Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Medidas cautelares en favor de personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico en Paraguay

Mié, 30/07/2008

Washington, D.C.

 

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el otorgamiento de medidas cautelares a favor de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico en Paraguay.

La medida fue solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Mental Disability Rights International a raíz de la sucesión de hechos de violencia ocurridos al interior del nosocomio, que afectaron la vida e integridad de las personas internadas ahí y que resultaron en la muerte de cuatro personas, la violación de una mujer, heridas graves sufridas por otras dos mujeres y la castración de un hombre, además de existir múltiples denuncias sobre abusos sexuales y por falta de cuidado a los pacientes del lugar. El Estado, por su parte, ante estos hechos no había adoptado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad física, sexual, mental y moral de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico.

La Comisión al dictar las medidas cautelares solicitó al Gobierno de Paraguay que adopte todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los y las pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico, en especial para prevenir la ocurrencia de nuevos actos de violencia física y sexual al interior del Hospital, y requirió que informe sobre las medidas adoptadas para investigar los presuntos abusos sexuales y hechos de violencia que habrían resultado en la muertes de varias personas, con el fin de prevenir la repetición de tales hechos.

La Comisión Interamericana ya había concedido medidas cautelares en relación con las pacientes del Neuropsiquiátrico en diciembre de 2003.

 

Contacto

Liliana Tojo

Directora Cejil Sur

Tel/Fax: 54-11-4328.1025

Correo electrónico: ltojo@cejil.org

Fuga de policías que asesinaron ambientalistas en Honduras fomenta la impunidad

Jue, 31/07/2008

San José, Costa Rica

Tres de los cuatro policías que fueron condenados por el asesinato de Heraldo Zuñiga y Roger Iván Murillo, líderes ambientalistas del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), se fugaron del 115 Batallón de Infantería Militar, en la Ciudad de Juticalpa, Honduras.

Inicialmente escaparon Juan José Talavera y Milton Omar Cáceres Rodríguez, y días después José Arcadio Gonzáles. Hasta el momento las autoridades estatales no han brindado ninguna explicación de lo ocurrido.

Los policías fueron sentenciados el pasado 1 de julio por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho y la individualización de la pena se realizaría el próximo 15 de agosto.

CEJIL expresa su preocupación ante la posibilidad de que el asesinato de los ambientalistas quede en la impunidad. Con la condena de los policías, el Estado de Honduras estaba dando muestras de que la justicia local sí puede ser eficiente y diligente. Es prioritario que el Estado ahora investigue si la fuga contó con la complicidad de los autores intelectuales del asesinato de los ecologistas o de otras personas involucradas, lo que evidenciaría la existencia de estructuras clandestinas que socavan la justicia y fortalecen la impunidad.

Por la fuga de los policías, CEJIL y MAO se vieron obligados a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los familiares de los ecologistas asesinados a fin de garantizar su seguridad e integridad. Esta misma preocupación la ha manifestado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) ante la posibilidad de que los fugados intenten acciones contra los familiares de los ecologistas y los testigos del caso.

CEJIL exhorta al Estado a tomar todas las medidas necesarias para recapturar a los policías y sancionarles como corresponda, esta es la única forma de devolver a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional la confianza en las instituciones estatales. Asimismo, le recuerda que independientemente del pronunciamiento de la CIDH sobre la solicitud de medidas cautelares, debe proteger y asegurar la vida y la integridad personal de los miembros MAO, de los familiares de las víctimas y de los testigos del caso.

 

Contacto en Costa Rica

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL y organizaciones colombianas insisten ante la CIDH sobre la necesidad de fiscalizar el proceso de desmovilizacion de paramilitares

Mar, 07/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y varias organizaciones colombianas solicitaron, ayer, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie de manera urgente sobre la incompatibilidad del marco jurídico del proceso de desmovilización de paramilitares con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, las organizaciones llamaron nuevamente la atención a la CIDH acerca de la ausencia de garantías respecto del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el proceso que está verificando la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). El pedido tuvo lugar en el marco del 124° período ordinario de sesiones de la CIDH que se está llevando a cabo en la sede de la organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones presentes expresaron nuevamente su disconformidad con la manera en que se está llevando a cabo el actual proceso de desmovilización de paramilitares, y sus preocupaciones sobre la ausencia de atención a temas de derechos humanos en los informes de la MAPP/OEA acerca de este proceso. Al respecto, CEJIL y las organizaciones colombianas insistieron en la necesidad de un pronunciamiento jurídico y oficial de la CIDH acerca del marco legal del proceso de desmovilización. Esto se hace más urgente en la medida en que el nuevo informe sobre la MAPP/OEA se pronunció elogiosamente sobre el decreto que reglamenta la llamada Ley de Justicia y Paz.

Para facilitar una asesoría de la CIDH a la MAPP/OEA que contribuya a la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia, las organizaciones presentes señalaron la importancia de que la MAPP entregue a la CIDH toda la información que aquella recoja y reciba sobre violaciones al cese de hostilidades. Asimismo, recomendaron que cada vez que haya un informe sobre la MAPP/OEA la CIDH emita un informe autónomo que analice el proceso de desarme, desmovilización y reinserción paramilitar desde la perspectiva de los derechos humanos en el cual recoja información de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la información que recibe de la misma MAPP. Dicho informe también debe incluir un seguimiento de la aplicación del marco jurídico de desmovilización dirigido a promover una revisión de las leyes que se están aplicando.

También se le solicitó a la CIDH que elabore un informe especial sobre el tema de tierras y desplazamiento forzado interno y transfronterizo en Colombia, tema particularmente relevante debido al trabajo de verificación que debe hacer la MAPP/OEA para la efectiva desarticulación de las estructuras paramilitares.

“Para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, la CIDH debe dedicarse de manera particular a estudiar la situación de los 3 millones de colombianos y colombianas que se vieron en la obligación de salir de sus lugares habituales de residencia o trabajo entre 1995 y 2005,” manifestaron las organizaciones en la audiencia. Debido a la importancia de este tema, las organizaciones solicitaron que la CIDH designe una comisión especial que realice una visita a Colombia y estudie de manera específica el tema de tierras y desplazamiento forzado.

Junto a CEJIL participaron de la audiencia, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Sisma Mujer, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Reiniciar y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Respeto a los derechos humanos aún es un tema pendiente en México

Mar, 07/03/2006

La Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de los derechos humanos en México.

Las organizaciones señalaron que pese a que la administración del presidente Vicente Fox inició un proceso de reforma en materia de justicia y derechos humanos, todavía hay tareas pendientes importantes para que la población goce del pleno disfrute de sus derechos. Uno de los retos impostergables es avanzar con una justicia pronta, expedita e imparcial, que garantice a todos los ciudadanos una tutela judicial efectiva.

Por otro lado declararon que la legislación mexicana aún no se adecua completamente a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, ya que no se otorga rango constitucional a los tratados internacionales referidos a estos temas y ratificados por ese país.

También denunciaron la militarización de los cuerpos policiales y que sigue aplicándose la jurisdicción militar en casos que involucran a la población civil. Enfatizaron que el fuero militar perpetra la impunidad en beneficio de sus agentes. Por lo tanto, es urgente una reforma legal para prohibir la aplicación expansiva del fuero de guerra hacia civiles y que se clarifique que la investigación y persecución de los delitos, así como, las tareas de seguridad pública son propias de las fuerzas policíacas del orden civil y no militar.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la situación que enfrentan las mujeres y los pueblos indígenas mexicanos a quienes les son sistemáticamente violados sus derechos humanos. Informaron sobre los ataques cometidos contra los defensores de derechos humanos y los periodistas. México se colocó en el 2005, por segundo año consecutivo, como el primer país latinoamericano donde se cometió el mayor número de homicidios contra periodistas. En el caso de los defensores de derechos humanos se ha obstaculizado su labor con actos que van desde el hostigamiento, el robo de oficinas, amenazas de muerte, homicidios, fabricación de delitos, vigilancia, desalojos de manifestaciones, censura para difundir información relativa a derechos específicos, detenciones arbitrarias, hasta formas más sofisticadas como el robo cibernético de recursos económicos.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH monitoree de cerca la problemática mexicana y le dé seguimiento a las recomendaciones que se le hicieran al Estado en el informe emitido por la Comisión sobre los derechos humanos en México de 1998.

Denuncian situación de derechos humanos en Guatemala

Mar, 07/03/2006

En el día de ayer, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) participaron en tres audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) en las cuales abordaron temas relacionados con la situación de los derechos humanos en Guatemala. La CIDH se encuentra celebrando su 124° período ordinario de sesiones en la sede de la OEA en Washington, D.C.

La primera audiencia se centró en las dificultades que enfrenta el Estado guatemalteco para dar cumplimiento a las medidas cautelares (de protección) ordenadas por la CIDH a favor de víctimas de violaciones de derechos humanos. Las organizaciones presentaron un diagnóstico de la situación y señalaron que en algunos casos las medidas no son implementadas, en otros lo son pero de forma ineficiente y que algunos beneficiarios deben correr con los gastos que implica su implementación. La incertidumbre de las víctimas en cuanto a la vigencia de las medidas y la falta de investigación de los hechos que generaron las mismas fueron también señaladas como parte del problema.

Se hizo especial referencia a las medidas cautelares que se concedieron a las personas que viven con VIH Sida, indicándose que el Estado aún no se había hecho cargo del compromiso frente a ellas y que eran organizaciones no gubernamentales las que asumían la compra de medicamentos y la atención médica.

La segunda audiencia se refirió a los obstáculos en la investigación de casos de violaciones de los derechos humanos. Se citó la descoordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, los actos de intimidación contra operadores de justicia y la poca seguridad que se le brinda a los testigos en los procesos judiciales. El Estado reconoció tales señalamientos e informó sobre su intención de poner en marcha mecanismos tendientes a establecer acuerdos interinstitucionales para lograr resultados más efectivos en las investigaciones señaladas.

Ante ello, CEJIL y CALDH le pidieron a la CIDH que le dé seguimiento al tema de las dificultades en las investigaciones y que convoque a una audiencia en su próximo período de sesiones con el fin de evaluar las iniciativas tomadas por el Estado.

En la audiencia sobre derechos económicos, sociales y culturales CEJIL y CIIDH brindaron información actualizada acerca de la problemática que vive la población guatemalteca para acceder a estos derechos. Es importante mencionar que Guatemala es uno de los países con más altos índices de desigualdad a nivel mundial y de Centroamérica es el que menos invierte en salud. También se proporcionaron datos sobre la situación de riesgo que viven los líderes, defensores y colectivos que trabajan en estos temas. En los últimos meses se han incrementado las acciones de seguimiento, acoso y persecución contra dirigentes de organizaciones sociales.

En todas las audiencias el Estado guatemalteco estuvo representado por altas autoridades, entre ellas, la Viceministra de Gobernación, el Fiscal General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Secretario General de la Corte Suprema, el Director del Sistema Penitenciario y el Presidente de COPREDEH (Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos).

Se denuncia deteriorio de la administracion de la justicia en Nicaragua ante la CIDH

Mar, 07/03/2006

El día de ayer, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el deterioro progresivo de la administración de justicia que caracteriza a Nicaragua y que se ha profundizado con los últimos escándalos de corrupción, politización e instrumentalización partidaria de los órganos jurisdiccionales.

Las organizaciones señalaron que recientemente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para resolver el aparente conflicto político entre los magistrados liberales y sandinistas del Consejo Supremo Electoral (CSE), emitió una sentencia autorizando la incorporación de Magistrados Suplentes sandinistas para evitar la paralización de dicho órgano. De esa manera, se utiliza a la CSJ para dirimir un conflicto político interno del CSE.

Además se refirieron al debate que en los últimos cinco años se ha generado por el Pacto acordado entre las cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que ha desembocado en graves cambios legales e institucionales de los cuales no ha escapado la administración de justicia nicaragüense

CEJIL y CENIDH esperan que la Comisión recomiende e impulse las transformaciones jurídicas e institucionales necesarias para fortalecer el aparato judicial y contribuir al proceso de consolidación de la incipiente democracia en el país.

Durante esta audiencia, las organizaciones reiteraron las peticiones formuladas en el anterior período de sesiones de la CIDH, durante el cual se abordó la falta de independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales. Lo que en palabras de la Comisión “podría afectar el normal desarrollo de los procesos electorales a celebrarse en el curso del año 2006…”.

Principalmente se le solicitó a este organismo internacional que elabore un informe especializado sobre administración de justicia en Nicaragua, con el fin de analizar su situación y su impacto en la protección de los derechos humanos y que realice con urgencia una visita, antes del próximo 5 de noviembre, fecha de las próximas elecciones nacionales, para que constate la situación general del país en materia de derechos y libertades fundamentales.

Costa Rica ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

Dom, 05/03/2006

El 3 de marzo pasado, el Estado de Costa Rica asistió a una convocatoria que le hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar el tema de los derechos de las personas migrantes en ese país. La audiencia fue solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones de Costa Rica (la Red).

Estas organizaciones denunciaron múltiples violaciones a los derechos humanos de la población migrante e hicieron énfasis en los problemas de acceso a la educación y a la salud y en las deplorables condiciones laborales que tienen que afrontar las personas migrantes. Apuntaron que la falta de documentación es un obstáculo para acceder a los servicios públicos y hacer efectivos sus derechos. Es por eso que, los peticionarios solicitaron a la Comisión que recomendara al Estado de Costa Rica tomar las medidas pertinentes para regularizar a las personas que demuestren su arraigo a la sociedad costarricense.

Durante la audiencia, también se expresó preocupación por la discriminación que sufren los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. A muchos se les condiciona la matrícula definitiva en las escuelas hasta que ellos y sus padres demuestren que cuentan con documentos para estar legalmente en el país. Además, a la niñez migrante no se le da ninguna adecuación curricular y los docentes no están capacitados para comprender su realidad.

Otro tema que fue debatido fue la nueva legislación costarricense sobre migración. Las organizaciones peticionarias de la audiencia manifestaron su preocupación porque esta acentúa los problemas planteados y no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos, en materia de migración. Por eso consideraron de relevancia que el Estado costarricense ratifique la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Después de exponer estos temas, la Comisión solicitó información sobre la detención administrativa, a lo cual los peticionarios respondieron que no existían plazos máximos y que en ocasiones los migrantes han permanecido hasta ocho meses recluidos en deplorables condiciones, ya que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para su pronta deportación.

Por su parte, el Estado de Costa Rica manifestó que el fenómeno de la migración desborda su institucionalidad e invitó a la Relatoría Especial sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH a visitar el país para que actualice su informe del 2002, sobre la situación de los migrantes; y reconoció que elaborar una política pública en materia de migración es un reto pendiente.

Organizaciones de derechos humanos solicitan que CIDH visite Chiapas

Jue, 13/03/2008

Washington D.C.

 

Ayer, el Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante (COFEMO), el Centro de Derechos de Las Mujeres, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), informaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en audiencia pública acerca de la situación de los derechos humanos de las mujeres en Chiapas y solicitaron la visita de la CIDH a este estado mexicano.

Las organizaciones abordaron la discriminación y violencia contra la mujer y procuración de justicia, feminicidios, la afectación de la militarización en las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud y a la educación, la situación de las mujeres privadas de libertad y el derecho a la tierra con énfasis en la tierra ejidal.

Señalaron, además, que Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena en el país, junto con Oaxaca y Guerrero y también uno de los estados de la República mexicana con mayor índice de pobreza y extrema pobreza, asimismo es una región que vive una situación de conflicto interno. Todas estas situaciones afectan a las mujeres de forma particular, ya que en Chiapas las mujeres además de ser discriminadas en razón del género, sufren doble y triplemente por el hecho de ser pobres e indígenas.

Denunciaron también que las políticas públicas estatales y las leyes que se han creado no han sido suficientes para combatir la situación violatoria que viven las mujeres chiapanecas. Asimismo, informaron sobre la difícil situación en la que se encuentran las defensoras de derechos humanos en el mencionado estado. Ellas son amenazadas y hostigadas y al acudir a los tribunales a presentar sus denuncias sufren el descrédito por parte de las autoridades judiciales por el simple hecho de pertenecer a una organización. En este sentido, mencionaron los casos de dos mujeres defensoras de derechos humanos que enfrentan procesos judiciales.

Las mujeres indígenas en Chiapas viven cotidianamente violencia de diferentes tipos, desde la física y psicológica por sus parejas, así como violencia económica que se ve reflejada en el poco porcentaje de mujeres que son propietarias de parcelas en sus ejidos, al considerarse que la propiedad será mejor preservada por el hombre que por la mujer, bajo la creencia de que ésta al contraer matrimonio generará que la tierra le pertenezca a otro hombre.

Chiapas ocupa el primer lugar en México en muertes materno infantiles, con lo cual las mujeres que dan a luz en este lugar se encuentran en especial vulnerabilidad. Además de que la creciente militarización del Estado pone a las mujeres en una posición difícil.

Consecuencia de la falta de acceso de las mujeres a la tierra, es la exclusión de las mismas de la toma de decisiones en las comunidades, ya que son los ejidatarios los que deciden y esto es respaldado por los usos y costumbres de los pueblos indígenas y tolerado por el Estado mexicano. Es así como los reglamentos de los ejidos, los cuales son avalados las autoridades contemplan en algunos casos la expulsión de la mujer del ejido si se casa con un hombre que no pertenece al mismo.

Por otro lado, respecto de las mujeres privadas de libertad las organizaciones indicaron que éstas se encuentran en deplorables condiciones y sufriendo violaciones sexuales, recluidas en centros ubicados lejos de donde viven sus familiares.

Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión dar seguimiento a las recomendaciones que ella misma hizo en el informe de la visita que realizó a Chiapas en 1998 y pidieron una nueva visita.

La Comisión se mostró muy interesada en los temas expuestos y el relator para México señaló que es posible que efectúe una visita a Chiapas para verificar los hechos señalados por las organizaciones y monitorear la situación de derechos humanos.

Contacto:

 

Nancy Marín Espinoza

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

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Organizaciones de Republica Dominicana expusieron a la CIDH sobre la existencia de legislación migratoria discriminatoria

Sáb, 04/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, junto a la Mesa Nacional para las Migraciones y la Red de Encuentro Dominco-Haitiano Jaques Viau participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de exponer sobre la incompatibilidad de la ley general de migraciones de República Dominicana con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, cuyo contenido es particularmente discriminatorio de las comunidades haitianas y dominico haitianas.

En la audiencia, las organizaciones señalaron que la Ley de Migración No. 285-04, aprobada en agosto de 2004 por el Congreso Nacional, reduce la cuestión migratoria a la inmigración, y particularmente, al caso de los haitianos. Presentaron a la CIDH un informe que advierte que la mencionada ley se aprobó a través de un mecanismo tortuoso y apresurado y con total desconocimiento por parte de la opinión pública del país.

CEJIL y las organizaciones presentes en la audiencia expresaron que dicha ley desconoce el marco constitucional dominicano y el marco normativo del Sistema Interamericano de Protección y Promoción de los Derechos Humanos. Informaron además que tanto la ley de migración como su propuesta de reglamentación crean un clima donde se violan los derechos humanos. La ley y su propuesta de reglamentación violan los derechos a la nacionalidad, nombre, la protección especial de los niños, circulación y residencia, protección judicial e igualdad ante la ley entre otros y crean un clima en que los derechos a la vida e integridad física pueden ser conculcados.

CEJIL y las organizaciones de República Dominicana le pidieron a la CIDH que inste al gobierno dominicano que adopte una política migratoria de acuerdo con sus obligaciones bajo el derecho interamericano y que asimismo le recuerde que las expulsiones masivas de residentes en situación irregular son violatorias de los derechos humanos y contradicen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita por dicho país.

Finalmente, le solicitaron a la CIDH que de seguimiento al cumplimiento por parte del gobierno dominicano de la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso Yean y Bosico referida a la política migratoria y que realice una visita al país con la presencia de los relatores especiales para afro-descendientes, la mujer y la niñez.

Problemática de los pueblos indígenas y el trabajo infantil en Centroamérica fueron expuestas ante la CIDH

Sáb, 04/03/2006

Durante el día de ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió en una audiencia, en horas de la mañana, a varios representantes indígenas de Centroamérica, quienes dieron a conocer los problemas que enfrentan los pueblos originarios de esta región. Ese mismo día, pero en la tarde, las organizaciones Marcha Global contra la Explotación Laboral de la Infancia (Marcha Global) y Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI) presentaron ante la CIDH la preocupante situación del trabajo infantil en la región.

En la primera, estuvieron representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) e indígenas del Consejo Indígena de Centroamérica, Centro de Acción Legal - Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y del Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS) , quienes informaron a la CIDH sobre el contexto económico y político que caracteriza a la región y cómo les afecta, positiva y negativamente; así también, señalaron las principales problemáticas que deben enfrentar en materia de conservación de sus territorios en salud, educación y acceso a la justicia, entre otros. Hicieron especial referencia a la situación de las mujeres indígenas.

Otro aspecto que fue resaltado en la audiencia fue el irrespeto a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, ya que les imponen represas hidroeléctricas, minas o proyectos turísticos en sus propias tierras sin consultarles. Los estados también negocian tratados de libre comercio o proyectos regionales que afectan su modo de vida, entre ellos señalaron el Plan Puebla Panamá y el tratado de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos.

Finalmente, se refirieron a las iniciativas internacionales para defender los derechos de los pueblos indígenas, pero lamentaron que pese a ellas continúan siendo víctimas de discriminación y exclusión, lo cual se materializa en su vida diaria a través de políticas públicas de los gobiernos, en las relaciones sociales, en los modelos de producción y en la cooperación para el desarrollo. Como ejemplo, resaltaron el hecho de que incluso en algunos países como en El Salvador se niega la existencia de los pueblos indígenas.

La CIDH manifestó su preocupación por la falta de acceso de los indígenas a la vida política de sus países. Al concluir la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Comisión elaborar un informe regional continental sobre la situación de los pueblos indígenas que aborde sus problemáticas más agudas y haga las recomendaciones pertinentes.

En la audiencia sobre trabajo infantil, se informó a la CIDH que al menos el 17% de los niños, niñas y adolescentes centroamericanos con edades entre 5 y 17 años se cuenta oficialmente entre la población trabajadora, lo que representa cerca de 2 millones de personas menores de edad. Las cifras no reflejan el trabajo infantil invisibilizado, como lo es el trabajo doméstico en el propio hogar.

La agricultura ocupa en la región a más de 1 millón de niños, niñas y adolescentes; el comercio a cerca de 400 mil y las industrias manufactureras aproximadamente a 200 mil. Prácticamente el 70 por ciento de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en actividades relacionadas con la industria manufacturera son guatemaltecos y salvadoreños.

El trabajo infantil y adolescente está asociado a múltiples violaciones de derechos humanos. Y al igual que la exclusión educativa y la pobreza es una manifestación de un problema complejo que debe ser abordado desde una perspectiva integral, para buscar soluciones concretas. Desafortunadamente el trabajo infantil es percibido como una estrategia de subsistencia por las dificultades económicas que enfrentan las familias y no necesariamente como un problema.

En la audiencia, los peticionarios solicitaron a la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la CIDH que lleve a cabo un estudio acerca de la normativa nacional e internacional, de la reforma de las instituciones y de la inversión estatal que tienda a la prevención del trabajo infantil y que haga recomendaciones para proteger a toda persona menor de edad de cualquier forma de explotación laboral.

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