Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Se inicia proceso de búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura brasileña

Corte Federal admite denuncias criminales contra militares

Río de Janeiro y Washington DC, 4 de septiembre de 2012- El Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su satisfacción por la apertura de dos procesos penales para investigar y procesar a Sebastião Curió Rodrigues de Moura y Lício Augusto Maciel por su participación, respectivamente, en la desaparición forzada de María Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Telma Regina Cordeiro Corrêa, y Divino Ferreira de Souza,  integrantes de la Guerrilla de Araguaia, que siguen sin esclarecerse hasta el día de hoy. Finalmente, el 29 de agosto de 2012, la jueza federal Nair Pimenta de Castro del Segundo Juzgado Federal de la subdirección de Marabá, en el estado de Pará, Brasil, inició los procesos legales al admitir las denuncias criminales presentadas por la Fiscalía (Ministerio Público Federal).

Mié, 05/09/2012

Río de Janeiro y Washington DC, 4 de septiembre de 2012- El Grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresan su satisfacción por la apertura de dos procesos penales para investigar y procesar a Sebastião Curió Rodrigues de Moura y Lício Augusto Maciel por su participación, respectivamente, en la desaparición forzada de María Célia Corrêa, Daniel Ribeiro Callado, Antônio de Pádua da Costa, Hélio Luiz Navarro de Magalhães, Telma Regina Cordeiro Corrêa, y Divino Ferreira de Souza,  integrantes de la Guerrilla de Araguaia, que siguen sin esclarecerse hasta el día de hoy. Finalmente, el 29 de agosto de 2012, la jueza federal Nair Pimenta de Castro del Segundo Juzgado Federal de la subdirección de Marabá, en el estado de Pará, Brasil, inició los procesos legales al admitir las denuncias criminales presentadas por la Fiscalía (Ministerio Público Federal).

Brasil fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gomes Lund y otros v. Brasil 2010, cuando el Tribunal ordenó que Brasil investigara y procesara a los responsables de los crímenes cometidos en Araguaia. Desde 1995, las víctimas y sus familiares han sido representadas en el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por el Grupo Tortura Nunca Más-RJ, la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, y CEJIL.

Antes de la condena internacional, familiares de los desaparecidos políticos de Araguaia ya habían enviado solicitudes a la Fiscalía para que los crímenes fuesen investigados.

En marzo de 2012, la Fiscalía interpuso la denuncia contra Sebastião Curió y en julio de 2012 contra Lício Maciel. La reciente decisión de la jueza federal Nair Pimenta de Castro crea un marco propicio para la realización de la justicia en el país.

“Este es un paso decisivo para Brasil, ya que es la primera vez que se inicia un proceso para responsabilizar penalmente a agentes del Estado por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. La admisión de las denuncias penales coloca a Brasil en sintonía con otros países de la región que iniciaron procesos de búsqueda de la verdad y justicia”, afirmó la Directora Ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.

Para Aldo y Sabrina Creder Corrêa, familiares de María Célia y de Elmo Corrêa, también desaparecido político en Araguaia, la decisión es, por primera vez, una luz sobre los Años de Plomo: “después de tantos años de espera, de sufrimiento y de incertidumbre, una victoria- aunque parcial- que nos da a nosotros, los familiares, alguna esperanza de conocer la verdad y de alcanzar la justicia. Felicitamos, otra vez,  a la Fiscalía y el valor de la Dra. Nair que, con esa decisión plasmó su nombre en la historia de Brasil. Esperamos que este valor tenga repercusiones y no se desvanezca en las instancias superiores”. Aldo Corrêa agregó: “Nuestra esperanza no para, y la lucha y búsqueda por la verdad no pueden cesar. Mis padres no vivieron para ver ese momento, pero lo que me trae consuelo es el legado que permanece para mis hijas y nietos y las generaciones que están por venir. La justicia debe de prevalecer y la verdad salir a la luz. Los verdugos de mi hermana tienen que ser castigados y tenemos que saber dónde está.”

Las hermanas de Daniel Callado también ya esperan que otras instancias judiciales sigan el ejemplo de la jueza y de los procuradores de la Fiscalía: “Mi hermana y yo nos agitamos mucho cada vez que se publica una noticia sobre los desaparecidos políticos. La admisión de la denuncia por la  desaparición forzada de nuestro hermano (Daniel Callado) por la jueza de Marabá, Dra. Nair Pimenta de Castro, nos trae esperanza. Desgraciadamente nuestros papás no pudieron vivir este momento.” Las hermanas agregan: “Esperamos que otras instancias judiciales sigan el ejemplo de la jueza. Continuaremos luchando para que la verdad de lo que le ocurrió a Daniel sea esclarecida por la justicia.”

Terezinha Souza Amorim, hermana de Divino Ferreira de Souza, declaró: “me da esperanza la valentía de la jueza federal Maraba Nair Cristina  al haber aceptado la denuncia contra el mayor Lício Maciel y el coronel Curió por la desaparición forzada de los jóvenes que combatieron en la Guerrilla de Araguaia en el periodo de la dictadura militar.” Terezinha agregó: “lamento que mi madre ya no viva, ella falleció en el 2004, después de luchar incansablemente para encontrar a su hijo. Sin embargo, ella no verá el desenlace. Son más de 40 años de búsqueda y sufrimiento y los verdugos continúan llevando una vida normal, y peor aún, se dicen héroes. Espero que a partir de ahora prevalezca la verdad y la justica!”

Contacto en Brasil

Beatriz Affonso

Tel: 55 (21) 2533-1660

brasil@cejil.org

www.cejil.org

 

Contacto en Washington D.C

Milli Legrain

Tel 1 202 319 3000

mlegrain@cejil.org

www.cejil.org

 

ONG’S NACIONALES E INTERNACIONALES DEMANDAN A LA SCJN PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL CASO RUBIO VILLEGAS

Externan su preocupación ante posible negación de los derechos de las víctimas y desconocimiento de las obligaciones internacionales de México

15 de agosto de 2012.- Las organizaciones nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos este posicionamiento, instamos públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que proteja los derechos de las víctimas al resolver el amparo en revisión 133/2012, relativo al caso de Bonfilio Rubio Villegas.

Durante años, hemos seguido con atención la lucha que decididamente han librado los familiares de este joven indígena naua de la Montaña de Guerrero, ejecutado extrajudicialmente por soldados mexicanos en junio de 2009, para exigir que autoridades civiles juzguen a los responsables de este crimen.

Jue, 16/08/2012

15 de agosto de 2012.- Las organizaciones nacionales e internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos que suscribimos este posicionamiento, instamos públicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que proteja los derechos de las víctimas al resolver el amparo en revisión 133/2012, relativo al caso de Bonfilio Rubio Villegas.

 

Durante años, hemos seguido con atención la lucha que decididamente han librado los familiares de este joven indígena naua de la Montaña de Guerrero, ejecutado extrajudicialmente por soldados mexicanos en junio de 2009, para exigir que autoridades civiles juzguen a los responsables de este crimen.

 

Por ello, celebramos que en diciembre pasado un Juez Federal ordenara la remisión del expediente al fuero civil. De igual modo, recibimos con desconcierto la noticia de que la Secretaría de la Defensa Nacional, actuando en representación del Presidente Calderón había impugnado dicha decisión histórica, a unos días de que anunció públicamente el traslado a instancias civiles de los casos vinculados con violaciones a derechos humanos.

 

En su momento, señalamos que este hecho ejemplificaba que pese al discurso oficial el Ejecutivo Federal seguía tolerando la aplicación de un fuero militar expansivo e hicimos votos para que al llegar este expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Máximo Tribunal mexicano confirmara la valiente sentencia del Juez de Distrito.

 

Nuestra confianza en la Suprema Corte mexicana fue confirmada mediante las decisiones adoptadas en los conflictos competenciales discutidos en los últimos días, respecto de los cuales una mayoría de Ministros y Ministras determinó que los expedientes debían turnarse al fuero civil.

 

No obstante, hemos constatado con preocupación que en algunos integrantes del Pleno han surgido reticencias ante la posibilidad de confirmar ese criterio en el caso de Bonfilio Rubio Villegas, en el que se ha cuestionado el derecho de las víctimas a acudir al juicio de amparo e incluso se ha puesto en entredicho que el padre y el hermano del joven naua sean víctimas en el caso.

 

Al respecto, recordamos que de las obligaciones contraídas por el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos surge el derecho de las víctimas, entendidas éstas como los pasivos directos y sus familiares, a contar con un recurso efectivo y adecuado para impugnar la ilegal extensión del fuero militar, como lo recordó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y el caso de los Campesinos Ecologistas (Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera).

 

Asimismo, recordamos respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la discusión del amparo en revisión 133/2012 ocurre después de que México ha reformado el marco constitucional de los derechos humanos y del juicio de amparo, y cuando también han sido dictadas cuatro sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que versan, entre otros aspectos, sobre la necesidad de restringir el fuero militar. Este nuevo entorno normativo no puede soslayarse al analizar el amparo promovido por los familiares de Bonfilio Rubio Villegas.

 

La SCJN tiene ante sí la posibilidad de acotar el fuero militar, reconociendo en un caso como el que involucra a la familia Rubio los derechos de las víctimas, en un contexto donde los abusos castrenses crecen día a día. Esperamos que el Más Alto Tribunal mexicano esté a la altura de esta circunstancia y que en la discusión que continuará este jueves proteja los derechos de los familiares de Bonfilio Rubio Villegas.

 

Asociadas por lo Justo (JASS); Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (Tlachinollan); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC); Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.; Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS); Fundar Centro Análisis e Investigación (FUNDAR); Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG); Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República.

El abogado Vidulfo Rosales regresa a México: Carta abierta al Gobierno de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero a 9 de agosto de 2012

LIC. ÁNGEL AGUIRRE RIVERO.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

P R E S E N T E.-

Quienes suscribimos la presente misiva, personas y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, nos dirigimos respetuosamente a usted con relación a la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos particularmente en el estado de Guerrero.

 

Lun, 25/06/2012

Chilpancingo, Guerrero a 9 de agosto de 2012

LIC. ÁNGEL AGUIRRE RIVERO.

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE GUERRERO.

P R E S E N T E.-

Quienes suscribimos la presente misiva, personas y organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, nos dirigimos respetuosamente a usted con relación a la situación de riesgo que enfrentan las defensoras y los defensores de derechos humanos particularmente en el estado de Guerrero.

 

Hacemos este llamado, señor Gobernador, en el marco de la reincorporación de Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a sus labores de defensor de los derechos humanos. Como es de su conocimiento, el abogado Rosales Sierra se vio obligado a dejar el país de manera temporal después de recibir un mensaje anónimo donde entre otras cosas se le decía: “LICENCIADITO DE MIERDA, DEJA DE DIFAMAR A LAS AUTORIDADES, YA NOS DEBES VARIAS EN TODO TE METES LA PAROTA, LAS DISQUE MUJERES VIOLADAS Y AHORA CON LOS VÁNDALOS AYOTZINAPOS CÁLLATE […] TE VAS A MORIR”. Tales hechos, pese a haber sido denunciados, hoy permanecen impunes.

 

Tras permanecer en el extranjero, el Sr. Vidulfo regresa hoy a Guerrero sin cejar en su demanda de que se garantice la seguridad de todas y todos los defensores de derechos humanos del estado de Guerrero. Por nuestra parte, permaneceremos atentos a que así ocurra pues hemos visto con preocupación que durante su gobierno se han registrado hechos contrarios al respeto de la labor civil de las y los defensores: no sólo nos referimos al caso del abogado de Tlachinollan, sino también a la desaparición forzada de la Sra. Eva Alarcón y el Sr. Marcial Bautista, al injusto encarcelamiento del líder indígena Na Savi Maximino García Catarino, y a la represión contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa Guerrero.

 

Señor Gobernador: las y los defensores de derechos humanos son actores fundamentales para la consolidación de la democracia. Su acción acompaña a las personas que normalmente no son escuchadas por los aparatos del Gobierno y contribuye a que las autoridades de todos los niveles rindan cuentas ante la sociedad. Por eso, corresponde al gobierno respetar su labor no sólo omitiendo inhibirla directamente sino también garantizando que existan condiciones para su ejercicio. En ese sentido, a su gobierno compete garantizar la vida y la integridad personal del Sr. Vidulfo Rosales Sierra y todo el equipo de Tlachinollan, tomando a su favor medidas concretas e inmediatas de protección.

 

Desde nuestros respectivos espacios, observaremos que así ocurra.

 

Sin más por el momento, quedamos de usted.

 

A t e n t a m e n t e,

Organizaciones Internacionales. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); JASS (Asociadas por lo Justo); Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos; Misereor; Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ). Organizaciones del estado de Guerrero: Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP); Consejo de Autoridades de los Cinco Pueblos Bajos de Tecoanapa; Red Guerrense de organismos civiles de derechos humanos; Colectivo contra la tortura y la impunidad; Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero; Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO). Organizaciones Nacionales: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ); EQUIS: Justicia para las Mujeres: Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, conformada actualmente por 71 organizaciones en 21 estados de la República: Agenda LGBT (Estado de México), Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila), Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (DF); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.(Codigodh A.C); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal), Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de  Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).

Guía para defensores y defensoras de Derechos Humanos: La protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. 2da. edición actualizada

En este volumen CEJIL reseña su experiencia de trabajo como equipo de abogados/as y defensoras/es especializados/as en la defensa de los derechos humanos en las Américas y en el uso del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Se trata de una guía eminentemente práctica, enfocada hacia la promoción y protección de los derechos humanos tanto a través de la vía contenciosa como respecto del trabajo de incidencia o cabildeo para aportar al fortalecimiento y promoción del sistema interamericano.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2012
Su opinión vale mucho y nos permite seguir mejorando nuestras herramientas. Si usted tuvo la oportunidad de utilizar este material lo/a invitamos a completar el formulario de evaluación.

Sumarios de Jurisprudencia: Salud y Derechos Reproductivos

Sumarios de Jurisprudencia: Salud y Derechos Reproductivos

CEJIL se complace de presentar un nuevo libro de la colección Herramientas para la protección de los derechos humanos: Sumarios de jurisprudencia, esta vez dedicado a la Salud y Derechos Reproductivos.

Los órganos de protección de los derechos humanos reconocen el acceso a la atención de la salud, incluida la salud reproductiva, como un derecho básico. Sin embargo, las decisiones incluidas en este volumen ilustran algunas de las graves deficiencias en el goce efectivo de estos derechos, afectando en forma directa el derecho de las mujeres a escoger sobre su maternidad, acceder a información sobre su salud, o a ser respetadas en su autonomía y privacidad, entre otros.

Estas páginas compilan decisiones y sentencias que constituyen la jurisprudencia más relevante en relación con el alcance de la salud y los derechos reproductivos. Esperamos así que este libro sea una herramienta útil que contribuya en la defensa de los mismos.


Tipo de publicación: Compilación de jurisprudencia
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2012
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Defensores que impulsan justicia corren grave riesgo en Guatemala

Activistas y operadores de justicia son desprestigiados y criminalizados

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

Mar, 27/03/2012

 

Washington, D. C., 27 de marzo de 2012- La reciente apertura de investigaciones y procesos, así como las condenas contra violadores de los derechos humanos en Guatemala, ha aumentado la situación de riesgo de las personas que luchan contra la impunidad en este país. Así lo advirtieron hoy representantes de 11 organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 144.º período de sesiones.

 

Históricamente, los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala realizan su labor en condiciones de extrema violencia e inseguridad. Las peticionarias denunciaron que a lo largo de 12 años de registro han ocurrido 2521 agresiones en contra de estos activistas. En los ataques ocurridos entre el 2000 y el 2010, se calcula que aproximadamente una cuarta parte fueron en perjuicio de quienes se desempeñan en el sector de la justicia y búsqueda de la verdad.

 

En el 2012, de 29  ataques 21 han sido contra defensores que impulsan la justicia en distintos casos. Durante la audiencia se expuso que, además de estas amenazas, desde finales de 2011 se han activado campañas públicas de desprestigio –e incluso de criminalización– contra defensores y defensoras de los derechos humanos, a propósito de los avances en los casos penales contra perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto armado interno.

 

“El nivel de riesgo a la  seguridad de las y los defensores se acrecienta cuando las autoridades hacen caso omiso de dicho riesgo y contribuyen con su discurso a incrementar el nivel de estigma, rechazo social y asilamiento”, denunciaron las peticionarias.

 

La Comisionada Rosa María Ortiz se mostró particularmente preocupada por la militarización de la seguridad ciudadana y por el mínimo presupuesto (sólo un 2% del PIB) que el Estado destina a temas de seguridad y justicia “con lo que también se puede valorar la voluntad política relacionada a los derechos humanos".

 

Las organizaciones peticionarias instaron al Estado para que, desde sus diferentes entes, promueva el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno y a la vez reconozcan la necesidad de juzgar tales crímenes. Asimismo, entre otras medidas, urgieron  la creación de un ‘Programa de protección para defensores de derechos humanos y otras víctimas vulnerables’, una idea que fue respaldada por el Comisionado Orozco; y que además se asegure el adecuado funcionamiento de  una Instancia de Análisis a Ataques a Defensores de Derechos Humanos.

 

 

Organizaciones peticionarias:

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA)

Fundación Sobrevivientes

Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH)

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG)

Alianza Sector de Mujeres

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

 

Honduras ha incumplido la sentencia en el caso del asesinato de la ambientalista Jeannette Kawas

Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió resolución sobre cumplimiento

San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

Lun, 12/03/2012

Jeannette Kawas (1948-1995).San José, 12 de marzo de 2012- Honduras no ha cumplido con su obligación de realizar una campaña nacional de sensibilización sobre la importancia de la labor que realizan los defensores del medio ambiente en Honduras. Así lo dio a conocer el pasado jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la resolución sobre el incumplimiento de varios puntos de la sentencia que dictó el 3 de abril de 2009, relacionada con el asesinato de la defensora ambientalista Jeannette Kawas Fernández, ocurrido en 1995.

La Corte también señaló que el Estado sigue sin avanzar con la identificación y procesamiento de los responsables del asesinato de la defensora. Las autoridades tampoco han investigado la obstaculización a las labores de la justicia que ocurrió luego del asesinato.

La resolución del tribunal interamericano tiene una importancia especial en momentos en que se señala a Honduras como uno de los países de América cuya situación de defensores y defensoras de derechos humanos es más preocupante. En su Segundo Informe Sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado el martes pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos destaca la situación hondureña.  El órgano interamericano plantea un panorama en el que son aún más frecuentes los asesinatos, los hostigamientos y las amenazas en contra de los y las activistas, especialmente luego del golpe de Estado de junio del 2009.

La Corte Interamericana ha ordenado a Honduras presentar un informe “completo y detallado” el próximo 26 de abril sobre las medidas adoptadas para cumplir con su resolución en el caso Kawas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Equipo de Reflexión, Investigación, Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) instan al Estado a realizar la campaña de sensibilización en el menor plazo posible, según lo ordenado en la sentencia. Esta acción estatal ayudaría a revertir la estigmatización que ha pesado sobre los defensores y defensoras de derechos humanos, y dignificaría la importante labor que ejercen en Honduras.

Asimismo, dado el contexto de riesgo que amenaza la vida e integridad personal de numerosos activistas en este país, es apremiante la creación un mecanismo nacional de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, tal como recién lo ha recomendado la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores de derechos humanos y como ha sido solicitado por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Hechos del caso

El 6 de febrero de 1995, Blanca Jeannette Kawas Fernández fue asesinada mientras se encontraba en su casa de habitación en Tela, departamento de Atlántida, Honduras. Kawas era la presidenta de la Fundación para la Protección de los recursos naturales de las regiones de Lancetilla, Punta Sal y Texiguat (PROLANSATE). Ella denunció casos de explotación maderera ilegal, así como los intentos de personas y entidades privadas de apoderarse ilegalmente de la Península de Punta Sal, los daños al Parque Nacional y otras zonas protegidas, y se opuso públicamente a diversos proyectos de desarrollo económico en la zona.

Presentación del Segundo Informe de la CIDH sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas

La Comisión Interamericana publica su segundo informe sobre la situación de los/las defensores/as de derechos humanos en las Américas.

El informe se presentará oficialmente en Washington el 28 de marzo. Lean el informe aquí.

 

Para más información

Mié, 28/03/2012 (Todo el día)
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Washington D.C.

CEJIL saluda la visita a Honduras de la relatora especial de la ONU sobre la situación de defensores de derechos humanos

Violencia y hostigamientos cometidos luego del golpe de Estado le dan especial relevancia a la supervisión internacional

San José, 6 de febrero de 2012. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con beneplácito la visita a Honduras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, cuyo recorrido comienza oficialmente hoy.

Lun, 06/02/2012

San José, 6 de febrero de 2012. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) recibe con beneplácito la visita a Honduras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Margaret Sekaggya, cuyo recorrido comienza oficialmente hoy.

La situación de riesgo que enfrentan los y las activistas de derechos humanos, ya preocupante antes de que ocurriera el golpe de Estado del 28 junio de 2009, ha empeorado desde entonces.

Dicha situación es conocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano que ha otorgado medidas de protección para garantizar los derechos de decenas de defensores y defensoras en Honduras. CEJIL –junto con organizaciones hondureñas– que representa a más de 60 beneficiarios de medidas cautelares, ha visto con preocupación que el Estado no ha brindado una respuesta efectiva para respetar y garantizar los derechos de estas personas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Gladys Lanza Ochoa, coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. La defensora de derechos humanos sufrió hostigamientos y amenazas por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres y la crítica abierta a las estructuras militares de su país. Dado que el Estado no adoptó las medidas cautelares correspondientes y en virtud de la situación de riesgo en que se encontraba, en septiembre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas provisionales que se mantienen hasta la fecha. No obstante, en este caso, así como en la gran mayoría de casos, el Estado hondureño no ha sido capaz de protegerla efectivamente ni tampoco se han realizado investigaciones para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de las amenazas.

CEJIL en conjunto con la Asociación de Jueces por la Democracias (AJD) también denunció ante la CIDH hostigamientos emprendidos desde el propio Estado. Tal fue el caso de cuatro jueces quienes fueron despedidos arbitrariamente por ejercer su derecho a manifestarse en contra del golpe.  Hasta la fecha, el Estado sigue sin reparar las violaciones sufridas por los jueces, Adán Guillermo López Lone, Luis Antonio Chévez de la Rocha y Ramón Barrios, ni  las de la magistrada Tirza Flores Lanza. La CIDH admitió el caso en marzo de 2010 y actualmente se encuentra analizando el fondo de las violaciones denunciadas.

Asimismo, CEJIL ha identificado que los defensores ambientalistas se encuentran en una situación de mayor riesgo en Honduras. Actualmente está siendo conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso del asesinato del ambientalista Carlos Luna.  Ya en el año 2009, dicho tribunal había dictado sentencia contra Honduras en el caso de la defensora Jeannette Kawas, ordenando, entre otras cosas, la realización de una campaña de sensibilización sobre la importante labor que realizan los defensores ambientalistas en el país. El Estado hondureño sigue sin cumplir esta medida de reparación.

CEJIL reitera su complacencia por la visita de la Relatora, y espera que en su informe pueda retomar numerosas recomendaciones y decisiones que han sido emitidas por los órganos regionales de protección, de manera que se exija su cumplimiento y, en particular, se recomiende la creación de un mecanismo nacional de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, a fin de que cualquiera de ellos pueda demandar protección del Estado sin que medie una intervención internacional.

Día Internacional de los Derechos Humanos

Lun, 10/12/2012 (Todo el día)
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