Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

CEJIL condena amenaza de bomba en homenaje a muertos y desaparecidos por la dictadura brasileña

Pide al Gobierno una seria investigación

CEJIL expresa su profunda preocupación y condena por la amenaza de bomba que organizaciones de la sociedad civil brasileña recibieron el pasado 15 de enero en Río de Janeiro, durante un acto de homenaje en memoria de quienes resistieron a la dictadura militar brasileña.

Mar, 19/01/2010

 

Washington D.C., 19 de enero de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su profunda preocupación y condena por la amenaza de bomba que organizaciones de la sociedad civil brasileña recibieron el pasado 15 de enero en Río de Janeiro, durante un acto de homenaje en memoria de quienes resistieron a la dictadura militar brasileña.

La ceremonia para recordar a los caídos durante la dictadura militar (1964-1985) ―efectuada en el Centro de Cultura, un edificio público en el centro de la ciudad― debió ser interrumpida de manera abrupta por la advertencia de que había sido colocada una bomba. El evento, organizado por tres organizaciones civiles brasileñas, incluía la presentación de un documental, un foro de discusión y un homenaje a los muertos y desaparecidos de la dictadura militar brasileña, con la entrega de un diploma a los familiares.

Los parientes presentes en el local declararon que percibieron un cambio en el programa, el foro de discusión fue suspendido y los homenajes fueron realizados con prisa.  Después la dirección del Centro de la Cultura informó acerca de la amenaza anónima y pidió que los presentes debían evacuar de inmediato el lugar. En ese momento, en el local había cerca de 100 personas.

Un familiar describió su experiencia: “El camino por las escaleras hacia la calle parecía una eternidad (...) de repente pensé que estábamos volviendo a los tiempos sombríos de la dictadura”.

La amenaza ocurre en un contexto en el que la sociedad brasileña discute la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura militar y la conformación de una Comisión de la Verdad.

“CEJIL condena este acto de amenaza e intimidación. CEJIL exhorta al Gobierno brasileño a que se pronuncie públicamente en repudio de estas amenazas, que tienen como objetivo intimidar y cohibir el ejercicio de la libre expresión y manifestación, así como la libertad de reunión de familiares de muertos y desaparecidos y de ex presos y perseguidos políticos que procuran garantizar su derecho a la verdad y la justicia”, declaró Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

También, CEJIL solicita a las autoridades brasileñas una investigación seria e imparcial para que este tipo de amenaza no quede impune y no genere un efecto inhibidor en el debate público.

 

 

 

Contacto en Washington D.C.

Mauricio Herrera Ulloa

Director de Comunicación

Tel (202) 319-3000

Fax (202) 319-3019

mherrera@cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y otros mecanismos de protección internacional.

 

Asesinan a defensor de derechos humanos en Honduras

Continúa la violencia en Honduras

El Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN) expresa su más enérgica condena por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Walter Tróchez, la noche del 14 de diciembre, cuando una persona desconocida le disparó en el pecho mientras caminaba en el centro de Tegucigalpa.

Mar, 15/12/2009

Comunicado del Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras (OISDHHN)

15 de diciembre de 2009

El OISDHHN expresa su más enérgica condena por el asesinato del Defensor de Derechos Humanos Walter Tróchez, la noche del 14 de diciembre, cuando una persona desconocida le disparó en el pecho mientras caminaba en el centro de Tegucigalpa.

Walter Tróchez fue un reconocido defensor de los derechos de las personas que viven con VIH y de la comunidad LGBT. Era miembro del Movimiento Ser Humano y colaborador activo del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos (CIPRODEH). Desde el 28 de junio, fecha que ocurrió el golpe de Estado en Honduras, Walter se unió al Frente de Resistencia y fue un férreo opositor de todas las arbitrariedades cometidas por el gobierno de facto.

El día 20 de julio Walter Tróchez había sido detenido arbitrariamente por participar en un plantón frente al Congreso de la República. Durante su detención fue golpeado varias veces con toletes y se le denigró por su orientación sexual.

Adicionalmente, Walter era uno de los testigos que afirmó haber visto a agentes policiales capturar al joven Pedro Magdiel Muñoz Salvador en la zona de Arauca, El Paraíso. Pedro encontró la muerte el 25 de julio durante la movilización que convocó el Presidente Zelaya hacia la frontera con Nicaragua.

El pasado 11 de diciembre, el Observatorio Internacional sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras denunció el secuestro de Walter Tróchez el 4 de diciembre. Ese día había sido secuestrado y golpeado con un arma y con puños por cuatro hombres desconocidos que usaban pasamontañas pero afortunadamente logró escapar después de varias horas de cautiverio. Durante su captura, los atacantes le reclamaron su participación en el Frente de Resistencia y lo amenazaron de muerte.

El señor Tróchez denunció lo sucedido desde el día 5 de diciembre ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal y el Ministerio Público; no obstante, ninguno de estos órganos tomó acciones para protegerlo.

Estos hechos demuestran la indefensión y el grave riesgo en que se encuentran los defensores de derechos humanos y las personas que se oponen al actual gobierno de facto. Asimismo, evidencian que nuevamente las instituciones responsables de garantizar los derechos fundamentales han fallado en su deber.

El Observatorio hace un llamado a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras y a la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que en forma inmediata investiguen estos hechos, identifiquen a los responsables y se haga justicia.

Con la muerte de Walter ascienden a 14 las personas que han sido asesinadas en condiciones sospechosas y presuntamente vinculadas al actual contexto político. A estas se suman además las 9 muertes de personas fallecidas en manifestaciones públicas en contra del golpe de Estado. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos debe dirigir todos sus esfuerzos a investigar estos asesinatos y esclarecer los hechos, sin dilaciones ni pretextos.

Al respecto recordamos que la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la investigación de graves violaciones a los derechos humanos debe estar dirigida hacia la condena de todos los involucrados en el crimen, sean estos autores materiales, intelectuales, partícipes o encubridores. Solo de esta manera podrá prevenirse la repetición de este tipo de hechos.

El OISDHHN hace un llamado a la comunidad internacional para que se mantenga vigilante ante las graves violaciones a los derechos humanos que continúan ocurriendo en Honduras.

De igual manera, el Observatorio urge a la Unión Europea aplicar las directrices para dar protección a los defensores de Derechos Humanos en Honduras, y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que continúe otorgando medidas cautelares y fiscalice la implementación efectiva de las que ya fueron otorgadas.

Se reitera el llamado a la Corte Penal Internacional para que desarrolle la acción preventiva que debe cumplir con una acción decidida y oportuna de la Fiscalía que haga conocer públicamente que está monitoreando la situación en Honduras y que está dando seguimiento a las comunicaciones que le han sido presentadas.

Finalmente se solicita las autoridades estatales hondureñas que procedan a implementar, en forma inmediata, todas las medidas de protección que sean necesarias para que los y las defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor en condiciones seguras.

Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA)

FIAN Internacional

Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y África (IEPALA-España)

Solidaridad Mundial - Bélgica

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José

Simeón Cañas” (IDHUCA-El Salvador)

Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos – Costa Rica

Asociación Arco Iris - Honduras

Para más información contacte:

Martin Wolpold-Bosien, wolpold-bosien@fian.org

Marcia Aguiluz, maguiluz@cejil.org

Luis Guillermo Pérez, LuisG.Perez@cifcaeu.org

 

 

 

 

 

 

Honduras necesita una Comisión de la Verdad independiente y creíble

Llamado de CEJIL

CEJIL hace un vehemente llamado para que en Honduras se impulse y apoye la creación y funcionamiento de una Comisión de la Verdad independiente, que investigue y establezca responsabilidades tanto por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado como por las deficiencias en el funcionamiento de diversas instituciones.

Mié, 09/12/2009

Washington DC, 9 de diciembre de 2009.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) hace un vehemente llamado para que en Honduras se impulse y apoye la creación y funcionamiento de una Comisión de la Verdad independiente, que investigue y establezca responsabilidades tanto por las violaciones a los derechos humanos ocurridas tras el golpe de Estado del 28 de junio pasado como por las deficiencias en el funcionamiento de diversas instituciones.
El acuerdo Guaymuras, del 30 de octubre de 2009, entre representantes del Gobierno de facto y del presidente constitucional Manuel Zelaya, tan solo establece la creación de una Comisión de la Verdad con el mandato de “investigar los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
“Es fundamental que se establezca una Comisión de la Verdad que sea independiente cuyos resultados sean una garantía para la sociedad hondureña de que los graves hechos de violencia y las fallas institucionales cometidas durante el golpe no se repitan. La creación de una Comisión de la Verdad debe vincularse estrechamente con la necesidad de hacer justicia y de determinar cuáles deben ser los cambios institucionales y políticos necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática”, dijo la directora ejecutiva de CEJIL, Viviana Krsticevic.
Durante el golpe de Estado han sido detenidas de manera ilegal 3.317 personas y centenares de ellas han sufrido torturas y tratos crueles e inhumanos, como lo han establecido informes del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura (CPTRT) de Honduras.
CEJIL y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) han reportado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al menos nueve muertes ocurridas durante la represión policial y militar de manifestaciones de opositores, mientras que al menos 12 dirigentes e integrantes de la resistencia contra el golpe han muerto en circunstancias violentas sospechosas.
Las instituciones democráticas han sido utilizadas para debilitar el Estado de derecho y justificar las acciones y decisiones del Gobierno de facto, y mostraron ser inoperantes para controlar los excesos y defender los derechos humanos de la ciudadanía.
Además, las elecciones del pasado 29 de noviembre ocurrieron en un contexto de intimidación en contra de quienes no querían votar y de restricciones para los opositores al golpe de Estado y no se puede considerar que ocurrieron en un contexto de respeto a las libertades democráticas fundamentales.
El Poder Judicial ha iniciado 110 procesos por sedición y traición que están relacionados con la persecución política de opositores al golpe de Estado. La Fiscalía de Derechos Humanos ha recibido más de 200 denuncias y siguen activos procesos disciplinarios contra jueces que han manifestado críticas a decisiones de las autoridades de facto.
“El golpe reveló debilidades de actores clave e instituciones. Cualquier diálogo nacional o iniciativa para conformar una Comisión de la Verdad debería reaccionar frente a estas deficiencias. Si hay un diálogo nacional ahí tienen que estar sentados interlocutores fundamentales que hasta ahora han sido excluidos. Estas son tareas en las que es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional”, dijo Krsticevic.

Contacto de prensa:
Mauricio Herrera.
Director de Comunicación.
(202) 319-3000 (202) 445-4676.
mherrera@cejil.org.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

CEJIL condena represión durante elecciones en Honduras

Ataque a manifestación y detenciones

CEJIL expresa su más enérgica protesta por la golpiza policial que sufrieron manifestantes opositores al golpe de Estado en San Pedro Sula durante las elecciones del 29 de noviembre, la detención en esa ciudad de 45 personas, el arresto de opositores al golpe en otras partes del país y la interferencia de la señal de medios críticos al Gobierno de facto.

Dom, 29/11/2009

TEGUCIGALPA, 29 de noviembre de 2009

CEJIL expresa su más enérgica protesta por la golpiza contra manifestantes opositores al golpe de Estado ocurrida hoy en San Pedro Sula y la detención por parte de la Policía hondureña en esa ciudad de 45 personas opositoras al golpe de Estado, que fueron liberadas horas después.

"Durante la jornada electoral de este 29 de noviembre hubo diversidad de incidentes que confirmaron el clima de represión en el que se llevó a cabo el proceso electoral que concluyó hoy, el cual significó la consolidación del golpe de Estado del pasado 28 de junio", dijo Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL, que se encuentra en Tegucigalpa.

Entre los detenidos en la protesta en San Pedro Sula se encuentra el ciudadano costarricense, Gustavo Cabrera Vega, coordinador latinoamericano de la organización de protección de los derechos humanos, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), que fue liberado horas después de ser arrestado. El costarricense fue detenido cuando fotografiaba la represión policial contra una manifestación opositora al golpe de Estado en el parque central de la ciudad alrededor de las dos de la tarde. Las personas arrestadas fueron encarceladas en la División del Servicio Especial de la Policía, en esa ciudad.

En ese lugar, fuerzas policiales dispararon bombas de gas lacrimógeno y de gas pimienta contra varios centenares de personas que protestaban en forma pacífica. Además, lanzaron agua a presión desde camiones hidrantes y golpearon con toletes a los manifestantes. Hay varios heridos por golpes en la cara y en la cabeza, entre ellos, un camarógrafo de la agencia de prensa Reuters.

Sin embargo, otras personas continúan arrestadas. Esa es la situación de Victor Corrales, Victor Iván Corrales Alvarado (hijo) y Fausto Arazola. Los dos primeros fueron detenidos cuando sus casas fueron allanadas en la comunidad de Danli. El señor Arazola se manifestaba en las afueras de un centro de votación en El Pedregal, Tegucigalpa, cuando lo detuvieron.

También fueron capturados en Tegucigalpa Wilson Evangelino Martínez, Carlos Colindres y Paula Jackeline Rodríguez, cuando se manifestaban contra el golpe de Estado. Ellos fueron acusados por hacer escándalo público.

En el barrio Las Cabañas de Tegucigalpa la Policía detuvo hoy en su casa a una familia completa incluyendo a un niño de 5 años. Las personas capturadas son: Suyapa Reconco Castillo, José Doré Ponce, Angel Mairena Reconco, Edgar Doré Ponce y Léster Ponce Reconco, de 5 años de edad. Suyapa pertenece a la resistencia y ella y su familia fueron acusados por delitos de sedición.

Además, las transmisiones de emisoras críticas del golpe de Estado, como Radio Globo y Radio Uno sufrieron hoy constantes interrupciones. También la señal de la cadena CNN en español tuvo al menos una interrupción temporal. El Canal 36 del todo no transmitió debido a que en la última semana su señal tuvo repetidas interferencias electrónicas que impedían emitir su programación.

"Lo ocurrido hoy en San Pedro Sula y en otras partes de Honduras es una muestra más del clima de hostigamiento, violencia e irrespeto a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión en el que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. Condenamos estos nuevos actos de represión en contra de opositores al golpe de Estado, exigimos la liberación de todas las personas detenidas, demandamos sanciones contra los responsables de violaciones a los derechos humanos y pedimos a la comunidad internacional que proteste contra los
abusos cometidos por el gobierno de facto.", insistió la abogada Marcia Aguiluz.

Contactos de prensa:
Mauricio Herrera:
(506) 22-51-23-15, 89-95-30-91
mherrera@cejil.org

Felipe Benítez: (202) 215 96-64. fbenitez@fenton.com

Nancy Marín: (506)22807473

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una
organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el
hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la
plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en
los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA),
mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos
y otros mecanismos de protección internacional.

Sumarios de Jurisprudencia: Igualdad y No Discriminación

Sumarios de jurisprudencia - Igualdad y No Discriminación

CEJIL celebra la inauguración de su serie Herramientas para la Protección de los Derechos Humanos que consta de Sumarios de Jurisprudencia organizados a partir de distintos ejes temáticos.

A través de esta iniciativa se busca poner a disposición de defensores y defensoras de derechos humanos información fundamental sobre estándares de jurisprudencia nacional e internacional, apuntando de este modo a facilitar su acceso, utilización y aprovechamiento.

El primer volumen publicado se ocupa de principios de Igualdad y No Discriminación. En éste se presenta una selección de síntesis textuales de decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos -Informes de Fondo, Sentencias, Opiniones Consultivas- que recorren un amplio abanico de casos de discriminación y desigualdad en el continente que motivaron algún tipo de respuesta por parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Ver aquí en YouTube el video del evento: Presentación del libro Igualdad y No discriminación en México, D.F. 23/07/2010 – Notimex TV

 


Tipo de publicación: Compilación de jurisprudencia
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2009
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Defensores de la infancia profundizan su conocimiento del Sistema Interamericano de DD.HH.

Taller en Washington D.C.

Fotografía de Save The Children-México

CEJIL, con el apoyo de Save the Children, organizó un taller con el objetivo de fortalecer las capacidades de incidencia politica ante la Organizacion de Estados Americanos, de defensores y defensoras de la infancia de todo el continente, que se llevó a cabo en Washington D.C. entre el 10 y el 12 de noviembre.

Fecha: 
Lun, 16/11/2009

Esclavitud y violencia rural persisten y crecen en Brasil

Audiencia ante la CIDH
Jue, 05/11/2009

Washington D.C., 5 de noviembre de 2009

 

En Brasil tiende a crecer la violencia rural, el trabajo esclavo extiende su alcance geográfico y crece la criminalización de las protestas sociales, según organizaciones no gubernamentales que informaron hoy la situación de los derechos humanos en ese país

Así lo expusieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST).

En 2009, hasta junio, por cada 30 enfrentamientos en el campo entre campesinos y propietarios hubo una persona muerta, mientras que en 2007 hubo un fallecido por cada 54 enfrentamientos. Además, la violencia en zonas rurales ahora afecta también a comunidades tradicionales afro descendientes (quilombolas) e indígenas.

Las organizaciones señalaron que la violencia en el campo es consecuencia de que el Estado brasileiro no ha cumplido con lo establecido en la Constitución de implementar una reforma agraria y asegurar la función social de la propiedad.

Por otra parte, denunciaron el surgimiento de milicias en el Estado de Rio de Janeiro, que son conformadas incluso por agentes policiales que toman posesión de las comunidades pobres.

Asimismo, informaron que existe una persecución en contra del Movimiento de los Sin Tierra que ha sido tolerada por el Estado. Esto no solo a través de la violencia en las desocupaciones, sino, también mediante procesos judiciales e investigaciones legislativas. En este momento está conformada la tercera comisión parlamentaria que investiga la legalidad de las acciones del MST, ya que dos conformadas anteriormente con el mismo fin no comprobaron irregularidades. Este tipo de procedimientos estigmatizan el Movimiento.

Desafortunadamente, la delegación estatal no contaba con ningún representante del Poder Judicial que pudiera informar a la CIDH sobre los niveles de impunidad en los casos de discriminación, tortura y violencia policial.

CEJIL, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) y el MST solicitaron a la CIDH que visite Brasil y que se reúna con las organizaciones sociales para que conozca fenómenos de discriminación, además de la racial. Las organizaciones pidieron que la CIDH visite las zonas rurales con el fin de constatar los altos niveles de violencia existentes.

La audiencia puede ser observada en el siguiente link: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Sess...

Espionaje en Colombia escandaliza a CIDH

Acoso a defensores de derechos humanos

Audiencia acerca de espionaje a defensores de DDHH en ColombiaEl comisionado de la CIDH, Sergio Pinheiro, dijo sentirse “chocado” por la información aportada el 5 de noviembre por el “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y CEJIL, acerca del espionaje, acoso e intimidación contra defensores de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Jue, 05/11/2009

Audiencia acerca de espionaje a defensores de DDHH en ColombiaEl comisionado de la CIDH, Sergio Pinheiro, dijo sentirse “chocado” por la información aportada el 5 de noviembre por el “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” y CEJIL, acerca del espionaje, acoso e intimidación contra defensores de derechos humanos por parte del Estado colombiano.

Según Pinheiro, “es un escándalo que este tipo de acciones estén ocurriendo en un gobierno constitucional, en plena democracia. Hay que actuar de manera muy firme antes de que esto se transforme en una moda en toda la región”.

Pinheiro recomendó que la CIDH informe a otros organismos internacionales, y especialmente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, acerca del espionaje contra los defensores de derechos humanos colombianos.

“La CIDH tomará las más enérgicas providencias”, aseguró el comisionado.

Al inicio de la sesión, el embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, explicó que se discutiría el fondo de un caso en trámite ante la CIDH, que su delegación no había recibido por adelantado los alegatos de los denunciantes y por ese motivo él y su delegación no participarían en la audiencia.

Los comisionados de inmediato respondieron que el reclamo inicial de Colombia era infundado.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifestó su más profunda preocupación por la actitud del Estado de Colombia de rehuir la discusión del espionaje contra el CAJAR.

“Es preocupante la falta de voluntad del gobierno de enfrentar la grave situación que sufren los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia debido al espionaje de agencias del Estado”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

El presidente del “Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, (CAJAR), Reinaldo Villalba, reveló la existencia de un plan sistemático ejecutado contra su organización por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia, mediante el Grupo Especial de Inteligencia Estratégica (G3), que recabó información personal y familiar de los integrantes y acciones de “guerra psicológica” y neutralización del trabajo de los abogados.

“No sólo mantenían expedientes con fotos de nuestras familias y nuestros supuestos perfiles psicológicos, también implementaron descarados actos de intimidación y acoso que truncaron nuestro trabajo”, afirmó Villalba

Entre las acciones cometidas están la recolección de los datos personales de las personas y sus familias, su posición ideológica, debilidades, amigos, rutinas y rutas la interceptación de comunicaciones, el copiado de las llaves de las casas y el seguimiento a los miembros del Colectivo en viajes nacionales e internacionales.

En 2005, una integrante de CAJAR recibió una muñeca degollada con una amenaza de muerte. Los datos dentro de ese paquete coinciden con información identificada dentro de los archivos del DAS.

El trabajo del DAS se centró especialmente en obstruir el trabajo del CAJAR en instancias internacionales, como la CIDH, las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional (CPI), e incluso frustraron el viaje de una de las abogadas a la CPI.

“Esta ofensiva de espionaje nos causa mucha preocupación porque toda esa información nuestra y de nuestras familias evidentemente no era para ayudarnos”, comentó Villalba con ironía.

El DAS incluso aprovechó que miembros del CAJAR tenían medidas cautelares de protección ordenadas por la CIDH para contratar como informantes a quienes se encargaban de protegerlos.

“Los hechos presentados hoy son sólo la punta del iceberg; confirman la existencia de un patrón sistemático de persecución en contra del Colectivo y en contra de defensores de derechos humanos. En una de las expresiones más perversas, el Estado aprovechó las medidas de protección a los miembros del Colectivo para espiarlos”, dijo Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

“Esperamos que el Estado Colombiano continúe las investigaciones dentro y fuera del DAS, entregue todos los informes de inteligencia que hacen referencia al CAJAR, y cese de desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos”, concluyó Krsticevic.

ORGANIZACIONES DENUNCIAN TORTURAS Y MUERTES DURANTE EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS

Audiencia ante la CIDH

CEJIL y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunciaron el 3 de noviembre  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia documentada de cientos de casos de tortura y tratos crueles, nueve muertes en manifestaciones y un patrón de asesinatos contra líderes de la resistencia al golpe de Estado.

Mar, 03/11/2009

Washington D.C., 3 de noviembre de 2009
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) denunciaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la existencia documentada de cientos de casos de tortura y tratos crueles, nueve muertes en manifestaciones y un patrón de asesinatos contra líderes de la resistencia al golpe de Estado.
Las organizaciones insistieron en la necesidad de que la comunidad internacional y en especial la Organización de Estados Americanos acompañen el proceso de diálogo en Honduras y estén atentos a evitar maniobras del gobierno de facto, para eludirla su obligación de restablecer el orden constitucional, restituir al presidente Manuel Zelaya y proteger los derechos humanos.
Las organizaciones peticionarias expresaron especial preocupación por las debilidades del acuerdo firmado por representantes del gobierno de facto y del presidente Manuel Zelaya para solucionar el conflicto, que no establece plazos y da participación a instituciones vinculadas con el golpe de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, que ha avalado las actuaciones del gobierno de facto.
“Es esencial que durante este proceso la comunidad internacional y la CIDH vigilen muy de cerca la situación de derechos humanos en Honduras”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.
Las organizaciones también denunciaron actos de represión durante la campaña presidencial. Ha habido 14 heridos, 50 arrestados y cuatro personas acusadas del delito de sedición. Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL, afirmó que la transferencia del control del Ejército al Poder Electoral, en lugar de garantizar la seguridad del proceso se ha convertido en un instrumento de intimidación contra opositores al golpe.
 
Datos relevantes:
• La represión policial o militar contra manifestaciones ha causado la muerte de nueve personas.
• Hay un patrón de muertes selectivas en la muerte violenta de 12 dirigentes de la resistencia. Estas muertes comparten características:
o Han sido cometidas con un modus operandi similar, con armas de fuego, sin que medie el robo y en muchos casos desde vehículos en movimiento.
o Las víctimas son destacados miembros activos de la Resistencia.
o Testigos de los hechos afirman que las víctimas fueron vigiladas por vehículos o motocicletas sin placas
o En la mayoría de los casos los hechos ocurrieron en las inmediaciones de las casas.
• En los últimos 45 días, bajo la suspensión de las garantías constitucionales, 1228 personas fueron detenidas, 619 de ellas eran menores de edad.
• 120 personas han enfrentado procesos judiciales por participar en manifestaciones y de ellas seis siguen en prisión.
• Hay 546 casos documentados de personas víctimas de torturas y tratos crueles, degradantes e inhumanos, según el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura, en Honduras. Hechos de tortura y malos tratos han sido constatadas por la propia CIDH y el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura
• 115 personas han sido amenazadas de muerte. Debido a las amenazas, 20 personas han debido salir del país.
Expositoras durante la audiencia:
Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL
Alejandra Nuño, directora de la oficina de CEJIL-Mesoamérica
Marcia Aguiluz, abogada de CEJIL
Bertha Oliva. Directora general del COFADEH
Mery Agurcia. Documentalista de COFADEH
 

Denuncian violaciones al derecho a la libertad de expresión, participación y reunión en Nicaragua

Mar, 03/11/2009

Washington D.C., 3 de noviembre de 2009

 

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de desprotección en que se encuentra un sector de la población nicaragüense debido a la instrumentalización del Poder Electoral y Judicial para fines político - partidistas. En Nicaragua las personas que expresan opiniones distintas a las del gobierno son amenazadas, agredidas y perseguidas.

 

La señora Vilma Núñez, Presidenta del CENIDH declaró que la reciente resolución de la Sala Constitucional que permite la reelección del Presidente Ortega y de algunos alcaldes sandinistas es inconstitucional y afecta el derecho a la participación política y el sistema democrático nicaragüense.

 

Esta situación provocó molestia entre algunos sectores los cuales se manifestaron contra la decisión con lo cual se dio un recrudecimiento de actos represivos y agresiones contra defensores y defensoras críticos del actual gobierno. Un ejemplo de ello es lo ocurrido a Leonor Martínez, miembro de la Coalición de Jóvenes Nicaragüenses, quien fue víctima de agresiones por parte de grupos de choque paraestatales luego de participar en una reunión de la Coordinadora Civil, el pasado 22 de octubre. A Leonor, tres hombres que viajaban en una camioneta con la bandera de FSLN, le fracturaron el húmero, le apuntaron con una pistola y amenazaron de muerte a ella y su familia.

 

Asimismo, se denunciaron uno de los ataques más recientes dirigido contra la defensora de derechos humanos, Patricia Orozco, quien fue golpeada por agentes policiales, el pasado 30 de octubre.

 

A estos hechos le anteceden varias agresiones por parte de grupos paraestatales contra manifestantes o participantes de eventos de organizaciones o agrupaciones que se oponen a algunas políticas del actual gobierno sandinista. Por ejemplo, la agresión ocurrida en agosto pasado contra el periodista Mario Sánchez Paz, comunicador de la Coordinadora Civil quien resultó herido junto con varias personas que asistían a un evento de dicha organización. A esto se le suman las agresiones cometidas en León contra jóvenes del Movimiento Renovador Sandinista

 

Las organizaciones que participaron en la audiencia denunciaron la pasividad con que actúa la policía ante este tipo de hechos y la impunidad que impera en Nicaragua respecto de los mismos.

 

Por otra parte, las organizaciones destacaron la situación de los Partidos Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y Partido Conservador (PC), a quienes se les excluyó arbitrariamente de participar en las elecciones municipales del 2008 y cuyos recursos no han sido resueltos por el Poder Judicial y el Consejo Supremo Electoral. Esta situación violenta el derecho de elegir y ser elegido, protegido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 

En cuanto al tema de la libertad de expresión se informó a la CIDH sobre la destrucción física de equipo perteneciente a varias radios como Radio Darío, Caricias y Metro Estéreo, en la ciudad de León, por parte de elementos de choque paraestatales fuertemente armados. Además, denunciaron las interferencias en las radios 15 de Septiembre y Corporación, las cuales finalizaron por intervención del CENIDH y solo después de la celebración de las elecciones municipales del 2008. También se refirieron al cierre de Radio La Ley y señalaron el decomiso ilegal de sus equipos.

 

En la audiencia ante la CIDH se señalaron los constantes requerimientos a los medios de comunicación por parte del Estado para transmitir mensajes en radio y televisión que inclusive son usados para informar sobre eventos partidarios.

 

Finalmente otra forma de limitar la libertad de expresión es mediante acusaciones judiciales por delitos de injurias y calumnias contra periodistas que informan sobre irregularidades que involucran a funcionarios públicos del actual gobierno; tal y como le ocurrió a la periodista María Mercedes Urbina, quien denunció a autoridades municipales de Nagarote por corrupción y posteriormente fue demandada por eso. Ante la inminente imposición de una multa, la periodista optó por pedir perdón.

 

Los peticionarios solicitaron a la CIDH que el Relator del país y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, visiten Nicaragua. Ante esto los Comisionados le reiteraron la solicitud al Estado para que invite a la Comisión a visitar el país y establezca una fecha concreta. Los representantes del Estado, como lo han hecho en otras ocasiones, respondieron en forma evasiva señalando que debían consultar cuál sería el momento propicio para que la CIDH visite Nicaragua.

 

El CENIDH, CEJIL y la FIDH esperan que el Estado de Nicaragua garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, a la participación política y a la libre manifestación y se abstenga de propiciar conductas ilegítimas para restringir estos derechos. Además le exhortan a invitar de manera pronta a la Comisión Interamericana a realizar una visita a Nicaragua para que constate la situación de derechos humanos en el país.

 

La audiencia puede ser vista en el siguiente enlace: http://www.cidh.oas.org/prensa/publichearings/Hearings.aspx?Lang=ES&Sess...

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