Fortalecimiento de defensores/as de derechos humanos

Comisión Interamericana ordena a México proteger a familiares de ecologista asesinado en Guerrero

Familia de Javier Torres sigue sufriendo amenazas y atentados

San José, 4 de agosto del 2011- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a México adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental que fue asesinado el 18 de abril pasado en la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. La decisión fue notificada el viernes 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares, las organizaciones Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Jue, 04/08/2011

San José, 4 de agosto del 2011- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitó a México adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental que fue asesinado el 18 de abril pasado en la comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. La decisión fue notificada el viernes 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares, las organizaciones Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CODDEHUM) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

La importancia de proteger a la familia de Javier Torres quedó en mayor evidencia luego de que el pasado 21 de julio sujetos armados, vestidos unos como marinos y otros de civil, irrumpieran en la comunidad de La Morena, en la que ellos habitan, y se enfrentaran a policías estatales, según información divulgada en la prensa.

Javier Torres Cruz era miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos miembros habían sufrido diversos actos de represión motivados por su actividad. En particular, Javier y varios de sus familiares han sido víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados. En el 2007, él y su tío Isaías Torres habían manifestado a autoridades mexicanas que tenían referencias sobre la identidad del autor intelectual del asesinato –todavía no esclarecido– de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien representaba y asesoraba a miembros de la OCESP acusados injustamente de delitos. A partir de entonces, las agresiones en contra de Javier y sus familiares se incrementaron y continúan hasta el presente. Durante el atentado que cobró la vida de Javier, su hermano Felipe Torres Cruz resultó gravemente herido. Posteriormente, Felipe ha recibido amenazas y su hermana Marcelina ha notado la presencia de autos desconocidos merodeando recurrentemente su casa.

En diciembre del 2008 Javier Torres fue víctima de desaparición forzada y torturas durante diez días, hasta que logró escapar de sus captores. Desde ese mismo mes existía una solicitud de medidas cautelares pendiente de ser resuelta por la CIDH a favor de él y su familia. No obstante y pese a la gravedad de la amenaza, esta protección no fue emitida por la Comisión hasta más de tres meses después del asesinato de Javier.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, señaló que los continuos obstáculos que se imponen a los defensores y defensoras de derechos humanos en la región son cada vez mayores, más generalizados y se realizan en contextos de alto riesgo.

“Si bien es cierto que las medidas cautelares han salvado la vida de cientos de personas en el continente, es fundamental que los procesos para su adopción e implementación se fortalezcan de modo que sean oportunas y efectivas”, puntualizó.

Adicionalmente, Krsticevic afirmó que resulta impostergable contar con un estricto escrutinio en relación con las responsabilidades políticas, legales y éticas que tienen los Estados que asumen una posición omisa frente a al riesgo de una persona, como fue este caso, en el que la CIDH solicitó información previamente al Estado.

CEJIL insta al Estado mexicano a que cumpla a cabalidad con estas medidas de protección para asegurar la integridad y la vida de los familiares de este defensor del ambiente. Asimismo, resalta la importancia de que el Estado adopte de forma efectiva –en consenso con organizaciones de la sociedad civil– un mecanismo institucional adecuado para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos que contemple también la seguridad de sus familiares. CEJIL considera, además, que es necesario que la Comisión Interamericana evalúe en qué medida es apropiado retardar los procesos de otorgamiento de medidas urgentes y temporales de protección, sobre todo en contextos de alto riesgo como el de Javier Torres.

CEJIL urge al Presidente Funes a sancionar la derogación del decreto 743

Ratificación del acuerdo legislativo pondría fin a una crisis institucional de dos meses

San José, 3 de agosto del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) urge al Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para que ratifique la reciente derogación del decreto 743 efectuada por la Asamblea Legislativa. Como lo afirmó este órgano del Estado, la revocación de esta reforma es urgente para preservar la seguridad jurídica del país.

Mié, 03/08/2011

San José, 3 de agosto del 2011. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) urge al Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, para que ratifique la reciente derogación del decreto 743 efectuada por la Asamblea Legislativa. Como lo afirmó este órgano del Estado, la revocación de esta reforma es urgente para preservar la seguridad jurídica del país.

El decreto 743 o “Decreto transitorio a la Ley Orgánica Judicial” obligaba a que los magistrados de la Sala Constitucional resolvieran unánimemente los procesos de inconstitucionalidad. La reforma fue aprobada el 2 de junio anterior y fue sancionada de manera inusualmente expedita por el presidente Funes. La aprobación del decreto –y su posterior declaratoria como inconstitucional por la propia Sala– sumió a El Salvador en una crisis institucional que enfrentó a los poderes del Estado, cuya solución no se vislumbró hasta el pasado 27 de julio, cuando el Congreso revocó la reforma.

En su momento y a propósito del conflicto, CEJIL denunció que el decreto constituyó un freno y una presión indebida a las labores del Tribunal. Esta injerencia se promovió frente a la eventualidad de que la Sala pudiese adoptar decisiones controversiales como, por ejemplo respecto a la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, la cual fue aplicada, entre otros, en el caso de la “Masacre del Mozote y sitios aledaños” que está en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Hace unas semanas CEJIL señaló que la adopción del decreto 743 amenazaba la independencia judicial. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que es “necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento”. La derogatoria del decreto 743 representa una importante enmienda que cumple con lo estipulado por el más alto Tribunal hemisférico.

CEJIL valora positivamente que el poder Legislativo haya rectificado sus actuaciones e insta al Presidente Mauricio Funes a que sancione la derogatoria a la mayor brevedad. A la luz de los acontecimientos recientes, CEJIL hace un llamado vehemente a las autoridades del Estado salvadoreño para que respeten la independencia judicial, requisito fundamental para garantizar la existencia de recursos efectivos para la protección de los derechos de los y las habitantes de El Salvador.

CEJIL insta al Estado salvadoreño a dejar sin efecto el Decreto 743 y a evitar acciones que amenacen la independencia judicial

Reforma obliga a la Sala Constitucional a votar unánimemente

San José, Costa Rica, 6 de julio del 2011. Un reciente decreto que obliga a los magistrados de la Sala Constitucional salvadoreña a decidir unánimemente los procesos de inconstitucionalidad constituye una seria amenaza a la independencia judicial. Asimismo, las sanciones que algunos funcionarios han insinuado contra los magistrados del tribunal que se han negado a aplicar el decreto representan una presión indebida a los miembros de la Sala.

Mié, 06/07/2011

San José, Costa Rica, 6 de julio del 2011. Un reciente decreto que obliga a los magistrados de la Sala Constitucional salvadoreña a decidir unánimemente los procesos de inconstitucionalidad constituye una seria amenaza a la independencia judicial. Asimismo, las sanciones que algunos funcionarios han insinuado contra los magistrados del tribunal que se han negado a aplicar el decreto representan una presión indebida a los miembros de la Sala.

Hasta inicios del mes de junio de este año, la Sala Constitucional había adoptado decisiones controversiales. Entre otros asuntos, sus fallos abrieron la posibilidad de que se presentaran postulaciones independientes para el cargo de diputado/a, tuvieron como consecuencia la desaparición de dos partidos políticos que no obtuvieron el número mínimo de votos exigido por el Código Electoral, y declararon inconstitucional el nombramiento de dos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. En consecuencia, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el Decreto N° 743 o "Decreto transitorio a la Ley Orgánica Judicial" el 2 de junio pasado. Algunos dirigentes políticos declararon que su apoyo al decreto se debió a la presunción de que esta misma Sala se pronunciaría sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz (LAGP).

La reforma fue sancionada de manera expedita por el Presidente de la República, Mauricio Funes, y obliga a que las decisiones referentes a procesos de inconstitucionalidad sean adoptadas con el voto unánime de los cinco magistrados que conforman la Sala.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es "necesario que se garantice la independencia de cualquier juez en un Estado de Derecho y, en especial, la del juez constitucional en razón de la naturaleza de los asuntos sometidos a su conocimiento". Asimismo ha señalado que "la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas".

Es evidente que la adopción de esta reforma por la Asamblea Legislativa y su sanción por el Presidente de la República constituye un freno y una presión indebida a las labores del Tribunal. También lo son las declaraciones de algunos diputados que insinuaron la posibilidad de que los magistrados sean sancionados por haber declarado inaplicable el decreto, por considerarlo inconstitucional, llegando incluso a la destitución.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) considera –como lo hizo la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados– que “mantener la vigencia del Decreto 743 equivaldría a bloquear la actividad y el funcionamiento efectivo del máximo tribunal del país y por lo tanto limitaría así de forma sustancial el derecho de los ciudadanos salvadoreños a recurrir al citado tribunal en defensa de sus derechos fundamentales”. En consecuencia, insta a los poderes Ejecutivo y Legislativo a rectificar estas acciones y a respetar la independencia de este alto tribunal.

Mujeres defensoras de derechos humanos denuncian el asesinato de la defensora colombiana Ana Fabricia Córdoba Cabrera y responsabilizan al Estado colombiano por negligencia

Pronunciamiento contra el asesinato de defensora de derechos humanos

Defensoras de Derechos Humanos articuladas en la Red Mesoamericana de comunicación entre Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de todo el continente, denunciamos con tristeza e indignación el asesinato de Ana Fabricia Córdoba Cabrera el 7 de junio 2011 en Medellín Colombia. Ana Fabricia era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres desde el 2001 y era parte del grupo de mujeres “aventureras gestoras de derechos” del barrio La Cruz del Municipio de Medellín, y fundadora de Latepaz, una organización comunitaria que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de las y los desplazados y víctimas de la violencia.

Vie, 01/07/2011

Defensoras de Derechos Humanos articuladas en la Red Mesoamericana de comunicación entre Defensoras de Derechos Humanos y organizaciones de todo el continente, denunciamos con tristeza e indignación el asesinato de Ana Fabricia Córdoba Cabrera el 7 de junio 2011 en Medellín Colombia. Ana Fabricia era integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres desde el 2001 y era parte del grupo de mujeres “aventureras gestoras de derechos” del barrio La Cruz del Municipio de Medellín, y fundadora de Latepaz, una organización comunitaria que trabaja por el mejoramiento de la calidad de vida de las y los desplazados y víctimas de la violencia.

En la mañana del 7 de junio, 2011, Ana Fabricia había tomado una buseta en el barrio La Cruz, donde residen varias familias en condición de desplazamiento. Minutos después, Ana Fabricia fue interceptada por unos hombres en moto que le dispararon ocasionándole la muerte.

Ana Fabricia Córdoba Cabrera llegó desplazada a Medellín en el 2001 luego del asesinato de uno de sus hijos, presuntamente a cargo del Bloque Bananero de las autodefensas de Urabá, en el Departamento de Antioquia; el 7 de julio de 2010 el segundo de sus hijos fue asesinado en Medellín. En el último tiempo estaba trabajando por la restitución de tierras en el Urabá Antioqueño y en el barrio la Cruz de donde también había sido desplazada por segunda vez.

Ana Fabricia había hecho denuncias del riesgo que corría sobre su vida. En el mes de abril, declaró de manera pública en Medellín ante el Comité Metropolitano de Derechos Humanos: “Me van a matar y no han hecho nada.” Pero nada fue suficiente para que se le brindara la protección requerida. Aquí se muestra con claridad la negligencia del Estado y lo ineficaz que es el programa de protección a mujeres desplazadas.

El asesinato de Ana Fabricia no es un caso aislado, por el contrario, refleja una situación sistemática que soportan las defensoras de derechos humanos en América Latina y particularmente en Colombia. Desde la Red Mesoamericana hemos venido denunciando otros ataques y amenazas recurrentes como los ocurridos en contra de la Liga de Mujeres Desplazadas de Colombia y su directora Patricia Guerrero, quien forma parte de nuestra red.

Ante estos hechos nos unimos a las exigencias de la Ruta Pacífica de las Mujeres:

1. Protección urgente para la familia de Ana Fabricia, bajo condiciones que sean acordadas con la familia.

2. Que las entidades competentes investiguen, esclarezcan y juzguen a los responsables de estos hechos.

3. Aclaración sobre los panfletos y amenazas que están circulando contra las organizaciones de mujeres, entre ellas la Ruta Pacífica y otras.

4. Que se le proporcione a las mujeres en situación de desplazamiento, sus familias, y sus organizaciones, las garantías necesarias para su protección, así como el restablecimiento de sus derechos, sin que su exigibilidad se convierta en amenazas contra su vida como está ocurriendo.

Nos pronunciamos de forma pública ante las entidades del Estado colombiano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos.

Firman:

ORGANIZACIONES

Agenda Política de Mujeres (Costa Rica), Roxana Arroyo
Alternativas Pacíficas (México), Alejandra Vela Garza
Asociación de Abogados Mayas de Guatemala (Guatemala)
Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo (AWID), Lydia Alpízar
Asociadas por lo Justo (JASS)
Centro de Derechos de Mujeres (México), Gilda Ma. Rivera Sierra
Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" (México)
Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios (México), Blanca Isabel Martínez Bustos
Centro de Estudios y Acción Social Panameña (Panamá)
Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin (México)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Alejandra Nuño
Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (México), Minerva Martínez Lázaro
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador)
Colectivo Feminista Socialista “Rosa Chillante” (México)
Comaletzin (México)
Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (México)
Comité de Familiares de Detenidos Desaparecids “Hasta Encontrarlos” (México)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), Theres Hoechli,
Ana María Hernández Cárdenas, Yésica Sanchez Maya Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer, Luz Aleyda
Enlace Comunicación y Capacitación AC; Ixchel Carrasco, Margarita Guadalupe
Martínez Martínez
ENLACE, Comunicación y Capacitación (México)
Fondo Centroamericano de Mujeres (FCAM)
Fracción de Mujeres del PRT (México)
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco (México), María Trinidad Ramírez, Martha Pérez
Frente Nacional de Lucha (Guatemala)
Fundación Justicia y Género
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (México), Martha Gpe. Figueroa Mier
Grupo Venancia, Red de Mujeres del Norte (Nicaragua)
Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (México), Silvia Castillo Salgado
Ipas Centro América, Marta María Blandón
Movimiento de Mujeres por la Paz "Visitación Padilla”, Gladys Lanz
Movimiento de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “Maria Elena Cuadra” (Nicaragua), Sandra Ramos
Movimiento pacto por la Cultura Colectiva: arte, comunidad y equidad (México),
Verónica Corchado
Mujeres Organizadas Yuubani (México), Edita Alavez Ruiz
Mujeres por México en Chihuahua (México)
Mujeres Transformando el Mundo (Guatemala), Lucía Morán
Mujeres Transformandose en Mujeres (México), Ana Karen Lipez Quintana
Organización de Mujeres Tierra Viva (Guatemala), Evelyn Morales
Organización Mujeres en Superación (México), Yanira Tobar
ProDESC; Alejandra Ancheita
Punto Focal de la Campaña 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto en América Latina (Nicaragua), Patricia Orozco
Red Centroamericana de Mujeres en Solidaridad con las trabajadoras de las Maquilas (REDCAM)
Red Feminista Sonorense (México), Leticia Burgos Ochoa
Red Mesa de Mujeres de Cd. Juárez (México) Andrea Medina de las Rosas, Imelda
Marrufo, Cecilia Espinosa Martínez, Ileana Espinoza
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (México)
Servicios y Asesoría para la Paz, Dolores González Saravia
Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala
Tamaulipas Diversidad y VIHDA Trans (México) Ana Karen López Quintana
Triqui (México), Emelia Ortiz Garcia
Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal y
Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva (México), Dra. Sandra Peniche Quintal
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (Guatemala), Claudia Samayoa
Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (Guatemala), Maya Alvarado
Women´s Human Rights Education Institute

FIRMAS PERSONALES

Adelay Carias (Honduras)
Alda Facio (Costa Rica)
Alejandra González (México)
Alejandra Nuño (Costa Rica)
Aleyda Terán (Panamá)
Aline Castellanos (México)
Amandine Fulchiron (Guatemala)
Ana Ixmucané Gatica (Guatemala)
Analía Penchaszadeh (Argentina)
Andrea de la Barrera Montpellier (México)
Andrea Eugenio Manuel (México)
Andrea Medina Rosas (México)
Angélica Araceli Reveles Soto (México)
Beatriz Hernández (México)
Beatriz Teresa Casas Arellanes (México)
Blanca Mesina (México)
Carmela Curup Chajon (Guatemala)
Carmen Morales (México)
Carolina Cantú (México)
Cirenia Celestino Ortega (México)
Claudia Acevedo (Guatemala)
Claudia Hernández Cruz (Guatemala)
Claudia Samayoa (Guatemala)
Claudia Spellmant Medina (Honduras)
Clemencia Correa (México)
Consuelo Morales (México)
Cristina Hardaga Fernández ((México)
Daysi Flores (Honduras)
Diana Damián (México)
Dolores González (México)
Dora Ávila (México)
Dora Ruano (Guatemala)
Edita Alavez Ruiz ((México)
Elga Aguilar (México)
Emelia Ortiz García (México)
Eréndira Cruz Villegas Fuentes (México)
Erika González (México)
Erika Guevara (EEUU)
Evelyn García (Guatemala)
Evelyn Morales Pineda (Guatemala)
Georgina Vargas Vera (México)
Gilda Rivera Sierra (Honduras)
Gladys Lanza Ochoa (Honduras)
Guadalupe López García (México)
Inmaculada Barcia (España)
Irma Estrada Martinez (México)
Josefina Chávez (México)
Laura García Coudurier (México)
Laura Gutiérrez (México)
Leticia Burgos (México)
Lisa VeneKlasen (EEUU)
Lucha Castro Rodríguez (México)
Lucía Lagunes Huerta (México)
Lucía Morán Vásquez (Guatemala)
Luisa Pérez Herrán (Nicaragua)
Lydia Alpízar (Costa Rica)
María del María del Montserrat Díaz (México)
María Luisa García Andrade (México)
María Ximena Cortés Flores (México)
Mariana Moisa (El Salvador)
Mariela Arce (Panamá)
Marleni del Carmen Ortiz (El Salvador)
Marta María Blandón (Nicaragua)
Martha Graciela Ramos Carrasco (México)
Marusia López (México)
Mary Jane Real (Filipinas)
Morena Herrera Argueta (El Salvador)
Nadia Altamirano Díaz (México)
Nadin Reyes Maldonado (México)
Natalia Escrucería (EEUU)
Nohelia Nuñez Licona (Honduras)
Nora Isabel Bucio Nava (México)
Obtilia Eugenio Manuel (México)
Ofelia Cesareo Sánchez (México)
Olga Lorena Lobos Cruz (Guatemala)
Orfe Castillo (México)
Patricia Ardón (Guatemala)
Patricia Orozco Andrade (Nicaragua)
Roxana Arroyo (Costa Rica)
Ruth Polanco (El Salvador)
Sandra Peniche (México)
Silvia Ivethe Juárez (El Salvador)
Silvia Vázquez Camacho (México)
Soledad Eugenio (México)
Tania Ramírez Hernández (México)
Tara Madden (Irlanda)
Verónica Cruz (México)
Yanira Argueta (El Salvador)
Yanira Tobar Márquez (Guatemala)
Yunuhen Rangel (México)

Defensores Colombianos de Derechos Humanos Siguen Sufriendo Amenazas, Ataques, Acoso y Escuchas Ilegales Bajo el Gobierno de Santos en Colombia

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

Mié, 25/05/2011

Pese a bienvenidas promesas en la mejora de los derechos humanos por parte de la administración de Santos, que asumió el cargo en agosto del 2010, defensores de derechos humanos en Colombia continúan sufriendo amenazas, ataques, acoso, entradas forzadas a sus casa y oficinas, y escuchas ilegales. Dos incidentes recientes que involucran a líderes de defensores de los derechos humanos ilustran cuán peligrosa es la situación.

El 10 de mayo, Kimberly Ann Stanton, ciudadana de Estados Unidos y esposa del abogado de derechos humanos, Rafael Barrios del Consejo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), y ex subdirectora de la Washington Office on Latin America (WOLA) recibió en su teléfono móvil una grabación de una conversación privada que tuvo con Barrios, mientras se encontraban en el auto proveído para la protección del Sr. Barrios por el programa de protección del gobierno colombiano. El mensaje de voz fue precedido por numerosas llamadas a su teléfono desde un teléfono móvil en Turbo, Antioquia. Una vez recibida la queja, la oficina del Fiscal General encontró un micrófono después de examinar el automóvil.

El 7 de abril, CCAJAR había devuelto algunas de las medidas de protección provistas por el gobierno, aquellas administradas por la agencia de inteligencia DAS, ya que de acuerdo con el Sr. Barrios “habíamos descubierto que el programa de protección para CCAJAR estaba siendo usado en contra nuestra”. Sin embargo, CCAJAR mantuvo el plan de protección provisto por el Ministerio de Justicia, incluyendo el automóvil que el Sr Barrios estaba utilizando para su protección, donde fue encontrado el micrófono.

Este evento tiene lugar en un contexto muy tenso debido al trabajo que CCAJAR lleva a cabo en la actualidad. Por un lado, los abogados de CCAJAR representan víctimas ante las cortes nacionales en el caso contra agentes del DAS por vigilar ilegalmente a civiles, incluyendo a periodistas, defensores de derechos humanos y líderes de la oposición. Por otra parte, CCAJAR también representa a víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por altos oficiales militares. Hace apenas unas semanas, se emitió una sentencia condenando al General Arias Cabrales a 35 años de prisión por la desaparición forzada de 11 personas, todas representadas por CCAJAR, en el caso del Palacio de Justicia.

Esa misma semana, individuos forzaron la entrada de la casa de Danilo Rueda, destacado defensor de los derechos humanos de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), su computadora fue manipulada y dos USBs fueron robados. Los USBS contenían información sensible relacionada al caso Operación Génesis, una operación conjunta de militares y paramilitares realizada en el Chocó en 1996-7 y cuyas víctimas de descendencia africana son representadas por CIJP en una demanda contra el retirado General Rito Alejo del Rio.

El Sr. Rueda y otros miembros del equipo de CIJP son víctimas del caso de  escuchas ilegales del DAS. Este robo es el más reciente en una preocupante serie de incidentes de seguridad.

En abril, el personal de CIJP viajaba por Bogotá en autos blindados provistos por el programa de protección del gobierno cuando fueron seguidos por unos individuos sospechosos. El auto que llevaba a cuatro hombres siguió al Sr. Rueda hasta su hogar y se detuvo frente al apartamento del Sr. Rueda, donde uno de los hombres tocó el timbre. Al no haber respuesta se marcharon. El 1 de abril, Gisela Cañas, una abogada de CIJP, recibió un mensaje de texto con la siguiente amenaza de muerte: “Escucha Gisela perra sangrienta…sabemos dónde te encuentras y te vamos a matar por estar defendiendo cosas tontas. Tienes 48 horas para salir del país.”

Justicia y Paz, una organización religiosa, provee acompañamiento legal y físico a comunidades de descendencia afrocolombiana, indígenas, campesinos, y desplazados y víctimas en varias regiones de conflicto de Colombia, incluyendo el Chocó, Valle del Cauca, Sucre y Putumayo. La entrada forzada a la casa del Sr. Rueda y más recientemente a la oficina de Justicia y Paz en Curvaradó indican que tanto el Sr. Rueda como el personal corren peligro.

Nos unimos a estos defensores de derechos humanos y sus organizaciones en el llamado al gobierno colombiano a: prontamente investigar y castigar estas amenazas, robos, entradas y escuchas ilegales; a mejorar las medidas de protección tal  como lo solicitaron los grupos afectados; y a poner un final de una vez y por todas a las escuchas ilegales. La administración de Santos no sólo debe promover el lenguaje de los derechos humanos sino tomar medidas efectivas para garantizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos, lo cual  es esencial para garantizar la libertad de expresión y una sociedad democrática. Junto con el gobierno estadounidense, le damos la bienvenida al mejorado discurso de derechos humanos adoptado por el Presidente Santos, pero el gobierno de Estados Unidos debe insistir en que la investigación y castigo de estos casos, el fortalecimiento de programas de protección, y la descontinuación de las acciones de inteligencia ilegales sean efectivos y produzcan resultados concretos.

Para mas información contacte a:

Gimena Sánchez-Garzoli, Washington Office on Latin America, (202) 546-7070, cell (202) 489-1702, gsanchez@wola.org

Lisa Haugaard, Latin America Working Group, lisah@lawg.org

Viviana Krsticevic, Center for Justice and International Law, vkrsticevic@cejil.org

Abigail Poe, Center for International Policy, abigail@ciponline.org

 

CEJIL sigue consternado por violencia contra población LGBTTI en las Américas

Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia

San José y Washington DC, 17 de mayo del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconoce los avances recientes en materia de derechos civiles de las personas lesbianas, gays, bisexuales, “trans”, travestis e intersexo (LGBTTI) en las Américas. No obstante, se siguen vulnerando impunemente los derechos a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación y a la libertad de este grupo en la región.

Mar, 17/05/2011

San José y Washington DC, 17 de mayo del 2011- El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) reconoce los avances recientes en materia de derechos civiles de las personas lesbianas, gays, bisexuales, “trans”, travestis e intersexo (LGBTTI) en las Américas. No obstante, se siguen vulnerando impunemente los derechos a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación y a la libertad de este grupo en la región.

En octubre de 2010, CEJIL y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estos crímenes específicamente en Honduras y Brasil.

CEJIL alertó, en particular, sobre el aumento de los asesinatos en contra de personas “trans” (transgénero y transexuales) en Honduras. El 17 de enero ocurrió el último homicidio denunciado de una persona de la comunidad LGBTTI en ese país. El mismo elevó a 34 el número de asesinatos de este tipo desde junio del 2009 –según las cifras más conservadoras. A pesar de la magnitud del fenómeno, el Estado hondureño ha dejado que estos crímenes de odio permanezcan en la impunidad.

Mientras tanto, Brasil carece de datos oficiales sobre este tema, pero ONGs locales han registrado 260 asesinatos de personas gays, travestis y lesbianas en el 2010, además de 65 homicidios contra homosexuales, solo en los tres primeros meses del 2011. La discriminación y violencia motivadas por el odio a la que están sujetos los travestis, transexuales y transgéneros en Brasil fue denuncia ante la CIDH en octubre pasado. En ese entonces, CEJIL expresó que los principios generales de igualdad y no discriminación son reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, por lo tanto, plenamente aplicables a las demandas de la población “trans”.

En el Día Internacional Contra la Homofobia y la Transfobia, CEJIL reconoce que algunos países del continente han adoptando pasos importantes tendientes al reconocimiento de los derechos de este grupo social. En particular, la Corte Suprema de Justicia brasileña aprobó, el pasado 5 de mayo, la unión civil entre personas del mismo sexo, lo cual refleja una apertura con respecto a los derechos civiles de las personas LGBTTI.

No obstante, la organización urge a todos los Estados del continente para que, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, protejan a este grupo contra actos de violencia e injerencias arbitrarias e ilegítimas en sus vidas y les permitan el pleno desarrollo de sus capacidades en condiciones de igualdad.

CEJIL condena el asesinato de otro periodista en Honduras

Otros 10 comunicadores han sido asesinados en este país en los últimos 14 meses

San José, 13 de mayo del 2011. CEJIL repudia el asesinato del periodista hondureño Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue baleado por desconocidos la noche del martes 10 de mayo cuando salía de las instalaciones del canal Omega Visión, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro. El comunicador había recibido en días anteriores amenazas de muerte vinculadas con las denuncias que publicaba en un noticiario televisivo del cual también era coordinador.

Vie, 13/05/2011

San José, 13 de mayo del 2011. CEJIL repudia el asesinato del periodista hondureño Héctor Francisco Medina Polanco, quien fue baleado por desconocidos la noche del martes 10 de mayo cuando salía de las instalaciones del canal Omega Visión, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro. El comunicador había recibido en días anteriores amenazas de muerte vinculadas con las denuncias que publicaba en un noticiario televisivo del cual también era coordinador.

El crimen contra Héctor Francisco Medina se suma a los de otros diez comunicadores sociales que han sido víctimas de homicidio en Honduras durante los últimos 14 meses. El periodista era investigador y vocero de denuncias contra los abusos cometidos por policías, políticos y empresarios de la zona.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional se ha pronunciado enérgicamente en varias ocasiones sobre la inseguridad en la que ejercen su oficio los profesionales de la comunicación en este país, así como contra la impunidad en la cual se encuentran tanto los asesinatos de periodistas como los hostigamientos y amenazas de los que son víctimas en forma cotidiana.

En marzo pasado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó, en su informe anual, que esta impunidad “genera un efecto inhibitorio generalizado que limita la libertad de expresión de los ciudadanos, el derecho de éstos a acceder a información y la riqueza y el vigor del debate público”.

CEJIL urge a las autoridades hondureñas para que identifiquen, juzguen y sancionen a los autores del crimen contra Héctor Francisco Medina, así como a los responsables de las agresiones en contra de comunicadores sociales y defensores de los derechos humanos, que se han intensificado en los últimos meses. Asimismo, CEJIL insta al Estado para que, de una vez por todas, genere las condiciones adecuadas para que los periodistas puedan ejercer su libertad de expresión en forma segura.

CIDH ordena a Honduras proteger a ex comisionado de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana determinó que Leo Valladares Lanza y su esposa corren un riesgo inminente

San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Lun, 09/05/2011

San José, 9 de mayo del 2011. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado de Honduras, el pasado 26 de abril, adoptar medidas urgentes para proteger la vida y la integridad física de Leo Valladeres Lanza y su esposa Daysi Pineda Madrid. La solicitud de medidas cautelares fue realizada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Leo Valladares ha sido víctima de hostigamientos desde el mes de febrero pasado. El defensor de los derechos humanos y su esposa han recibido llamadas anónimas e intimidatorias a su casa. Asimismo, él fue amenazado públicamente desde una emisora oficial y ha sido vigilado desde vehículos estacionados en la vía pública. El 28 de marzo pasado, Valladares se percató de que sujetos desconocidos habían forzado la entrada a su oficina y revisaron sus archivos de trabajo.

Las amenazas contra el defensor de los derechos humanos empezaron después de que participó en un programa televisivo de difusión nacional en el que criticó la participación de las fuerzas armadas hondureñas en el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya Rosales. Asimismo, en esa ocasión objetó la incorporación posterior de varios oficiales del Ejército –involucrados en la expulsión de Zelaya– en altos puestos de instituciones civiles del Estado.

Leo Valladares ha sido un tenaz defensor de las garantías fundamentales en Honduras, país en el que ocupó el puesto de Comisionado Nacional de Derechos Humanos entre 1992 y el 2002. Actualmente es Director Ejecutivo de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa) y también trabaja en proyectos relacionados con el monitoreo del gasto público y de la corrupción en su país.

Además de garantizar la vida y la integridad física del defensor de los derechos humanos y de su esposa, la Comisión Interamericana ordenó al Estado adoptar “las medidas necesarias a fin de garantizar que el señor Leo Valladares continúe ejerciendo su actividad de defensa y promoción de los derechos humanos en condiciones de seguridad”. Asimismo, Honduras debe investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de estas disposiciones de protección en primer lugar.

Estos sucesos son una muestra del ambiente de riesgo en el que deben ejercer su labor los defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras, cuya gravedad se ha intensificado a partir del golpe de Estado ocurrido el 28 de junio de 2009. Ante ese escenario adverso, la Comisión Interamericana ha emitido una diversidad de medidas cautelares que protegen a más de doscientas personas.

El COFADEH y CEJIL deploran los hostigamientos recibidos por Leo Valladares y su esposa Daysi Pineda y urgen al Estado hondureño a acatar sin demora las medidas cautelares dictadas por la CIDH.

CEJIL condena las amenazas contra la prensa que siguen en el continente americano

Día Mundial de la Libertad de Prensa

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Mar, 03/05/2011

Washington, DC y San José- 3 de mayo de 2011. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) expresa su preocupación por la censura e inseguridad que enfrentan muchos comunicadores al ejercer su labor en las Américas. En los últimos meses, CEJIL ha conocido numerosos casos en los cuales la libertad de expresión ha sido gravemente amenazada.

Uno de los fenómenos más preocupantes es la impunidad en la que se encuentran los ataques contra periodistas en Honduras. Al menos nueve comunicadores fueron asesinados durante el 2010 en ese país, según datos de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y la gran mayoría de estos crímenes no han sido debidamente investigados ni castigados.

Nahúm Palacios, uno de los periodistas asesinados en ese país, contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero no fueron implementadas adecuadamente por el Estado. A lo largo de 2010, la CIDH había otorgado esta medida de protección a 24 personas amenazadas en Honduras por el ejercicio de su libertad de expresión y, recientemente el 18 de abril, la Comisión ordenó esta medida para los comunicadores de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande debido a las agresiones, amenazas e intimidaciones que han enfrentado.

Por otra parte, CEJIL ha visto con preocupación los hostigamientos que han recibido diversos medios de comunicación y periodistas en Nicaragua. En marzo de este año, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) solicitó ante la CIDH medidas cautelares a favor del periodista Luis Galeano. Este fue amenazado de muerte cuando se anunció que publicaría una investigación relacionada con presuntos actos de corrupción en el Consejo Superior Electoral de ese país.

En Panamá, CEJIL condenó las acciones estatales que obligaron a abandonar el país por medio de una “repatriación voluntaria” al periodista español Paco Gómez Nadal y a su pareja, Pilar Chato Carral, después de que fuerzas estatales de seguridad los detuvieran irregularmente el pasado 26 de febrero. Nadal es defensor de los derechos de los pueblos indígenas y era columnista del diario local La Prensa, desde donde lanzaba fuertes críticas contra el Gobierno.

Asimismo, en diciembre de 2010, Carlos Correa, Director Ejecutivo de la ONG Espacio Público y defensor de la libertad de expresión en Venezuela fue agredido físicamente cuando se dirigía hacia la Asamblea Nacional para presentar su posición frente a posibles reformas que limitarían la libertad de expresión y opinión en ese país.

CEJIL condena estos hechos, que representan sólo una muestra de las diversas violaciones a la libertad de expresión que sufren los profesionales en el continente e urge a los Estados para que respeten la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la cual son signatarios.

Más información:

Constataciones de la misión internacional sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en julio de 2009.

Testimonio de CEJIL ante el Congreso de Estados Unidos sobre las agresiones a periodistas en Honduras el 16 de junio de 2010.

CEJIL condena asesinato de Javier Torres Cruz, defensor ambiental en Guerrero

México debe establecer mecanismo para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos

San José, 28 de abril de 2011. CEJIL se suma a las condenas por el asesinato de Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). El hecho revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar su protección efectiva.

Jue, 28/04/2011

San José, 28 de abril de 2011. CEJIL se suma a las condenas por el asesinato de Javier Torres Cruz, integrante de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP). El hecho revela una vez más el estado de desprotección en el que se encuentran los defensores y defensoras de derechos humanos en México, y hace más urgente la necesidad de establecer un mecanismo para garantizar su protección efectiva.

Javier Torres Cruz fue asesinado el 18 de abril pasado en las cercanías de su comunidad La Morena, en el municipio de Petatlán, en el Estado de Guerrero. Desde diciembre de 2008, existía una solicitud de medidas cautelares pendiente de ser resuelta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor de él y su familia. La CIDH había solicitado información sobre el asunto en reiteradas oportunidades al Gobierno.

A partir del 2007, Javier Torres Cruz y varios de sus familiares habían sido víctimas de amenazas, hostigamientos y atentados. Estas agresiones eran de conocimiento de las autoridades mexicanas, pero ni ellas fueron investigadas de modo apropiado ni se les proveyeron medidas de protección adecuadas.

Ante el asesinato de Javier Torres, CEJIL hace un llamado al Estado mexicano para que proteja inmediatamente a sus familiares, quienes corren un peligro inminente. Asimismo, insta a las autoridades correspondientes para que investiguen exhaustivamente este hecho y procesen y sancionen a los responsables.

Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, señaló: “El asesinato de Javier Torres evidencia la situación de riesgo y desprotección en que se encuentran los defensores y defensoras en México. Como hemos visto durante el último año, la situación es particularmente alarmante en Guerrero donde la propia Corte Interamericana ha intervenido requiriendo la tutela de la vida de otros activistas. Ahora bien, una vez que el Gobierno es alertado de la existencia de un riesgo tiene la responsabilidad de garantizar la vida y la libertad de trabajar de los defensores y defensoras de derechos humanos. Las actitudes omisas también acarrean responsabilidad moral, política y jurídica por las muertes prevenibles. Es impostergable que el presidente Calderón asuma una política pública que refleje su comprensión y respeto por la labor de los y las defensores de derechos humanos; es por ello que insistimos en la creación de un mecanismo de protección a nivel federal”.

En este sentido, recordamos que en octubre de 2010, en audiencia ante la CIDH, el Estado mexicano reconoció la necesidad de entablar el diálogo con la sociedad civil sobre la instauración de un mecanismo de protección de defensores y defensoras, durante una audiencia específica impulsada por ONG mexicanas. Sin embargo, el Gobierno no ha avanzado en esa dirección.

Hechos como el asesinato de Javier Torres Cruz denotan la necesidad de que el Estado mexicano institucionalice, de una vez por todas, un mecanismo de protección adecuado y en consulta con las organizaciones de derechos humanos y con otros actores que puedan brindar asistencia técnica.

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