Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Indultada una de las 17 mujeres de El Salvador

Hoy se le ha otorgado el indulto a Carmen Guadalupe, una de las 17 mujeres injustamente encarceladas en El Salvador por razones obstétricas. El plenario de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ha anunciado el fallo esta tarde.

El indulto es un paso hacia adelante para asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Pero aún falta mucho para efectuar estos compromisos.CEJIL espera que, tras seis años de cárcel, la liberación de Carmen Guadalupe sea inmediata.

Jue, 22/01/2015
Indultada una de las 17 mujeres de El Salvador
San José, Costa Rica 21 de enero del 2015.- Hoy se le ha otorgado el indulto a Carmen Guadalupe, una
de las 17 mujeres injustamente encarceladas en El Salvador por razones obstétricas. El plenario de la
Asamblea Legislativa de El Salvador, ha anunciado el fallo esta mañana. CEJIL espera que, tras seis años
de cárcel, la liberación de Carmen Guadalupe sea inmediata.
A los 18 años de edad Carmen Guadalupe quedó embarazada producto de una violación. Debido a
complicaciones en el embarazo el parto se adelantó y tuvo que ser trasladada al Hospital Nacional de
San Bartolo cuyo personal la denunció por aborto. Fue interrogada sin asistencia jurídica mientras
estaba hospitalizada. Aunque no se presentó prueba alguna que estableciera de manera clara y precisa
que ella causó la muerte del recién nacido y se estableció por medio de una autopsia de forma
concluyente que la causa de muerte era indeterminada, la víctima fue injustamente condenada a 30
años de prisión. Actualmente tiene 23 años y lleva presa desde el 2007.
Carmen Guadalupe forma parte de un grupo de 17 mujeres cumpliendo condenas penales en El Salvador
debido a complicaciones obstétricas.  En la actualidad, El Salvador es uno de los siete países de América
Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido por ley. Esto significa que no
existen excepciones a esta prohibición, ni siquiera en casos que peligre la vida de la mujer o que haya un
embarazo producto de una violación.
Esta legislación es contraria a la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos de las
mujeres a la salud, a la vida así como su derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación. A su
vez, la condena impuesta sobre Carmen Guadalupe y las demás mujeres violaron sus derechos a la
presunción de inocencia. En varias instancias, existió una desidia por parte de la defensa que ni siquiera
reconoció el nombre de los defendidos.
Asimismo, la decisión presenta una oportunidad importante para víctimas injustamente encarceladas
por perder un embarazo. De acuerdo al Consejo Criminológico Nacional, solo cuatro de las 17 fueron
consideradas para un indulto porque sus hijos sobrevivieron las emergencias. Las 11 restantes –cuyos
hijos murieron–,  fueron consideradas un riesgo, por la posibilidad de una reincidencia en el crimen
debido a su nivel educativo y a la situación de pobreza en la que vivían.
“El indulto es un paso hacia adelante para asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de
respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Pero aún falta mucho para efectuar estos
compromisos. Las mujeres víctimas de problemas de salud debido a emergencias obstétricas no
merecen ser interrogadas, esposadas y arrestadas“, dijo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para
Centroamérica y México de CEJIL. “Tampoco merecen ser re-victimizadas y estigmatizadas por su perfil
socioeconomico. Exigimos que el resto de víctimas salgan en libertad inmediatamente

San José, Costa Rica 21 de enero del 2015.- Hoy se le ha otorgado el indulto a Carmen Guadalupe, una de las 17 mujeres injustamente encarceladas en El Salvador por razones obstétricas. El plenario de la Asamblea Legislativa de El Salvador, ha anunciado el fallo esta tarde. CEJIL espera que, tras seis años de cárcel, la liberación de Carmen Guadalupe sea inmediata.

A los 18 años de edad Carmen Guadalupe quedó embarazada producto de una violación. Debido a complicaciones en el embarazo el parto se adelantó y tuvo que ser trasladada al Hospital Nacional de San Bartolo cuyo personal la denunció por aborto. Fue interrogada sin asistencia jurídica mientras estaba hospitalizada. Aunque no se presentó prueba alguna que estableciera de manera clara y precisa que ella causó la muerte del recién nacido y se estableció por medio de una autopsia de forma concluyente que la causa de muerte era indeterminada, la víctima fue injustamente condenada a 30 años de prisión. Actualmente tiene 23 años y lleva presa desde el 2007.

Carmen Guadalupe forma parte de un grupo de 17 mujeres cumpliendo condenas penales en El Salvador debido a complicaciones obstétricas.  En la actualidad, El Salvador es uno de los siete países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está absolutamente prohibido por ley. Esto significa que no existen excepciones a esta prohibición, ni siquiera en casos que peligre la vida de la mujer o que haya un embarazo producto de una violación.

Esta legislación es contraria a la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos de las mujeres a la salud, a la vida así como su derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación. A su vez, la condena impuesta sobre Carmen Guadalupe y las demás mujeres violaron sus derechos a la presunción de inocencia. En varias instancias, existió una desidia por parte de la defensa que ni siquiera reconoció el nombre de los defendidos.

Asimismo, la decisión presenta una oportunidad importante para víctimas injustamente encarceladas por perder un embarazo. De acuerdo al Consejo Criminológico Nacional, solo cuatro de las 17 fueron  consideradas para un indulto porque sus hijos sobrevivieron las emergencias. Las 11 restantes –cuyos hijos murieron–,  fueron consideradas un riesgo, por la posibilidad de una reincidencia en el crimen debido a su nivel educativo y a la situación de pobreza en la que vivían.

“El indulto es un paso hacia adelante para asegurar que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Pero aún falta mucho para efectuar estos compromisos. Las mujeres víctimas de problemas de salud debido a emergencias obstétricas no merecen ser interrogadas, esposadas y arrestadas“, dijo Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL. “Tampoco merecen ser re-victimizadas y estigmatizadas por su perfil socioeconomico. Exigimos que el resto de víctimas salgan en libertad inmediatamente.”

CEJIL y WOLA condenan hostigamiento por parte del Ministerio del Interior del Perú a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y líderes de agrupaciones estudiantiles y gremiales.

La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenan los recientes actos de hostigamiento e intimidación por parte del Ministerio del Interior del Perú y el Ministro Daniel Urresti hacia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban; y líderes sindicales y de movimientos sociales y estudiantiles que participaron en la manifestación del pasado 29 de diciembre de 2014 en Lima.

Lun, 12/01/2015

Washington D.C., 7 de enero de 2015- La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenan los recientes actos de hostigamiento e intimidación por parte del Ministerio del Interior del Perú y el Ministro Daniel Urresti hacia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban; y líderes sindicales y de movimientos sociales y estudiantiles que participaron en la manifestación del pasado 29 de diciembre de 2014 en Lima.

El 26 de diciembre de 2014 el Procurador Público en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior denunció preventivamente ante la Fiscalía Especializada en la Prevención del Delito a 20 personas identificadas como responsables de convocar públicamente una manifestación para el 29 de diciembre de 2014 en contra de la recientemente aprobada Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social (“Ley Pulpín”). Entre los denunciados se encuentra la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH y líderes de algunas de las principales agrupaciones estudiantiles y gremiales del Perú.

La denuncia no se refiere a ningún hecho delictivo, sino que tuvo como objeto prevenir delitos que pudieran existir durante la protesta, advirtiendo que las personas denunciadas podrían ser responsabilizadas penalmente por su ocurrencia.

Sin perjuicio de que la manifestación del 29 de diciembre se llevó a cabo de forma pacífica y con gran concurrencia, las organizaciones firmantes consideran con preocupación que este tipo de denuncias preventivas podrían tener como efecto disuadir y limitar la protesta social y la disidencia, afectando el derecho fundamental de los miembros de toda sociedad democrática y pluralista de expresar libre y pacíficamente su acuerdo o desacuerdo con las decisiones y actitudes de sus gobernantes.

“Además, la denuncia representa un uso ilegítimo del sistema judicial penal para criminalizar y estigmatizar las actividades de los líderes de movimientos y organizaciones sociales, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Asimismo, el 26 de diciembre de 2014 fueron difundidos por Radio Programas del Perú los comentarios despectivos con los que el Ministro Urresti se refirió a la CNDDHH en oportunidad de referirse a la exhibición artística “En tu nombre”. En dicha ocasión, Urresti acusó a esta organización de ser “un obstáculo para detener las acciones terroristas en tanto que defiende los derechos humanos” y acusó a la organización y a su Secretaria Ejecutiva de no dar cuenta adecuada de las fuentes de financiamiento.

Las firmantes lamentan estos dichos que pretenden desprestigiar la trayectoria de una organización que es referente en el Perú y en la región y que ha sido responsable de una fervorosa defensa de los derechos humanos de todas y todos los peruanos por más de 30 años.

“Resulta inadmisible que tales comentarios puedan ser esgrimidos impunemente por un alto representante del gobierno, especialmente teniendo en cuenta que la CNDDHH y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional hemos solicitado en varias ocasiones la renuncia del Ministro Urresti por estar siendo procesado por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos”, destacó Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA.

Estos episodios representan una preocupante injerencia por parte del Estado peruano en el ejercicio de la protesta social y en el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos. WOLA y CEJIL llaman la atención al Perú sobre su deber de prevenir las descalificaciones y el uso indebido de denuncias penales en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, en tanto éstas pueden causar estigmatización, afectación de la integridad psíquica y limitaciones al ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Para más información:

Organizaciones internacionales se pronuncian frente a la suspensión del proceso por genocidio en Guatemala

El pasado lunes, 5 de enero, se celebró la audiencia para reiniciar el proceso contra los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil. Sin embargo, el proceso quedó suspendido después de que el Tribunal de Mayor Riesgo B aceptó la recusación presentada por la defensa de Ríos Montt contra la Presidente del tribunal, Jeannette Valdés, con el voto razonado de la misma Jueza Valdés.

No debe olvidarse que los crímenes que se juzgan en Guatemala, por su extrema gravedad, constituyen una afrenta no sólo para las víctimas o para la sociedad guatemalteca, sino para toda la humanidad.

Vie, 09/01/2015

 

Ciudad de Guatemala, 8 de enero de 2015- El pasado lunes, 5 de enero, se celebró la audiencia para reiniciar el proceso contra los ex generales José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad en perjuicio del pueblo Ixil. Sin embargo, el proceso quedó suspendido después de que el Tribunal de Mayor Riesgo B aceptó la recusación presentada por la defensa de Ríos Montt contra la Presidente del tribunal, Jeannette Valdés, con el voto razonado de la misma Jueza Valdés.

 

Las organizaciones internacionales abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la respuesta de la mayoría del Tribunal ante esta nueva práctica dilatoria por parte de la defensa de los militares, que ha sido recurrente desde que se inició la investigación en contra de ellos. Rechazamos las repetidas dilaciones y otros intentos de interferir con la administración de justicia en este proceso. Consideramos repudiable e inconsistente con la ley, la recusación de una jueza en base a una tesis preparada que no está enfocada en este caso concreto. A su vez, consideramos preocupante el que aún se mantenga la posibilidad de la aplicación de una amnistía que inhibiría la realización del proceso, lo cual supondría una clara violación del derecho internacional.

 

La solicitud de recusación se basó en que la jueza Valdés escribió una tesis sobre el genocidio como tipo penal el año 2004 para obtener su grado de maestría, lo que, según los miembros del Tribunal, significaría tener un criterio previo sobre el caso concreto. Es una garantía fundamental ser juzgado por un tribunal imparcial, y en este caso no hay motivos para fundar la falta de imparcialidad de la Presidenta, en virtud de sus conocimientos técnicos sobre la figura del genocidio. En cuanto a la jueza Valdés, su especialización sobre el tipo penal justamente significaría que cuenta con las capacidades profesionales para realizar un análisis ajustado al derecho. Sin embargo, aceptar el argumento empleado por la defensa de los militares –aceptado por las juezas Yoc y Castellanos–, significaría que los jueces especializados estarían inhibidos de conocer casos vinculados con su área de conocimiento, lo cual sería absurdo.

 

Por otra parte, la recusación fue presentada fuera del plazo establecido en la ley. Así, todas las partes conocían de la integración del Tribunal desde hace un año y medio, pero la defensa esperó hasta días antes del inicio de la audiencia para cuestionar la imparcialidad de la jueza Presidenta.

 

Jo-Marie Burt, asesora principal de la Oficina en Washington D.C. sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA) -quien estuvo presente como observadora durante la audiencia-, apuntó que, “como fue señalado durante la audiencia el lunes, tanto por el Ministerio Público como por los querellantes adhesivos, la recusación sólo puede interpretarse como una nueva medida dilatoria por parte de la defensa, para entorpecer el proceso y asegurar que no se dé inicio a un nuevo debate”.

 

La decisión de la mayoría del Tribunal de aceptar la recusación es contraria a lo establecido en la ley guatemalteca y constituye un nuevo obstáculo para impedir el juzgamiento de los responsables del genocidio contra el pueblo Ixil. Para Kelsey Alford-Jones, de Guatemala Human Rights Commission, “la nueva suspensión del debate representa una grave afrenta a las miles de víctimas que durante décadas han esperado que se haga justicia y que se conozca la verdad”.

 

Es importante recordar que el 10 de mayo de 2013,  el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó al ex general Ríos Montt a 80 años de prisión, mientras que absolvió a Sánchez Rodríguez. Diez días después -mediante una resolución arbitraria– la Corte de Constitucionalidad anuló parcialmente el debate, provocando la nulidad de la sentencia condenatoria que había sido válidamente dictada. La resolución de la Corte de Constitucionalidad fue criticada y cuestionada por diversos actores nacionales e internacionales

Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), recordó que “el Estado de Guatemala está incumpliendo con las obligaciones internacionales al mantener la impunidad en este caso, al haber anulado la sentencia que fue válidamente dictada y al continuar obstaculizando el acceso de las víctimas a la justicia”.

 

Finalmente, las organizaciones lamentamos las recientes declaraciones del Presidente de la República Otto Pérez Molina que cuestionan la presencia de embajadores u otros observadores internacionales en estos procesos porque, según alega, se atenta contra la soberanía de Guatemala. “Frente a ello, afirmamos que la presencia de observadores internacionales respalda la independencia judicial, apoya la labor de los operadores de justicia independientes e imparciales y es fundamental en un contexto donde los jueces y juezas son objeto constante de intimidaciones y agresiones,” señaló Anabella Sibrián, Representante en Centroamérica de la Plataforma Internacional Contra la Impunidad.

 

No debe olvidarse que los crímenes que se juzgan en Guatemala, por su extrema gravedad, constituyen una afrenta no sólo para las víctimas o para la sociedad guatemalteca, sino para toda la humanidad.

 

Contactos:

  • Jo-Marie Burt, Oficina en Washington sobre Asuntos  Latinoamericanos (WOLA), jmburt.wola@gmail.com, (502)5596-3689 (Guatemala); +1(202)797-2171 (EE.UU.)
  • Marcia Aguiluz, Centro para la Justicia y el Derecho Internaciona (CEJIL), maguiluz@cejil.org, (506) 2280-7473 (Costa Rica)
  • Anabella Sibrián, Plataforma Internacional Contra la Impunidad, representante@plataforma.org.gt, (502) 2362 8922 (Guatemala)
  • Kelsey Alford-Jones, Guatemalan Human Rights Commission (GHRC), kajones@ghrc-usa.org, (1) 202-529-6599 (EEUU)
  • Mirte Postema, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), mpostema@dplf.org, (1)202-403-4622 (EE.UU.)

CEJIL condena 13 años de ilegalidad en Guantánamo

El próximo domingo 11 de enero se cumplirán 13 años desde la instalación del Centro de Detención de Guantánamo. En ocasión de este nuevo aniversario, CEJIL exige al gobierno de Estados Unidos cerrar uno de los vestigios más nefastos de la “guerra contra el terror”, poner fin a las detenciones arbitrarias sin fundamento alguno y garantizar el debido proceso de quienes aún permanecen detenidos con cargos en su contra. Asimismo, el gobierno debe respetar el derecho de los detenidos a no ser devueltos a países en los que enfrenten riesgo para su integridad o vida. Finalmente, hacemos un llamado para que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones en materia de verdad y justicia frente a toda denuncia de hechos de tortura y malos tratos contra los detenidos en Guantánamo.

Vie, 09/01/2015

Washington, DC, viernes 9 de enero, 2015.- El próximo domingo 11 de enero se cumplirán 13 años desde la instalación del Centro de Detención de Guantánamo. En ocasión de este nuevo aniversario, CEJIL exige una vez más al gobierno de Estados Unidos el cierre inmediato del Centro, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

 

De los 127 hombres que siguen arbitrariamente detenidos, 59 de ellos fueron declarados libres de cargos por agencias de inteligencia y de seguridad estadounidense pero siguen a la espera de su liberación. Los 68 restantes están clasificados como "detenidos indefinidos", una categoría utilizada para aquellos individuos que las instancias estatales consideran no elegibles para juicio ni traslado a terceros países. Estos detenidos serán sometidos a un proceso evaluativo interinstitucional que determinará si presentan una amenaza para los Estados Unidos o si son considerados para su traslado a otro país. Sin embargo, aquel carece de las garantías mínimas del debido proceso y es probable que prolongue las situaciones de detención arbitraria.

 

“Las recientes transferencias de 13 presos a Uruguay, Afganistán y Kazakstán son un paso adelante para lograr el cierre de Guantánamo”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. “Sin embargo, las revelaciones realizadas por el informe del Senado de Estados Unidos sobre la utilización de la tortura por agentes de los servicios de inteligencia de ese país acentúa la urgencia con la que su gobierno tiene que actuar. Dicho informe además resaltó el repetido incumplimiento de la promesa de cerrar Guantánamo realizada por el gobierno estadounidense hace seis años. Es inaceptable que todavía no se determine la situación jurídica de muchos de los detenidos a través de un tribunal competente, ni se investigue, procese y sancione judicialmente la tortura y malos tratos cometidos”.

 

Resulta preocupante que, lejos de investigar, el gobierno estadounidense esté intentando revocar la sentencia emitida por un juez a principios de diciembre del 2014. Dicho fallo ordenó la divulgación de más de 30 cintas de video que grabaron la alimentación forzada de los detenidos que se declararon en huelga de hambre en Guantánamo, incluyendo la de Abu Wa'el Dhiab –uno de los seis hombres trasladados recientemente a Uruguay.

 

De igual modo, hasta la fecha Estados Unidos ha incumplido los llamados que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó al gobierno en resoluciones emitidas en 2006 y 2011, las cuales determinaron que el Estado ocasionó daños irreparables a los detenidos y en las que la CIDH ordenó el cierre inmediato de Guantánamo. Adicionalmente, en el año 2013, durante el transcurso de una huelga de hambre masiva, la CIDH emitió una Declaración Conjunta con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Tortura, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Salud y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, reiterando enfáticamente “la necesidad de adoptar medidas concretas para poner fin a la detención indefinida de personas; disponer su liberación o juzgamiento de acuerdo con las normas del debido proceso y los principios y estándares del derecho internacional de los derechos humanos; permitir el monitoreo independiente por parte de organismos internacionales de derechos humanos; y clausurar el centro de detención de la base naval de Guantánamo”.

 

A 13 años de la apertura de Guantánamo, CEJIL exige al gobierno de Estados Unidos cerrar uno de los vestigios más nefastos de la “guerra contra el terror”, poner fin a las detenciones arbitrarias sin fundamento alguno y garantizar el debido proceso de quienes aún permanecen detenidos con cargos en su contra. Asimismo, el gobierno debe respetar el derecho de los detenidos a no ser devueltos a países en los que enfrenten riesgo para su integridad o vida. Finalmente, hacemos un llamado para que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones en materia de verdad y justicia frente a toda denuncia de hechos de tortura y malos tratos contra los detenidos en Guantánamo.

Derecho guatemalteco e internacional prohíben la aplicación de amnistía a los crímenes contra la humanidad y a genocidio

Ante la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad que confirmó que el proceso por los delitos de genocidio y delitos contra la humanidad seguido en contra de los generales en retiro Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez se iniciará el próximo 5 de enero, así como considerando la constitución de la Sala de Apelaciones que deberá justificar la improcedencia de la amnistía solicitada por Ríos Montt, organizaciones internacionales han firmado un manifiesto.

Vie, 26/12/2014

Rios Montt derechos Más VocesCiudad de Guatemala, 24 de diciembre de 2014.- Ante la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad que confirmó que el proceso por los delitos de genocidio y delitos contra la humanidad seguido en contra de los generales en retiro Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez se iniciará el próximo 5 de enero, así como considerando la constitución de la Sala de Apelaciones que deberá justificar la improcedencia de la amnistía solicitada por Ríos Montt, las organizaciones internacionales abajo firmantes manifestamos:

Primero: Que es obligación del Estado de Guatemala investigar, sancionar y juzgar a todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos que ocurrieron en perjuicio del pueblo Ixil.

Segundo: Que, según lo estableció la Corte de Constitucionalidad, la Sala de Apelaciones sólo debe justificar porque no procede aplicar una amnistía (Ley 8-86) a favor de Ríos Montt, es decir, no cabe duda que la amnistía es improcedente y así debe confirmarlo la Sala de Apelaciones.

Tercero: Que el Decreto 8-86 no es ley vigente, ya que fue derogada por el Congreso de la República en 1997. De esta manera, recordamos que la Ley de Reconciliación Nacional (que reemplazó el Decreto 8-86) en su artículo 8 establece que “la extinción de la responsabilidad penal no será́ aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así́ como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.  De esta manera, la Sala de Apelaciones no puede aplicar una ley que no está vigente y que es contraria a otras normas nacionales.

Cuarto: Que además de las leyes guatemaltecas, en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas de ellas dictadas contra Guatemala, dicho Tribunal ha señalado “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…”. Por tanto: cualquier intento de aplicar una amnistía constituye un desacato de las sentencias de la Corte Interamericana y un flagrante incumplimiento de las obligaciones internacionales.

En conclusión, el Estado de Guatemala debe juzgar a todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos y garantizar los derechos de las víctimas, de no hacerlo se estaría violentando la jurisprudencia nacional e internacional. Las víctimas, sus familias y la sociedad guatemalteca tienen derecho a la verdad y a la justicia. Solo así, se podrá garantizar la reconciliación, la no repetición de este tipo de hechos y la construcción de un verdadero Estado democrático.

Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Guatemala Human Rights Commission (GHRC)

 

 

 

CONTACTOS:

WOLA: Jo-Marie Burt, Senior Fellow, jmburt.wola@gmail.com

CEJIL: Marcia Aguiluz, Directora de Programas para Centroamérica y México, maguiluz@cejil.org

DPLF: Mirte Postema, Legal Officer, mpostema@dplf.org

GHRC: Kelsey Alford-Jones, Director, kajones@ghrc-usa.org

APRODEH y CEJIL: sentencia de la Corte en caso Gladys Carol marca un hito en investigación y trato a mujeres víctimas de violencia sexual en Perú

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional del Perú por múltiples violaciones a los derechos humanos de Gladys Carol Espinoza Gonzáles que han permanecido impunes por más de 20 años.

El fallo, además, es de gran trascendencia para  todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el Perú al establecer guías para la investigación y ordenar protocolos de investigación en base a estándares internacionales con perspectiva de género.

Vie, 19/12/2014

Washington, D.C. 19 de diciembre,2014- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo el día de ayer, declarando la responsabilidad internacional del Perú por múltiples violaciones a los derechos humanos de Gladys Carol Espinoza Gonzáles que han permanecido impunes por más de 20 años.

El fallo, además, es de gran trascendencia para  todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el Perú al establecer guías para la investigación y ordenar protocolos de investigación en base a estándares internacionales con perspectiva de género.

La Corte IDH afirma en su sentencia que el Perú es responsable por los hechos de tortura y violencia sexual cometidos en perjuicio de Gladys Carol, y establece que el Estado del Perú deberá “(…) desarrollar protocolos de investigación para que los casos de tortura, violación sexual y otras formas de violencia sexual sean debidamente investigados y juzgados conforme a estándares establecidos en la Sentencia; (…) incorporar estándares de la Sentencia en los programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a quienes están encargados de la persecución penal y su judicialización; (…) implementar un mecanismo que permita a todas las mujeres víctimas de la práctica generalizada de la violación sexual y otras formas de violencia sexual durante el conflicto peruano tener acceso gratuito a una rehabilitación especializada de carácter médico, psicológico y/o psiquiátrico dirigido a reparar este tipo de violaciones.”

Gladys Carol fue detenida ilegal y arbitrariamente en abril de 1993 bajo las leyes antiterroristas  aplicables en esa época y sometida a actos de tortura y violencia sexual desde el primer momento de su detención. La sentencia de la Corte IDH establece la responsabilidad del Estado del Perú por la violación del derecho de Gladys Carol a las garantías judiciales y la protección judicial, dado que los mismos permanecen en la impunidad y no fue hasta el  año 2012 que se iniciaron investigaciones, a pesar de existir  numerosas  denuncias formuladas desde 1993 e  informes médicos que constataban el estado de salud de Gladys Carol.   
La Corte IDH consideró que la falta de investigación de la tortura y violencia sexual tuvo estrecha relación con una subyacente discriminación de género en las actuaciones judiciales, que se manifestó  en el uso de estereotipos de género para desacreditar las denuncias de Gladys Carol y otros indicios de la ocurrencia de las violaciones. Según la Corte IDH “[…] una garantía para el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual debe ser la previsión de reglas para la valoración de la prueba que evite afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas”.

Asimismo, la Corte ha ordenado al Estado peruano asegurar con la mayor diligencia la apertura y conclusión de las investigaciones y procesos penales necesarios para identificar, procesar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos de las que fue víctima Gladys Carol.

Violencia sexual: práctica sistemática de lucha contrasubversiva
A través de esta sentencia la Corte IDH determina que la violencia sexual contra la mujer fue una práctica sistemática y generalizada de tortura usados como instrumentos de la lucha contrasubversiva.

“Este caso es representativo de una práctica existente en el Perú durante el conflicto armado que hasta la fecha ha persistido en absoluta impunidad: la utilización, por parte de agentes estatales, de la tortura, la violencia y violación sexual”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). “Esta sentencia es una oportunidad para que Perú de pasos que le permitan superar  una de las etapas más dolorosas de su historia en el que miles de mujeres fueron afectadas de forma desproporcional y sus casos permanecen en la impunidad”, añadió.

De otro lado “es importante que se destaque en dicha sentencia  la necesidad de formación de los operadores de justicia  en materia de  derechos humanos y  perspectiva de género, pues los órganos de justicia actuaron con estereotipos de género  que  impidieron el acceso a la justicia de Gladys Carol pese haber denunciados los hechos desde 1993”  agrego Gloria Cano  directora de Aprodeh  organización que junto a CEJIL, representaron a la víctima ante el sistema interamericano.

En este fallo la Corte IDH también destacó  que  las precarias condiciones de detención en las que se encontró la señora Espinoza entre 1996 y 2001 en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Yanamayo, sin atención médica pese al deterioro progresivo de su salud, constituyeron un trato cruel, inhumano y degradante. Además, declaró que la fuerza utilizada en contra de Gladys Carol durante una requisa en 1999 en dicho Penal constituyó tortura.  Esto  da pie a que se revise las formas de actuación de autoridades penitenciarias  a fin  de no vulnerar los derechosa de las personas privas de  libertad.
Aprodeh  y CEJIL reafirman  su compromiso de continuar apoyando a la víctima y sus familiares, tanto en el proceso a nivel interno como en el efectivo y oportuno cumplimiento de la sentencia emitida por el Ilustre Tribunal internacional.

Link a la sentencia: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf

Corte Interamericana emite sentencia en el emblemático caso del Palacio de Justicia

El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.

Jue, 11/12/2014


Washington D.C., 11 de Diciembre, 2014.-
El Estado colombiano ha sido declarado responsable por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia –sede de la Corte Suprema y el Consejo de Estado de Colombia–, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en una sentencia hecha pública el día de ayer, estableció que fue una “toma anunciada” y que el Ejército tenía información del servicio de inteligencia sobre la inminente toma del Palacio, por parte del grupo guerrillero M-19. A pesar de ello, dos días antes de la misma, la seguridad a los jueces y al personal que trabajaba en el Palacio de Justicia fue retirada, dejando desprotegidas a las cerca de 250 personas que se encontraban en su interior.

En su decisión, la Corte IDH determinó que Colombia es responsable de la desaparición forzada de una integrante del M-19, de 7 empleados de la cafetería que operaban en la sede del Palacio, y de 2 visitantes ocasionales. Adicionalmente, la Corte IDH determinó que dos personas fueron privadas de su derecho a la vida. De igual modo, consideró probado que cuatro personas salieron con vida del Palacio de Justicia; tres de ellas fueron detenidas ilegalmente y torturadas por miembros del Ejército y una fue sometida a tratos crueles e inhumanos. Respecto al caso del Magistrado Auxiliar, Carlos Horacio Urán, la Corte concluyó que salió con vida del Palacio de Justicia, fue torturado y ejecutado extrajudicialmente por miembros de la fuerza pública, y su cuerpo sin vida devuelto a las instalaciones del Palacio.
De esta manera, la Corte da la razón a las víctimas del caso y a sus familiares, quienes durante 30 años han luchado contra el “pacto de silencio” y la impunidad que existe sobre los hechos del Palacio de Justicia.

Para Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “esta decisión da una respuesta a las víctimas y la sociedad colombiana, que durante tres décadas han reclamado saber la verdad de lo ocurrido en el Palacio de Justicia”. Sin embargo, advierte que “la verdad completa sólo la podrán garantizar las instituciones colombianas, mediante el cumplimiento de esta decisión: investigando a todos los culpables, encontrando los restos de las víctimas aún desaparecidas, y esclareciendo lo que pasó los días 6 y 7 de noviembre de 1985”.

Hasta la fecha existen sólo dos condenas por algunas de las desapariciones forzadas. Una contra el General (r) Arias Cabrales por la desaparición de 5 víctimas y otra contra el Coronel (r) Plazas Vega por la desaparición de Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez Vera. Ambos están cumpliendo sus respectivas condenas de 35 y 30 años de prisión en instalaciones militares. El caso del Coronel (r) Plazas Vega está pendiente de casación y se espera que la Corte Suprema de Justicia emita la decisión en los próximos días.

Considerando los limitados logros de la justicia en el caso de los desaparecidos y la impunidad existente respecto a las demás víctimas, el Tribunal interamericano ordenó a Colombia llevar a cabo la investigación y sanción de todos los responsables.

En un pronunciamiento de gran relevancia para el contexto actual colombiano, en el que hay varios proyectos para ampliar la jurisdicción militar, ésta no es competente para investigar casos de graves violaciones a los derechos humanos, reiteró la Corte.

Dado que hasta la fecha el Estado sólo ha logrado identificar a una de las víctimas desaparecidas, la Corte requirió que el Estado lleve a cabo de manera rigurosa todas las acciones para localizar los restos de las víctimas de manera inmediata.

“Durante años yo y mis hijas vivimos engañadas por el Estado colombiano, que nos hizo creer que mi esposo había muerto en el fuego cruzado”, explicó Ana María Bidegain, viuda del Magistrado Auxiliar Carlos Horacio Urán. “Ahora sabemos que lo ejecutaron y no cesaremos hasta que la justicia colombiana procese a todos los culpables. Tampoco dejaremos de apoyar a quienes superando el miedo y el dolor busquen y reclamen que se conozca la verdad como paso previo y fundamental para buscar justicia y conseguir la Paz”.

Link a la sentencia: goo.gl/D8JUH1

CEJIL lamenta respuesta de las autoridades mexicanas ante grave situación de derechos humanos

El pasado sábado se confirmó e hizo pública  la identificación de los restos del joven Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas que había sido desaparecido el pasado 26 de setiembre en Iguala, Guerrero.

México debe continuar con la investigación de esta ejecución extrajudicial, y con el juzgamiento y sanción de todos sus responsables, así como debe utilizar todos los medios a su alcance para localizar a los otros jóvenes todavía desaparecidos.

Lun, 08/12/2014

Se hace un llamado a la construcción de consensos con amplia participación de las víctimas y la sociedad civil

San José, 8 de diciembre de 2014.- El pasado sábado se confirmó e hizo pública  la identificación de los restos del joven Alexander Mora Venancio, uno de los 43 estudiantes normalistas que había sido desaparecido el pasado 26 de setiembre en Iguala, Guerrero. México debe continuar con la investigación de esta ejecución extrajudicial, y con el juzgamiento y sanción de todos sus responsables, así como debe utilizar todos los medios a su alcance para localizar a los otros jóvenes todavía desaparecidos.

Desafortunadamente, este hecho que ha conmocionado a México y al mundo entero, no es aislado. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, a octubre del año 2014 se tenían registradas más de 23.000 personas desaparecidas. Esta cifra empezó a aumentar desde el año 2007 y se duplicó desde el año 2009 en el marco de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.

Si bien esta grave situación no es nueva, los distintos gobiernos han sido incapaces de tomar acciones efectivas para cumplir con sus obligaciones de prevenir e investigar las desapariciones, tampoco se han hecho esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas, lo cual es trascendental para asegurar el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido de numerosos casos relacionados con este tipo de prácticas y ha concluido que la desaparición forzada “constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, siendo particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o práctica aplicada o tolerada por el Estado”.

Al analizar diversos casos, entre ellos el caso Rosendo Radilla vs. México, la Corte IDH ordenó a los Estados involucrados medidas para la no repetición de los hechos, tales como la tipificación adecuada del delito de desaparición forzada,  capacitación y formación permanentes para diferentes autoridades (fuerzas armadas, policías, fiscales, entre otros), la creación de comisiones para la búsqueda de personas y programas de exhumación, la elaboración de protocolos de búsqueda e investigación y la creación de sistemas de información genética, entre otras.

A la luz de estos estándares, resulta preocupante que el Estado mexicano no formule una propuesta que aborde de forma integral y oportuna la grave situación que enfrenta el país. Particularmente, es preocupante que no se esté considerando la opinión de las víctimas y de las organizaciones que históricamente han trabajado este tema.

Por otra parte, es incomprensible que en momentos de tensión como los que enfrenta la sociedad mexicana, y frente al legítimo reclamo por la violencia y la impunidad imperantes en el país, la respuesta de las autoridades sea restringir la protesta social a través de la aprobación de reformas constitucionales.  
Al respecto, cabe recordar al Estado que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho a manifestarse públicamente es un elemento esencial de la libertad de expresión, siendo que en muchas ocasiones, para los sectores tradicionalmente discriminados, este es el único mecanismo disponible frente a marcos institucionales que no favorecen la participación o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación masiva.

CEJIL hace un llamado respetuoso a las autoridades para que reconsideren las propuestas hasta ahora planteadas de manera que se formule un plan de acción que sea previamente consensuado con las víctimas y las numerosas organizaciones de sociedad civil que trabajan en materia de derechos humanos en México.

La ahora conocida ejecución de Alexander Mora Venancio y la desaparición de los otros 42 estudiantes constituye una oportunidad para replantear la política en materia de derechos humanos y llegar a consensos que permitan abordar en forma integral los enormes retos que enfrenta el Estado para fortalecer su institucionalidad y garantizar plenamente los derechos de todos y todas en México.

Honduras no garantiza plenamente los derechos humanos de su población

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Lun, 01/12/2014

Afiche sobre visita in loco CIDH HondurasTegucigalpa, M.D.C., 1 de diciembre de 2014. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inicia hoy su visita a Honduras. La presencia de la CIDH –máximo órgano de protección y promoción de derechos humanos del continente americano–, demuestra su particular interés e inquietud por la situación en el país.

En este marco, las organizaciones firmantes manifestamos:

Primero: A partir del golpe de Estado ocurrido en el año 2009, la institucionalidad democrática continúa fragilizándose. Las autoridades siguen sin reconocer la ruptura del orden constitucional; la mayoría de las violaciones de derechos humanos cometidas en dicho contexto se mantienen impunes; y las estructuras de poder (como la Corte Suprema de Justicia y el Ejército), que facilitaron el golpe de Estado, no han sido sancionadas. La independencia judicial todavía es un anhelo cada vez más lejano debido al alineamiento del poder legislativo y judicial con lo que dicta el poder ejecutivo.

Segundo: Paulatinamente se ha venido fortaleciendo el poder militar en detrimento del poder civil. En la actualidad, diversas instituciones públicas son dirigidas por militares como por ejemplo: la Dirección de Migración, Aeronáutica Civil, HONDUTEL, Registro Nacional de las Personas, entre otras. Adicionalmente, el gobierno creó la policía militar de orden público y ahora pretende darle rango constitucional, aun cuando se ha denunciado su participación en violaciones de derechos humanos.

Tercero: Las cifras de violencia no han disminuido, pese a nuevas disposiciones que modifican el método para establecer la cantidad de muertes violentas y que impiden el acceso a la información pública, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia del año 2013, ocurren 79 muertes violentas por cien mil habitantes. La impunidad sobre este tipo de hechos es casi total (92%).

Cuarto: Si bien se han aprobado planes de acción en materia de derechos humanos, estos no se están implementando. Por ello Honduras está en deuda con la garantía plena de los derechos de todos y todas sus habitantes. En particular, preocupa la discriminación y exclusión de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes –reflejado en el despojo de sus territorios y con el riesgo, entre otras cosas, de que estos pueblos desaparezcan; la violencia contra las mujeres, las niñas, las personas jóvenes, así como la discriminación y violencia en contra de las personas de las comunidades lésbicas, gays, trans, e intersex. También es preocupante la criminalización y persecución de defensores y defensoras de derechos humanos; las condiciones inhumanas que enfrentan las personas privadas de libertad; las amenazas y asesinatos contra quienes ejercen la libertad de expresión, así como contra operadores de justicia que han demostrado honradez y transparencia en sus trabajos.

Quinto: La visita de todos los integrantes de la Comisión Interamericana constituye una oportunidad valiosa para que el Estado hondureño rinda cuentas sobre sus actuaciones pasadas y presentes, pero principalmente para que informe sobre sus planes de cómo va a abordar las diversas problemáticas que aquejan al país.

La sociedad civil organizada da la bienvenida a la CIDH y espera que se continúe brindando un seguimiento cercano a Honduras, así como que se establezcan recomendaciones encaminadas a cambios estructurales que permitan mejorar la situación de los derechos humanos de todos y todas las hondureñas.

Consideramos que las nuevas autoridades del Estado de Honduras deben aprovechar la visita de la CIDH como una oportunidad para que, en estricto apego de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, se construya la institucionalidad democrática que tanto necesita el país.

Organizaciones firmantes:

Asociación de Jueces por la Democracia (AJD)

Asociación LGBT Arcoiris

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación Para una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-SIDA en Honduras (APUVIMEH)

Casa Alianza Honduras

Centro de Derechos de Mujeres (CDM)

Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEMH)

Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Colectiva de Mujeres Hondureñas (CODEMUH)

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Comité por la Libre Expresión (C-Libre)

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)

El Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)

El Frente Amplio del Colegio de Profesionales de Educación Media de Honduras (COPEMH)

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ)

Foro de mujeres por la Vida

La Red de Mujeres de Ojojona

Movimiento Diversidad en Resistencia

Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara (MAS)

Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla

Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH)

Red Lésbica Cattrachas

 

 

 

 

 

CEJIL promueve el diálogo sobre la implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano

Los próximos 24 y 25 de noviembre, dará a lugar en San José, Costa Rica, un seminario sobre la implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano y la administración de justicia: sinergias, tensiones y posibilidades.

El evento pretende generar un espacio de reflexión entre distintos actores interesados en el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas medidas relacionadas con la obtención de justicia.

Jue, 20/11/2014

Foto Corte IDH, créditos Corte IDHSan José, 20 de noviembre del 2014. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) organiza un seminario sobre la implementación de las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano (SIDH) y la administración de justicia: sinergias, tensiones y posibilidades, el cual se llevará a cabo el lunes 24 y martes 25 de noviembre del 2014 en San José, Costa Rica.

El evento pretende generar un espacio de reflexión entre distintos actores interesados en el cumplimiento de las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular aquellas medidas relacionadas con la obtención de justicia.

Si bien los Estados de la región han manifestado de forma reiterada su reconocimiento a las decisiones de los órganos del Sistema Interamericano y se han generado avances importantes, persisten numerosos desafíos para lograr el cumplimiento consistente de todas las resoluciones, de ahí que sea necesario reflexionar y proponer acciones que permitan avanzar en la implementación.

El encuentro en San José reúne a destacados (as) juristas, académicos (as), defensores y defensoras de derechos humanos, e integrantes de la Comisión y de la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Las conferencias que se dictarán el lunes 24 en horas de la mañana estarán disponibles al público vía streaming en este enlace, además puede consultar el programa del evento aquí.

Créditos fotográficos: Corte IDH

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