Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

CEJIL participa en audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos junto con otras organizaciones de derechos humanos del continente

Vie, 07/03/2008

Washington, D.C.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), participará desde el día de hoy y hasta el 12 de marzo, en el período de audiencias número 131º de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington, D.C., Estados Unidos.

CEJIL en coordinación con más de una veintena de organizaciones de derechos humanos del hemisferio americano, víctimas y familiares de violaciones a los derechos y libertades fundamentales, presentará temas trascendentales nacional y regionalmente en materia de derechos humanos y participará en reuniones de trabajo sobre casos presentados ante la CIDH.

El espacio servirá para que las organizaciones pongan de manifiesto las preocupaciones centrales ante la Comisión y los representantes estatales, dialoguen sobre posibles soluciones y reclamen a los Estados el cumplimiento de obligaciones internacionales en la materia. En el día de hoy organizaciones venezolanas y CEJIL abordarán ante la Comisión, la garantía efectiva de los derechos humanos en Venezuela.

La próxima semana, el día 10 de marzo, se informará tanto sobre la situación de las comunidades indígenas cautivas en la región del Chaco, en Bolivia, como sobre las restricciones indirectas a la libertad de expresión en Brasil.

Para el día siguiente, la CIDH convocó a reuniones de trabajo para analizar algunos casos de graves violaciones a los derechos humanos en México, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú en los cuales CEJIL es co-peticionaria.

Este día la CIDH también escuchará a organizaciones de derechos humanos de Oaxaca, México, que junto con CEJIL, expondrán sobre la situación de los derechos humanos en este Estado a fin de dar seguimiento a los resultados de la visita que realizó la CIDH a mediados del 2007.

En las audiencias del 12 de marzo, se expondrá la situación de los derechos humanos de las mujeres en Chiapas, México y sobre los asesinatos de mujeres en El Salvador. En relación con este último país, también se analizarán las debilidades de la administración de justicia, especialmente en la investigación de los crímenes del conflicto bélico interno.

CEJIL espera que este período de sesiones contribuya para generar cambios en las situaciones nacionales, regionales y temáticas expuestas y en los casos presentados y que la CIDH dé seguimiento a los compromisos que asuman los gobiernos convocados.

 

Contacto:

 

Nancy Marín Espinoza

 

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos

 

Organizaciones que participarán junto con CEJIL en el 131° período de audiencias:

 

Acción Solidaria

Artículo 19

Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (ABRAJI)

Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA)

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas)

Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes (Las Mélidas)

Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos (PRO BÚSQUEDA)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Centro de Derechos Reproductivos

Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)

Centro para la promoción y defensa de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”

Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Universidad de California, Berkeley, Escuela de Derecho (IHRLC)

Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante (COFEMO)

Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM)

Comité de Liberación 25 de noviembre

Comité de Madres y Familiares Cristianos por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (COMAFAC)

Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos y Asesinados Políticos de El Salvador Monseñor Oscar A. Romero (CO-MADRES)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Consejo de Capitanes de Chuquisaca (CCCH)

Defensa Legal Indígena

Defensoría de Casación de la Provincia de Buenos Aires

Departamento de Derechos Humanos del Sínodo Luterano de El Salvador (DDH-SL)

Espacio Público

Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer (DEMUS)

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD)

Global Rights

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Mental Disability Rights International (MDRI)

Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Oficina Jurídica de la Mujer de Bolivia

Open Society Justice Initiative

Organización de Mujeres Salvadoreñas Por La Paz (ORMUSA)

Servicio de Paz y Justicia de Paraguay (SERPAJ-Py)

Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas

Las condiciones de detención en Panamá violan los derechos humanos

Mar, 31/01/2006

Desde hace varios días ocupan la atención nacional e internacional las denuncias hechas por el defensor del pueblo panameño y la procuradora de la República y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en relación con las deplorables condiciones en las que se encuentran las cárceles de Panamá y peor aún, las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de los cuales son víctimas las personas privadas de libertad en ese país.

Las citadas entidades han denunciado el hacinamiento, la falta de medidas sanitarias, la improvisación de celdas en espacios inapropiados y las golpizas que reciben los presos. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL, organización de derechos humanos de carácter regional, se suma a las manifestaciones de preocupación expresadas por las entidades panameñas. Pero además, queremos señalar que los actos denunciados son violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales, lo que conlleva la responsabilidad internacional del Estado panameño.

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo tribunal de justicia de nuestro continente, ha establecido que quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. Asimismo, que frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.

El Estado debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, la privación de libertad despojaría a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es posible aceptar. La Corte Interamericana también ha sostenido reiteradamente que la prohibición de la tortura es completa e inderogable.

CEJIL considera que las denuncias planteadas por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría de la República y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso deben ser investigadas seriamente. El Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de los hechos denunciados. De no hacerlo, el Estado panameño agravaría su responsabilidad internacional y permitiría que actos condenados nacional e internacionalmente queden impunes.

Panamá ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, lo que le obliga a tomar medidas eficaces para remediar las violaciones denunciadas y prevenir la comisión de hechos similares en el futuro. En este sentido, el Estado de Panamá tiene la obligación de garantizar a las personas privadas de libertad las condiciones necesarias que respeten sus derechos humanos.

CEJIL COMPARTE SUS CONSIDERACIONES SOBRE LAS RECIENTES MEDIDAS TOMADAS EN VENEZUELA EN EL CASO DANILO ANDERSON

Venezuela y el derecho a la libertad de expresión

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea compartir con la opinión pública algunas consideraciones sobre las recientes medidas adoptadas por las autoridades judiciales venezolanas, a petición de la Fiscalía General de la República, en relación con la publicación, divulgación o exposición de las actas del expediente instruido en relación con el atentado en el que perdió la vida el fiscal Danilo Anderson. De acuerdo con la medida cautelar adoptada por el Juez Sexto de Control de Caracas, a favor del testigo Giovanny Vásquez de Armas, se prohíbe a todos los medios de comunicación social la publicación, divulgación o exposición tanto de dichas actas como de las que hagan referencia a la vida privada del testigo.

Jue, 26/01/2006

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea compartir con la opinión pública algunas consideraciones sobre las recientes medidas adoptadas por las autoridades judiciales venezolanas, a petición de la Fiscalía General de la República, en relación con la publicación, divulgación o exposición de las actas del expediente instruido en relación con el atentado en el que perdió la vida el fiscal Danilo Anderson. De acuerdo con la medida cautelar adoptada por el Juez Sexto de Control de Caracas, a favor del testigo Giovanny Vásquez de Armas, se prohíbe a todos los medios de comunicación social la publicación, divulgación o exposición tanto de dichas actas como de las que hagan referencia a la vida privada del testigo.

CEJIL reconoce plenamente la obligación que tiene el Estado de Venezuela, en su calidad de garante de los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción, de adelantar investigaciones serias y eficaces en relación con las violaciones de estos derechos, evitando, de este modo, la impunidad y la repetición de dichas violaciones. En ese sentido, CEJIL reconoce que es un deber de las autoridades judiciales venezolanas actuar con plena imparcialidad y autonomía, y garantizar, a la vez, que estas investigaciones no sean, bajo ninguna circunstancia, obstaculizadas ni entorpecidas.

En el caso particular del fiscal Danilo Anderson, CEJIL manifestó públicamente, en su momento, su abierta condena al atentado del que fue víctima y expresó su confianza en que las autoridades judiciales de Venezuela garantizarían la investigación eficaz de los hechos, el esclarecimiento de lo sucedido y el juicio y sanción de los autores, materiales e intelectuales, del crimen.

Sin embargo, CEJIL observa con preocupación las recientes medidas judiciales que prohíben publicar información relacionada con documentos provenientes de dicha investigación, en el sentido de que la medida puede afectar el pleno y libre ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

En una sociedad democrática, la garantía del libre y pleno ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento y expresión es fundamental para favorecer y fortalecer el control democrático a través de la opinión pública. Y lo es para fomentar, de este modo, la transparencia de las actividades de las autoridades y la responsabilidad de los funcionarios por su gestión pública, así como una mayor participación de las personas en los intereses de su sociedad.

Si bien es cierto que la libertad de expresión no es un derecho absoluto y que las normas internacionales de protección de este derecho en el sistema interamericano prevén la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio del mismo, a través de la aplicación de las responsabilidades ulteriores por su ejercicio abusivo, las causales para imponer estas restricciones deben estar expresa, previa y taxativamente fijadas por la ley, deben ser estrictamente necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas y no deben de modo alguno limitar, mas allá de lo estrictamente necesario, el alcance de la libertad de expresión y convertirse en un mecanismo directo e indirecto de censura previa.

En este sentido, el uso de mecanismos del derecho penal o propios del derecho penal se considera el medio más restrictivo y severo para establecer restricciones al derecho de libertad de expresión, y su uso, además de restringido, debe estar estrictamente ceñido a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en una sociedad democrática.

Lo anterior significa, como ha sido señalado por los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano[1][1], que los Estados no pueden impedir ni restringir, más allá de lo legítimamente permitido, el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Las restricciones indebidas a la libertad de expresión pueden darse, por tanto, o por su supresión o por su restricción más allá de lo legítimamente permitido.

La supresión radical de la libertad de expresión se da cuando por medio del poder público se establecen medios para impedir la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, tales como la censura previa o la prohibición de publicaciones.

Cuando un Estado restringe el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, más allá de lo legítimamente permitido, ya sea de manera directa o indirecta, se produce una violación del derecho. Esta violación no sólo afecta el derecho individual de expresar y difundir información, opiniones o ideas, sino, también, y de manera relevante, el derecho de la sociedad, como un todo, a buscar y recibir información o ideas de cualquier índole, y a poder estar, así, bien informada. La violación del derecho a la libertad de expresión afecta, de este modo, también el ejercicio y fortalecimiento de la democracia.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, CEJIL manifiesta su preocupación por el hecho de que la medida cautelar ordenada por el Juez Sexto de Control de Caracas esté afectando indebidamente el ejercicio libre y pleno del derecho a la libertad de expresión en Venezuela. Manifiesta, también, su preocupación por las investigaciones, penales o de otro carácter, que en cumplimiento de esta medida puedan ser abiertas contra periodistas o medios de comunicación, y que puedan llegar a tener el carácter de una censura previa.

En ese sentido, CEJIL exhorta, respetuosamente, a las autoridades judiciales de Venezuela a evaluar si la medida cautelar ordenada –de prohibición de publicación o difusión de los documentos provenientes del expediente del caso del fiscal Danilo Anderson- responde, estrictamente, a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en una sociedad democrática. De no ser así, la medida debería ser o levantada o modificada, para garantizar, efectivamente, la debida protección del derecho a la libertad de expresión.

Corte Interamericana dicta medidas de protección a favor de privados de libertad venezolanos

Lun, 16/01/2006

La Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió, el 13 de enero, medidas de protección para los privados de libertad del Internado Judicial de Monagas “la Pica”, en Venezuela.

La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones y CEJIL solicitaron el 21 de diciembre de 2005 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pedir a la Corte IDH el otorgamiento de medidas provisionales a favor de las personas internas en “la Pica”, dada la grave situación de violencia y de deterioro de las condiciones carcelarias que se vive en este centro de reclusión.

En atención a esta petición, la CIDH solicitó a la Corte IDH, el 29 de diciembre, medidas provisionales para proteger la vida e integridad personal de los reclusos de “la Pica”, dichas medidas fueron otorgadas el día de hoy, por el presidente de la Corte, el juez Sergio García Ramírez.

La CIDH informó a la Corte que en el 2005 murieron 43 internos, víctimas de actos de violencia en ese centro de detención y otros 25 resultaron heridos. Algunos de los factores que generan esta situación de gravedad y riesgo para los internos son “el hacinamiento, la falta de separación de internos por categorías, las deficientes condiciones sanitarias, físicas y de seguridad a las que se encuentran sometidos los internos, esto sumado a la carencia de personal debidamente calificado y entrenado”, afirmó la Comisión. También señaló que la situación se ve agravada por la falta de control en el ingreso y posesión de armas en el centro penitenciario.

La mayoría de las muertes, dentro del centro penal fueron ocasionadas por heridas de arma de fuego. Familiares de algunos internos fallecidos señalaron a los miembros de la Guardia Nacional y a los vigilantes del Internado como autores de las muertes. Las celdas colectivas están construidas para albergar a 7 personas, pero en cada una se encuentran 15 internos, los cuales no tiene camas, ni cobijas, duermen en el suelo y algunos lo hacen en pedazos de goma de espuma. Los actos de violencia y amenazas entre internos son frecuentes y las autoridades no han adoptado medidas para resolver está situación.

El Estado comunicó a la Corte que está implementando medidas con el objetivo de proteger la vida e integridad física de los privados de libertad. Algunas acciones que llevan a cabo son: la creación de una Comisión Presidencial para Atender la Emergencia Carcelaria, consignación de fondos para mejorar la infraestructura del Internado, ejecución de requisas en busca de armas, mejoras en la alimentación y en los servicios de salid de las internos. También aseguró que se investigan los actos de violencia ocurridos en “La Pica”. Sin embargo el Estado reconoció que la situación del centro penal es crítica.

La Corte decidió que el Estado venezolano debe mantener y profundizar las medidas que ya está adoptando. Además debe adoptar las medidas complementarias necesarias para evitar en forma eficiente y definitiva la violencia en dicho centro penitenciario, para que no muera, ni se afecte la integridad personal de los privados de libertad, ni de ninguna otra persona que se encuentre en el internado. Asismimo, la Corte señaló que el Estado debe diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones críticas, como las que motivan estas urgentes medidas.

El Estado debe informar a la Corte a más tardar el 23 de enero sobre las medidas provisionales que haya adoptado en cumplimiento de esta resolución del alto tribunal, y cada dos meses deberá informar al alto tribunal, sobre este tema. CEJIL espera que el Estado venezolano lleve a cabo estas acciones a la mayor brevedad posible y que de esta manera honre sus compromisos internacionales en beneficio de los privados de libertad de “La Pica”.

Vale recordar que las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio para los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que han aceptado su competencia.

Gaceta Nº 26 - Los derechos de los niños y las niñas: avances y desafíos del sistema interamericano

Gaceta Nº 26
Tipo de publicación: Gaceta
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Fecha Publicación: 2006
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Gaceta Nº 25 - La igualdad y no discriminación en el sistema interamericano

Gaceta Nº 25
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Fecha Publicación: 2005
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Gaceta Nº 24 - La tortura en democracia

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Fecha Publicación: 2005
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Gaceta Nº 23 - Asamblea General de la OEA en Fort Lauderdale / Los beneficios de la democracia y los derechos humanos

Gaceta Nº 23
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Fecha Publicación: 2005
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Gaceta Nº 22 - Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

Gaceta Nº 22
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Fecha Publicación: 2004
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Gaceta Nº 21 - Nuevas perspectivas para el litigio en casos de torturas: aspectos psicológicos

Gaceta Nº 21
Tipo de publicación: Gaceta
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Fecha Publicación: 2004
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