Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

CEJIL recibe el Premio Thomas J. Dodd en justicia internacional y derechos humanos

La ceremonia fue presidida por el ex Senador Christopher J. Dodd

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

Lun, 03/10/2011

Washington D.C., 3 de octubre de 2011.- El día de hoy, el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) fue premiado con el Thomas J. Dodd Prize en Justicia Internacional y Derechos Humanos, en lo que fue la quinta edición de la entrega de este premio. La ceremonia se celebró en la Universidad de Connecticut a las 16 horas (hora del este de EEUU) y fue presidida por Susan Herbst, Presidenta de dicha institución así como por el Senador Christopher J. Dodd.

 

El Premio Dodd conmemora la distinguida carrera de Thomas J. Dodd, quien fue Abogado Senior durante los Juicios de Nuremberg, Representante ante el Congreso de los Estados Unidos de 1953 a 1957 y Senador del estado de Connecticut de 1959 a 1971. Thomas Dodd dedicó su vida al servicio público y a la lucha contra la violación de los derechos humanos en Estados Unidos y el mundo.

Tras recibir el premio, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, dijo que “La labor de CEJIL forma parte del legado de los juicios de Nurembergy del trabajo de Thomas J. Dodd. Al enfocarnos en las Américas, una región notoria por sus violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho, creemos firmemente en la dignidad para todos, la importancia de honrar a todos los seres humanos y la necesidad de fortalecer y aplicar el Estado de derecho para asegurar los derechos de todos.”

 

Krsticevic concluyó diciendo que, “A nombre de todos en CEJIL, muchas gracias por este gran honor. Este premio nos animará a seguir nuestra lucha por la justicia y la igualdad. Nos dará la esperanza necesaria para crear muchas más historias de éxito en las Américas y nos recuerda la importancia de preservar el legado y los principios de Nuremberg.”

 

Este premio será invertido en el litigio estratégico de CEJIL en el hemisferio, la incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la capacitación de defensores y defensoras de derechos  humanos en la región.

Para más información:

Milli  Legrain

Directora de Comunicación

mlegrain@cejil.org

202 319 3000

Bolivia: CEJIL condena violencia en contra de marcha pacífica de pueblos indígenas

Washington D.C y Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional expresa su condena ante la desproporcionada actuación de fuerzas policiales bolivianas que, el pasado 25 de septiembre, reprimieron una marcha de integrantes de pueblos indígenas que se manifestaban en defensa de su derecho a ser consultados, ante la decisión de construir una carretera cuyo trazado afecta el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en que viven comunidades indígenas.

Mar, 27/09/2011

 
Washington D.C y Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional expresa su condena ante la desproporcionada actuación de fuerzas policiales bolivianas que, el pasado 25 de septiembre, reprimieron una marcha de integrantes de pueblos indígenas que se manifestaban en defensa de su derecho a ser consultados, ante la decisión de construir una carretera cuyo trazado afecta el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS) en que viven comunidades indígenas.
 
La VIII Marcha Indígena “Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida y la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas” organizada por  la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía Boliviana (CIDOB) y el Concejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) había partido el pasado 15 de agosto de la ciudad de Trinidad con destino a La Paz.
 
Cerca de 1000 personas, entre mujeres, varones, niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad, y familias completas de diferentes pueblos y comunidades manifestaban en forma pacífica su defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) amenazado por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Mojos cuyo trazado dividiría el territorio en el que viven varias comunidades de pueblos indígenas con la consiguiente afectación de sus derechos, y sin que se hubieran seguido los procesos de consulta correspondientes a los que el Estado Plurinacional de Bolivia está obligado, en virtud de la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados por la nación.
 
Según la información circulada en prensa, la represión policial habría afectado directamente a decenas de personas incluyendo niños y niñas. Asimismo, se ha reportado repetidamente que algunos niños y adultos estarían extraviados en el monte, lo que genera temor por su integridad.
 
“Expresamos nuestra condena a estos hechos y requerimos la urgente y diligente investigación de los mismos, así como la convocatoria a una consulta que exprese el respeto del Estado Plurinacional de Bolivia a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de acuerdo a lo establecido en la Constitución y los tratados de derechos humanos”, manifestó Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
 
Cabe señalar que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia así como el Convenio 169 de la OIT –ratificado en el año 1991- entre otros tratados, garantizan el derecho a la consulta previa, libre e informada.
 
Para más información:
Milli Legrain
mlegrain@cejil.org
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Honduras continúa violando los derechos humanos de los jueces que se opusieron al golpe de Estado

Tres jueces y una magistrada fueron cesados el 5 de mayo del 2010

San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009. Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

Lun, 26/09/2011

Guillermo López habla con la prensa durante la 41a Asamblea General de la OEA en El Salvador, en junio del 2011. Lo acompañaron Viviana Krsticevic, de CEJIL, y María V. Fallon, del GIDH. San Pedro Sula, 26 de septiembre de 2011- El pasado 22 de septiembre, el Estado de Honduras notificó la decisión del Consejo de la Carrera Judicial que ratifica el despido de los jueces Guillermo López Lone y Tirza Flores Lanza por haberse opuesto al golpe de Estado ocurrido en Honduras el 28 de junio de 2009.

Ese Consejo también ordenó el pago de las prestaciones laborales a favor del juez Luis Chévez de la Rocha pero no ordenó su reintegro laboral y sólo en el caso del juez Ramón Barrios decidió mantenerlo en su cargo. En ninguno de estos casos el Estado reconoce o repara la totalidad de violaciones de derechos humanos que sufrieron como consecuencia del despido arbitrario.

El 5 de mayo del 2010, los jueces y la magistrada fueron despedidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia por haberse expresado en contra del golpe de Estado y, en el caso de la magistrada Flores, por haber interpuesto un recurso de amparo en contra de la expatriación del Presidente Manuel Zelaya Rosales.

La decisión recién tomada por las autoridades hondureñas constituye un nuevo hecho violatorio de los derechos humanos de los jueces despedidos, confirmándose con este hecho que persiste la aplicación arbitraria y sesgada de la ley.

El Estado hondureño nuevamente niega la ocurrencia del golpe de Estado e insiste en que actos de oposición a dicho acontecimiento deben ser sancionados. De esta manera, las autoridades no reconocen que los despidos fueron arbitrarios y que constituyeron restricciones ilegítimas a los derechos humanos de los jueces.

En el proceso ante el Consejo de la Carrera Judicial no se les garantizó a los jueces el derecho a ser oídos por un tribunal independiente e imparcial ya que dicho órgano se integró a través de un procedimiento arbitrario no previsto en la ley y que no satisface las garantías procesales establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La decisión tomada por el Estado de Honduras contradice las recomendaciones que han sido brindadas al país por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre independencia de Jueces y Abogados, por el Relator Especial para la Libertad de Expresión y Opinión, por la Relatora Especial sobre la situación de Defensores y Defensoras, por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUCHD) y por el Consejo de Derechos Humanos a través del Examen Periódico Universal.

El caso de los jueces despedidos está siendo conocido actualmente por la Comisión Interamericana de Derechos HumanosLa petición fue admitida por dicho órgano el pasado mes de abril, y la decisión sobre el fondo del caso se encuentra pendiente.

La Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresamos nuestra condena por la decisión que han tomado las autoridades hondureñas y denunciamos ante la comunidad internacional que este nuevo hecho sólo confirma la inefectividad de los recursos judiciales establecidos y la indefensión en que se encuentra la mayor parte de la población hondureña.

La AJD y CEJIL exigimos que se cumpla con las recomendaciones dadas por la OACNUDH y se investigue y sancione a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que incumplieron con sus obligaciones durante el golpe de Estado y que continúan impidiendo el acceso a una tutela judicial efectiva.

WOLA y CEJIL rechazan declaraciones del Ministro de Defensa del Perú contra los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Funcionario promueve acuerdo de "punto final y reconciliación"

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Jue, 22/09/2011

Washington, D.C., 22 de setiembre del 2011— La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) rechazamos energéticamente las declaraciones emitidas el día de ayer por parte del Ministro de Defensa del Perú Daniel Mora contra el trabajo de los organismos de derechos humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante una presentación ante el Congreso el Ministro Mora acertó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) estaban coordinando acciones para "desaparecer a las Fuerzas Armadas" y que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido injustas con el Perú.

Hace apenas dos semanas el Ministro Mora fue cuestionado por sus declaraciones en relación a los juicios actualmente en proceso contra miembros de las fuerzas del orden bajo acusaciones de violaciones contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno del Perú (1980-2000). El Ministro declaró que el Perú debería llegar a un acuerdo político de “punto final y reconciliación” para poner fin a los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas militares y policiales acusados de graves violaciones a los derechos humanos. WOLA expresó su rechazo en aquella oportunidad, y lo reitera ahora, de cualquier propuesta de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos.

Durante el gobierno anterior de Alan García, hubo una campaña mediática fuerte contra los organismos de derechos humanos, particularmente los que representan a las víctimas en los procesos penales contra los acusados de cometer graves violaciones a los derechos humanos. En aquella época, el Ministerio de Defensa se había convertido en un verdadero obstáculo a la judicialización de los casos de violaciones a los derechos humanos. "Negaron colaborar con la justicia con documentos oficiales, y varios de los encargados de la cartera de Defensa, y especialmente el ex ministro Rafael Rey Rey, tuvieron una actitud abiertamente hostil a los organismos de derechos humanos y a las instituciones del Estado encargados de la justicia, el Ministerio Pública y el Poder Judicial", dijo Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA. "cusaron a los organismos de derechos humanos de entablar una persecución política contra las fuerzas armadas al impulsar la investigación y juzgamiento de algunos de sus miembros acusados de crímenes tan graves como la masacre de 69 campesinos de Accomarca (23 de ellos niños) o la tortura y desaparición forzada de por lo menos 54 personas del Cuartel Militar Los Cabitos durante el año 1983, casos actualmente en proceso judicial".

Con la asunción de un nuevo gobierno bajo el liderazgo de Ollanta Humala, que ha demostrado una actitud positiva en una serie de iniciativas como la firma de la Ley de Consulta Previa, se esperaba una nueva actitud frente este tema. "El gobierno de Ollanta Humala tiene la palabra", dijo Jo-Marie Burt. "El Presidente Humala no puede mantenerse en silencio frente a declaraciones del tipo que acaba de emitir el Ministro Mora, tan similares a declaraciones de ministros anteriores como Rafael Rey, que conllevan una actitud de intimidación y hostigamiento frente a los organismos de derechos humanos, cuyo labor es fundamental en cualquier sociedad democrática".

Burt señaló que el gobierno del Perú acaba de suscribir a un acuerdo internacional sobre la transparencia en el manejo gubernamental que debería aplicarse en todos los sectores, y especialmente en términos de la urgente necesidad de abrir los archivos militares y policiales para así poder esclarecer graves casos de violaciones a los derechos humanos y permitir que los procesos judiciales avancen con celeridad tanto para los imputados como para las víctimas y sus familiares.

De acuerdo a las obligaciones internacionales del Perú, la justicia peruana tiene la obligación de investigar y castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, expresó su preocupación de que el debate en este sentido persista y señaló que "además de las reiteradas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíben al Perú aplicar leyes de amnistía u otras eximentes de responsabilidad, también se ha restringido el uso del fuero militar para la investigación y sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Además, Perú asumió obligaciones en este sentido al firmar diversos tratados de derechos humanos tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en la OEA. Es preciso recordar que estos tipos de medidas no podrán ser utilizadas aún si aquellas resultan de un proceso de debate democrático. La Corte Interamericana ya ha dado elementos claves en este sentido en las sentencias de La Rochela v. Colombia y Gelman v. Uruguay, entre otras".

WOLA y CEJIL recuerda que el Presidente Ollanta Humala se comprometió a respetar a los derechos humanos e impulsar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, las cuales incluyen la judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hacemos un llamado al Presidente Humala a rechazar las declaraciones del Ministro Mora y a afirmar una política de derechos humanos que incorpora la búsqueda para la verdad y la justicia en el Perú.

El Estado de Honduras debe detener la violencia en el Bajo Aguán y proteger a las personas campesinas

Carta abierta al Presidente Lobo

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011- El Estado hondureño no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos en el Bajo Aguán, ni ha investigado efectivamente los hechos de violencia: la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Vie, 26/08/2011

Defensores de derechos humanos visitaron la región del Bajo Aguán como parte de una misión a Honduras en julio del 2009. Imagen cortesía de Fian Internacional.

Washington, D.C., 25 de agosto de 2011

 

Señor

Porfirio Lobo Sosa

Presidente de la República de Honduras

Su despacho

 

Señor Presidente:

Reciba un respetuoso saludo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización de defensa y promoción de derechos humanos en el continente americano, a partir del uso del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Nuestro trabajo consiste en apoyar a organizaciones de derechos humanos y otros actores clave, así como en representar ante la Comisión y Corte Interamericanas a víctimas de violaciones de derechos humanos que no han obtenido justicia y reparación en sus propios países.

En esta ocasión nos dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la grave situación de violencia que se vive en la región del Bajo Aguán, Departamento de Colón, problemática sobre la cual CEJIL ya ha expresado su preocupación en anteriores oportunidades[1].

Es de nuestro conocimiento que esta zona ha vivido en los últimos años una intensa lucha de miles de campesinos y campesinas por el derecho a la alimentación, lo cual ha producido enfrentamientos con grandes terratenientes de la región.

De acuerdo con información recibida por CEJIL, entre enero de 2010 y julio del presente año, 32 personas organizadas en movimientos campesinos han sido asesinadas en el marco del citado conflicto agrario[2]. A esta alarmante cifra se suman 14 asesinatos ocurridos en el transcurso de la última semana, destacando las muertes violentas del señor Secundino Ruiz Vallecillo, coordinador del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) y del señor Pedro Salgado, vicepresidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA).

De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (de la cual Honduras es parte desde 1977), el Estado hondureño está obligados a respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en ella. En el caso del Bajo Aguán, a sabiendas de la existencia de un conflicto en la zona, el Estado no está tomando las medidas adecuadas para prevenir violaciones de derechos humanos, ni se ha investigado efectivamente los hechos, siendo que la mayoría de asesinatos y agresiones contra campesinos se encuentran en absoluta impunidad.

Aunado a lo anterior, pese a la gravedad de la situación expuesta, la principal respuesta estatal ha sido el envío de personal militar a la zona del Aguán, lo cual no ha cumplido el objetivo de brindar seguridad y protección para las personas de la región, y respetar los derechos de los habitantes del Aguán, en especial de quienes luchan por su derecho a la tierra.

La participación de militares en labores de seguridad ciudadana, resulta inadecuada para la protección de los derechos de las personas, lo cual ya ha sido resaltado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Honduras[3]. No obstante, las autoridades han hecho caso omiso de lo señalado por la CIDH.

En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se ha pronunciado al respecto señalando que

... los Estados deben limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales...[4]

Por lo anterior, a través de la presente, le exhortamos respetuosamente para que tome las acciones necesarias para prevenir mayores incidentes de violencia en la zona del Aguán así como para investigar, identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos. Sólo así el Estado hondureño honrará los compromisos en materia de derechos humanos asumidos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente.

 

Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva

 

c.c. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de Estados Americanos, para su conocimiento.

c.c. Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, para los mismos fines.

c.c. Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para los mismos fines.

c.c. Antonio Maldonado, Asesor en materia de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, para los mismos fines.

c,c, Luis Alberto Rubí, Fiscal General de la Nación, para los mismos fines. c.c. Sandra Ponce Aguilera, Fiscal Especial de Derechos Humanos de Honduras, para los mismos fines.

 

[1] CEJIL y otras organizaciones. Honduras: No más violencia contra los grupos campesinos del Bajo Aguán, abril 2010. Disponible en http://cejil.org/comunicados/honduras-no-mas-violencia-contra-los- grupos-campesinos-del-bajo-aguan

[2] FIAN Internacional y otras. Informe de la Misión de Verificación Internacional: Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, julio 2011, pág. 16.

[3] CIDH. Observaciones Preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010, párrs. 119 y 120.

[4] Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 88;.y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 78.

Día Internacional de los Desaparecidos

Mar, 30/08/2011 (Todo el día)
Evento global
Mundo

Día de los Derechos Humanos

Para más información

Sáb, 10/12/2011 (Todo el día)
Celebración global
Mundo

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Para más información

Mar, 09/08/2011 (Todo el día)
MUNDO
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CEJIL condena asesinato de Patrícia Acioli, Jueza Penal en Brasil

Rio de Janeiro y Washington, 12 de agosto de 2011. CEJIL denuncia con indignación el asesinato de la Jueza Penal, Patrícia Acioli, que tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2011 en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Recibió varios disparos, mientras llegaba en coche a su casa. La jueza Patrícia Acioli era la única magistrada responsable de los procesos penales y juzgamiento de homicidios en el Município de São Gonçalo.

Mar, 23/08/2011

Rio de Janeiro y Washington, 12 de agosto de 2011. CEJIL denuncia con indignación el asesinato de la Jueza Penal, Patrícia Acioli, que tuvo lugar en la madrugada del 12 de agosto de 2011 en Niterói, en el estado de Rio de Janeiro, Brasil. Recibió varios disparos, mientras llegaba en coche a su casa. La jueza Patrícia Acioli era la única magistrada responsable de los procesos penales y juzgamiento de homicidios en el Município de São Gonçalo.

La magistrada llevaba tiempo trabajando en la lucha contra grupos de exterminio y milicias formados por policías y había sido víctima de varias amenazas contra su vida a lo largo de los últimos años, debido a su trabajo. La prensa brasilera informa que la jueza figuraba en una lista de personas marcadas para morir.

A pesar de esto, en el momento de su asesinato, la jueza no contaba con la protección del Estado. El Tribunal de Justicia de Rio de Janeiro informó que por motivos presupuestarios, había reducido la escolta policial de la jueza. Sus familiares declararon a la prensa que, recientemente, había solicitado protección policial al Tribunal de Justicia.

Hechos como el asesinato de Patrícia Acioli ponen en riesgo el derecho de acceso a la justicia, la protección y garantías judiciales de toda la sociedad brasileña, así como la independencia y la garantía de actuación de los miembros del Poder Judicial, debilitando el Estado democrático de Derecho.

CEJIL urge  a las autoridades brasileras  que identifiquen, juzguen y sancionen a todos los responsables por el asesinato de Patrícia Acioli, por medio de una investigación idónea y efectiva, que considere la gravedad de los hechos anteriores a su ejecución, especialmente las amenazas que sufrió la víctima, a raíz de las numerosas condenas a prisión de policías, decretadas en el ejercicio de su función.

Finalmente,  CEJIL hace un llamado al Estado brasilero para que garantice una protección adecuada a todos los jueces víctimas de amenazas y atentados a su integridad personal debido a su labor, especialmente los que darán continuidad a los procesos e investigaciones criminales que estaban bajo la responsabilidad de la magistrada Acioli.

 

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