Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

CEJIL pide a bloques de naciones del continente condicionar reintegro de Honduras a la OEA

Cartas a presidentes

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitó a varios bloques de naciones de América Latina y el Caribe el condicionamiento del reintegro de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta que demuestre con hechos concretos su voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Mar, 18/05/2010

 

Washington D.C., 17 de mayo de 2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitó hoy a varios bloques de naciones de América Latina y el Caribe el condicionamiento del reintegro de Honduras a la Organización de los Estados Americanos (OEA), hasta que demuestre con hechos concretos su voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

CEJIL se dirigió a los presidentes de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), al mandatario mexicano Felipe Calderón y a los Jefes de Estado de la Comunidad de Naciones del Caribe (CARICOM), de cara a importantes eventos que se desarrollarán durante estas semanas, como lo son la Cumbre de la Unión Europea-América Latina y El Caribe y la Asamblea General de la OEA.

En las cartas, CEJIL solicita como condiciones necesarias para el retorno de Honduras a la OEA, al menos, las siguientes:

  • El cese de todo acto de persecución política hacia quienes se han manifestado en contra del golpe de Estado
  • La revisión de la propuesta actual para conformar una Comisión de la Verdad con el fin de que cumpla con los estándares  internacionales y mejores prácticas en esa materia
  • El acatamiento de las recomendaciones establecidas en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de marzo pasado, sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009
  • La anuencia del Estado hondureño para la instalación en el país de una oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que dé seguimiento a tales condicionantes, así como al cumplimiento de las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos, y que brinde asesoría técnica para el fortalecimiento de las instituciones
  • Que todos los poderes del Estado se abstengan de hacer nombramientos que fomenten la impunidad de quienes participaron activamente en el golpe de Estado.
  • Que se realicen acciones concretas para fortalecer la independencia judicial en Honduras.

CEJIL resaltó su preocupación por el despido que realizó la Corte Suprema de Justicia de tres jueces, una magistrada de la Corte de Penal de Apelaciones y un defensor público el pasado 5 de mayo, acto que refleja la persecución política contra los operadores de justicia que se manifestaron en contra del golpe de Estado y fueron críticos de la actuación del Poder Judicial durante ese período,

“La sanción que se impone a los jueces no solo les afecta a ellos personalmente sino que envía un mensaje claro a otros miembros del Poder Judicial, para que se abstengan de manifestar opiniones que difieran de aquellas expresadas por las autoridades de la Corte Suprema. En este sentido, el despido de los jueces y el defensor público tiene un efecto intimidatorio para estos funcionarios”, advierte CEJIL en las cartas, firmadas por su directora ejecutiva, Viviana Krsticevic.

En cuanto a la creación de la Comisión de la Verdad, CEJIL sostiene que, tal cual está prevista, no cumple con los estándares internacionales en materia de justicia transicional y de comisiones de la verdad. Así, el decreto que crea la Comisión de la Verdad en Honduras no  incluye de manera expresa el mandato de investigar violaciones a los derechos humanos; su legitimidad es cuestionada en tanto se ha excluido de ser parte en el proceso a sectores de la sociedad civil y a las víctimas; tampoco se vincula a los poderes Legislativo y Judicial ni los obliga a brindar información; no establece la obligación del Estado de asignar recursos económicos para el funcionamiento de la Comisión y no garantiza el acceso de la ciudadanía a la información pública.

“En Honduras todavía no se ha restablecido plenamente la Democracia ni el Estado de Derecho, de manera que resulta vital que la comunidad internacional de Estados se mantenga vigilante ante los actos que son contrarios a los principios democráticos del continente” concluye la nota.

Las cartas enviadas hoy se suman a otras dirigidas la semana pasada al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a las relatorías especiales de la Organización de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y para la protección de los defensores de los derechos humanos.

Contacto de prensa en Washington D.C.: Mauricio Herrera Ulloa Tel: (202) 445-4676

mherrera@cejil.org

 

En www.cejil.org puede leer el documento completo con las reflexiones de CEJIL acerca de la Comisión de la Verdad en Honduras.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre

Protesta contra impunidad y persecución

Los jueces Luis Antonio Chévez de la Rocha y Guillermo López Lone, miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia de Honduras, se declararon hoy en huelga de hambre, en Tegucigalpa para protestar por el despido arbitrario e ilegal que sufrieron el pasado 5 de mayo y reclamar actuaciones concretas contra la impunidad.

CEJIL solicita a la comunidad internacional requerir al Estado de Honduras la rectificación de sus actuaciones con el fin de garantizar la vida e integridad de los operadores de justicia arbitrariamente despedidos.

 

Lun, 17/05/2010

 

Washington D.C. 17 de mayo de 2010

Los jueces Luis Antonio Chévez de la Rocha y Guillermo López Lone, miembros de la Asociación de Jueces para la Democracia de Honduras, se declararon hoy en huelga de hambre, en Tegucigalpa para protestar por el despido arbitrario e ilegal que sufrieron el pasado 5 de mayo y reclamar actuaciones concretas contra la impunidad.

CEJIL solicita a la comunidad internacional requerir al Estado de Honduras la rectificación de sus actuaciones con el fin de garantizar la vida e integridad de los operadores de justicia arbitrariamente despedidos.

Los huelguistas reclaman acciones concretas del Estado de Honduras que demuestren la voluntad real de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las miles de violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

En efecto, desde que ocurrió el golpe de Estado en Honduras ninguna persona ha sido condenada por las violaciones de derechos humanos constatadas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En contraposición, aproximadamente 120 manifestantes que se opusieron al golpe de Estado han sido procesados por delitos políticos como sedición, terrorismo, robo agravado, entre otros.

Como se ha mencionado reiteradamente, la impunidad se consolida día tras día en Honduras. El gobernante de facto Roberto Micheletti fue declarado diputado vitalicio por parte del Congreso Nacional de Honduras, así se le garantiza protección e inmunidad de por vida. Por su parte, el Presidente Porfirio Lobo nombró al General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe de las Fuerzas Armadas cuando ocurrió el Golpe de Estado como Gerente de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (HONDUTEL).

Los jueces en huelga también reclaman por el despido que realizó la Corte Suprema de Justicia de Honduras en su contra, así como en perjuicio de la Magistrada Tirza Flores Lanza, del juez Ramón Barrios y del defensor público Osman Fajardo. Estos despidos se originan como una represalia por haber criticado el Golpe de Estado del pasado 28 de junio y la posición que mantuvo la Corte al respecto.

“Estos despidos demuestran que en Honduras no existe libertad de expresión ni independencia dentro del Poder Judicial y evidencian que hay una clara manipulación y perversión de medidas importantes que generalmente son usadas para la transparencia, rendición de cuentas y profesionalización de funcionarios, como lo es la fiscalización disciplinaria del trabajo judicial. Desafortunadamente estas medidas se han usado en Honduras como intimidaciones y persecuciones políticas respecto de las personas que se han opuesto al Golpe de Estado, principalmente algunos funcionarios estatales”, dijo Alejandra Nuño, directora del Programa de CEJIL para Centroamérica y México.

CEJIL hace un llamado vehemente a las autoridades del Estado de Honduras para que demuestren con acciones concretas su compromiso de combate a la impunidad, asimismo se proceda en forma inmediata al reintegro de los operadores de justicia arbitrariamente despedidos.

 

Contacto de prensa: Mauricio Herrera

Tel: (202) 445-46-76

mherrera@cejil.org

www.cejil.org

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Comisión de la Verdad de Honduras nace con graves carencias jurídicas

Excluye a las víctimas y no vincula a poderes judicial ni legislativo

CEJIL advierte a la comunidad internacional que la Comisión de la Verdad instalada hoy en Honduras, para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, nace con graves limitaciones legales y jurídicas que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.

Mar, 04/05/2010

 

San José, 4 de mayo de 2010

CEJIL advierte a la comunidad internacional que la Comisión de la Verdad instalada hoy en Honduras, para esclarecer los hechos ocurridos antes y después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, nace con graves limitaciones legales y jurídicas que comprometen la seriedad de su funcionamiento y los resultados que podría obtener.

Ante esa realidad, CEJIL solicita a la Organización de los Estados Americanos y a  la Organización de las Naciones Unidas, así como a las agencias de cooperación y  a la comunidad de Estados en general a que valoren seriamente las consecuencias que el respaldo económico y político pueden tener respecto de una iniciativa que, de continuar como lo ha hecho hasta el momento, podría ser contraproducente. Hasta el momento, no se ha realizado en Honduras un proceso participativo, inclusivo y consensuado que cumpla con estándares mínimos que demuestren una voluntad real de garantizar el derecho a la verdad del pueblo hondureño.

El decreto que crea la Comisión de la Verdad evidencia una serie de debilidades difíciles de subsanar, que contradicen los estándares internacionales establecidos para este tipo de tareas:

  1. El mandato de la Comisión de la Verdad excluye la obligación de investigar violaciones a los derechos Humanos pues se limita a “esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio del 2009 a fin de identificar los actos que condujeron a la situación de la crisis y proporcione al pueblo de honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro”.
  2. Se excluye a las víctimas de ser parte del proceso de esclarecimiento de la verdad. Ni las víctimas ni sectores de la sociedad civil hondureña afectados por el golpe de Estado han sido tomados en cuenta en el proceso de constitución de la Comisión de la Verdad y tampoco se establece la posibilidad de que participen o expresen sus opiniones en alguna etapa posterior.
  3. La instalación de la Comisión de la Verdad se ha realizado a través de un decreto presidencial, es decir, es un acto del presidente Porfirio Lobo que no tiene la fuerza jurídica de una ley de la República y por ello no vincula a otros poderes de la República. En los poderes Legislativo y Judicial están presentes personas que cooperaron con el golpe de Estado y es improbable que estos órganos cumplan con su obligación de colaborar con la Comisión de la Verdad, a sabiendas de su propia responsabilidad en los hechos, y mucho menos tendrán la voluntad de aceptar e implementar las recomendaciones que eventualmente se realicen.
  4. No se prevé la obligación del Poder Legislativo, Judicial y del Ministerio Público de brindar información a la Comisión de la Verdad. El decreto señala que la Comisión de la Verdad tendrá acceso irrestricto a las instituciones del Ejecutivo, pero en lo que se refiere a los otros dos poderes, éstos “coadyuv[ará]n a las tareas y cumplimiento de sus atribuciones de la Comisión.”
  5. No se establece en ninguna norma la obligación del Estado de Honduras de asignar recursos económicos para el adecuado funcionamiento de la Comisión. De esta manera, se deposita toda la responsabilidad en la comunidad internacional, demostrando una vez más la falta de voluntad de las autoridades hondureñas en lograr que esta Comisión sea parte de un proceso serio de esclarecimiento de la verdad.

“La entrada en funcionamiento de la Comisión de la Verdad con las debilidades señaladas no debe ser motivo de celebración sino de preocupación. Tampoco puede considerarse que este anuncio allane el camino para que el Estado de Honduras se reintegre sin condiciones a la comunidad internacional”, manifestó Alejandra Nuño, directora de CEJIL para el Programa de Centroamérica y México.

“El Estado de Honduras continúa sin demostrar que tiene la voluntad política de esclarecer los hechos ocurridos durante el golpe de Estado y sentar las responsabilidades a quienes corresponda. Lejos de ello, los pasos dados hasta ahora son contradictorios y débiles y cuestionan su independencia respecto de quienes lideraron el régimen de facto”, dijo Marcia Aguiluz,  abogada de CEJIL.

CEJIL hace un llamado a los distintos actores sociales nacionales e internacionales para que exhorten al Estado de Honduras a rectificar el rumbo de la Comisión de la Verdad de conformidad con los estándares internacionales existentes para estos fines.

 

Contacto de prensa: Marcia Aguiluz Tel: (506) 2280-7473 mesoamerica@cejil.org www.cejil.org

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Ley de Inmigración de Arizona amenaza la protección internacional de los derechos humanos

CEJIL lamenta la promulgación de la Ley SB 1070

CEJIL  expresa su profunda preocupación por la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, el pasado viernes 23 de abril de 2010, porque viola los principios de no discriminación y de igual protección de las leyes. Esta medida abre la puerta a la aplicación arbitraria de la Ley, detenciones ilegales y discriminación racial.

Mié, 28/04/2010

Washington D.C., 28 de abril de 2010

CEJIL  expresa su profunda preocupación por la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, el pasado viernes 23 de abril de 2010, porque viola los principios de no discriminación y de igual protección de las leyes. Esta medida abre la puerta a la aplicación arbitraria de la Ley, detenciones ilegales y discriminación racial.

La Ley SB 1070 autoriza a agentes policiales a determinar la condición migratoria de una persona cada vez que tengan una "sospecha razonable" de que se encuentra ilegalmente en el país. No obstante, la Ley no define qué constituye una "sospecha razonable", dejando amplio espacio para el empleo de criterios subjetivos en la aplicación de la norma. La Ley también amplía la discreción de la Policía para determinar a quién investigar, sin tomar en cuenta si esa persona violó o no alguna legislación penal. La vaguedad plantea un problema de igualdad de protección y permite la aplicación discriminatoria de la norma, lo cual podría conducir a intervenciones ilegales y violaciones de otros derechos fundamentales, como el debido proceso legal, la protección contra detenciones arbitrarias, el derecho a la vida privada y familiar y la igualdad ante la ley, entre otros.

Por otro lado, la nueva Ley autoriza a los funcionarios estatales a mantener y compartir información acerca de la situación migratoria de cualquier solicitante de servicios públicos. De esta manera, la Ley de Inmigración de Arizona vulnera el derecho a la privacidad y restringe la participación legítima de personas en programas públicos en los que no importa el estatus migratorio del solicitante. La reforma disuade a las personas migrantes de participar en programas públicos de salud, educación, vivienda y asistencia alimentaria, los cuales son de vital importancia para la protección de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, especialmente de las mujeres y los niños.

Adicionalmente, el estatuto tipifica como delito toda solicitud de trabajo hecha por inmigrantes indocumentados mediante comunicación verbal y no verbal, incluyendo el uso de "gestos" o "cabeceos" que indiquen la voluntad de un individuo de ser empleado. La criminalización de estas expresiones viola el derecho a la libertad de expresión. Esta sección es a todas luces discriminatoria, porque claramente hace una diferenciación en su aplicación, pues sólo tipifica como delito este tipo de expresiones cuando es manifestada por un grupo determinado de personas.

Estados Unidos es miembro fundador de la Organización de Estados Americanos y está obligado por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre a respetar la protección de los derechos humanos. La Declaración Americana reconoce los principios de igualdad de protección ante la ley y de no discriminación como fundamentales y esenciales para la preservación de los derechos humanos, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.

Estados Unidos debe abstenerse de establecer medidas que afecten la igualdad en la protección de las leyes. Tampoco debe adoptar normas que creen situaciones discriminatorias de ningún tipo y está obligado a eliminar toda práctica que afecte a un grupo específico de personas y viole sus derechos humanos.

Estados Unidos es responsable de observar estos principios fundamentales, con independencia de la autoridad interna que los estados puedan tener dentro de la unión federal.

¨La nueva Ley aprobada en Arizona atenta contra los derechos fundamentales de ciudadanos estadounidenses y migrantes. Una evaluación imparcial de su contenido evidencia riesgos gravísimos para la protección de la dignidad e integridad de las personas y por eso es imprescindible que sea  rechazada de plano“, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

 

Para CEJIL, el cumplimiento de los Estados Unidos con sus obligaciones internacionales de derechos humanos es de gran importancia para este país, sus ciudadanos, residentes y el mundo. Incluso en las democracias fuertes, con una larga trayectoria de compromiso con la supremacía de la ley, los tratados de derechos humanos sirven para salvaguardar los derechos fundamentales. Todos los estadounidenses se benefician, por lo tanto, cuando Estados Unidos se compromete a respetar ciertas normas básicas de respeto a la dignidad humana y toma medidas concretas para cumplir esos compromisos..

CEJIL exhorta al Gobierno de Arizona a eliminar la Ley SB 1070 y a asegurar que los principios de igual protección y no discriminación no sean lesionados. Instamos al Gobierno de Estados Unidos a recurrir ante los tribunales para cuestionar la validez de las disposiciones de la ley de Arizona que son contrarias a sus obligaciones internacionales y que, además, declare públicamente su firme compromiso con la protección del principio de no discriminación e igual protección de las leyes.

 

 

 

 

Contacto de prensa:
Mauricio Herrera Ulloa

Director de Comunicación
Tel: (202) 319-3000
mherrera@cejil.org
www.cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL condena crímenes contra periodistas en Honduras

Siete muertes en menos de dos meses

CEJIL repudia el asesinato del periodista hondureño Jorge Alberto “Giorgino” Orellana, ocurrida el pasado 20 de abril, y expresa su profunda preocupación y condena por la serie de crímenes contra comunicadores en Honduras, que suma ya siete víctimas en dos meses.

Lun, 26/04/2010

 
Washington D.C. 26 de abril de 2010
CEJIL repudia el asesinato del periodista hondureño Jorge Alberto “Giorgino” Orellana, ocurrida el pasado 20 de abril, y expresa su profunda preocupación y condena por la serie de crímenes contra comunicadores en Honduras, que suma ya siete víctimas en dos meses.
 
CEJIL exige a las autoridades hondureñas investigaciones diligentes y efectivas que conduzcan a la identificación, juzgamiento y sanción de los autores materiales e intelectuales de los crímenes, y demanda al Gobierno un pronunciamiento que condene los asesinatos contra los comunicadores y reafirme la necesidad de un clima de respeto y tolerancia en el debate público.
 
Las ejecuciones de periodistas afectan a  toda la sociedad hondureña, debido a la intimidación que ejercen sobre el gremio de comunicadores y el efecto inhibidor de la libertad de expresión que genera. Es urgente que el Estado  muestre de manera clara y contundente su voluntad de combatir la impunidad de estos crímenes, para evitar nuevas asesinatos y un daño aún más profundo a los derechos fundamentales de los habitantes de Honduras.
 
Una persona disparó a Orellana, de 48 años,  en la noche del martes 20 de abril cuando salía del canal de televisión donde trabajaba en San Pedro Sula, al concluir el programa de debates y noticias que dirigía.
 
Desde marzo han sido asesinados por pistoleros los periodistas  José Bayardo Mairena, Manuel Juárez, Nahúm Palacios Arteaga, David Meza, Joseph Hernández Ochoa, and Luis Antonio Chévez. Además, en el año 2009 fueron ejecutados los periodistas Bernardo Rivera, Santiago Murguía y Gabriel Fino Ortega. Ninguno de los crímenes ha sido esclarecido.
 
Contacto de prensa: Mauricio Herrera Ulloa
Director de Comunicación Tel: (202) 319-3000 mherrera@cejil.org www.cejil.org
 
 
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Honduras debe implementar medidas de protección para proteger a personas en riesgo

Continúan amenazas y hostigamientos

El Estado de Honduras está en grave falta al no implementar las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar la vida y la integridad personal de defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y otras personas que se encuentran en riesgo.

Jue, 15/04/2010

San José, Costa Rica, 15 de abril de 2010

El Estado de Honduras está en grave falta al no implementar las medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvaguardar la vida y la integridad personal de defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia y otras personas que se encuentran en riesgo.

Desde que ocurrió el golpe de Estado, la CIDH otorgó medidas de protección a cientos de personas cuyas vidas se encuentran en riesgo. Sin embargo, hasta la fecha el Estado hondureño no ha llevado a cabo acciones para proteger a la mayoría de estas personas. El riesgo en el que se encuentran, es evidente: los señores Nahum Palacios y Francisco Castillo, dos personas a favor de quienes se había solicitado medidas protección, fueron asesinadas el pasado mes de marzo.

La situación en Honduras es preocupante, por lo que la Comisión Interamericana señaló en un comunicado emitido hace pocos días que “continúa recibiendo información sobre casos de asesinato, secuestro, tortura, violaciones sexuales, allanamientos ilegales de domicilio y amenazas contra personas activas en la resistencia contra el golpe de Estado de junio de 2009 y sus familiares, así como contra periodistas que informan sobre actividades de la resistencia, incluyendo beneficiarios de medidas cautelares”.

Asimismo, el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Honduras señaló que “las amenazas y el hostigamiento contra los defensores de derechos humanos, en particular cometidas por miembros de las fuerzas de seguridad, han aumentado gradualmente desde el golpe.”

CEJIL ha recibido información sobre amenazas graves y recientes en contra del sacerdote jesuita Ismael Moreno. La Comisión Interamericana le concedió medidas de protección el 2 de julio del año anterior, las cuales no han sido implementadas. Las últimas amenazas en su contra se dieron el pasado 8 de abril a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto en donde se le amenazaba de muerte por dar acompañamiento a personas en un alto riego en Honduras. Todas las amenazas provinieron del mismo número telefónico; sin embargo, hasta el momento no se conoce el origen ni el responsable de las mismas.

A lo anterior se suman los seguimientos y actos de hostigamiento en contra de los defensores y defensoras que apoyan a los campesinos del Bajo Aguán. CEJIL tiene conocimiento de dos seguimientos ocurridos los días 11 y 12 de abril por parte de personas desconocidas en contra de los defensores José Serrano, Haydee Saravia y Esly Banegas, todos miembros de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA). La señora Banegas también es beneficiaria de medidas cautelares desde el 24 de julio de 2009 y la Comisión Interamericana había solicitado información al Estado respecto de la situación de riesgo de los señores Serrano y Saravia.

CEJIL hace un llamado a las autoridades hondureñas para que tomen acciones inmediatas para proteger la vida e integridad personal de las personas beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, así como para garantizar el derecho de los defensores y defensoras a realizar sus funciones sin interferencias que pongan en riesgo el ejercicio de sus otros derechos.

Además se exhorta al Estado hondureño a investigar las amenazas, hostigamientos y asesinatos que han ocurrido en contra de los beneficiarios de las medidas cautelares para que estos hechos no vuelvan a repetirse y que los responsables sean sancionados. Como lo ha señalado el Sistema Interamericano, el deber de investigar “… debe cumplirse con rigor y no como una formalidad destinada a priori a ser infructuosa […]. De esta manera la investigación y sanción de los responsables, de conformidad con el debido proceso, es la mejor manera de combatir la impunidad y garantizar la seguridad, integridad y vida de los beneficiarios de estas medidas.”

Desde el Estado debe dejarse claro que este tipo de actos no van a ser tolerados ni quedarán en la impunidad.

 

Enlaces relevantes

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las violaciones de los derechos humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 28 de junio de 2009

http://cejil.org/sites/default/files/Informe%20ONU_marzo%202010.pdf

Comunicado CIDH culmina su 138º período de sesiones

http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/38-10sp.htm

 

Medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2009

http://www.cidh.oas.org/medidas/2009.sp.htm

 

Contacto en Costa Rica

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 506-2280-7473/760

 

www.cejil.org

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Impunidad, desigualdad y autoritarismo impiden consolidar paz y democracia en Guatemala

Organizaciones denuncian la baja inversión social del Estado guatemalteco

Peticionarios en la audiencia acerca de la situación de derechos humanos en GuatemalaConstruir la democracia y proteger los derechos humanos ha sido imposible en Guatemala tras la firma de los acuerdos de paz de 1996, debido a la debilidad del Estado, la escasa recaudación de impuestos, una baja inversión social, la falta de independencia judicial, la violencia creciente, la militarización de la seguridad pública y la impunidad.

Vie, 19/03/2010

Peticionarios en la audiencia acerca de la situación de derechos humanos en Guatemala

Washington D.C, 19 de diciembre de 2010

Construir la democracia y proteger los derechos humanos ha sido imposible en Guatemala tras la firma de los acuerdos de paz de 1996, debido a la debilidad del Estado, la escasa recaudación de impuestos, una baja inversión social, la falta de independencia judicial, la violencia creciente, la militarización de la seguridad pública y la impunidad.

Así lo informaron hoy un grupo de organizaciones guatemaltecas y regionales que participaron en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En la sesión tomaron parte el Centro por la Justicia y el derecho Internacional (CEJIL), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG); la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA); el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH); la Asociación para el Estudio y la Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM); y el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH).

En la exposición, las organizaciones detallaron que el nivel de ingresos tributarios en Guatemala es de los más bajos de América Latina y no supera el 10 % del Producto Interno Bruto, lo que tiene un impacto directo en los derechos humanos. La baja recaudación de impuestos limita la inversión social necesaria para superar la pobreza, promover el desarrollo y garantizar la seguridad y la justicia.

Además, el peso de los impuestos se recarga en los más pobres, mientras que el 10% de la población más rica paga proporcionalmente menos tributos.

Para Jorge Santos, del CIDH, a inicios del actual Gobierno de Guatemala, en 2008, se presentó una propuesta de reforma fiscal cuyo pilar era la transformación del impuesto sobre la renta, pero la presión de grupos empresariales logró que el proyecto fuera presentado al congreso sin ese componente.

Según Santos, “la élite económica y su conservadurismo impiden la garantía de un Estado que promueva una política social activa y garante de los derechos humanos”, afirmó

Estado de Guatemala durante la audiencia ante la CIDHLa escasez de recursos afecta a todo el desempeño del Estado. La impunidad supera al 90 de la totalidad de los crímenes denunciados y en los delitos sexuales llega al 97%. Persisten la falta de independencia de los jueces y magistrados, que cada 5 años deben cabildear su reelección en los cargos; las deficiencias del sistema de investigaciín criminal y la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Las organizaciones criticaron el fortalecimiento del Ejército mediante su participación en tareas de seguridad ciudadana y e involucramiento de agentes policiales en organizaciones criminales.

De acuerdo con datos de UDEFEGUA, para los expositores y expositoras, el año 2009 fue uno de los más violentos para defensores y defensoras de los derechos humanos crecieron de 220 en 2008 a 353 en 2009.

Según Iduvina Hernández, del SEDEM, a trece años de la firma de los acuerdos de paz, que acabaron con un conflicto interno de décadas, “persisten acciones de contenido autoritario en contra de la defensa de los derechos humanos”.

La representación del Estado reconoció las debilidades que se le achacan, especialmente en cuanto a la impunidad, uso del Ejército para tareas de seguridad pública y la debilidad tributaria, y expresó su voluntad de corregirlas. Sin embargo, las atribuyó a causas estructurales.

Los y las peticionarias pidieron a la CIDH visitar Guatemala para evaluar el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; que se pronuncie en los casos provenientes de Guatemala presentados ante ese organismo regional; que exhorte al Estado a ser transparente en el proceso de reforma policial que impulsa y a continuar el diálogo acerca de la reforma de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Contacto de prensa: Mauricio Herrera. Director de Comunicación.

(202) 319-3000 (202) 445-46-76. mherrera@cejil.org.

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

 

 

Sumarios de Jurisprudencia: Violencia de Género

Sumarios de jurisprudencia - Violencia de Género

CEJIL presenta un nuevo título de la colección de Sumarios de jurisprudencia, esta vez dedicado a la Violencia de género.

Esta publicación incluye una selección de textos de decisiones emanadas de órganos internacionales de protección de los derechos humanos relacionados con la protección de las mujeres víctimas de violencia. La compilación provee un sólido cuerpo jurisprudencial que permite obtener un amplio panorama de la realidad de las mujeres en contextos muy variados revelando la vigencia indiscutible de la violencia de género en el mundo, más allá de los avances en materia normativa.

Esperamos que esta sea una herramienta útil que contribuya a la defensa de los derechos humanos y a la erradicación de una de las violaciones de derechos humanos más toleradas y silenciadas como es la violencia ejercida contra las mujeres.


Tipo de publicación: Compilación de jurisprudencia
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2010
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CEJIL condena ataques contra defensores en Nicaragua

Policías atacan a defensora

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena las agresiones sufridas por la defensora nicaragüense de derechos humanos Patricia Orozco, quien fue agredida la tarde del viernes 31 de octubre por ocho agentes de la Policía Nacional de León, tres de ellos, según ha señalado, le ocasionaron lesiones físicas y la esposaron sin darle explicaciones.

Jue, 05/11/2009

Washington D.C. 5 de noviembre de 2009

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena las agresiones sufridas por la defensora nicaragüense de derechos humanos Patricia Orozco, quien fue agredida la tarde del viernes 31 de octubre por ocho agentes de la Policía Nacional de León, tres de ellos, según ha señalado, le ocasionaron lesiones físicas y la esposaron sin darle explicaciones.

El ataque ocurrió luego de que Orozco, junto a dos compañeras, salieran de un encuentro de mujeres realizado en Las Peñitas, a 25 kilómetros de León, agentes de la Policía Nacional las retuvieron aproximadamente a las 4:30 de la tarde.

Aunado a las lesiones en contra de Patricia Orozco, se suma que al momento de poner la denuncia espero durante hora y media al médico forense y este nunca llegó. Con estos hechos se comprueba que el Estado no solamente no protegió la integridad de la defensora sino que además falló en investigar los mismos al impedir una documentación oportuna y adecuada, con el fin de que existan los indicios necesarios para sancionar a los responsables de estos hechos.

Días antes de la agresión sufrida por la defensora, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció la existencia de una lista de 10 defensores y defensoras de derechos humanos elaborada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional con el propósito de contratar personas que las amenacen y ataquen.

Dentro de las personas incluidas en la mencionada lista se encuentran: Violeta Granera, del Movimiento por Nicaragua; Azalea Solís, Juanita Jiménez y Sofía Montenegro, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM); Vilma Núñez, Presidenta Ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH); Luisa Molina, vocera de la Coordinadora Civil (CC) y Marcos Carmona de la CPDH, entre otros. Todas estas personas son reconocidas por su posición crítica ante el gobierno orteguista.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe sobre la Situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas recomendó a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que reconozcan públicamente que ˝el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por a ampliación de los derechos y garantías de todas las personas.˝

Asimismo, la CIDH también pidió a los Estados implementar, en forma prioritaria, una política global de protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, así como adoptar una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención con el fin de evitar ataques en contra de las defensoras y defensores de los derechos humanos. También señaló la necesidad de garantizar especialmente la seguridad de las mujeres defensoras de derechos humanos y de establecer medidas tendientes a reconocer la importancia de su rol dentro de la sociedad.

CEJIL lamenta los hechos ocurridos contra Patricia Orozco y manifiesta su profunda preocupación por la situación de riesgo en la que se encuentran las y los defensores de derechos humanos en Nicaragua y exhorta al Estado de Nicaragua a tomar todas las medidas necesarias para prevenir este tipo de hechos, garantizar la vida e integridad personal de estas personas e iniciar las investigaciones correspondientes.

 

Contacto en Washington

Nancy Marín Espinoza

Difusión y Prensa

Tel: 202 319 3000

Correo electrónico: nmarin@cejil.org

 

 

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional.

 

 

CEJIL rechaza agresiones contra Karen Fischer, testigo del caso Carpio contra Guatemala

Mié, 23/06/2004

San José, Junio 23 de 2004

CEJIL rechaza y repudia el atentado sufrido por Karen Fischer, importante testigo del Caso Carpio Nicolle contra Guatemala que tendrá audiencia pública el próximo 5 y 6 de julio del presente año ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica.

El pasado sábado 19 de junio, cuando Karen Fischer regresaba a su residencia acompañada de dos miembros de su seguridad personal asignados por el Estado de Guatemala, observó, al bajar de su vehículo y mientras se dirigía a la puerta de su casa, que tres individuos con armas en mano cruzaban la calle y se dirigían hacia ella. Inmediatamente, sus agentes de seguridad la ayudaron a entrar a su residencia y cerraron la puerta, quedando uno de ellos afuera.
Los sujetos dispararon contra el guardaespaldas de la señora Fischer hiriéndole gravemente, por lo que tuvo que ser llevado al hospital e internado en cuidados intensivos. Los atacantes huyeron en un vehículo que les esperaba.

Según informó la Sra. Fischer, el domingo después del atentado, recibió una llamada del Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos de Guatemala -COPREDEH, Frank La Rue, quien le indicó que él recibió una llamada anónima mediante la cual le amenazaron de muerte, y además le dijeron que la iban a matar a ella. La señora Fischer cree que el atentado es producto de su vinculación en el caso Carpio, toda vez que se ha anunciado pública y reiteradamente a través de varios medios de comunicación que asistirá a la audiencia convocada por la Corte Interamericana.

El caso Carpio contra Guatemala, se refiere a la ejecución extrajudicial de Jorge Carpio Nicolle ocurrida el día 3 de julio de 1993, junto con tres personas más, mientras realizaban una gira política en la zona del Quiché para anunciar la candidatura presidencial del Sr. Carpiio. La ejecución de Carpio tuvo un móvil político y los responsables materiales de su muerte fueron miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Desde su inicio, la investigación de los hechos estuvo viciada: se ocultó prueba importante, el expediente fue extraviado, fueron amenazados los fiscales que conocieron del caso así como los testigos, la única arma incautada relacionada con los hechos fue sacada ilegalmente del país y luego desaparecida, todo ello para lograr la impunidad de los victimarios.

Este caso es de gran importancia nacional e internacional, ya que se espera que el máximo tribunal establezca pautas que contribuyan a la lucha contra la impunidad en Guatemala.

Al momento del asesinato de Carpio Nicolle, Karen Fischer se desempeñaba como su Secretaria Privada, y junto con la Sra. Marta de Carpio, viuda del político, promovió la investigación a nivel nacional y luego con CEJIL entabló la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación les ha ocasionado constantes amenazas y actos de intimidación, razón por la cual CEJIL solicitó Medidas Provisionales hace varios años, las cuales fueron otorgadas por la Corte Interamericana y aun se mantienen.

CEJIL informó a la Corte Interamericana sobre los hechos de agresión contra Karen Fischer denunciados en el presente comunicado y le solicitó que inste al Estado de Guatemala para que informe sobre lo acontecido, ordene investigar los hechos y se tomen medidas efectivas y de mayor impacto tendientes a garantizar la vida y la integridad de la señora Karen Fischer.

 

Contacto Edilma Granados
Difusión y Prensa
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
CEJIL MESOAMERICA
Tel. 506-2807473
Fax: 506-280 5280
www.cejil.org

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

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