Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

CIDH ordena a Guatemala proteger a la magistrada Claudia Escobar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el 12 de noviembre el otorgamiento de medidas de protección para de la magistrada Claudia Escobar y su núcleo familiar en función del riesgo inminente al que se enfrentan en Guatemala.

La CIDH aprobó las medidas fundamentada en las denuncias de la magistrada sobre irregularidades en los procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones, y por las declaraciones públicas realizadas por funcionarios, medios de comunicación y otros actores en contra de la señora Escobar.

Jue, 13/11/2014

Claudia EscobarLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representante de la magistrada Claudia Escobar, el otorgamiento de medidas de protección para ella y su núcleo familiar en función del riesgo inminente que enfrentan en Guatemala.

La CIDH aprobó las medidas  fundamentada en dos factores: las denuncias efectuadas por  la magistrada sobre irregularidades en los procesos de elección y nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones que vinculan a altas autoridades del Estado, así como por las declaraciones públicas realizadas por funcionarios estatales, medios de comunicación y otros actores en contra de la señora Escobar.

Marcia Aguiluz, Directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México, declaró al respecto: “en Guatemala, las y los operadores de justicia que actúan en forma íntegra y honesta se encuentran en grave riesgo ya que son víctimas de diversos actos de hostigamiento y amenazas por parte de sectores interesados en perpetuar la impunidad. El otorgamiento de las medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana refleja la preocupación de este órgano internacional por la situación que enfrentan y es un llamado de atención a las autoridades para que respeten la integridad y la independencia judicial de quienes imparten justicia”.

Vea el comunicado jurídico

52 organizaciones del continente condenan sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.

Mar, 11/11/2014

PRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS
(para descargar version actualizada 11/12/2014 9:58 AM, favor oprimir este enlace)

102 organizaciones del continente condenan sentencia del Tribunal Constitucional de República Dominicana
11 de noviembre de 2014
Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.
Enfatizamos que —tal como determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— dicha sentencia, emitida el pasado 4 de noviembre de 2014, carece de sustento en el derecho internacional y, por tanto, no deberá surtir efectos.
Asimismo, notamos con preocupación que la sentencia TC-0256-14 intenta cuestionar varias decisiones del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos respecto de República Dominicana, especialmente aquéllas relacionadas con las situaciones de discriminación estructural y privación arbitraria de la nacionalidad de personas de ascendencia haitiana que viven en el país. En este sentido se pronunció por primera vez el gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014 cuando “rechazó” la sentencia de la Corte IDH en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas.
Reafirmamos que el Sistema Interamericano es patrimonio de todos los pueblos y todas las personas que habitan en nuestro continente americano. Obstaculizar el acceso a la Corte IDH significaría cerrar las puertas a la última oportunidad de justicia para todas aquellas víctimas de violaciones a sus derechos humanos en la República Dominicana, ya sean víctimas de violencia de género, afectados por la violencia policial, por ataques contra periodistas o a quienes reclaman justicia frente a demoras o arbitrariedades por parte de funcionarios estatales.
Expresamos nuestra solidaridad y apoyo para que todas las personas en la República Dominicana puedan tener acceso a la justicia a través del Sistema Interamericano.
ORGANIZACIONES REGIONALES:
Amazon Watch
Amnistía Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Global Initiative for Sexuality and Human Rights Heartland Alliance for Human Needs & Human Rights
Global Rights
Observatorio Internacional de Migraciones (OCIM Internacional)
Peace Brigades International (PBI)
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (REDLAMY)
Save the Children, Programa Latinoamérica y el Caribe
Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)
POR PAIS:
Argentina:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Bolivia:
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Bolivia
Oficina Jurídica Para la Mujer (OJM) de Cochabamba
Brasil:
Associação Juízes para a Democracia (AJD/Brasil)
Conectas Direitos Humanos
Canadá:
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC)
Chile:
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas
Colombia:
Asociación para la Promoción Social Alternativa (MINGA)
Comisión Colombiana de Juristas
Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP)
Consultoría Para Los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES)
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR)
Corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Corporación Sisma Mujer
Costa Rica:
Programa Jurídico Iglesia Luterana Costarricense
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)
Ecuador:
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Fundación Asylum Access Ecuador
Fundación Pachamama
El Salvador:
Asociación PROBUSQUEDA de Niños y Niñas Desaparecidos en El Salvador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)
Tutela del Arzobispado de San Salvador
Estados Unidos:
International Human Rights Law Clinic, UC Berkeley
Clínica de Derechos Humanos , University of Texas School of Law
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights
Guatemala:
Defensa Legal Indígena, Tob’nel Tinamit
Fundación Myrna Mack
Fundación Para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH)
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Movimiento Social por los Derechos de la Niñez, Adolescencia  y Juventud
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)
Guatemalan Human Rights Commission/USA (GHRC-USA)
Honduras:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia, AC
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Iniciativas para la Identidad y la Inclusión, A.C.
Nicaragua:
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Ipas CA (International Pregnancy Advisory Services Centroamérica)
Movimiento Autónomo de Mujeres
Movimiento Contra el Abuso Sexual (MCAS)
Panamá:
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Paraguay:
ÁGORA Espacio Civil Paraguay
Servicio Paz y Justicia Paraguay (SERPAIPY)
Perú:
Paz y Esperanza
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL)
Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD)
Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX)
Comisión de Derechos Humanos  (COMISEDH)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH)
Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS) /  International Institute on Law and Society (IILS)
República Dominicana:
Colectiva Mujer y Salud
Instituto de Derechos Humanos Santo Domingo
Fundación Étnica Integral (LA FEI)
Movimiento de Mujeres Dominico Haitiana (MUDHA)
Mesa nacional para las migraciones y refugiados en Republica Dominicana (MENAMIRD)
Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Venezuela:
A.C. Espacio Público
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
CIVILIS Derechos Humanos
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)
Observatorio Venezolano de Prisiones
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
Organizaciones adicionales:
Clínica Internacional de Derechos Humanos – Universidad de Santa Clara Facultad de Derecho
Washington and Lee University School of Law Immigrant Rights Clinic
University of Miami Human Rights ClinicPRONUNCIAMIENTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES POR LOS DERECHOS HUMANOS EN LAS AMERICAS

11 de noviembre de 2014-Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y organizaciones aliadas, condenamos la sentencia TC-0256-14 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un fallo que declara inconstitucional el instrumento de aceptación de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), debidamente depositado por dicho país en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 25 de marzo de 1999.

 

Enfatizamos que —tal como determinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— dicha sentencia, emitida el pasado 4 de noviembre de 2014, carece de sustento en el derecho internacional y, por tanto, no deberá surtir efectos.

 

Asimismo, notamos con preocupación que la sentencia TC-0256-14 intenta cuestionar varias decisiones del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos respecto de República Dominicana, especialmente aquéllas relacionadas con las situaciones de discriminación estructural y privación arbitraria de la nacionalidad de personas de ascendencia haitiana que viven en el país. En este sentido se pronunció por primera vez el gobierno dominicano el 23 de octubre de 2014 cuando “rechazó” la sentencia de la Corte IDH en el Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas.

 

Reafirmamos que el Sistema Interamericano es patrimonio de todos los pueblos y todas las personas que habitan en nuestro continente americano. Obstaculizar el acceso a la Corte IDH significaría cerrar las puertas a la última oportunidad de justicia para todas aquellas víctimas de violaciones a sus derechos humanos en la República Dominicana, ya sean víctimas de violencia de género, afectados por la violencia policial, por ataques contra periodistas o a quienes reclaman justicia frente a demoras o arbitrariedades por parte de funcionarios estatales.

 

Expresamos nuestra solidaridad y apoyo para que todas las personas en la República Dominicana puedan tener acceso a la justicia a través del Sistema Interamericano.

ORGANIZACIONES REGIONALES:
Amnistia Internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL)
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Robert F. Kennedy Center
Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos)
POR PAIS:
Argentina:
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Bolivia:
Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Bolivia
Oficina Jurídica para la Mujer de Cochabamba
Brasil:
Conectas Direitos Humanos
Chile:
Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas
Colombia:
Comisión de Justicia y Paz de Colombia
Consultorio Jurídico Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás de Bogotá
Corporación Sisma Mujer
Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH)
Costa Rica:
Defensa de Niñas y Niños - Internacional (DNI)
Ecuador:
La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
El Salvador:
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)
Estados Unidos:
Clínica de Derechos Humanos , University of Texas School of Law
Guatemala:
Fundación Myrna Mack
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  (UDEFEGUA)
Honduras:
Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)
Asociación Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
México:
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (ASILEGAL)
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) de Chihuahua
Nicaragua:
Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (CENIDH)
Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social,  AC
Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua
IPAS CA
Panamá:
Centro de Iniciativas Democráticas (CIDEM)
Perú:
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Paz y Esperanza
República Dominicana:
Colectiva Mujer y Salud
Fundación Étnica Integral (LA FEI)
Mesa nacional para las migraciones y refugiados en Republica Dominicana (MENAMIRD)

Uruguay:
Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Venezuela:
A.C. Espacio Público
Acción Solidaria
Centro de Derechos Humanos, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
CIVILIS Derechos Humanos
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil
Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
Observatorio Venezolano de Prisiones
Organizaciones adicionales:
Clínica Internacional de Derechos Humanos – Universidad de Santa Clara Facultad de Derecho
Washington and Lee University School of Law Immigrant Rights Clinic
University of Miami Human Rights Clinic

Organizaciones internacionales exigen anular la sanción a Yassmin Barrios, Jueza Principal en el Juicio Histórico sobre Genocidio en Guatemala

Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez. Pronunciamiento completo

 

Lun, 10/11/2014

Fotografía Yassmín Barrios, Todo Noticias10 Noviembre 2014 – Organizaciones regionales e internacionales exigen a Guatemala respetar la independencia judicial y rechazan la sanción ilegal interpuesta en contra de la Jueza Yassmin Barrios. La Corte Constitucional de Guatemala está conociendo, en la actualidad, un recurso de amparo que cuestiona la autoridad del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), de sancionar a la jueza Barrios por sus actuaciones como jueza durante el juicio que se llevó a cabo en el año 2013, en contra del ex-dictador Efraín Ríos Montt y su entonces su jefe de inteligencia Mauricio Rodríguez Sánchez.

Nueve organizaciones internacionales y organizaciones de América Latina – Open Society Justice Initiative (OSJI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), la Plataforma Internacional contra la Impunidad, y Washington Office on Latin America (WOLA) exigen a Guatemala revocar esta sanción, y garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura en este país.

Vea el pronunciamiento completo

Créditos Fotográficos: Todo Noticias

Denuncian graves violaciones de los derechos humanos en Perú

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú.

Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce. Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado.

 

Lun, 03/11/2014

Denuncian graves violaciones de los derechos humanos en Perú
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú. Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce.
Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado y así lo expuso CEJIL en una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la presencia de representantes del Estado peruano y junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).
Durante la reunión, los peticionarios también denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro del marco del Caso del Comunicado de Prensa Conjunto (Comunicado).
En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa documentando los compromisos asumidos por el Estado respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados ante la CIDH, estando entre ellos el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú. Sin embargo, a más de 13 años, el Estado peruano continúa sin dar cumplimiento a sus obligaciones. Dentro de estas obligaciones, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública y la reparación con viviendas a 509 víctimas y sus familiares.
Pero hasta la fecha, las órdenes de captura llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, a pesar de que los procesados son militares en activo. Respecto a las viviendas, pese a las promesas hechas ante la CIDH por el Estado el día jueves 30 de octubre de transferir la propiedad a las víctimas esa misma semana, la transferencia aún no se ha ejecutado.
De acuerdo con CEJIL, APRODEH y COMISEDH, dichos incumplimientos evidencian una falta de voluntad política por parte Estado
“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa. Su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos”, afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y sus contrapartes han denunciado el nombramiento del General retirado Daniel Urresti como Ministro del Interior de Perú. Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce.

Su nombramiento como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado y así lo expuso CEJIL en una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la presencia de representantes del Estado peruano y junto con la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH).

Durante la reunión, los peticionarios también denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos dentro del marco del Caso del Comunicado de Prensa Conjunto (Comunicado).

En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa documentando los compromisos asumidos por el Estado respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados ante la CIDH, estando entre ellos el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú. Sin embargo, a más de 13 años, el Estado peruano continúa sin dar cumplimiento a sus obligaciones. Dentro de ellas, están pendientes el cumplimiento de órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública y  el otorgamiento de viviendas a 509 víctimas y sus familiares.

Pero hasta la fecha, las órdenes de captura llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, a pesar de que los procesados continuan en su función pública. Respecto a las viviendas, pese a las promesas hechas ante la CIDH por el Estado el día jueves 30 de octubre de transferir la propiedad a las víctimas esa misma semana, la transferencia aún no se ha ejecutado.

De acuerdo con CEJIL, APRODEH y COMISEDH, dichos incumplimientos evidencian una falta de voluntad política por parte del Estado. “La falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado resaltan la impunidad en la que se encuentran estos casos y constituyen una violación de los derechos de la víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el Perú”, afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Adjunto siguen dos comunicados de prensa del 31 de octubre que abordan los temas presentados dentro de la reunión de trabajo:

Enlace al comunicado completo: CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos.

Exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos (caso Comunicado Conjunto)

Lun, 03/11/2014

 

CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano poner fin a 13 años de incumplimiento de sus compromisos de justicia y reparación en 165 casos de violaciones a los derechos humanos (caso Comunicado Conjunto)
Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – Durante una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 165 casos, en el marco del Comunicado de Prensa (“Comunicado”) del 22 de febrero de 2001.
“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa y su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa que documentando los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados a esa fecha ante la CIDH. Los compromisos incluyeron el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables, la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.
Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos asumidos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tendiente a la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, han pasado más de 13 años y el Estado peruano continúa incumpliendo sus obligaciones para con estos casos.
CEJIL, APRODEH y COMISEDH evidenciaron durante la reunión con la CIDH la falta de voluntad política del Estado peruano para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Así, en los casos del Comunicado referidos a los desaparecidos de Huancapi y de Chuschi, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública que llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, mientras los procesados permanecen en sus funciones.
“El Estado no pudo justificar cómo puede ser que las autoridades policiales no hayan podido aún cumplir con presentar a la justicia personas que han sido identificadas, que se sabe donde trabajan y donde viven y que están siendo procesados por graves violaciones a los derechos humanos” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.
Al suscribir el Comunicado el Estado peruano se comprometió también a reparar con viviendas a 509 víctimas y sus familiares. Tras 13 años de incumplimiento, en marzo de 2014 el Estado pactó ante la CIDH transferir antes del 21 de abril de 2014 el título de un número de lotes ya habitados por víctimas y sus familiares. Este plazo ha transcurrido sin que el Estado haya cumplido lo pactado. Durante la reunión de esta semana, el Estado informó a la CIDH y las organizaciones presentes que el acto administrativo que transfiere la propiedad había sido aprobado y sería entregado el día de ayer. Sin embargo, esto no se cumplió y el día de hoy las organizaciones que suscriben fueron informadas que el acto administrativo aún no cuenta con la firma ministerial.
“Los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Comunicado no son simples expresiones de intención política, sino que materializan los derechos de justicia y reparación de las víctimas de 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, quienes continúan esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos” concluyó Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.
Enlaces de interés:
• Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm
Contacto de Prensa:
Alex McAnarney
(305) 335 5665
amcanarney@cejil.org

 

Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – Durante una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron el incumplimiento por parte del Estado peruano de los compromisos asumidos con la CIDH y las víctimas de violaciones a los derechos humanos en 165 casos, en el marco del Comunicado de Prensa (“Comunicado”) del 22 de febrero de 2001.

“Los compromisos asumidos por el Perú en el Comunicado se enmarcan en procesos de solución amistosa y su violación quebranta la confianza depositada por las víctimas y sus familiares en la voluntad política del Estado de cumplir sus obligaciones de buena fe y desmotiva este tipo de acuerdos” afirmó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

En 2001, Perú y la CIDH suscribieron un Comunicado de Prensa que documentando los compromisos asumidos por el Estado peruano respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos tramitados a esa fecha ante la CIDH. Los compromisos incluyeron el reconocimiento de responsabilidad internacional, la reparación a las víctimas y sus familiares, la realización de investigaciones y la determinación de los responsables, la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.

Al momento de la firma del Comunicado, el Estado peruano manifestó que los compromisos asumidos eran muestra de una nueva política de protección de los derechos humanos en Perú, tendiente a la recuperación de la institucionalidad democrática, la reconstrucción del Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, han pasado más de 13 años y el Estado peruano continúa incumpliendo sus obligaciones para con estos casos.

CEJIL, APRODEH y COMISEDH evidenciaron durante la reunión con la CIDH la falta de voluntad política del Estado peruano para avanzar en el cumplimiento de los compromisos. Así, en los casos del Comunicado referidos a los desaparecidos de Huancapi y de Chuschi, existen órdenes de captura contra funcionarios de la fuerza pública que llevan años de emitidas y continúan sin ejecutarse, mientras los procesados permanecen en sus funciones.

“El Estado no pudo justificar cómo puede ser que las autoridades policiales no hayan podido aún cumplir con presentar a la justicia personas que han sido identificadas, que se sabe donde trabajan y donde viven y que están siendo procesados por graves violaciones a los derechos humanos” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.

Al suscribir el Comunicado el Estado peruano se comprometió también a reparar con viviendas a 509 víctimas y sus familiares. Tras 13 años de incumplimiento, en marzo de 2014 el Estado pactó ante la CIDH transferir antes del 21 de abril de 2014 el título de un número de lotes ya habitados por víctimas y sus familiares. Este plazo ha transcurrido sin que el Estado haya cumplido lo pactado. Durante la reunión de esta semana, el Estado informó a la CIDH y las organizaciones presentes que el acto administrativo que transfiere la propiedad había sido aprobado y sería entregado el día de ayer. Sin embargo, esto no se cumplió y el día de hoy las organizaciones que suscriben fueron informadas que el acto administrativo aún no cuenta con la firma ministerial.

“Los compromisos asumidos por el Estado peruano en el Comunicado no son simples expresiones de intención política, sino que materializan los derechos de justicia y reparación de las víctimas de 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, quienes continúan esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones y respete sus derechos” concluyó Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.

Enlaces de interés:

• Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm

 

 

 

 

Contacto de Prensa:

Alex McAnarney

(305) 335 5665

amcanarney@cejil.org

CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano en reunión con CIDH separar al Ministro del Interior Urresti del cargo para responder a un proceso penal por graves violaciones a los derechos humanos en su contra.

Lun, 03/11/2014

 

CEJIL, APRODEH y COMISEDH exigen al gobierno peruano en reunión con CIDH separar al Ministro del Interior Urresti del cargo para responder a un proceso penal por graves violaciones a los derechos humanos en su contra.
Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – En una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron que el nombramiento, por parte del Ejecutivo peruano, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado, en tanto Urresti está siendo procesado en un caso de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, calificado como crimen de lesa humanidad por el poder judicial peruano.
Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato, ocurrido en noviembre de 1988, del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce. La CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado por estos hechos en 1997 y el caso fue luego incluido en el Comunicado de Prensa Conjunto que el Estado peruano y la CIDH suscribieron el 22 de febrero de 2001 (“Comunicado”). En este Comunicado el Estado asumió compromisos respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el de Bustíos. Los compromisos abarcan el reconocimiento de su responsabilidad internacional; la reparación a las víctimas y sus familiares; la realización de investigaciones y la determinación de los responsables; la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.
Durante la reunión de trabajo con la CIDH las organizaciones que suscriben denunciaron que la designación como Ministro del Interior de una persona procesada por graves violaciones a los derechos humanos es éticamente incompatible con las funciones de un alto cargo de gobierno.
“El nombramiento de Urresti evidencia la falta de voluntad política del Estado peruano de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante los familiares de las víctimas del caso Bustíos y Rojas Arce y violenta sus derechos” expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
COMISEDH, APRODEH y CEJIL lamentan que el Estado se haya negado a tratar el tema de la designación de Urresti en el marco de las actuaciones ante la CIDH, tratándolo como un tema exclusivamente político.
“Con esta actitud el Estado desconoce las graves implicancias que tiene este nombramiento respecto a las garantías de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, la imparcialidad de las investigaciones, el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de justicia y la confianza que las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden depositar en el Estado peruano para que cumpla acuerdos de solución amistosa” dijo Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.
Asimismo, las organizaciones denunciaron que las dos personas que han resultado condenadas como culpables materiales del asesinato de Hugo Bustíos han recibido el beneficio penitenciario de semi-libertad, apenas cumplida una cuarta parte de su condena.
“Tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, esto constituye una afectación al derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y una forma de impunidad” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.
Las organizaciones comunicaron su preocupación a la CIDH dado que el nombramiento de Urresti desconoce la determinación de responsabilidad que ya hizo la CIDH en el caso de Bustíos y Rojas Arce y los compromisos asumidos en el Comunicado, además de enviar un mensaje contrario a combatir la impunidad. Expresaron que el Estado debe garantizar la separación de Urresti del cargo en tanto dure el proceso penal en su contra.
Enlaces de interés:
•Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm

 

Washington D.C., 31 de octubre de 2014 – En una reunión de trabajo celebrada el 29 de octubre de 2014 con la convocatoria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la presencia de representantes del Estado peruano, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH) y la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) denunciaron que el nombramiento, por parte del Ejecutivo peruano, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior viola obligaciones internacionales del Estado, en tanto Urresti está siendo procesado en un caso de graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno, calificado como crimen de lesa humanidad por el poder judicial peruano.

 

Urresti está siendo procesado como presunto autor mediato del asesinato, ocurrido en noviembre de 1988, del periodista Hugo Bustíos y del intento de asesinato de su compañero, Eduardo Rojas Arce. La CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado por estos hechos en 1997 y el caso fue luego incluido en el Comunicado de Prensa Conjunto que el Estado peruano y la CIDH suscribieron el 22 de febrero de 2001 (“Comunicado”). En este Comunicado el Estado asumió compromisos respecto a 165 casos de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el de Bustíos. Los compromisos abarcan el reconocimiento de su responsabilidad internacional; la reparación a las víctimas y sus familiares; la realización de investigaciones y la determinación de los responsables; la adopción de medidas cautelares, y la implementación de procedimientos de solución amistosa.

 

Durante la reunión de trabajo con la CIDH las organizaciones que suscriben denunciaron que la designación como Ministro del Interior de una persona procesada por graves violaciones a los derechos humanos es éticamente incompatible con las funciones de un alto cargo de gobierno.

 

“El nombramiento de Urresti evidencia la falta de voluntad política del Estado peruano de dar cumplimiento a los compromisos asumidos ante los familiares de las víctimas del caso Bustíos y Rojas Arce y violenta sus derechos” expresó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

 

COMISEDH, APRODEH y CEJIL lamentan que el Estado se haya negado a tratar el tema de la designación de Urresti en el marco de las actuaciones ante la CIDH, tratándolo como un tema exclusivamente político.

 

“Con esta actitud el Estado desconoce las graves implicancias que tiene este nombramiento respecto a las garantías de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Perú, la imparcialidad de las investigaciones, el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de justicia y la confianza que las víctimas de violaciones a los derechos humanos pueden depositar en el Estado peruano para que cumpla acuerdos de solución amistosa” dijo Miguel Huerta, Director General de COMISEDH.

 

Asimismo, las organizaciones denunciaron que las dos personas que han resultado condenadas como culpables materiales del asesinato de Hugo Bustíos han recibido el beneficio penitenciario de semi-libertad, apenas cumplida una cuarta parte de su condena.

 

“Tratándose de graves violaciones a los derechos humanos, esto constituye una afectación al derecho de acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y una forma de impunidad” expresó Gloria Cano, Directora de APRODEH.

 

Las organizaciones comunicaron su preocupación a la CIDH dado que el nombramiento de Urresti desconoce la determinación de responsabilidad que ya hizo la CIDH en el caso de Bustíos y Rojas Arce y los compromisos asumidos en el Comunicado, además de enviar un mensaje contrario a combatir la impunidad. Expresaron que el Estado debe garantizar la separación de Urresti del cargo en tanto dure el proceso penal en su contra.

 

 

Enlaces de interés:

 

•Comunicado Conjunto del 22 de febrero de 2001: http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2001/PERU.htm

Denuncian la impunidad de graves violaciones a derechos humanos en México

Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la impunidad de violaciones graves de derechos humanos en México frente a representantes del Estado mexicano, en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En México el 98% de los casos denunciados se encuentran en la impunidad, esto significa que los crímenes graves que se cometen no son atendidos. De las 22.400 desapariciones forzadas que se dieron entre 2006 y 2012, no ha habido ninguna condena, de hecho desde 1977 y hasta 2005 sólo se cuentan seis sentencias condenatorias por este delito en el ámbito federal.

Jue, 30/10/2014

Audiencia CIDH 153 POSWashington D.C., 30 de octubre de 2014.- Organizaciones de la sociedad civil han denunciado la impunidad de violaciones graves de derechos humanos en México frente a representantes del Estado mexicano, en el marco del 153º período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En México el 98% de los casos denunciados se encuentran en la impunidad, esto significa que los crímenes graves que se cometen no son atendidos. De las 22.400 desapariciones forzadas que se dieron entre 2006 y 2012, no ha habido ninguna condena, de hecho desde 1977 y hasta 2005 sólo se cuentan seis sentencias condenatorias por este delito en el ámbito federal.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH),el Comité Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH), el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron estas cifras demostrando la impunidad casi total y la inacción del Estado mexicano para impartir justicia. La audiencia se enfocó particularmente en la situación de los Estados de Guerrero, Chihuahua, Chiapas y Baja California.

CEDIMAC denunció, que en el estado de Chihuahua, la actuación de las instituciones y servidores públicos responsables de la investigación y búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, por lo general es omisa, tardía, o cuando menos inexperta, dejando escapar momentos cruciales para la investigación, que en el tiempo no son recuperables.

En el caso del Estado de Baja California, se expuso cómo la generalidad y sistematicidad en que son perpetradas los crímenes de tortura, los convierten en crímenes de lesa humanidad -de acuerdo con el Estatuto de Roma-, razón por la cual la FIDH, la CMDPDH y la CCDHNOR, han solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue la presunta comisión de crímenes de esa naturaleza en dicho estado entre 2006 y 2012.

CEJIL concluyó señalando la preocupación por la falta de acceso a la justicia y reparación para las víctimas y el incumplimiento del Estado Mexicano de sus obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos, incluso de las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Por ello, entre otras cosas, las organizaciones le solicitaron al Estado mexicano autorizar una visita in loco de la CIDH al país y establecer un mecanismo de rendición de cuentas sobre las acciones que se tomen para resolver los casos bajo su conocimiento vinculados con graves violaciones de derechos humanos, así como presentar pruebas concretas de los avances en la erradicación de la impunidad en México.

Felipe González, Comisionado de la CIDH evidenció: “si las denuncias del pasado se mantienen en impunidad es un mensaje claro, de que pasará lo mismo en el futuro”.

El Estado mexicano por su parte, presentó avances meramente formales sin dar respuesta al fondo a las demandas de las organizaciones.

 

CEJIL lleva a la CIDH la problemática de los niños migrantes en Estados Unidos y las graves violaciones de derechos humanos en México

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con organizaciones aliadas presentará 14 audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 153º período ordinario de sesiones.

Las audiencias ante esta instancia se iniciarán el lunes 27 y finalizarán el viernes 31 de octubre, llevándose a cabo en el edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington D.C.

Conozca nuestras principales denuncias


Vie, 24/10/2014

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en conjunto con organizaciones aliadas presentará 14 audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su 153º período ordinario de sesiones.

Las audiencias ante esta instancia se iniciarán el lunes 27 y finalizarán el viernes 31 de octubre, llevándose a cabo en el edificio GSB de la Organización de Estados Americanos en Washington D.C.

Conozca nuestras principales denuncias

Situación de derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en Estados Unidos
¿Cuándo?: Octubre 27 9:00 am a 10:00 am 
¿Dónde?: Salon Padilha Vidal-Organización de los Estados Americanos
1889 F St NW Washington, D.C., 20006
En lo que empezó a llamarse la oleada (denominado “the surge” en inglés) entre funcionarios gubernamentales y activistas, las cifras de niños indocumentados aprehendidos al cruzar la frontera sur de Estados Unidos de América sin sus padres se incrementó de 8.000 en 2011 hasta 60.000 en 2014. Muchos niños, niñas y adolescentes podrían ser potencialmente elegibles para categorías internacionales de protección. Los peticionarios denunciarán situaciones de abusos de derechos humanos cometidos por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos y presentarán recomendaciones a miembros del gobierno que se encontrarán presentes durante la audiencia. Enlace a la ficha técnica.

Situación de graves violaciones de derechos humanos en México
¿Cuándo?: Octubre 30 4:30 pm a 5:30 pm 
¿Dónde?: Salón Padilha Vidal-Organización de los Estados Americanos
1889 F St NW Washington, D.C., 20006
Apenas entre el uno y  el dos por ciento de los delitos son sancionados en México, de acuerdo con informes de la CIDH y Naciones Unidas. Esta situación de impunidad perpetúa la problemática e incrementa el riesgo de que las violaciones de derechos humanos se repitan. Los peticionarios denunciarán situaciones históricas en el país, así como hechos recientes, entre ellos el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Enlace a la ficha técnica.

Violencia contra Campesinos en Paraguay
¿Cuándo?: Octubre 31 2:00 pm a 3:00 pm
¿Dónde?: Salón Rubén Darío-Organización de los Estados Americanos 
1889 F St NW Washington, D.C., 20006
Según el informe “Chokokue 1989-2013”, se han producido en el país al menos 115 ejecuciones y desapariciones de dirigentes y miembros de organizaciones campesinas, en el período comprendido entre el 3 de febrero de 1989 y el 15 de agosto de 2013. A pesar de la gravedad de esta situación, el Estado omite implementar medidas adecuadas y efectivas tendentes a investigar diligentemente y a sancionar a los culpables de esos hechos. Los peticionarios presentarán información actualizada sobre la situación de violencia contra los campesinos/as y otros dirigentes del movimiento agrario que se registra en la zona rural de Paraguay. Enlace a la ficha técnica.

Realización de Justicia para los casos de Dictadura Militar en Brasil
¿Cuándo?: Octubre 31 11:30 am a 12:30 pm 
¿Dónde?: Salón Padilha Vidal -Organización de los Estados Americanos 
1889 F St. NW Washington, D.C., 20006
Durante los últimos años, la Fiscalía General de Brasil presentó acciones judiciales penales en casos relacionados a crímenes cometidos por agentes estatales durante la última dictadura militar en Brasil. Sin embargo, la Ley de Amnistía continúa obstaculizando estos procesos legales. Durante la audiencia, se realizará un análisis de estos obstáculos. Enlace a la ficha técnica.

Vea el calendario completo:

 

 

Situación de derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en Estados Unidos

27 de Octubre

9:00 -10:00 am

Enlace a ficha técnica

 

Políticas  y legislación en materia de reparaciones por violaciones de DDHH en Colombia

27 de Octubre

10:15 -11:15 am

Enlace a ficha técnica

 

Situación de DDHH de los pueblos indígenas de Ecuador

27 de Octubre

5:00 -6:00 pm

Enlace a ficha técnica

 

Denuncias sobre militarización en Guatemala

28 de Octubre

10:15 -11:15 am

Enlace a ficha técnica

 

Situación de DDHH de las Mujeres Indígenas en Nicaragua

28 de Octubre

5:45 -6:45 pm

Enlace a ficha técnica

Situación de DDHH de niños, niñas y adolescentes en Bajo Aguan

30 de Octubre

10:45-11:45 am

Enlace a ficha técnica

 

Derechos económicos sociales y culturales de las mujeres en Honduras

30 de Octubre

3:15 -4:00 pm

Enlace a ficha técnica

 

Denuncias de impunidad por impunidad por graves violaciones de DDHH en México

30 de Octubre

4:30-5:30 pm

Enlace a ficha técnica

 

Situación de los derechos humanos de las mujeres en situaciones de emergencias médicas en Brasil

31 de Octubre

9:00-10:00 am

Enlace a ficha técnica

 

Realización de Justicia para los casos de Dictadura Militar en Brasil

31 de Octubre

11:30am-12:30 pm

Enlace a ficha técnica

 

Denuncias sobre violencia en contra de campesinos en Paraguay

31 de Octubre

2:00-3:00 pm

Enlace a ficha técnica

 

Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en las Américas

31 de Octubre

3:15-4:00pm

Enlace a ficha técnica

 

Uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensoras y defensores de DDHH

31 de Octubre

4:30-6:00 pm

Enlace a ficha técnica

 

CEJIL condena los nuevos asesinatos de fiscales en Honduras

Marlene Banegas, coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Olga Patricia Eufragio, fiscal de Protección al Medio Ambiente, fueron asesinadas la noche del pasado viernes 10 de octubre, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena estos asesinatos, exigiendo la protección de miembros del poder judicial, los cuales desarrollan su trabajo bajo una constante amenaza motivada en gran parte por la impunidad de los delitos cometidos.

Vie, 24/10/2014

Fotografía el HeraldoMarlene Banegas, coordinadora de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y Olga Patricia Eufragio, fiscal de Protección al Medio Ambiente, fueron asesinadas la noche del pasado viernes 10 de octubre, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena estos asesinatos, exigiendo la protección de miembros del poder judicial, los cuales desarrollan su trabajo bajo una constante amenaza motivada en gran parte por la impunidad de los delitos cometidos. Desde la creación del Ministerio Público, en el año 1994, nueve fiscales y un director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) han sido asesinados. De estos crímenes sólo dos han sido judicializados; los demás se encuentran impunes.

A su vez, un informe emitido por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló que en Honduras unos 81 profesionales del Derecho han perdido la vida en circunstancias violentas desde el 2010 a la fecha.

Operadores de justicia, organizaciones hondureñas e internacionales, el 31 de julio de 2013, enviaron una carta a la Comisión Interventora del Ministerio Público y otras autoridades hondureñas, para exigir una investigación exhaustiva y acorde a estándares internacionales, por el asesinato de la jueza Mireya Mendoza (Lea la carta aquí). Más de un año después de esta misiva, CEJIL quiere insistir en la importancia de tomar medidas de protección para aquéllos que luchan por los derechos humanos en el país.

CEJIL quiere a su vez mostrar el respeto y la admiración por el trabajo de las fallecidas Marelene Benegas y Olga Patricia Eufragio, enviando sus condolencias a familiares y amigos de las víctimas.

Créditos Fotográficos: Periódico El Heraldo

Llamamiento internacional a anular las elecciones judiciales en Guatemala

Organizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Vie, 24/10/2014

Comisiones de Postulación - Créditos Prensa LibreOrganizaciones internacionales denuncian las irregularidades del proceso llevado a cabo en las elecciones judiciales de Guatemala y entienden que “la única opción aceptable” es el llevar a cabo de nuevo los procesos de selección judicial.

A su vez, debido a la gravedad de los hechos denunciados por la Magistrada Claudia Escobar Mejía, acusando a altos cargos del gobierno, el comunicado lanzado por diversas organizaciones de derechos humanos solicitan que el Estado de Guatemala tome medidas para asegurar la integridad física y psicológica de la Magistrada.

Lea el comunicado completo.

Créditos Fotográficos: Periódico Prensa Libre.

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