Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas

En memoria de la defensora de derechos humanos Sonia Pierre

Washington, D.C., 7 de diciembre de 2011 - La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (organizaciones abajo firmantes) expresamos nuestra solidaridad con el dolor que embarga a los hijos, familiares y amigos de la defensora dominicana Sonia Pierre ante su fallecimiento.

En este día de dolor, unimos nuestras voces a través del continente americano para demostrar nuestra admiración y respeto por la vida de esta luchadora incansable de los derechos humanos, en especial, por sus innumerables esfuerzos en la reivindicación de los derechos a la nacionalidad, al respeto y a la igualdad de la población dominicana de ascendencia haitiana en República Dominicana. Sonia es un ejemplo para nosotros y nos inspira a continuar nuestro trabajo en contra de la discriminación y de las violaciones constantes a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.

Mié, 07/12/2011

Washington, D.C., 7 de diciembre de 2011 - La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas (organizaciones abajo firmantes) expresamos nuestra solidaridad con el dolor que embarga a los hijos, familiares y amigos de la defensora dominicana Sonia Pierre ante su fallecimiento.

En este día de dolor, unimos nuestras voces a través del continente americano para demostrar nuestra admiración y respeto por la vida de esta luchadora incansable de los derechos humanos, en especial, por sus innumerables esfuerzos en la reivindicación de los derechos a la nacionalidad, al respeto y a la igualdad de la población dominicana de ascendencia haitiana en República Dominicana. Sonia es un ejemplo para nosotros y nos inspira a continuar nuestro trabajo en contra de la discriminación y de las violaciones constantes a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables.

Como muchos defensores y defensoras en nuestro hemisferio, Sonia Pierre vivió personalmente la discriminación contra la cual luchó fervientemente. Defendió a los olvidados de la sociedad dominicana, aun siendo ella misma objeto de amenazas, hostigamientos y acusaciones infundadas. A pesar de ello nunca desmayó en sus esfuerzos y dedicó cada día de su vida a promover la protección de los derechos humanos.

Subrayamos el papel trascendental que desempeñó en vida Sonia Pierre, incluso impulsando el litigio que estableció uno de los precedentes judiciales internacionales más importantes en favor del derecho a la educación, al nombre y a la nacionalidad en el caso Yean & Bosico vs. República Dominicana. En honor a su memoria, hacemos un llamado a todos los países del continente a que reconozcan la importante labor que ejercen los defensores y defensoras de derechos humanos en la región.

En este día reconocemos la vida de Sonia Pierre y nos hacemos eco de su deseo de paz, justicia e igualdad para la República Dominicana y los países de nuestro continente.

 

Organizaciones Firmantes:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., México

 

Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina (Ágora), Paraguay

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL), México

 

Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Perú

 

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

 

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia

 

Comisión de Justicia y Paz, Colombia

 

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Ecuador

 

Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela

 

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989  (COFAVIC), Venezuela

 

Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)

 

Corporación Humanas, Chile

 

Centro Regional de Derechos Humanos y  Justicia de Género

 

Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Corporación Reiniciar), Colombia

 

Espacio Público, Venezuela

 

Fundación para la Justicia y la Defensa de los Derechos Humanos (FUNJUDEH), Colombia

 

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México

 

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH), Colombia

 

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG)

 

Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela

 

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

 

Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea), Venezuela

 

Red por los Derechos de la Infancia, México

 

Vicaria de Derechos Humanos de Caracas, Venezuela

 

Washington Office on Latin America (WOLA)

 

*Enlace al pronunciamiento de CEJIL sobre el fallecimiento de Sonia Pierre

 

Contacto de Prensa:

Milli Legrain

mlegrain@cejil.org

Tel (1) 202 319 3000

 

El IDHUCA y CEJIL instan a El Salvador para que colabore con la justicia española en el caso “Jesuitas”

El proceso en España es una esperanza contra la impunidad ante la inacción de la justicia local

San Salvador y San José, 6 de diciembre de 2011- El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) instan a El Salvador a colaborar con la justicia española en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, perpetrado en 1989. El Estado debe atender la solicitud de extradición contra 13 ex militares que el Consejo de Ministros de España realizó el pasado 2 de diciembre, y así cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Mar, 06/12/2011

San Salvador y San José, 6 de diciembre de 2011- El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) instan a El Salvador a colaborar con la justicia española en el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, perpetrado en 1989. El Estado debe atender la solicitud de extradición contra 13 ex militares que el Consejo de Ministros de España realizó el pasado 2 de diciembre, y así cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Han pasado 22 años desde que estos graves hechos ocurrieron y el Estado salvadoreño no ha juzgado a los responsables en sus tribunales. Frente al incumplimiento de esta obligación, El Salvador tiene el deber inexcusable de cooperar con el proceso iniciado en España. Esta causa representa la única esperanza visible por el momento para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el acceso a la justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos “genera obligaciones […generales] para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo”.

El IDHUCA y CEJIL instan al Estado salvadoreño a actuar para que las personas acusadas en este caso puedan comparecer ante la justicia española, con el fin de que sean procesadas y sancionadas de acuerdo a la gravedad de sus actos.

 

Información del caso

El caso “Jesuitas” se refiere a los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas de nacionalidad española y dos de sus colaboradoras perpetrados por militares salvadoreños en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en San Salvador. Las ejecuciones fueron cometidas el 16 de noviembre de 1989 en el contexto de la mayor ofensiva militar lanzada por el FMLN en la época.

Una comisión militar investigó los hechos y presentó su informe el 12 de enero de 1990, señalando a nueve militares como responsables. Sin embargo, solo fueron encontrados culpables dos de ellos, que después fueron beneficiados por la aplicación de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz en El Salvador.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en relación a este caso el 22 de noviembre de 1999. La CIDH recomendó al Estado salvadoreño investigar los hechos; sin embargo, el caso permanece en la impunidad a más de diez años de haber sido emitida la resolución.

En el 2008, el Center for Justice and Accountability y la Asociación Pro-Derechos Humanos de España presentaron otra denuncia penal pero, esta vez, ante la Audiencia Nacional Española por el asesinato de los seis sacerdotes (de nacionalidad española). El 30 de mayo de 2011, el juez de la causa emitió órdenes de enjuiciamiento y de detención provisional contra 20 ex militares acusados de ocho delitos de asesinato terrorista y un delito de lesa humanidad por estos hechos. El 2 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros de España solicitó la extradición de 13 ex militares que se ubican en El Salvador y de dos que viven en Estados Unidos.

Fortalecimiento de la militarización en el “triángulo norte” centroamericano contradice pautas internacionales en derechos humanos

Las políticas represivas se afianzan en El Salvador, Honduras y Guatemala

San José, 2 de diciembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la tendencia a otorgar poderes extraordinarios a las fuerzas armadas como parte de las políticas públicas  para hacer frente a las amenazas a la seguridad ciudadana en los países del llamado “triángulo norte” centroamericano. La más reciente muestra de ello es el decreto que el Congreso Nacional de Honduras aprobó el martes pasado  para que las fuerzas armadas realicen funciones policiales. CEJIL advierte que este hecho contradice lo dispuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al igual que otras acciones y proyectos similares que han sido anunciados recientemente en El Salvador y Guatemala.

Vie, 02/12/2011

San José, 2 de diciembre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la tendencia a otorgar poderes extraordinarios a las fuerzas armadas como parte de las políticas públicas  para hacer frente a las amenazas a la seguridad ciudadana en los países del llamado “triángulo norte” centroamericano. La más reciente muestra de ello es el decreto que el Congreso Nacional de Honduras aprobó el martes pasado  para que las fuerzas armadas realicen funciones policiales. CEJIL advierte que este hecho contradice lo dispuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; al igual que otras acciones y proyectos similares que han sido anunciados recientemente en El Salvador y Guatemala.

La Corte ha expresado en su jurisprudencia que los Estados deben “limitar al máximo el uso de las Fuerzas Armadas para el control de la criminalidad común o violencia interna, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar un objetivo legítimo, y no a la protección y control de civiles”. Por su parte, la Comisión Interamericana –en su Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos– advierte que “es indudable que la criminalidad ordinaria –por muy grave que sea– no constituye una amenaza militar a la soberanía del Estado” que justifique la participación de militares en este tipo de acciones.

En contradicción a lo dicho por ambos órganos, los soldados hondureños ahora están habilitados para hacer allanamientos y capturas cuando el Poder Ejecutivo decrete un Estado de Emergencia por motivos de seguridad. Esta declaración sería aprobada en los próximos días como respuesta a los índices de criminalidad y violencia que experimenta el país.

Por otro lado, en El Salvador, el enfoque castrense de la seguridad ciudadana quedó reafirmado con la designación de un militar retirado como ministro de Justicia y Seguridad Pública. Este nombramiento se oficializó el pasado 22 de noviembre y contradice lo dispuesto en los acuerdos de paz de 1992. Desde el año 2009, el Estado salvadoreño involucra a las fuerzas militares en tareas de seguridad, política que fue prorrogada por un año más en mayo de este año.

Finalmente, el Presidente electo de Guatemala y general retirado Otto Pérez Molina ha anunciado que usará los kaibiles –fuerzas especiales del Ejército guatemalteco– para combatir el narcotráfico. El anuncio es congruente con otras declaraciones suyas ante la prensa en las que afirmó que su modelo de seguridad sería similar al de su homólogo mexicano Felipe Calderón, cuya “guerra contra el narcotráfico” ya ha provocado alrededor de 50.000 muertes y reconocidas violaciones a los derechos humanos.

CEJIL objeta la aplicación de políticas tendientes a la militarización. Estas medidas han resultado ineficaces para combatir la inseguridad ciudadana, como lo demuestra el caso mexicano. CEJIL hace un llamado a los Estados para que se aprueben medidas que aborden la problemática de inseguridad ciudadana desde una perspectiva integral y dentro del marco del respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho.

Organizaciones de toda América del Norte expresan su apoyo a CCAJAR y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

21 de noviembre de 2011 -- Veinticinco organizaciones no gubernamentales (ONGs) de Canadá, los Estados Unidos, y México han firmado comunicados y mandado cartas en apoyo al Colectivo de  abogados José Alvear Restrepo y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con respecto a las declaraciones preocupantes del Presidente colombiano Juan Manuel Santos y otros altos funcionarios colombianos que intentan poner en duda la integridad de CCAJAR y el Sistema Interamericano.

Mié, 23/11/2011

21 de noviembre de 2011 -- Veinticinco organizaciones no gubernamentales (ONGs) de Canadá, los Estados Unidos, y México han firmado comunicados y mandado cartas en apoyo al Colectivo de  abogados José Alvear Restrepo y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con respecto a las declaraciones preocupantes del Presidente colombiano Juan Manuel Santos y otros altos funcionarios colombianos que intentan poner en duda la integridad de CCAJAR y el Sistema Interamericano.

 

Los oficiales del gobierno colombiano hicieron estas declaraciones después de que una mujer retractó su testimonio anterior de que su marido y sus hijos habían sido asesinados en la masacre de Mapiripán en 1997. CCAJAR había representado a la mujer, junto con varios familiares de otras víctimas, en un caso llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2005, basado en evidencia  proporcionado por el gobierno colombiano, responsabilizó al estado colombiano por la masacre y falló que debía llevar a cabo una investigación exhaustiva para identificar a todas las víctimas y pagarles las reparaciones. Como la Corte declaró en su fallo, "es obligación del Estado investigar debidamente las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Colombia que han costado la vida a miles de colombianos y que han contado con la comprobada aquiescencia y/o participación de agentes estatales."

 

Todos los comunicados y las cartas de apoyo de las ONGs de América del Norte destacan su gran preocupación por las declaraciones hechas por funcionarios del gobierno colombiano en contra de CCAJAR. Por ejemplo, en su carta del 16 de noviembre al Presidente Santos, el Centro de Derechos
Constitucionales (CCR) identificó algunas declaraciones problemáticas del propio Presidente, en los que intenta desacreditar el Colectivo. CCR señala que estas declaraciones son "indignantes para cualquiera persona que conozca el trabajo valiente y dedicado de CCAJAR a causa de la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos." Tales declaraciones ponen en riesgo a los defensores de derechos humanos en Colombia, dado el contexto de amenazas constantes, el seguimiento y la infiltración ilegales a los que los defensores son objetos.

 

Igualmente preocupante a las ONGs son las declaraciones del gobierno colombiano que intentan socavar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como señala el CCR en su carta, el Sistema Interamericana ha sido un recurso inestimable para las víctimas numerosas de graves violaciones de
derechos humanos. "De hecho," escribe el CDC, "es precisamente la crisis de impunidad por las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en muchos países, incluyendo Colombia, la cual ha forzado a las víctimas a acudir al Sistema Interamericano".

 

La declaración de las ONGs también hace referencia a otros casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos con presunto participación las fuerzas colombianas que van a ser vistos por el Sistema Interamericano o por tribunales colombianos, así como un proyecto de ley que extenderá el
fuero militar. Expresan su preocupación de que estas declaraciones recientes por los oficiales del Gobierno colombiano establezcan un precedente peligroso para el debido proceso en estos casos.

 

CONTACTO:

Lisa Haugaard, Latin America Working Group, 202-546-7010

Camilo Ramirez, Center for Constitutional Rights, 212-614-6463

 

 

Sumarios de Jurisprudencia: Violencia de Género. 2da edición actualizada

Sumarios de jurisprudencia - Violencia de Género. 2da edición actualizada

CEJIL presenta una segunda edición revisada y actualizada del Sumario de Jurisprudencia sobre Violencia de género, la primera selección de textos de decisiones emanadas de órganos internacionales de protección de los derechos humanos relacionados con la protección de las mujeres víctimas de violencia publicada en español.

Esta publicación incluye una selección de textos de decisiones emanadas de órganos internacionales de protección de los derechos humanos relacionados con la protección de las mujeres víctimas de violencia. La compilación provee un sólido cuerpo jurisprudencial que permite obtener un amplio panorama de la realidad de las mujeres en contextos muy variados revelando la vigencia indiscutible de la violencia de género en el mundo, más allá de los avances en materia normativa.

Esperamos que esta nueva edición cuente con igual aceptación que la anterior y siga contribuyendo a la defensa de los derechos humanos y a la erradicación de una de las violaciones de derechos humanos más toleradas y silenciadas como es la violencia ejercida contra las mujeres.


Tipo de publicación: Compilación de jurisprudencia
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2011
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Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos. Edición 2011.

Los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano. Compilación de Instrumentos.

En el año de su vigésimo aniversario, CEJIL presenta la séptima edición actualizada de “Derechos Humanos en el Sistema Interamericano: Compilación de Instrumentos”; una publicación que recopila las Declaraciones, Tratados, Protocolos y Principios que conforman la normativa fundamental del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interamericano, complementándola con aquellos textos que reglamentan la composición y funcionamiento de la Comisión y Corte Interamericana (Estatutos y Reglamentos).

En esta oportunidad se incluyen las últimas modificaciones a los Reglamentos de la Comisión y la Corte introducidas en 2009 y la reforma del artículo 11 del Reglamento de la CIDH efectuada en 2011. También pueden encontrarse las reglamentaciones para el funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal del SIDH emitidas por el Consejo Permanente de la OEA, la Corte y la Comisión Interamericanas respectivamente.


Tipo de publicación: Compilación de normas
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2011
Opciones de descarga por partes en:

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Informe de Actividades de CEJIL - 20 años

Desde su fundación en 1991 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha contribuido de manera significativa al goce de derechos en la región. El presente informe describe algunos de los hitos, logros y desafíos del trabajo de CEJIL durante dos décadas. El mismo rescata algunas acciones destacadas a fin de dejar constancia de la labor realizada durante ese período.


Tipo de publicación: Informe de Actividades
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2011
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Asesinato de defensora de derechos humanos Digna Ochoa sigue impune en México

A diez años de los hechos, el Estado ha archivado el caso

Washington D. C. y San José, 19 de octubre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta profundamente la impunidad en la que el Estado mexicano ha mantenido el asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, cuyo décimo aniversario se conmemora hoy. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  archivó el caso el 9 de septiembre pasado, después de un proceso largo, parcial y poco diligente para investigar los hechos.

Mié, 19/10/2011

Digna Ochoa, tercera de izquierda a derecha, aparece aquí con las defensoras de derechos humanos Adriana Carmona, Luisa Cabal y Pilar Mejía.Washington D. C. y San José, 19 de octubre del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) lamenta profundamente la impunidad en la que el Estado mexicano ha mantenido el asesinato de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, cuyo décimo aniversario se conmemora hoy. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  archivó el caso el 9 de septiembre pasado, después de un proceso largo, parcial y poco diligente para investigar los hechos.

Desde hace diez años, el caso se encuentra en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, el órgano interamericano todavía no ha decidido sobre su admisibilidad. Asimismo, la CIDH ha negado los últimos pedidos de audiencia para tratar este asunto, a pesar de múltiples peticiones de organizaciones de la sociedad civil.

El asesinato de Digna Ochoa es emblemático, y su caso advierte sobre la desprotección en la que se encuentran las defensoras y los defensores de derechos humanos en México. Decenas de activistas  siguen siendo amenazados, agredidos y asesinados como consecuencia de su trabajo.

Únicamente tomando en cuenta los asuntos sobre México acompañados por CEJIL ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), más de cien defensoras, defensores y algunos de sus familiares son beneficiarios de medidas urgentes de protección por parte de estos dos órganos.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, manifestó: “Expresamos nuevamente las condolencias a la familia de Digna. Ella fue una abogada que asumió con valentía causas de derechos humanos que la pusieron en gran riesgo. Con su asesinato se perdió una voz de apoyo para mucha gente que sufrió violaciones a sus derechos fundamentales”.

Krsticevic agregó que la impunidad derivada de la falta de investigación diligente de este crimen ha alentado un clima de hostigamiento en México. “El Estado debe comprometerse firmemente en la búsqueda de justicia con respecto del homicidio de Digna Ochoa, así como en la implementación de una política que permita que otras personas que defienden los derechos humanos no sean intimidadas o silenciadas en su trabajo”, concluyó.

En el décimo aniversario de la muerte de Digna Ochoa, CEJIL vuelve a insistir en la importancia de que México adopte de forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos que contemple también la investigación de los ataques que sufren.

Asimismo, CEJIL exhorta al Estado mexicano para que, independientemente del proceso ante la Comisión Interamericana, reabra el caso y lo investigue seriamente, con el fin de identificar y sancionar a las personas responsables del asesinato de Digna Ochoa.  De igual manera, insta a la CIDH a procurar el avance rápido del trámite respectivo.

Los hechos

La abogada defensora de los derechos humanos Digna Ochoa fue asesinada el 19 de octubre del 2001 en su oficina en México D. F. Anteriormente había sido víctima de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas, razón por la cual la CIDH y la Corte IDH le habían otorgado respectivamente medidas cautelares y provisionales para su protección. Su asesinato ocurrió dos meses después de que las medidas de la Corte fueran levantadas.

Organizaciones exigen a Honduras acciones contra la impunidad y a favor de la libertad de expresión y la justicia

Pronunciamiento en Tegucigalpa

Tegucigalpa, 12 de octubre del 2011- Representantes de 28 organizaciones de la sociedad civil hondureña e internacional expresaron su preocupación por las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado. El pronunciamiento surgió en el marco del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, que se llevó a cabo en ese país entre el 5 y el 7 de octubre.

Mié, 12/10/2011

Declaración pública en el marco del seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”

Tegucigalpa, 12 de octubre de 2011

Las organizaciones y las personas participantes en el seminario “Impunidad, libertad de expresión y justicia”, reunidos en la ciudad de Tegucigalpa los días 5, 6 y 7 de octubre de 2011, una vez concluido el evento expresamos nuestra preocupación por los hechos siguientes:

1. Las permanentes y graves violaciones a los derechos humanos en Honduras, agudizadas desde el golpe de Estado, en particular las cometidas contra miembros de la comunidad LGTBI, mujeres, jueces y juezas, jóvenes, niños y niñas, defensores y defensoras de derechos humanos, docentes, activistas políticos y sociales, campesinos y campesinas del Bajo Aguán, Zacate Grande y miembros de las comunidades afrodescendientes.

2. Las restricciones a la libertad de expresión que se manifiestan en el asesinato de 16 periodistas y numerosos ataques contra la integridad personal, el uso desproporcionado de la fuerza, y la violación al derecho a la manifestación pública y pacífica.

3. La impunidad generalizada producto de la incapacidad y falta de voluntad política estatal para investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de las violaciones de los derechos humanos.

Con fundamento en las discusiones del evento, demandamos del Estado hondureño lo siguiente:

1. Formalizar en el menor plazo posible la invitación oficial al Relator Especial de la ONU para la Libertad de Expresión Frank La Rue para realizar una visita oficial al país.

2. Adoptar inmediatamente la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de ordenar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana. Esta acción implicaría la desmilitarización del país, en particular en la región del Bajo Aguán, donde se requieren medidas integrales que contribuyan a la resolución permanente del conflicto.

3. Implementar en forma efectiva las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en particular la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a derechos humanos, y la reparación a las víctimas.

Tegucigalpa, Honduras, 12 de octubre de 2011.

Coordinadora de CATTRACHAS

Director Ejecutivo Comisión de Verdad

Directora COFADEH

Directora de Colectivo Unidad Color Rosa

Director de Colectivo Violeta

Director de Kukulcan

Directora CEM-H

Director Asociación Arcoíris.

Director CARITAS Honduras

Coordinador Caritas San Pedro Sula

Director ALTERECO

Director de ACI PARTICIPA

Coordinador Popol Natum

Director CIPRODEH

Coordinadora CODEMUH

Directora de COMUN

Director de APUVIMEH

Director de C-Libre

Coordinador de Venasabiertas

Coordinadora de COPINH

Director de CESPAD

Coordinador MUCA

Directora de CDM

Coordinación MAO

Director CPTRT

Coordinación colectivo de abogados

Coordinación AHA-JA

Directora regional de CEJIL para México y Centroamérica

Conferencia en Washington y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se enfocarán en la Política de Desnacionalización de la República Dominicana

Coalición internacional impulsa diálogo a nombre de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana

WASHINGTON, D.C., Jueves 13 de octubre de 2011 – Mientras sigue creciendo el número de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana a quienes el gobierno ha revocado su nacionalidad, una coalición internacional conformada por grupos líderes de derechos humanos ha anunciado el día de hoy la realización de una conferencia en Washington, D.C. como parte de una semana de diálogo con defensores de derechos humanos dominicanos, representantes del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos, así como otras autoridades, para examinar la legalidad de dichas acciones y su impacto sobre las personas que han perdido su derecho a la nacionalidad.

Vie, 14/10/2011

PUBLICACION INMEDIATA

WASHINGTON, D.C., Jueves 13 de octubre de 2011 – Mientras sigue creciendo el número de ciudadanos dominicanos de ascendencia haitiana en la República Dominicana a quienes el gobierno ha revocado su nacionalidad, una coalición internacional conformada por grupos líderes de derechos humanos ha anunciado el día de hoy la realización de una conferencia en Washington, D.C. como parte de una semana de diálogo con defensores de derechos humanos dominicanos, representantes del gobierno y del Congreso de los Estados Unidos, así como otras autoridades, para examinar la legalidad de dichas acciones y su impacto sobre las personas que han perdido su derecho a la nacionalidad.

 

El ponente principal de la “Conferencia Sobre la Apatridia y el Derecho a la Nacionalidad”  que tendrá lugar el 26 de octubre en el Human Rights Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., será David Robinson, Subdirector Adjunto de la Oficina de Población, Migración y Refugiados del Departamento de Estado de Estados Unidos.

La coalición también se unirá a miembros de grupos de la sociedad civil dominicana durante una audiencia pública para dialogar con el gobierno dominicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, ubicado en Washington. La discusión se centrará en la política retroactiva de desnacionalización en la República Dominicana. Esta viene quitando la ciudadanía otorgada a miles de dominicanos de ascendencia haitiana,  les impide el acceso a sus documentos de identidad existentes y deja a sus hijos y futuras generaciones en estado de apatridia.

 

Los organizadores de la conferencia del día 26 de octubre y los eventos de la semana del 24 al 28 del mismo mes son el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Church World Service, Christian Aid Reino Unido, Episcopal Church, Jesuit Refugee Services USA, Refugees International y The Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (RFK Center).

 

‘‘La aplicación retroactiva de esta nueva ley dominicana está prohibida por la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual la República Dominicana es parte,’’ dijo Melanie Teff, abogado senior de Refugees International.

 

En un comunicado conjunto, la coalición basada en los Estados Unidos dijo:

 

La coalición urge al gobierno de República Dominicana a que reconozca a todas las personas nacidas en su territorio – antes del cambio de su constitución en enero de 2010 – como ciudadanos dominicanos. También hace un llamado al gobierno dominicano para que asegure que ningún niño/a nacido/a después del cambio en la constitución sea dejado en estado de apatridia.

 

Al ser un país emergente moderno y democrático, la República Dominicana generó admiración internacional por su ayuda y compasión humanitaria a Haití luego del devastador terremoto de 2010. Estamos seguros de que el gobierno dominicano quiere seguir honrando su reputación al respetar las convenciones de derechos humanos que afectan a un grupo muy vulnerable de ciudadanos.

 

La conferencia y esfuerzos de incidencia a nombre de dominicanos desnacionalizados de ascendencia haitiana se celebran en el marco del 50 aniversario (30 de agosto) de la Convención de las Naciones Unidas de 1961 Para Reducir los Casos de Apatridia y el lanzamiento de la nueva campaña sobre la apatridia del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Hasta la fecha, la República Dominicana ha firmado la Convención de 1961, pero aún no la ha ratificado.

 

Para la agenda de la conferencia, registro e información adicional: http://bit.ly/DRcon

 

Editores, productores, reporteros:

• Material de prensa para la Conferencia Sobre la Apatridia y el Derecho a la Nacionalidad disponibles en: www.churchworldservice.org/denationalization y http://bit.ly/DRcon

• Entrevistas en español o inglés con participantes de la conferencia estarán disponibles por petición.

• La conferencia está abierta a medios de comunicación

 

Contactos de Prensa:

Lesley Crosson/Church World Service, (212) 870-2676, lcrosson@churchworldservice.org o – 24/7 – Jan Dragin, (781) 925-1526, o teléfono móvil: (339) 236-0679, jdragin@gis.net


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* U.S. Department of State, 2010 Human Rights Report, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/wha/154503.htm

 

Walter Cronkite School of Journalism Report, “Stateless in the Dominican Republic”,

http://cronkite.asu.edu/buffett/dr/the_stateless.html

 

** In English: Organization of American States, American Convention on Human Rights, O.A.S.Treaty Series No. 36, 1144 U.N.T.S. 123, entered into force July 18, 1978, reprinted in Basic Documents Pertaining to Human Rights in the Inter-American System, OEA/Ser.L.V/II.82 doc.6 rev.1 at 25 (1992) http://www1.umn.edu/humanrts/oasinstr/zoas3con.htm

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