Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Carta enviada al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos

Despido Fiscal investigadora del caso Palacio de Justicia - Colombia

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

Mié, 08/09/2010

 

El día de ayer, 7 de septiembre de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Washington Office on Latin America (WOLA), Latin America Working Group (LAWG) y U.S. Office on Colombia enviaron una carta al Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, expresando su preocupación acerca del despido de la fiscal Ángela María Buitrago quien ha conducido la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años. Este acto levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar las más graves violaciones de derechos humanos.

Leer la carta a continuación.

 

 

Washington, D.C., 7 de septiembre de 2010

Juan Manuel Santos
Presidente de Colombia

 

Estimado Presidente Santos,

 

Por medio de la presente quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre los últimos desarrollos en el caso del Palacio de Justicia.   En particular, la decisión de relevar de sus funciones a la fiscal, Ángela María Buitrago, quien ha conducido vigorosamente la investigación del caso del Palacio de Justicia en los últimos años, levanta serios cuestionamientos sobre la disposición del Estado colombiano a investigar incluso las más graves violaciones de derechos humanos.

Como es de su conocimiento, la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia creada por la Corte Suprema, estableció que tras la toma del Palacio del Justicia por parte de los guerrilleros del M-19 en noviembre de 1985 y la recuperación por parte de la fuerza pública colombiana, miembros de las fuerzas armadas mataron y desaparecieron forzadamente por lo menos una docena de victimas inocentes.  Estos crímenes, que habían sido en gran medida ignorados por dos décadas, fueron el objeto de una investigación seria por primera vez a principios del 2005, cuando la Dra. Buitrago fue nombrada fiscal encargada del caso.  Pese a que habido serios obstáculos, se lograron avances importantes.  Varios miembros de alto rango de las fuerzas armadas están siendo investigados o juzgados, y hace algunos meses se logró la primera condena penal en el caso, contra el Coronel retirado Alfonso Plazas Vega.

Estos desarrollos, que parecían prometedores, son una prueba de la valentía y profesionalismo de la Fiscal Buitrago, la Jueza María Stella Jara, y los representantes de las víctimas en las investigaciones penales en curso, quienes continuaron con el caso pese a estar confrontados a constantes amenazas e intimidaciones.  La condena de Plazas Vega en particular, llevo a que muchos en Colombia y en la comunidad internacional, como la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas-Navi Pillay- tuvieran la esperanza de que Colombia estuviera finalmente luchando contra la impunidad que ha caracterizado las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.

Desafortunadamente, los últimos eventos  en el caso del Palacio de Justicia nos hacen temer que Colombia no posee aún la fortaleza política e institucional necesaria para confrontar criminalidad a los más altos niveles.  Poco tiempo después de condenar al Coronel Plazas Vega de homicidio, la Jueza tercera Stella Jara se vio forzada a huir del país temiendo por su seguridad, pese a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le  había ordenado al gobierno  protegerla. Asimismo, la semana pasada, el Fiscal General encargado, Guillermo Mendoza Diago relevó de su cargo a Ángela María Buitrago sólo días después que ésta llamara a indagatoria a tres generales colombianos en retiro por la ejecución extrajudicial del Magistrado Carlos Horacio Urán.

La Dra. Buitrago ha jugado un papel fundamental en el esclarecimiento de los actos de las fuerzas armadas tras la recuperación del Palacio de Justicia.  El asesinato del Magistrado Urán es un caso representativo.   Pruebas irrefutables han permitido comprobar que éste sobrevivió la toma del Palacio de Justicia, y fue subsecuentemente torturado y ejecutado por las Fuerzas Armadas, quienes después devolvieron su cuerpo al Palacio de Justicia, e hicieron parecer que había muerto en el fuego cruzado entre el Ejercito y la guerrilla.   Este cínico crimen se le ocultó a la familia del Magistrado Urán  y al público Colombiano por más de veinte años, hasta que el intrépido trabajo investigativo de la Dra. Buitrago sacó a relucir la verdad.  El público colombiano tiene motivos justificados para preguntarse que otros aspectos de las acciones de los militares, así como las razones que motivaron dichas acciones en el caso del Palacio de Justicia, continuarán sin ser investigados.

Por lo tanto, la decisión de destituir a la Dra. Buitrago no es únicamente un importante retroceso en uno de los casos más emblemáticos sobre derechos humanos en Colombia, sino que desafortunadamente evidencia que el Fiscal General de Colombia parece estar dispuesto a comprometer investigaciones de alto perfil y destituir a su personal.  Dado el patrón de continuo acoso y hostigamiento en este y otros casos, nos vemos obligados a concluir que esta decisión fue el resultado de presiones.

Las acciones del Dr. Mendoza Diago van más allá del caso del Palacio de Justicia.  La Dra. Buitrago era también la fiscal encargada en varias investigaciones y juicios de derechos humanos de alto perfil, tales como el juicio del ex Director del Departamento Administrativo de Seguridad Jorge Noguera, el ex director de fiscalías de Medellín, Guillermo Valencia Cossio, y el ex senador Ciro Ramírez, por conspirar con grupos paramilitares.  Estos casos se encuentran avanzados y la abrupta destitución de la fiscal es un importante retroceso que causará retrasos innecesarios.

Mientras el Dr. Mendoza Diago esté en funciones, los fiscales podrían mostrarse reacios a proceder contra actores poderosos y bien conectados.

Sr. Presidente, queremos alentarlos a remplazar rápidamente al Sr. Mendoza Diago por un Fiscal General permanente que actúe con la necesaria integridad y entereza para resolver de manera continua la investigación del Palacio de Justicia, e idealmente reintegre a la Dra. Buitrago a su cargo.  Adicionalmente, solicitamos que su gobierno adopte inmediatamente todas las mediadas  necesarias para asegurar la seguridad física de la Dra. Buitrago y todos los jueces, fiscales, abogados de derechos humanos y familiares de las víctimas involucradas en el caso.

El caso del Palacio de Justicia se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema judicial colombiano. Una respuesta firme y principista frente a los últimos desarrollos del caso será una importante señal temprana del compromiso de su gobierno en la lucha contra la impunidad frente a casos de graves violaciones de los derechos humanos.  Las organizaciones que nosotros representamos y la comunicad internacional en general, observará sus acciones con gran interés.

 

Cordialmente,

 

Viviana Krsticevic
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Lisa Haugaard
Latin America Working Group (LAWG)

Gimena Sanchez-Garzoli
Washington Office on Latin America (WOLA)

Kelly Nicholls
U.S. Office on Colombia

 

 

Cc:

Angelino Garzón
Vicepresidente de Colombia

María Angela Holguín
Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia

Guillermo Mendoza Diago
Fiscal General de la Nación encargado

Jaime Arrubla
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia

Carolina Barco Isakson
Embajadora de Colombia en Estados Unidos

P. Michael McKinley
Embajador de Estados Unidos en Colombia

Hillary Rodham Clinton
Secretaria de Estado de Estados Unidos

Maria Otero
Sub Secretaria de Estado para Democracia y Asuntos Mundiales de Estados Unidos

Navanethem Pillay
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Christian Salazar Volkmann
Representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
Relatora Especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados

Margaret Sekaggya
Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos

Christof Heyns
Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias

Felipe González
Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

 

Honduras incumple con su obligación de proteger a las personas transexuales

Violencia por orientación sexual

El pasado 26 de agosto Nohelia Flores Álvarez, persona transexual y víctima de violaciones de derechos humanos, sufrió un atentado contra su vida mientras caminaba por la Ciudad de Comayaguela, Honduras. Producto de este hecho falleció un joven que la acompañaba.

Vie, 03/09/2010

 

Tegucigalpa, 02 de septiembre de 2010

El pasado 26 de agosto Nohelia Flores Álvarez, persona transexual y víctima de violaciones de derechos humanos, sufrió un atentado contra su vida mientras caminaba por la Ciudad de Comayaguela, Honduras. Producto de este hecho falleció un joven que la acompañaba.

Este atentado se relaciona con un juicio que inició el pasado 24 de agosto y mediante el cual se juzga a un miembro de la policía preventiva por su presunta participación en el intento de asesinato de “Nohelia”. Los hechos que se juzgan se remontan al 18 de diciembre de 2009 cuando Nohelia se negó a ofrecerle servicios sexuales al policía y por ello fue secuestrada y apuñalada 17 veces en la garganta, la espalda, el estómago y los brazos. Posteriormente denunció los hechos e identificó al policía como responsable del crimen. Desde dicha fecha la Red Lésbica Cattrachas acompañó a “Nohelia” en su proceso de búsqueda de verdad lo que provocó un aumento en el riesgo para las miembras de la organización.

En el transcurso del proceso, tanto “Nohelia” como los testigos, investigadores y fiscales involucrados han sufrido reiteradas amenazas, algunas de ellas ocurrieron minutos después del atentado descrito.

El pasado 18 de agosto de 2010, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional enviaron una carta formal a la Dirección de Fiscales y a la Fiscal Especial de Derechos Humanos solicitando la implementación inmediata de medidas de protección para proteger a Nohelia, los testigos y las personas que han sufrido amenazas durante la investigación. El atentado perpetrado contra “Nohelia” y la muerte del joven demuestran que el Ministerio Público no tomó ninguna medida para garantizar su vida e integridad personal.

La Red Lésbica Cattrachas, la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), el Centro para la Educación y Prevención del SIDA (CEPRESI), el Centro de Investigación y Promoción para América Central en Derechos Humanos (CIPAC), HIVOS, y CEJIL condenan los hechos antes descritos y el contexto de violencia que afecta a la comunidad lésbica, gay, bisexual y transexual (LGBT) en Honduras. En este país son frecuentes los casos de personas que han quedado desfiguradas, con lesiones graves o incluso han sido asesinadas por su orientación sexual. La situación se agrava porque existe participación de agentes estatales en algunos de los casos y porque la impunidad es casi absoluta.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen la obligación de combatir la “impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”. Asimismo los Estados deben proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer un proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.

Las organizaciones de derechos humanos mencionadas hacemos un llamado al Estado de Honduras para que investigue de manera seria y efectiva los hechos ocurridos el día 26 de agosto. Asimismo se exhorta a las autoridades competentes para que adopten de manera urgente medidas efectivas para proteger a los testigos y a las autoridades involucradas en la investigación y juzgamiento del caso.

 

El ejecutivo peruano aprueba decreto para exonerar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos

Decreto aprueba amnistía encubierta

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su rechazo al Decreto Legislativo 1097 aprobado por el Ejecutivo peruano el 31 de agosto de 2010, que “Regula la Aplicación de Normas Procesales por Delitos que implican Violación de Derechos Humanos”, por el que aprueba una serie de beneficios respecto de agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad. La concesión de dichos beneficios permite exonerar de responsabilidad a los agentes estatales acusados.

Vie, 03/09/2010

 

Washington, D.C., 3 de septiembre de 2010

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) manifiesta su rechazo al Decreto Legislativo 1097 aprobado por el Ejecutivo peruano el 31 de agosto de 2010, que “Regula la Aplicación de Normas Procesales por Delitos que implican Violación de Derechos Humanos”, por el que aprueba una serie de beneficios respecto de agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad. La concesión de dichos beneficios permite exonerar de responsabilidad a los agentes estatales acusados.

Así el Decreto, en su artículo 4 permite al juez variar la orden de detención de los procesados prófugos que expresen voluntad de ponerse a derecho, imponiendo una caución económica que podrá ser sustituida “por una fianza personal idónea y suficiente” del propio acusado, un familiar o un tercero, o de “la institución militar o policial a la que pertenece”.

Por su parte, el artículo 5 levanta de oficio las órdenes de impedimento de salida del país que hayan durado más de ocho meses, permitiendo sin más, que aquellas personas vinculadas a graves violaciones de derechos humanos puedan abandonar el territorio nacional y se coloquen fuera del alcance de la justicia.

Mayor gravedad aún reviste el artículo 6, que permite que en aquellos casos en que se haya vencido el término de la instrucción penal en la investigación contra agentes estatales acusados de violaciones a los derechos humanos, el juez dicte “resolución de sobreseimiento parcial en favor de todos los encausados”. Dicho sobreseimiento supone que dichas personas quedan eximidas de responsabilidad, a pesar de que el juez pueda “continuar la investigación penal contra otras personas”.

Finalmente, el Decreto señala que la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad sólo surte efectos a partir de su ratificación por Perú en el año 2003. Esa interpretación contraviene frontalmente tanto el objeto de dicha Convención, que es la persecución y sanción de dichos crímenes por su especial gravedad, como las normas de ius cogens sobre la imprescriptibilidad de graves violaciones de derechos humanos. Contradice además, sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos, de la Corte Suprema peruana en el caso de Alberto Fujimori y del propio Tribunal Constitucional sobre la materia.

El Decreto legislativo 1097 supone un nuevo intento del gobierno del Presidente Alan García de dejar impunes las graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales durante el conflicto interno vivido en Perú y supone una afrenta al Estado de Derecho.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL sostuvo: “Se trata de una amnistía encubierta, en contravención con las obligaciones asumidas por el Estado ante la comunidad internacional y en desacato de varias sentencias de la Corte Interamericana”.

Al respecto, el Decreto entra en total contradicción con los pronunciamientos de la Corte Interamericana, amparados en tratados internacionales de obligado cumplimiento para Perú. La Corte Interamericana ha exigido en los casos de Barrios Altos, La Cantuta, Anzualdo Castro y muchos otros, la obligación del Estado peruano de investigar y castigar efectivamente a todos aquellos involucrados en las ejecuciones, desapariciones y torturas. Asimismo, ella concluyó en el caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional.

Esta línea jurisprudencial de la Honorable Corte restringe asimismo la aplicación de toda limitación procesal que pretenda sustraer de la justicia u otorgar un beneficio procesal a quienes cometan graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. La jurisprudencia internacional en esta materia se ha visto reflejada en pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional peruano como de otras instituciones nacionales e internacionales.

Observamos con gran preocupación que no es la primera vez que el Ejecutivo peruano intenta evadir la obligación del Estado de investigar graves violaciones a los derechos humanos, por cuanto en noviembre de 2008 se presentaron ante el Congreso dos proyectos de ley que pretendían conceder la amnistía e indulto a agentes estatales denunciados, investigados, encausados, procesados o condenados por violaciones de derechos humanos.

Por las razones expuestas, CEJIL considera que el Decreto legislativo presentado por el Ejecutivo supone un retroceso inadmisible al pretender - mediante disposiciones de derecho interno- impedir el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos en contravención con las obligaciones bajo el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional.

 

 

Contacto en CEJIL:

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva

1630 Connecticut Ave. NW Suite 401

Washington, D.C. 20009, EEUU

Tel: 202-319-3000 /Fax: 202-319-3019

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

CEJIL condena la muerte de otro periodista en Honduras

Honduras sigue en deuda con los derechos humanos

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el asesinato del periodista Israel Zelaya Díaz ocurrido el pasado martes 24 de agosto de 2010 en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras. El señor Zelaya Díaz producía y conducía un programa de radio llamado "Claro y Pelado" en Radio Internacional.

Mar, 31/08/2010

 

Washington D.C, 30 de agosto de 2010

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condena el asesinato del periodista Israel Zelaya Díaz ocurrido el pasado martes 24 de agosto de 2010 en la Ciudad de San Pedro Sula, Honduras. El señor Zelaya Díaz producía y conducía un programa de radio llamado "Claro y Pelado" en Radio Internacional.

Tan solo unas horas después de su muerte el vocero de la Policía Nacional, Leonel Sauceda, declaró que el asesinato del señor Zelaya no tiene relación con el ejercicio del periodismo.

La muerte de Zelaya suma a la lista de ocho periodistas asesinados en Honduras en lo que va del año 2010, estos son: Joseph Hernández, Nahúm Palacios, Jorge Alberto Orellana, David Meza, Manuel Juárez, José Bayardo Mairena, Luis Antonio Chévez  y Luis Arturo Mondragón.  Nadie ha sido sancionado por estos hechos.

Desde sus primeras sentencias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los Estados tienen “el deber jurídico de prevenir, razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación”.

Para la Corte IDH la obligación de investigar “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. En el caso de Honduras, las múltiples declaraciones públicas de agentes estatales en las que minimizan este tipo de acontecimientos, demuestran que no existe una voluntad real de cumplir con esta obligación internacional.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL declaró al respecto “El Estado de Honduras debería investigar y sancionar a los responsables de las muertes de periodistas. La negligencia estatal demuestra que Honduras no tiene ni la capacidad ni la voluntad de esclarecer las violaciones ocurridas. El Estado de Honduras continúa en deuda con los derechos humanos.”

CEJIL urge el Estado hondureño a esclarecer los hechos alrededor de la muerte del señor Israel Zelaya Díaz, y las de los ocho periodistas asesinados este año. Asimismo, se recuerda al Estado de Honduras su obligación internacional de proteger y garantizar los derechos de las personas en este país, para lo cual debe dictar e implementar de inmediato las medidas preventivas que se requieran.

A los organismos internacionales de derechos humanos tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como del Sistema de Nacionales Unidas, CEJIL les exhorta a requerir y a mantener el escrutinio necesario sobre los hechos al Estado de Honduras en el menor plazo posible, y a la vez, se les solicita expresar su preocupación ante la continuidad de las violaciones de derechos humanos en este país.

 

cejil.org

 

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.


Coalición condena hostigamientos a organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela

Pronunciamiento

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas envió hoy, 12 de agosto de 2010, un pronunciamiento a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de Venezuela en el que condena los hostigamientos a organizaciones y defensores de derechos humanos en Venezuela.

Lea el pronunciamiento aquí.

Jue, 12/08/2010

 

La Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas envió hoy, 12 de agosto de 2010, un pronunciamiento a miembros del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Defensoría del Pueblo de Venezuela.

En el pronunciamiento, la Coalición expresa su rechazo a la campaña pública de desprestigio del trabajo de las organizaciones y defensores/as venezolanas/os de derechos humanos y exige el cese de la investigación solicitada ante la Fiscalía General de la República así como  la campaña sistemática, a través de medios estatales, de descalificación a Espacio Público y al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS).

 

Lea el pronunciamiento aquí.

 

Firmantes del pronunciamiento:

 

Argentina

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Bolivia

Oficina Jurídica Para la Mujer

Colombia

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ)

Ecuador

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) de Quito

El Salvador

Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA)

México

Abogadas y abogados para la Justicia y los Derechos Humanos A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Grupo de Mujeres de San Cristobal de Las Casas, A. C

Paraguay

Capítulo Paraguay  Foro de Mujeres del Mercosur

Perú

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Venezuela

Acción Solidaria en VIH/Sida (ACSOL)

Observatorio Venezolano de Prisiones

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC)

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil

Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de Caracas

 

Organizaciones regionales e internacionales

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Global Rights

PIDHDD - Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo

Amnistía Internacional –organización observadora de la Coalición

 

Organizaciones que se adhieren al comunicado de la Coalición

Capítulo Argentina del Foro de Mujeres del Mercosur – Argentina 

Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina (CEDHA) - Argentina

Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A.C.  – México

Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC) - México

AGORA -Centro de Estudios de Estudios para la Promoción y Defensa de los Derechos Fundamentales y Generacionales de Perú - Perú

Acción Ciudadana contra el Sida (ACCSI) – Venezuela

Caritas de Venezuela - Venezuela

Caritas de Los Teques - Venezuela

Comité de Víctimas contra la Impunidad del Estado Lara - Venezuela

Fundación de Derechos Humanos de Anzoátegui – Venezuela

Servicio Jesuita de Refugiados - Venezuela

 

Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos

Debida diligencia en la investigación de graves violaciones a derechos humanos

Este documento reúne y sistematiza las principales decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como las normas y recomendaciones de los órganos internacionales que han marcado la forma en que deben realizarse las investigaciones por violaciones a derechos humanos.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2010
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Organizaciones de DD.HH piden a la ONU establecer una oficina en Honduras para promover la democracia y la protección de derechos humanos en Honduras

Oficina del ACNUDH en Honduras

Washington, D.C. (9 de agosto): Reconocidas organizaciones de derechos humanos y defensores de América Latina pidieron la semana pasada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instalar una oficina en Honduras para promover la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Lun, 09/08/2010

 

Washington, D.C. (9 de agosto),

 

Reconocidas organizaciones de derechos humanos y defensores de América Latina pidieron la semana pasada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instalar una oficina en Honduras para promover la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos.

Honduras vive una crisis de derechos humanos desde el derrocamiento, el año pasado, del presidente electo Manuel Zelaya Rosales. Un informe de marzo de 2010 de la ACNUDH documentó las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en Honduras como consecuencia del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, entre estas se incluyen  asesinatos, actos de tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes y restricciones arbitrarias a la libertad de expresión. Hoy en día, todos estos abusos permanecen en la impunidad. Estos abusos continúan a pesar de las elecciones de noviembre de 2009 que tuvieron como resultado la elección de Porfirio Lobo como  Presidente.

En la carta a Navanethem Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, treinta cinco organizaciones destacaron el frágil estado de la democracia en Honduras y la importancia para la región de hacer frente a la debilidad institucional que permitió la proliferación de las violaciones a los derechos humanos de los y las hondureñas.

La carta subraya que “mantener procesos democráticos para alternar el poder es vital para la región”. La ACNUDH se dedica exclusivamente a apoyar el fortalecimiento de la independencia institucional y del Estado de Derecho así como a monitorear la situación de los derechos humanos en los países.

El informe mencionado también resaltó las debilidades institucionales que minaron la democracia y facilitaron el aumento de las violaciones de derechos humanos en Honduras. En países como Colombia y México el establecimiento de una oficina de la ACNUDH ha brindado significativos aportes para la reforma institucional, la protección de los defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil al igual que una observación permanente de la situación de derechos humanos.

Como lo señalaron las organizaciones “no cabe duda que el golpe de Estado en Honduras es un precedente peligrosísimo para el hemisferio”, por ello el establecimiento de una oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos en este país constituye un paso necesario hacia el fortalecimiento de la protección de los derechos humanos y la prevención de futuras violaciones.

 

Expertos de Naciones Unidas condenan despido de jueces en Honduras

Denuncian un ataque contra la independencia de los jueces

El 29 de julio, tres relatores independientes de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la destitución de los jueces hondureños Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la Magistrado Tirza Flores Lanza por parte de la Corte Suprema de Justicia de este país.

Lun, 02/08/2010

El 29 de julio, tres relatores independientes de las Naciones Unidas se pronunciaron en contra de la destitución de los jueces hondureños Guillermo López Lone, Luis Alonso Chévez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la Magistrado Tirza Flores Lanza por parte de la Corte Suprema de Justicia de este país.

Los jueces hondureños fueron despedidos en mayo de este año por haberse expresado en contra del golpe de Estado que ocurrió en Honduras el 28 de junio de 2009.

La Relatora Especial sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Sra. Gabriela Knaul, el Relator Especial sobre la libertad de opinión y expresión, Sr. Frank La Rue, y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Sra. Margaret Sekaggya señalaron en un comunicado conjunto que la citada destitución “puede tener el efecto de un mensaje intimidatorio a otros jueces y magistrados para que se abstengan de manifestar opiniones diferentes a aquéllas expresadas por las autoridades actuales”.

Asimismo, los expertos independientes agregaron que la destitución podría representar “un ataque inadmisible contra la independencia de los jueces y magistrados hondureños así como contra las libertades de opinión, expresión, reunión y asociación de los individuos, grupos o instituciones que promueven y protegen los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”

Precisamente por estas razones, a inicios del mes julio la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras (AJD) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se declare al Estado de Honduras responsable de la violación a los derechos a las garantías judiciales, libertad de expresión, reunión, libertad de asociación y protección judicial de los jueces y la Magistrado despedida.

El despido arbitrario e ilegal de los jueces y la Magistrada pone en evidencia la profunda crisis y falta de independencia que caracteriza actualmente al Poder Judicial en Honduras, lo que incide negativamente para combatir la impunidad de las violaciones de derechos humanos, y confirma el clima de persecución contra defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes políticos y sociales.

No es la primera vez que órganos de Naciones Unidas se pronuncian respecto de este hecho, en el año 2006 el Comité de Derechos Humanos recomendó al Estado hondureño “adoptar medidas efectivas para asegurar la independencia judicial, incluyendo el pronto establecimiento de un órgano independiente que asegure la independencia del poder judicial y supervise el nombramiento, promoción y disciplina de la profesión”. Posteriormente, en el año 2009 el Comité contra la Tortura reiteró dicha recomendación.

La Magistrado Tirza Flores se mostró complacida por el pronunciamiento de los expertos de Naciones Unidas, además agregó “el comunicado de los Relatores confirma, una vez más, que nuestro despido tiene como propósito callar las voces de los jueces y juezas independientes. El Estado de Honduras se expone a la condena internacional porque no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y nuestro caso es un reflejo de este incumplimiento.”

La AJD y CEJIL esperan que el Estado de Honduras cumpla con las recomendaciones dadas por los expertos y los distintos órganos de Naciones Unidas y restituyan, en el menor plazo posible, los derechos de los operadores de justicia despedidos.

 

Para más información contactar a:

Guillermo López Lone, + (504) 9986-6565

Marcia Aguiluz, + (506) 2280 7473

 

Enlaces relacionados:

Despido de jueces en Honduras envía mensaje intimidatorio al Poder Judicial, advierten expertos de la ONU.
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10235&LangID=S

 

CEJIL condena despido de jueces críticos del golpe en Honduras.
http://cejil.org/comunicados/cejil-condena-despido-de-jueces-criticos-del-golpe-en-honduras

 

Jueces despedidos en Honduras se declaran en huelga de hambre.
http://cejil.org/comunicados/jueces-despedidos-en-honduras-se-declaran-en-huelga-de-hambre

 

CEJIL exige al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

Represión de protestas en Panamá

CEJIL y otras organizaciones expresan en una carta abierta su profunda preocupación por las recientes denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional en Panamá hacia los defensores ambientales y de derechos humanos respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”).

Lea aquí la carta abierta.

Mar, 20/07/2010

CEJIL y otras organizaciones expresan en una carta abierta su profunda preocupación por las recientes denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional en Panamá hacia los defensores ambientales y de derechos humanos respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”).

 

Lea aquí la carta abierta.

 

Coautores de la carta:

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Nacional de Centros (ANC)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)

Center for Biological Diversity

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Corporación de Gestión y Derechos Ambiental ECOLEX

Foro de Mujeres del Mercosur

Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C.

Justicia para la Naturaleza

Justiça Global


El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) es una organización de defensa y promoción de los derechos humanos en el hemisferio americano. El objetivo principal de CEJIL es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), mediante el uso efectivo del sistema interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL es una organización no gubernamental sin fines de lucro con estatus consultivo ante la OEA, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos

Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos

En las últimas décadas la investigación en derechos humanos se enfrenta a nuevos desafíos y aprendizajes: Unir la denuncia con los procesos personales o colectivos de reconstrucción, acompañar los esfuerzos de las víctimas y defensores, y manejar las implicaciones y costos que muchas veces tiene esa lucha por la vida. En el libro se ofrecen reflexiones nacidas de experiencias compartidas con centenares de personas en distintos países, especialmente de América Latina, que han vivido de forma directa las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y hacen de ese proceso de reconstruirse, una lucha contra sus causas y una contribución para todos y todas.

 

Esta obra se aleja de los contenidos tradicionales de las producciones de CEJIL, generalmente centradas en normativas, desarrollos jurisprudenciales y aspectos técnico-jurídicos de la labor de defensa de los derechos humanos. La iniciativa de elaborar una publicación basada en contenidos no esencialmente jurídicos surge del reconocimiento institucional que CEJIL le concede a la necesidad de contar con elementos de otras ramas de las ciencias sociales para el acompañamiento del litigio en temas de derechos humanos, y el valor de difundir dichos conocimientos con la comunidad de personas vinculadas a la defensa de los derechos.


Tipo de publicación: Manuales y guías
Versión completa disponible en:
Fecha Publicación: 2010
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