Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Tortura en Brasil - Implementación de las Recomendaciones del Relator de la ONU


Tipo de publicación: Libros e informes
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2004
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Honduras debe rendir cuentas ante Naciones Unidas por la situación de derechos humanos

Examen Periódico Universal de Honduras

San José, 3 de noviembre de 2010. Mañana jueves 4 de noviembre, a las 7:30horas de Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra evaluará, por primera vez, la situación de derechos humanos en Honduras mediante el examen periódico universal (EPU).

Vie, 05/11/2010

 

San José, 3 de noviembre de 2010. Mañana jueves 4 de noviembre, a las 7:30horas de Centroamérica, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra evaluará, por primera vez, la situación de derechos humanos en Honduras mediante el examen periódico universal (EPU).

 

El Estado de Honduras será examinado durante tres horas por otros Estados miembros de las Naciones Unidas. Para estos efectos, el Estado presentó en su oportunidad un informe por escrito, el cual presenta una serie de inconsistencias y vacíos. Por ello, durante el EPU, las autoridades hondureñas deben responder, entre otras cuestiones:

 

1.            ¿Por qué en su informe no se reconoce que el 28 de junio de 2009 hubo un golpe de Estado en Honduras y no se incluyen políticas encaminadas para el fortalecimiento institucional a partir de esa fractura al orden democrático?

 

2.            ¿Qué tipo de participación efectiva de la sociedad civil hubo en la revisión del texto preliminar del informe estatal y la socialización del documento final? (párrs. 4 a 6)

 

3.            ¿Por qué se afirma que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) es una institución que garantiza el acceso a la justicia de los ciudadanos hondureños (parrs. 17 y 34) cuando en marzo de este año la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos (OACNUDH) destacó en un informe que el Comisionado incumplió con su mandato de proteger a las personas, negándose inclusive a investigar las denuncias presentadas ante su oficina?

 

4.            ¿Qué ha hecho el Estado de Honduras para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado? ¿Por qué se mantiene en cargos del Poder Ejecutivo a militares y personas relacionadas con el gobierno de facto, como lo ha cuestionado la Comisión Interamericana en sus Observaciones preliminares sobre la visita a Honduras realizada en mayo pasado?

 

5.            ¿Por qué el Estado miente al decir que en Honduras los jueces y magistrados sólo pueden ser removidos por causas justificadas y que ellos gozan de las garantías de un debido proceso (párr. 30), si recientemente en el mes de mayo destituyó arbitrariamente a 3 jueces y a una magistrada por haberse opuesto al golpe de Estado? En tal sentido, hasta cuándo continuará “en poder de la Corte Suprema de Justicia (…) el Proyecto de Ley de la Carrera Judicial y del Consejo de la Judicatura”?

 

6.            ¿Por qué el Estado de Honduras califica de “supuestas” las ejecuciones arbitrarias de niños y jóvenes en Honduras (párr. 86) y desconoce así la existencia de 5,547 muertes violentas de personas menores de 22 años ocurridas entre 1998 y julio de 2010, preocupación que ha sido expresada en los pronunciamientos del Comité contra la Tortura (2009), el Comité de

Derechos Humanos (2007), el Comité de los Derechos del Niño (2006), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2006), y la entonces Relatora sobre Ejecuciones Extrajudiciales (2002)?

 

7.            ¿Por qué el Estado de Honduras NO rinde cuentas sobre:

 

a.            4,200 hombres miskitos con discapacidad como consecuencia del buceo en

condiciones inseguras en la zona de la Moskitia (cifra dada por la Organización Panamericana de la Salud), quienes se encuentran en condiciones de abandono, no tienen acceso a la salud, a seguridad social ni a la justicia?

 

b.            Las acciones tomadas para evitar el aumento de los femicidios, loscuales se incrementaron del 2006 al 2009 en un 119%?

 

c.            Las muertes, amenazas, atentados y actos de hostigamiento que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras y los múltiples obstáculos para ejercer la defensa, de los cuales no se hace alusión alguna en el informe oficial?

 

d.            La ausencia de medidas de protección para personas en riesgo, en especial de periodistas (-10 asesinados en este año-), campesinos, indígenas, líderes sociales, defensores y defensoras, y opositores al golpe de Estado?

 

e.            Las decenas de muertes de personas de que forman parte de la comunidad

lésbica, gays, bisexuales, transexuales, travestis e intersex (LGBTTI) por el simple hecho de su diversidad sexual, y el alto índice de impunidad en estos casos?

 

f.             La aplicación de la Ley de Amnistía –aprobada en enero de este año- a violadores de derechos humanos como por ejemplo los miembros de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que ordenaron ilegalmente el cierre de los medios de comunicación Canal 36, Cholusat Sur, Radio La Cattracha y Radio Globo, así como el decomiso de sus bienes?

 

El Estado no ha brindado información sobre temas sustanciales lo que demuestra el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar los derechos humanos de los y las hondureñas. En tal sentido, la actual situación que se vive en Honduras deja en duda la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

 

El EPU para Honduras es de gran relevancia ya que sólo en foros internacionales se ha podido hacer una fiscalización de lo ocurrido con posterioridad al golpe de Estado. En ese sentido, CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional para que pida explicaciones a las autoridades hondureñas que representan a la Delegación hondureña y a las que no asistieron al EPU, se tomen con cautela las intenciones sin fundamento que se puedan presentar y se haga el mayor número de recomendaciones tendientes a que se pueda cumplir de manera real con los derechos humanosen ese país.

 

Enlaces relacionados:

 

Vínculo del “webcast” donde podrá darse seguimiento en directo a la sesión del Consejo de Derechos Humanos: http://www.un.org/webcast/unhrc/index.asp

 

Vínculo a través del cual pueden acceder al informe del Estado de Honduras así como a otros documentos relativos al EPU:

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/HNSession9.aspx

 

CIDH. Observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su visita a Honduras realizada del 15 al 18 de mayo de 2010.

Accesible en:

http://www.cidh.org/countryrep/Honduras10sp/Honduras10.Indice.htm

 

Naciones Unidas. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009. Accesible en:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/03/PDF/G1011703.pdf?OpenElement

 

Corte IDH. Caso Servellón García y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152.

Accesible en: http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los

Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Incompleta y lesiva la iniciativa de reforma al Código de Justicia Militar

Justicia militar en México

México, D.F., 19 de octubre de 2010 - La iniciativa de reformas relativas a la procuración e impartición de justicia militar enviada ayer por Felipe Calderón al Senado de la República mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

Mié, 27/10/2010

 

  • La iniciativa presidencial mantiene inalteradas las condiciones que favorecen la impunidad en los casos de abusos militares
  • La jurisdicción castrense debe limitarse a delitos estrictamente militares cometidos por miembros del ejército
  • El Estado mexicano no satisface las exigencias derivadas de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo las Sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 

México, D.F., 19 de octubre de 2010 - La iniciativa de reformas relativas a la procuración e impartición de justicia militar enviada ayer por Felipe Calderón al Senado de la República mantiene sin alteración las condiciones que favorecen la impunidad en los abusos cometidos por personal castrense contra la población civil. Las modificaciones propuestas no satisfacen plenamente la necesidad de armonizar la legislación interna con los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

La exigencia central de las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército, de las organizaciones civiles y de organismos internacionales de derechos humanos no es atendida debido a que en la propuesta presidencial no se advierte la intención de establecer controles civiles sobre las Fuerzas Armadas. Entre estos controles debe destacar la reducción de la jurisdicción militar a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. En la iniciativa la modificación al artículo 57 del Código de Justicia Militar tiene un carácter taxativo que deja un amplio margen para la impunidad. Ninguna razón justifica que las instancias militares extiendan su jurisdicción sobre delitos cuyo carácter no corresponde estrictamente a la disciplina castrense.

La exclusión de tres delitos —desaparición forzada de personas, violación y tortura—, cuya investigación sigue estando en manos de los militares, la posibilidad de su reclasificación para no ser tratados por el fuero civil, así como la manipulación de los hechos generan más incertidumbre que certezas y lesionan de manera grave los derechos de las víctimas. La única posibilidad para terminar con la impunidad en estos casos consiste en dejar fuera de la jurisdicción militar todos los delitos cometidos por miembros del ejército contra la población civil.

Por otra parte las atribuciones conferidas a la Policía Ministerial Militar, como auxiliar del Ministerio Público, así como la posibilidad de que ésta esté facultada para brindar protección a víctimas, ofendidos o testigos resulta, contra toda lógica, ineficiente para garantizar la vida o la integridad física de tales personas.

Resulta absurdo que el Ejecutivo presente su iniciativa como muestra de su compromiso con la vigencia de los derechos humanos y con las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia. Maquilla las diferentes disposiciones legales para aparentar que cumple lo que en la práctica cotidiana niega, porque hasta la fecha se mantiene en la actuación del ejército la tendencia a la comisión d

e delitos

que constituyen violaciones de derechos humanos.

Las reformas presentadas por el Ejecutivo no pueden ser consideradas de manera alguna como parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano que se desprenden de las Sentencias sobre los casos Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se precisa la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar bajo la consideración de que el fuero militar no es competente para juzgar, bajo ninguna circunstancia, sobre ningún delito cometido por elementos de las fuerzas armadas en el que estén involucrados civiles.

Todas las acciones emprendidas por el titular del Ejecutivo y por los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional constituyen paliativos ante la falta de voluntad para poner fin a una de los más graves obstáculos que impiden el acceso a la justicia a las víctimas de abusos militares: la inconstitucional extensión del fuero militar. Mientras estas condiciones no se reviertan será imposible la construcción de una sociedad democrática.

 

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Chiapas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV)

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Chihuahua

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, Jalisco

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Fundación Diego Lucero, Michoacán

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Yucatán

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 70 organizaciones)

 

ECUADOR DEBE RESTABLECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA DE INMEDIATO

Washington D.C., 30 de septiembre de 2010 – CEJIL condena el intento de golpe de Estado llevado a cabo a través de la sublevación de la policía y algunos miembros de las fuerzas aéreas en varias ciudades de Ecuador, que ha resultado, según las primeras informaciones reportadas por ONGs y medios de comunicación locales, en un muerto y una veintena de heridos, algunos graves.
 

Vie, 01/10/2010

ECUADOR DEBE RESTABLECER LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRATICA DE INMEDIATO




Washington D.C., 30 de septiembre de 2010 – CEJIL condena el intento de golpe de Estado llevado a cabo a través de la sublevación de la policía y algunos miembros de las fuerzas aéreas en varias ciudades de Ecuador, que ha resultado, según las primeras informaciones reportadas por ONGs y medios de comunicación locales, en un muerto y una veintena de heridos, algunos graves.
 
El Presidente Rafael Correa ha permanecido atrapado dentro del Hospital de la Policía Nacional ante el cerco creado por miembros policiales  para impedir su salida. Fuera de este recinto se han presentado diversos enfrentamientos entre la policía y grupos que apoyan al Presidente. Los aeropuertos de Quito,  Guayaquil y Cuenca están cerrados bajo presión de la policía nacional.
 
Ante  estos hechos, el Gobierno de Ecuador decretó el Estado de Excepción durante una semana y  anunció que el Ejército tomará en sus manos la seguridad del país.
 
En este contexto, CEJIL reitera la importancia de que todas las autoridades actúen para restablecer cuanto antes la institucionalidad democrática y garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.
 
Asimismo, CEJIL hace un llamado a la comunidad internacional a que condene este intento de golpe de Estado y que apoye la restauración de la normalidad democrática.
 
 
 

Para más información:
Milli Legrain
Coordinadora de Comunicación
Tel: +1-202 319 3000
mlegrain@cejil.org
www.cejil.org

 
Francisco Quintana
Subdirector del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe
Tel: +1-202 319 3000
fquintana@cejil.org
 

 
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Corte Interamericana ordena medidas provisionales para proteger a defensora de derechos humanos en Honduras

Por ineficacia en la protección de los derechos a la vida e integridad personales

El pasado 3 de setiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución mediante la cual otorga medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

Vie, 10/09/2010

 

San José y Tegucigalpa, 10 de setiembre de 2010

 

El pasado 3 de setiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la resolución mediante la cual otorga medidas de protección a favor de la defensora de derechos humanos Gladys Lanza Ochoa, Coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, organización hondureña con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

A partir del Golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009, la señora Lanza Ochoa ha sido víctima de una serie de amenazas y hostigamientos, tales como amenazas telefónicas y vía correo electrónico, seguimientos, vigilancia en su casa de habitación y lugar de trabajo, entre otros.  La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado de Honduras proteger a la señora Lanza desde el 24 de julio del año pasado; no obstante, dado que hubo más incidentes a partir de la adopción de las medias cautelares y, en virtud de que las autoridades hondureñas no habían cumplido con las mismas, el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pidieron desde el 23 de julio anterior a la Comisión Interamericana que solicitara la intervención de la Corte Interamericana.

Al analizar el contexto actual hondureño y en especial la situación de riesgo que vive la defensora Gladys Lanza Ochoa, la Corte Interamericana le recuerda al Estado hondureño que “tiene el deber particular de proteger a aquellas personas que trabajen en organizaciones no gubernamentales, así como de otorgar garantías efectivas y adecuadas a los defensores de derechos humanos para que éstos realicen libremente sus actividades, evitando acciones que limiten u obstaculicen su trabajo, ya que la labor que realizan constituye un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su jurisdicción”.

En su resolución, la Corte Interamericana aclara que de conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado de Honduras está obligado a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos aún cuando se encuentra suspendido de su derecho de participar en la OEA.

Cabe recordar que a partir del Golpe de Estado, la Comisión Interamericana ha adoptado aproximadamente 200 medidas cautelares (algunas individuales y otras colectivas) y, desafortunadamente, la mayoría de ellas no han sido cumplida de manera eficaz por el Estado hondureño. De hecho, en el mes de marzo de este año el periodista Nahúm Palacios fue asesinado pese a ser beneficiario de medidas de protección.

El Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) saludan la resolución otorgada por la Corte Interamericana e instan a las autoridades hondureñas para que procedan de inmediato a implementar medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de la señora Gladys Lanza, así como se le permita continuar su labor de defensa de derechos humanos libre de temores, obstáculos y restricciones indebidas.

Para mayor información:

Marcia Aguiluz:           mesoamerica@cejil.org

Enlaces relacionados:

Resolución de la CIDH que otorga medidas cautelares a Gladys Lanza Ochoa

http://www.cidh.oas.org/medidas/2009.sp.htm

Resolución de la Corte IDH que otorga medidas provisionales a  Gladys Lanza Ochoa

http://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/lanza_se_01.pdf

Informes de la CIDH respecto del Golpe de Estado en Honduras:

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Honduras09sp/Indice.htm

http://www.cidh.org/countryrep/Honduras10sp/Honduras10.Indice.htm

Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Golpe de Estado en Honduras:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/117/03/PDF/G1011703.pdf?OpenElement

 

CEJIL expresa su preocupación por crisis institucional del Poder Judicial que afectaría protección de derechos humanos en Nicaragua

Crisis institucional que afecta al Poder Judicial

El pasado 16 de agosto iniciaron sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siete personas nombradas el 11 de agosto por decisión de ocho magistrados miembros de la misma Corte. Así, se sustituye “de facto” a siete integrantes de este Poder del Estado lo que agudiza la crisis institucional que afecta al Poder Judicial y coloca en una situación de desprotección a las personas en ese país.

Mié, 18/08/2010

 

San José, 18 de agosto de 2010

 

El pasado 16 de agosto iniciaron sus funciones como magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua siete personas nombradas el 11 de agosto por decisión de ocho magistrados miembros de la misma Corte. Así, se sustituye “de facto” a siete integrantes de este Poder del Estado lo que agudiza la crisis institucional que afecta al Poder Judicial y coloca en una situación de desprotección a las personas en ese país.

La crisis en el Poder Judicial se origina con la promulgación del decreto número 03-2010 de fecha 9 de enero de 2010 mediante el cual el Presidente Daniel Ortega, sin existir fundamento legal alguno, prorroga los nombramientos de varios integrantes de otros poderes del Estado cuyos términos estaban prontos a vencer hasta tanto la Asamblea Nacional no realice los nombramientos correspondientes. En específico, el decreto prevé la continuidad en sus cargos de varios miembros del Consejo Supremo Electoral, de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia.

Así, en el mes de abril de este año venció el período de los magistrados Rafael Solís y Armengol Cuadra; sin embargo, amparándose en el decreto 03-2010, estos magistrados se negaron a dejar sus cargos. Ante esto, otros siete magistrados vinculados al Partido Liberal se rehusaron a participar en las sesiones de la Corte Suprema.

El pasado 5 de julio los magistrados Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar García, Yadira Centeno González, Francisco Rosales Arguello, Armengol Cuadra López, Rafael Solís Cerda, Ligia Molina Arguello y Juana Méndez, vinculados al gobernante Partido Sandinista decidieron convocar a siete conjueces para sustituir a sus compañeros del Partido Liberal y reanudar el trabajo de la Corte Suprema. La figura de los “conjueces” se encuentra prevista en el artículo 163 de la Constitución Política para casos de “ausencia, excusa, implicancia o recusación” de cualquiera de los magistrados. Numerosos sectores sociales, académicos y políticos han declarado que esta figura no es posible aplicarla al caso concreto ya que los magistrados sustituidos no se encuentran en ninguno de esos supuestos.

Las decisiones anteriores revelan una la clara injerencia del Poder Ejecutivo y de otros sectores políticos en la integración de la Corte Suprema de Justicia, situación que es contraria a los principios de independencia judicial y división de poderes del Estado, ambos pilares de toda democracia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Apitz Barbera contra Venezuela señaló que la separación de los poderes públicos busca “evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial”.

En febrero de 2010 el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó al Estado de Nicaragua “velar por que el poder judicial sea independiente y libre de injerencias políticas, y luchar contra la corrupción, las irregularidades y los retrasos en la administración de la justicia. Los hechos recientes demuestran que pocos esfuerzos se han hecho para cumplir con la citada recomendación.

Para CEJIL las decisiones tomadas por una parte de los integrantes de la Corte Suprema cuestionan la vigencia de un Estado de Derecho en Nicaragua. “Uno de los requisitos fundamentales para una adecuada garantía y protección de los derechos humanos es sin duda alguna la vigencia del Estado de Derecho. La decisión sobre la permanencia o remoción de los más altos jueces no puede ser producto de una decision arbitraria del Poder Ejecutivo; asimismo, debe estar establecida por ley y someterse a un adecuado escrutinio y control, para evitar la politización y parcialidad de uno de los Poderes del Estado fundamental en la garantía de los derechos. En Nicaragua, este tipo de sucesos evidencian el creciente debilitamiento de la institucionalidad lo que necesariamente se traduce en una desprotección para los y las nicaragüenses” señaló Alejandra Nuño, Directora de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado a las autoridades del Estado de Nicaragua para que rectifiquen las decisiones hasta ahora tomadas de conformidad con los estándares internacionales en la materia así como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatora de Naciones Unidas sobre independencia de jueces y abogados para que requieran información al Estado de Nicaragua sobre las actuaciones antes citadas, y en su oportunidad, expresen su preocupación por tales decisiones.

 

Para mayor información:

Marcia Aguiluz: maguiluz@cejil.org

 

Enlaces relacionados:

 

Decisión de la Corte Suprema de Nicaragua de convocar a conjueces:

http://www.csj.gob.ni/arc-pdf/sgc_acuerdo41.pdf

 

Recomendaciones dadas al Estado de Nicaragua por el Grupo de Trabajo

sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de

Naciones Unidas:

http://daccess-ddsny.

un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement

 

Recomendaciones dadas por el Sistema de Naciones Unidas a Nicaragua:

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session7/NI/A_HRC_WG.6_7_N

IC_2_S.pdf

CENIDH y CEJIL solicitan intervención de relatora de Naciones Unidas

Crisis en el Poder Judicial de Nicaragua

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

Jue, 09/09/2010

 

Managua y San José, 8 de septiembre de 2010.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y el Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL) enviaron, el pasado 6 de septiembre de 2010, una carta a la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, la brasileña Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva en la que denunciaron hechos recientes que demuestran la falta de independencia de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

En la misiva, las organizaciones relataron los diversos acontecimientos ocurridos desde el año 2000 y que han tenido como consecuencia un debilitamiento del Poder Judicial en Nicaragua. Particularmente, se denunció la politización de los integrantes de la Corte Suprema quienes por años han respondido a los intereses de los Partidos Liberal Constitucional o Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Para CENIDH y CEJIL, es alarmante la reciente decisión de ocho magistrados sandinistas de sustituir en la Corte Suprema a seis magistrados liberales y proceder a nombrar conjueces (jueces sustitutos). Tal decisión se llevó a cabo sin el debido soporte legal y con el único objetivo de lograr mayoría de miembros en la Corte afines al partido de gobierno, lo cual constituye un ejemplo claro de la falta de independencia y de la ausencia de un Estado de Derecho en el país.

La Doctora Vilma Núñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH declaró con preocupación que “cada día los y las nicaragüenses somos testigos del debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. El actual gobierno utiliza todos los mecanismos a su alcance para garantizar su permanencia en el poder sin que importe la afectación a nuestra institucionalidad. Lo que está ocurriendo en la Corte Suprema de Justicia afecta además la garantía y protección de los derechos humanos de las personas en Nicaragua quienes, ante la falta de competencia de los miembros actuales, nos encontramos en un estado absoluto de indefensión.”

Cabe destacar que las debilidades de la administración de justicia en Nicaragua merecieron la atención del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en febrero de 2010, órgano que emitió seis recomendaciones al Estado nicaragüense relacionadas con este tema. Sin embargo, el Estado rechazó todas las recomendaciones que abogaban por la independencia e imparcialidad del Poder Judicial.

“La comunidad internacional debe mantenerse vigilante ante los hechos que están ocurriendo en Nicaragua y condenar toda actuación que tenga como fin debilitar el Estado de Derecho en este país. El golpe de Estado ocurrido el año pasado en Honduras nos recuerda que las crisis institucionales deben ser resueltas oportunamente a través de las vías democráticas. No es legítimo ampararse en la institucionalidad y abusar de sus atribuciones para satisfacer los intereses de los gobernantes de turno” declaró Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

CENIDH y CEJIL se han dirigido a la Doctora Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados para que solicite información urgente al Estado de Nicaragua sobre los hechos narrados y, en su oportunidad, informe al respecto ante el Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo se le ha solicitado que emita un pronunciamiento público sobre los hechos denunciados y realice una visita a Nicaragua en el menor plazo posible.

Enlaces relacionados:

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal realizado a Nicaragua:

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/121/66/PDF/G1012166.pdf?OpenElement

 

Para más información contactar a:

Marcia Aguiluz:        mesoamerica@cejil.org

Mauro Ampié            mampie@cenidh.org

 

Carta enviada al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos

Despido Fiscal investigadora del caso Palacio de Justicia - Colombia

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

Mié, 08/09/2010

 

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

 

 

Washington, D.C., 7 de septiembre de 2010

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

 

Estimado Presidente Santos,

 

Por medio de la presente quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre los últimos desarrollos en el caso del Palacio de Justicia.   En particular, la decisión de relevar de sus funciones a la fiscal, Ángela María Buitrago, quien ha conducido vigorosamente la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años, levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar incluso las más graves violaciones de derechos humanos.

Como es de su conocimiento, la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema, estableció que tras la toma del Palacio del Justicia por parte de los guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985 y la recuperación por parte de la fuerza pública colombiana, miembros de las fuerzas armadas mataron y desaparecieron forzadamente por lo menos una docena de victimas inocentes.  Estos crímenes, que habían sido en gran medida ignorados por dos décadas, fueron el objeto de una investigación seria por primera vez a principios del 2005, cuando la Dra. Buitrago fue nombrada fiscal encargada del caso.  Pese a que habido serios obstáculos, se lograron avances importantes.  Varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas están siendo investigados o juzgados, y hace algunos meses se logró la primera condena penal en el caso, contra el Coronel retirado Alfonso Plazas Vega.

Estos desarrollos, que parecían prometedores, son una prueba de la valentía y profesionalismo de la Fiscal Buitrago, la Jueza María Stella Jara, y los representantes de las víctimas en las investigaciones penales en curso, quienes continuaron con el caso pese a estar confrontados a constantes amenazas e intimidaciones.  La condena de Plazas Vega en particular, llevo a que muchos en Colombia y en la comunidad internacional, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas-Navi Pillay- tuvieran la esperanza de que Colombia estuviera finalmente luchando contra la impunidad que ha caracterizado las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Desafortunadamente, los últimos eventos  en el caso del Palacio de Justicia nos hacen temer que Colombia no posee aún la fortaleza política e institucional necesaria para confrontar criminalidad a los más altos niveles.  Poco tiempo después de condenar al Coronel Plazas Vega de homicidio, la Jueza tercera Stella Jara se vio forzada a huir del país temiendo por su seguridad, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le  había ordenado al gobierno  protegerla. Asimismo, la semana pasada, el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago relevó de su cargo a Ángela María Buitrago sólo días después que ésta llamara a indagatoria a tres generales colombianos en retiro por la ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán.

La Dra. Buitrago ha jugado un papel fundamental en el esclarecimiento de los actos de las fuerzas armadas tras la recuperación del Palacio de Justicia.  El asesinato del Magistrado Urán es un caso representativo.   Pruebas irrefutables han permitido comprobar que éste sobrevivió la toma del Palacio de Justicia, y fue subsecuentemente torturado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, quienes después devolvieron su cuerpo al Palacio de Justicia, e hicieron parecer que había muerto en el fuego cruzado entre el Ejercito y la guerrilla.   Este cínico crimen se le ocultó a la familia del Magistrado Urán  y al público Colombiano por más de veinte años, hasta que el intrépido trabajo investigativo de la Dra. Buitrago sacó a relucir la verdad.  El público colombiano tiene motivos justificados para preguntarse que otros aspectos de las acciones de los militares, así como las razones que motivaron dichas acciones en el caso del Palacio de Justicia, continuarán sin ser investigados.

Por lo tanto, la decisión de destituir a la Dra. Buitrago no es únicamente un importante retroceso en uno de los casos más emblemáticos sobre derechos humanos en Colombia, sino que desafortunadamente evidencia que el Fiscal General de Colombia parece estar dispuesto a comprometer investigaciones de alto perfil y destituir a su personal.  Dado el patrón de continuo acoso y hostigamiento en este y otros casos, nos vemos obligados a concluir que esta decisión fue el resultado de presiones.

Las acciones del Dr. Mendoza Diago van más allá del caso del Palacio de Justicia.  La Dra. Buitrago era también la fiscal encargada en varias investigaciones y juicios de derechos humanos de alto perfil, tales como el juicio del ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera, el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, y el ex senador Ciro Ramírez, por conspirar con grupos paramilitares.  Estos casos se encuentran avanzados y la abrupta destitución de la fiscal es un importante retroceso que causará retrasos innecesarios.

Mientras el Dr. Mendoza Diago esté en funciones, los fiscales podrían mostrarse reacios a proceder contra actores poderosos y bien conectados.

Sr. Presidente, queremos alentarlos a remplazar rápidamente al Sr. Mendoza Diago por un Fiscal General permanente que actúe con la necesaria integridad y entereza para resolver de manera continua la investigación del Palacio de Justicia, e idealmente reintegre a la Dra. Buitrago a su cargo.  Adicionalmente, solicitamos que su gobierno adopte inmediatamente todas las mediadas  necesarias para asegurar la seguridad física de la Dra. Buitrago y todos los jueces, fiscales, abogados de derechos humanos y familiares de las víctimas involucradas en el caso.

El caso del Palacio de Justicia se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. Una respuesta firme y principista frente a los últimos desarrollos del caso será una importante señal temprana del compromiso de su gobierno en la lucha contra la impunidad frente a casos de graves violaciones de los derechos humanos.  Las organizaciones que nosotros representamos y la comunicad internacional en general, observará sus acciones con gran interés.

 

Cordialmente,

 

Viviana Krsticevic
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Lisa Haugaard
Latin America Working Group (LAWG)

Gimena Sanchez-Garzoli
Washington Office on Latin America (WOLA)

Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia

 

 

Cc:

Angelino Garzón
Vicepresidente de Colombia

María Angela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

Guillermo Mendoza Diago
Fiscal General de la Nación encargado

Jaime Arrubla
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Carolina Barco Isakson
Embajadora de Colombia en Estados Unidos

P. Michael McKinley
Embajador de Estados Unidos en Colombia

Hillary Rodham Clinton
Secretaria de Estado de Estados Unidos

Maria Otero
Sub Secretaria de Estado para Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Christian Salazar Volkmann
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados

Margaret Sekaggya
Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Christof Heyns
Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Felipe González
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

Honduras incumple con su obligación de proteger a las personas transexuales

Violencia por orientación sexual

El pasado 26 de agosto Nohelia Flores Álvarez, persona transexual y víctima de violaciones de derechos humanos, sufrió un atentado contra su vida mientras caminaba por la Ciudad de Comayaguela, Honduras. Producto de este hecho falleció un joven que la acompañaba.

Vie, 03/09/2010

 

Tegucigalpa, 02 de septiembre de 2010

El pasado 26 de agosto Nohelia Flores Álvarez, persona transexual y víctima de violaciones de derechos humanos, sufrió un atentado contra su vida mientras caminaba por la Ciudad de Comayaguela, Honduras. Producto de este hecho falleció un joven que la acompañaba.

Este atentado se relaciona con un juicio que inició el pasado 24 de agosto y mediante el cual se juzga a un miembro de la policía preventiva por su presunta participación en el intento de asesinato de “Nohelia”. Los hechos que se juzgan se remontan al 18 de diciembre de 2009 cuando Nohelia se negó a ofrecerle servicios sexuales al policía y por ello fue secuestrada y apuñalada 17 veces en la garganta, la espalda, el estómago y los brazos. Posteriormente denunció los hechos e identificó al policía como responsable del crimen. Desde dicha fecha la Red Lésbica Cattrachas acompañó a “Nohelia” en su proceso de búsqueda de verdad lo que provocó un aumento en el riesgo para las miembras de la organización.

En el transcurso del proceso, tanto “Nohelia” como los testigos, investigadores y fiscales involucrados han sufrido reiteradas amenazas, algunas de ellas ocurrieron minutos después del atentado descrito.

El pasado 18 de agosto de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional enviaron una carta formal a la Dirección de Fiscales y a la Fiscal Especial de Derechos Humanos solicitando la implementación inmediata de medidas de protección para proteger a Nohelia, los testigos y las personas que han sufrido amenazas durante la investigación. El atentado perpetrado contra “Nohelia” y la muerte del joven demuestran que el Ministerio Público no tomó ninguna medida para garantizar su vida e integridad personal.

La Red Lésbica Cattrachas, la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI), el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), HIVOS, y CEJIL condenan los hechos antes descritos y el contexto de violencia que afecta a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) en Honduras. En este país son frecuentes los casos de personas que han quedado desfiguradas, con lesiones graves o incluso han sido asesinadas por su orientación sexual. La situación se agrava porque existe participación de agentes estatales en algunos de los casos y porque la impunidad es casi absoluta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen la obligación de combatir la “impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Asimismo los Estados deben proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer un proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

Las organizaciones de derechos humanos mencionadas hacemos un llamado al Estado de Honduras para que investigue de manera seria y efectiva los hechos ocurridos el día 26 de agosto. Asimismo se exhorta a las autoridades competentes para que adopten de manera urgente medidas efectivas para proteger a los testigos y a las autoridades involucradas en la investigación y juzgamiento del caso.

 

El ejecutivo peruano aprueba decreto para exonerar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos

Decreto aprueba amnistía encubierta

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su rechazo al Decreto Legislativo 1097 aprobado por el Ejecutivo peruano el 31 de agosto de 2010, que “Regula la Aplicación de Normas Procesales por Delitos que implican Violación de Derechos Humanos”, por el que aprueba una serie de beneficios respecto de agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad. La concesión de dichos beneficios permite exonerar de responsabilidad a los agentes estatales acusados.

Vie, 03/09/2010

 

Washington, D.C., 3 de septiembre de 2010

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su rechazo al Decreto Legislativo 1097 aprobado por el Ejecutivo peruano el 31 de agosto de 2010, que “Regula la Aplicación de Normas Procesales por Delitos que implican Violación de Derechos Humanos”, por el que aprueba una serie de beneficios respecto de agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad. La concesión de dichos beneficios permite exonerar de responsabilidad a los agentes estatales acusados.

Así el Decreto, en su artículo 4 permite al juez variar la orden de detención de los procesados prófugos que expresen voluntad de ponerse a derecho, imponiendo una caución económica que podrá ser sustituida “por una fianza personal idónea y suficiente” del propio acusado, un familiar o un tercero, o de “la institución militar o policial a la que pertenece”.

Por su parte, el artículo 5 levanta de oficio las órdenes de impedimento de salida del país que hayan durado más de ocho meses, permitiendo sin más, que aquellas personas vinculadas a graves violaciones de derechos humanos puedan abandonar el territorio nacional y se coloquen fuera del alcance de la justicia.

Mayor gravedad aún reviste el artículo 6, que permite que en aquellos casos en que se haya vencido el término de la instrucción penal en la investigación contra agentes estatales acusados de violaciones a los derechos humanos, el juez dicte “resolución de sobreseimiento parcial en favor de todos los encausados”. Dicho sobreseimiento supone que dichas personas quedan eximidas de responsabilidad, a pesar de que el juez pueda “continuar la investigación penal contra otras personas”.

Finalmente, el Decreto señala que la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad sólo surte efectos a partir de su ratificación por Perú en el año 2003. Esa interpretación contraviene frontalmente tanto el objeto de dicha Convención, que es la persecución y sanción de dichos crímenes por su especial gravedad, como las normas de ius cogens sobre la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos. Contradice además, sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos, de la Corte Suprema peruana en el caso de Alberto Fujimori y del propio Tribunal Constitucional sobre la materia.

El Decreto legislativo 1097 supone un nuevo intento del gobierno del Presidente Alan García de dejar impunes las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales durante el conflicto interno vivido en Perú y supone una afrenta al Estado de Derecho.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo: “Se trata de una amnistía encubierta, en contravención con las obligaciones asumidas por el Estado ante la comunidad internacional y en desacato de varias sentencias de la Corte Interamericana”.

Al respecto, el Decreto entra en total contradicción con los pronunciamientos de la Corte Interamericana, amparados en tratados internacionales de obligado cumplimiento para Perú. La Corte Interamericana ha exigido en los casos de Barrios Altos, La Cantuta, Anzualdo Castro y muchos otros, la obligación del Estado peruano de investigar y castigar efectivamente a todos aquellos involucrados en las ejecuciones, desapariciones y torturas. Asimismo, ella concluyó en el caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional.

Esta línea jurisprudencial de la Honorable Corte restringe asimismo la aplicación de toda limitación procesal que pretenda sustraer de la justicia u otorgar un beneficio procesal a quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. La jurisprudencia internacional en esta materia se ha visto reflejada en pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional peruano como de otras instituciones nacionales e internacionales.

Observamos con gran preocupación que no es la primera vez que el Ejecutivo peruano intenta evadir la obligación del Estado de investigar graves violaciones a los derechos humanos, por cuanto en noviembre de 2008 se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley que pretendían conceder la amnistía e indulto a agentes estatales denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos.

Por las razones expuestas, CEJIL considera que el Decreto legislativo presentado por el Ejecutivo supone un retroceso inadmisible al pretender - mediante disposiciones de derecho interno- impedir el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos en contravención con las obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

 

 

Contacto en CEJIL:

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva

1630 Connecticut Ave. NW Suite 401

Washington, D.C. 20009, EEUU

Tel: 202-319-3000 /Fax: 202-319-3019

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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