Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

ORGANIZACIONES DENUNCIAN AUMENTO DE REPRESIÓN DE PROTESTAS EN VENEZUELA

Audiencia ante la CIDH

Organizaciones de la sociedad civil expusieron el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), este 2 de noviembre en Washington DC.

Lun, 02/11/2009

Washington 2 de noviembre de 2009 En 2008 hubo 1.763 manifestaciones en Venezuela y de ellas 83 fueron reprimidas; en 2009 ha habido 2.893 protestas y en 197 de ellas hubo represión policial, con un saldo de siete muertos. Por participar en esas actividades, 2.240 personas están procesadas judicialmente. Organizaciones de la sociedad civil ilustraron con esas cifras el incremento en la violencia, criminalización y judicialización de las protestas sociales en Venezuela, en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 2 de noviembre en Washington DC.
 
El Coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Marino Alvarado, detalló los nombres de las siete personas que murieron en las protestas: Dave Ávila Urbina, José González, Douglas Rojas Jiménez, Gabriel Hurtado, Pedro Suárez, José Gregorio Hernández y Yuban Ortega.
Los representantes del Estado explicaron que las detenciones y actuaciones policiales se deben a la necesidad de mantener el orden y aplicar las leyes a quienes provocan desórdenes o cometen actos vandálicos. Venezuela admitió las muertes de los manifestantes pero las atribuyó a “incidentes desafortunados” no achacables al Estado. Según los representantes del Estado, las muertes están en investigación y los sospechosos de cometerlas serán llevados a juicio.
“La gente sale a manifestarse porque tiene demandas y no tiene respuestas y necesita ser escuchada por la autoridad”, dijo Carlos Correa, director ejecutivo de la organización venezolana Espacio Público. Correa cuestionó la promulgación de un conjunto de leyes que restringen el derecho a la manifestación, como reformas al Código Penal y la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa que hacen discrecionales las razones para prohibirlas.
A estas actuaciones del Estado se suma la aplicación de delitos penales como “resistencia a la autoridad”, “obstaculización de vías públicas” o “perturbación del orden público” a grupos de manifestantes. Entre los más criminalizados destacan los trabajadores, dirigentes sindicales, estudiantes, campesinos y activistas sociales. “Queremos que se entienda que pensar distinto o querer mejores condiciones de vida no es un delito”, enfatizó Correa.
La subdirectora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Ariela Peralta, pidió a la CIDH que solicite Estado aplicar la prohibición constitucional de usar armas de fuego y sustancias tóxicas contra protestas sociales, garantizar el derecho a la protesta sin que implique represalias y establecer responsabilidades penales y administrativas para los funcionarios que han usado la fuerza de manera desproporcionada.
Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación. (202) 319-3000 (202) 445-4676. mherrera@cejil.org. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

Defensores reciben capacitación en seguridad

Taller organizado por CEJIL

 

TALLER DE CEJIL ACERCA DE SEGURIDAD PERSONAL, PARA DEFENSORES DE DDHH EN HONDURAS.En el marco de la crisis causada por el golpe de Estado en Honduras, los defensores y defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad. Muchas de estas personas han sido víctimas de agresiones, hostigamientos, seguimientos y amenazas.

Fecha: 
Mié, 14/10/2009

CEJIL RECOMIENDA CAUTELA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Acuerdo político en Honduras

CEJIL recomienda a la comunidad internacional ser cautelosa antes de emitir cualquier criterio acerca de la validez del proceso electoral hondureño, hasta que haya sido restituido en el poder el gobierno constitucional de Honduras y vuelvan a estar en vigencia los derechos y libertades fundamentales protegidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Vie, 30/10/2009

Washington D.C. 30 de octubre 2009El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saluda el acuerdo alcanzado el 29 de octubre entre los representantes del gobierno de facto de Honduras y del gobierno constitucional, y solicita a la comunidad internacional acompañar el proceso de diálogo así como supervisar el cumplimiento de los términos del arreglo. Sin embargo, CEJIL recomienda a la comunidad internacional ser cautelosa antes de emitir cualquier criterio acerca de la validez del proceso electoral en curso, hasta que haya sido restituido en el poder el gobierno constitucional y vuelvan a estar en vigencia los derechos y libertades fundamentales protegidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es preocupante que el documento firmado por las partes no defina plazos concretos para el restablecimiento del orden constitucional y otorgue a la Corte Suprema de Justicia la responsabilidad de emitir una opinión previa a la aprobación del acuerdo por parte del Congreso Nacional. Para la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic, una de las cuestiones críticas radica en que el acuerdo no establece plazos, y tampoco garantiza la restitución del orden constitucional ni la anulación de normas represivas que prohíben el ejercicio de derechos civiles y políticos. El documento deja el futuro de Honduras en manos de una Corte Suprema de Justicia desacreditada, que ha avalado las actuaciones del gobierno de facto, ya se ha pronunciado a favor de la persecución penal del presidente Manuel Zelaya y ha sido inoperante para proteger derechos humanos de los habitantes de Honduras.Viviana Krsticevic enfatizó que “la comunidad internacional necesita mantener un sano escepticismo ante los acuerdos alcanzados en Honduras y debe dar un seguimiento riguroso al proceso en Honduras, para garantizar el restablecimiento del orden constitucional y el respeto por los derechos humanos”.Mientras las partes negociaban y llegaban a un acuerdo, continuaban ocurriendo actos de represión y uso excesivo de la fuerza contra opositores al golpe, persistía la obstrucción a la libertad de expresión de medios de comunicación y el ejército giraba órdenes para perseguir a disidentes políticos.El 29 de octubre, el ejército y la policía reprimieron en Tegucigalpa una manifestación pacífica de opositores al golpe, lanzaron gases lacrimógenos y golpearon con toletes a los manifestantes. Hubo unos 60 heridos y al menos cinco detenidos, entre ellos el dirigente sindical Juan Cruz. A la vez, los propietarios de Canal 36, Cholusat y Radio La Catracha, medios que han sido censurados por el gobierno de facto, denuncian que persisten las interferencias electrónicas a sus señales. Por otra parte, una nota enviada el 22 de octubre presuntamente por el Primer Batallón de Comunicaciones del Ejército, solicitó a numerosos alcaldes, los nombres y números de teléfono de las personas “que conforman la resistencia y que le llevan intranquilidad a los proyectos de su comunidad”. Esto ocurre mientras está vigente una directriz de la Policía Nacional que obliga a notificar con 24 horas de anticipación cualquier reunión pública y mientras sigue en vigor el decreto 124-2009, que autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones a clausurar emisoras de radio o televisión que emitan mensajes “en contra del Estado democrático”.Contacto de prensa:Mauricio Herrera. Director de Comunicación. (202) 319-3000  (202) 319-3000   (202) 445-4676  (202) 445-4676 .mherrera@cejil.org.

Urge garantizar el trabajo de defensores y defensoras de ddhh en Honduras y la asistencia inmediata de la Cruz Roja Internacional

Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras
Lun, 27/07/2009

Tegucigalpa, 27 de julio de 2009

Desde el pasado viernes 24 de julio se vive una tensa situación en Las Manos, frontera entre Honduras y Nicaragua, como consecuencia de graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército y la Policía hondureña en un intento por evitar la llegada masiva de personas que exigen el retorno del presidente constitucional Manuel Zelaya. Además, las autoridades del gobierno de facto de Honduras obstaculizan e impiden la labor de defensores y defensoras de derechos humanos.

El 24 de julio, miles de personas intentaron llegar a Las Manos y el gobierno de facto movilizó fuerzas militares y policiales a la zona, instalando alrededor de dieciocho retenes para amedrentar a los simpatizantes del presidente Zelaya.

Cabe destacar que durante el toque de queda establecido entre las doce del medio día del día 24 de julio, vigente todo el fin de semana, se detuvo a cientos de personas. Aunque fueron liberadas horas más tarde, son arbitrarias.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos locales reportan que al menos aproximadamente dos mil personas están atrapadas entre retenes militares sin poder movilizarse y sin alimentos, medicamentos y servicios básicos mínimos.

Debido a este panorama defensores y defensoras de derechos humanos de diversas organizaciones reconocidas en Honduras como el Comité de Familiares Detenidos– Desaparecidos de Honduras (COFADEH), el Centro de Investigación y Promoción en Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro para la Prevención, Tratamiento, Rehabilitación de victimas de tortura y sus familiares (CPTRT), y de la Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras intentaron, sin éxito, llegar a la zona y los centros de detención para verificar los motivos de la privación de libertad y las condiciones en las que se encontraban dichas personas, así como para procurar su liberación; también para entregarles alimentos y otra ayuda humanitaria a las personas atrapadas en los retenes. Sin embargo, el Ejército impidió esa legítima labor. En tal sentido, se requiere la intervención inmediata de la Cruz Roja Internacional para brindar la ayuda humanitaria a las personas que se encuentran en las zonas afectadas.

La Misión Internacional de Derechos Humanos en Honduras tuvo información adicional sobre personas detenidas en la zona de El Paraíso y la presentación de recursos de habeas corpus por parte de organizaciones de derechos humanos, que no fueron tramitadas con la celeridad que se requiere en estos casos. El funcionario judicial se presentó a las postas policiales, cuando las personas habían sido liberadas por la propia población. Una vez más, se configura la falta de garantías para el acceso a la justicia por parte del gobierno de facto y las instituciones que actúan de manera parcial, lenta y poco efectiva.

En esas circunstancias, es vital la labor de las organizaciones de derechos humanos hondureñas, para las cuales demandamos garantías y respeto por parte del gobierno de facto. Tal como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Las Américas, del año 2006, “el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas”.

Las acciones del ejército y la policía los días 24, 25 y 26 de julio, y la tensión que provoca la militarización extrema de la frontera, obstaculizan la defensa de los derechos humanos en Honduras y violentan los principios establecidos en la Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998, así como las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe antes referido.

Finalmente, señalamos que las acciones del gobierno de facto dirigidas a perseguir a las personas que apoyan al presidente Zelaya son constitutivas del crimen de persecución política, el cual compete conocerlo a la Corte Penal Internacional, por lo que hacemos un llamado vehemente al fiscal general de dicho órgano para que tome las medidas que estime convenientes para prevenir mayores violaciones de derechos humanos en Honduras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

(PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA; El Salvador)

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África

(IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Solidaridad Mundial

Gobierno de facto en Honduras debe cesar la aplicación de toque de queda ilegal

Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
Sáb, 25/07/2009

Tegucigalpa, 25 de julio de 2009

El Decreto No. 011-2009 que establece la restricción de los derechos a las libertades personal, de asociación, de reunión, de libre tránsito y permite las detenciones arbitrarias y la incomunicación por más de veinticuatro horas, es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y urge el cese de su aplicación.

Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 78, y 81 de la Constitución Política de Honduras.

En el mencionado Decreto se estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 p.m. a 5:00 a.m. en todo el territorio por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo. El Decreto no establece ningún mecanismo de prórroga y, pese a ello, todavía se continúa aplicando indiscriminadamente.

A la fecha, el mismo no ha sido publicado en el Diario Oficial de la República de Honduras, aunque el artículo 211 de su Constitución Política dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.

De acuerdo con el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque se permite la suspensión de algunas garantías en situaciones que amenazan la estabilidad y seguridad estatal, la misma es “un precepto concebido sólo para situaciones excepcionales”. Además, al tenor de dicho artículo, tal suspensión sólo se puede dar “en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación” y no debe “ser incompatible con las demás obligaciones que le[s] impone el derecho internacional” a los Estados.

Dado el rompimiento del orden constitucional y la situación de facto que se vive en Honduras, este Decreto resulta ilegal. Además, su fin es absolutamente ilegítimo, irrazonable y contrario a los principios de una sociedad democrática, pues su objetivo es otorgarle al gobierno de facto los medios “legales” para acallar cualquier expresión e impedir reuniones o manifestaciones contrarias a sus intereses.

La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña en el artículo 187, para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia u otra calamidad. Ninguno de estos supuestos se aplica a la realidad hondureña; más bien, se pudo comprobar que la restricción de libertades fundamentales tiene –como principal finalidad– evitar que los sectores sociales organizados que se oponen al golpe de Estado puedan ejercer sus derechos de circulación y manifestación pacífica. En la práctica, el Decreto 011-2009 es un instrumento de control y represión.

La Misión internacional comprobó la aplicación arbitraria del citado Decreto. Desde su emisión, cada día el gobierno de facto anuncia los horarios de vigencia mediante cadena nacional en algunos medios de comunicación, los cuales varían según la región de que se trate. Por ejemplo, en el Departamento de Colón el toque de queda se aplica desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

Otro ejemplo de la arbitrariedad ocurrió el día viernes 24 de julio, cuando aproximadamente a las 11:30 de la mañana el gobierno de facto anunció que el toque de queda para las zonas fronterizas entre Honduras y Nicaragua, iniciaría a partir de las 12 horas y finalizaría a las 6 de la mañana del día siguiente. El objetivo de los golpistas era impedir las movilizaciones pacíficas de hondureños y hondureñas hacia la frontera de Honduras con Nicaragua. Como consecuencia de este anuncio, sólo en las ciudades de El Paraíso y Danlí detuvieron decenas de personas.

Desde que inició la aplicación del Decreto y según fuentes de la Dirección Nacional de la Policía hondureña, más de mil personas han sido detenidas en todo el territorio nacional “por violar el toque de queda”; aunque son liberadas algunas horas después, es claro que todas estas detenciones son arbitrarias.

Estas limitaciones al libre derecho de circulación, las detenciones arbitrarias y las amenazas, proferidas por voceros del régimen de facto sobre un posible "baño de sangre" si el Presidente Zelaya regresa a Honduras, los hace responsables directos de promover la violencia y, además, de la que se pueda desatar al impedir las movilizaciones pacíficas de sus partidarios.

La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras condena enérgicamente la utilización del Decreto No. 011-2009, como instrumento de control y represión contra las personas que se oponen al golpe de Estado; asimismo, urge a la comunidad internacional tomar todas las acciones necesarias para que el gobierno de facto cese las detenciones arbitrarias y permita a la población hondureña ejercer con efectividad sus derechos fundamentales.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

(PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Suedwind-Austria

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José

Simeón Cañas (IDHUCA-El Salvador)

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Alianza Social Continental

Solidaridad Mundial

IBIS – Dinamarca

Centro de Estudios Tricontinental

Advierten de riesgo de tragedia en Colón

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras
Jue, 23/07/2009

Tegucigalpa, 23 de julio de 2009
La Misión Internacional de Observación sobre Derechos humanos en Honduras ha podido verificar in situ las denuncias presentadas por dirigentes sociales y populares, alcaldes y candidatos electorales, y por los campesinos de la comunidad de Guadalupe Carney, en el Departamento de Colón, respecto a la supresión y vulneración de distintos derechos fundamentales ocurridas como consecuencia del golpe de Estado del pasado día 28 de junio contra el presidente constitucional Manuel Zelaya.
Entre las denuncias verificadas destaca por su gravedad la situación de la Comunidad de Guadalupe Carney, donde residen más de 600 familias aglutinadas en 45 empresas asociativas campesinas. Estas personas viven en una situación de amenaza y acoso por parte de miembros del Ejército y la Fuerza Naval hondureña, así como por fuerzas paramilitares presuntamente al servicio de empresarios, políticos y narcotraficantes de la zona que además son defensores del gobierno golpista hondureño. Distintas fuentes afirman que estas fuerzas están operando conjuntamente con el Ejército e inclusive visten uniforme militar.
Revisten especial gravedad las amenazas vertidas en forma escrita por la Cámara de Comercio e Industria de Trujillo contra la comunidad de Guadalupe Carney. Esta entidad pide expresamente la intervención armada de las fuerzas militares hondureñas contra dicha comunidad señalándola como un bastión de la resistencia contra el golpe de estado y amenaza con llevar a cabo una intervención armada por propia mano, si el ejército no interviniera conforme a su requerimiento.
La comunidad Guadalupe Carney se formó en el año 2000 cuando las familias se instalaron en las antiguas instalaciones del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM). En este lugar los Estados Unidos realizaban el entrenamiento de los ejércitos afines centroamericanos durante la década de los años ochenta.
Adicionalmente, los derechos humanos de los periodistas de la zona también son violentados, en particular el derecho a la libertad de expresión. Así por ejemplo tras recibir la orden expresa del Ejército y la Fuerza Naval de no mencionar en sus programas radiales y/o televisivos términos como “golpe de Estado” ni publicar las versiones informativas del gobierno constitucional, algunos han sido sometidos a permanente acoso, persecución y censura, incluyéndose amenazas telefónicas, cortes de electricidad y de las señales de emisión de sus programas.
Alertamos a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a la Unión Europea, de la gravedad de la situación y el peligro que corren los habitantes de la Comunidad de Guadalupe Carney, quienes podrían ser víctimas de una masacre con incontables pérdidas de vidas humanas.
La Misión Internacional de Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades nacionales y a los órganos internacionales de protección de derechos humanos, en particular a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que adopten todas las medidas necesarias para proteger a los y las habitantes de Guadalupe Carney; así como para preservar la vida y la integridad personal de los Alcaldes de los municipios de Trujillo, Tocoa, Bonito Oriental y Sonaguera, de los candidatos a alcaldes y diputados defensores del gobierno constitucional del Presidente Zelaya, de los dirigentes sociales y populares de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), de los miembros de la Federación de las Organizaciones Magisteriales de Honduras, (FOMH), y del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), así como de los periodistas y comunicadores sociales del departamento.
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)
FIAN Internacional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)
Suedwind-Austria
Alianza Social Continental
Centro de Estudios Tricontinental
Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)
Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España)
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Información sobre la Misión Internacional de Derechos Humanos a Honduras
La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca). La visita inició el 18 de julio y el grupo permanecerá en Honduras hasta el día 24 de julio. El objetivo de la misión es verificar la situación de derechos humanos en Honduras tras el golpe de estado que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya e instauró un régimen de facto.
Durante esta semana las personas integrantes de la misión se reunirán con organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, autoridades, comunidad internacional y medios de comunicación. Adicionalmente se trasladarán a otras zonas del país.
Las principales recomendaciones y conclusiones se darán a conocer al finalizar la visita, además la misión presentará un informe ante diversos organismos internacionales.

Padre de joven asesinado en Honduras es víctima de arbitraridades judiciales

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras
Jue, 23/07/2009

José David Murillo Sánchez: víctima de la arbitrariedad judicial

Tegucigalpa, 23 de julio de 2009

El día 5 de julio de 2009, fue asesinado en al aeropuerto de Tegucigalpa, el joven Isis Obeth Murillo de 19 años de edad, cuando el Ejército disparó contra los manifestantes que esperaban el retorno del Presidente depuesto, hasta el día de hoy la justicia hondureña no ha logrado identificar la responsabilidad penal de quienes por acción y/u omisión serían responsables de este homicidio.

Sin embargo la justicia hondureña, el 9 de julio del presente mes, procedió a detener al padre de la víctima, José David Murillo Sánchez, luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo.

José David, es padre de 12 hijos, es pastor de la iglesia Cristo Misionera de la Colonia Villeda Morales, es miembro del Movimiento Ambientalista de Olancho -MAO- y es defensor de derechos humanos integrante de COFADEH.

José David fue capturado porque en su contra se habría expedido una orden de captura desde el 18 de mayo de 2007, por no haber cumplido adecuadamente las medidas sustitutivas que le impuso el Juzgado de Letras en su oportunidad, en un proceso penal en curso por presunto homicidio en el grado de tentativa. La mision constató que frente a este incumplimiento no se notificó al juez de paz ni se hizo nunca alerta migratoria alguna; Murillo salió del pais en más de una ocasion. con posterioridad a esa fecha. La persecusion penal de Murillo se reanuda con ocasión de la denuncia por la muerte de su hijo,

La misión visitó el 21 de julio en Olancho a José David Murillo Sánchez en el Centro Penal de Juticalpa donde fue recluido. No se permitió por parte de las autoridades penitenciarias que pudiéramos filmar su testimonio, ni tampoco tomarle una fotografía.

El mismo 21 de julio se celebró la audiencia pública de revisión de la medida de prisión preventiva en la que su abogada reclamaba la comparecencia de su defendido y una medida sustitutiva para que se le pusiera en libertad. Sin embargo el Tribunal de Sentencia de Juticalpa, Olancho, no lo hizo comparecer y, decidió negarle el beneficio de su libertad, al considerar que no se ofrecía garantías para que no se fugara, pese a que presentó un certificado de antecedentes policiales con fecha 17 de julio de 2009 que establece que no se ha registrado que haya cometido delito o falta alguna y, una constancia de ausencia de antecedentes penales de 16 julio de 2009.

La misión tuvo al acceso al expediente y comprobó que en el curso del proceso se han cometido distintas irregularidades procesales que han afectado su derecho a la defensa, su derecho a la presuncion de inocencia y a la libertad personal.

El origen de la acusación penal sería una disputa de familias vecinas que tuvo lugar en el año 2004. La misión tuvo la ocasión de entrevistar a la denunciante quien señala que las diferencias con sus vecinos fue superada y, que son amigos con José David y su familia, hoy detenido por homicidio en el grado de tentativa sin que en el altercado hubiese habido una persona herida.

La misión constata que la decision de la Sala no toma en cuenta la falta de evidencias sobre el peligro de fuga u otro riesgo que justifiquen la privacion de libertad; entre otras el Tribunal pasó por alto que él se presentó voluntariamente al juzgado cuando se enteró de la investigación penal en su contra, que siempre ha guardado el mismo domicilio, que no se ha fugado y, que fue el propio Murillo quien en animo de cooperación con la justicia se acercó a la Fiscalia para brindar testimonio sobre la ejecución extrajudicial de su hijo; todo ello, sumado a la situacion tragica personal que debe enfrentar Murillo y su familia por la muerte de Isis Obeth.

La misión verificó que la disfuncionalidad institucional del Estado de Honduras, produce que se sancione a inocentes, mientras garantiza la impunidad para aquellos que han perpetrado graves atentados contra los derechos humanos, el orden constitucional y la legalidad en Honduras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia)

Suedwind-Austria

Alianza Social Continental

Centro de Estudios Tricontinental

Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH)

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España)

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Información sobre la Misión Internacional de Derechos Humanos a Honduras

La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca). La visita inició el 18 de julio y el grupo permanecerá en Honduras hasta el día 24 de julio. El objetivo de la misión es verificar la situación de derechos humanos en Honduras tras el golpe de estado que destituyó al presidente constitucional Manuel Zelaya e instauró un régimen de facto.

Durante esta semana las personas integrantes de la misión se reunirán con organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, autoridades, comunidad internacional y medios de comunicación. Adicionalmente se trasladarán a otras zonas del país.

Las principales recomendaciones y conclusiones se darán a conocer al finalizar la visita, además la misión presentará un informe ante diversos organismos internacionales.

Persiguen nicaragüenses en Honduras

Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras
Mar, 21/07/2009

Tegucigalpa, 21 de julio del 2009

La Misión Internacional sobre Derechos Humanos en Honduras expresa su

preocupación por la persecución desatada contra la población nicaragüense,

en medio de una crisis institucional que no se resuelve con políticas y

prácticas xenofóbicas y estigmatizantes.

En las últimas semanas han aumentado significativamente las detenciones de

personas extranjeras; en particular, de nicaragüenses que se han visto

afectados de manera desproporcionada. Sólo durante esta semana se han

registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de,

al menos, veinte nicaragüenses.

Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las

violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes Jarlen Manuel

Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía,

Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores,

Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin

Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez

López y David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente y fueron

víctimas de malos tratos. No se les ofreció asistencia consular, ni se les

brindó condiciones de detención adecuadas: en algunos casos se les mantuvo

detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión

de delitos comunes y no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas

acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.

Las autoridades responsables justifican estas detenciones con la supuesta

existencia de amenazas externas al régimen de facto. Hasta el momento, las

detenciones no han arrojado evidencia alguna sobre la participación de las

más de cien personas afectadas en acciones que comprometan la seguridad

nacional. Por el contrario, muchas de ellas son comerciantes o

trabajadoras; algunas con vínculos familiares en Honduras.

Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y

política xenofóbica, otorgando una cobertura sensacionalista de las

detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la

presencia de personas de otras nacionalidades no hondureñas en actitudes

sospechosas.

Esta Misión exige el cese inmediato de las detenciones arbitrarias en

contra de personas de otras nacionalidades, en particular nicaragüenses, y

el acatamiento por parte del régimen de facto de las normas

constitucionales y el respeto de los compromisos internacionales estatales

relativos a la protección contra la discriminación y la xenofobia, los

derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, y de los derechos y

las garantías judiciales que asisten a toda persona privada de libertad.

Se debe actuar ya para preservar los derechos humanos y restablecer la democracia en Honduras

Misión internacional sobre derechos humanos a Honduras
Dom, 19/07/2009

Tegucigalpa, 19 de julio de 2009

Es lamentable que la intransigencia del gobierno de facto dificulte la labor de mediación del presidente de Costa Rica, Óscar Arias, para lograr acuerdos que permitan superar la crisis institucional provocada por el golpe de estado en Honduras. En estas circunstancias, se agrava la ya deteriorada situación de derechos humanos y crece la preocupación por la inestabilidad democrática.

Las organizaciones y redes de derechos humanos que integramos esta misión instamos a la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) a adoptar medidas eficaces que aseguren la protección de los derechos humanos, como premisa urgente y necesaria para restituir el orden constitucional y asegurar la plena vigencia del Estado de Derecho.

Estas medidas deben estar orientadas a asegurar los derechos fundamentales a la vida, la libertad, la integridad personal, la libre expresión y la libertad de circulación, dado que en el comienzo de esta misión hemos recibido preocupantes y serias denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos de la población y sobre la ausencia de garantías para la labor de las organizaciones que defienden los derechos humanos.

Es urgente cortar todo tipo de cooperación internacional, vínculos comerciales y apoyo financiero con las instituciones golpistas y los sectores económicos que los apoyan. De igual manera, asegurar la aplicación de la resolución de la OEA para preservar la Carta Democrática Interamericana y enviar señales claras de condena a quienes promueven la violencia, con el fin de de evitar una guerra civil.

En este marco, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge la aprobación de las solicitudes de medidas cautelares que todavía están pendientes y su pronta visita al país. A su vez, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe actuar de manera urgente en esta dirección y la Corte Penal Internacional debe adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. Los Estados miembros de la UE y la delegación de la Comisión Europea en Honduras deben aplicar sus directrices sobre los defensores de derechos humanos, que actualmente ejercen su legítima labor sin garantías.

La misión reafirma que preservar la democracia, insistir en caminos de diálogo y asegurar los derechos humanos, deben guiar la solución de la crisis. Los golpes de estado y el uso arbitrario de la fuerza ya no tienen cabida en América Latina.

CIDH ordena proteger a defensores de derechos humanos en Honduras

Mar, 07/07/2009

San José, Costa Rica, 7 de julio de 2009

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a las autoridades hondureñas, el pasado viernes 3 de julio, adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de defensores de derechos humanos, periodistas, familiares del Presidente Zelaya, y observadores internacionales presentes en Honduras”.

Específicamente, la CIDH dispuso que las autoridades hondureñas de facto deben garantizar la vida y seguridad de 63 personas acerca de las cuales se considera que existe una situación de riesgo a su integridad, su libertad o su vida.

Entre los beneficiados hay líderes sociales, periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos que se han manifestado en contra del golpe de Estado en Honduras. CEJIL representa a 18 de ellos y ellas.

Las garantías solicitadas a las autoridades son especialmente necesarias respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido. “La Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad”.

La CIDH también pidió información detallada acerca de la represión de manifestaciones pacíficas “como resultado de la cual habría personas desaparecidas, heridas, golpeadas, arrestadas y en las cuales se habría lanzado bombas lacrimógenas.”

Aunque la CIDH fijó un plazo máximo de 48 horas para recibir información de la implementación de las medidas, representantes del gobierno de facto no han contestado la orden internacional.

Las medidas cautelares son una medida preventiva para evitar daños irreparables y son concedidas por la CIDH ante situaciones que ponen en riesgo los derechos humanos de las personas, sin que sea necesario pronunciarse acerca del mérito del caso. El Estado está obligado a acatarlas.

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