Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Carta de denuncia por el asesinato de la defensora mexicana de derechos humanos Marisela Escobedo Ortiz

Violencia de género en México

San José, 23 de diciembre de 2010. Más de 90 organizaciones y 180 activistas de México y América, queremos expresar nuestro repudio por la muerte de Marisela Escobedo Ortíz, defensora de derechos humanos de Chihuahua, México.

Jue, 23/12/2010

Sra Margaret Sekaggya

Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Presente

 

Más de 90 organizaciones y 180 activistas de México y América, queremos expresar nuestro repudio por la muerte de Marisela Escobedo Ortíz, defensora de derechos humanos de Chihuahua, México.

El 16 de diciembre de 2010, un grupo de hombres llegó a la plaza principal de la ciudad de Chihuahua, y se acercó a Marisela Escobedo Ortiz, quien desde hacía 8 días se manifestaba pacíficamente, exigiendo la actuación de las autoridades para detener al asesino de su hija Rubí. Ella corrió buscando refugio al Palacio de Gobierno, a sus puertas, uno de los hombres le disparó a la cabeza y la asesinó.

La causa de este asesinato es la cultura de discriminación y violencia contra las mujeres que el Estado mexicano ha sostenido en las últimas dos décadas en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Durante los últimos 27 meses la actividad central de Marisela fue exigir justicia por el asesinato de su hija, denunciar a las autoridades cómplices y negligentes del feminicidio, y demandar al sistema de justicia para que efectivamente garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El 28 de agosto de 2008, ante el asesinato de su hija Rubí, Marisela comenzó los trámites correspondientes para su denuncia y para que las autoridades actuaran conforme a derecho, pues se tenía claras sospechas de quien podía haber sido el asesino.

Rubí Marisol, de 19 años, fue asesinada en Ciudad Juárez por su pareja, Sergio Rafael Barraza, con quien tenía una hija. Barraza Bocanega ejerció violencia desde el inicio de la relación, misma que incrementó hasta que la asesinó, quemó y tiró en un basurero clandestino y cementerio de cerdos. Huyó al estado de Zacatecas, confiado en que después de un tiempo su crimen quedaría impune, como los cientos de otros asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Su crimen no fue investigado, posteriormente fue absuelto por los tribunales y finalmente, ya que se había dado a la fuga, encontrado culpable mediante un juicio de casación.

Ante las graves irregularidades y omisiones de las autoridades en las investigaciones ministeriales, Marisela tuvo la tenacidad de buscar, siempre dentro del marco de la ley, las pruebas de los hechos. Sergio Rafael Barraza, personalmente y ante ella, ubicó el lugar exacto donde había depositado a su víctima, confesó su crimen y pidió perdón en la audiencia de juicio oral que se realizó. Sin embargo, el 29 de abril de 2010, las y los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Baudib Jurado decidieron absolverlo.

El hecho estremeció a Ciudad Juárez y a Chihuahua. Las familias de las víctimas y las organizaciones civiles locales, acompañadas por organizaciones e instancias nacionales e internacionales, desde 1993 han documentado el feminicidio, denunciado la negligencia y complicidad de las autoridades y han realizado un trabajo constante de propuestas y acciones para que las instituciones del Estado actúen de acuerdo a sus obligaciones con la ciudadanía. Justo unos meses antes se había tenido un logro importante en ese sentido. En diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez. El Estado mexicano había argumentado en el juicio interamericano que el nuevo sistema de justicia en Chihuahua ya no repetía la impunidad de las décadas anteriores. El asesinato de Rubí y la impunidad ante la contundencia de las pruebas, hizo evidente que la situación en Ciudad Juárez y Chihuahua era peor que en cualquier año anterior.

Durante este año 2010, cada 24 horas una mujer ha sido asesinada en el estado de Chihuahua por razones principalmente vinculadas al hecho de ser mujer. Una cifra sin precedentes en la que la gran mayoría de los casos está en total impunidad.

La Corte Interamericana también reconoció que existe un hostigamiento y agresión sistemática contra las familias y defensoras que exigen justicia por estos casos, y condenó a México por no garantizar su protección, dejar los hechos en la impunidad y por no reparar los daños.

Marisela Escobedo Ortiz, exigió justicia siempre de una manera pacífica. Utilizó sus propios recursos, económicos y vitales, para realizar el trabajo que las autoridades no cumplían. Realizó todas las investigaciones para conocer la verdad y dar con el asesino de su hija. Caminó desde Ciudad Juárez a Chihuahua para que el Gobernador del estado, en ese momento José Reyes Baeza, mandatara las acciones necesarias para detener al asesino. Ante la absolución de Sergio Rafael Barraza, realizó el juicio de casación y logró que en dicha sentencia se condenara al asesino. Sin embargo, como no se dictó arraigo él volvió a huir y desde su fuga comenzó a amenazar a Marisela. En julio de este año, ella se instaló en la Alameda Central de la Ciudad de México para exigir al Presidente, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, que buscaran y detuvieran al asesino. En septiembre acudió al Encuentro Nacional Feminista que se realizó en Zacatecas y ahí pidió que las autoridades que buscaran a Barraza, pues se tenían indicios de que se encontraba en esa entidad. En noviembre de este año presentó testimonio ante la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia de las Mujeres.

Ella afirmaba, que mientras no se detuviera al asesino de Rubí y a todos los demás asesinos de mujeres, éstos seguirían cometiendo dichos crímenes. Su conciencia de la necesidad de realizar medidas para que los hechos no se repitieran permitió que en el estado de Chihuahua, se instalara la Comisión Investigadora para el caso Rubí, con el fin de detectar los errores en el proceso y tomar medidas en el sistema judicial para que no se repitiera la impunidad. Sin embargo, todo quedó paralizado ante el cambio de gobierno estatal y municipal. Marisela protestaba ayer porque el nuevo gobernador, Cesar Duarte Jáquez, no había realizado ninguna acción respecto de su hija -y demás mujeres desaparecidas y asesinadas- pero sí había movilizado todo el aparato de procuración de justicia para familiares de funcionarios de alto nivel del Estado.

Las organizaciones firmantes continuaremos la voz y demanda de Marisela:

En su memoria decimos que no queremos más simulación por parte de las autoridades.

Exigimos fin al feminicidio y a la impunidad.

Demandamos que se cumplan todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana especifica acciones para prevenir, investigar y sancionar debidamente las desapariciones, violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, así como investigar y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que buscan justicia por dichos hechos.

Siguiendo a la Corte Interamericana, exigimos se garantice la integridad y seguridad para todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidios de mujeres, es decir, del feminicidio. Esto implica una atención integral, la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente para la familia Frayre Escobar.

Ante el gravísimo incremento de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos, responsabilizamos al Estado mexicano de cualquier otro acto en su contra, pues hasta la fecha no ha investigado, ni a realizado las acciones básicas para garantizar su vida y su integridad. En ello se incluye a los cuerpos de seguridad pública de los tres ámbitos de gobierno –federal, estatal y municipal- que desde 2008 tienen ocupada Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, sin que ello se haya traducido en una mejora para la seguridad de las mujeres.

Denunciamos que en el actual debate para aprobar el presupuesto estatal de Chihuahua no se han incorporado recursos para implementar Ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ni para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero.

Marisela Escobedo Ortiz, fue una defensora de derechos humanos que a partir del crimen contra su hija movilizó a personas y organizaciones, a instituciones y poderes para acabar con el feminicidio, siempre a través de fortalecer las instituciones de justicia, de acciones ciudadanas y democráticas. Su asesinato revela la desprotección criminal que el Estado mexicano sostiene contra las defensoras y su falta de voluntad efectiva para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.

 

ORGANIZACIONES Y REDES MEXICANAS:

Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Justicia para Nuestras Hijas, El Barzón Chihuahua, Mujeres por México en Chihuahua A.C., Colectiva: arte, comunidad y equidad; Movimiento pacto por la Cultura, Salud y Bienestar Comunitario, Comité Medico Ciudadano Ciudad Juárez, Plan estratégico de Juárez, Pastoral Obrera, Centro Caritas Diocesano de Ciudad Juárez, Frente Plural Ciudadano, Redes Universitarias Ciudad Juárez, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Humanidas sin Fronteras, A.C, Frontera con Justicia, A.C, Posada del Migrante, Area de Comunicación de la Diocesis de Saltillo, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Observatorio Ciudadano de Derechos de las Mujeres, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Cátedra UNESCO de derechos Humanos de la UNAM, Servicios y Asesoría para la Paz, Formación y Capacitación A.C., Servicios Humanitarios en Salud sexual y Reproductiva, AC, Comite Derechos Humanos Ajusco, Incide Social A.C., Casa de los derechos del Periodista, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., Frontera con Justicia, A.C., Humindad sin Fronteras, A.C., Fuerzas Unidas por nuestros Desaparecidos y Desaparecidas en Coahuila, Colectivo Feminista de Xalapa, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, ProDESC, ENLACE Comunicación y Capacitación A.C., Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Red Feminista Sonorense, Comité "Hasta Encontrarlos", Comité Cerezo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comisión De Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casa, A.C., Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., La Madeja, un espacio para mujeres. A.C., Camino con Alas A.C., Colectivo Nosotras, Coordinadora Guerrerense de Mujeres Indígenas, Mujeres Organizadas Yuubani, A.C., Área de Mujeres de la UNOSJO S.C., Territorios de Cultura A.C., Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., Centro Mujeres A.C., Centro Mujeres Graciela Hierro A.C., Programa Jóvenes en Acción B.C.S., Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida digna en Chihuahua, CIDEM AC, Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres AC, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México- ECOMUNIDADES, Elige Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales, Casa de Engracia.


ORGANIZACIONES Y REDES INTERNACIONALES:

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer -CLADEM-, confluencia mesoamericana Las Petateras, Alianza Feminista Centroamericana Transformando La Cultura Patriarcal, Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo –AWID-, Fondo Centroamericano de Mujeres, Asociadas por lo Justo -JASS-, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL-, Radio Internacional Feminista, Frente Nacional de Lucha FNL (Guatemala), Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala), Sinergia Noj (Guatemala), Colectiva de Lesbianas Liberadas LESBIRADAS (Guatemala), Organización de Mujeres en Superación (Guatemala), Asociación de Abogados y Abogadas Mayas de Guatemala (Guatemala), Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), OROMUSA (Panamá), Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (El Salvador), Colectiva Feminista (El Salvador), Grupo Venancia (Nicaragua), Punto Focal de la Campaña 28 de Setiembre por la Despenalización del Aborto (Nicaragua), Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla” (Honduras), Centro de Derechos de Mujeres (Honduras), Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas (El Salvador)Feministas en Resistencia (Honduras), Centro Flora Tristán (Perú), B.A.S.T.A. (Alemania), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos del Ecuador (Ecuador), Centro de Información y Desarrollo de la Mujer- CIDEM- (Bolivia), Centro Mirabal (Chile), Colectivo Rebeldía (Bolivia), Liga de Mujeres Desplazadas (Colombia), Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres (Costa Rica), CEFEMINA, Oficina de Equidad de Género del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Costa Rica), Ciudadanía por los Derechos Humanos (Costa Rica), AC Democracia (Ecuador)

Firmas individuales nacionales:

Teresita De Barbieri , Laura Gutiérrez (MUGAC, Baja California, Tecate), Silvia Vázquez Camacho (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C., Baja California, Tijuana), Blanca Mesina (Representante de 25 policías torturados por militares en Tijuana BC), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C., Coahuila, Saltillo), María Luisa García Andrade (Nuestras Hijas de Regreso a Casa A.C, Chihuahua, Ciudad Juárez), Ileana Espinoza (Red Mesa de Mujeres Chihuahua, Ciudad Juárez), Verónica Corchado (Pacto por la Cultura, Chihuahua, Ciudad Juárez), Imelda Marrufo (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Emilia González (Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Lucha Castro Rodríguez (Centro de Derechos de las Mujeres A.C. Chihuahua, Ciudad Juárez), Martha Graciela Ramos Carrasco (Mujeres por México en Chihuahua A.C., Chihuahua, Ciudad Juárez), Margarita Guadalupe Martínez Martínez (ENLACE, Comunicación y Capacitación, A.C., Chiapas), Martha Figueroa (Grupo de mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Chiapas, San Cristobal), Diana Damián (Formación y Capacitación, Chiapas), Ana Karen López Quintana (Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans A.C., Tamaulipas, Tampico), Alicia Leal Puertas (Alternativas Pacíficas A.C., Nuevo León, Monterrey), Consuelo Morales (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Nuevo León, Monterrey), Angélica Araceli Reveles Soto (CLADEM-México, Jalisco, Guadalajara), Guadalupe López García (Lesbianas en Patlatonalli A. C., Jalisco, Guadalajara), Dora Ávila (Centro para los derechos de la Mujer Nääxwiin, Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales, Oaxaca, Matías Romero), Beatriz Teresa Casas Arellanes (BARCA, Oaxaca), Emelia Ortiz García (Campaña “Si no están ellas no estamos todas”, Oaxaca, Región Triqui), Beatriz Hernández (Círculo Profesional para la Formación con Equidad de Género ¡Ndudxa Ndandi!, Oaxaca, Tlaxiaco), Edita Alavez Ruiz (UNOSJO, Mujeres Organizadas Yuubani, Oaxaca, Guelatao), Ana María Hernández (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Theres Hoechli (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Yessica Maya Sánchez (Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, Oaxaca), Nadia Altamirano Díaz (Comunicación e Información de la Mujer AC., Oaxaca), Leticia Burgos (Red Feminista Sonorense, Sonora, Ciudad Obregón), Sandra Peniche (Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, Yucatán, Mérida), Espinoza Núñez (Zacatecas), Nora Isabel Bucio Nava (Comunicación e Información de la Mujer AC., Morelos, Cuernavaca), María del María del Montserrat Díaz (Colectivo Feminista de Xalapa A.C., Veracruz, Xalapa), Ofelia Cesareo Sánchez (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicana, Guerrero, Chilpancingo), Silvia Castillo Salgado (Instituto Guerrerense de Derechos Humanos A.C., Guerrero, Chilpancingo), Obtilia Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Andrea Eugenio Manuel (OPIM, Guerrero), Soledad Eugenio (OPIM, Guerrero), Cristina Hardaga Fernández (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Guerrero, Tlapa), Carolina Cantú (Coordinadora Guerrense de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, Guerrero, Tlacopa), Georgina Vargas Vera (Centro de Derechos Humanos Victoria Díez A.C. Guanajuato, León), Verónica Cruz (Las Libres A.C. Guanajuato, León), María Trinidad Ramirez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Martha Perez (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Estado de México, San Salvador Atenco), Clemencia Correa (D.F.), Yunuhen Rangel (Comunicación e Información de la Mujer AC., DF), Lucía Lagunes Huerta (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Cirenia Celestino Ortega (Comunicación e Información de la Mujer , DF), Alejandra Ancheita Pagaza (Proyecto Derechos Económicos Sociales y Culturales, DF), Elga Aguilar (Comité Cerezo México, DF), Eréndira Cruz Villegas Fuentes (Incide Social, Frente de Protección a Periodistas, DF), Dolores González (Serapaz, DF), Tania Ramírez Hernández (HIJOS, DF), Josefina Chávez (Cuadernos Feministas, PRT, DF), Andrea de la Barrera Montppellier (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., DF), Marusia López (Asociadas por lo Justo, D.F.), Andrea Medina Rosas (Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., D.F.), Orfe Castillo (D.F.), Laura García Coudurier (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Erika González (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Carmen Morales (Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer AC, D.F.), Alejandra González (Tlachinollan, D.F.), Irma Estrada Martinez (Tribunal Internacional de Conciencia, DF), Aline Castellanos Jurado (Consorcio Oaxaca A.C.), Teresa Emeterio Martinez (Consorcio Oaxaca A.C.), Zenaida Gurierrez Perez (Consorcio Oaxaca A.C.), Elia Santiago Antonio (Consorcio Oaxaca A.C.), Laura Jimenez (Consorcio Oaxaca A.C.), Nallely Tello (Consorcio Oaxaca A.C.), Ana María Emeterio Martinez (Consorcio Oaxaca A.C.), Marieli Hernandez Cernaz (Consorcio Oaxaca A.C.), Cecilia Espinosa Martínez (México, Red Mesa de mujeres de Cd. Juárez), Martha Alicia Delgado Portales (Colectivo Feminista de Xalapa), Gladys Villegas Morales (Colectivo Feminista de Xalapa), Silvia Cabrera Huerta (Colectivo Feminista de Xalapa), Carmen Valenzuela (Colectivo Feminista de Xalapa), Armida Sosa (Colectivo Feminista de Xalapa), Blanca Arely Navarro (Chiapas), Abelardo Palma Molina (Chiapas), Carolina Damián (Chiapas), Isaura Pagaza (ProDESC), Valeria Escozar (ProDESC). Stephanie Delgado (ProDESC), Rosalinda Márquez (ProDESC), Darío Maldonado (ProDESC), Ixchel Carrasco Arias (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Jaime Cuevas (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Daniel Escobar (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Miguel Ángel Paz Carrasco (ENLACE Comunicación y Capacitación A.C.), Blanca Isabel Martínez Bustos (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila), Alma Rosa Garcia Guevara (Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Coahuila), María Eugenia Arriaga Salomón (Área de Comunicación de la Diócesis de Saltillo, Coahuila), Sandra Albicker (Humanidas sin Fronteras, A.C), Paola Ramos (Frontera con Justicia, A.C, Coahuila), Guadalupe Arguello Reyes (Posada del Migrante, Coahuila), Rosalba Robles Ortega (Profesora-Investigadora Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), Mons. Raúl Vera López, OP obispo de Saltillo (Coahuila), Alberto Xicotencatl Carrasco (Coahuila), Noe Leonardo Ruiz Malacara (Coahuila), Martín Rodolo Hernández Linares (Coahuila), José Francisco Ovando Zuñiga (Chiapas), Rosario Figueiras Figueroa (Chiapas), Jose Roberto Ovando Figueroa (Chiapas), Julio Ovando Figueroa (Chiapas), Eduardo Ovando Figueroa (Chiapas), Aidé Álvarez Arellano (DF), Estefanía Landa Juárez (DF), Blanca Rico (DF), Marcela Salazar (DF), Erika Tamayo (DF), Guillermina Mendoza (DF), Noëmi Noto (DF), Cecilia Vega (DF), Yanina Flores (DF), Arturo Martínez (DF), Norma Martínez (DF), Catalina Delgado (DF), Angélica Herrera (DF), Elvira Nenclares (DF), Rebeca González (Chiapas), Humberto Robles (DF),

 

Firmas individuales internacionales:

Adelay Carias (Honduras, Feministas en Resistencia), Alejandra Nuño (Costa Rica, Centro por la Justicia y en Derecho Internacional-CEJIL), Amandine Fulchiron (Guatemala, Actoras del Cambio), Ana Ixmucané Gatica (Guatemala, Comité de Unidad Campesina), Lucía Morán Vásquez (Guatemala, Mujeres Transformando el Mundo), Carmela Curup Chajon (Guatemala, Asociación de abogadas Mayas), Claudia Hernández Cruz (Guatemala, Fundación Sobrevivientes), Claudia Acevedo (Guatemala, LESBIRADAS), Claudia Spellmant Medina (Honduras, Colectivo III/RedLacTrans), Claudia Samayoa (Guatemala, UDEFEGUA), Daysi Flores (Honduras, Jass Mesoamérica/ Petateras/Feministas en Resistencia), Dora Ruano (Guatemala, Frente Nacional de Lucha -FNL), Erika Guevara (USA, Global Fund For Women), Evelyn García (Guatemala, Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos), Evelyn Morales Pineda (Guatemala, Mujeres Tierra Viva), Gilda Rivera Sierra (Honduras, Centro de Derechos de Mujeres), Gladys Lanza Ochoa (Honduras, Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”), Inmaculada Barcia (España, AWID), Jacqueline Nolley Echegaray (USA/Peru, Just Associates -JASS), Lisa VeneKlasen (USA, Just Associates -JASS), Luisa Pérez Herrán (Nicaragua, Grupo Venancia), Aleyda Terán (Panamá, Alianza de Mujeres/ Codim/Petateras), Lydia Alpizar (Costa Rica/ México, AWID), Mariana Moisa (El Salvador, Mujeres Solidarias/ Colectiva feminista), Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador, Asociación para el Desarrollo y Defensa de la Mujer-APDM), Marta María Blandón (Nicaragua, IPAS), Mary Jane Real (Philippines, Women Human Rights Defenders International Coalition), Morena Herrera Argueta (El Salvador, Alianza Feminista Centroamericana /Colectiva Feminista para el Desarrollo Local), Nohelia Nuñez Licona (Honduras, Plataforma de DH de Honduras / E.DEF.), Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala, Asociación de Mujeres de Petén Ixqik), Patricia Orozco Andrade (Nicaragua, Campaña 28 de Septiembre), Patricia Ardón (Guatemala, Sinergia Nój/ JASS/ Petateras), Patricia Guerrero Acevedo (Colombia, Liga de Mujeres Desplazadas), Paz Arau Picado (Nicaragua, Grupo Venancia), Ruth Polanco (El Salvador, Las Dignas), Silvia Ivethe Juárez (El Salvador, ORMUSA), Tara Madden (Irlanda, Front Line), Yanira Argueta (El Salvador, Asociación para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres Salvadoreñas), Yanira Tobar Márquez (Guatemala, Mujeres en Superación/Red Trasex), Mariela Arce (CEASPA/JASS/PETATERAS), Gabriela Vargas Vargas (Costa Rica), Ana Cofiño (Guatemala), Walda Barrios (Guatemala), Adriana Palacios (Nicaragua), Ibán Alvarez Requejo (Estado español), Pere Perelló Nomdedéu (Paisos Catalans), Andrea, Alvarado Vargas (Costa Rica),Katerina Anfossi Gómez (Costa Rica), Ricardo Plá (Estado Español), Montserrat Sagot Rodríguez (Directora de la Maestría Regional en Estudios de la Mujer-Universidad de Costa Rica.)

17 de diciembre de 2010 Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Personas LGBT corren grave peligro en Honduras

34 asesinatos de personas LGBT desde junio del 2009

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos  de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

Jue, 20/01/2011

Jueves 20 de enero del 2011. El asesinato de una persona transgénero ocurrido el lunes 17 de enero, eleva a 34 la cantidad de asesinatos –según las cifras más conservadoras– de miembros de esta comunidad en Honduras desde junio del año 2009 hasta la fecha.

 

Fergie Alice Ferg (nombre con el que se identificaba Williams Afif Hernández) fue hallada sin vida en la vía pública de San Pedro Sula en la madrugada del lunes. La víctima era voluntaria de la Comunidad Gay Sampedrana para la Salud Integral y del Colectivo Unidad Rosa.

 

La violencia contra la comunidad LGBTTTI (lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexo) en Honduras ha registrado una escalada desde el golpe de Estado del 28 de junio del 2009. Las agresiones encuentran su expresión mayor en los asesinatos, aunque también son frecuentes los casos de personas agredidas y desfiguradas.

 

La situación es más grave aún por el grado de impunidad de este tipo de crímenes motivados por el odio ante la orientación sexual e identidad de género de las víctimas. Según datos de la Red Lésbica Cattrachas, el 98% de los crímenes de odio cometidos contra la comunidad LGBTTTI desde el 2003 ha quedado sin castigo. La investigación de estos hechos se hace especialmente difícil en los casos que involucran a agentes estatales, los cuales son recurrentes.

 

Estas situaciones de violencia no son aisladas ni desconocidas. En octubre del año 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo conocimiento sobre los crímenes de odio en contra de las personas LGBTTTI en Honduras durante una audiencia solicitada por CEJIL en conjunto con la Asociación LGBT Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) y el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC).

 

A la vez, en noviembre del 2010, el mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas dio una serie de recomendaciones para el Estado hondureño, entre las cuales destacan varias dedicadas especialmente a la protección de los derechos de las personas LGBTTTI. Entre ellas se encuentran la revisión de la legislación nacional y la adopción de planes que tiendan a la promoción y la protección de los derechos humanos de la población de estos grupos en situación de vulnerabilidad.

 

Asimismo, el informe recomendó llevar a cabo investigaciones “independientes, imparciales y efectivas” sobre el uso ilegal de la fuerza contra activistas y miembros de la población LGBTTTI. Ninguna de estas recomendaciones ha sido adoptada hasta el momento.

 

CEJIL, la Red Lésbica Catrachas, HIVOS, la Asociación Arco Iris, el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH), la Comunidad Gay Sampedrana, el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPACDH) y el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI) expresan su profunda preocupación y condena por la evidente desprotección en que se encuentra la comunidad LGBTTTI hondureña. Asimismo exhortan a las autoridades del Estado de Honduras para que tomen las medidas afirmativas necesarias para detener la violencia en contra de las personas LGBTTTI, para prevenir hechos de esta naturaleza y para que se garanticen sus derechos en forma efectiva. En especial, las organizaciones hacen un fuerte llamado a las autoridades del Ministerio Público hondureño para que investiguen pronta y eficazmente los múltiples crímenes de odio por orientación sexual que han cobrado la vida de al menos 34 personas en un año y medio.

 

Finalmente las organizaciones hacen un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exprese públicamente su preocupación sobre esta problemática en Honduras y agilice la elaboración del informe sobre crímenes de odio en contra de personas LGBTTTI en las Américas.

 

Contacto en Costa Rica

Darío Chinchilla

Difusión y Prensa de CEJIL

Tels.: + (506) 2280-7473/7608

Celular: + (506) 8354-1361

Fax: + (506) 2280-5280

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Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI)

Comisión Interamericana pide información a Honduras sobre acoso a defensores de derechos humanos

Funcionarios oficiales hostigan a activistas

San José y Tegucigalpa, 11 de enero del 2010. El pasado 6 de enero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información al Estado de Honduras sobre varios actos de hostigamiento promovidos desde las instituciones estatales en contra de organizaciones de derechos humanos.

Mar, 11/01/2011

San José y Tegucigalpa, 11 de enero del 2010. El pasado 6 de enero la Comisión Interamerican a de Derechos Humanos (CIDH) solicitó información a Honduras sobre varios actos de hostigamiento promovidos desde las instituciones estatales en contra de organizaciones de derechos humanos.
 
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) informaron el pasado 27 de diciembre a la CIDH sobre una reciente resolución judicial que pretendía allanar la sede del COFADEH. La acción se haría supuestamente para obtener documentos testimoniales, de los que COFADEH es depositario, en los que constan declaraciones de testigos relacionadas con el asesinato del abogado Dionisio Díaz García, ocurrido el 4 de diciembre del 2006. No obstante, estas personas nunca han sido convocadas directamente por el Ministerio Público para declarar y, de hecho, ya existen dos personas condenadas por el asesinato.
 
Por otra parte, CEJIL y COFADEH informaron a la CIDH sobre graves manifestaciones de funcionarios estatales de alto nivel que relacionan con actividades ilícitas a las organizaciones hondureñas de derechos humanos en general y al COFADEH en particular. Cabe destacar que los miembros de COFADEH cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión.
 
Los hechos citados no son aislados. Desde el mes de noviembre del año anterior, Porfirio Lobo y varios de sus ministros lideran una campaña de intimidación y desprestigio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras. Durante el mes de diciembre, representantes estatales brindaron diversas declaraciones públicas acusando a las organizaciones de desestabilizar el gobierno, de apoyar a grupos armados ilegales y de cometer actos de vandalismo contra instituciones públicas.
 
La CIDH expresó en su informe sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos su preocupación por este tipo de mensajes que “contribuyen a crear condiciones adversas para el ejercicio de la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y generan un profundo daño a las democracias del hemisferio”.
 
Por su parte, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de Derechos Humanos, en su más reciente informe, recomendó a los Estados abstenerse de estigmatizar el trabajo de estos activistas y de reconocer, a través de declaraciones públicas, la importancia y la legitimidad de sus actividades. La Relatora consideró que éste es el primer paso para prevenir –o al menos disminuir– el riesgo que sufren las personas que defienden derechos humanos. Ninguna de estas recomendaciones ha sido atendida por el Estado de Honduras.
 
Adicionalmente, el pasado mes de noviembre el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley contra el financiamiento del Terrorismo, en la cual se regula –entre otras actividades– el funcionamiento y las obligaciones de las asociaciones u organizaciones de derechos humanos, estableciendo controles excesivos y sanciones arbitrarias con el único fin de obstaculizar su trabajo.
 
Otros hechos ocurridos recientemente, como la incursión de sujetos desconocidos en la sede del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla –cuya coordinadora cuenta con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos– demuestran que los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras corren un grave riesgo.
 
CEJIL y COFADEH hacen un llamado al Estado hondureño para que detenga esta campaña de desprestigio en la que se busca criminalizar a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y cumpla con sus obligaciones internacionales de garantizar el derecho de las personas hondureñas a defender los derechos humanos sin obstáculos y en condiciones seguras.
 
 
Contacto en Costa Rica
Darío Chinchilla
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Dina Meetabel Meza Elvir
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Telfax: +(504) 2220-52-80
Móvil: +(504) 95573181
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Enlaces relacionados:
Reporte de la Relatora especial sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos.
Informe de la CIDH sobre la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas.
 

CEJIL deplora otro asesinato de periodista en Honduras

Diez periodistas fueron asesinados en Honduras

San José, 29 de diciembre del 2010. El reportero hondureño Henry Suazo fue asesinado el martes anterior, hecho que eleva la cuenta a diez periodistas asesinados en Honduras durante el 2010.   CEJIL repudia enfáticamente el asesinato y reitera su llamado urgente al Estado hondureño para que garantice la vida y la libertad de expresión de los comunicadores que la ejercen en su territorio.

Mié, 29/12/2010

San José, 29 de diciembre del 2010. CEJIL repudia enfáticamente el asesinato del reportero radiofónico hondureño Henry Suazo. El comunicador fue baleado por un desconocido mientras salía de su casa ayer, martes, en el pueblo de La Masica, ubicado en la costa caribeña.

La cuenta de periodistas asesinados en Honduras ya suma diez víctimas este año. Ninguno de estos crímenes ha sido sancionado por las autoridades judiciales hondureñas.

“La situación es crítica para los periodistas en Honduras. El Estado no está cumpliendo con su obligación de garantizar la libre expresión y la seguridad de los profesionales que la ejercen, a lo cual se ha comprometido mediante acuerdos internacionales”, afirmó Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de CEJIL.

El 14 de marzo de este año, el periodista Nahúm Palacios también fue asesinado a pesar de que anteriormente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le había ordenado al Estado hondureño otorgarle medidas de protección.

Asimismo, el comunicador José Luis Galdámez fue víctima de un atentado fallido contra su vida el pasado 14 de septiembre, a pesar de que supuestamente contaba con la misma protección ordenada en el caso de Palacios. Ante el peligro que corre este comunicador, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas provisionales a favor del periodista y de sus familiares el pasado 23 de diciembre.

CEJIL reitera su llamado urgente al Estado hondureño para que garantice la vida y la libertad de expresión de los periodistas que la ejercen en su territorio. Asimismo, la organización demanda una exhaustiva investigación sobre los hechos que provocaron la muerte de Henry Suazo y de los otros periodistas cuyas muertes han quedado impunes hasta la fecha.

 

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Darío Chinchilla

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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

 

Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Honduras proteger a periodista

Libertad de expresión en Centroamérica

San José, 23 de diciembre del 2010. El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos autorizó medidas provisionales de protección para el periodista hondureño José Luis Galdámez Álvarez y de sus familiares.

Jue, 23/12/2010

San José, 23 de diciembre del 2010. El Estado hondureño debe proteger la vida y la integridad física del periodista José Luis Galdámez Álvarez y de sus familiares. La orden se desprende de las medidas provisionales que el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), comunicó el miércoles 22 de diciembre desde la sede del Tribunal en San José, Costa Rica.

El periodista es director del programa Tras la verdad, que transmite Radio Globo. En su labor como comunicador ha sido crítico del golpe de Estado que destituyó al mandatario José Manuel Zelaya Rosales el pasado 28 de junio del 2009.

Galdámez ha recibido numerosas amenazas de muerte en las que se le insta a abandonar el ejercicio de su profesión. Además ha sido vigilado y perseguido por sujetos desconocidos. Por ello, desde el 24 de julio del 2009, es beneficiario de medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); no obstante, el Estado ha fallado en protegerlo. De hecho, el 14 de setiembre del 2010 fue víctima de un atentado con armas de fuego, del cual pudo escapar.

Como antecedente, cabe destacar que el periodista Nahúm Palacios fue asesinado el 14 de marzo anterior, a pesar de que también era beneficiario de la protección ordenada por la Comisión. Además de Palacios, otros 7 comunicadores han sido asesinados en el año 2010. Ninguna de estas muertes se ha sancionado.

“La resolución de la Presidencia de la Corte reafirma el estado de riesgo en que se encuentran los periodistas y comunicadores en Honduras. El Estado debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones seguras”, declaró la abogada de CEJIL Marcia Aguiluz.

En su resolución, la Presidencia de la Corte requiere al Estado la adopción, “de forma inmediata y definitiva”, de las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de Gálvez y de su familia. Asimismo, el 10 de enero del 2011, el Estado debe presentar el primero de una serie de informes bimensuales sobre las medidas que ha adoptado para cumplir la resolución.

La orden de la Presidencia de la Corte se deriva de una solicitud presentada por la CIDH, a instancias de CEJIL y del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos de Honduras (CIPRODEH).

Ante situaciones de extrema gravedad y urgencia, la Corte puede tomar las medidas provisionales que considere pertinentes aunque no haya un caso presentado ante el Tribunal. Como signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado hondureño debe adoptar obligatoriamente las medidas que indique la Corte IDH.

CEJIL insta al Estado hondureño para que tome las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad del periodista y sus familiares. Asimismo urge a las autoridades judiciales para que identifiquen, juzguen y sancionen a los responsables de los hechos que ponen en riesgo la vida e integridad personal de dichos beneficiarios.

 

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Condena la Corte IDH al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

Caso de ecologistas

San José, Costa Rica, 20 de diciembre del 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Ellos son campesinos ecologistas del estado de Guerrero quienes fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental.

Lun, 20/12/2010

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha hecho pública la sentencia en la que condena al Estado mexicano por las violaciones a los derechos humanos a la libertad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas del estado de Guerrero por hechos ocurridos en 1999. En la sentencia se ordena al Estado que ejecute, en los plazos establecidos por la Corte, las medidas adecuadas para reparar el daño y revertir las condiciones que permiten hasta hoy la comisión de violaciones graves a los derechos humanos.

 

El Estado mexicano debe acatar en su totalidad lo ordenado por la Corte IDH porque la resolución de ésta tiene un carácter vinculante y es inapelable. Deben darse desde ahora los pasos necesarios y tomar las acciones orientadas para cumplir, sin atenuarlas, las medidas concretas señaladas en la sentencia. De estas medidas resaltamos las siguientes: investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Teodoro Cabrera y Rodolfo Montel, indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y psicológicos correspondientes, fortalecer el funcionamiento del registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos a las personas detenidas y reformar el Código de Justicia Militar para excluir de la competencia del fuero militar los delitos relacionados con violaciones a derechos  humanos.  Sobre este último, la Corte puntualizó que dicha “conclusión se aplica no sólo para casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, sino a todas las violaciones de derechos humanos”, Así, es claro que la iniciativa presentada por el Presidente Calderón el pasado 18 de octubre en la materia no basta para cumplir con las órdenes de la Corte IDH.

 

En cuanto al sistema penal mexicano, considera, entre otras cosas, que “los tribunales que llevaron a cabo el proceso penal en contra de los señores Cabrera y Montiel en todas las etapas del proceso debieron excluir totalmente las confesiones rendidas por éstos, por cuanto la existencia de tratos crueles e inhumanos inhabilitaba el uso probatorio de dichas evidencias”. Cuestión que resulta especialmente relevante en el actual contexto mexicano de confesiones coaccionadas por parte del Ministerio Público, y aceptadas por la autoridad judicial como prueba principal en los juicios penales. Por lo tanto, el Estado mexicano debe adecuar su prácticas actuales y hacerlas compatibles con los más altos estándares de derechos humanos.

 

Los defensores de los bosques Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueron víctimas de detención arbitraria y tortura en 1999 a manos de miembros del Ejército por su activismo ambiental. El 7 de noviembre de 2001, el Presidente de las República ordenó su liberación por razones humanitarias pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. En los días previos, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura ni el acceso a la justicia, el caso fue presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ésta admitió el caso en febrero de 2004 y, ante la reiterada falta de cumplimiento por parte del Estado mexicano, lo sometió ante la Corte Interamericana el 24 de junio de 2009.

 

El 26 de agosto de 2010, Rodolfo Montiel rindió testimonio, ante la Corte IDH, sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra él y su compañero Teodoro Cabrera. Durante su intervención solicitó a la Corte IDH que ordene al Estado mexicano tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores ambientalistas y revertir los abusos militares.

 

A más de diez años de las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros del ejército y por funcionarios de los sistemas de procuración y administración de justicia contra Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, las autoridades de los tres poderes de la unión de los distintos órdenes de gobierno están ante la posibilidad de poner un alto a la injusticia que hasta ahora afecta a los campesinos ecologistas y a su familia. El cumplimiento cabal de la sentencia, de manera efectiva y de buena fe, es indispensable como muestra inequívoca del compromiso del Estado mexicano en materia de derechos humanos.

 

El Centro Prodh y CEJIL, organizaciones representantes de los campesinos ecologistas y sus familias, exigimos a las autoridades mexicanas el cumplimiento íntegro de la sentencia. Este fallo es el tercero emitido por la Corte IDH durante 2010 en contra de México por graves violaciones de derechos humanos cometidas en el estado de Guerrero.

 

 

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CEJIL repudia la agresión a Carlos Correa, defensor de la libertad de expresión en Venezuela

El director ejecutivo de Espacio Público es agredido y amenazado

Washington, D.C., 16 de diciembre de 2010- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.

Jue, 16/12/2010

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) repudia enérgicamente la agresión física y amenazas perpetradas la mañana de este jueves 16 de diciembre de 2010 en contra de Carlos Correa, Director Ejecutivo de Espacio Público, organización no gubernamental que defiende los derechos de libertad de expresión en Venezuela.
Los actos de agresión ocurrieron en las afueras del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, cuando la Alianza para la Libertad de Expresión, integrada entre otras personas por el señor Correa, se dirigía a presentar ante dicho cuerpo legislativo su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.
Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que estas medidas “implican un muy grave retroceso” y “restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno”.
Después de que la Alianza para la Libertad de Expresión entregó al diputado Juan José Molina su documento y sus integrantes realizaran declaraciones a la prensa, personas desconocidas desde un camión de carga lanzaron hacia el grupo un objeto contundente que golpeó en la cabeza a Carlos Correa.  A continuación, un individuo que minutos antes conversaba con el personal civil de seguridad de la Asamblea Nacional profirió amenazas de muerte en su contra.
Las graves agresiones y actos de intimidación ocurridos el día de hoy ponen de manifiesto una vez más, la situación de vulnerabilidad en que los defensores de derechos humanos realizan sus labores en Venezuela. Los defensores y defensoras de derechos humanos cumplen una labor crucial, que toda sociedad democrática debe proteger, valorar y defender. Asimismo, la normativa internacional de los derechos humanos exige que los Estados garanticen la difusión de ideas y fomenten el respeto por la diversidad de opinión.
 
Por ello, CEJIL hace un llamado urgente al Estado venezolano para que garantice la vida y seguridad del señor Correa, así como de los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Las autoridades venezolanas deben iniciar una exhaustiva investigación de estos hechos, identificar a los responsables e imputar las sanciones correspondientes, con el fin de prevenir que actos como estos puedan repetirse en el futuro.
 
Asimismo requerimos al gobierno que fomente un espacio de tolerancia y respeto al ejercicio de la libertad de expresión, garantizando la libre propagación de ideas de los distintos sectores de la sociedad y prohibiendo todo acto que amenace con lesionar la vida y seguridad de los defensores y defensoras en el país.
 
 
 
Enlaces relevantes
Comunicado CIDH No. 122/10. CIDH EXPRESA PREOCUPACIÓN ANTE PROYECTOS DE LEY EN VENEZUELA QUE PUEDEN AFECTAR LA PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/122-10sp.htm
 
 
Milli Legrain, Coordinadora de Comunicación, Washington D.C (1) 202 319 3000, mlegrain@cejil.org, www.cejil.org

CEJIL urge proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos que luchan contra la discriminación en el continente americano

Día Internacional de los Derechos Humanos - 10 de diciembre

10 de diciembre de 2010
Los Estados americanos tienen una deuda con quienes defienden a las personas en situación de vulnerabilidad en el continente. Estos no han logrado proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, más bien han establecido diversos obstáculos para impedir la importante labor de denuncia y promoción que realizan. Así lo reflejan numerosos casos que litiga CEJIL ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

Vie, 10/12/2010

Día Internacional de los Derechos Humanos
CEJIL URGE PROTEGER A LOS DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS QUE LUCHAN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN EN EL CONTINENTE AMERICANO
10 de diciembre de 2010
Los Estados americanos tienen una deuda con quienes defienden a las personas en situación de vulnerabilidad en el continente. Estos no han logrado proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos, más bien han establecido diversos obstáculos para impedir la importante labor de denuncia y promoción que realizan. Así lo reflejan numerosos casos que litiga CEJIL ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.
 
Esos obstáculos han sido retomados por el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresó lo siguiente:
La CIDH está seriamente preocupada por la grave situación de inseguridad y peligro en las que realizan su trabajo las defensoras y defensores en el hemisferio. Los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación de domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores. La Comisión recuerda que cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja.
 
Durante casi 20 años, CEJIL ha litigado, junto con organizaciones de derechos humanos, así como víctimas y familiares, numerosos casos que reflejan, en la práctica, la gran brecha de desigualdad que existe en el continente más excluyente del mundo. Particularmente, en este año CEJIL litigó cinco casos ante la Corte Interamericana, de los cuales tres reflejan prácticas discriminatorias en contra de mujeres indígenas me´phaas violadas sexualmente por militares mexicanos, y uno destaca la tortura y discriminación sufrida a manos de funcionarios panameños por el emigrante ecuatoriano en situación irregular Jesús Tranquilino Vélez Loor.
 
CEJIL también litigó conjuntamente con otras organizaciones brasileñas, el caso que refleja la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de personas pertenecientes a la Guerrilla de Araguaia en Brasil y co-representó el caso contra México de la detención arbitraria, tortura y violaciones al debido proceso cometidas en contra de los defensores ambientalistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
 
Esos casos se suman a otros litigios que demuestran la existencia en la región americana de diversas prácticas discriminatorias, como la xenofobia en contra de la población dominicana con ascendencia haitiana; la discriminación en el acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres; la discriminación de la mujer en regímenes de patrimonio conyugal en Chile y Guatemala; la discriminación de la mujer en los procesos penales en Colombia y México; la impunidad en casos que reflejan patrones de limpieza social en contra de niños, niñas y adolescentes; la exclusión que sufren los pueblos indígenas; y los crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgénero) en Brasil y Centroamérica, entre otros .
 
En muchos de estos casos, las personas que denuncian los actos de discriminación son asesinados, encarcelados, agredidos, perseguidos y criminalizados, como lo indica un sinnúmero de medidas de protección ordenadas por la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos que han sido adoptadas a lo largo de los años, tras el impulso de CEJIL.
 
En definitiva, muchos de los casos que han sido presentados ante los órganos del Sistema Interamericano no habrían sido posibles sin el trabajo de miles de defensores y defensoras de la región.
 
Es por ello que como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra hoy, viernes 10 de diciembre, CEJIL comparte el mensaje extendido por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que reconoce la invaluable labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos que actúan para poner fin a la discriminación.

En este día, CEJIL rinde tributo a quienes, en un contexto muy adverso, ponen en riesgo su libertad, integridad y vida diariamente, para denunciar estas violaciones de derechos humanos en sus países y comunidades, con la esperanza de un mundo más justo e incluyente.
 
Por ello, CEJIL insta a los Estados del continente a reconocer la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos y garantizar su trabajo sin obstáculo ni restricción alguna. Asimismo, hace un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a actualizar a la brevedad su Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas.
 
 
 
Coordinadora de Comunicación (Washington)                         Contacto de prensa (San José)
Milli Legrain                                                                             Darío Chinchilla
+ 1-202-319-3000                                                                     + (506) 2280 7473
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El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Informe de Actividades 2008 - 2009


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2010
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CEJIL firma convenio con Corte Suprema de Justicia en Argentina

Igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial

Buenos Aires, Argentina, 9 de noviembre de 2010 - Hoy, CEJIL firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina para sumar esfuerzos en iniciativas que contribuyan a garantizar la igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial. En ese marco fue establecida una cooperación específica en relación con el Programa de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema que imparte talleres sobre cuestiones de género, en los que CEJIL participa como especialista dictando seminarios así como a través de la distribución de sus materiales.

Mar, 09/11/2010

Buenos Aires, Argentina, 9 de noviembre de 2010 - Hoy, CEJIL firmó un convenio de cooperación con la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina para sumar esfuerzos en iniciativas que contribuyan a garantizar la igualdad de género en el ámbito del Poder Judicial. En ese marco fue establecida una cooperación específica en relación con el Programa de Capacitación de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema que imparte talleres sobre cuestiones de género, en los que CEJIL participa como especialista dictando seminarios así como a través de la distribución de sus materiales.

En la foto: Liliana Tojo (Directora del Programa para Bolivia y el Cono Sur de CEJIL) y Carmen Argibay (Ministra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina)

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