quienes venían dando atención a la situación de los defensores y defensoras.

Al finalizar la audiencia, las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades estatales para que someta el citado proyecto a un diálogo amplio, participativo y transparente, y de esta manera se establezca un mecanismo que efectivamente proteja a los defensores y defensoras de derechos humanos. Además se solicitó a la CIDH realizar una visita a Honduras paraverificar la situación de riesgo denunciado, y realizar las recomendaciones que correspondan.

 

CEJIL llama a los Estados Unidos a implementar los estándares de los derechos humanos en la reforma migratoria en una audiencia pública de la CIDH

Washington, DC, 28 octubre del 2013.- Esta tarde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó a una coalición de abogados especializados en migración, ONGs, clínicas de derecho, sindicatos y miembros de comunidades inmigrantes afectadas directamente para pedir a los Estados Unidos que cumpla sus obligaciones internacionales a través de una reforma integral de inmigración en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CEJIL solicitó que la Comisión Interamericana incluya sus estudios integrales  en su informe anual y que cree un informe temático, realice una visita in situ para monitorear las políticas de detención y deportación, y monitoree el impacto de los desarrollos legislativos y administrativos sobre los derechos de los migrantes con un enfoque transversal de derechos humanos, teniendo en cuenta los derechos de las familias migrantes, los niños, las mujeres, los trabajadores, y los migrantes LGBTI.

Mar, 29/10/2013

Audiencia ante la CIDH sobre migraciónWashington, DC, 28 octubre del 2013.- Esta tarde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) acompañó a una coalición de abogados especializados en migración, ONGs, clínicas de derecho, sindicatos y miembros de comunidades inmigrantes afectadas directamente para pedir a los Estados Unidos que cumpla sus obligaciones internacionales a través de una reforma integral de inmigración en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

CEJIL solicitó que la Comisión Interamericana incluya dichos estudios integrales en su informe anual y que cree un informe temático, realice una visita in situ para monitorear las políticas de detención y deportación, y monitoree el impacto de los desarrollos legislativos y administrativos sobre los derechos de los migrantes con un enfoque transversal de derechos humanos, teniendo en cuenta los derechos de las familias migrantes, los niños, las mujeres, los trabajadores, y los migrantes LGBTI.

En el 2010, CEJIL ganó una sentencia favorable de la Comisión en el caso Wayne Smith and Hugo Armendariz, que requirió a los Estados Unidos reformar sus leyes para tomar en consideración a la familia y los lazos comunitarios en los procesos de deportación. Así mismo, la CIDH pronunció un número de recomendaciones detalladas sobre la detención de inmigrantesy el debido proceso en el 2010.  Los Estados Unidos todavía no ha cumplido con estas recomendaciones.

“La falta del gobierno de los Estados Unidos de cumplir con sus obligaciones de derechos humanos resulta actulmente en las violaciones más generalizadas de los derechos de las familias migrantes, niños, y comunidades.  Los Estados Unidos debe aprovechar esta oportunidad histórica y cumplir por fin con los estándares internacionales de los derechos humanos en la reforma integral de inmigración,” indicó Francisco Quintana, Director de CEJIL del Programa para la Región Andina, Norteamericana y el Caribe. “Pero hay un número de medidas administrativas que Estados Unidos puede - y debe – tomar inmediatamente para garantizar los derechos humanos de las familias migrantes y niños, incluyendo la incorporación de las normativas de los derechos humanos en sus directrices administrativas para los responsables de la toma de decisiones en procesos de inmigración, como hemos delineado en nuestros informes.”

En la audiencia, CEJIL fue acompañado por una coalición de amplia base de representantes de AFL-CIO, Gibbs Houston Pauw, Stanford Immigration Rights Clinic, Boston College Post-Deportation Human Rights Project, the National Day Labor Organizing Network (NDLON), Immigration Equality, Advocates for Human Rights, the New Orleans Workers’ Center for Racial Justice, and the Boston University Law Clinic así como otros defensores de derechos humanos de coaliciones religiosas.

CEJIL denunciará violaciones de derechos humanos a grupos en situación de vulnerabilidad en las Américas

Ocho audiencias temáticas ante la CIDH permitirán discutir la situación de las personas detenidas, mujeres, defensores/as, refugiados, trans, entre otros.

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Dom, 27/10/2013

Washington DC, domingo 27 de octubre del 2013- Desde el lunes 28 de octubre del 2013, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) participará en ocho diferentes audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en conjunto con decenas de organizaciones de derechos humanos de todo el continente americano.

En relación con los objetivos de estas audiencias, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró que “se pretende visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones como las mujeres, las personas detenidas en Guantánamo, los/as refugiados, las personas trans, los/as defensores de derechos humanos, entre otros; con el objetivo de llamar la atención de los Estados americanos para que aborden estas problemáticas y tomen acciones prontas para garantizar sus derechos”.

Las audiencias temáticas forman parte del período ordinario de sesiones 149 de dicha entidad.

Entre los temas a tratar se incluyen:

  • Detención de las personas en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo. (Lunes 28 de octubre, 9:00- 10:00 EST).
  • Derechos humanos de las persona migrantes en Estados Unidos y la reforma legislativa. (Lunes 28 de octubre 14:00-15:00 EST).
  • Situación de defensores de derechos humanos en Guatemala. (Lunes 28 de octubre, 11:30-12:20 EST).
  • Cumplimiento con medidas cautelares en Honduras. (Lunes 28 de octubre, 17:45-18:45 EST).
  • Denuncias de violencia contra personas trans en El Salvador. (Martes 29 de Octubre, 9:00-10:00 EST)
  • Situación de violencia contra las mujeres en las Américas. (Martes 29 de Octubre, 15:15-16:15 EST)
  • Denuncias sobre uso excesivo de la fuerza por la Policía en Nicaragua. (Martes 29 de Octubre, 17:45-18:46 EST)
  • Situación de derechos humanos de los refugiados en las Américas. (Jueves 31 de octubre, 15:15-16:15)

 

 

CEJIL condena agresión contra integrantes del Centro Prodh en México

Tres integrantes fueron agredidos por policías
  • Los hechos ocurrieron el 2 de octubre en la Ciudad de México.
  • Integrates fungían como bservadores de una manifestación en conmemoración de la masacre de estudiantes sucedida el 2 de octubre de 1968.

San José, Costa Rica, viernes 4 de octubre del 2013.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena la agresión que tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sufrieron a manos de policías, el pasado miércoles 2 de octubre, en la Ciudad de México.

 

Vie, 04/10/2013

CEJIL condena agresión contra integrantes del Centro Prodh en México San José, Costa Rica, viernes 4 de octubre del 2013.- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena la agresión que tres integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) sufrieron a manos de policías, el pasado miércoles 2 de octubre, en la Ciudad de México.

Los hechos sucedieron cuando las personas integrantes del Centro Prodh se desempeñaban como observadores de una manifestación en conmemoración de la masacre de estudiantes sucedida el 2 de octubre de 1968. Durante su labor de monitoreo de la situación y de documentación de detenciones arbitrarias, fueron amenazados y tres de ellos fuertemente golpeados por policías.

El Centro Prodh es una organización de derechos humanos, con sede en la Ciudad de México, que desde hace 25 años ha tenido una labor fundamental en la defensa de cientos de personas que han sufrido serias violaciones a los derechos humanos.

Entre otros casos, el Centro Prodh ha representado a personas que sufrieron represión en Atenco, a los campesinos ecologistas que fueron encarcelados en Guerrero, y a personas indígenas condenadas en procesos plagados de irregularidades.

El Centro Prodh es un actor fundamental en la configuración de la democracia y el respeto a los derechos humanos en México y la agresión sufrida por sus integrantes es un hecho preocupante. CEJIL considera que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a defender los derechos humanos.

Hacemos un llamado a las autoridades para que lleven a cabo una investigación pronta e imparcial de estos hechos y que los responsables sean llevados ante la justicia.

 

 

Pronunciamiento conjunto sobre la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras

Orden de prisión preventiva de la defensora Berta Cáceres evidencia persecusión

26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Vie, 27/09/2013

26 de setiembre del 2013. – Las organizaciones de derechos humanos firmantes expresamos nuestra preocupación por hechos recientes de criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras.

El pasado viernes 20 de setiembre, la jueza Lissien Lisseth Knight Reyes, del Juzgado Primero de Letras en el departamento de Intibucá, dictó una medida de prisión preventiva, en contra de Berta Isabel Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), en el marco de un proceso penal en el que se le acusa de inducir a cometer los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO.

Hace seis meses la comunidad de Río Blanco en el Departamento de Intibucá inició una protesta pacífica en contra de la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca que afectará el cauce del Río Gualcarque y el acceso de los pobladores a este recurso hídrico. La concesión otorgada por las autoridades a la empresa se gestó sin haber realizado la consulta previa a la comunidad indígena. Adicionalmente, es de conocimiento público que existen dos requerimientos penales presentados por la Fiscalía de las Etnias en contra del Alcalde municipal, y del Subsecretario de Recursos Naturales y Ambiente, por el otorgamiento del permiso de construcción y de la licencia ambiental a la empresa, respectivamente.

En el marco de dicho conflicto, las autoridades fiscales acusan a Berta, así como a los defensores Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño, de haber incitado a los pobladores a cometer dichos delitos y causar daños a la empresa.

Además de ordenar la prisión de la defensora, quien es beneficiaria de medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jueza Knight Reyes requirió a los defensores Molina y Gómez presentarse a firmar cada 15 días y no circundar la zona de los hechos. A la vez, ordenó el desalojo de la protesta pacífica.

Las medidas adoptadas se dan en un contexto de persecución en contra de defensores de derechos humanos que han sido denunciados en numerosas ocasiones y motivaron pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos como se menciona a continuación.

Entre los casos recientemente reportados en Honduras en contra de los defensores y las defensoras destacamos:

En el Progreso, Yoro, la defensora Magdalena Morales, lideresa de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, fue acusada por el delito de usurpación en perjuicio de la compañía Azucarera del Norte, S.A. (AZUNOSA) en el marco de un proceso de recuperación de tierras.

Más recientemente se ha conocido que existe una denuncia en contra de los abogados Víctor Fernández y Martín Fernández y de los miembros del Patronato (asociación comunitaria) de la comunidad de Nueva Esperanza por su oposición al proyecto hidroeléctrico “Buena Vista I”.

A estos hechos se suman los asesinatos de tres indígenas tolupanes María Enriqueta Matute, Ricardo Soto Fúnez y Armando Fúnez Medina, el 25 de agosto en la tribu de San Francisco Locomapa, Yoro, por su lucha en defensa de bienes naturales y derechos humanos; el asesinato de Tomás García, miembro del COPINH, ocurrido en julio del 2013 y las heridas propinadas a su hijo Allan García de 17 años. Además, persisten las amenazas a muerte realizada a los líderes tolupanes José María Pineda, Consuelo Soto, y Ramón Matute.

La situación de riesgo para la defensa de los derechos humanos en Honduras fue reseñada por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekayya, quien señaló en su informe del año 2012 que en Honduras “en razón de la legítima labor de defender los derechos humanos y las libertades fundamentales que realizan, hay ciertas categorías de defensores de los derechos humanos expuestos a un peligro especial, como los periodistas, los que se ocupan de cuestiones económicas, sociales y culturales, entre ellos los que se ocupan de cuestiones de los indígenas, garífunas, ambientales y de derechos sobre la tierra”.

Además, la Relatora agregó que “las actividades de los defensores de los derechos humanos están muy expuestas, por lo que ellos y sus familias siguen corriendo el peligro de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, detención y privación de la libertad arbitrarias, amenazas de muerte, agresiones, vigilancia, hostigamiento, estigmatización, desplazamiento, y exilio forzado”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe del año 2012 que en Honduras persisten los ataques, amenazas, y hostigamientos en contra de líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos. En dicha oportunidad, la CIDH destacó los ataques contra varios miembros del COPIHN, a saber Bonifacio Muñoz, Juan Vásquez y Sotero Chavarría, y las detenciones de Isabel Jorge Chavarría y del niño Allan Chavarría.

La estrategia de criminalización o uso abusivo del poder penal del Estado ha sido un arma en varios países para silenciar y entorpecer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. En relación a aquella, la CIDH en su Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos de las Américas publicado en el año 2011 señaló que “el inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos, no sólo tiene por efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo, recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.

En efecto, en Honduras, preocupa especialmente que la administración de justicia no proteja el derecho a la consulta, y que por el contrario, los fiscales persigan penalmente a defensores de derechos humanos por manifestarse en defensa de los derechos humanos. A ello se suma, la incapacidad del  Estado de brindar una respuesta efectiva para resolver los conflictos sociales que se generan a partir de la aprobación de diversos proyectos sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.


Es por lo anterior que las organizaciones firmantes demandamos:


- A las autoridades del Ministerio Público y a los jueces y juezas para que cesen los actos de criminalización en contra de los defensores y defensoras de derechos en el país por manifestarse en defensa de los derechos. A su vez que cumplan con su deber de proteger el derecho a la consulta e investigar las amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos,

- Al Poder Ejecutivo para que apoye la labor de defensa de los derechos mediante el establecimiento de campañas públicas que legitimen a los defensores y su importante rol en la vida democrática,

- A los órganos de protección internacional, como la CIDH, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que den un seguimiento cercano a la situación de Honduras e insistan en el cumplimiento de las recomendaciones que han sido brindadas en el marco de diversos informes,

- A la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante la situación que aqueja Honduras y se condene todo acto que atente contra el derecho a defender derechos humanos.


Organizaciones firmantes:


Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México

Agenda Política de Mujeres, Costa Rica

Alianza por tus Derechos, Costa Rica

Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, organización regional

Asociación LGTB Arcoiris, Honduras

Casa Alianza, Honduras

Casa del Migrante de Saltillo (frontera con Justicia AC), México

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC, México

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, México

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC, México

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH), México

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Honduras

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), Guatemala

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM), Costa Rica

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional

Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), México

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad AC, México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Honduras

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Honduras

Documenta AC, México

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), Honduras

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), organización internacional

Foro de Mujeres por la Vida, Honduras

Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH), Honduras

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador

Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES), El Salvador

Jass, Asociadas por lo Justo, organización regional

Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras

Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, Honduras

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador (OTLA), El Salvador

Protection International, organización internacional

Red Lésbica Cattrachas, Honduras

Red de la no violencia contra las mujeres (REDNOVI), Guatemala

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de Honduras

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones (RROCM)

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, México

Rights Action - Derechos en acción, organización regional

Seguridad en Democracia (SEDEM), Guatemala

Servicios Legales, Información y Estudios Jurídicos, México

Sin Fronteras IAP, México

 

 

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