Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Sumarios de Jurisprudencia: Igualdad y No Discriminación

Sumarios de jurisprudencia - Igualdad y No Discriminación

CEJIL celebra la inauguración de su serie Herramientas para la Protección de los Derechos Humanos que consta de Sumarios de Jurisprudencia organizados a partir de distintos ejes temáticos.

A través de esta iniciativa se busca poner a disposición de defensores y defensoras de derechos humanos información fundamental sobre estándares de jurisprudencia nacional e internacional, apuntando de este modo a facilitar su acceso, utilización y aprovechamiento.

El primer volumen publicado se ocupa de principios de Igualdad y No Discriminación. En éste se presenta una selección de síntesis textuales de decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Informes de Fondo, Sentencias, Opiniones Consultivas- que recorren un amplio abanico de casos de discriminación y desigualdad en el continente que motivaron algún tipo de respuesta por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Ver aquí en YouTube el video del evento: Presentación del libro Igualdad y No discriminación en México, D.F. 23/07/2010 – Notimex TV

 


Tipo de publicación: Compilación de jurisprudencia
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2009
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Defensores de la infancia profundizan su conocimiento del Sistema Interamericano de DD.HH.

Taller en Washington D.C.

Fotografía de Save The Children-México

CEJIL, con el apoyo de Save the Children, organizó un taller con el objetivo de fortalecer las capacidades de incidencia politica ante la Organizacion de Estados Americanos, de defensores y defensoras de la infancia de todo el continente, que se llevó a cabo en Washington D.C. entre el 10 y el 12 de noviembre.

Fecha: 
Lun, 16/11/2009

Esclavitud y violencia rural persisten y crecen en Brasil

Audiencia ante la CIDH
Jue, 05/11/2009

Washington D.C., 5 de noviembre de 2009

 

En Brasil tiende a crecer la violencia rural, el trabajo esclavo extiende su alcance geográfico y crece la criminalización de las protestas sociales, según organizaciones no gubernamentales que informaron hoy la situación de los derechos humanos en ese país

Así lo expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST).

En 2009, hasta junio, por cada 30 enfrentamientos en el campo entre campesinos y propietarios hubo una persona muerta, mientras que en 2007 hubo un fallecido por cada 54 enfrentamientos. Además, la violencia en zonas rurales ahora afecta también a comunidades tradicionales afro descendientes (quilombolas) e indígenas.

Las organizaciones señalaron que la violencia en el campo es consecuencia de que el Estado brasileiro no ha cumplido con lo establecido en la Constitución de implementar una reforma agraria y asegurar la función social de la propiedad.

Por otra parte, denunciaron el surgimiento de milicias en el Estado de Rio de Janeiro, que son conformadas incluso por agentes policiales que toman posesión de las comunidades pobres.

Asimismo, informaron que existe una persecución en contra del Movimiento de los Sin Tierra que ha sido tolerada por el Estado. Esto no solo a través de la violencia en las desocupaciones, sino, también mediante procesos judiciales e investigaciones legislativas. En este momento está conformada la tercera comisión parlamentaria que investiga la legalidad de las acciones del MST, ya que dos conformadas anteriormente con el mismo fin no comprobaron irregularidades. Este tipo de procedimientos estigmatizan el Movimiento.

Desafortunadamente, la delegación estatal no contaba con ningún representante del Poder Judicial que pudiera informar a la CIDH sobre los niveles de impunidad en los casos de discriminación, tortura y violencia policial.

CEJIL, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el MST solicitaron a la CIDH que visite Brasil y que se reúna con las organizaciones sociales para que conozca fenómenos de discriminación, además de la racial. Las organizaciones pidieron que la CIDH visite las zonas rurales con el fin de constatar los altos niveles de violencia existentes.

La audiencia puede ser observada en el siguiente link: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Sess...

Espionaje en Colombia escandaliza a CIDH

Acoso a defensores de derechos humanos

Audiencia acerca de espionaje a defensores de DDHH en ColombiaEl comisionado de la CIDH, Sergio Pinheiro, dijo sentirse “chocado” por la información aportada el 5 de noviembre por el “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y CEJIL, acerca del espionaje, acoso e intimidación contra defensores de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Jue, 05/11/2009

Audiencia acerca de espionaje a defensores de DDHH en ColombiaEl comisionado de la CIDH, Sergio Pinheiro, dijo sentirse “chocado” por la información aportada el 5 de noviembre por el “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y CEJIL, acerca del espionaje, acoso e intimidación contra defensores de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Según Pinheiro, “es un escándalo que este tipo de acciones estén ocurriendo en un gobierno constitucional, en plena democracia. Hay que actuar de manera muy firme antes de que esto se transforme en una moda en toda la región”.

Pinheiro recomendó que la CIDH informe a otros organismos internacionales, y especialmente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acerca del espionaje contra los defensores de derechos humanos colombianos.

“La CIDH tomará las más enérgicas providencias”, aseguró el comisionado.

Al inicio de la sesión, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, explicó que se discutiría el fondo de un caso en trámite ante la CIDH, que su delegación no había recibido por adelantado los alegatos de los denunciantes y por ese motivo él y su delegación no participarían en la audiencia.

Los comisionados de inmediato respondieron que el reclamo inicial de Colombia era infundado.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifestó su más profunda preocupación por la actitud del Estado de Colombia de rehuir la discusión del espionaje contra el CAJAR.

“Es preocupante la falta de voluntad del gobierno de enfrentar la grave situación que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia debido al espionaje de agencias del Estado”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

El presidente del “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, (CAJAR), Reinaldo Villalba, reveló la existencia de un plan sistemático ejecutado contra su organización por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, mediante el Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3), que recabó información personal y familiar de los integrantes y acciones de “guerra psicológica” y neutralización del trabajo de los abogados.

“No sólo mantenían expedientes con fotos de nuestras familias y nuestros supuestos perfiles psicológicos, también implementaron descarados actos de intimidación y acoso que truncaron nuestro trabajo”, afirmó Villalba

Entre las acciones cometidas están la recolección de los datos personales de las personas y sus familias, su posición ideológica, debilidades, amigos, rutinas y rutas la interceptación de comunicaciones, el copiado de las llaves de las casas y el seguimiento a los miembros del Colectivo en viajes nacionales e internacionales.

En 2005, una integrante de CAJAR recibió una muñeca degollada con una amenaza de muerte. Los datos dentro de ese paquete coinciden con información identificada dentro de los archivos del DAS.

El trabajo del DAS se centró especialmente en obstruir el trabajo del CAJAR en instancias internacionales, como la CIDH, las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI), e incluso frustraron el viaje de una de las abogadas a la CPI.

“Esta ofensiva de espionaje nos causa mucha preocupación porque toda esa información nuestra y de nuestras familias evidentemente no era para ayudarnos”, comentó Villalba con ironía.

El DAS incluso aprovechó que miembros del CAJAR tenían medidas cautelares de protección ordenadas por la CIDH para contratar como informantes a quienes se encargaban de protegerlos.

“Los hechos presentados hoy son sólo la punta del iceberg; confirman la existencia de un patrón sistemático de persecución en contra del Colectivo y en contra de defensores de derechos humanos. En una de las expresiones más perversas, el Estado aprovechó las medidas de protección a los miembros del Colectivo para espiarlos”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

“Esperamos que el Estado Colombiano continúe las investigaciones dentro y fuera del DAS, entregue todos los informes de inteligencia que hacen referencia al CAJAR, y cese de desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos”, concluyó Krsticevic.

ORGANIZACIONES DENUNCIAN TORTURAS Y MUERTES DURANTE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Audiencia ante la CIDH

CEJIL y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunciaron el 3 de noviembre  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia documentada de cientos de casos de tortura y tratos crueles, nueve muertes en manifestaciones y un patrón de asesinatos contra líderes de la resistencia al golpe de Estado.

Mar, 03/11/2009

Washington D.C., 3 de noviembre de 2009
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia documentada de cientos de casos de tortura y tratos crueles, nueve muertes en manifestaciones y un patrón de asesinatos contra líderes de la resistencia al golpe de Estado.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de que la comunidad internacional y en especial la Organización de Estados Americanos acompañen el proceso de diálogo en Honduras y estén atentos a evitar maniobras del gobierno de facto, para eludirla su obligación de restablecer el orden constitucional, restituir al presidente Manuel Zelaya y proteger los derechos humanos.
Las organizaciones peticionarias expresaron especial preocupación por las debilidades del acuerdo firmado por representantes del gobierno de facto y del presidente Manuel Zelaya para solucionar el conflicto, que no establece plazos y da participación a instituciones vinculadas con el golpe de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, que ha avalado las actuaciones del gobierno de facto.
“Es esencial que durante este proceso la comunidad internacional y la CIDH vigilen muy de cerca la situación de derechos humanos en Honduras”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
Las organizaciones también denunciaron actos de represión durante la campaña presidencial. Ha habido 14 heridos, 50 arrestados y cuatro personas acusadas del delito de sedición. Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL, afirmó que la transferencia del control del Ejército al Poder Electoral, en lugar de garantizar la seguridad del proceso se ha convertido en un instrumento de intimidación contra opositores al golpe.
 
Datos relevantes:
• La represión policial o militar contra manifestaciones ha causado la muerte de nueve personas.
• Hay un patrón de muertes selectivas en la muerte violenta de 12 dirigentes de la resistencia. Estas muertes comparten características:
o Han sido cometidas con un modus operandi similar, con armas de fuego, sin que medie el robo y en muchos casos desde vehículos en movimiento.
o Las víctimas son destacados miembros activos de la Resistencia.
o Testigos de los hechos afirman que las víctimas fueron vigiladas por vehículos o motocicletas sin placas
o En la mayoría de los casos los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las casas.
• En los últimos 45 días, bajo la suspensión de las garantías constitucionales, 1228 personas fueron detenidas, 619 de ellas eran menores de edad.
• 120 personas han enfrentado procesos judiciales por participar en manifestaciones y de ellas seis siguen en prisión.
• Hay 546 casos documentados de personas víctimas de torturas y tratos crueles, degradantes e inhumanos, según el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura, en Honduras. Hechos de tortura y malos tratos han sido constatadas por la propia CIDH y el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura
• 115 personas han sido amenazadas de muerte. Debido a las amenazas, 20 personas han debido salir del país.
Expositoras durante la audiencia:
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL
Alejandra Nuño, directora de la oficina de CEJIL-Mesoamérica
Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL
Bertha Oliva. Directora general del COFADEH
Mery Agurcia. Documentalista de COFADEH
 

Denuncian violaciones al derecho a la libertad de expresión, participación y reunión en Nicaragua

Mar, 03/11/2009

Washington D.C., 3 de noviembre de 2009

 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de desprotección en que se encuentra un sector de la población nicaragüense debido a la instrumentalización del Poder Electoral y Judicial para fines político - partidistas. En Nicaragua las personas que expresan opiniones distintas a las del gobierno son amenazadas, agredidas y perseguidas.

 

La señora Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH declaró que la reciente resolución de la Sala Constitucional que permite la reelección del Presidente Ortega y de algunos alcaldes sandinistas es inconstitucional y afecta el derecho a la participación política y el sistema democrático nicaragüense.

 

Esta situación provocó molestia entre algunos sectores los cuales se manifestaron contra la decisión con lo cual se dio un recrudecimiento de actos represivos y agresiones contra defensores y defensoras críticos del actual gobierno. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Leonor Martínez, miembro de la Coalición de Jóvenes Nicaragüenses, quien fue víctima de agresiones por parte de grupos de choque paraestatales luego de participar en una reunión de la Coordinadora Civil, el pasado 22 de octubre. A Leonor, tres hombres que viajaban en una camioneta con la bandera de FSLN, le fracturaron el húmero, le apuntaron con una pistola y amenazaron de muerte a ella y su familia.

 

Asimismo, se denunciaron uno de los ataques más recientes dirigido contra la defensora de derechos humanos, Patricia Orozco, quien fue golpeada por agentes policiales, el pasado 30 de octubre.

 

A estos hechos le anteceden varias agresiones por parte de grupos paraestatales contra manifestantes o participantes de eventos de organizaciones o agrupaciones que se oponen a algunas políticas del actual gobierno sandinista. Por ejemplo, la agresión ocurrida en agosto pasado contra el periodista Mario Sánchez Paz, comunicador de la Coordinadora Civil quien resultó herido junto con varias personas que asistían a un evento de dicha organización. A esto se le suman las agresiones cometidas en León contra jóvenes del Movimiento Renovador Sandinista

 

Las organizaciones que participaron en la audiencia denunciaron la pasividad con que actúa la policía ante este tipo de hechos y la impunidad que impera en Nicaragua respecto de los mismos.

 

Por otra parte, las organizaciones destacaron la situación de los Partidos Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC), a quienes se les excluyó arbitrariamente de participar en las elecciones municipales del 2008 y cuyos recursos no han sido resueltos por el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral. Esta situación violenta el derecho de elegir y ser elegido, protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

En cuanto al tema de la libertad de expresión se informó a la CIDH sobre la destrucción física de equipo perteneciente a varias radios como Radio Darío, Caricias y Metro Estéreo, en la ciudad de León, por parte de elementos de choque paraestatales fuertemente armados. Además, denunciaron las interferencias en las radios 15 de Septiembre y Corporación, las cuales finalizaron por intervención del CENIDH y solo después de la celebración de las elecciones municipales del 2008. También se refirieron al cierre de Radio La Ley y señalaron el decomiso ilegal de sus equipos.

 

En la audiencia ante la CIDH se señalaron los constantes requerimientos a los medios de comunicación por parte del Estado para transmitir mensajes en radio y televisión que inclusive son usados para informar sobre eventos partidarios.

 

Finalmente otra forma de limitar la libertad de expresión es mediante acusaciones judiciales por delitos de injurias y calumnias contra periodistas que informan sobre irregularidades que involucran a funcionarios públicos del actual gobierno; tal y como le ocurrió a la periodista María Mercedes Urbina, quien denunció a autoridades municipales de Nagarote por corrupción y posteriormente fue demandada por eso. Ante la inminente imposición de una multa, la periodista optó por pedir perdón.

 

Los peticionarios solicitaron a la CIDH que el Relator del país y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, visiten Nicaragua. Ante esto los Comisionados le reiteraron la solicitud al Estado para que invite a la Comisión a visitar el país y establezca una fecha concreta. Los representantes del Estado, como lo han hecho en otras ocasiones, respondieron en forma evasiva señalando que debían consultar cuál sería el momento propicio para que la CIDH visite Nicaragua.

 

El CENIDH, CEJIL y la FIDH esperan que el Estado de Nicaragua garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la participación política y a la libre manifestación y se abstenga de propiciar conductas ilegítimas para restringir estos derechos. Además le exhortan a invitar de manera pronta a la Comisión Interamericana a realizar una visita a Nicaragua para que constate la situación de derechos humanos en el país.

 

La audiencia puede ser vista en el siguiente enlace: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Sess...

Denuncian ante CIDH agresiones a periodistas

Bajada: 

El presidente del Colegio Nacional de Periodista, William Echeverría, indicó que no han conseguido respuestas de la Fiscalía por agresiones a los comunicadores

 

Fecha: 
Mar, 03/11/2009
Cuerpo: 

Caracas, Reporte360- En sesión, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), junto con Espacio Público denunciaron las agresiones cometidas en contra de 12 periodistas de la Cadena Capriles el pasado 13 de agosto, mientras éstos protestaban en rechazo a la aprobación de la nueva Ley de Educación, así lo señaló el diario El Universal y la ONG Espacio Público.

 

La audiencia privada se concentró en discutir sobre el derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela a solicitud de Espacio Público, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica “Andrés Bello”, CNP, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela, Asociación Nacional de organizaciones de la Sociedad Civil: SINERGIA, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

 

El presidente del Colegio de Periodistas, William Echeverría, sostuvo que “no hemos conseguido una respuesta contundente por parte de la Fiscalía. Acudimos al sistema interamericano, para exigir que se haga justicia porque la impunidad genera que se sigan cometiendo excesos contra los comunicadores venezolanos”.

 

Echeverría aseguró que los integrantes de la CIDH mostraron interés, "hicieron varias preguntas para conocer en detalle la agresión”, dijo.

 

Además, agregó que “mostramos las fotografías que demuestran cómo los colegas fueron víctimas de la violencia".

 

Por otro lado, el director de Espacio Público, Carlos Correa, espera que la Comisión pronto publique un informe especial sobre la situación de los derechos humanos en el país.

 

El incremento de la represión por parte de las autoridades venezolanas fue también tema de discusión en el 137 período de sesiones de la CIDH.

 

De acuerdo a un estudio de Provea, en lo que va de año fueron reprimidas 139 manifestaciones públicas, en las cuales de 60 hubo 461 heridos.

 

Con respecto a este tema, Carlos Correa afirmó “la gente se siente con derecho y se está movilizando, y lo que vemos es que la respuesta del Estado ha aumentado con violencia”.

 

Medio de comunicación: 
Reporte 360

ORGANIZACIONES DENUNCIAN AUMENTO DE REPRESIÓN DE PROTESTAS EN VENEZUELA

Audiencia ante la CIDH

Organizaciones de la sociedad civil expusieron el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 2 de noviembre en Washington DC.

Lun, 02/11/2009

Washington 2 de noviembre de 2009 En 2008 hubo 1.763 manifestaciones en Venezuela y de ellas 83 fueron reprimidas; en 2009 ha habido 2.893 protestas y en 197 de ellas hubo represión policial, con un saldo de siete muertos. Por participar en esas actividades, 2.240 personas están procesadas judicialmente. Organizaciones de la sociedad civil ilustraron con esas cifras el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 2 de noviembre en Washington DC.
 
El Coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, detalló los nombres de las siete personas que murieron en las protestas: Dave Ávila Urbina, José González, Douglas Rojas Jiménez, Gabriel Hurtado, Pedro Suárez, José Gregorio Hernández y Yuban Ortega.
Los representantes del Estado explicaron que las detenciones y actuaciones policiales se deben a la necesidad de mantener el orden y aplicar las leyes a quienes provocan desórdenes o cometen actos vandálicos. Venezuela admitió las muertes de los manifestantes pero las atribuyó a “incidentes desafortunados” no achacables al Estado. Según los representantes del Estado, las muertes están en investigación y los sospechosos de cometerlas serán llevados a juicio.
“La gente sale a manifestarse porque tiene demandas y no tiene respuestas y necesita ser escuchada por la autoridad”, dijo Carlos Correa, director ejecutivo de la organización venezolana Espacio Público. Correa cuestionó la promulgación de un conjunto de leyes que restringen el derecho a la manifestación, como reformas al Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa que hacen discrecionales las razones para prohibirlas.
A estas actuaciones del Estado se suma la aplicación de delitos penales como “resistencia a la autoridad”, “obstaculización de vías públicas” o “perturbación del orden público” a grupos de manifestantes. Entre los más criminalizados destacan los trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantes, campesinos y activistas sociales. “Queremos que se entienda que pensar distinto o querer mejores condiciones de vida no es un delito”, enfatizó Correa.
La subdirectora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ariela Peralta, pidió a la CIDH que solicite Estado aplicar la prohibición constitucional de usar armas de fuego y sustancias tóxicas contra protestas sociales, garantizar el derecho a la protesta sin que implique represalias y establecer responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios que han usado la fuerza de manera desproporcionada.
Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación. (202) 319-3000 (202) 445-4676. mherrera@cejil.org. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Defensores reciben capacitación en seguridad

Taller organizado por CEJIL

 

TALLER DE CEJIL ACERCA DE SEGURIDAD PERSONAL, PARA DEFENSORES DE DDHH EN HONDURAS.En el marco de la crisis causada por el golpe de Estado en Honduras, los defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Muchas de estas personas han sido víctimas de agresiones, hostigamientos, seguimientos y amenazas.

Fecha: 
Mié, 14/10/2009

CEJIL RECOMIENDA CAUTELA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Acuerdo político en Honduras

CEJIL recomienda a la comunidad internacional ser cautelosa antes de emitir cualquier criterio acerca de la validez del proceso electoral hondureño, hasta que haya sido restituido en el poder el gobierno constitucional de Honduras y vuelvan a estar en vigencia los derechos y libertades fundamentales protegidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Vie, 30/10/2009

Washington D.C. 30 de octubre 2009El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda el acuerdo alcanzado el 29 de octubre entre los representantes del gobierno de facto de Honduras y del gobierno constitucional, y solicita a la comunidad internacional acompañar el proceso de diálogo así como supervisar el cumplimiento de los términos del arreglo. Sin embargo, CEJIL recomienda a la comunidad internacional ser cautelosa antes de emitir cualquier criterio acerca de la validez del proceso electoral en curso, hasta que haya sido restituido en el poder el gobierno constitucional y vuelvan a estar en vigencia los derechos y libertades fundamentales protegidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es preocupante que el documento firmado por las partes no defina plazos concretos para el restablecimiento del orden constitucional y otorgue a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de emitir una opinión previa a la aprobación del acuerdo por parte del Congreso Nacional. Para la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, una de las cuestiones críticas radica en que el acuerdo no establece plazos, y tampoco garantiza la restitución del orden constitucional ni la anulación de normas represivas que prohíben el ejercicio de derechos civiles y políticos. El documento deja el futuro de Honduras en manos de una Corte Suprema de Justicia desacreditada, que ha avalado las actuaciones del gobierno de facto, ya se ha pronunciado a favor de la persecución penal del presidente Manuel Zelaya y ha sido inoperante para proteger derechos humanos de los habitantes de Honduras.Viviana Krsticevic enfatizó que “la comunidad internacional necesita mantener un sano escepticismo ante los acuerdos alcanzados en Honduras y debe dar un seguimiento riguroso al proceso en Honduras, para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y el respeto por los derechos humanos”.Mientras las partes negociaban y llegaban a un acuerdo, continuaban ocurriendo actos de represión y uso excesivo de la fuerza contra opositores al golpe, persistía la obstrucción a la libertad de expresión de medios de comunicación y el ejército giraba órdenes para perseguir a disidentes políticos.El 29 de octubre, el ejército y la policía reprimieron en Tegucigalpa una manifestación pacífica de opositores al golpe, lanzaron gases lacrimógenos y golpearon con toletes a los manifestantes. Hubo unos 60 heridos y al menos cinco detenidos, entre ellos el dirigente sindical Juan Cruz. A la vez, los propietarios de Canal 36, Cholusat y Radio La Catracha, medios que han sido censurados por el gobierno de facto, denuncian que persisten las interferencias electrónicas a sus señales. Por otra parte, una nota enviada el 22 de octubre presuntamente por el Primer Batallón de Comunicaciones del Ejército, solicitó a numerosos alcaldes, los nombres y números de teléfono de las personas “que conforman la resistencia y que le llevan intranquilidad a los proyectos de su comunidad”. Esto ocurre mientras está vigente una directriz de la Policía Nacional que obliga a notificar con 24 horas de anticipación cualquier reunión pública y mientras sigue en vigor el decreto 124-2009, que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a clausurar emisoras de radio o televisión que emitan mensajes “en contra del Estado democrático”.Contacto de prensa:Mauricio Herrera. Director de Comunicación. (202) 319-3000  (202) 319-3000   (202) 445-4676  (202) 445-4676 .mherrera@cejil.org.

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