Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Gaceta Nº 28 - La deuda pendiente con la justicia y la verdad respecto a las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes contra la humanidad en las Américas

Gaceta Nº 28
Tipo de publicación: Gaceta
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2008
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Gaceta Nº 27 - Los derechos de los pueblos indígenas: avances y desafíos del sistema interamericano

Gaceta Nº 27
Tipo de publicación: Gaceta
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Fecha Publicación: 2007
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Pendientes de Honduras tras la condena de asesinos de ecologistas

Jue, 03/07/2008

San José, Costa Rica

 

El pasado 1 de julio, el Tribunal de Sentencia del departamento de Olancho condenó a cuatro policías por los asesinatos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo, líderes ambientalistas del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), en Honduras.

Los asesinatos de Zúñiga y Murillo provocaron que en diciembre de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara medidas de protección para garantizar la vida e integridad personal de otros líderes de MAO, a petición de esta organización y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). La Comisión solicitó al Gobierno de Honduras “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los beneficiarios e informar sobre las medidas adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que las justifican”.

Si bien el Estado de Honduras ha brindado protección personal a los beneficiarios de las medidas cautelares, existe preocupación porque los responsables de proteger a los ambientalistas son policías, siendo que también fueron policías los asesinos de Heraldo Zúñiga y Roger Ivan Murillo.

La sanción penal impuesta por los tribunales hondureños a los cuatro policías asesinos es un avance importante en la justicia del país, pero está pendiente la investigación de la autoría intelectual. También está pendiente la investigación de otras muertes de defensores y defensoras del ambiente, como la de Carlos Luna, Carlos Escaleras y Blanca Jeannette Kawas, entre otros. Estos tres casos son litigados por CEJIL y el ERIC ante la Comisión Interamericana, ya que el Estado hondureño no fue capaz de investigar y sancionar a los responsables de los hechos.

El caso Kawas fue enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero de este año. En su demanda, la CIDH expuso que,”las defensoras y defensores ambientalistas han sido víctimas de actos de hostigamientos, amenazas, persecuciones y asesinatos por parte de diversos sectores vinculados a la práctica ilegal de explotación de los recursos naturales en Honduras. Esta situación ha sido denunciada en varias instancias internacionales, tanto por organismos internacionales de protección de derechos humanos como por organizaciones no gubernamentales”.

En este caso, la CIDH como medida de reparación solicitó al Estado “adoptar en forma prioritaria una política de erradicación de la violencia contra las defensoras y defensores de los recursos naturales que incluya medidas de prevención y protección”. Así como formular “una política pública de lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores de los derechos humanos” Ante la omisión del Estado de cumplir con estas directrices, la CIDH decidió enviar el caso a la Corte.

CEJIL espera que la condena de los asesinos de Zúñiga y Murillo sea una muestra de que la justicia hondureña está dando pasos importantes hacia la erradicación de la impunidad; principalmente, porque esta impunidad ha permitido que se genere un contexto de violencia contra los ambientalistas en Honduras, sin que el Estado haya asumido eficazmente medidas de prevención e investigación.

 

Contacto en Costa Rica:

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CIDH solicitó a México proteger a defensores de derechos humanos en el Estado de Guerrero

Mié, 09/07/2008

San José, Costa Rica

 

El pasado 27 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó al Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) que solicitó al Estado mexicano la adopción de medidas cautelares a favor de 41 personas en el Estado de Guerrero, México, miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa-Tlapaneco (OPIM/OPIT), con el fin de proteger su vida y su integridad.

Se trata de una ampliación de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en enero de 2005 a favor de otros miembros de la OPIM, entre ellos Obtilia Eugenio Manuel, quien fue víctima de amenazas después de denunciar la violación sexual de las indígenas tlapanecas, Inés Fernández y Valentina Rosendo, por parte de elementos del ejército, casos que actualmente son del conocimiento de la CIDH.

Esta es la segunda ocasión en que la CIDH decide ampliar las medidas cautelares para proteger a los miembros de esta organización. La primera vez fue en septiembre de 2007, debido al temor que existía por su integridad y seguridad personal.

La solicitud de la CIDH al Estado mexicano se da en virtud de las amenazas, actos de hostigamiento e intimidación que sufren los miembros de la OPIT con el propósito de amedrentarlos y limitar su actividad como defensores de derechos humanos. Entre los hechos que la CIDH consideró para ampliar las medidas y determinar que la vida e integridad personal de los miembros de la OPIT están en riesgo se encuentra el asesinato del hermano de Inés Fernández, cuyo cuerpo mostró signos de tortura. Asimismo, la detención en un retén militar de Natalio Ortega y Romualdo Santiago, ambos sobrinos de Inés Fernández, Raúl Hernández, Orlando Manzanares, líder de la OPIT en la comunidad de Camalote y quién representó y acompañó a víctimas de esterilización forzada en su demanda contra el gobierno estatal y Manuel Cruz, víctima de esterilización forzada.

Estas medidas cautelares ordenadas por la CIDH tienen especial relevancia porque pretenden proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que han ejercido una valiosa labor en la promoción y defensa de los derechos humanos del pueblo indígena me’phaa.

En su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, publicado en 2006, la CIDH expresó “que las defensoras y defensores de derechos humanos tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia” y reconoció al igual que la Corte Interamericana que “el respeto por los derechos humanos en un Estado democrático depende en gran parte de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de los derechos humanos para desplegar libremente sus actividades y que es conveniente prestar especial atención a las acciones que limiten u obstaculicen [su] trabajo […]”.

Las organizaciones peticionarias de las medidas cautelares esperamos que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales e implemente en forma inmediata mecanismos que garanticen la vida y la integridad de las personas beneficiarias de tales medidas. Asimismo es importante que se lleve a cabo un proceso judicial justo, imparcial y apegado a derecho en el caso de los 5 detenidos el 17 de abril de 2008 para que se garantice su derecho al debido proceso y a las garantías judiciales. También se espera que México realice una investigación exhaustiva, independiente e imparcial para determinar a los responsables de los hechos que motivaron las medidas de protección.

 

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Carta pública de CEJIL sobre el asesinato de Monseñor Gerardi

Mié, 23/04/2008


San José, Costa Rica,

El próximo 26 de abril se celebra el décimo aniversario de la muerte del obispo guatemalteco Juan Gerardi. En el marco de esta conmemoración el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) desea hacer un reconocimiento público a la labor de Monseñor Gerardi en su lucha por la búsqueda de la verdad, la cual se encuentra plasmada en el informe de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), Guatemala Nunca Más.

Gerardi, de 75 años de edad, fue asesinado a golpes en la cochera de la casa parroquial de la iglesia San Sebastián, dos días después de haber hecho público el mencionado informe. En el Remhi se documentaron más de 55.000 violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado guatemalteco y la mayoría de casos se le atribuyeron al ejército. El informe está escrito en cuatro tomos, conteniendo testimonios de las víctimas y analiza las formas y causas de la violencia y plantea recomendaciones.

Actualmente, dos militares y un sacerdote cumplen una sentencia de 20 años de prisión por el asesinato de Gerardi. Sin embargo la justicia guatemalteca aún tiene una deuda pendiente porque diez años después del crimen de Gerardi aún se desconoce la identidad de los autores intelectuales.

En días recientes el cardenal Rodolfo Quezada Toruño recordó que la muerte del religioso sigue siendo una herida abierta en la Iglesia de Guatemala, que está dispuesta a perdonar, pero quiere saber “a quién y de qué”. El cardenal pidió que se esclarezca el asesinato del religioso. CEJIL se suma a esta solicitud ya que Monseñor Gerardi no sólo fue un defensor de los derechos humanos, sino que además hizo grandes esfuerzos por la búsqueda de la verdad respecto de los hechos ocurridos durante el conflicto armado. Ahora es necesario que la sociedad también sepa la verdad sobre los hechos que rodearon su muerte y que se haga justicia. Además de atender las recomendaciones hechas en el Remhi para que hechos tan graves como esos no vuelvan a repetirse.

 

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Organizaciones de derechos humanos piden a Honduras investigar las denuncias de corrupción que hacen los fiscales

Vie, 18/04/2008


Tegucigalpa, Honduras

Desde el pasado 7 de abril un grupo de fiscales del Ministerio Público hondureño se
encuentra en huelga de hambre como protesta por el archivo de numerosos casos de
corrupción en los que están involucradas personas influyentes en el campo político-partidario o económico. Además, porque los fiscales que investigaban casos de corrupción han sido removidos de sus puestos con el fin de que no avancen las investigaciones.

Entre las solicitudes de los fiscales en huelga de hambre destacan: que se elabore un
inventario de todas las causas de delitos de corrupción que se mantienen en archivo o
engavetadas, que se agilicen las acciones contra la corrupción ya iniciadas en el órgano
jurisdiccional, que cesen los despidos o traslados de los y las fiscales comprometidos en las causas contra la corrupción y, que se reorganice la fiscalía especial contra la corrupción. Piden también que la máxima autoridad del Ministerio Público no intervenga en los asuntos internos de la asociación de fiscales, y que la próxima elección del Fiscal General y Fiscal Adjunto considere fundamentalmente el perfil profesional de los candidatos, por encima de los compromisos político-partidarios.

Ante esta situación y por lo delicado del tema, el Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras
(COFADEH), la Asociación de Jueces por la Democracia y el Equipo de Reflexión,
Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC) consideran prioritario que el Estado de Honduras proceda a una inmediata investigación para determinar la veracidad de las acusaciones. El Estado debe garantizar no sólo una debida diligencia en la investigación de la corrupción, sino además la independencia de los operadores de justicia.

Las organizaciones le recuerdan al Estado hondureño los compromisos asumidos al ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción. En el preámbulo de dicho instrumento se señala que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. La democracia representativa exige combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.

 

Contactos en Honduras:

 

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)

Berta Oliva

Teléfono: 504 220 52 80 / 222 71 44
E-mail: cofadeh@sdnhon.org.hn

 

Asociación de Jueces por la Democracia:

Adán Guillermo Lopez

Teléfono: 504 9986-6565
E-mail: glopezlone@hotmail.com

 

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC)

Padre Ismael Moreno

Teléfono: 504 647-4227 648-1412/13
Email: melosj@jesuits.net

 

Contacto en Costa Rica

 

CEJIL
Teléfono: 506 2280-7473
E-mail: nmarin@cejil.org

Medidas cautelares en favor de personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico en Paraguay

Mié, 30/07/2008

Washington, D.C.

 

El día de hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el otorgamiento de medidas cautelares a favor de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico en Paraguay.

La medida fue solicitada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Mental Disability Rights International a raíz de la sucesión de hechos de violencia ocurridos al interior del nosocomio, que afectaron la vida e integridad de las personas internadas ahí y que resultaron en la muerte de cuatro personas, la violación de una mujer, heridas graves sufridas por otras dos mujeres y la castración de un hombre, además de existir múltiples denuncias sobre abusos sexuales y por falta de cuidado a los pacientes del lugar. El Estado, por su parte, ante estos hechos no había adoptado medidas adecuadas para salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad física, sexual, mental y moral de las personas internadas en el Hospital Neuropsiquiátrico.

La Comisión al dictar las medidas cautelares solicitó al Gobierno de Paraguay que adopte todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad personal de los y las pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico, en especial para prevenir la ocurrencia de nuevos actos de violencia física y sexual al interior del Hospital, y requirió que informe sobre las medidas adoptadas para investigar los presuntos abusos sexuales y hechos de violencia que habrían resultado en la muertes de varias personas, con el fin de prevenir la repetición de tales hechos.

La Comisión Interamericana ya había concedido medidas cautelares en relación con las pacientes del Neuropsiquiátrico en diciembre de 2003.

 

Contacto

Liliana Tojo

Directora Cejil Sur

Tel/Fax: 54-11-4328.1025

Correo electrónico: ltojo@cejil.org

Fuga de policías que asesinaron ambientalistas en Honduras fomenta la impunidad

Jue, 31/07/2008

San José, Costa Rica

Tres de los cuatro policías que fueron condenados por el asesinato de Heraldo Zuñiga y Roger Iván Murillo, líderes ambientalistas del Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO), se fugaron del 115 Batallón de Infantería Militar, en la Ciudad de Juticalpa, Honduras.

Inicialmente escaparon Juan José Talavera y Milton Omar Cáceres Rodríguez, y días después José Arcadio Gonzáles. Hasta el momento las autoridades estatales no han brindado ninguna explicación de lo ocurrido.

Los policías fueron sentenciados el pasado 1 de julio por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho y la individualización de la pena se realizaría el próximo 15 de agosto.

CEJIL expresa su preocupación ante la posibilidad de que el asesinato de los ambientalistas quede en la impunidad. Con la condena de los policías, el Estado de Honduras estaba dando muestras de que la justicia local sí puede ser eficiente y diligente. Es prioritario que el Estado ahora investigue si la fuga contó con la complicidad de los autores intelectuales del asesinato de los ecologistas o de otras personas involucradas, lo que evidenciaría la existencia de estructuras clandestinas que socavan la justicia y fortalecen la impunidad.

Por la fuga de los policías, CEJIL y MAO se vieron obligados a solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para los familiares de los ecologistas asesinados a fin de garantizar su seguridad e integridad. Esta misma preocupación la ha manifestado el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) ante la posibilidad de que los fugados intenten acciones contra los familiares de los ecologistas y los testigos del caso.

CEJIL exhorta al Estado a tomar todas las medidas necesarias para recapturar a los policías y sancionarles como corresponda, esta es la única forma de devolver a la sociedad hondureña y a la comunidad internacional la confianza en las instituciones estatales. Asimismo, le recuerda que independientemente del pronunciamiento de la CIDH sobre la solicitud de medidas cautelares, debe proteger y asegurar la vida y la integridad personal de los miembros MAO, de los familiares de las víctimas y de los testigos del caso.

 

Contacto en Costa Rica

Nancy Marín Espinoza

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL y organizaciones colombianas insisten ante la CIDH sobre la necesidad de fiscalizar el proceso de desmovilizacion de paramilitares

Mar, 07/03/2006

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y varias organizaciones colombianas solicitaron, ayer, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie de manera urgente sobre la incompatibilidad del marco jurídico del proceso de desmovilización de paramilitares con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, las organizaciones llamaron nuevamente la atención a la CIDH acerca de la ausencia de garantías respecto del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas en el proceso que está verificando la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA). El pedido tuvo lugar en el marco del 124° período ordinario de sesiones de la CIDH que se está llevando a cabo en la sede de la organización de Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C.

Las organizaciones presentes expresaron nuevamente su disconformidad con la manera en que se está llevando a cabo el actual proceso de desmovilización de paramilitares, y sus preocupaciones sobre la ausencia de atención a temas de derechos humanos en los informes de la MAPP/OEA acerca de este proceso. Al respecto, CEJIL y las organizaciones colombianas insistieron en la necesidad de un pronunciamiento jurídico y oficial de la CIDH acerca del marco legal del proceso de desmovilización. Esto se hace más urgente en la medida en que el nuevo informe sobre la MAPP/OEA se pronunció elogiosamente sobre el decreto que reglamenta la llamada Ley de Justicia y Paz.

Para facilitar una asesoría de la CIDH a la MAPP/OEA que contribuya a la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia, las organizaciones presentes señalaron la importancia de que la MAPP entregue a la CIDH toda la información que aquella recoja y reciba sobre violaciones al cese de hostilidades. Asimismo, recomendaron que cada vez que haya un informe sobre la MAPP/OEA la CIDH emita un informe autónomo que analice el proceso de desarme, desmovilización y reinserción paramilitar desde la perspectiva de los derechos humanos en el cual recoja información de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y otras instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, además de la información que recibe de la misma MAPP. Dicho informe también debe incluir un seguimiento de la aplicación del marco jurídico de desmovilización dirigido a promover una revisión de las leyes que se están aplicando.

También se le solicitó a la CIDH que elabore un informe especial sobre el tema de tierras y desplazamiento forzado interno y transfronterizo en Colombia, tema particularmente relevante debido al trabajo de verificación que debe hacer la MAPP/OEA para la efectiva desarticulación de las estructuras paramilitares.

“Para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, la CIDH debe dedicarse de manera particular a estudiar la situación de los 3 millones de colombianos y colombianas que se vieron en la obligación de salir de sus lugares habituales de residencia o trabajo entre 1995 y 2005,” manifestaron las organizaciones en la audiencia. Debido a la importancia de este tema, las organizaciones solicitaron que la CIDH designe una comisión especial que realice una visita a Colombia y estudie de manera específica el tema de tierras y desplazamiento forzado.

Junto a CEJIL participaron de la audiencia, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, la Comisión Colombiana de Juristas, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos, Sisma Mujer, la Corporación Jurídica Libertad, la Corporación Reiniciar y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

Respeto a los derechos humanos aún es un tema pendiente en México

Mar, 07/03/2006

La Red Nacional de organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación actual de los derechos humanos en México.

Las organizaciones señalaron que pese a que la administración del presidente Vicente Fox inició un proceso de reforma en materia de justicia y derechos humanos, todavía hay tareas pendientes importantes para que la población goce del pleno disfrute de sus derechos. Uno de los retos impostergables es avanzar con una justicia pronta, expedita e imparcial, que garantice a todos los ciudadanos una tutela judicial efectiva.

Por otro lado declararon que la legislación mexicana aún no se adecua completamente a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, ya que no se otorga rango constitucional a los tratados internacionales referidos a estos temas y ratificados por ese país.

También denunciaron la militarización de los cuerpos policiales y que sigue aplicándose la jurisdicción militar en casos que involucran a la población civil. Enfatizaron que el fuero militar perpetra la impunidad en beneficio de sus agentes. Por lo tanto, es urgente una reforma legal para prohibir la aplicación expansiva del fuero de guerra hacia civiles y que se clarifique que la investigación y persecución de los delitos, así como, las tareas de seguridad pública son propias de las fuerzas policíacas del orden civil y no militar.

Asimismo, manifestaron su preocupación por la situación que enfrentan las mujeres y los pueblos indígenas mexicanos a quienes les son sistemáticamente violados sus derechos humanos. Informaron sobre los ataques cometidos contra los defensores de derechos humanos y los periodistas. México se colocó en el 2005, por segundo año consecutivo, como el primer país latinoamericano donde se cometió el mayor número de homicidios contra periodistas. En el caso de los defensores de derechos humanos se ha obstaculizado su labor con actos que van desde el hostigamiento, el robo de oficinas, amenazas de muerte, homicidios, fabricación de delitos, vigilancia, desalojos de manifestaciones, censura para difundir información relativa a derechos específicos, detenciones arbitrarias, hasta formas más sofisticadas como el robo cibernético de recursos económicos.

Las organizaciones peticionarias esperan que la CIDH monitoree de cerca la problemática mexicana y le dé seguimiento a las recomendaciones que se le hicieran al Estado en el informe emitido por la Comisión sobre los derechos humanos en México de 1998.

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